AIRE

     El Ministerio de Industria, Energía y Turismo gestionará la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles
     Presentación del Acuerdo Marco en Moncloa
     30/03/2015  minetur.gob.es
     La inversión será de 330 millones, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y enlazará escuelas e institutos con redes ultrarrápidas, los dotará de infraestructuras TIC y desplegará redes internas en los centros.
     Los trabajos se ejecutarán a través de Red.es, entidad pública dependiente del Ministerio de Industria, mediante licitaciones públicas para que los operadores puedan ofrecer sus mejores soluciones técnicas y económicas.
     El objetivo es fomentar la equidad en el acceso a las nuevas tecnologías por parte del alumnado y proporcionar una educación más innovadora y de calidad.
     El Ministerio de Industria, Energía y Turismo gestionará la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles
     El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado hoy el nuevo convenio marco para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles, que está dotado de un presupuesto de 330 millones de euros. Han acompañado al presidente los ministros de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert; y de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
     Con este Acuerdo van a beneficiarse más de 6,5 millones de alumnos y más de 16.500 centros docentes españoles no universitarios sostenidos con fondos públicos, con la finalidad de extender y consolidar el uso de la Tecnología en el Sistema Educativo Español, conforme a los objetivos del Plan de Cultura Digital en la Escuela, de la Agenda Digital para España y del Informe CORA (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas). El convenio complementa las actuaciones que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los Gobiernos autonómicos desarrollan para impulsar la sociedad de la información en la educación.
     Internet a 100 Mb por segundo
     El proyecto, que se gestionará desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dotará de conectividad a Internet mediante redes de banda ancha ultrarrápida (100 Mb por segundo) a escuelas e institutos y prestará especial atención a aquellos que, por razones de ubicación, encuentran mayores dificultades para acceder a estos nuevos servicios de conectividad.
     También se podrá dotar a los centros educativos de redes internas de comunicaciones en todas las aulas y resto de instalaciones, así como  equipamiento y sistemas de gestión, e infraestructura y recursos TIC, para que una vez que llegue internet al centro tenga la capacidad de llegar a todos los alumnos.
     Además, el proyecto incluye la posibilidad de que los centros educativos accesan a RedIRIS, la red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria.  En consecuencia, parte de la inversión podrá destinarse a la ampliación de la capacidad actual de RedIRIS, para cubrir el incremento de tráfico previsto.
     Las tecnologías digitales están cada vez más integradas en la forma de actuar, trabajar y comerciar en la sociedad. Sin embargo, no se aprovechan plenamente en los sistemas de educación y formación. Con el desarrollo de este proyecto, España apuesta por las nuevas tecnologías para la modernización y la mejora de su sistema educativo. Su desarrollo permitirá a profesores, alumnos y familias utilizar las tecnologías y los contenidos digitales como herramienta educativa básica, al tiempo que garantizar la equidad en el acceso a dichas tecnologías por parte del alumnado.
     330 millones de euros cofinanciados por FEDER
     Los 330 millones de euros con que se ha dotado a este plan se cofinanciarán a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con cargo al Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Inteligente.
     Los trabajos se ejecutarán a través de Red.es mediante licitaciones públicas para que los operadores puedan ofrecer sus mejores soluciones técnicas y económicas en concurrencia, lo que tendrá además el efecto de extender la disponibilidad de infraestructuras digitales de última generación a toda la población, y especialmente a los territorios más aislados.
     Colaboración con las Comunidades Autónomas
     Las Comunidades Autónomas que son una pieza fundamental para la continuidad en el tiempo del proyecto, su participación se articulará mediante convenios específicos con cada una de las comunidades autónomas que decidan sumarse o participar en este plan. En ellos se fijarán los compromisos de las partes, las actuaciones concretas a llevar a cabo en cada territorio y el calendario de implantación para que los centros educativos puedan utilizar las conexiones a banda ancha ultrarrápida.
     Para la realización de este proyecto se cuenta con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Economía y Competitividad, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  a través de la  Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y con la entidad Pública Red.es.

     El Gobierno destina 330 millones de euros a la modernización tecnológica de los centros docentes
     30 de marzo de 2015 mecd.gob.es
     Se beneficiarán más de 6,5 millones de alumnos y a más de 16.500 centros docentes.
     La inversión, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, enlazará escuelas e institutos con redes ultrarrápidas, los dotará de infraestructuras TIC y desplegará redes internas.
     El proyecto presta especial atención a los centros que, por su ubicación, tienen más dificultades para acceder a nuevos servicios de conectividad.
     El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado hoy el proyecto de extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles, que está dotado de un presupuesto de 330 millones de euros y que se articulará mediante un convenio marco entre los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad.
     Esta medida va a beneficiar a más de 6,5 millones de alumnos y a la totalidad de los más de 16.500 centros docentes españoles no universitarios públicos y a los sostenidos con fondos públicos.
     El proyecto dotará de conectividad a Internet mediante redes de banda ancha ultrarrápida (100 Megabits por segundo) a escuelas e institutos y prestará especial atención a aquellos que, por razones de su ubicación, encuentran mayores dificultades para acceder a estos nuevos servicios de conectividad. También se podrá dotar a los centros educativos de redes internas de comunicaciones (wifi), así como de equipamiento (router, antenas, sistemas de gestión de la red…).
     El proyecto incluye la posibilidad de que los centros educativos accedan a RedIRIS, la red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria. En consecuencia, parte de la inversión se destinará a la ampliación de la capacidad actual de RedIRIS, para cubrir el incremento de tráfico previsto.
     Disponer de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones apropiados, con velocidad suficiente para permitir el acceso y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en cualquier actividad del centro, facilitará la transformación de la metodología de la enseñanza. Permitirá a profesores, alumnos y familias utilizar las tecnologías y los contenidos digitales como herramienta educativa básica, garantizando la equidad en el acceso a dichas tecnologías por parte del alumnado.
     330 millones de euros cofinanciados por FEDER
     Los 330 millones de euros con que se ha dotado a este proyecto se cofinanciarán a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con cargo al Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Inteligente.
     Los trabajos se ejecutarán mediante licitaciones públicas para que los distintos operadores puedan ofrecer sus mejores soluciones técnicas y económicas en concurrencia, lo que tendrá además el efecto de extender la disponibilidad de infraestructuras digitales de última generación a toda la población, y especialmente a los territorios más aislados.
     Colaboración con las Comunidades Autónoma
     Este proyecto que complementa a los que puedan estar desarrollando las Comunidades Autónomas, se llevará a cabo mediante la firma durante este año de convenios específicos con cada una de las que decidan sumarse. En ellos se fijarán los compromisos de las partes, las actuaciones concretas a llevar a cabo en cada territorio y el calendario de implantación para que los centros educativos puedan utilizar las conexiones a banda ancha ultrarrápida a partir de 2016.

     27 de marzo de 2015
     España participa en la fundación del Banco Asiático de Inversión – mineco.gob.es
     El Ejecutivo ya ha manifestado su interés al Gobierno chino, impulsor de esta institución financiera multilateral
     El banco contará con un capital de 100.000 millones de dólares y la participación en su capital de una treintena de países
     España participará en la fundación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII). El Ejecutivo ya ha remitido al Gobierno chino, impulsor del banco, una carta manifestándole su intención de involucrarse desde el primer momento en la preparación del Convenio Constitutivo de esta nueva e importante institución financiera multilateral. Está previsto que este convenio se apruebe este año.
     El objetivo del BAII es promover el desarrollo sostenible de Asia, concentrándose en la financiación de infraestructuras de energía, transporte y telecomunicaciones, así como en la financiación de proyectos para el desarrollo urbano y rural y la conservación del medio ambiente en la región. La institución tendrá un capital autorizado de 100.000 millones de dólares y proporcionará su apoyo financiero a proyectos en los países asiáticos mediante la concesión de préstamos, la inversión en capital o la concesión de garantías. El BAII funcionará en estrecha colaboración con otros bancos de desarrollo multilaterales existentes como el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Mundial. La participación financiera de España se decidirá tras la aprobación del Convenio Constitutivo, en el momento de su ingreso efectivo en la institución.
     La fundación del BAII fue propuesta por China en 2013. Actualmente, más de treinta países, en particular de la región, han manifestado su intención de participar en esta institución. Varios países de Europa occidental (Reino Unido, Luxemburgo, Suiza, Alemania, Francia e Italia) han anunciado también su interés en formar parte de la fundación del banco.

     Departamento de Comunicación
     Nota de prensa – Banco de España – bde.es
      Madrid, 25 de marzo de 2015
     Aprobado el primer programa supervisor anual del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
     En su reunión del día 24 de marzo de 2015 el Consejo de Gobierno del Banco de España ha sido informado de la aprobación por la Comisión Ejecutiva, el pasado día 18 de marzo, del primer programa supervisor anual elaborado por el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, que el pasado 1 de octubre de 2014 asumió las competencias supervisoras en materia de conducta de mercado, transparencia informativa y sistemas o mecanismos de atención a los clientes de entidades supervisadas.
     Este programa concreta las actuaciones supervisoras de inspección y seguimiento previstas por el Departamento para el año 2015 y da así cumplimiento, respecto de las citadas competencias, a la obligación establecida en el artículo 55 de la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
     El objetivo de este programa supervisor -junto con el resto de actividades y funciones del Departamento- es atender adecuadamente la creciente relevancia de estas materias. Para su elaboración se ha tomado en especial consideración la información previa disponible sobre la conducta general de las entidades supervisadas.
     Entre las prioridades figuran la adecuada comercialización de los productos bancarios (previéndose dedicar una singular atención a los préstamos hipotecarios), el control de la aplicación del Código de Buenas Prácticas para la protección de deudores hipotecarios sin recursos (establecido mediante el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo) y la verificación del funcionamiento de los servicios de atención al cliente o defensores del cliente de las entidades.

     ASNEF: El crédito consolida su crecimiento y aumenta un 8,25%
     25/03/15 ceoe.es
     La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, que preside Óscar Cremer, ha celebrado su IX Congreso Nacional de Crédito al Consumo en el que se ha puesto de manifiesto que el crédito en 2014 ha consolidado su crecimiento y ha crecido por encima del 8%, matizando que, en todo caso, «tenemos que ser prudentes» y que el crédito que vuelve es más responsable y moderado.
     Durante la celebración del citado Congreso, en el que se ha hecho balance del año 2014, se puso de manifiesto que la Financiación de Coches se incrementó un 18,33% y la de Consumo un 4,12 por ciento. En cuanto a distribución regional, la Comunidad de Madrid ocupa el primer lugar en Inversión Nueva, seguida de Andalucía, Cataluña, Valencia y Canarias.
     Por lo que respecta a la morosidad, ASNEF señala que en 2014 desciende en torno a tres puntos en relación con 2013, bajando a niveles del 7,77% en Automoción y el 8,52% en Consumo. Además, ASNEF, recordó el estudio presentado en 2014 en colaboración con el Colegio de Economistas de Madrid sobre «El crédito al consumo: una palanca para la recuperación».

     Encuesta de gasto turístico (EGATUR). Febrero  2015
     27/03/2015  minetur.gob.es
     El Reino Unido, con un gasto de 1.109 millones y una subida del  10,6%, y Francia, con 641 millones y una variación del 18,6%, fueron los principales emisores en los dos primeros meses del año, periodo en el que destacó el fuerte incremento del 40,2% del gasto total efectuado por Italia.
     El gasto de los turistas internacionales en febrero fue de 3.165 millones de euros y también superó el récord de febrero del año anterior, con un 6,4% más.
     El gasto turístico total efectuado por los turistas internacionales en España entre enero y febrero ascendió a 6.567 millones de euros, un 8% más, lo que significa la mejor cifra para ese periodo de la serie histórica de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), realizada por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
     En los dos primeros meses del año, el gasto medio diario subió un 5,4%, hasta llegar a los 113 euros, y el gasto medio por turista fue un 3,4% más, hasta los 1.018 euros.
     El Reino Unido, con un gasto de 1.109 millones y una subida del 10,6%, y Francia, con 641 millones y una variación del 18,6%, fueron los principales emisores hasta febrero, periodo en el que destacó el fuerte incremento del 40,2% del gasto total efectuado por Italia.
     Los mayores incrementos del gasto turístico del periodo los tuvieron Andalucía, que subió un 18,9%; Baleares, con una subida del 13,4% y la Comunidad de Madrid, con un 13% más de gasto turístico recibido.
     En febrero se superó también el récord que ostentaba ese mes en 2014, al contabilizarse un gasto total de 3.165 millones de euros, lo que supone una variación interanual del 6,4%. Los gastos medios por turista y diario también subieron, hasta llegar a 964 euros y 112 euros, respectivamente.
     Mercados emisores
     El Reino Unido, que desembolsó 1.109 millones de euros, con una subida del 10,6%, fue el primer emisor, concentrando el 16,9% del total recibido en España entre enero y febrero. Los británicos aumentaron el gasto medio diario un 13,6%, llegando a 99 euros, y el gasto medio por turista un 7,7%, hasta los 909 euros. En febrero, el gasto de los británicos fue de 564 millones, con un incremento del 6,2%, el 17,8% del total del gasto.
Alemania gastó 991 millones en los dos meses citados, y mantuvo una variación del 0,8% con la cifra del año anterior. Llegó al 15,1% del total del periodo. En febrero, los alemanes gastaron 479 millones, con una participación en el total del 15,1% y un descenso del 5,7%. Esto fue debido al descenso del 12,3% en la estancia media y del gasto medio por persona, que fue -8,9%, ya que las llegadas de este mercado aumentaron. Afectó especialmente a Canarias y Cataluña. 
     Los turistas procedentes de los países nórdicos dejaron en sus viajes a España 846 millones entre enero y febrero, lo que supuso un 9,8% menos que el año anterior y tener un peso del 12,9% en el total. En el mes, el gasto de los nórdicos fue de 425 millones, un 14% menos que en febrero de 2014, lo que supuso una participación del 13,4%.
     Esto se produjo por la menor afluencia a nuestro país y por la disminución de los gastos medios por turista y diario de este emisor. Canarias fue la más afectada por esta variación. Francia fue, entre los principales emisores, el país que experimentó la mayor variación, un 18,6%, con 641 millones de gasto entre enero y febrero, lo que supuso participar con un 9,8% en el total. En febrero, los franceses dejaron en España 313 millones, un 14,2% más, también la subida mayor del mes entre los principales mercados. Ello fue consecuencia del mayor número de turistas, del mayor gasto medio por viaje y del aumento de la estancia media, hasta 6,3 noches.
Italia, con incrementos del 40,2% entre enero y febrero y del 43,8% en febrero, fue el emisor que experimentó la más importante variación en los periodos contemplados. En los dos primeros meses del año gastó 298 millones, lo que supuso copar el 4,5% del total, y en febrero dejó 141 millones, con un peso también del 4,5% sobre el total del gasto. Influyó en este resultado que el número de llegadas de italianos aumentó un 20,5% y el gasto medio por turista lo hizo un 19,4%.
     El resto de mercados dejaron 2.683 millones en España con una subida del 11,5% y un peso del 40,8% sobre el total de los dos primeros meses del año.  En febrero, el gasto efectuado fue de 1.243 millones, un 16,1% más y un participación del 39,3% sobre el total.  Las mayores subidas correspondieron a Estados Unidos y Bélgica.
     Comunidades de destino principal
     Canarias registró la mayor cifra de gasto turístico de los dos primeros meses de 2015, 2.387 millones de euros, un 3,3% más, con lo que acumuló un 36,4% del total; el gasto medio diario subió un 7,2%, hasta los 118 euros.  En febrero, recibió 1.130 millones, un 0,8% menos, consecuencia del descenso del gasto medio por turista, mientras el gasto medio diario subió un 2,6%. El peso sobre el total fue el 35,7%.
     Cataluña, con 1.343 millones y una subida del 8,7%, llegó en los dos primeros meses al 20,4% del total. El gasto medio diario subió un 6,7%, hasta 134 euros y el gasto medio por turista un 5,2%, hasta 842 euros. En el mes, contabilizó 624 millones de euros, un 1,2% más, captando el 19,7% del total.
     Andalucía, con 907 millones ingresados, una subida del 18,9% y un 13,8% sobre el total, volvió a la tercera posición, tanto en los dos primeros meses con esos resultados, como en febrero, mes durante el que registró 501 millones de gasto, con un aumento del 18,5%, equivalentes al 15,8% del total. Consiguió el mayor aumento del gasto del mes, 78 millones más, ya que crecieron todas las variables: el gasto medio por turista, un 6%, hasta 1.206 euros, la cifra mayor del mes, y el gasto medio diario, un 0,6% más, hasta los 103 euros.
     La  Comunidad de Madrid recibió 752 millones, con una variación del 13%, la tercera mayor del periodo acumulado, llegando al 11,4% del total. El gasto medio por turista subió un 7,5% y fue de 1.134 euros. En febrero, ingresó 322 millones, un 23,1% más, porcentaje que fue el mayor del mes, llegando al 10,2% del total. La subida se debió al aumento de los turistas, un 11,4%, al del gasto medio por turista, un 10,5%, hasta 1.022 euros, y al de la estancia media, un 12,1%. El peso en el total del mes fue del 10,2%.
     La Comunidad Valenciana obtuvo 455 millones de gasto turístico entre enero y febrero, un 5,1% más, con una participación del 6,9% sobre el total. El gasto medio diario subió un 9,7%, hasta 80 euros, y el gasto medio por turista un 5,9%, hasta los 852 euros. En febrero, esta comunidad recibió 236 millones, un 5,2% más, correspondiéndole el 7,5% del total del gasto. El gasto medio diario creció un 14,9%, hasta los 89 euros y el gasto medio por turista un 8,2%, hasta los 846 euros.
     Baleares, con 214 millones en los dos meses contemplados, experimentó la segunda mayor subida del periodo, un 13,4% y logró un peso del 3,3%. La subida del gasto medio diario fue del 8,4%, hasta los 95 euros. En febrero, recibió 113 millones, un 21,2% más, porcentaje que fue el segundo mejor del mes. Llegó al 3,6% del total. El gasto medio diario subió un 15,8% y fue de 102 euros.
     Tipo de alojamiento, forma de organización y motivo del viaje
     El gasto en alojamiento hotelero, 4.142 millones, se incrementó un 5,8%,   mientras el gasto en alojamiento no hotelero, 2.425 millones de euros, lo hizo un 11,8%, en el acumulado. En febrero, fue también mayor la subida del alojamiento no hotelero, un 14,3%, hasta los 1.092 millones, que en el hotelero, cuya subida fue del 2,6% y el gasto recibido 2.073 millones.
     La  organización del viaje sin  paquete turístico creció un 11,5%, y supuso  un gasto de 4.378 millones, mientras que el viaje con paquete turístico lo hizo un 1,6%, dejando 2.189 millones, en los dos meses citados.
     En febrero creció un 10,3% el viaje sin paquete turístico, cuyo gasto fue de 2.061 millones, mientras la opción de viajar con paquete turístico descendió un 0,3%, y supuso 1.104 millones de gasto turístico.

     Jueves, 26 de marzo de 2015 
     El CGPJ propone ampliar el plazo para impugnar las resoluciones del FROB en los procesos de recuperación o liquidación de entidades bancarias
     El Pleno del órgano de gobierno de los jueces aprueba el informe al Anteproyecto de Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es
     El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy con 17 votos a favor y cuatro en blanco el informe al Anteproyecto de Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas.
     El informe señala que el Anteproyecto parte de la ineficacia demostrada por los procedimientos de insolvencia ordinarios y por los mecanismos resolutorios basados en ayudas públicas para atajar las situaciones concursales de las entidades bancarias, estableciendo instrumentos dirigidos a salvaguardar la viabilidad de las entidades o garantizar la adecuada resolución de las que resulten inviables bajo la premisa de que los costes deben ser soportados por los accionistas y los acreedores o, alternativamente, por un fondo financiado por la propia industria financiera.
     Impugnación de las resoluciones de carácter mercantil dictadas por el FROB
     El texto aprobado por el Pleno del CGPJ propone la ampliación del plazo de impugnación de las resoluciones de carácter mercantil dictadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
     Así, señala que “sería necesario ampliar el breve plazo de caducidad para el ejercicio de la acción –quince días- que establece el prelegislador, que no tiene precedentes en otros ámbitos”, y considera que un plazo razonable “que aunase los intereses públicos perseguidos en el proceso (…) y los intereses particulares de los socios y accionistas afectados por la decisión impugnable” podría cifrarse “en un mes a contar desde la publicación del acuerdo o decisión impugnada”.
     El CGPJ hace en su informe varias recomendaciones de mejora de técnica legislativa en los procesos de impugnación de las resoluciones dictadas por el FROB, entre ellas la de que el texto remitido por el Gobierno “indique con nitidez cuál es el objeto de la acción de impugnación que contempla, precisando con claridad que viene referida exclusivamente a aquellos acuerdos o decisiones de carácter meramente mercantil”.
     El ejercicio de la acción de impugnación, por tanto, no alcanzaría a aquellas otras resoluciones “que se corresponden con el ejercicio de las facultades administrativas que confiere la ley proyectada al FROB”.
     El órgano de gobierno de los jueces cree asimismo cuestionable que el Anteproyecto no desarrolle un régimen único de impugnaciones de los acuerdos y las decisiones adoptados en el curso de los procedimientos de actuación temprana y de resolución; ya que los adoptados antes de la apertura de la fase de resolución, en la fase de actuación temprana y en la fase preventiva de la resolución quedan sometidos al régimen general de impugnación de los acuerdos sociales contenido en la Ley de Sociedades de Capital.
     El informe dice, en este sentido, que los objetivos perseguidos por el Anteproyecto –detectar desde fase temprana los problemas de solvencia y salvaguardar la viabilidad de las entidades o garantizar la adecuada resolución de las que resulten inviables- podrían verse comprometidos “si las limitaciones que el prelegislador establece en el ejercicio de las acciones de impugnación de los acuerdos sociales quedan restringidas a la fase de resolución y no se extienden a las fases anteriores”.
     En cuanto al objeto de la acción de impugnación, que el Anteproyecto limita a los acuerdos contrarios a la ley, el Consejo considera que debería comprender también, de manera directa o indirecta, los acuerdos contrarios a los reglamentos de la entidad afectada; así como los que sean contrarios al orden público, en cuyo caso la impugnación no debería estar sometida a plazo alguno de caducidad.
     Suspensión de los procedimientos judiciales que afecten a las entidades objeto de la resolución
     El informe aprobado por el Pleno del CGPJ hace varias observaciones en relación con la autorización a las autoridades de resolución a solicitar del tribunal competente la suspensión de cualquier acción o procedimiento judicial del que sea parte la entidad de crédito.
     Así, el órgano de gobierno de los jueces estima que en el Anteproyecto no queda claro si esa suspensión del procedimiento se configura como una facultad del tribunal –lo que no se compadece con la necesidad de garantizar la efectividad de las medidas e instrumentos de resolución ni con el interés público al que sirven- o, por el contrario, es obligatoria para el juez una vez recibida la solicitud razonada y justificada.
     “Convendría, por tanto, que la norma dejara claro tal extremo, así como, en su caso, cuáles son los criterios que han de guiar la decisión, el carácter motivado de la misma, si ésta es firme o es susceptible de revisión y, en su caso, cuál es la vía impugnatoria procedente”, dice el informe.
     El Consejo señala que, en cualquier caso, antes de acordar la suspensión debería conferirse un trámite de audiencia a las partes –o como mínimo a aquella que hubiera ejercitado la acción- y que “sería aconsejable que se estableciera en la norma un plazo máximo de suspensión, transcurrido el cual se habría de levantar de oficio y se reanudaría el curso de las actuaciones”.
     Inejecución de sentencias que declaren contrarias a derecho decisiones del FROB para salvaguardar intereses públicos
     El Anteproyecto regula la inejecución, por razón de la imposibilidad de llevarlos a efecto y para salvaguardar intereses públicos, de pronunciamientos contenidos en sentencias que declaren contrarias a derecho decisiones del FROB objeto de impugnación, regla que se traduce en la indemnización de los daños y perjuicios derivados de dicha inejecución.
     La inejecución debe ser declarada por el juez –que a continuación fijará la indemnización correspondiente- tras valorar las razones puestas de manifiesto por el supervisor y las autoridades de resolución competentes.
     El informe señala, sin embargo, que el texto remitido por el Gobierno no articula los trámites procesales con arreglo a los cuales ha de producirse ese pronunciamiento, que en opinión del Consejo debería ser motivado e  incluir tanto la audiencia del interesado como los trámites necesarios para establecer el importe de la indemnización.
     Por último, el CGPJ sugiere que se reconsidere la conveniencia de mantener en el texto, entre las causas que determinan la imposibilidad de la ejecución, la que hace referencia a la existencia de intereses particulares  de accionistas, socios, obligacionistas, acreedores, etc., ya que, “en puridad, no pueden ser determinantes de la inejecución de la sentencia” y, a lo sumo, pueden generar derecho a una indemnización.

     El nuevo Código Penal endurece las penas por los delitos relativos a los incendios forestales
     27/03/2015 magrama.gob.es
     Quienes provoquen el incendio serán castigados con una pena de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses
     En relación con los hurtos en el campo, se añade un nuevo supuesto en el Título dedicado a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
     Se refuerza la protección de los animales mediante una definición de los que son objeto del delito
     En el apartado de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales se incluye la realización de actividades de marisqueo sin la necesaria concesión o autorización marisquera
     El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la modificación del Código Penal que, entre otras cuestiones, recoge las propuestas de especial relevancia para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en relación con los incendios forestales, los hurtos en el campo, la protección de animales y la realización de actividades de marisqueo sin el debido título habilitante.
     De esta forma, el nuevo Código Penal ofrece una respuesta penal más adecuada ante los incendios de mayor gravedad que, en muchas ocasiones, tienen una causa intencionada y ocasionan importantes daños al patrimonio  natural y bienes públicos y privados, o generan situaciones de peligro para la integridad física de las personas.
     Aunque el nuevo texto mantiene el tipo básico vigente hasta ahora (penas de prisión de uno a cinco años y multa de 12 a 18 meses), en los supuestos agravados se prevé una sanción autónoma. De esta forma, quienes provoquen el incendio serán castigados con una pena de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses, cuando el incendio alcance especial gravedad y concurran las circunstancias establecidas en el Código. 
     Asimismo, se incluyen nuevas agravantes en los casos especialmente lesivos para el medio ambiente, o que sean generadores de un peligro elevado. En el caso de que los incendios afecten a espacios naturales protegidos, se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medio ambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la pena superior.
     Dada la complejidad de este tipo de delitos y la necesidad de realizar una investigación lo más ágil posible, la instrucción y el enjuiciamiento de los incendios forestales se encomendará a tribunales profesionales, y se elimina la competencia del tribunal del jurado en el delito de incendios
     Robos en el campo
     Para ofrecer una respuesta al problema que plantean actualmente los delitos patrimoniales cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas, se ha añadido un nuevo supuesto en el Título que recoge los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. De esta manera, entre los delitos castigados con la pena de prisión de uno a tres años se incluye  “cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderos y se cause un perjuicio grave a las mismas”.
     Por otra parte, con esta reforma se refuerza la protección de los animales mediante una definición de los que son objeto del delito, que incrementa la seguridad en la aplicación de la norma, y una revisión de las conductas punibles, incluyendo la explotación sexual de animales, y de las sanciones aplicables a las mismas.
     Como novedad, además de las correspondientes penas de prisión o multa, en el nuevo Código se prevé la posibilidad de imponer las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia.
     Por último, en el apartado de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales, se modifica el artículo 335 para incluir la realización de actividades de marisqueo sin la necesaria concesión o autorización marisquera.  Este delito será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad por tiempo de uno a tres años.
     La reforma del Código Penal, mediante Ley Orgánica, supone una completa revisión y actualización, para adaptarlo a las nuevas demandas sociales y ante la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de la norma penal, además de adecuar su contenido a disposiciones y compromisos internacionales. El texto de esta Ley será publicado en el BOE para su entrada en vigor el 1 de julio de 2015.

     La madrugada del domingo, 29 de marzo, comienza la ‘Hora de Verano’
     Cambio de hora
     25/03/2015  minetur.gob.es
     A las 02.00 horas, se adelantarán los relojes una hora y serán las 03.00 horas.
     Se trata de una medida comunitaria de obligado cumplimiento.
     Según estimaciones del IDAE el  potencial de ahorro  en iluminación propiciado por el cambio podría alcanzar el 5%, equivalente a  300 millones de euros.
     La madrugada del próximo domingo, día 29 de marzo, comienza la “Hora de Verano” Los relojes deberán adelantarse una hora (a las 02.00 h serán las 03.00 h), en cumplimiento de la Directiva Comunitaria que rige el denominado “Cambio de Hora” y que afecta a todos los países miembros de la Unión Europea.
     El “Cambio de Hora” comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.
     Desde la aprobación de la Novena Directiva, por el Parlamento  Europeo y Consejo de la Unión, en enero de 2001, este cambio se aplica con carácter indefinido. Dicha Directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español por  Real decreto 236/2002, de 1 de marzo.
     Carácter indefinido
     El carácter indefinido de la aplicación del cambio de hora se ha  adoptado por entenderse que “el buen funcionamiento de algunos sectores, no sólo el de los transportes y las comunicaciones, sino también otros ramos de la industria, requiere una programación estable  a largo plazo”.
     La Novena  Directiva –de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea- establece  con carácter permanente las fechas de inicio del periodo de la “Hora de Verano” (en el que, como ahora,  adelantamos el reloj una hora) y su finalización (cuando retrasamos el reloj una hora), produciéndose el último domingo del mes de marzo y el último domingo del mes de octubre, respectivamente.
     Es decir, la Novena Directiva ha sido dictada con vocación de permanencia, de modo que todos los ciudadanos e instituciones, públicas y privadas de la Unión conozcan  anticipadamente las fechas del cambio horario anual y planificar su actividad sin necesidad de esperar ninguna norma  futura.
     Idoneidad de la medida
     La  aprobación de la Novena Directiva, que viene a consagrar la medida del cambio, está avalada  por las conclusiones  de un estudio   sobre su  alcance y efectos realizado por encargo de la Comisión Europea y  presentado al  Parlamento en 1999.
     Tras analizar exhaustivamente las repercusiones de la medida, el estudio concluye que  tiene  impactos positivos  no sólo sobre el  ahorro sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.
     Ahorro potencial de energía
     Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) Entidad Pública  del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el potencial de  ahorro en iluminación en  nuestro país, por el cambio de hora, puede llegar a representar un 5% del consumo eléctrico en iluminación, equivalente a  unos  300 millones de euros. De esa cantidad,  90 millones  correspondería  al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 € por hogar; mientras que los otros 210 millones de euros restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria.
     Para alcanzar este potencial de ahorro, no obstante, se deberá llevar a cabo un comportamiento responsable en el hogar a la hora de  prescindir de la iluminación artificial  cuando no  es necesaria, así como la utilización  de  tecnologías de ahorro en iluminación por aprovechamiento de la luz natural en  edificios del terciario y en industrias. Estas tecnologías ampliamente experimentadas consisten en fotocélulas o sensores de luz que apagan o regulan la iluminación artificial en función de la luz natural aportada a la zona, a través de ventanas o lucernarios.

     www.curia.europa.eu Prensa e Información
     Tribunal de Justicia de la Unión Europea
     Comunicado de prensa nº 35/15 Luxemburgo, 26 de marzo de 2015 europa.eu 
     Conclusiones del Abogado General en el asunto C-67/14
     Jobcenter Berlin Neukölln / Nazifa, Sonita, Valentina y Valentino Alimanovic
     Según el Abogado General Melchior Wathelet, los ciudadanos de la Unión que se desplacen a otro Estado miembro del que no son nacionales para buscar trabajo en él pueden ser excluidos de la percepción de determinadas prestaciones sociales
     Sin embargo, si la persona afectada trabajó anteriormente en dicho Estado, esas prestaciones no pueden denegársele de forma automática, sin examen individual
     En la sentencia Dano, (1) el Tribunal de Justicia declaró recientemente que los Estados miembros pueden excluir de la percepción de prestaciones de asistencia social a los ciudadanos de la Unión que se desplacen a su territorio sin voluntad de encontrar trabajo en ellos. Dicho asunto se refería a las prestaciones alemanas del seguro básico («Grundsicherung»), destinadas, concretamente, a garantizar la subsistencia de los beneficiarios.
     En el presente asunto, el Tribunal de Justicia ha de pronunciarse sobre si esas prestaciones también pueden denegarse a un ciudadano de la Unión que está buscando trabajo tras haber trabajado ya durante cierto tiempo en el Estado miembro de acogida.
     La Sra. Nazifa Alimanovic y sus tres hijos, Sonita, Valentina y Valentino, tienen la nacionalidad sueca. Los tres hijos nacieron en Alemania en 1994, 1998 y 1999, respectivamente. Tras haber residido en el extranjero, la familia volvió a Alemania en junio de 2010. Entre esta fecha y mayo de 2011, es decir, durante menos de un año, la Sra. Alimanovic y su hija mayor Sonita estuvieron en activo en Alemania con empleos de corta duración o participando en medidas de promoción del empleo. Las dos mujeres no han vuelto a ejercer ninguna actividad profesional desde entonces. Desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 31 de mayo de 2012 percibieron las prestaciones de subsistencia para beneficiarios aptos para trabajar («Arbeitslosengeld II»), mientras que Valentina y Valentino disfrutaron de los subsidios sociales para los beneficiarios no aptos para trabajar. Posteriormente, la autoridad competente alemana, el Jobcenter de Berlin Neukölln, dejó de pagar esas prestaciones por estimar que, al ser demandantes de trabajo extranjeros, la Sra. Alimanovic y su hija mayor Sonita, al igual que Valentina y Valentino, no debían percibirlas. En efecto, según la legislación alemana, las mencionadas prestaciones no pueden ser solicitadas por los extranjeros (ni por los miembros de sus familias) cuyo derecho de residencia sólo se justifica por la búsqueda de un empleo. El Bundessozialgericht (Tribunal Federal de lo Social, Alemania), que conoce de este litigio, pregunta al Tribunal de Justicia si dicha exclusión es compatible con el Derecho de la Unión.
     En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Melchior Wathelet parte del supuesto de que la finalidad de las prestaciones de que se trata en este asunto, al igual que en el asunto Dano, es (al menos de forma preponderante) garantizar los medios de subsistencia necesarios para poder llevar una vida acorde con la dignidad humana y no (o tan sólo con carácter secundario) facilitar el acceso al mercado de trabajo. En consecuencia, dichas prestaciones deben calificarse de prestaciones de asistencia social en el sentido de la Directiva «ciudadano de la Unión». ( 2, 3, 4 )
     A pesar de recordar que está prohibido discriminar a un ciudadano de la Unión por razón de su nacionalidad, la Directiva contiene una excepción a dicho principio en relación con las prestaciones de asistencia social: según la Directiva, un Estado miembro no estará obligado a conceder el derecho a prestaciones de asistencia social durante los primeros tres meses de residencia ni, en su caso, durante el período más largo de búsqueda de empleo para los ciudadanos de la Unión que entraron en su territorio a tal fin.
     Según el Abogado General, esta excepción ha de interpretarse restrictivamente y las limitaciones que de ello se derivan deben ser legítimas. Por consiguiente, el Sr. Wathelet propone distinguir tres supuestos.
     En primer lugar, un nacional de un Estado miembro que se desplaza al territorio de otro Estado miembro y que reside en él (desde hace menos de tres meses o desde hace más de tres meses) sin el objetivo de buscar trabajo puede ser excluido legítimamente de las prestaciones de asistencia social, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Dano, a fin de preservar el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social nacional.
     En segundo lugar, dicha exclusión también es legítima, por las mismas razones, en el caso de un nacional de un Estado miembro que se desplaza al territorio de otro Estado miembro para buscar trabajo en él.
     En cambio, en tercer lugar, el Abogado General estima que las prestaciones de que se trata no pueden denegársele automáticamente a un nacional de un Estado miembro que reside desde hace más de tres meses en el territorio de otro Estado miembro donde ha trabajado.
     Es cierto que, de conformidad con el Derecho de la Unión, un ciudadano de la Unión que haya ejercido en el territorio nacional una actividad profesional durante menos de un año puede perder su condición de trabajador tras seis meses de desempleo (en el caso de la Sra. Alimanovic y de su hija Sonita, esto ocurrió en diciembre de 2011).
     Sin embargo, es contrario al principio de igualdad ( 5 ) excluir automáticamente a un ciudadano de la Unión de la percepción de prestaciones de asistencia social como las controvertidas, tras un período de desempleo involuntario de seis meses posterior a una actividad profesional inferior a un año, sin autorizar a dicho ciudadano a demostrar la existencia de un vínculo real con el Estado miembro de acogida.
     Sobre este particular, además de factores propios del contexto familiar (como la escolaridad de los hijos), la búsqueda efectiva y real de trabajo durante un período razonable es un dato que puede demostrar la existencia de ese vínculo con el Estado miembro de acogida. También debería tenerse en cuenta a estos efectos el hecho de haber desempeñado un trabajo en el pasado, incluso el de haber encontrado un nuevo trabajo después de presentar la solicitud de prestaciones sociales.
     Más allá de las cuestiones del Bundessozialgericht, el Sr. Wathelet subraya que si se demuestra que los hijos Valentina y Valentino Alimanovic siguen escolarizados regularmente en un centro situado en Alemania (extremo que corresponde comprobar al Bundessozialgericht), tienen derecho a residir en el territorio alemán en virtud del Derecho de la Unión —al igual que su madre, la Sra. Alimanovic. En efecto, los hijos de un nacional de un Estado miembro que trabaja o ha trabajado en el Estado miembro de acogida y el progenitor que tiene efectivamente su custodia pueden invocar el derecho de residencia en este último Estado por el mero hecho de que el Derecho de la Unión ( 6 ) confiere a esos hijos un derecho de acceso a la enseñanza. Ese derecho de residencia no depende de los requisitos establecidos en la Directiva «ciudadano de la Unión» (entre los que figura, en particular, disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos). En estas circunstancias, la exclusión de la percepción de prestaciones de asistencia social, prevista en la legislación alemana, no se aplicaría a la situación de la Sra. Alimanovic ni a la de sus dos hijos más pequeños, puesto que sólo se refiere a las personas «cuyo derecho de residencia sólo se justifica por la búsqueda de empleo y a los miembros de sus familias».
     NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
     NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
     Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
     El texto íntegro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
     1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 2014, Dano (C-333/13), véase asimismo el CP nº 146/14.
     2 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y correcciones de errores DO L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).
     3 El Sr. Wathelet parte, además, del supuesto de que también se trata de prestaciones especiales en metálico no contributivas en el sentido del Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1, y corrección de errores DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) nº 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010 (DO L 338, p. 35).
     4 En caso contrario, considera que sería preciso examinar la compatibilidad de la exclusión de dichas prestaciones con las disposiciones sobre la libre circulación de trabajadores contenidas en los Tratados de la Unión. En el marco de tal examen debería aplicarse el mismo razonamiento.
     5 Tal y como se consagra en los Tratados de la Unión y se concreta en el Reglamento nº 883/2004 y en la Directiva 2004/38.
     6 Reglamento (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO L 141, p. 1).

     24 marzo 2015 Extranjeros. empleo.gob.es

     La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se situó en 1.528.369 el pasado febrero, un 0,81% más que el mes anterior, esto es, 12.313 ocupados nuevos.
     En relación a 2014, el número de ocupados presenta un avance del 0,51%, el equivalente a 7.681 afiliados más. Se trata del primer febrero desde 2008 en el que crece la ocupación en tasa anual. En años anteriores se llegaron a registrar caídas de hasta el -8,54% (2009).
     Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema,  los grupos más numerosos proceden de Rumania (269.313), Marruecos (188.721), China (89.861) y Ecuador (68.995). Les siguen los que provienen de Italia (64.388), Bolivia (56.861), Reino Unido (53.812) y Colombia (50.756).
     Comunidades Autónomas
     Respecto al mes anterior, en febrero el número de afiliados extranjeros aumenta en todas las comunidades autónomas, salvo en la Comunidad Valenciana (-1,30%) y Navarra (-0,56%).
     En relación al año pasado, el mapa de ocupados aumenta en Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Melilla; mientras baja en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid y Ceuta.
     En el balance general de febrero, del total de trabajadores de origen foráneo  903.752 proceden de países de fuera de la UE y, el resto (624.617) de países comunitarios.
     Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.282.695, concretamente (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 187.144 ocupados,  y el de Hogar, 206.873);  le sigue el de Autónomos, con 241.696 personas; el Régimen Especial del Mar, 3.712 y el Carbón, 266.
     De la cifra total de ocupados en enero 827.534 son hombres y 700.836 mujeres.

     Nota de prensa.  Madrid, 24 de marzo de 2015 aebanca.es
     AEB y CECA piden la colaboración de los clientes de las entidades de crédito en el proceso de identificación
     Las asociaciones bancarias AEB y CECA solicitan la comprensión y colaboración de los clientes de sus respectivos asociados para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación antes del próximo 30 de abril, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
     Como es conocido, la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a las entidades de crédito la obligación de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualesquiera operaciones. Esta obligación se concreta en la necesidad de disponer de copia del documento de identidad así como, en su caso, de otra información sobre la actividad del cliente.
     De acuerdo con lo dispuesto en dicha normativa, el plazo para que las entidades de crédito dispongan de esta documentación finaliza el próximo 30 de abril de 2015. Por ello, las entidades están solicitando a algunos de sus clientes la aportación de su documento de identificación y otros datos complementarios.
     Esta solicitud se está dirigiendo incluso a clientes con los que existe relación desde hace largo tiempo y que son conocidos por la entidad, ya que por muy diversas razones (apertura de la cuenta en una fecha en la que no fuera obligatoria la obtención y conservación del DNI, u otras) puede ocurrir que la entidad no disponga de copia del documento de identificación.
     Ante estas circunstancias, AEB y CECA solicitan a los clientes bancarios que colaboren con sus respectivas entidades y atiendan las peticiones que estas les puedan formular para aportar su documento de identificación antes del 30 de abril próximo.
     De esta manera, se evitarán las restricciones a la operativa de las cuentas que los bancos y otras entidades se verían obligados a aplicar, en cumplimiento de la legislación vigente, si no disponen del documento de identificación del cliente.

     Jueves, 26 de marzo de 2015 
     La magistrada Ana del Ser López presidirá la Audiencia Provincial de León
     Está destinada en la citada Audiencia desde abril de 2007
     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es
     La magistrada leonesa Ana del Ser López ha sido nombrada hoy presidenta de la Audiencia Provincial de León, al haber obtenido el apoyo de 11 miembros del pleno del Consejo General del Poder Judicial. El magistrado Manuel García Prada ha obtenido 10 votos.
     Ana del Ser ingresó en la carrera judicial en 1990, siendo su primer destino el juzgado de primera instancia e instrucción de Villalba, en la provincia de Lugo.
     Tras ascender a magistrada en 1992, pasó a ocupar plaza en el juzgado de primera instancia 7 de Las Palmas de Gran Canaria. En abril de 1999 fue destinada al juzgado de primera instancia e instrucción 5 de León.
     Desde abril de 2007 hasta la actualidad, Ana del Ser está destinada en la sección primera de la Audiencia Provincial de León.
     La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de León forma parte como miembro titular electa de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desde el 10 de diciembre del pasado año.
     En el ámbito docente, Ana del Ser López es profesora asociada en el departamento de Derecho Privado y de la Empresa de la Universidad de León y es profesora permanente del Foro Aranzadi Concursal de León.
     Asimismo ha sido profesora de Práctica Mercantil en diversos másteres universitarios en Abogacía y en Asesoría Jurídica de Empresa.
     Ha participado en numerosos cursos y seminarios de formación y es autora del trabajo “El consignatario de buques”, publicado en Cuadernos de Derecho Judicial en 1993.

     20 de marzo de 2015 mineco.gob.es
     La inversión extranjera productiva crece un 9,8% y supera los 17.600 millones
     La inversión productiva neta aumenta en mayor medida, un 18,8%,  por el fuerte retroceso de la desinversión (-13,6%)
     En el segundo semestre la inversión productiva crece un 37,5% interanual y un 179% con respecto al primer semestre del año
     Los resultados se producen en un contexto de retroceso mundial de la inversión (-8%) y de los países más desarrollados (-13,9%)
    El 80,4% de la inversión productiva es de ‘nueva producción’ o ‘greenfield’ y el 19,6% restante de adquisición de empresas en funcionamiento
     La inversión extranjera productiva, que excluye las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros -ETVE-, alcanzó en 2014 los 17.626 millones de euros, un 9,8% más que en 2013 (16.047 millones), de acuerdo con los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad. Este registro es el quinto mejor desde el año 2000 y se produce en un contexto de retroceso mundial de la inversión, que cayó un 8%, y de una retracción más acusada de la inversión en países desarrollados (-13,9%) de acuerdo con los datos más recientes de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
     En términos netos (inversión bruta menos desinversión), el aumento de la inversión productiva fue mayor, del 18,8%, y alcanzó los 13.805 millones de euros (11.624 millones en 2013). Esta evolución positiva es el resultado de la mayor entrada de capital extranjero, de una parte, y del freno de la desinversión, que se intensificó respecto al que se produjo en 2013: la desinversión productiva alcanzó los 3.820 millones de euros, un 13,6% inferior a la registrada en 2013 (4.423 millones de euros).
     La buena marcha de la inversión productiva prácticamente compensó la caída en el apartado ETVE (1.295 millones en 2014 frente a 3.935 millones en 2013, descenso del 67,1%), si bien esta última inversión no es representativa a efectos de crecimiento y empleo. De esta forma, la inversión extranjera bruta total en participaciones de capital en empresas residentes en España en 2014, incluyendo ETVE, sumó 18.920 millones de euros (-5,3% interanual), frente a los 19.982 millones de 2013.
     En un desglose por tipologías de inversión, la inversión extranjera productiva total (excluye las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros -ETVE-) representó un 93% de la inversión bruta total y se concentró prácticamente en su totalidad en sociedades residentes no cotizadas en mercado bursátil.
     En este período, excluyendo ETVE, la inversión se concentró en un 80,4% en la llamada nueva producción o ‘Greenfield’ (14.174 millones de euros, incremento del 11%), esto es, en ampliaciones de capital y, en menor medida, nuevas constituciones. Las adquisiciones de sociedades ya existentes recibieron el 19,6% restante de la inversión (3.452 millones de euros, incremento del 5%).
     Distribución geográfica
     Desde el punto de vista geográfico, y considerando los países de origen último -lugar de donde procede la inversión, excluyendo países de tránsito fiscal-, los mayores inversores en nuestro país fueron Estados Unidos (19,9%, 3.516 millones de euros), Luxemburgo (14,1%, 2.489 millones de euros), Reino Unido (9,5%, 1.667 millones de euros), Francia (9%, 1580 millones de euros), México (6,7%, 1.177 millones de euros) y Holanda (6,2%, 1.098 millones de euros). Estos seis países concentraron el 65,4% del capital invertido en España en 2014.
     Dentro de este subgrupo, el aumento de la inversión por parte de EE.UU. (108,2%), Luxemburgo (82,8%) y México (112,6%) compensó con creces el retroceso interanual de la inversión por parte de Reino Unido (-12%), Francia (-11,6%) y Holanda (-41,8%).
     Los países de la OCDE continuaron liderando ampliamente el ranking de la inversión recibida en 2014, con un 87,3% del total, 15.385 millones de euros y un incremento interanual del 6,7%. Teniendo en cuenta solo la inversión de los países UE-28, la inversión fue de 9.400 millones, el 53,3% del total, con un descenso del 17,3%. En cuanto a los países UE-15, invirtieron 9.360 millones, el 53,1% del total, con un descenso del 16,8%. En cambio, la inversión procedente de Latinoamérica se incrementó un 82,7% interanual, hasta los 2.031 millones de euros, el 11,5% del total. 
     Por Comunidades Autónomas, cabe señalar que la inversión extranjera recibida presenta un alto grado de concentración, derivada del efecto sede, esto es, del reparto de la inversión en función de donde esté localizada la sede de la empresa. Al estar las sedes ubicadas mayoritariamente en las Comunidades de Madrid y Cataluña, estas regiones fueron receptoras del 49% y 17% del total, 8.723 y 2.968 millones de euros respectivamente, con un aumento del 0,6% en Madrid y un descenso del 15,8% en el caso de Cataluña. Asimismo, es destacable el importante aumento que se anotaron País Vasco (1.408 millones, 8% del total e incremento interanual del 28,5%) y Comunidad Valenciana (808 millones, 4,6% del total y un incremento del 381,2%).
     Distribución sectorial
     La inversión extranjera en 2014 se concentró principalmente en cuatro sectores: comercio mayor y menor (3.212 millones de euros y aumento interanual del 255%), actividades inmobiliarias (3.085 millones de euros y un aumento del 64,5%), actividades financieras y de seguros (2.609 millones y un descenso del 19,1%) y, por último, industria manufacturera (2.055 millones de euros y un descenso del 24%). En total, estos cuatro sectores recibieron el 62% del total de la inversión bruta (17.626 millones de euros).
     Una desagregación mayor del destino sectorial de los flujos de entrada en función de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas revela los siguientes datos: en el sector del comercio destaca fundamentalmente el ‘comercio al por mayor de productos farmacéuticos’, con 1.567 millones de euros. En el apartado de actividades inmobiliarias destaca el ‘alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia’, con 2.040 millones de euros. Dentro del apartado de actividades financieras y de seguros, la inversión se dividió entre ‘inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares’ (654 millones), ‘otras actividades crediticias’ (613 millones) y ‘otros servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones’ (529 millones). Por último, en el apartado de industria manufacturera destaca ‘elaboración de otros productos alimenticios’ (cárnicos transformados), con 467 millones de euros, y ‘pinturas y barnices’, con 248 millones de euros.
     Evolución trimestral en 2014
     A lo largo del 2014 se produjo una aceleración de la inversión productiva trimestre a trimestre con los siguientes resultados: 2.276 millones de euros en el primer trimestre del año, 2.376 en el segundo, 5.273 en el tercer trimestre y 7.701 en el cuarto y último trimestre del año.
     En términos de crecimiento porcentual intertrimestral, se produjo un crecimiento del 4,4% en el segundo trimestre con respecto al primero; del 122% en el tercer trimestre con respecto al segundo; y del 46% en el cuatro trimestre con respecto al tercero. Con estos datos se observa que la inversión extranjera productiva se triplica en el cuarto trimestre del año en comparación con el primero.
     Esta evolución se observa también en términos semestrales. En el segundo semestre, la inversión productiva creció un 37,5% interanual, y alcanzó los 12.974 millones de euros (por los 9.439 correspondientes al segundo semestre de 2013).  También aumentó un 179% con respecto al primer semestre del año, cuando se registraron 4.651 millones de euros de inversión productiva.

     El Ministro de Justicia reconoce a CSIF que aún no hay una decisión definitiva sobre el futuro del Registro Civil
     Miércoles, 25/03/2015 csi-f.es
     ·El ministro solicita nuestra propuesta de Registro Civil público, desjudicializado y gestionado por funcionarios de justicia para  estudiarla
     ·El próximo 11 de abril estaremos al lado de los trabajadores en una gran concentración Estatal en Madrid
     La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector de la justicia, mantuvo anoche una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para tratar de evitar ‘in extremis’ la privatización del Registro Civil, mediante el traspaso de su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles.
     Las presiones de los sindicatos, la oposición de los trabajadores y los conflictos de intereses están poniendo difícil al Ministerio de Justicia llevar a cabo este proyecto. De hecho, el ministro nos reconoció que aún no hay una decisión definitiva sobre el futuro del Registro. El proyecto de Ley de medidas de Reforma Administrativa y del Registro Civil, actualmente en el Congreso de los Diputados, volvió ayer a ver aplazado su trámite con una nueva ampliación del trámite de enmiendas (ya se ha ampliado 25 meses desde que el proyecto llegó a la Cámara el pasado mes de septiembre).
     No obstante, desde CSIF mantenemos las espadas en alto y las movilizaciones previstas el mes de abril.
     Para CSIF, debe existir una garantía de mantenimiento de todas las plazas en la Administración de Justicia con o sin Registro Civil. Además, debe garantizarse que ningún funcionario será forzado a cambiar de domicilio y que, todo el proceso, debe hacerse respetando la máxima voluntariedad. Catalá asegura que se compromete con CSIF a respetar esas líneas rojas, garantizando que se mantendrán todas las plazas existentes.
     CSIF manifestó al Ministro su oposición a lo que consideramos una privatización en  toda regla. Catalá manifestó su interés por nuestra alternativa sobre la base de un Registro civil público gestionado por funcionarios de Justicia y nos la solicitó por escrito para poder estudiarla.
     Para CSIF no es de recibo que se tire por la borda la formación, experiencia y potencial de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil y que se regalen, sin haber aprovechado al máximo las mejoras tecnológicas implementadas en los últimos años (digitalización e INFOREG).
     Por este motivo CSIF exigió que se nos diera la posibilidad de demostrar que con medios somos capaces de mejorar la prestación del servicio y para ello se debería empezar por crear el Registro civil electrónico.
     Concentración Estatal en Madrid, el próximo 11 de abril
     Los funcionarios de la Justicia, a través de las diferentes plataformas constituidas contra los recortes en toda España, asociaciones ciudadanas, los diferentes operadores jurídicos y las organizaciones sindicales van a confluir en una gran movilización Estatal el próximo 11 de abril contra la privatización del Registro Civil.
     La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), como sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, va a estar del lado de los trabajadores en todas las protestas que se irán intensificando a lo largo de los próximos días, hasta la celebración de una gran manifestación en Madrid. Desde CSIF, vamos a promover la participación en esta protesta de todos los ámbitos de la justicia.
     Esta protesta pretende ser el colofón a todas las  acciones emprendidas por CSIF a lo largo del último año y medio, para concienciar a la ciudadanía y trasladar a los responsables del Ministerio el rechazo de los trabajadores a esa iniciativa que abre una incertidumbre sobre su labor diaria (manifestaciones, propuestas de mociones en ayuntamientos, reuniones con formaciones políticas, elaboración de una propuesta alternativa que garantice la viabilidad del registro con el trabajo de sus funcionarios y con carácter público).

     24 de marzo de 2015 mineco.gob.es
     Más de 31.500 familias se han beneficiado de las medidas de protección de deudores hipotecarios
     El Código de Buenas Prácticas se ha aplicado en 16.500 casos desde que se puso en marcha a mediados de 2012
     Más de 12.600 familias consiguieron reestructurar la deuda y casi 4.000 la extinguieron mediante la dación en pago
     Se han paralizado 13.000 lanzamientos y en 2.000 casos se ha accedido al alquiler social del Fondo Social de Vivienda
     Más de 31.500 familias se han beneficiado de las distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para ayudar a aquellas familias a quienes la crisis ha impedido seguir haciendo frente a sus pagos hipotecarios. La ampliación de los colectivos susceptibles de beneficiarse de estos mecanismos -el Código de Buenas Prácticas (CBP), el Fondo Social de Vivienda (FSV) y la suspensión de los lanzamientos- además de las mejoras en la gestión y un mayor conocimiento de ellos ha impulsado su utilización. Es previsible que este número aumente tras la ampliación de beneficiarios incluida en el Real Decreto de Segunda Oportunidad.
     En lo que se refiere al Código de Buenas Prácticas (CBP) y desde que se puso en marcha a mediados de 2012, se han registrado 37.416 solicitudes para su aplicación. De ellas, 12.650 finalizaron en reestructuraciones viables de deuda, en 3.843 casos se acordó la dación en pago con la consiguiente extinción de la deuda y en 6 casos hubo quitas, en total 16.499 familias beneficiadas. Además, en este periodo se han paralizado 13.000 lanzamientos y cerca de 2.000 familias se han beneficiado de un alquiler social.
     A lo largo de 2014 los datos muestran un importante incremento en las familias beneficiadas por el CBP. De las 22.998 solicitudes recibidas, en 9.728 casos se acordó la reestructuración de la deuda (un 275% más que en 2013) y hubo 2.829 daciones en pago (215% más que en 2013).
     La progresiva mejor acogida de las medidas incluidas en el CBP se explica por las mejoras introducidas en la Ley 1/2013 de 14 de mayo que supusieron ampliar y flexibilizar las herramientas de protección. Previsiblemente estas cifras aumentarán en los próximos meses porque el RDL de Segunda Oportunidad aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de febrero ha ampliado el ámbito de aplicación del CBP para extender el colectivo de posibles beneficiarios.

     En concreto, se ha incrementado el límite anual de renta familiar hasta tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015. Se amplían también los supuestos de especial vulnerabilidad, para incluir a los mayores de 60 años. Además, se ha elevado el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del CBP hasta 300.000 euros (250.000 euros para la dación en pago). Se ha establecido igualmente la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo si las hubiere para los deudores protegidos por el CBP. Por último, se ha extendido hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

     Miércoles, 25 de marzo de 2015 
     El juez de lo Mercantil declara el concurso de acreedores de Banco Madrid
     El magistrado cesa a los administradores provisionales y nombra administrador concursal
     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es
     El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, Carlos Nieto, ha declarado este miércoles el concurso de acreedores de Banco Madrid, que tendrá carácter de voluntario, y ha cesado en su función a los administradores provisionales, que serán sustituidos por la administradora concursal.
     En un auto, el magistrado nombra para esa tarea a Legal y Económico Administradores Concursales, a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos, y le da un plazo de dos meses para presentar su informe.
     La resolución también ordena que se llame a los acreedores de Banco Madrid, para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos.

     Martes, 24 de marzo de 2015 
     El TS rechaza los recursos de la concesionaria de las radiales madrileñas R-3 y R-5 que reclamaba un “reequilibrio” de los contratos
Señala la Sala que «la merma de flujos de vehículos no constituye un riesgo imprevisible» que la empresa hubo de considerar cuando participó en el concurso
     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es
     La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de la sociedad AMSA (Accesos de Madrid, concesionaria del Estado) que reclamaban el “reequilibrio” de sus contratos de concesión de la explotación de las autopistas de peaje R-3 y R-5, en Madrid, así como de la M-50 entre la A-6 y la carretera M-409, por la disminución del tráfico en dichas autopistas desde el inicio mismo de la explotación.
     El Supremo (como ya hizo en febrero de 2014 en relación a la R-4, y otros tramos de la M-50) rechaza la pretensión de la sociedad concesionaria argumentando que «la merma de flujos de vehículos no constituye un riesgo imprevisible», que la empresa hubo de considerar cuando participó en el concurso, y recuerda que la contratación administrativa lleva inherente un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del contrato, al estar expresamente proclamado por la ley el llamado principio de riesgo y ventura del contratista. «Un elemento de aleatoriedad que significa que la frustración de las expectativas económicas que el contratista tuvo en consideración para consentir el contrato no le libera de cumplir lo estrictamente pactado, ni consiguientemente le faculta para apartarse del vínculo contractual o para reclamar su modificación».
     La sentencia rechaza el recurso de AMSA contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación para modificar la concesión que presentó el 8 de noviembre de 2011.

     Documento CEOE: «Legislar menos, legislar mejor» © CEOE .
     23/03/15 CEOE ha elaborado un informe titulado «Legislar menos, legislar mejor», en el que analiza la evolución de la producción normativa del Estado y el volumen de los boletines oficiales, realizando, además, una comparativa europea. ceoe.es
     El entramado legislativo español es de una densidad y complejidad muy elevadas, provocando distorsiones en el mercado y creando un elevado nivel de cargas administrativas. Todo ello repercute de manera directa sobre nuestra capacidad de crecimiento económico. Las empresas dedican parte de su tiempo y sus esfuerzos en tareas administrativas que comportan un coste, en algunos casos injustificado.
     Una reflexión que hemos de hacernos es que si queremos convertirnos en polo de competitividad en la economía globalizada hemos de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas y los ciudadanos.

      23/03/15  guardiacivil.es
     La Guardia Civil detiene a un informático que usurpó la identidad de más 300 personas para solicitar micro créditos
     El detenido llevaba cometiendo estos hechos desde 2009 llegando a estafar a 7 entidades financieras por un valor de 60.000 euros
     Para usurpar la identidad de sus víctimas contactaba con las financieras y presentaba recibos o documentos falsificados
     La Guardia Civil detiene a un informático que usurpó la identidad de más 300 personas para solicitar micro créditos
     La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación “MICRERA”, ha procedido a la detención de un varón de 33 años y de  nacionalidad española, como supuesto autor de la usurpación de la identidad de 300 personas para solicitar micro créditos a 7 entidades financiaras por un valor de 60.000 euros. Al detenido se le imputa los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.
     En el registro practicado en el domicilio del detenido se ha intervenido diversa documentación, material informático, así como cerca de 4.000 euros en efectivo.
     La operación se inició en junio del pasado año cuando la Guardia Civil venía investigando la posibilidad de que autor o autores desconocidos estuviera usurpando las identidades de diferentes personas, con el objeto de solicitar a entidades financiaras créditos.
     Fruto de las investigaciones, se pudo comprobar que se trataba de un programador informático, que desde el año 2009 estaba suplantando la identidad de personas para solicitar dichos créditos por lo que los agentes procedieron a su detención
     Sacaba la información de sus víctimas de diferentes páginas web
     Para conseguir la identidad de sus víctimas el detenido sacaba la información de diferentes páginas web. Posteriormente, creaba direcciones de correo electrónico simulando ser la persona usurpada.
     A continuación contactaba con las financieras y presentaba recibos o documentos falsificados de sus víctimas, llegando incluso a utilizar líneas de números de teléfonos móviles a nombre de sus víctimas para contactar con dichas financieras.
     Los agentes han podido constatar que el detenido ha llegado a utilizar más de 300 cuentas bancarias abiertas en diferentes entidades bancarias donde recibía las transferencias de los micro créditos
     Los agentes no descartan que pueda haber más víctimas.
     La operación ha sido llevada a cabo por componentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Canals (Valencia). Las diligencias han sido llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Xátiva (Valencia).
     Para más información pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación (OPC), de la Guardia Civil de Valencia, al teléfono 96-317.46.60  Ext. 379.

     La Policía Nacional desarticula en Málaga una organización dedicada al uso de tarjetas de crédito clonadas
     Podrían haber estafado a un total de 80 víctimas, principalmente ciudadanos británicos
     Han sido detenidas ocho personas, entre ellas el máximo responsable de la organización
     Los arrestados utilizaron una empresa fantasma para tratar de justificar el uso de cerca de 85.000 euros provenientes de las tarjetas clonadas
     Los agentes se han incautado de un total de 21 coches supuestamente adquiridos con dinero de origen delictivo
     24-marzo-2015.- policía.es
     Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga una organización dedicada al uso de tarjetas de crédito clonadas que podría haber estafado a un total de 80 víctimas, principalmente ciudadanos británicos. Hasta el momento han sido detenidas ocho personas, entre ellas el máximo responsable de la organización. Los arrestados utilizaron una empresa fantasma para tratar de justificar el uso de cerca de 85.000 euros provenientes de las tarjetas clonadas. Los agentes se han incautado de un total de 21 coches supuestamente adquiridos con dinero de origen delictivo.
     La investigación comenzó sobre varios movimientos sospechosos en la cuenta bancaria de una mercantil de reciente creación. Los agentes analizaron diferentes cuentas, movimientos, sociedades mercantiles y operaciones con tarjetas de crédito a nivel internacional.
     Empresa fantasma con elevada facturación
     Las pesquisas mostraron la existencia de una empresa de reciente creación -debidamente regularizada y dada de alta en el registro mercantil- que había contratado un dispositivo para cobros con tarjeta bancaria (TPV). Esta nueva mercantil recibía pagos de importes elevados por transacciones de vehículos, pagos que eran seguidamente transferidos a otras cuentas de un mismo beneficiario.
     Los investigadores comprobaron que dichos vehículos no existían. Los agentes observaron también que los titulares de las tarjetas con las que se realizaban dichos pagos eran siempre ciudadanos extranjeros, en su mayoría de Reino Unido. A veces incluso repetían los cargos sobre las mismas tarjetas.
     Testaferros o » mulas»
     Gran parte del dinero que la empresa ficticia ingresaba por su TPV iba destinado a cuentas cuyos titulares eran testaferros de la organización que ponían su nombre a cambio de una comisión. Uno de los responsables de este entramado era el encargado de dar apariencia legal al dinero de procedencia ilícita, después de que los testaferros sacaran el dinero en efectivo y se lo entregaran al cabecilla de la trama, un empresario residente en Mijas.
     Detenciones en varios puntos de España
     Hasta el momento, los agentes han detenido a ocho personas (entre ellas el líder de la organización) en las localidades malagueñas de Mijas, Fuengirola, Campillos y Marbella, así como en Benidorm (Alicante) y Mahón (Menorca). Los arrestados, dirigidos por el líder del grupo organizado, tenían un reparto de funciones para crear empresas fantasma y productos financieros, obtener datos de números de tarjetas de crédito extranjeras, clonación, uso fraudulento de medios de pago y testaferros que se encargaban de sacar en metálico el dinero obtenido de manera ilegal.
     Intervenidos 33 coches y el dispositivo para clonar y grabar tarjetas
     Durante el operativo se han practicado seis registros, 4 en domicilios y 2 en locales comerciales. En total se han incautado 21 vehículos, 14 tarjetas listas para ser clonadas, un dispositivo para clonación de tarjetas, cinco ordenadores -3 portátiles y 2 de sobremesa-, dos terminales de pago con tarjeta de crédito (PTV), unidades de memoria y varios teléfonos móviles. La investigación continúa abierta.

     La Dirección General de los Registros y del Notariado de la etapa socialista también impedía el control de las cláusulas abusivas por parte de los Registradores, en recursos interpuestos por notarios
     Recordamos hoy otra Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de la época socialista, en la que se impedía al Registrador de la Propiedad el control de las cláusulas abusivas en los contratos de hipoteca. Fue firmada por la Directora General Pilar Blanco Morales Limones.
    Nos estamos refiriendo a la Resolución de 19 de abril de 2006, en la que la nota de calificación del Registrador basada en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, extendida en consideración a la posición más débil de la parte prestataria, fue recurrida por un Notario de Bilbao.

     Este Notario dijo en su recurso: La cuestión no es pues si las cláusulas son nulas o válidas. Ello no debe ser el objeto de la discusión. Sino si el registrador puede arrogarse la competencia de apreciar la validez o nulidad de las cláusulas, cuando la misma no ha sido cuestionada por las partes judicialmente.
     Por consiguiente, en nuestro caso, el Registrador incurre en una clara extralimitación de sus competencias, e invade lo que, constitucional y legalmente, está reservado a los Tribunales de Justicia. Es importante subrayar aquí que de lo que en este Fundamento de Derecho se trata es de combatir el intento de los Registradores, en cuanto funcionarios, de invadir la esfera competencial de los Jueces y Magistrados, hasta tal punto patente que las más recientes Resoluciones de la D.G.R.N se han visto obligadas a poner coto a tal pretensión. Baste citar por todas la Resolución de la D.G.R.N de fecha 14 de diciembre de 2004, BOE n.° 10, de 12 de enero de 2005. Y de ahí también la transcendencia -sic-de cortar tal arrogación de funciones. Por lo expuesto solicito se tenga por presentado este escrito, y formulado recurso contra la calificación del Registrador de la Propiedad n° 7 de los de Bilbao, y que se revoque en su integridad dicha calificación, y se declare: 1).-Su falta de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las disposiciones dictadas por los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. 2).-Su absoluta falta de competencia y facultades para pronunciarse sobre la legalidad de cláusulas en base a la Ley 26/1984 y 7/1998.

     Estos argumentos fueron recogidos por la Dirección General.

     Enlace a la Resolución de 19 de abril de 2006 en el Boletín Oficial del Estado.

     Se decía en la misma:
     En efecto, afirmábamos antes que el registrador deniega el acceso al registro de determinadas cláusulas por entender que las mismas contravienen la normativa de condiciones generales de la contratación y de defensa de consumidores y usuarios.
     Sin embargo, tal posibilidad está vedada para el registrador por las razones que a continuación se señalan.
     Primera, porque como se expuso el registrador no es un juez; por tanto, carece de la posibilidad de decidir la nulidad de una cláusula que es condición general de la contratación, en los términos de su mismo razonamiento.
     Segunda, porque tratándose de condiciones generales de la contratación que según la misma fundamentación del registrador se reputan abusivas, su calificación se debe sujetar a lo dispuesto en el artículo 258.2 de la Ley Hipotecaria. Tal precepto afirma que «el Registrador denegará la inscripción de aquellas cláusulas declaradas nulas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.».
     En consecuencia, habrá de estarse a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, según la redacción dada por la Ley 7/1998, de 13 de abril; tal apartado lo único que hace es atribuir al juez que conozca de las pertinentes acciones la posibilidad de declarar nulas las condiciones generales de la contratación insertas en un contrato cuando las mismas sean abusivas, añadiendo la Disposición Adicional primera de esa Ley 26/1984, de 19 de julio, también incorporada por la Ley 7/1998, de 13 de abril, un elenco de cláusulas que pueden ser consideradas abusivas; enumeración que basta apreciar su inciso inicial es ad exemplum.
     Tercera, lo anterior, esto es la necesidad de que un juez declare la nulidad de la cláusula que es condición general de la contratación por abusiva, como requisito sine qua non para que el registrador deniegue el acceso al registro de esa cláusula abusiva, previa la determinación de su trascendencia jurídico real inmobiliaria, se deduce de la simple lectura de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación y las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2002, por las que se anularon diversos preceptos del Real Decreto 1828/1999, de 3 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
     Así, en el apartado IV del preámbulo de la Ley 7/1998, de 13 de abril, se afirma que «la Ley parte de que el control de la validez de las cláusulas generales tan sólo corresponde a Jueces y Tribunales». Tal afirmación, obvia por otra parte, se reitera en las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2002, donde se sostiene que «la calificación como abusivas de las cláusulas corresponde, en exclusiva, a los jueces y tribunales».
     En consecuencia, el procedimiento registral, por sus particulares caracteres, y la calificación, por su ámbito objetivo y medios de llevarse a cabo, no puede sustituir a la declaración judicial de nulidad de las cláusulas de un contrato que son condiciones generales de la contratación, por entender que las mismas son nulas de pleno derecho, al contravenir el artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio.
     Habiendo el Registrador de la Propiedad basado su calificación en tal particular proceder, ha infringido los artículos 18 y 258.2 de la Ley Hipotecaria, debiendo ser, en consecuencia, revocado este segundo defecto,
     Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la nota de calificación en los términos que resultan de los precedentes fundamentos de derecho.

     Vemos cómo prosperó el recurso del Notario y se eliminó una posibilidad de amparo de los usuarios frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas.

     http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9510

    De aquellos polvos vienen estos lodos.

     El Gobierno destruirá decenas de miles de empleos públicos y agravará el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos
     Viernes, 20/03/2015 csi-f.es
     •La oferta de empleo público debería, como mínimo, cubrir las plazas de todo el personal que se jubila para garantizar nuestros servicios públicos
     La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifestó hoy su rechazo más absoluto a la oferta de empleo público aprobada hoy por el Consejo de Ministros  porque supondrá la destrucción, un año más, de decenas de miles de puestos de trabajo, y agravará el deterioro de los servicios que reciben nuestros ciudadanos.
     CSIF advierte de que la tasa de reposición, en contra de la visión que trata de aportar el Gobierno, supone la destrucción de la mitad de las plazas de personal que se jubile este año, que se suman a los puestos de trabajo que ya se han destruido desde que comenzó la crisis (400.000). Esto supone más inseguridad en nuestras calles, menores niveles de calidad en nuestras escuelas, hospitales y centros de trabajo, o una justicia más lenta.
     El Gobierno debería ofertar como mínimo las mismas plazas de personas que se jubilan si quiere solventar las necesidades de nuestra administración. Este Ejecutivo, por tanto, juega con las cifras porque cada año se pierden en torno a 15.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado; solo en Sanidad se han perdido 40.000 puestos de trabajo desde el pasado verano y en la Enseñanza 20.000 en los últimos cuatro años.
     Además, incluye dentro de la oferta de empleo público las 3.300 plazas que se han incorporado de promoción interna, es decir de trabajadores que ya están en la administración y que por tanto ascienden pero no refuerzan la plantilla. La sociedad no se puede permitir prescindir en tiempos de crisis del personal que mantiene nuestros  servicios.
     CSIF considera que nuestras administraciones públicas también deben ser un motor de crecimiento y creación de empleo de calidad, por tanto reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de nuestras Administraciones Públicas para realizar un riguroso plan de recursos humanos.

     El consumo de cemento en España subió un 8% en febrero

     ceoe.es
 
     16/03/15 El consumo de cemento en España aumentó un 8% en el mes de febrero, al situarse en 810.104 toneladas, 61.817 toneladas más que hace un año. El acumulado en los dos primeros meses ascendió a 1,6 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 6,6%, respecto al mismo periodo del año pasados, y en los últimos doce meses, el consumo se incrementó en un 3,5%, según los datos de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen).

     Tras el análisis de estos resultados, el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza, ha manifestado que, “de seguir con esta tendencia, hará falta más de una década para apenas alcanzar la mitad del consumo de cemento que se registró en 2007”. En este sentido, considera necesario que “la Administración Pública estructure con urgencia medidas específicas de impacto que permitan consolidar y estabilizar la situación del mercado interior en el medio/largo plazo”. Para el representante de Oficemen, “solo así, la industria en general y el sector cementero en particular, podrán entrar en una senda de crecimiento real y empujar la creación de empleo, consolidando así la recuperación económica”.