AIRE

Miércoles, 27 de abril de 2016

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la Modificación Puntual del PGOU de Villanueva Pardillo (Madrid) por falta de evaluación del impacto ambiental

La sentencia desestima los recursos de casación interpuestos por Plataforma de Instalaciones Comerciales S.A., el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y la Comunidad de Madrid contra la sentencia del TSJ de Madrid que revocó la citada Modificación

Autor: Comunicación  Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva del Pardillo, aprobado provisionalmente por dicho Ayuntamiento en abril de 2012 y definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en agosto de 2013.

La sentencia desestima los recursos de casación interpuestos por Plataforma de Instalaciones Comerciales S.A., el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revocó la citada Modificación por carecer de evaluación de impacto ambiental.

De acuerdo con ese criterio, la Sala Tercera indica que aun cuando se trate de una modificación menor y comprenda una escasa superficie, podría afectar al medio ambiente al reclasificar suelo rústico protegido en suelo urbanizable y no haberse procedido en lo que establece la ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

La sentencia subraya que es «harto» discutible que se trate de una zona de reducidas dimensiones en cuanto afecta a 38.000 metros cuadrados aproximadamente de un municipio que cuenta con 200 hectáreas de suelo urbanizado. En este sentido, afirma que con dicha Modificación se quiere, según los propios recurrentes admiten, transformar en suelo urbanizable 36.575,59 metros cuadrados de suelo no urbanizable común y 1.198,46 metros cuadrados de suelo no urbanizable de Protección de Espacios de Interés Paisajístico, de modo que tal modificación no cabe considerarla una modificación menor, de acuerdo con su definición legal.

Por ese motivo, concluye que la Modificación Puntual puede tener efectos significativos en el medio ambiente y que debió someterse a evaluación de impacto ambiental, dado que el informe de análisis ambiental realizado al amparo del artículo 21 de la Ley 272002 no cubre las exigencias procedimentales para este tipo de actuaciones con clara influencia ambiental y, además, afecta en parte a suelo protegido cuya desclasificación no puede realizarse a través de una valoración técnica, tal y como se hace en este caso.

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación – mjusticia.gob.es
V reunión de la Comisión Justicia Digital
Catalá subraya que después de cuatro meses las comunicaciones electrónicas están generalizadas en la Administración de Justicia
• Desde el 1 de enero de 2016 se han realizado más de 18 millones de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional
• Se han presentado casi medio millón de demandas y casi dos millones de escritos de trámite por vía electrónica
• El próximo 7 de julio el sistema de Justicia Digital estará implantado en los partidos judiciales más importantes del territorio del Ministerio de Justicia
28 de abril de 2016.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido esta mañana la quinta reunión de la Comisión Justicia Digital en la que ha destacado el impulso que se ha dado desde el pasado 1 de enero a las comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración de Justicia y el esfuerzo de adaptación de todos por seguir perseverando en este proceso histórico de modernización tecnológica.
El ministro ha agradecido a los representantes de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de los colegios de profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, a los ministerios del Interior, Sanidad, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social, así como a las comunidades autónomas, su trabajo, compromiso y paciencia en estos meses de adaptación del sistema de comunicaciones electrónicas LexNET. Este esfuerzo de todos arroja un balance positivo de su funcionamiento que ha permitido hasta la fecha la realización de 18.259.533 millones de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional. En cuanto a la presentación de escritos iniciadores y de trámite, la funcionalidad está implantada en toda España, salvo en Valencia, Cataluña y País Vasco, lo que ha hecho posible la presentación de 405.705 demandas y de 1.875.733 de escritos de trámite. Además, desde el 1 de enero, se ha multiplicado por ocho la presentación de escritos por la tarde y en jornada no hábil.
Catalá ha subrayado que el cambio cultural que supone dejar de trabajar con papel sumado al tráfico de comunicaciones electrónicas registrado en estos primeros meses ha generado las lógicas incidencias en las que el Ministerio de Justicia ha trabajado desde el primer momento para ganar en agilidad y eficiencia. El ministro ha asegurado que las 23 medidas que se están aplicando para mejorar el rendimiento del sistema están permitiendo su estabilización, lo que impactará en los próximos meses en una reducción de costes y tiempos de tramitación.
El siguiente desafío, ha dicho el ministro, es impulsar la tramitación electrónica de los procedimientos a que obliga la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Para ello, el Ministerio de Justicia ha desarrollado la solución Justicia digital que ya funciona en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y en las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Audiencia Nacional, en los órganos judiciales de Cuenca y Cáceres y, desde ayer, también en Burgos. El objetivo, según Catalá, es llegar al próximo 7 de julio con el sistema implantado en los principales partidos judiciales del territorio del Ministerio de Justicia. En cuanto a la integración de las fiscalías, el ministro ha indicado que se está trabajando en una solución tecnológica que estará lista en los próximos meses.
Rafael Catalá ha recordado también que el calendario de la digitalización de la Justicia afectará desde el 1 de enero de 2017 a otras personas jurídicas y colectivos como la Policía, la Guardia Civil, o los hospitales, que estarán desde esa fecha obligados también a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, y con los que se trabaja desde hace meses en su integración en el sistema de comunicaciones electrónicas.
Junto a Rafael Catalá y en nombre del Ministerio de Justicia, en la reunión de hoy han estado presentes la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado. Además, y en representación de cada una de las diferentes instituciones que integran la Comisión, ha asistido la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Victoria Cinto; el subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior, Enrique Belda; el secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, José Javier Castrodeza; el director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Domingo Molina; la secretaria general del servicio jurídico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Mª José Alonso; la consejera del Consejo General de la Abogacía, Mª del Carmen Pérez; el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; la gerente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Marta López; así como una representación de las comunidades autónomas que forman parte del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Las familias ganan cuota en la compraventa de viviendas por segundo año consecutivo

Abril 25, 2016  Notas de prensa – registradores.org

En Baleares los extranjeros realizan más de un tercio de las compras de vivienda
Nuevo aumento, hasta llegar a los 12 años y 8 meses, del tiempo medio de posesión de la vivienda en España, desde los 7 años y 4 meses que ofrecía en 2007

25.04.’16.- Las compraventas de viviendas realizadas por las familias representaron el 87,3% de todas las operaciones realizadas en 2015, aumentando su porcentaje desde el 84,7% de 2014, y el 78,1% de 2013. En el otro lado, las empresas continúan perdiendo peso en el mercado inmobiliario, ya que protagonizaron el 12,7% de todas las operaciones de 2015 frente al 15,3% de 2014 y el 21,9% de 2013, aunque superan todavía ampliamente el volumen de 2007 (5,1%).

Estos datos forman parte del Anuario 2015 de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores que viene a completar, con un análisis más detallado, la información ya suministrada en los balances trimestrales y en el avance del ejercicio presentado en febrero.

La distribución de compraventas entre personas físicas y jurídicas no es homogénea en todo el país. Canarias, Murcia y Cataluña son las comunidades autónomas en las que las empresas tienen  un mayor peso en las operaciones de vivienda, mientras que País Vasco, Extremadura, La Rioja y Asturias, son los territorios donde el protagonismo de los particulares es más elevado.

Compraventas de ciudadanos extranjeros

La importancia de los compradores extranjeros en el mercado de la vivienda se pone de manifiesto en diversos análisis de la Estadística Registral Inmobiliaria. Sus adquisiciones de vivienda representaron de media anual  el 13,2% de todas las operaciones registradas en 2015, sumando el séptimo año consecutivo de crecimiento desde el 4,2% de 2009, que marcó el punto más bajo.

Por CCAA, la participación de ciudadanos extranjeros se observa especialmente en las áreas geográficas turísticas por excelencia: Baleares (35,6% del total de compraventas realizadas en la comunidad son protagonizadas por extranjeros), seguida de Canarias (28,1%) y la Comunidad Valenciana (26,4%). Como contrapunto, con menor presencia de extranjeros en las transacciones, se situarían Galicia (0,6%), Extremadura (0,8%) y Castilla y León (1,4%).

Tras las recientes reformas legislativas que posibilitan la concesión de permisos de residencia a extranjeros que realicen una o varias adquisiciones inmobiliarias por importe conjunto igual o superior a 500.000 euros, el Anuario incluye una segmentación en este sentido.

Estas operaciones de viviendas de elevado valor han supuesto el 5,2% del total de compraventas realizadas por extranjeros, similar a 2014 y superior al 4,7% de 2013. De ellas, el 62% han sido de ciudadanos comunitarios y el 38% restante de no comunitarios, con un descenso sobre 2014, año en el que estos últimos alcanzaron el 44,9%. Por CC.AA., destaca de nuevo Baleares, con el 16% de operaciones por encima de 500.000 euros.

Usos de la vivienda

El Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria analiza asimismo la utilización de la vivienda como bien de inversión o de uso, a través del tiempo medio de posesión de sus propietarios cuando la vendieron, produciéndose un claro y constante incremento de ese periodo medio de posesión en los últimos años. Las compraventas con período de posesión superior a cinco años han pasado del 43,7% en 2007 al 80,7% del total en 2015. Por el contrario, las operaciones con período de posesión inferior a cinco años pasaron del 56,3% en 2007 al 19,3% en 2015.

El ciclo bajista de las transacciones, con las consiguientes dificultades para vender las viviendas asimismo se observa en el siguiente gráfico, que muestra  la evolución del período medio de posesión de las viviendas. Con pequeños altibajos, el tiempo medio de posesión ha aumentado de 7 años y 10 meses en 2008 a 12 años y 7 meses de 2015, es decir, un 62% más.

Superficie media de la vivienda

En lo relativo a las características de superficie de las viviendas adquiridas, los compradores se siguen decantando por viviendas de tamaño medio o medio-grande. En el siguiente mapa se puede observar como las viviendas de menos de 40 m2 representan el 3,7% de las operaciones, seguidas de las de 40-60 m2, con el 17,1%. Ello deja casi el 80% restante para las de 60-80 m2 (29,1%) y las de más de 80 m2, que protagonizaron  por sí mismas el 50,1% de las  adquisiciones. Por CC.AA., destacan Navarra y Extremadura, donde dos tercios de las viviendas adquiridas tienen más de 80 m2. En el lado opuesto se situarían Cataluña y Canarias, donde dos tercios estarían por debajo de dicha superficie.

Nota: El Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria está realizado por el Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores con el asesoramiento técnico habitual del equipo investigador de la Universidad de Zaragoza.

El informe completo se puede consultar en el siguiente enlace  http://www.registradores.org/estadisticas_propiedad_1682.jsp de la web del Colegio de Registradores.

También se puede acceder al mismo a través del  enlace http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html del portal de Precios de Vivienda

La AIReF estima en unos 4.000 millones de euros el esfuerzo de consolidación fiscal necesario para reducir el déficit público al 3,6% del PIB en 2016

25/04/2016 airef.es
•La Autoridad Fiscal cree que, para reforzar la credibilidad de su anuncio de acuerdo de no disponibilidad de créditos por 2.000 millones de euros, la Administración Central tiene que concretar y transparentar sus detalles
•La previsión de un déficit público del conjunto de las CCAA del 0,7% del PIB puede que no sea suficientemente ambiciosa para que este subsector logre los 2.000 millones de euros adicionales de consolidación que permitan alcanzar el 3,6% de déficit para 2016 de las AAPP, dada la evolución prevista de sus ingresos y la dinámica de sus gastos
•La AIReF avala el cuadro macroeconómico 2016-2019 que acompaña a las proyecciones fiscales. No obstante, la senda de consumo público proyectada a partir de 2017 parece demasiado restrictiva tratándose de un escenario sin cambios normativos respecto a las políticas vigentes en 2016. En este sentido, si decidiera mantenerse esta senda, se recomienda que se revise ligeramente a la baja el crecimiento del PIB 2018 y 2019

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) afirmó hoy que es necesario un esfuerzo adicional de consolidación fiscal de unos 4.000 millones de euros para alcanzar un déficit público del 3,6% de PIB en 2016, según la evaluación sobre el proyecto de Actualización del Programa de Estabilidad, que ha publicado hoy en la web. Tras analizar la información recibida en la última semana, la AIReF avala el cuadro económico 2016-2019 elaborado por el Gobierno. Considera igualmente que a partir de 2017 las proyecciones de ingresos fiscales son conservadoras, mientras que la senda de gasto público parece demasiado restrictiva tratándose de un escenario sin cambios normativos de política.

La AIReF debe informar del contenido del proyecto de Actualización del Programa de Estabilidad (APE) y decidir si avala sus previsiones macroeconómicas, en un plazo establecido legalmente en el 15 de abril. La semana pasada publicó una Nota Informativa en la que explicaba que carecía de información suficiente para realizar dichos Informes. Ahora, tras haber recibido nueva documentación, puede emitir este documento que refleja las principales conclusiones de los Informes, cuya publicación definitiva y completa se realizará una vez aprobada la APE por el Consejo de Ministros. El presidente de la AIReF ha enviado hoy cartas con estas conclusiones a los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía con la finalidad de facilitar la aplicación del principio de “cumplir o explicar”.

“La AIReF avala las previsiones macroeconómicas del proyecto de APE 2016-2019 sobre la base de los supuestos exógenos en los que se sustenta y de las sendas fiscales que lleva asociadas”, según recoge el documento publicado hoy.

“En concreto, el escenario macroeconómico y las previsiones de crecimiento para el año 2016 se consideran probables y parecen compatibles con la previsión de déficit contemplada en las proyecciones fiscales remitidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) a la AIReF”.

“La senda prevista de déficit recoge la propuesta anunciada por el Gobierno, según la cual el déficit público en 2016 se reducirá del 5% del PIB registrado en 2015 hasta el 3,6%, del PIB registrándose, por consiguiente, una desviación de ocho décimas del PIB respecto al objetivo de estabilidad acordado por España en 2013 con las autoridades europeas”, explica el organismo independiente.

En este sentido, agrega, “conviene recordar que el objetivo de estabilidad presupuestaria para el año 2016 es del 2,8% del PIB. Este objetivo ya fue valorado por la AIReF como de extraordinariamente exigente, al requerir una corrección del déficit de 2,2 puntos del PIB que no está avalada por los presupuestos aprobados ni por la información sobre medidas disponibles”.

A partir de 2017, y según se avanza en el horizonte del APE las proyecciones de ingresos fiscales incorporadas pueden considerarse conservadoras, mientras que la senda de gasto, en un escenario sin medidas adicionales, parece demasiado restrictiva. Aunque el escenario macroeconómico y fiscal contenido en  la APE es globalmente probable, conforme se avanza en el horizonte de proyección hacia 2019 se identifican, de forma creciente, ciertos riesgos asociados a inconsistencias detectadas entre el contexto macroeconómico y las proyecciones fiscales.

En primer lugar, según el informe, “existe un riesgo al alza en la evolución de las partidas de gasto. Ante la ausencia de medidas restrictivas a partir de 2017 y dada la evolución histórica y la histéresis presente en las principales partidas de gasto, se considera demasiado restrictiva y voluntarista la dinámica del gasto público presentada en la APE para el período 2017-2019”.

Además, “la materialización de esa senda restrictiva para los gastos implica, ceteris paribus, un coste a corto plazo en términos de menor crecimiento de la actividad productiva, presentándose por tanto un riesgo a la baja en el crecimiento del PIB”.

En segundo lugar, “existe un riesgo al alza en la previsión de los ingresos públicos. Dada la intensa recuperación cíclica de la actividad productiva y del mercado de trabajo el efecto sobre los ingresos tributarios contemplado en la APE puede considerarse conservador”.

Según este avance de los Informes, “para alcanzar el déficit público del 3,6% del PIB previsto en la APE en 2016, la AIReF estima que resultaría necesario un esfuerzo de consolidación presupuestaria de unos 4.000 millones de euros”.

“Las estimaciones de la AIReF sitúan el déficit de 2016, en ausencia de medidas adicionales a las contempladas en los presupuestos iniciales de las distintas Administraciones Públicas (AAPP), en el entorno del 4% del PIB. Dado que la proyección de ingresos fiscales contenida en el APE para 2016 se considera realista, y teniendo en cuenta la incertidumbre asociada a la estimación del impacto del ciclo en las cuentas públicas, resulta necesario un esfuerzo suplementario de consolidación del gasto de alrededor del 0,4 %del PIB en este año, unos 4.000 millones de euros, para alcanzar el déficit previsto en la APE del 3,6% del PIB”, según el informe.

22 de abril de 2016 mineco.gob.es
El CDTI y N+1 activan un fondo de 400 millones para empresas tecnológicas
El objetivo del fondo de private equity es apoyar el crecimiento e internacionalización de empresas tecnológicas e industriales de mediana capitalización
Inversores privados, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones aportarán 300 millones
Es el mayor fondo de capital privado español destinado a empresas tecnológicas e industriales
El Ministerio de Economía y Competitividad ha activado a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la gestora N+1 un fondo de private equity de 400 millones de euros para empresas tecnológicas e industriales. El CDTI, a través del programa Innvierte, ejerce de inversor ancla con una aportación de 100 millones de euros. Los 300 millones restantes proceden de inversores privados nacionales e internacionales, del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones.

Culminada la fase de captación de inversores iniciada el pasado mes de julio,el fondo que se activa se denominará N+1 Private Equity Fund III. La estrategia de inversión del fondo estará centrada en empresas tecnológicas e industriales, convirtiéndose en el mayor fondo español con una estrategia clara industrial. Las inversiones del fondo oscilarán entre los 35 y 75 millones de euros y apoyarán los procesos de crecimiento e internacionalización de pymes y empresas de mediana capitalización (midcaps) españolas con capacidades tecnológicas e industriales y elevado potencial. Aunque no hay una limitación sectorial, el fondo podrá abordar inversiones en sectores como el de la salud, agroalimentario, equipamiento electrónico y mecánico, información y comunicaciones, automoción, aeroespacial y materiales de transporte y energía.

Innvierte

El CDTI, a través del programa Innvierte, persigue fomentar la inversión privada en empresas tecnológicas e innovadoras para ayudarlas en su crecimiento. Para ello, selecciona iniciativas especializadas en ámbitos tecnológicos en los que se detecta una insuficiencia de inversión privada. Los compromisos de Innvierte van acompañados de compromisos privados que son mayoritarios en cada vehículo de inversión.

Desde su constitución en 2012, Innvierte ha invertido en 12 fondos y mantiene tres acuerdos de coinversión con estrategias de inversión especializadas en ámbitos tecnológicos como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ciencias de la Vida, Tecnologías industriales y Energía y Medio Ambiente. El compromiso de inversión de Innvierte en estos fondos es de 240 millones de euros, de los que ya ha invertido104,5 millones de euros en 87 pymes innovadoras.

Con estos vehículos se cubre un rango amplio de las fases de crecimiento de las empresas, desde la fase semilla ligada a la transferencia de conocimiento desde organismos de investigación a fases tempranas de arranque, crecimiento y consolidación de start ups. Con el nuevo vehículo de inversión se trata de cubrir las necesidades de pymes y micaps consolidadas y con planes de expansión fundamentalmente a nivel internacional.

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación – mjusticia.gob.es
En el Foro Perspectives Encuentros con visión de futuro, de Bilbao Catalá destaca la seguridad jurídica como un valor añadido para la recuperación económica de España
25 de abril de 2016.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversión a nuestro país, estimular el emprendimiento y alcanzar mayor potencial para competir en una economía mundial globalizada. Durante la conferencia Transformando la Justicia, fortaleciendo nuestra competitividad, pronunciada en Bilbao en el Foro Perspectives Encuentros con visión de futuro, el ministro ha calificado la seguridad jurídica como el valor añadido de la Marca España y como elemento imprescindible en la arquitectura de cualquier modelo productivo y económico sostenible.
Catalá ha subrayado que la prosperidad de los países depende en gran parte de la solvencia de su edificio jurídico-normativo, de la eficiencia y transparencia de su burocracia y del rigor en el cumplimiento de los contratos, lo que influye de manera definitiva en las decisiones de negocio e inversión. Los riesgos de la inestabilidad y la inseguridad, según el ministro de Justicia, generan impactos tan dramáticos como el rescate en Grecia o la deslocalización de empresas en algunas regiones donde se ha instalado el radicalismo político.
Para el titular de Justicia, la credibilidad y solvencia económicas de nuestro país responden al compromiso del Ejecutivo por concebir las reformas de Justicia como un reflejo fiel de la realidad económica, social y jurídica. Una situación que nos aleja de las condiciones difíciles que atraviesan desde hace algún tiempo otros socios europeos.
En opinión del ministro, las reformas legislativas producen un impacto positivo en la sociedad a través de la mejora del sistema económico y productivo del país. En ese sentido, el ministro ha destacado el Programa Nacional de Reformas y sus 240 leyes, entre nuevas y reformadas, con gran repercusión en todos los ámbitos.
Catalá ha señalado la importancia de las reformas impulsadas en la Administración de Justicia, que han procurado nuevas herramientas de gestión, legislativas y procesales en aras de devolver al sistema la credibilidad, fiabilidad y la seguridad jurídica que precisaba.
Entre la multitud de reformas legislativas, Rafael Catalá ha resaltado las modificaciones del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la abolición de las tasas judiciales para las personas físicas, la Ley Hipotecaria y la Ley de Segunda Oportunidad como los grandes hitos que han permitido organizar y hacer funcionar la Justicia de manera más adaptada a las necesidades de la sociedad.
Catalá ha dejado claro el compromiso del Ejecutivo con la cultura del acuerdo a través de una apuesta clara por la mediación y el arbitraje que, junto a las medidas en la misma dirección que recoge la Ley de Jurisdicción Voluntaria, permitirá agilizar los órganos judiciales. La modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que hace efectivo el cumplimiento de sus resoluciones; la defensa del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y todo el elenco de leyes que impulsan una justicia tecnológicamente avanzada, digital y accesible completan el esfuerzo normativo por completar el régimen de derechos y libertades más amplio que hayamos tenido nunca en España, según el ministro de Justicia.
Rafael Catalá ha resaltado también la importancia de las reformas y medidas adoptadas para acabar con la impunidad de la corrupción: desde la exigencia de responsabilidad penal también a las personas jurídicas recogida en la reforma del Código Penal, la Ley de transparencia y buen gobierno o la Ley Reguladora del Estatuto del Alto¡ Cargo, hasta la autorregulación y la colaboración empresarial en la adecuada gestión del espacio económico, pasando por la norma que regula la actividad económica de los partidos políticos.
En opinión del ministro, todo ese trabajo realizado por mejorar nuestra imagen, nuestras garantías jurídicas y nuestro atractivo para la inversión y la actividad, está ya dando sus frutos. Gracias a estas reformas, ha dicho Catalá, España ha sido capaz de volver a ser atractiva para la inversión. Como muestra, ha destacado especialmente tres indicadores que certifican la buena marcha de la recuperación económica de nuestro país: la constitución de casi 100.000 nuevas sociedades en 2015, lo que supone la mayor cifra desde 2008; el crecimiento de la inversión extranjera en España que se ha situado ya en niveles previos a la crisis y el récord de exportaciones de bienes. Unos datos que a su juicio demuestran que en el exterior vuelven a confiar en los productos españoles.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Gabinete de prensa
www.minhap.gob.es
Elaboradas por la Intervención General de la Administración del Estado
Eurostat ha validado hoy las cuentas de las AAPP españolas, que sitúan el déficit en el 5,08% del PIB
21 de abril de 2016.- El déficit de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2015 se ha situado en el 5,08% del PIB. Si se descuenta del citado déficit, las ayudas financieras y los gastos extraordinarios de la Comunidad de Murcia, por el terremoto de Lorca, el déficit es el 5% del PIB. Este resultado pone de manifiesto una desviación negativa de 0,8 puntos del PIB con relación al objetivo inicialmente fijado
Así lo ha validado hoy Eurostat, dando por buenos los datos correspondientes a las cuentas de las Administraciones Públicas Españolas elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado. Los datos junto con los del resto de Estados Miembros se pueden consultar en:
http://ec.europa.eu/eurostat
En cumplimiento de la normativa comunitaria reguladora del Protocolo de Déficit Excesivo, el 31 de marzo las autoridades españolas remitieron a Eurostat y a la Comisión Europea los datos avance de las cuentas de las Administraciones Públicas del ejercicio 2015. Los datos fueron publicados en la web de la IGAE el mismo día en el que se comunicaron a las autoridades europeas.
Para mayor información consultar el siguiente link:
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/administracionespublicas.aspx

VIII Convocatoria

El «Portal de la Transparencia» galardonado por la Asociación @Aslan

Jueves 21 de abril de 2016 – mpr.gob.es

Trofeos Aslan

El «Portal de la Transparencia del Gobierno de España», que comenzó a funcionar en 2014 en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ha sido premiado en la VIII Convocatoria de Premios que la asociación @asLAN concede a las Administraciones y Organismos Públicos en la categoría de «eTechnology-Datos abiertos», por su aportación a la transparencia de la actividad y acceso a la información públicas en el ámbito de la Administración General del Estado.

@asLAN es la Asociación de Proveedores de Sistemas de red, Internet y Telecomunicaciones constituida en el año 1989, cuenta en la actualidad con más de cien empresas asociadas pertenecientes al sector.

Su objetivo es promover y difundir en España el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la empresa e identificar, divulgar y premiar experiencias de éxito en la Administración Pública Española en la aplicación y uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia, la atención al ciudadano de forma eficiente.

Fueron premiados también los proyectos «Cl@veFirma»: Firma electrónica mediante certificados electrónicos (en la categoría eGovernment-Legitimación) y el proyecto «Comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios a Registros Civiles» del Ministerio de Justicia en la categoría de eGovement-Tramitación.

Nota de prensa cmmc.es
La CNMC incoa expediente sancionador a 11 empresas de servicios informáticos y aplicaciones
• Podrían haber llevado a cabo acuerdos para el repartirse el mercado, prohibidos por las normas de Competencia
• La Agencia Tributaria suministró información a la CNMC sobre las licitaciones a las que se presentaron las compañías
Madrid, 25 de abril de 2016.- La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha incoado un expediente sancionador contra: Cibernos Consulting, S.A. (Cibernos); Software AG España, S.A. (Software AG) ; Indra Sistemas, S.A. e Indra Software Labs, S.L. (conjuntamente Indra); Gesein, S.L. (Gesein); International Business Machines, S.A. (IBM); Atos Spain, S.A. (Atos); Connectis ICT Services, S.A. (Connectis); Informática El Corte Inglés, S.A. (Iecisa); Next Computer Services, S.A. (Next); Axpe Consulting, S.L. (Axpe) y Everis Spain, S.L. (Everis), por posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), así como en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
La CNMC inició la investigación sobre dichas empresas a partir de la información suministrada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), sobre las licitaciones de servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones convocadas por la Agencia Tributaria. En el marco de esta investigación preliminar, la CNMC llevó a cabo inspecciones domiciliarias en las sedes de varias de las empresas incoadas.
A la vista de la información inicial disponible y de la documentación recabada durante las inspecciones, la CNMC considera que existen indicios racionales de la comisión por parte de Cibernos; Software AG; Indra; Gesein; IBM; Atos; Connectis; Iecisa; Next; Axpe y Everis, de una infracción de los artículos 1 de la LDC y 101 del TFUE.
Dichas infracciones consistirían en acuerdos o prácticas concertadas entre las empresas para el reparto de mercado, la fijación de precios u otras condiciones comerciales, así como el intercambio de información comercial sensible relativa al sector de servicios de informática y servicios conexos, especialmente relacionados con las actividades de desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones.
La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.
La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.
Para ello, la CNMC cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de Clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente -Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 34/2016 tribunalconstitucional.es
El TC declara inconstitucional la ley que prohíbe el “fracking” en Cataluña
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, declara nulos el art. 167.1 y la disposición transitoria 8ª al entender que invaden competencias del Estado: el primero prohíbe el uso de la fractura hidráulica o “fracking” en la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, siendo la autorización para el empleo de esta técnica una competencia estatal, tal y como el Tribunal ha declarado en anteriores sentencias (STC 106/2014, STC 134/2014 y STC 208/2014); la segunda prohíbe la implantación de establecimientos comerciales con superficie igual o superior a 800 m² fuera de las “tramas urbanas consolidadas”, medida que no se justifica “en razones imperiosas de interés general”, tal y como exige la ley básica estatal. La Vicepresidenta, Adela Asua, ha redactado un voto particular al que se ha adherido el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré; también ha firmado un voto el Magistrado Juan Antonio Xiol.
La sentencia declara inconstitucional y nulo el art. 167.1 de la ley recurrida. Dicho precepto prohíbe el uso del “fracking” como técnica para la exploración, investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos.
Tal y como ha afirmado el Tribunal en las sentencias que resolvieron los recursos contra las leyes que prohibieron el “fracking” en Cantabria, La Rioja y Navarra, la autorización de la fracturación hidráulica con sujeción a requisitos técnicos y a la previa declaración de su impacto en el medio ambiente son requisitos que corresponde establecer al Estado en virtud de sus competencias tanto en materia de planificación económica (art. 149.1.13 CE) como en el régimen minero y energético (art. 149.1.25 CE) y de protección del medio ambiente (art. 149.1.23 CE). Por tanto, la “prohibición absoluta e incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio” de las citadas Comunidades Autónomas fue declarada contraria “de manera radical e insalvable” a lo que puedan disponer las leyes estatales.
Asimismo, el Pleno señaló que las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio y medio ambiente no justifican la prohibición del “fracking”, al no poder prevalecer sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen minero y energético y de ordenación general de la economía.
En el caso de la norma catalana impugnada, la sentencia señala que ni desarrolla ni complementa la legislación estatal, sino que la “reformula bajo una perspectiva radicalmente distinta”. De hecho, según las bases estatales, “la fracturación hidráulica como tecnología debe utilizarse siempre que el proyecto cumpla determinados requisitos de carácter técnico y medioambiental”; mientras que la ley autonómica “la contempla en sentido inverso como tecnología que debe prohibirse por sus posibles efectos perjudiciales ante cualquiera de las múltiples circunstancias enunciadas”.
Es decir, la norma impugnada “da pie a una interpretación manifiestamente contraria a la legislación básica estatal” pues el “fracking” “queda prohibido con carácter absoluto en el territorio de Cataluña siempre que su utilización concierna cualquier ‘ámbito competencial’ de la Generalitat”.
El Tribunal también ha acordado declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición transitoria 8ª de la citada Ley catalana 2/2014. Esta disposición deja en suspenso la previsión, contenida en el Decreto Ley 1/2009 de Cataluña, que permitía en casos excepcionales la implantación de equipamientos comerciales medianos y grandes (en función de su superficie) fuera de las tramas urbanas consolidadas.
La suspensión de dicha excepción “equivale a una prohibición de que se implanten fuera de las tramas urbanas consolidadas establecimientos comerciales con superficie igual o superior a 800 m²”; prohibición, explica la sentencia, que “debe estar justificada en razones imperiosas de interés general”, tal y como establecen las leyes estatales. Sin embargo, “la ley controvertida no exterioriza motivo alguno para limitar tan fuertemente la implantación de establecimientos comerciales de más de 800 m². La exposición de motivos y la disposición transitoria 8ª nada dicen a este respecto”, por lo que, pese al carácter provisional de la suspensión, contradice “frontalmente” lo establecido por la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y por la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista.
El recurso de inconstitucionalidad se formuló también en relación con la disposición adicional 5ª de la Ley de Cataluña 2/2014. La posterior modificación de dicho precepto, referido al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, ha provocado la extinción de la impugnación por desaparición sobrevenida de su objeto.
La Vicepresidenta y el Magistrado Valdés se remiten al voto particular que suscribieron en relación con la sentencia 106/2014, de 24 de junio, y, además, insisten en que la sentencia debería haber ponderado “los intereses eventualmente afectados por la concurrencia competencial sobre el mismo espacio físico, sin imponer la subordinación de unos a otros”.
El Magistrado Xiol, que formuló voto concurrente (es decir, conforme con el fallo pero no con la fundamentación jurídica) respecto de la sentencia 106/2014, sostiene en este caso que debió desestimarse el recurso y declarar la constitucionalidad de la norma impugnada. Y ello en consideración, entre otras, a las siguientes razones: la norma autonómica tenía por objeto la protección de intereses constitucionales que son competencia autonómica y no dejaba vacía de contenido la competencia estatal básica sobre la técnica del “fracking”. El Magistrado afirma también que la sentencia realiza “una interpretación de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas que tiende a apoyarse en el principio de jerarquía y a reformular los criterios hasta ahora escrupulosamente basados en el principio de competencia”.
Madrid, 25 de abril de 2016.

La Policía Nacional detiene a 20 grafiteros por deterioros valorados en más de un millón de euros en trenes
Formaban parte de dos activos «crews» que actuaban en la zona de Levante

Su grado de profesionalización era tan alto que realizaban estudios previos programando su estrategia a la hora de llevar a cabo una «misión» entre varios miembros según los horarios y las vigilancias de seguridad

Llegaron a pintar en varios países, buscando sobre todo la publicidad y el reconocimiento de sus miembros al difundir las imágenes de sus acciones en redes sociales, plataformas de video online y foros especializados

Los arrestados llevaban más de 10 años realizando pintadas en la red ferroviaria y se les imputan más de 300 delitos de daños cuya reparación supone un enorme gasto de limpieza y reposición de material

Otros dos grafiteros, a los que se les atribuyen pintadas en trenes que ocupaban una superficie de 1.800 m² y causaron daños que superan los 280.000 euros, han sido también detenidos en otro operativo desarrollado en Barcelona y Valencia

25-abril-2016.- policía.es

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 20 grafiteros que formaban parte de dos activos «crews» que actuaban en la zona de Levante. Llevaban realizando pintadas ilegales en trenes más de 10 años y se les imputan más de 300 delitos de daños, por los que han causado deterioros por valor de más de un millón de euros. Planificaban sus acciones realizando estudios previos en función de los horarios de los trenes y de las vigilancias de seguridad de la red ferroviaria. Llegaron a pintar en varios países, buscando la notoriedad y el reconocimiento de sus miembros al difundir las imágenes de sus acciones en redes sociales. Además han sido arrestados otros dos grafiteros a los que se les atribuyen pintadas en trenes que ocupaban una superficie de 1.800 m² y causaron daños que superan los 280.000 euros.

Peligrosa investigación en horas nocturnas de tráfico ferroviario

Las investigaciones comenzaron en el mes de junio del año 2013 cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varios grupos de grafiteros estaban utilizando las siglas «XPLT» y «ROYALS» y varios seudónimos, en pintadas realizadas en la red ferroviaria y de metro de Valencia y Murcia.

Para llevar a cabo sus acciones realizaban estudios previos varios días antes comprobando la existencia de vigilantes y dispositivos de seguridad, así como el horario de los trenes. Con todo ello confeccionaban el plano y estrategia para la «misión» en la que participaban varios de sus miembros con un reparto de tareas claramente establecido: los autores materiales de las pintadas, los encargados de vigilar y los que grababan vídeos y tomaban fotografías. Preferiblemente actuaban de noche y con el rostro tapado cuando el tren se encontraba parado, bien en la estación o en la propia vía. Este hecho ha dificultado muchísimo la investigación policial debido al peligro que suponía para los agentes trabajar en horas nocturnas, de escasa visibilidad y con tráfico ferroviario, lo cual ponía en peligro su vida, la de los viajeros, trabajadores de la red de trenes e incluso la de los propios autores.

Difusión en redes sociales para perpetuar sus trabajos

Estos grupos eran conocidos a nivel internacional, habiendo pintado en varios países. Firmaban todas sus obras con «tags» individuales con el único propósito de conseguir fama y prestigio a través de la difusión de las imágenes que tomaban de sus actos en redes sociales, plataformas de video online y foros especializados.

Estos hechos suponen un enorme gasto para reponer el deterioro que causan en la red ferroviaria, no sólo por el material que hay que sustituir, sino también por los métodos tan agresivos que se aplican para su limpieza. Se estima que el valor de los daños ocasionados es de 1.751.650 euros y que la superficie pintada es de 11.913 metros cuadrados.

Finalmente, la operación policial se ha saldado con la detención de 20 miembros de ambas bandas, a los que se les imputan 318 delitos de daños y delitos de pertenencia a un grupo criminal.

Detenidos otros dos grafiteros en otro operativo desarrollado en Barcelona y Valencia

Además de los miembros del grupo desmantelado, otros dos grafiteros a los que se atribuyen pintadas en trenes que ocupan una superficie total de 1800 m² fueron arrestados en Barcelona y Valencia. Habían actuado en diferentes provincias españolas y en el extranjero, donde habían adquirido cierta fama. El primero de ellos llevaba más de una década pintando trenes, causando daños valorados en 197.437 euros y con una superficie pintada de 1.270 m². La otra detenida, una joven de 22 años, que utilizaba el tag (firma) «DUNA», es la primera mujer con cierta relevancia en el mundo del grafiti arrestada por la Policía Nacional. Se le imputan 16 delitos de daños causados en diferentes provincias españolas, valorados en 89.000 euros y con una superficie pintada de 530 m².

La investigación ha sido llevada a cabo por la Sección Operativa Central de la Brigada Móvil -Policía en el Transporte- adscrita a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con la colaboración del Sector Móvil de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Valencia. Estas actuaciones se enmarcan dentro del dispositivo especial establecido por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana contra este tipo de actos vandálicos, que en los últimos años se vienen produciendo en los medios de transporte público de viajeros, principalmente en trenes de Renfe Operadora y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en las regiones de Valencia y Madrid.

Los países se apuntan a precios sustanciales de las emisiones

April 22, 2016

Por Ian Parry

blog-dialogoafondo.org

Los líderes mundiales comenzarán a firmar el histórico acuerdo de París sobre el cambio climático hoy (el 22 de abril es el Día de la Tierra) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y los países abordarán la tarea potencialmente conflictiva y difícil de fijar precios para las emisiones de gases de efecto invernadero y, sobre todo, el dióxido de carbono (CO2). Según un somero cálculo que hemos realizado, para el año 2030 la mayoría de los grandes emisores tendrán que estar cobrando como mínimo entre USD 50 y USD 100 la tonelada (en precios corrientes) si desean cumplir con el compromiso de reducir las emisiones de carbono.

No se trata de cifras insignificantes: por ejemplo, un cargo de USD 50 por tonelada de CO2 añadiría USD 0,12 centavos por litro al precio minorista de la gasolina. Y prácticamente triplicaría los precios internacionales del carbón.

Como lo señalamos ya en un blog, se reconoce ampliamente (por ejemplo en el mundo de los negocios y las finanzas) que, en promedio y a lo largo del tiempo, la mejor manera de cumplir con las promesas de reducción de las emisiones de CO2 es fijar un precio sólido y previsible a las emisiones. Y la mejor manera de llevar a la práctica esa tarifación —y a la vez crear incentivos generalizados para las inversiones en tecnología limpia— es cobrar por el contenido de carbono de los combustibles fósiles.

Como nota histórica, más de 190 países se reunieron en diciembre y se comprometieron a colaborar para poner fin al calentamiento global. También acordaron procedimientos para evaluar el avance y poner al día esos compromisos. Un compromiso típico es el recorte de aproximadamente 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en relación con un determinado año de base.

Nivel de tarifación de las emisiones de carbono

Nuestras cifras sobre la tarifación de las emisiones de carbono surgen de los cálculos sumamente simplificados presentados en el cuadro que figura más adelante (suponiendo que la tarifación de las emisiones de carbono sea el principal instrumento de mitigación para cumplir con los compromisos de París). Es posible que no todos los países tengan que cobrar USD 100 por tonelada de carbono. Por ejemplo, los precios necesarios para que Rusia alcance las metas de emisión de carbono son más bajos que los de otros países, dado que las emisiones de Rusia ya han disminuido sustancialmente desde 1990, el año seleccionado como base.

Pero no nos engañemos respecto de lo que queda por hacer: los actuales sistemas de tarifación abarcan apenas 12% de las emisiones mundiales y los precios por lo general no llegan a USD 10 por tonelada.

¿Qué volumen de ingresos podría generar la tarifación de las emisiones de carbono? Generalmente, mucho más de 1% del PIB según el nivel de precios (véase el cuadro). Esta abundancia de ingresos permitiría, por ejemplo, recortar sustancialmente gravosos impuestos sobre el trabajo y el capital.

Paso doble

¿Cómo calculamos los precios de las emisiones de carbono? Primero, proyectamos el uso de carbón, gas natural y derivados del petróleo que hará un país a falta de nuevas políticas de mitigación. Esto determina las emisiones de CO2 que se producirían si nada cambiara y depende, entre otras cosas, del aumento de los ingresos, las tendencias de la eficiencia energética y la influencia del avance tecnológico y las variaciones de precios en los tipos de combustible que se usen en el futuro. Segundo, deducimos la relación entre los precios y las emisiones de CO2 basándonos en supuestos sobre la sensibilidad del uso de combustibles a la tarifación de CO2 tomados de abundantes análisis empíricos que brindan una idea general de las respuestas que han tenido los precios de los combustibles en el pasado.

Inevitablemente, estas estimaciones de precios están rodeadas de gran incertidumbre. Por lo tanto, los países necesitarán reglas transparentes y predecibles para ajustar periódicamente la trayectoria de los precios si los sistemas energéticos siguen una evolución inesperada. Además, los precios de las emisiones deberían aplicarse de manera gradual para que las empresas y los hogares tengan tiempo de adaptarse y para limitar el riesgo de que se retire de servicio el capital actual antes del fin de su vida útil. Por ejemplo, un país que fija un precio de USD 75 por tonelada de CO2 para el año 2030 podría incrementar el precio de las emisiones USD 5 por tonelada por año a partir del año en curso.

Por interés propio

Lo bueno es que muchos países están tomando conciencia de que la tarifación de las emisiones de carbono puede servir a sus propios intereses. Los beneficios fiscales y sanitarios (gracias a una menor contaminación) pueden ser sustanciales, y eso sin tener en cuenta siquiera los beneficios para el clima mundial. Y, gracias al acuerdo de París, los gobiernos como mínimo se presionarán considerablemente entre sí para dar muestras de avances en la reducción de las emisiones de carbono, lo cual podría generar un importante ímpetu hacia la tarifación de las emisiones de carbon.

www.curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa nº 43/16
Luxemburgo, 21 de abril de 2016
Sentencia en el asunto C-377/14
Ernst Georg Radlinger y Helena Radlingerová / Finway a.s.
El Tribunal de Justicia declara que la obligación que incumbe al juez nacional de examinar de oficio si se cumplen las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores se aplica en los procedimientos concursales
En virtud de esta obligación, el juez nacional también debe comprobar si la información que ha de mencionarse en los contratos de crédito al consumo se ha hecho constar de forma clara y concisa
En agosto de 2011, los esposos Radlinger celebraron un contrato de crédito al consumo con la sociedad Smart Hypo por importe de 1 170 000 coronas checas (CZK) (unos 43 000 euros). Se comprometieron a devolver al acreedor 2 958 000 CZK (unos 109 500 euros) en 120 mensualidades (la TAE 1 del crédito ascendía al 28,9 %) y a abonarle cuantiosas penalizaciones en caso de que no lograsen dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
En septiembre de 2011, la sociedad Finway, a quien Smart Hypo había cedido los créditos que tenía frente a los esposos Radlinger, instó a éstos a devolver inmediatamente la totalidad de la deuda, incluidos los intereses, los gastos y las penalizaciones. Motivó esta petición basándose en que, al celebrar el contrato, los esposos Radlinger no le habían informado de que se había decretado un embargo de sus bienes por importe de 4 285 CZK (unos 160 euros).
En abril de 2013, el Krajský soud v Praze (Tribunal regional de Praga, República Checa) declaró a los esposos Radlinger en concurso de acreedores e inició un procedimiento concursal contra ellos. En el marco de ese procedimiento, la pareja impugnó el importe exigido por Finway (4 405 531 CZK, esto es, unos 163 000 euros).
En este contexto, el Krajský soud v Praze pregunta al Tribunal de Justicia si las normas de Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores se oponen a la normativa checa, que no permite al juez que ha de pronunciarse sobre el procedimiento concursal examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual estipulada en un contrato celebrado con consumidores. El órgano jurisdiccional checo desea además que se dilucide si el juez nacional debe comprobar de oficio si la información relativa a los contratos de crédito al consumo que ha de indicarse en esos contratos se ha hecho constar de forma clara y concisa.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que la obligación que incumbe al juez nacional de examinar de oficio que los profesionales se atengan a las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores 2 se aplica en los procedimientos concursales. Lo mismo cabe decir respecto de las normas relativas a los contratos de crédito al consumo.
Así, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre cláusulas abusivas 3 se opone a la normativa checa que no permite que, dentro de un procedimiento concursal, el juez examine el carácter abusivo de una cláusula estipulada en un contrato de crédito al consumo, aunque disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello. La misma Directiva se opone además a la normativa controvertida en la medida en que únicamente permite impugnar algunos de los créditos y tan sólo mediante un número limitado de alegaciones (prescripción o caducidad).
Además, el Tribunal de Justicia señala que, en virtud de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo, 4 el juez nacional que conoce de un litigio relativo a derechos de crédito derivados de un contrato de ese tipo también debe examinar de oficio si la información relativa al crédito (como, por ejemplo, la TAE) que debe mencionarse en dicho contrato, se ha hecho constar de forma clara y concisa. A continuación, ha de deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional para el incumplimiento de la obligación de información (las sanciones deben tener carácter efectivo, proporcionado y disuasorio).
Asimismo, el Tribunal de Justicia precisa que, en virtud de esta última Directiva, el «importe total del crédito» no puede incluir ninguna cantidad que esté comprendida en el «coste total del crédito», es decir, las cantidades destinadas a satisfacer los compromisos asumidos para la obtención del crédito de que se trate, tales como los gastos administrativos, los intereses, las comisiones o cualquier otro tipo de gastos que el consumidor haya de abonar. La inclusión irregular de estas cantidades en el importe total del crédito tendrá como consecuencia una infravaloración de la TAE, puesto que el cálculo de ésta depende del importe total del crédito, y afectará, por consiguiente, a la exactitud de la información que debe mencionarse en el contrato.
Por último, en lo que concierne al examen del carácter abusivo de las penalizaciones impuestas al consumidor que no cumpla sus obligaciones, el Tribunal de Justicia declara que el juez nacional ha de evaluar el efecto acumulativo de todas las cláusulas que figuren en el contrato y, en caso de que compruebe que varias de ellas tienen carácter abusivo, debe excluir todas aquellas que sean abusivas (y no sólo algunas de ellas).
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

1 Tasa anual equivalente.
2 La existencia de esta obligación ya ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia en lo que concierne a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión aplicables en materia de las cláusulas abusivas estipuladas en los contratos celebrados con los consumidores, de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales y de venta y garantías de los bienes de consumo.
3 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).
4 Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133, p. 66, con correcciones de errores en DO 2009, L 207, p. 14, DO 2010, L 199, p. 40, y DO 2011, L 234, p. 46).

El nuevo Gobierno debe implementar medidas contra el cambio climático
Alianza por el Clima | viernes, 22 de abril de 2016 ugt.es
Las organizaciones sociales agrupadas en Alianza por el Clima, entre las que se encuentra UGT, realizan un llamamiento a la ciudadanía para que en el Día de la Tierra compartan un gesto de acción climática que inspire a otras a actuar por el clima. Además, han presentado a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados sus propuestas para la lucha contra el cambio climático y han demandado compromisos concretos para hacer realidad el acuerdo de París y evitar el aumento de temperatura global por encima de 1,5ºC, lo cual tendría impactos catastróficos para nuestro país.

Alianza por el Clima denuncia que cuatro meses después de la Cumbre de París sobre cambio climático, no ha habido avances políticos que hayan trascendido a la escena internacional. Sin embargo, al mismo tiempo la temperatura global sigue alcanzando máximos históricos.
El excesivo uso de recursos y la continua quema de combustibles fósiles, como base del sistema productivo, han demostrado ser un modelo de desarrollo insostenible cuyo indicador más evidente es el cambio climático. Para revertir esta situación es necesario un modelo de producción y consumo justo y sostenible, basado en el uso eficiente de los recursos  y en un cambio de las tecnologías fósiles a las renovables con una transición justa. Para Alianza por el clima, es esencial conseguir que los políticos defiendan el interés de las personas y de las generaciones futuras, por encima de los intereses vinculados a las energías fósiles.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar un menor consumo de combustibles fósiles no solo depende de lo que acuerden los gobiernos en grandes foros internacionales. La forma en la que consumimos, nos alimentamos, nos movemos o vivimos tiene mucho que ver con nuestra “huella climática” y nuestra contribución personal al calentamiento global.

Por ello, Alianza por el Clima hace un doble llamamiento en este Día de la Tierra. Por un lado, a todas las personas para que compartan un gesto de acción climática que inspire a otras personas a actuar por el clima.

Por otro, a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, a quienes presentan sus propuestas para luchar contra el cambio climático, exigiéndoles la aprobación de las siguientes medidas:
•1. Aprobar una ley de cambio climático y transición energética para conseguir un sistema energético renovable, eficiente e inteligente antes de 2050
•2. Reactivar el Plan de Fomento de las Energías Renovables e incentivar el  autoconsumo
•3. Dotar de financiación adecuada al Plan Nacional de Adaptación al cambio climático
•4. Definir objetivos ambiciosos para cada uno de los sectores difusos y dotarlos de financiación suficiente
•5. Contabilizar las emisiones incluyendo las generadas por los cambios de uso del suelo y el transporte marítimo y la aviación internacional
•6. Establecer por ley la recogida selectiva de la materia orgánica, impulsar la prevención y la reutilización de los residuos y establecer medidas fiscales que graven el vertido y la incineración
•7. Reorientar los incentivos a los biocombustibles de primera generación hacia los de segunda y tercera generación
•8. Aprobar una ley de movilidad sostenible y aplicar planes de movilidad urbana y de empresas, y de la euroviñeta
•9. Reorientar las inversiones previstas en nuevas infraestructuras viarias hacia las que generen menos emisiones, como el ferrocarril convencional o carriles Bus-Vao
•10. Apoyar y aplicar los estándares europeos de eficiencia energética de los vehículos
•11. Priorizar la electrificación del transporte privado, público y de mercancías y la creación de la infraestructura necesaria para ello
•12. Asegurar la implantación del Reglamento Europeo sobre gases fluorados (HFCs)
•13. Aprobar una reforma fiscal que tenga en cuenta criterios sociales (manteniendo determinadas exenciones para la agricultura familiar) y ambientales encaminados a desincentivar los productos y servicios más emisores de GEI
•14. Desarrollar el Plan de Activación socioeconómica del sector forestal para mejorar la sostenibilidad de la gestión y prevenir incendios
•15. Garantizar la contribución financiera de España al Fondo Verde para el Clima que sea adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y dotado de fondos públicos, suficientes y predecibles
•16. Garantizar que los Derechos Humanos sean un elemento central en todos los planes y políticas
•17. Garantizar que las instituciones españolas apliquen en su acción exterior las directrices del Consejo de Europa sobre protección a las personas que están siendo perseguidas por la defensa del medio ambiente
•18. Promover a nivel internacional un mayor desarrollo normativo y reconocimiento jurídico de las personas migrantes y refugiadas por causas relacionadas con el cambio climático

19 de abril de 2016 mineco.gob.es
El Indicador Sintético de la Actividad Exportadora vuelve a subir en el primer trimestre del año 2016

El Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE)1 se situó en +22,4 puntos en el primer trimestre del año, con un incremento de 1,5 puntos respecto al trimestre anterior (+20,9 puntos). Esta subida se explica tanto por un mayor optimismo de las empresas exportadoras en el trimestre de referencia como por la mejora de las expectativas exportadoras a corto plazo.

El valor del indicador es apreciablemente superior en el sector de productos químicos (33,6), en el de automoción (29,5) y en el de manufacturas de consumo (25,1), si bien es inferior en el de productos energéticos (3,4), aunque recupera su signo positivo, y en el de materias primas (10,0).

Cartera de pedidos y expectativas

De los tres componentes del ISAE, el valor del indicador balance actual aumenta más de tres puntos con respecto al que se registraba en el tercer trimestre (de 12,8 a 15,9 puntos). También experimentan una mejora, con respecto al trimestre anterior, las expectativas de las empresas acerca de la evolución del comportamiento de la cartera de pedidos de exportación a tres meses vista en el primer trimestre del año con un ascenso de más de tres puntos con respecto al que se registraba el trimestre anterior (de 25,0 a 28,5 puntos), que a su vez ya habían experimentado una apreciable mejoría con respecto al tercer trimestre del año pasado. Por su parte, el indicador de las expectativas de exportación a doce meses de las empresas registra un descenso de casi ocho puntos respecto al trimestre anterior, situándose en 37,3 puntos.

Factores de la actividad exportadora

La evolución de la demanda externa sigue siendo el factor que mayor proporción de entrevistados considera que está teniendo una incidencia positiva en la actividad exportadora (41,0%), siendo este porcentaje 1,4 puntos inferior al que se registraba el trimestre anterior. Asimismo, se mantiene como factor al que mayor proporción de entrevistados apunta por su incidencia negativa la competencia internacional de precios (57,8%), porcentaje 2,1 puntos superior al que se registraba en el trimestre anterior.

Otros dos factores que se analizan en el trimestre y que afectan a la actividad exportadora son los precios de exportación y los márgenes de beneficio. Respecto a los primeros, se incrementa el porcentaje de quienes señalan que sus precios evolucionaron a la baja en el trimestre, mientras que desciende la proporción de los que manifiestan que se han mantenido estables y se incrementa mínimamente el de los que opinan que han evolucionado al alza. Acerca dela percepción de la evolución del margen de beneficio comercial de exportación, sigue siendo mayoritaria la percepción de estabilidad, aunque se observa un ligero empeoramiento en relación al trimestre anterior.

Contratación de personal para realizar actividades de exportación

La estabilidad sigue siendo la característica dominante en la percepción de las empresas a propósito de la contratación de personal relacionada con las actividades de la exportación a lo largo del primer trimestre, así  como en las previsiones de contratación a tres y doce meses y en relación al nivel de dedicación de la plantilla a actividades relacionadas con la exportación. Así, los distintos indicadores referidos a la evolución del empleo en tareas de exportación, tanto para el trimestre actual como para las previsiones a corto y a medio plazo, confirman que aproximadamente entre un setenta u ochenta por ciento de las empresas responden que el empleo permanece o permanecerá estable.

En términos sectoriales, las mayores previsiones de contratación en el trimestre actual se registran entre empresas de bienes de consumo duradero y productos químicos; en las previsiones a tres meses, fueron entre empresas pertenecientes al sector de semimanufacturas no químicas y productos químicos; y en las previsiones a doce meses, entre empresas del sector automovilístico. Los datos menos optimistas recaen para el trimestre actual en el sector de materias primas y para las previsiones a tres meses en ese mismo sector y en el de alimentación, bebidas y tabaco. Para las previsiones de empleo a doce meses se registra pesimismo entre las empresas del sector energético.

Destinos de exportación de la cartera de pedidos

El comportamiento de la cartera de pedidos en el primer trimestre es superior al del trimestre anterior para los destinos de la UE-28, y dentro de ellos tanto para los de la Zona Euro como para los de resto de Europa, y Oceanía, en tanto que desciende para los destinos de América del Norte, América Latina, Asia y África.

Las previsiones a tres meses en el comportamiento de la cartera de pedidos de exportación son en el primer trimestre más favorables que en el anterior para los países europeos no incluidos en la UE-28, América del Norte, África y Oceanía, mientras que presenta un significativo descenso para América Latina y algo menos para Asia..

A doce meses, los países que una mayor proporción de las empresas exportadoras españolas consideran sus principales destinos son Francia (41,0%) y Alemania (39,5%). A continuación se sitúan EEUU (24,0%), Reino Unido (22,6%), Italia (20,6%), Portugal (17,7%), Méjico (13,6%) y Marruecos (13,0%)

1 El ISAE es un indicador que resume la información proporcionada por las empresas entrevistadas acerca de la evolución de su cartera de pedidos de exportación en el trimestre de referencia y las perspectivas sobre la misma a tres y doce meses. Este indicador puede tomar valores entre -100 y +100, de manera que valores positivos

Banco Central Europeo
Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales.
21 de abril de 2016
Nota de prensa bde.es
Decisiones de política monetaria
En su reunión de hoy, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 % respectivamente.
En relación con nuestras medidas de política monetaria no convencionales, hemos comenzado a aumentar las compras mensuales en el marco del programa de compras de activos hasta 80 mm de euros. Nuestra atención se centra ahora en la aplicación de las medidas no convencionales complementarias acordadas el 10 de marzo de 2016. En el sitio web del BCE se publicará más información sobre los aspectos operativos del programa de compras de bonos corporativos tras la conferencia de prensa.
El presidente del BCE comentará estas decisiones en una conferencia de prensa que dará comienzo esta tarde a las 14.30 horas (hora central europea).

13 de abril de 2016 mineco.gob.es
España habilita una sala de lectura para consultar documentación del TTIP
La Comisión Europea ha autorizado a los Estados Miembros de la Unión Europea la apertura de salas de lectura en sus capitales para facilitar la consulta de documentación relacionada con el Acuerdo Transatlántico sobre el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), que actualmente están negociando la Unión Europea y Estados Unidos. Estas salas se suman a las ya habilitadas a tal fin en Bruselas.

En conformidad con las directrices que estipula la Comisión Europea, España, al igual que el resto de países de la UE, ha habilitado una sala de lectura para que se puedan consultar los textos consolidados de negociación, es decir, aquellos que recogen tanto el texto propuesto por la Unión Europea como el que ha propuesto Estados Unidos.

La sala está localizada en el Ministerio de Economía y Competitividad al ser la Secretaría de Estado de Comercio quien, en coordinación con otros Ministerios, tiene asignada la responsabilidad de dirigir la política comercial.

La Comisión Europea, negociadora del acuerdo por parte de la Unión Europea, ha publicado tanto el mandato de negociación como sus propuestas de texto para los diferentes capítulos que se cubren en estas negociaciones. No obstante, algunos documentos de negociación, en particular aquellos que emanan de los Estados Unidos, están sujetos a un acceso limitado a los funcionarios, eurodiputados y miembros de las cortes de los Estados de la UE.

En consecuencia, podrán acceder a la sala, de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea y la Decisión del Consejo de la Unión Europea, de 23 de septiembre de 2013 sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (2013/488/UE), los miembros de las Cortes Generales así como funcionarios de la Administración General del Estado que, por su trabajo, tengan necesidad de conocer el contenido de estos documentos.

21 de abril de 2016 mineco.gob.es Las exportaciones de bienes aumentan un 2,7% en febrero y el déficit retrocede un 13,6%
Entre enero y febrero, las ventas al exterior crecen un 2,4% hasta los 38.658 millones de euros
Las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 2,4% en los dos primeros meses de 2016 (2,4 puntos superior a la del mismo periodo del año 2015, 0,0%) hasta los 38.658 millones de euros. En términos de volumen el aumento fue mayor, del 4,1%, al disminuir los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario (IVUs), un 1,6%.

Las importaciones, por su parte, crecieron un 1,0%, hasta los 42.805,6 millones de euros. En términos de volumen, el incremento fue superior, de un 3,9%, ya que los precios cayeron un 2,8%.

Como resultado, de enero a febrero el déficit comercial alcanzó los 4.147,6 millones de euros, un 10,5% inferior al registrado en el mismo periodo de 2015 (déficit de 4.633,4 millones de euros en enero-febrero de 2015, datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 90,3%, es decir, 1,2 puntos más que la de enero-febrero de 2015 (89,1%, datos provisionales). El saldo no energético arrojó un déficit de 1.501,5 millones de euros (déficit de 198,3 millones de euros en enero-febrero de 2015), mientras que el saldo energético registró una mejora del 40,3% (reducción del déficit energético), como resultado de la sustancial caída de los precios de la energía.

Si comparamos internacionalmente, los resultados acumulados para España (+2,4%) son mejores que los registrados por la zona euro (+0,5%) y por la Unión Europea (+0,7%). También son superiores a los datos acumulados de las exportaciones de las cuatro principales economías de la Unión Europea. Así, crecieron a menor ritmo las exportaciones de Alemania (+1,4% interanual) e Italia (+0,1%), y cayeron las ventas de Reino Unido (-0,1%) y Francia (-0,8%). Fuera de la UE, decrecieron las exportaciones de Estados Unidos (-7,4% interanual), China (-17,9%) y Japón (-8,5%).

Sectores económicos

En los primeros dos meses de 2016 evolucionaron positivamente las exportaciones de los principales capítulos. Así, los bienes de equipo (19,5% del total) crecieron un 4,5% interanual, el sector del automóvil (18,4% del total) creció un 7,6% interanual, y los sectores de alimentación, bebidas y tabaco (17,5% del total) y de productos químicos (14,8% del total) también vieron incrementarse sus ventas al exterior un 6,0% y un 3,3%, respectivamente. Por otro lado, retrocedieron los sectores de otras mercancías (descenso del 49,5% interanual), materias primas (retroceso del 11,3%), productos energéticos (caída del 3,8% interanual) y semimanufacturas no químicas (caída del 3,1%).

En consecuencia, las principales contribuciones positivas de las exportaciones provinieron del sector automóvil (contribución de 1,3 puntos porcentuales del aumento de las exportaciones totales), alimentación, bebidas y tabaco (1,0 puntos), bienes de equipo (0,9 puntos), manufacturas de consumo (0,7 puntos) y productos químicos (0,5 puntos). Por otro lado, las contribuciones negativas provinieron de los sectores de otras mercancías (-1,6 puntos), semimanufacturas no químicas (-0,3 puntos), materias primas (-0,3 puntos) y productos energéticos (-0,2 puntos).

Por subsectores, las principales contribuciones positivas fueron las de automóviles y motos (0,9 puntos, debido principalmente a las mayores ventas a Alemania, Bélgica, Italia y, a gran distancia, Austria); material de transporte por carretera (0,7 puntos, a Reino Unido, Países Bajos, Italia y Alemania); componentes del automóvil (0,4 puntos, a Reino Unido, Suecia, Francia y Marruecos); y frutas, hortalizas y legumbres (0,4 puntos, a Alemania y Reino Unido).

Por el contrario, los que más lastraron las exportaciones fueron los subsectores de hierro y acero (-0,8 puntos, a Estados Unidos, Italia, Alemania y Argelia); minerales (-0,3 puntos, fundamentalmente a Bulgaria, y en menor medida a China); gas (-0,2 puntos, en especial a Malasia, y luego a Japón); y resto de bienes de equipo (-0,1 puntos, a China, Corea del Sur, Indonesia y Dinamarca).

En cuanto a las importaciones, la consolidación de la recuperación de la economía española explica el crecimiento de la mayoría de los sectores. Aumentaron un 9,4% las importaciones de bienes de equipo (20,7% del total), un 4,1% las de productos químicos (16,6% del total), crecieron un 6,9% las compras del sector automóvil (14,9% del total) y un 10,6% las manufacturas de consumo (13,3% del total). Por otro lado, destacan los descensos de las importaciones de productos energéticos (-30,7%) y de materias primas (-12,5%).

De esta forma, las principales contribuciones positivas a las importaciones en el periodo enero-febrero de 2016 provinieron de los sectores de bienes de equipo (contribución de 1,8 puntos), manufacturas de consumo (1,3 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (1,1 puntos) y sector automóvil (1,0 puntos). Las mayores contribuciones negativas por sectores en este periodo fueron las de productos energéticos (contribución de -4,4 puntos) y materias primas (-0,5 puntos).

Por subsectores, las principales contribuciones positivas fueron las de automóviles y motos (1,3 puntos, debido principalmente a las mayores compras a Reino Unido, Japón, Italia y Francia); confección (0,8 puntos, en su mayoría a Turquía, Bangladesh, Marruecos y China); frutas, hortalizas y legumbres (0,5 puntos, en gran parte a Estados Unidos y, en menor medida, a Marruecos y Francia); y maquinaria de uso general (0,4 puntos, a República Checa, Alemania, Italia y Países Bajos).

Por el contrario, los que más lastraron las importaciones fueron los subsectores de petróleo y derivados (-3,4 puntos, debido principalmente a las menores compras a México, Angola, Rusia y Colombia); gas (-0,7 puntos, fundamentalmente por las menores compras a Argelia, Qatar, Trinidad y Tobago y Omán); y minerales (-0,6 puntos, a Indonesia, Estados Unidos y, a cierta distancia, a Alemania y Canadá).

Áreas geográficas

En los dos primeros meses del año, las exportaciones destinadas a la Unión Europea (67,9% del total) avanzaron un 4,9% respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de las ventas a la zona euro (53,1% del total) se produjo un incremento del 4,6%, y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,8% del total) crecieron aún más, un 5,9%. Por el contrario, disminuyen un 2,5% interanual las ventas dirigidas a terceros destinos (32,1% del total), destacando el retroceso de las exportaciones a Oceanía (-54,6%) y América (-1,6%), mientras que aumentan las ventas a Asia (+4,7%) y África (+3,5%). Por países, destacan positivamente los aumentos de las exportaciones a Chile (+16,1%), México (+6,5%), Estados Unidos (+2,1%), China (+8,4%), Arabia Saudí (+16,5%) y Marruecos (+19,9%).

Así, los países con una mayor contribución positiva a la tasa de variación interanual de las exportaciones españolas en enero-febrero de 2016 (2,4%) fueron Alemania (0,9 puntos, principalmente por las mayores ventas de automóviles y motos y, a cierta distancia, de frutas, hortalizas y legumbres y electrodomésticos), Bélgica (0,7 puntos, por el aumento de exportaciones de automóviles y motos y, en menor medida, de petróleo y derivados y aparatos eléctricos), Reino Unido (0,5 puntos, en su mayor parte por el aumento de ventas de material de transporte por carretera, frutas, hortalizas y legumbres y motores) y Marruecos (0,4 puntos, por el incremento de exportaciones de petróleo y derivados, componentes del automóvil y automóviles y motos).

Por el contrario, las mayores contribuciones negativas correspondieron a Australia (-0,7 puntos, en su mayoría por las menores ventas de aeronaves), Brasil (-0,2 puntos, por la caída de exportaciones de  maquinaria específica, material de transporte ferroviario y aparatos eléctricos), Gibraltar (-0,2 puntos, por el descenso de las ventas de petróleo y derivados) y Malasia (-0,2 puntos, en su mayoría por las menores exportaciones de gas y, a gran distancia, de hierro y acero y aparatos de precisión).

Por Comunidades Autónomas, las comunidades que experimentaron una mayor tasa de variación interanual de sus exportaciones en enero-febrero de 2016 fueron Castilla y León (+27,7% interanual), Castilla-La Mancha (+14,4%) y Comunitat Valenciana (+7,9%). En cambio, los mayores descensos interanuales se registraron en Illes Balears (-22,6% interanual), Canarias (-21,8%) y Principado de Asturias (-11,6%).

En términos de contribuciones a la tasa de variación interanual de las exportaciones totales, las mayores contribuciones positivas correspondieron a Castilla y León (1,5 puntos porcentuales) cuyas exportaciones representaron el 6,6% del total y crecieron un 27,7%, y Comunitat Valenciana (0,9puntos porcentuales) cuyas ventas representaron el 12,5% del total y ascendieron un 7,9%. Las comunidades con las mayores contribuciones negativas fueron Comunidad de Madrid con -0,9puntos (10,8% del total de exportaciones, cayeron un 7,4% interanual) y la Región de Murcia con -0,3 puntos (3,3% del total, experimentaron un retroceso del 7,2% interanual).

Las exportaciones de Cataluña (25,5% del total) aumentaron un 1,0%, las del País Vasco (8,4% del total) se incrementaron un 4,1% y las de Galicia (7,6% del total), crecieron un 7,0%.

Febrero de 2016

En el mes de febrero, las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 2,7% en términos interanuales, hasta los 20.390,7 millones de euros, el valor más alto registrado por un mes de febrero en toda la serie. En volumen el crecimiento fue mayor, un 4,9% interanual, al caer los precios,aproximados por los índices de valor unitario, un 2,1%. En términos desestacionalizados se incrementaron un 1,3% en tasa interanual, debido a que hubo un día laborable menos en 2015.

Las importaciones en febrero de 2016 crecieron un 1,2% en términos interanuales hasta sumar los 22.151,7 millones de euros. En volumen, el incremento de las importaciones fue superior, un 4,6%, ya que los precios de las importaciones cayeron un 3,3%.

En consecuencia, el saldo comercial registró en febrero de 2016 un déficit de 1.761,0 millones de euros, un 13,6% inferior al del mismo mes de 2015 (déficit de 2.037,2 millones de euros). La tasa de cobertura se situó en el 92,1%, 1,4 puntos más que en febrero de 2015 (90,7%, datos provisionales). El saldo no energético arrojó un déficit de 559,2 millones de euros (superávit de 380,9 millones de euros en febrero de 2015, datos provisionales) y se redujo el déficit energético un 50,3%.

El incremento de las exportaciones de España fue superior al registrado en la zona euro (+2,1%) y en la Unión Europea (+2,3%). Por países, también se incrementaron las exportaciones de las principales economías de la Unión Europea, excepto las de Francia, que retrocedieron un 0,2%. Así, las exportaciones de Reino Unido crecieron un 5,4% interanual, las de Alemania un 4,1% y las de Italia 3,3%. En cambio, fuera de la UE cayeron las exportaciones de Estados Unidos (-3,9% interanual), China  (-25,4%) y Japón (-4,0%).

Sectores económicos

En el mes de febrero, las contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron del sector automóvil (contribución de 1,6 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (1,3 puntos), productos químicos (0,9 puntos) y bienes de consumo duradero (0,5 puntos). Por el contrario, los principales sectores que contribuyeron negativamente fueron otras mercancías (contribución de -1,4 puntos), con descenso del 45,4%, materias primas (-0,5 puntos), con una caída del 21,9% y productos energéticos (-0,2 puntos), retrocediendo un 5,1%.

Por subsectores, las principales contribuciones positivas fueron las de automóviles y motos (0,8 puntos, debido principalmente a las mayores ventas a Alemania, Italia y Bélgica); componentes del automóvil (0,7 puntos, a Suecia, Reino Unido, Francia y Alemania); material de transporte por carretera (0,6 puntos en especial a Reino Unido, y a cierta distancia Italia, Países Bajos y Alemania); y aparatos de precisión (0,6 puntos, fundamentalmente a Portugal, y después a Alemania y Francia). A la inversa, los que más lastraron las exportaciones fueron los subsectores de aeronaves (-1,0 puntos, debido casi en su totalidad a Australia); hierro y acero (-0,7 puntos, a Alemania, Estados Unidos e Italia); minerales (-0,6 puntos, en su mayor parte, debido a Bulgaria y China); y aparatos eléctricos (-0,4 puntos, a Francia, México, Japón y Polonia).

Áreas geográficas

En febrero de 2016, la participación de las exportaciones a la Unión Europea se situó en el 67,0% del total, por encima del 65,7% registrado en febrero del año anterior. Esta ganancia de peso se distribuyó entre la zona euro (52,8% frente al 51,8% de febrero de 2015) y el resto de la Unión Europea (14,1% frente al 13,9% en el mismo mes del año anterior).

Las exportaciones a la UE crecieron un 4,6% interanual, las destinadas a la zona euro un 4,7% y las dirigidas al resto de la Unión Europea un 4,2%. De entre nuestros principales socios, destacan los aumentos de las ventas a Alemania (+12,0%), Italia (+5,8%) y Reino Unido (+4,9%), mientras que cayeron las destinadas a Francia (-0,9%).

Las exportaciones con destino a países no pertenecientes a la Unión Europea representaron un 33,0% del total (34,3% en febrero de 2015) y cayeron un 1,0% interanual. Por regiones, destaca la disminución de ventas a Oceanía (-68,0%, debido al retroceso de Australia en un 71,8%), mientras que crecen las exportaciones destinadas a América (+1,3%, resaltando los incrementos de Estados Unidos y Chile en un 7,6% y 12,4% interanual, respectivamente), Asia (+6,6%, derivado del crecimiento de Arabia Saudí, un 24,3%, y de Emiratos Árabes Unidos, un 32,7%) y África (+8,8% por el aumento de Marruecos en un 21,7%).

Los países con una mayor contribución positiva a la tasa de variación interanual de las exportaciones españolas en febrero de 2016 (2,7%) fueron Alemania (1,3 puntos, por las mayores ventas de automóviles y motos, frutas, hortalizas y legumbres y motores), Bélgica (0,7 puntos, fundamentalmente por el aumento de exportaciones de automóviles y motos y petróleo y derivados), Marruecos (0,5 puntos, por el aumento de exportaciones de componentes del automóvil y petróleo y derivados) e Italia (0,4 puntos, por las mayores exportaciones de automóviles y motos, y en menor medida de material de transporte por carretera y aeronaves).

Por el contrario, las mayores contribuciones negativas correspondieron a Australia (-1,3 puntos, en su mayoría por las menores ventas de aeronaves), Bulgaria (-0,3 puntos, fundamentalmente por la caída de exportaciones de minerales), Corea del Sur (-0,2 puntos, por la caída de ventas de resto de bienes de equipo y petróleo y derivados) y Gibraltar   (-0,2 puntos, por las menores exportaciones de petróleo y derivados).

El superávit comercial de España con la Unión Europea se situó en los 824,0 millones de euros en febrero de 2016 (superávit de 721,4 millones de euros en el mismo mes de 2015). Con la zona euro, el saldo comercial registró un superávit de 593,0 millones de euros (superávit de 390,4 millones de euros en febrero del año anterior). Por su parte, el déficit comercial con los países extracomunitarios se redujo un 6,3% respecto a febrero de 2015, hasta los 2.585,0 millones de euros (déficit de 2.758,7 millones de euros en febrero de 2015).

USO reivindica la necesidad de una Renta Social Mínima contra la exclusión social y la pobreza
14 abril, 2016  uso.es
Mañana, 15 de abril, finaliza el Programa de Activación para el Empleo (PAE) o también llamado “ayuda de 426 euros” para parados de larga duración. En sus 16 meses de vigencia, hasta el 31 de marzo de 2016, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha atendido a 161.583 desempleados, se han beneficiado de la prestación económica de 426 euros un total de 99.410 personas y tan solo el 16% de los beneficiarios de la prestación han sido insertados en el mercado laboral (15.212).

Unas cifras muy alejadas de las previsiones iniciales, que se estimaban en alrededor de 450.000 desempleados, y que demuestran el insuficiente número de ciudadanos atendidos teniendo en cuenta que en España hay alrededor de 2,8 millones de parados de larga duración, de los cuales unos 2 millones llevan más de 24 meses sin empleo.

Cuando el 15 de diciembre de 2014 se acordó la puesta en marcha de este programa de reinserción laboral de los parados de larga duración con cargas familiares, ya anunciamos que esta ayuda era insuficiente y restrictiva, ya que se destinaba a parados de larga duración mayores de 45 años, excluyendo a aquellos desempleados que sufren una situación similar y que también requieren de protección por parte de los poderes públicos, y era incompatible con cualquier otra ayuda que se pudiera recibir.

A falta de pocos días para finalizar este Plan, el Gobierno en funciones está valorando la necesidad de una prórroga de seis meses y una modificación de los criterios restrictivos del mismo. Como si hubiera previsión de que en ese tiempo fuera a cambiar el panorama.

Desde USO continuamos apostando por incrementar la protección social hacia los desempleados, que pasa por la puesta en marcha de una Renta Social Mínima, un ingreso que permita a los beneficiarios de ésta salir de la situación de exclusión social y pobreza en la que se encuentran, ligado a planes de empleo específicos y un sistema de formación de calidad vinculado a la realidad del tejido productivo.

Esta Renta Social Mínima debería percibirse íntegramente si no hay ningún tipo de ingreso, y en el caso de que existieran, por debajo de ésta, que se beneficiaran de la diferencia entre éstos y el valor de la renta social mínima.

En orden a la propuesta de USO, en hogares compuestos por dos adultos y dos menores, por ejemplo, esa renta social mínima sería de 663,5€ mensuales, complementándose con un 25% más por cada miembro menor de 25 años, sin ingresos, que conviva en el hogar.

Todavía son más de cuatro millones los desempleados en España y alrededor de tres millones de personas no perciben ninguna prestación. Todos los meses miles de personas vuelven al desempleo después de un empleo temporal y mal pagado. ¿En qué momento se abordará esta crítica situación de una manera decidida y efectiva?

«Si la recesión iniciada en 2008 fue la más intensa desde la Gran Depresión, la salida está siendo la más lenta e inestable»
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha presentado esta mañana un informe al Consejo Confederal del sindicato, aprobado con 127 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, en el que analiza la coyuntura de la economía y el empleo, que en nuestro país se traduce en una revisión a la baja de las cifras de crecimiento. “La fragilidad de la recuperación, la incertidumbre y la volatilidad de los mercados financieros avanzan un diagnóstico poco alentador: si la recesión iniciada en 2008 fue la más intensa desde la Gran Depresión, la salida de esta recesión está siendo la más lenta, la menos sólida y la más inestable y necesita ser apuntalada”, indica el informe de Toxo.

19/04/2016. ccoo.es
La Unión Europea sufre una crisis de demanda que no se puede resolver solo con la política monetaria…; sin cambios en la política fiscal y en la política de rentas, no será posible entrar en una fase de crecimiento intenso y sostenido. “En este escenario la economía española está creciendo por encima de la media, pero ya empieza a dar síntomas de ralentización. Frente al incremento del PIB del 3,2% en 2015, las últimas estimaciones –salvo la del Gobierno en funciones, que sigue con una previsión del 3%- hablan de un 2,6% en 2016 y del 2,3% en 2017, con una tasa de desempleo superior al 18%”, apunta Toxo.

El secretario general de CCOO precisa que “si la UE no crece nosotros tampoco lo vamos a hacer”. Por eso urge una reacción inmediata de las instituciones europeas, empezando por la Comisión: hay que cambiar la política de austeridad por una política expansiva; hay que redefinir el ritmo y los plazos de la consolidación fiscal; hay que poner en marcha un plan de inversiones definido sobre el Plan Juncker y la propuesta de la CES; y hay que volver a una distribución de la renta entre capital y trabajo más equitativa y eficiente, con un incremento real y sostenido en el tiempo de los salarios que permita una recuperación de su participación en la renta.

La iniciativa del sindicato en el próximo periodo

El paro, que supera el 20% de la población activa, marca la agenda del sindicato. Una tasa de paro que con la crisis y las políticas de austeridad ha derivado en un grave incremento de la desigualdad, y también de la pobreza, en la que hoy se encuentran cerca del 15% de los trabajadores/as con empleo. “En 2014 había en España 13,4 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, el 29,2% de la población total, lo que supone 5,7 puntos más que en 2008. La pobreza severa alcanzó a 3,2 millones de personas, el 6,85% de la población. Unas cifras que, a juicio de CCOO, tienen mucho que ver con la evolución de los salarios y las reformas laborales. Según un estudio del Gabinete Económico del sindicato, entre 2009 y 2014 los salarios cayeron en España un 5,3%, pero los salarios del 10 por ciento de las trabajadoras y trabajadores que los tenían más bajos lo hicieron nada menos que en un 25,6%.

Por ello, el informe de Toxo apuesta por sentar las bases de un crecimiento sostenible de la economía que se traduzca en empleo de calidad; una actuación decidida contra la pobreza y la desigualdad y un robustecimiento de los sistemas de protección social. Igualmente, es imprescindible restaurar la fortaleza de la negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales para desarrollarla; y un diálogo social fuerte para restablecer el Pacto de Toledo sobre el sistema público de pensiones, cuyo principal objetivo debe ser mejorar la estructura de ingresos del sistema, y volver a la cláusula de revalorización de las pensiones para garantizar su poder adquisitivo.

Toxo defiende en su informe la derogación de la LOMCE, un modelo de formación dual en línea con los existentes en gran parte de los países de la UE y que conecte con el impulso de la Garantía Juvenil –hasta la fecha, un auténtico fiasco-. Propone un Pacto por la Industria y la definición de un nuevo modelo energético.

Una reforma fiscal progresiva. En opinión del secretario general de CCOO, España necesita una profunda reforma fiscal que restaure la progresividad de nuestro sistema impositivo y proporcione a las Administraciones Públicas para acometer las políticas de gasto social e impulsar la inversión pública como uno de los motores del crecimiento económico, al tiempo que se logran, a través de un calendario más flexible que el nuevo gobierno debe negociar con fuerza con la UE, los objetivos de reducción del déficit.

Toxo quiere que se aborde el modelo de financiación autonómica, pero entre tanto evitar una nueva tanda de recortes e incumplimientos. “Para evitar la disparidad de respuestas, CCOO convocará a las organizaciones territoriales y a las federaciones afectadas a perfilar un discurso unitario sobre este tema en torno al 1 de mayo, y una vez conocidas las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El 28 de abril y el 1 de mayo, apunta el informe, han de ser fechas para intensificar la movilización e iniciativa sindical, cerrando la recogida de firmas de la ILP sobre renta mínima y concretando una amplia respuesta social contra los intentos de proseguir con las mismas políticas de ajuste y reformas practicadas hasta la fecha.

En este sentido, CCOO llevará a cabo una fuerte ofensiva en defensa de la negociación colectiva, que ha registrado un aumento considerable de convenios firmados en 2015 y a lo largo de 2016, convenios en su mayoría sectoriales y que afectan en el periodo citado, a más de tres millones de trabajadoras y trabajadores. El incremento salarial medio en 2015 (hasta marzo de 2016) es de un 0,82%, mucho mayor en los convenios de ámbito superior al de empresa (0,84%) que en el de empresa (0,50%). Un incremento medio que en 2016 alcanza el 1,12%.

En el sector público, CCOO ha propuesto una norma con rango de Ley que autorice al conjunto del sector público a la realización de Ofertas Públicas de Empleo extraordinarias para consolidar las plazas presupuestadas pero no cubiertas o cubiertas con personal interino.

Impulsar la negociación bipartita con las organizaciones empresariales, defender la salud y seguridad en el trabajo mediante leyes firmes, controles rigurosos y sindicatos fuertes, reforzar la protección social y las políticas públicas, son otras de las líneas de actuación del sindicato.

Finalmente, el informe de Toxo destaca el triunfo rotundo de CCOO en las elecciones sindicales, que a fecha de hoy eleva hasta los 8.850 delegados/as su diferencia con el segundo sindicato, y llama la atención sobre la parada de la caída de la afiliación, con un mayor número de altas que de bajas en la actualidad.

Sareb crea dos subdirecciones generales para potenciar la operatividad con los servicers y la eficiencia ante el nuevo marco contable

12/04/2016 sareb.es

​Los dos subdirectores generales serán Iker Beraza, hasta ahora director de Finanzas y Estrategia, e Idoia Maguregui, actual directora de Recursos Corporativos. Ambos dependerán directamente de Presidencia

Beraza sumará a sus responsabilidades la gestión del balance y la eficiencia, en tanto que Idoia Maguregui se encargará, además de sus competencias, de velar por los procesos de la compañía

La Dirección General de Recursos Globales, en manos de Manuel Gómez Gilabert, se convierte en la Dirección General de Control y Riesgos, con responsabilidad sobre los asuntos legales, la regulación  y el control interno

El Consejo de Administración de Sareb ha aprobado dotar a la organización de una estructura operativa más simplificada y eficiente, adaptada a un nuevo entorno marcado por un exigente marco contable y la gestión descentralizada a través de los servicers.

En la nueva estructura organizativa, se reducen de tres a dos las direcciones generales y se crean dos nuevas subdirecciones generales, que reportarán directamente a Presidencia. Una de ellas, la de Medios -al frente de la cual estará Idoia Maguregui-, tendrá bajo su responsabilidad los procesos y los sistemas tecnológicos y operativos que necesita la compañía para el cumplimiento de su mandato, una vez concluida hace unos días la última de las migraciones de activos hacia los nuevos servicers. Además se encargará de Gestión de Personas y del departamento de Compras, como venía haciendo hasta ahora.

Iker Beraza, por su parte, será el nuevo Subdirector General de Finanzas, Estrategia y Control de Gestión, y mantendrá su responsabilidad en la gestión financiera y la estrategia ante el nuevo marco contable instaurado el año pasado por el Banco de España. Beraza se encargará además de gestionar de una manera integrada los datos de la compañía y se responsabilizará también del departamento de Eficiencia y de Gestión de Balance, que monitoriza la reducción y transformación de la cartera.

Sareb seguirá contando con dos directores generales, Alfredo Guitart, al frente de Negocio, y Manuel Gómez Gilabert, al frente de la nueva área de Control y Riesgos, donde se integrarán las áreas de Riesgos, Auditoría Interna y la Intervención General. Esta última dirección general asume además las competencias en Asuntos Legales, Regulación y Control, hasta ahora en manos de Oscar García Maceiras, que abandona la entidad para afrontar nuevos proyectos profesionales.

La Secretaría del Consejo de Administración pasa a ser desempeñada por la directora de Asuntos Legales, Marisa García Camarero, que compatibilizará ambas funciones.

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, ha señalado que «con la adaptación organizativa que hoy hemos aprobado, Sareb se encuentra en una mejor posición para enfrentarse con  éxito a su nuevo entorno,  una vez finalizadas las migraciones de activos y aprobado el nuevo marco contable de la compañía».

13 de abril de 2016 mineco.gob.es
El IPC se mantiene en el -0,8% por la alimentación y los servicios
La inflación subyacente aumenta una décima, hasta el 1,1%
El diferencial de España frente a la Eurozona mejora una décima
El Índice de Precios al Consumo (IPC) disminuyó en marzo un 0,8% en tasa interanual, igual que en febrero, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa  coincide con la adelantada por el INE a finales del mes pasado. La estabilidad de la tasa interanual se debe a una mayor inflación de la alimentación no elaborada y de los servicios que ha compensado la caída más acusada de los precios energéticos. En tasa intermensual, el IPC general aumentó un 0,6% en marzo, al igual que en el mismo mes de 2015.

Los precios de los productos energéticos registraron en marzo una tasa interanual del -14,8%, inferior en siete décimas a la de febrero. Este mayor descenso fue debido a la partida de combustibles y carburantes, que acentuó la caída un punto, hasta el -15,2%, debido a la evolución de los precios de los carburantes y lubricantes (-14,4%, frente al -13,3% de febrero). Por su parte, la tasa interanual de los precios de la electricidad se ha mantenido en -14,2%. La inflación de la alimentación se situó en marzo en el 1,5%, tres décimas por encima de la de febrero, incremento que se explica en su totalidad por los alimentos no elaborados, cuya tasa ha pasado del 0,8% en febrero al 2,2% en marzo. Dicha aceleración responde, en gran medida, a la evolución de los precios de las legumbres y hortalizas frescas y de las frutas frescas. Por su parte, los precios de la alimentación elaborada registraron en marzo una tasa del 1,3%, igual que la de febrero, destacado dentro de este grupo el fuerte incremento de los precios de aceites y grasas (18,5%) y de patatas y sus preparados (14,5%).

La inflación subyacente (excluye los elementos más volátiles del IPC, alimentación fresca y energía) aumentó una décima en marzo, hasta el 1,1%, debido a la ligera aceleración de los precios de los servicios, cuya tasa aumentó una décima, hasta el 1,4% interanual. Esta aceleración de los servicios fue el resultado de un comportamiento divergente de las partidas que lo integran. Permanecieron estabilizadas las tasas de variación de los precios de educación universitaria (0%) y de transporte público urbano (-0,6%), mientras que las de transporte público interurbano y turismo y hostelería aumentaron 1,8 y 0,1 puntos, respectivamente, hasta situarse en 0,4% y 1,6%. Estos incrementos tienen un elevado componente estacional derivado de la celebración este año de la Semana Santa en el mes de marzo. Los otros dos componentes de la inflación subyacente, la alimentación elaborada y los Bienes Industriales No Energéticos (BINE), mantuvieron sus tasas sin cambios respecto a las de febrero, en el 1,3% y el 0,5%, respectivamente.

En términos intermensuales, el IPC aumentó un 0,6% en marzo, al igual que en el mismo mes de 2015. Dicho incremento se explica por la subida de los precios de los productos energéticos y de los BINE, con tasas del 1,8% y del 1,1%, respectivamente. Destaca en este segundo grupo el encarecimiento del componente de vestido y calzado, 4,3% intermensual, al igual que en el mismo mes de 2015, como consecuencia del comienzo de la nueva temporada primavera-verano. En menor medida, también han contribuido al aumento intermensual del IPC general los precios de servicios, con una tasa del 0,4%, debido en parte al encarecimiento del turismo y de la hostelería (1,1%) y del transporte público interurbano (2,2%), afectado este último por la subida de precios del transporte aéreo (5%). Finalmente, los precios de alimentación no han variado respecto al mes de febrero, al compensar el incremento de alimentación elaborada (0,1%) la caída de la no elaborada (-0,2%). Destaca en este segundo grupo la disminución de los precios del pescado fresco y de las frutas frescas, y la subida de los precios de legumbres y hortalizas frescas.

La tasa interanual del IPC se mantuvo en marzo en valores negativos en todas las comunidades autónomas. Registraron tasas inferiores a la media nacional ocho de ellas, correspondiendo las menores tasas a Castilla-La Mancha (-1,4%) y a Galicia, Comunitat Valenciana, Cantabria y Castilla y León, todas ellas con una tasa del -1,1%. Entre las comunidades con tasas de variación del IPC superiores a la media nacional, el País Vasco (-0,4%) y Cataluña (-0,6%) registraron las mayores tasas. La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en marzo en el -0,8%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de marzo, cuya tasa anual se sitúa en el -1%, igual que la del mes anterior. Si se compara esta tasa con la adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en dicho mes (-0,1%), el diferencial de inflación favorable a España se amplía una décima, situándose en -0,9 puntos porcentuales.

En resumen, la tasa interanual del IPC se ha mantenido en marzo en el nivel de febrero debido una mayor inflación de la alimentación no elaborada y de los servicios que ha compensado la intensificación en la caída de los precios de los productos energéticos. La inflación subyacente se ha incrementado una décima, hasta el 1,1%, lo que refleja el dinamismo del consumo privado. El diferencial de inflación favorable a España frente a la zona euro mejora una décima, con los consiguientes efectos favorables sobre la competitividad y sobre nuestras exportaciones.

‘Derecho al olvido’

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública el 13 de mayo de 2014 una sentencia que establece, como ya venía aplicando la Agencia en sus resoluciones, que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre.

Cinco puntos clave para ejercer el ‘derecho al olvido’ – agpd.es

1. ¿Qué es el ‘derecho al olvido’?

El denominado ‘derecho al olvido’ es la manifestación de los tradicionales derechos de y cancelación y oposición aplicados a los buscadores de internet. El ‘derecho al olvido’ hace referencia al derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. En concreto, incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información).

2. ¿Puedo ejercerlo frente al buscador sin acudir previamente a la fuente original?

Sí. Los motores de búsqueda y los editores originales realizan dos tratamientos de datos diferenciados, con legitimaciones diferentes y también con un impacto diferente sobre la privacidad de las personas. Por eso puede suceder, y de hecho sucede con frecuencia, que no proceda conceder el derecho frente al editor y sí frente al motor de búsqueda, ya que la difusión universal que realiza el buscador, sumado a la información adicional que facilita sobre el mismo individuo cuando se busca por su nombre, puede tener un impacto desproporcionado sobre su privacidad.
3. Si lo ejerzo frente a un buscador, ¿la información desaparecerá de internet?

No. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2014 declara expresamente en este sentido que el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición realizado frente a los buscadores sólo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. El enlace que se muestra en el buscador sólo dejará de ser visible cuando la búsqueda se realice a través del nombre de la persona que ejerció su derecho. Las fuentes permanecen inalteradas y el resultado se seguirá mostrando cuando la búsqueda se realice por cualquier otra palabra o término distinta al nombre del afectado.

4. ¿Cómo puedo ejercerlo?

La legislación española establece que para ejercer los derechos de cancelación y oposición (y, por tanto, el ‘derecho al olvido’) es imprescindible que el ciudadano se dirija en primer lugar a la entidad que está tratando sus datos, en este caso al buscador. Los buscadores mayoritarios han habilitado sus propios formularios (Google,  Bing o Yahoo) para recibir las peticiones de ejercicio de derechos en este ámbito. Si la entidad no responde a la petición realizada o el ciudadano considera que la respuesta que recibe no es la adecuada, puede solicitar que la Agencia Española de Protección de Datos tutele su derecho frente al responsable. En función de las circunstancias de cada caso concreto, la Agencia determinará si lo estima o no. Esta decisión de la Agencia, a su vez, es recurrible ante los Tribunales.

5. ¿Limita el ‘derecho al olvido’ el derecho a recibir información?

No. En el caso de los buscadores, la sentencia señala que es necesario realizar una ponderación caso por caso para alcanzar un equilibrio entre los diferentes derechos e intereses. Dado que es imprescindible valorar las circunstancias de cada solicitud y que se debe tener en cuenta sistemáticamente el interés de los usuarios en acceder a una información, aquellas que resulten de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública no serán aceptadas.

Resoluciones AEPD

Los ciudadanos recurren a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que tutele su derecho cuando, tras haberse dirigido al buscador, este no ha contestado o no lo ha hecho de la forma que el ciudadano considera adecuada. A continuación se detallan algunos ejemplos de procedimientos tramitados por la Agencia a modo de orientación. Si desea acceder a un número mayor de resoluciones puede consultar esta sección.

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa nº 38/16
Luxemburgo, 12 de abril de 2016
Audiencia solemne del Tribunal de Justicia
Entrada en funciones de nuevos Jueces en el Tribunal General de la Unión Europea y en el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea
Mediante resolución de 23 de marzo de 2016, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros nombraron Jueces del Tribunal General de la Unión Europea, para el período comprendido entre el 13 de abril de 2016 y el 31 de agosto de 2016, a los Sres. Zoltán Csehi y Constantinos Iliopoulos, a las Sras. Anna Marcoulli y Nina Półtorak y al Sr. Dean Spielmann. Los Sres. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y Virgilijus Valančius han sido nombrados Jueces del Tribunal General para el período comprendido entre el 13 de abril de 2016 y el 31 de agosto de 2019.
Estos nombramientos marcan la primera etapa de la aplicación de la reforma de la arquitectura jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prevé un aumento del número de Jueces del Tribunal General y una evolución de la estructura de la Institución, con el traspaso al Tribunal General de la Unión Europea de la competencia para pronunciarse en primera instancia en los litigios en materia de función pública europea y la disolución del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.
Por otra parte, mediante resolución de 22 de marzo de 2016, el Consejo de la Unión Europea nombró a los Sres. Alexander Kornezov y João Sant’Anna Jueces del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea para el período comprendido entre el 13 de abril de 2016 y la fecha del traspaso de la competencia de dicho órgano jurisdiccional al Tribunal General de la Unión Europea.
El 13 de abril de 2016 tendrá lugar una audiencia solemne del Tribunal de Justicia con motivo de la toma de posesión y entrada en funciones de los nuevos Jueces.
La ceremonia se retransmitirá en directo el 13 de abril de 2016 a partir de las 17h30 en este sitio: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.
Curriculum vitae de los nuevos Jueces
Constantinos Iliopoulos
Nacido en 1948; Licenciado en Derecho por la Universidad de Atenas (1971); Licenciado en Ciencias Económicas (estudios de postgrado) por la Universidad de Economía de Atenas (1974); causa alta en el Colegio de Abogados de Atenas (1973); Doctor en Derecho por la Universidad de Hamburgo (1984); Abogado (1973-2016); profesor de Derecho económico internacional y europeo (2007-2015) y profesor en el programa de Master en Derecho internacional y en Derecho europeo de la energía (2015-2016) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tracia; ayudante (1980-1984), encargado de curso (1992-2006) y profesor invitado (2015) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Hamburgo; miembro de la Comisión de la Competencia helénica
(1992-2006); asesor jurídico del Ministro de Desarrollo Económico y de la Energía (2007-2009); asesor jurídico nombrado por el Gobierno de la República de Chipre (2002-2003); miembro del Consejo de Administración del Centro de Derecho Económico Internacional y Europeo de Tesalónica (2005-2011); tesorero (1987-2000) y Secretario General (2000-2016) de la Asociación Helénica de Derecho Europeo; miembro fundador y Secretario General de la Asociación Helénica del Derecho de la Energía (2012-2016); Vicepresidente de la Asociación Germano-helénica de Juristas (Hamburgo) (1987-2016); Secretario General de la Asociación Greco-alemana de Juristas (Atenas) (1990-2016); autor de numerosas publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 13 de abril de 2016.
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Nacido en 1957; Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979) y Master por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts (Estados Unidos) (1985); profesor de Derecho en la Universidad CEU San Pablo (1985-1993); Letrado del Consejo de Estado (1983-1996); Secretario General del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de la Fundación Juan March (1991-1996); Subsecretario del Ministerio del Interior (1996-2001); asesor jurídico de empresas (2001-2003); Abogado (2004-2005); Director del Master en Relaciones Internacionales y profesor de Derecho en el Instituto de Empresa (2007-2013); Letrado Mayor del Consejo de Estado (2005-2016); Juez del Tribunal General desde el 13 de abril de 2016.
Dean Spielmann
Nacido en 1962; Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina (1988) y Master of Laws por la Universidad de Cambridge (1990); ayudante de investigación en la Universidad Católica de Lovaina (1991-1997); Abogado del Colegio de Abogados de Luxemburgo (1989-2004); miembro de los Comités de Derechos Humanos y de Derecho Penal del Consejo de Colegios de Abogados de la Unión Europea (CCBE) (2002-2004); miembro de la red de la Unión Europea de expertos independientes en materia de derechos fundamentales (2002-2004); miembro de la Comisión Consultiva de Derechos Humanos de Luxemburgo (2000-2004); Juez (2004-2015), Presidente de Sección (2011-2012), Vicepresidente (2012) y posteriormente Presidente (2012-2015) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; encargado de curso asociado en la Universidad de Luxemburgo (1996-2006); conferenciante en la Universidad de Nancy 2 (1997-2009); miembro del Institut grand-ducal, sección de Ciencias morales y políticas (desde 2002); Honorary Fellow del Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge (desde 2013); Honorary Bencher del Gray’s Inn de Londres (desde 2013); profesor honorario del University College de la Universidad de Londres (desde 2013); miembro de comités científicos de varias revistas jurídicas; autor de numerosas publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 13 de abril de 2016.
Virgilijus Valančius
Nacido en 1963; Licenciado en Derecho por la Universidad de Vilna (1986); Doctor en Derecho (2000); Fiscal de Vilna (1986-1990); Juez (1991-1994) y Vicepresidente (1993-1994) del Tribunal de Primera Instancia de Vilna; Juez y Presidente de la Sala de lo Civil (1995-2002) del Tribunal de apelación de Lituania; Juez (2002-2013) y Presidente (2002-2008) del Tribunal Supremo Administrativo de Lituania; encargado de curso en la Universidad de Vilna (1997) y en la Universidad Mykolas Romeris (1998-2004); profesor asociado (2004-2008), Jefe del Departamento de procedimiento civil (2002-2006) y profesor ayudante (desde 2008) en la Universidad Mykolas Romeris; Presidente de la Asociación Europea de Magistrados (AEM) (2006-2008); Vicepresidente de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) (2006-2014); miembro del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) (2000-2014); miembro del Consejo de
Administración de la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea (ACA-Europe) (2010-2013); miembro del Comité consultivo de la Academia de Derecho Europeo (ERA) (2008-2011); Juez del Tribunal General desde el 13 de abril de 2016.
Zoltán Csehi
Nacido en 1965; Licenciado en Derecho por la Universidad Loránd Eötvös de Budapest (1990), en Historia del Arte (1992) y Master of Laws por la Universidad de Heidelberg (1991); Doctor en Derecho (2004); Abogado del Colegio de Abogados de Budapest (1995-2016); profesor asociado (1991-2005) y profesor titular de Derecho (2005-2016) en la Universidad Loránd Eötvös; Jefe del Departamento de Derecho mercantil (2007-2013), posteriormente Jefe del Departamento de Derecho privado y mercantil, así como profesor (2013-2016) en la Universidad Católica Péter Pázmány de Budapest; profesor invitado en la Universidad Católica de Lyon (2013-2016); árbitro en la Corte Permanente de Arbitraje de la Bolsa húngara y árbitro ad hoc (2004-2016); Juez del Tribunal General desde el 13 de abril de 2016.
Nina Półtorak
Nacida en 1971; Licenciada en Derecho por la Universidad Jagellonne de Cracovia (1995); Doctora en Derecho (2001); Doctora en Ciencias Jurídicas (2011); profesora asociada (2003-2013) y posteriormente titular (desde 2013) de la Cátedra de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Jagellonne; Directora de programas de estudios de postgrado en Derecho de la Unión Europea en la Universidad Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar en la Universidad de Oxford (1998) y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (2005); causa alta en el Colegio de Abogados de Cracovia (2000); asesora jurídica (2000-2012); Juez del Tribunal administrativo del voivodato de Cracovia (2012-2016); transferida en comisión de servicios al Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República de Polonia (2014-2016); Directora del Departamento de Derecho europeo del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo (2013-2016); autora de numerosas publicaciones en Derecho europeo; Juez del Tribunal General desde el 13 de abril de 2016.
Anna Marcoulli
Nacida en 1974; Licenciada en Derecho por la Universidad de East Anglia (1995) y Master of Laws por la Universidad de Bristol (1996); causa alta en el Colegio de Abogados de Chipre (1997); miembro del Servicio jurídico de la República de Chipre, asignada al Departamento de Derecho de la Unión Europea (1998-2008); experta nacional en comisión de servicios en la División «Investigación y Documentación» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2005-2007); asesora jurídica de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea (2012); miembro del Servicio jurídico de la Comisión Europea (2008-2016); Juez del Tribunal General desde el 13 de abril de 2016.
João Sant’Anna
Nacido en 1957; Licenciado en Derecho por la Universidad Clásica de Lisboa (1980); instructor de Derecho administrativo en la Universidad Clásica de Lisboa (1979-1980); estudios en el ámbito de la propiedad intelectual en el Instituto Max-Planck de Múnich (1982-1984); administrador y posteriormente Jefe de División del Ministerio del Interior (1980-1986); Abogado (1981-1986); administrador en el Parlamento Europeo dentro de la Dirección General de Información y Relaciones Públicas (1986-1987), de la Dirección General de Investigación y Estudios (1987-1992), de la Dirección General de Personal, Presupuesto y Finanzas (1992-1996) y del Servicio
jurídico (1996-2000); Jefe del Departamento administrativo y financiero (2000-2007) y posteriormente Director del Departamento jurídico (2007-2011) y de la Dirección A (2012-2016) del Defensor del Pueblo Europeo; Juez del Tribunal de la Función Pública desde el 13 de abril de 2016.
Alexander Kornezov
Nacido en 1978; Licenciado en Derecho por la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía (2002) y LL.M. en Derecho europeo por el Colegio de Europa de Brujas (2004); Doctor en Derecho (2008); Abogado del Colegio de Abogados de Bruselas (2004-2006); profesor ayudante de Derecho procesal de la Unión Europea en la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía (2008-2012) y en la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía (2010-2013); profesor asociado de Derecho de la Unión Europea y de Derecho internacional privado en la Academia Búlgara de Ciencias (desde 2014); encargado de curso invitado en la Universidad de Cambridge y en la Universidad Católica de Lovaina; letrado del Tribunal de Justicia (2007-2016); fundador y miembro del Comité director de la Asociación búlgara de Derecho europeo; redactor jefe de la revista de Derecho europeo Evropeiski praven pregled; autor de numerosas publicaciones en materia de Derecho europeo; Juez del Tribunal de la Función Pública desde el 13 de abril de 2016.

Viernes, 15 de abril de 2016

El Tribunal Supremo confirma la condena a Santander Consumer a pagar a 230 usuarios por incumplimiento

El alto tribunal confirma la sentencia dictada el 28 de octubre de 2013 por la Audiencia de Madrid al rechazar la pretensión de Santander Consumer de que no podía aplicarse al caso la Ley de Crédito al Consumo, porque los préstamos superaban el límite de 18.040 euros

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala I del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito a devolver diferentes cantidades a 230 personas por incumplimiento del servicio de mantenimiento de su vehículo que contrataron con la “fórmula Otaysa”, con financiación de dicha entidad financiera. La comercialización de dicho producto fue fruto de un contrato firmado en 1997 entre Otaysa Turismos e Hispamer Servicios Financieros, ésta última absorbida posteriormente por Santander Consumer.

El Supremo confirma la sentencia dictada el 28 de octubre de 2013 por la Audiencia de Madrid al rechazar la pretensión de Santander Consumer de que no podía aplicarse al caso la Ley de Crédito al Consumo, porque los préstamos superaban el límite de 18.040 euros. El alto tribunal ratifica el criterio de la Audiencia de que no se alcanzaba esa cifra tope porque debía distinguirse la parte del préstamo concedida para atender reparaciones y servicios de la otorgada para la compra del vehículo.

Así, la sentencia señala que cuando las “relaciones o actos de consumo resulten claramente diferenciables, por su naturaleza y objeto, caso que nos ocupa, en donde la financiación da cobertura a la transmisión de un bien (compra del vehículo), a una prestación de servicios (mantenimiento del vehículo) y al pago del seguro y comisiones derivadas; la función tuitiva de la norma se proyecta específicamente sobre cada diferenciado acto de consumo a los efectos de su ámbito de aplicación. De no ser así en estos casos, la norma resultaría difícilmente aplicable por exceder el límite máximo establecido a tal efecto (3 millones de pesetas)”.

“De ahí que el último inciso del artículo 2.1.a) aluda expresamente a ‘la adquisición de un mismo bien o servicio’ y no a varios bienes o a servicios distintos. Por lo que aunque el préstamo concedido fuese formalmente documentado en un único contrato, no obstante, no escapa de la aplicación de la norma en atención a la cuantía reclamada por el concreto y diferenciado servicio que resultó incumplido”.

Informe sobre la estabilidad financiera mundial de abril de 2016
Resumen ejecutivo – imf.org – Fondo Monetario Internacional
Los riesgos para la estabilidad financiera mundial se han incrementado desde la publicación de la edición de octubre de 2015 del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR, por sus siglas en inglés). En las economías avanzadas, las perspectivas se han deteriorado debido a la creciente incertidumbre y los reveses sufridos en el crecimiento y la confianza. Las perturbaciones en los mercados de activos internacionales han exacerbado estas presiones. El descenso de los precios del petróleo y las materias primas ha mantenido elevados los riesgos en las economías de mercados emergentes, mientras que la mayor incertidumbre en torno a la transición del modelo de crecimiento de China ha aumentado los efectos de contagio en los mercados mundiales. Estos acontecimientos han implicado un endurecimiento de las condiciones financieras, la reducción del apetito de riesgo y el incremento de los riesgos de crédito, y han entorpecido el saneamiento de los balances, debilitando así la estabilidad financiera.
Muchos precios de mercado sufrieron caídas drásticas durante la turbulencia experimentada en enero y febrero, lo cual situó las valoraciones de los activos en niveles inferiores a los compatibles con fundamentos económicos que apuntan a una senda de crecimiento constante pero que mejora lentamente (véase la edición de abril de 2016 de Perspectivas de la economía mundial, o informe WEO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la intensificación de la volatilidad del mercado y la aversión al riesgo podrían obedecer a un aumento de los riesgos económicos, financieros y políticos, así como a una menor confianza en las políticas. La recuperación de los precios de los activos a partir de febrero ha anulado [gran parte de] dichas pérdidas y ha reducido la volatilidad. La actitud del mercado se ha visto respaldada por la subida de los precios del petróleo y las materias primas, los datos más sólidos de Estados Unidos y las medidas de apoyo de los bancos centrales. No obstante, el efecto neto de la turbulencia ha sido un shock de la confianza, con repercusiones negativas para la estabilidad financiera.
La conclusión principal del presente informe es que se requieren medidas adicionales que den paso a una combinación de políticas más equilibrada y potente para mejorar las perspectivas de crecimiento e inflación y para conseguir la estabilidad financiera. De no ser así, es posible que reaparezca la turbulencia en los mercados. En tales circunstancias, el aumento de las primas de riesgo podría provocar un nuevo endurecimiento de las condiciones financieras que daría lugar a una perniciosa cadena de interacciones entre la fragilidad de la confianza, el crecimiento débil, niveles más bajos de inflación y cargas de deuda cada vez más pesadas. Las perturbaciones en los mercados mundiales de activos podrían incrementar los riesgos de caer en una desaceleración más grave y prolongada, marcada por un estancamiento financiero y económico. En un contexto de estancamiento financiero, es posible que las instituciones financieras que se encargan de asignar capital y movilizar el ahorro deban hacer frente a balances deteriorados durante largo tiempo. La solidez financiera podría verse erosionada hasta tal punto que tanto el crecimiento económico como la estabilidad financiera se viesen afectados negativamente en el mediano plazo. En un escenario tal, para 2021 el producto mundial podría haber caído un 3,9% con respecto al escenario base.
Es necesario que las autoridades económicas aprovechen la actual recuperación económica y establezcan una senda de crecimiento y estabilidad financiera más sólida; para ello, deben abordar desafíos a escala mundial en tres frentes: los problemas heredados en las economías avanzadas, las elevadas vulnerabilidades en los mercados emergentes y los mayores riesgos sistémicos de liquidez en los mercados. Los avances en estos frentes permitirán a las economías del mundo dar un giro decisivo hacia un sistema financiero sólido y saludable y hacia una recuperación sostenida. En un escenario tal, para 2018 la producción mundial podría aumentar un 1,7% con respecto al escenario base.
Las economías avanzadas deben abordar los problemas heredados de la crisis. Los bancos de las economías avanzadas se han vuelto más seguros en los últimos años; han ampliado sus defensas de capital y liquidez y han avanzado en el saneamiento de balances. No obstante, a pesar de estos avances, a principios de año los bancos se vieron sometidos a presiones del mercado, como consecuencia de inquietudes en torno a la rentabilidad del modelo de negocio bancario en un entorno económico débil. Aproximadamente el 15% de los bancos de las economías avanzadas (según activos) enfrentan importantes dificultades para poder alcanzar una rentabilidad sostenible sin necesidad de reformas. En la zona del euro, las presiones del mercado también pusieron de manifiesto la existencia de problemas heredados de larga data, dejando claro que no se puede seguir aplazando una resolución más completa de los problemas de los bancos europeos. La abultada cartera de préstamos en mora es un problema que debe abordarse con urgencia mediante una estrategia integral, y con el tiempo será necesario abordar la capacidad excedentaria del sistema bancario de la zona del euro. En Estados Unidos, los mercados hipotecarios —situados en el epicentro de la crisis de 2008–09— siguen beneficiándose de un amplio respaldo del gobierno. Las autoridades deberían redoblar los esfuerzos para reducir el dominio de Fannie Mae y Freddie Mac y proseguir con la reforma de estas instituciones.
El capítulo 3 muestra que en las diferentes economías avanzadas la contribución del sector de los seguros —en especial, de los seguros de vida— al riesgo sistémico ha aumentado, aunque no en el mismo grado observado en el caso del sector bancario. Este incremento se debe en gran medida a las crecientes exposiciones comunes al riesgo agregado, en parte por una mayor sensibilidad a las tasas de interés entre las aseguradoras, y en parte por las mayores correlaciones entre las distintas clases de activos. Por lo tanto, de producirse un shock adverso, es probable que las aseguradoras no puedan cumplir su papel de intermediarios financieros en un momento en que otros segmentos del sistema financiero también tienen dificultades para hacerlo.
Estas conclusiones apuntan a que la supervisión y regulación de las empresas aseguradoras debería tener un enfoque más macroprudencial. Entre las medidas que podrían aplicarse cabe mencionar la realización regular de pruebas de tensión macroprudencial y la constitución de reservas de capital anticíclicas. Los pasos que complementarían la promoción de políticas macroprudenciales más contundentes incluyen la adopción internacional de normas de capitalización y transparencia en el sector. Además, las diferencias observadas en el comportamiento de los aseguradores más pequeños y más débiles merecen la atención de los supervisores.
Los mercados emergentes necesitan reforzar su capacidad de resistencia a los factores mundiales adversos. Las economías de mercados emergentes se enfrentan a una difícil combinación de factores: desaceleración del crecimiento, descenso de los precios de las materias primas y unas condiciones de crédito más restrictivas, en un entorno de mayor volatilidad de los flujos de inversión de cartera. Esta mezcla ha mantenido elevados los riesgos financieros y económicos. Hasta la fecha, muchas economías han demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia a esta coyuntura interna y externa más complicada, y las autoridades económicas han hecho un uso racional de las reservas con arreglo a marcos de políticas reforzados.
Las empresas del sector de las materias primas están recortando drásticamente sus gastos de capital, puesto que las pesadas cargas de deuda privada incrementan los riesgos para el crédito y los bancos. Los países exportadores de materias primas, así como los de Oriente Medio y el Cáucaso, están particularmente expuestos a las presiones en los diferentes segmentos de la economía real y en el sector financiero. El vínculo entre las empresas estatales y las entidades soberanas se ha intensificado, y podría provocar un aumento de los riesgos para la estabilidad fiscal y financiera en países que experimentan presiones de reembolso. En líneas más generales, la deuda correspondiente a sociedades no financieras con una capacidad de reembolso reducida ha ascendido a USD 650.000 millones, o 12% de la deuda total de las empresas cotizadas en bolsa analizadas en el presente informe. Las reservas de capital de los bancos son en general adecuadas, pero es probable que se vean sometidas a prueba por el deterioro de las ganancias y la desaceleración del ciclo de crédito.
En general, las economías de mercados emergentes disponen de las herramientas necesarias para incrementar su capacidad de resistencia y contrarrestar los efectos de los precios más bajos de las materias primas y la desaceleración del crecimiento y los flujos de capital. Las autoridades de las economías de mercados emergentes deben seguir utilizando sus reservas y el margen de maniobra de las políticas, si existen, para suavizar los ajustes y apuntalar los balances de las entidades soberanas y los bancos.
Esto implica recurrir a reservas externas, a la política fiscal y monetaria y a los marcos macroprudencial y de supervisión, entre otras herramientas. Los países que no disponen de reservas suficientes y cuyo margen de maniobra de las políticas es limitado deberían anticiparse y ajustar sus políticas macroeconómicas para hacer frente a sus vulnerabilidades, lo que puede incluir la búsqueda de ayuda externa.
El proceso de reequilibrio económico de China está afianzándose. El país ha registrado notables avances en el reequilibrio de su economía hacia nuevas fuentes de crecimiento y en la corrección de algunos riesgos para el sector financiero. Además, la regulación más estricta de las actividades del sistema bancario paralelo ha ayudado a orientar la composición del financiamiento hacia los préstamos bancarios y la emisión de bonos. Aun así, el reequilibrio de China es inherentemente complejo, y se necesita con urgencia que se adquiera un compromiso con un programa de políticas más amplio e integral, para anticiparse a las crecientes vulnerabilidades. La desaceleración del crecimiento ha erosionado la solidez del sector empresarial, y el descenso de la rentabilidad ha minado la capacidad de servicio de la deuda de empresas que son responsables de alrededor del 14% de la deuda de compañías que cotizan en bolsa, lo cual ha agravado las tensiones de los balances en todo el sistema. Un plan integral para abordar el sobreendeudamiento empresarial contribuiría a que el desapalancamiento ocurra de una manera fluida. El desapalancamiento empresarial debería ir acompañado de un fortalecimiento de los bancos y las redes de protección social, en especial para trabajadores desplazados en sectores con exceso de capacidad. Se debe formular sin demora un programa integral de reestructuraciones para abordar el problema los activos deteriorados y fortalecer los bancos, junto con un marco jurídico e institucional sólido que simplifique los procesos de quiebra y renegociación de la deuda.
El capítulo 2 concluye que los efectos de contagio de los shocks originados en los mercados emergentes que tienen un impacto en los precios de la renta variable (acciones) y los tipos de cambio se han intensificado sustancialmente, y que hoy por hoy ese impacto explica más de un tercio de la variación de los rendimientos de los activos. Esto destaca la importancia de que las autoridades tanto de las economías avanzadas como de los mercados emergentes tengan en cuenta la evolución económica y la evolución de las políticas en las economías de mercados emergentes a la hora de evaluar las condiciones macrofinancieras internas. Más que el tamaño de su economía y el grado de integración comercial, es el nivel de integración financiera de un país el factor clave que determina la importancia de una economía de mercado emergente como receptora y transmisora de efectos de contagio. Así, por ejemplo, el nivel de integración explica por qué el contagio puramente financiero proveniente de China sigue siendo menos significativo, a pesar de que el impacto de los shocks del crecimiento de China incide cada vez más en el rendimiento de la renta variable, tanto en las economías de mercados emergentes como en las avanzadas. A medida que continúe creciendo el papel de China en el sistema financiero internacional, será cada vez más importante la comunicación clara y oportuna de las decisiones del país en materia de política y la transparencia de los objetivos de sus políticas y de las estrategias para su logro. Dada la evidente importancia del endeudamiento empresarial y la intermediación de los fondos comunes de inversión como amplificadores de los efectos de contagio derivados de los shocks, será fundamental adaptar la supervisión y las políticas macroprudenciales para contener los riesgos sistémicos originados en estos canales.
Debe reforzarse la capacidad de resistencia de la liquidez del mercado. Como se ha señalado en informes anteriores, para evitar el riesgo de que los shocks del mercado se amplifiquen es necesario adoptar un enfoque integral para reducir los riesgos de retiradas de liquidez de los fondos comunes de inversión y reforzar los servicios que proporcionan liquidez a los mercados.
Es mucho lo que está en juego: En primer lugar, hay que evitar que aumenten los riesgos derivados de un debilitamiento del crecimiento y una mayor inestabilidad. Después, hay que afianzar el crecimiento y la estabilidad financiera más allá del escenario base. Se necesita una agenda de políticas de amplio alcance, con una combinación más equilibrada y potente de políticas, que incluya reformas financieras de mayor calado y que mantenga la holgura monetaria. Aumentar la confianza en las políticas ayudará a reducir vulnerabilidades, disipar las incertidumbres y poner en marcha una cadena de interacciones positivas entre los mercados financieros y la economía real.

Martes, 5 de abril de 2016

El Supremo ordena demoler las obras de rehabilitación del edificio del Conde de Fenosa (A Coruña)

La rehabilitación fue autorizada en 1997 por un acuerdo del Ayuntamiento coruñés que fue anulado por una sentencia de 20 de diciembre de 2001

Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es
La Sala III del Tribunal Supremo ha ordenado la demolición de las obras de rehabilitación del edificio del Conde de Fenosa, de A Coruña, para su restitución a la situación en que estaba antes de la rehabilitación autorizada en 1997 por un acuerdo del Ayuntamiento coruñés que fue anulado en sentencia de 20 de diciembre de 2001.

La sentencia anula dos autos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 2015, en cuanto desestimaron las pretensiones encaminadas a que continuase la ejecución de la referida sentencia de fecha 20 de diciembre de 2001, y ordena «que prosiga la ejecución de ésta en sus propios términos mediante la demolición de las obras de rehabilitación ejecutadas al amparo de la licencia municipal anulada en la citada sentencia para que el edificio en cuestión quede en la situación en que se encontraba antes del otorgamiento de aquélla”.

Asimismo, el Supremo declara en el fallo de la sentencia “que no procede actuación administrativa alguna cuya finalidad sea eludir el cumplimiento de la indicada sentencia pronunciada por la Sala de instancia con fecha 20 de diciembre de 2001”.

Dicha sentencia del Tribunal Superior de Galicia, de fecha 20 de diciembre de 2001, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una demandante en cuanto dirigido contra el apartado segundo del Acuerdo de 10 -11 -97 del Ayuntamiento de A Coruña por el que se otorgó licencia para la rehabilitación del inmueble sito en el nº 2 de la calle Fernando Macías para ser destinado a viviendas y locales comerciales, acto que fue anulado por ser contrario a derecho, “por lo que deberá procederse a su demolición”. El Supremo confirmó en marzo de 2006 ese fallo al rechazar el recurso de la inmobiliaria Fadesa.

La ejecución de la sentencia de diciembre de 2001 ha dado lugar a varios incidentes, entre ellos el auto dictado por el TSX de Galicia, el 2 de abril de 2013, que declaró la imposibilidad material de ejecución de la sentencia, auto que fue revocado por el Supremo el 8 de julio de 2014 señalando que “no concurre la causa de imposibilidad material de ejecutar dicha sentencia alegada por el Ayuntamiento de A Coruña”.

Tras esa decisión del Supremo, la representación de la demandante inicial reclamó al Tribunal Superior gallego que, entre otros actos de ejecución, estableciese un plazo improrrogable de seis meses para iniciar la demolición de las obras de rehabilitación amparadas en la licencia anulada por la sentencia de 20 de diciembre de 2001.

El alto tribunal de Galicia accedió a fijar un plazo de seis meses al Ayuntamiento coruñés para redactar y aprobar el proyecto técnico de demolición, pero rechazó indicar que esas obras tuviesen que tener, “como resultado último inexcusable, la restitución del edificio al estado que presentaba antes de su rehabilitación”.

En su sentencia, el Supremo constata primero que la sentencia de 20 de diciembre de 2001 continúa, catorce años después, sin haber sido cumplida en sus propios términos, como marca la Ley, debido a los distintos incidentes promovidos por la propia Administración municipal obligada al cumplimiento de la misma.

El TS señala que el TSXG no cumple la Ley cuando declara que la demolición no debe tener como resultado la restitución del edificio al estado anterior a su rehabilitación, “a pesar de que la licencia de rehabilitación fue anulada por aquella vieja sentencia firme de fecha 20 de diciembre de 2001, en la que, además, se ordenó expresamente la demolición de las obras amparadas en ella, y, hasta ahora, no han prosperado ninguno de los incidentes planteados por imposibilidad legal ni material de ejecutarla”.

Y añade: “Hay que recordar a la Sala de instancia que si se hubiese procedido a ejecutar la sentencia cuando ella misma declaró que no concurría imposibilidad legal de hacerlo, no se hubiese demorado tal ejecución hasta haberse aprobado distintas modificaciones del planeamiento urbanístico so pretexto del ius variandi de la Administración, cuando ello ha podido encubrir una decidida voluntad de no cumplirla”.

Jueves, 14 de abril de 2016

Un juez de Donostia anula la licencia para instalar una antena de telefonía móvil en el tejado de un inmueble

Estima el recurso de la comunidad de vecinos y de los responsables de un colegio cercano

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Donostia ha dado la razón a los vecinos de una comunidad de propietarios y a los responsables de un colegio al anular la licencia para la instalación de una antena de telefonía en el tejado de un inmueble.

Condena al Ayuntamiento y a Telefónica a pagar las costas del proceso y apela a la autonomía municipal para afirmar que los ayuntamientos pueden adoptar medidas que regulen la instalación de antenas y redes de telecomunicaciones.

Además, estima que la obligación de los ayuntamientos es adoptar medidas complementarias encaminadas a proteger a la población en según qué emplazamientos, refiriéndose fundamentalmente a las denominadas zonas sensibles como colegios, hospitales, parques y jardines públicos.

Sareb pone a la venta viviendas de segunda residencia desde 32.000€

07/04/2016 sareb.es
Por segundo año Sareb lanza el microsite www.tucasaatodacosta.com, que reúne unos 2.300 inmuebles, entre pisos y residencias unifamiliares

Los activos se ubican en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia y Murcia
Los precios oscilan entre los 32.100 euros de la vivienda más barata y los  866.300 euros de la más cara
Sareb ha iniciado, de cara a la temporada estival, una nueva campaña de «Tu casa a toda costa» (www.tucasaatodacosta.com), que  lanza al mercado 2.337 viviendas en provincias situadas en la costa.

Los inmuebles se reparten por nueve comunidades autónomas, especialmente en la Comunidad Valenciana, que reúne la mitad de las unidades en venta. En concreto, Castellón es la provincia con una oferta más numerosa, con 791 viviendas. En el Mediterráneo también hay ofertas en Cataluña, Baleares, Murcia y Andalucía. En esta última comunidad, se ofrecen más de medio centenar de viviendas en Huelva y Cádiz, igual que otras 49 en las Islas Canarias. Por último, en el Cantábrico existen 129 activos repartidos entre Galicia, Asturias y Cantabria.

La campaña, que pretende aprovechar el aumento de actividad en el mercado de segunda residencia en estas fechas, comercializa viviendas de tipología diversa. La más barata es un apartamento de obra nueva situado en Torrevieja (Alicante). Con un dormitorio y un baño, sale a la venta por 32.000 euros. Por su parte, la más cara es un chalet unifamiliar de más de 342 metros cuadrados en Calvià (Baleares), con un precio de 866.300 euros.

Sareb ha puesto en marcha hasta el 30 de agosto el microsite, en el que se pueden buscar viviendas por municipio. Cada registro va acompañado de una ficha con datos como la superficie, la distribución y algunas fotografías. Además existe la posibilidad de consultar su localización en un mapa y pedir información adicional directamente a la plataforma comercial que gestiona el activo.

Los cuatro servicers en los que se apoya Sareb (Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia) se encargan de la comercialización de los activos incluidos en esta campaña.