AIRE

La reducción del desempleo debe ser un objetivo prioritario del próximo Gobierno

El objetivo debe ser continuar creando empleo cada vez de mayor calidad

27 de Octubre 2016    cámara.es

Según las previsiones de la Cámara de España, la tasa de paro se mantendrá por debajo del 18,5% al finalizar 2017

Madrid, 27/10/2016. La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística confirma el cambio estructural en el funcionamiento del mercado laboral español, cuyas tasas de creación de empleo transcurren en paralelo al crecimiento de la actividad.

El mantenimiento de un ritmo sostenido de crecimiento económico desde el pasado ejercicio se está trasladando de modo eficaz al mercado de trabajo, como lo muestra el aumento del número de ocupados en 478.800 trabajadores durante el último año, lo que supone una variación anual del 2,65%. Este crecimiento es ligeramente superior al alcanzado en el trimestre previo (2,4%). Por su parte, el desempleo ha descendido en 530.000 personas durante los últimos 12 meses, situando la tasa de paro a finales del tercer trimestre en el 18,9%.

A corto plazo, la economía española probablemente mantendrá su inercia productiva, sobre la base del vigor de la demanda interna y con un activo sector exterior. Además, la previsible conformación inminente de nuevo Gobierno contribuirá positivamente a disipar las incertidumbres que han estado presentes durante el conjunto del año.

Previsiones de la Cámara de España

De hecho, las previsiones de la Cámara de Comercio de España vaticinan un crecimiento del 3,2% para el conjunto del año 2016, mostrando una leve desaceleración en 2017. No obstante, el año próximo el PIB todavía se mostrará muy dinámico, con un avance que podría situarse en el entorno del 2,6%. En este contexto, el empleo se incrementará un 2,8% en el conjunto de 2016 respecto al ejercicio precedente, aminorándose esta tasa hasta el 2% en 2017. Con ello, según el pronóstico de la Cámara de Comercio de España, la tasa de desempleo se situaría por debajo del 19% ya al cierre de 2016 y se mantendrá por debajo del 18,5% al finalizar 2017.

No obstante, la economía española también debe asumir determinados retos apremiantes, con probable influencia sobre la marcha del mercado de trabajo a corto plazo. En particular, el contexto exterior muestra síntomas de atonía, con un comercio internacional moderado y un encarecimiento del petróleo y ciertas materias primas que podría intensificarse en el futuro próximo. Al tiempo, a nivel interno, la política fiscal debe abordar de modo inaplazable el necesario cumplimiento de los compromisos adoptados en materia presupuestaria con nuestros socios comunitarios.

De cualquier modo, la reducción del desempleo debe ocupar un lugar destacado entre las prioridades del próximo Ejecutivo. No en vano, nuestra tasa de paro duplica al promedio de la zona euro y sigue siendo, tras Grecia, la más elevada de la Unión Europea.

Por ello, el diálogo constructivo entre las fuerzas políticas debe reforzar el actual marco laboral, capaz de seguir creando empleo, cada vez de mayor calidad, de modo eficiente. En particular, en aspectos como la reducción de los costes asociados a la contratación laboral, como la rebaja en las cotizaciones sociales satisfechas por las empresas, entre las más elevadas del entorno comunitario, o en la simplificación de los trámites precisos para la contratación de trabajadores. Sin olvidar la reforma de las políticas activas de empleo, entre otras medidas de urgente atención.

Todo ello, en el marco de un modelo productivo más innovador, más internacionalizado, más digitalizado, con más empresas y, en definitiva, con más y mejor empleo.

Principales datos

Los rasgos más destacables de la evolución de la EPA del tercer trimestre se concretan en una evolución de los asalariados con contrato por tiempo indefinido, que aumentaron en 213.100 personas a lo largo de los últimos 12 meses, con un crecimiento anual del 1,9%.

Por su parte, los asalariados con contratos temporales también experimentaron un sensible aumento del 6,2% anual, lo que supone cerca de 243.000 trabajadores adicionales en el último año.

El número de trabajadores por cuenta propia se incrementó en 22.500 personas desde el tercer trimestre de 2015, un 0,7% más.

BME negocia en septiembre 42.822 millones de euros en renta variable, un 39% más que en agosto

•El número de  negociaciones acumuladas hasta septiembre asciende a 41,4 millones, un 13% inferior al registrado en el mismo período del ejercicio pasado
•En septiembre, el volumen negociado en ETF se ha situado en 388 millones de euros, un 50% más que en agosto
•El volumen negociado en Derivados Financieros en septiembre aumenta un 154% respecto al mes anterior
•El MARF supera los 1.500 millones de euros en emisiones de Deuda Corporativa en los nueve primeros meses, cifra casi tres veces superior al mismo periodo de 2015

bolsamadrid.es

Renta Variable

BME ha negociado en Renta Variable durante los nueve primeros meses del año 513.394 millones de euros, un 31% menos que en el mismo período de 2015. El volumen de contratación en septiembre se ha situado en 42.822 millones de euros, un 39% más que en el mes anterior y un 31% menos que en el mismo mes de 2015.

El número de negociaciones acumuladas hasta septiembre asciende a 41,4 millones, un 13% inferior al registrado en el mismo período del ejercicio pasado. El número de negociaciones de septiembre se ha situado en 3,7 millones, un 18% más que en el mes anterior y un 25% menos que en el mismo mes de 2015. Las horquillas de los valores del IBEX 35® han seguido mejorando durante el mes.

El efectivo acumulado hasta septiembre en el segmento de ETF ha sido de 4.756 millones de euros, un 52% inferior al contabilizado en igual periodo del ejercicio anterior. En septiembre, el volumen negociado se ha situado en 388 millones de euros, un 50% más que en el mes pasado.

La cifra acumulada de negociaciones en ETFs hasta septiembre se sitúa en 121.991, un 9% menos que las registradas en los nueve primeros meses del pasado año. El número de negociones en septiembre se sitúa en las 11.537, lo que supone un 37,8% más que en el mes anterior y un 20% menos que en septiembre de 2015.

Warrants y Certificados

El número de emisiones de warrants y certificados admitidas a negociación en los nueve primeros meses de 2016 asciende a 5.245, un 12% menos que en el mismo periodo de 2015.

La actividad del mercado de warrants y certificados hasta septiembre alcanza los 555 millones de euros, un 37% menos que en el mismo periodo de 2015. Durante el mes de septiembre, el efectivo negociado ha alcanzado 62,2 millones de euros, un 43,9% más que en el mes anterior y un 10,9% menos que en el mismo mes de 2015.

Futuros y Opciones

El volumen negociado en septiembre en el mercado de Derivados se ha situado en 4,56 millones de contratos, un 154% por encima del registrado en el mes anterior. Ha destacado la negociación en Derivados sobre Índices. Se han negociado 539.195 Futuros IBEX 35 y 173.590 Futuros Mini IBEX, lo que supone un aumento del 14,4% y 26,9% respectivamente sobre el mes anterior. La negociación en Opciones sobre el IBEX 35 aumentó un 47,1% con 249.822 contratos negociados.

En Futuros sobre Acciones la negociación también ha sido elevada. Se han negociado 1.334.819 contratos, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo mes del año anterior. En Opciones sobre Acciones, se han negociado 2.250.184 contratos, un 0,6% por debajo del mismo mes del año anterior.

La posición abierta de los Futuros IBEX 35 a cierre de septiembre es de 91.842 contratos, un 4,4% más que al cierre de agosto pasado.

Renta Fija

La negociación en el mercado de Deuda Corporativa de BME se situó en el mes de septiembre en 13.149 millones de euros, lo que eleva a 133.161 millones de euros la cifra de negociación acumulada al término del tercer trimestre del año.

El MARF ha registrado un volumen de admisiones a negociación de 213 millones de euros en el mes de septiembre, más del doble (163%) del registrado en el mismo mes del pasado año, y 1.507 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses, cifra casi tres veces superior (154%) a la del mismo período del año anterior.

La negociación de Deuda Pública en el mes de septiembre en SENAF,  la plataforma electrónica de Deuda Pública de BME para mayoristas, fue de 21.066 millones de euros, más del doble (104%) que la registrada en septiembre de 2015. El volumen acumulado entre enero y septiembre asciende a 130.029 millones de euros, con un incremento del 75% respecto a los nueve primeros mes de 2015.

José Luis Bonet premiado como empresario líder del año por la Cámara de Comercio España-EE.UU.

En reconocimiento a su impulso a las empresas españolas, principales embajadoras de la marca España, y a su exitosa labor como presidente de Freixenet

28 de Octubre 2016 cámara.es

Madrid, 28/10/16.- El presidente de Freixenet y la Cámara de España, José Luis Bonet, recibe hoy el premio “Empresario líder del año”,  concedido por la Cámara de Comercio España-EE.UU., en una gala en Miami con motivo del 36º aniversario de la institución.

La Cámara de Comercio España-EE.UU. reconoce con este galardón el “extraordinario liderazgo de José Luis Bonet  como presidente de la Cámara de Comercio de España y su impulso a las empresas españolas que son las principales embajadoras de la marca España en el exterior. Asimismo,  premia su exitosa labor como presidente del Grupo Freixenet”.

A punto de cumplir su segundo año de vida, el próximo 19 de noviembre, la Cámara de España constituye una institución clave para incentivar la internacionalización y mejorar la competitividad de las empresas españolas.

La configuración actual de la Cámara de España, con presencia del sector público y el privado, las grandes empresas, las pymes y los autónomos, además de las cámaras de comercio territoriales y las cámaras en el exterior, convierte a la institución en un potente instrumento de representación empresarial y de vertebración y progreso económico.

En 2015 la Cámara de España, a través del conjunto de la red de cámaras de comercio, atendió a más de 53.000 empresas y realizó 525.000 acciones de internacionalización y más de 102.000 de apoyo a la competitividad.

En los 6 próximos años, la Cámara de España –como organismo intermedio para la gestión de fondos europeos- va a gestionar más de 400 millones de euros del FEDER y el Fondo Social Europeo,  que va a destinar a mejorar el capital físico, humano y comercial  de las pymes y a prepararlas para competir en un mercado global.

La Cámara de Comercio España-EE.UU. en Miami ha concedido además el premio “Empresa del Año” a BBVA Compass.

24 de octubre de 2016 mineco.gob.es
El Tesoro reduce la emisión neta de 2016 en 5.000 millones gracias al ajuste fiscal y los menores costes
La emisión neta se rebaja a 35.000 millones de euros, lo que contribuirá a moderar los pasivos del Estado
Hasta la fecha se ha completado ya el 89,7% del programa de financiación a medio y largo plazo
Se ha solicitado la amortización anticipada de otros 1.000 millones del préstamo del MEDE para el sector financiero
El Tesoro público español reducirá en otros 5.000 millones de euros la emisión neta prevista para 2016, que quedará así en 35.000 millones de euros. Las buenas condiciones a las que se ha financiado el Tesoro público durante el ejercicio, a costes mínimos históricos, y el proceso de reducción del déficit público permiten este nuevo recorte de las emisiones, el segundo que se efectúa durante 2016. La mejora permite también una nueva amortización anticipada del préstamo del MEDE para la recapitalización del sector financiero, lo que contribuirá al objetivo de reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB.

A comienzos de 2016 el Tesoro Público fijó como objetivo una emisión neta de 45.000 millones de euros. En abril de 2016 se comunicó la intención de reducir este objetivo hasta los 40.000 millones de euros. Finalmente, y como reflejo del ajuste fiscal, la financiación neta del Tesoro en 2016 se reducirá adicionalmente en 5.000 millones de euros, hasta situarse en 35.000 millones. Esta reducción incorpora una amortización anticipada parcial y voluntaria del préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al Reino de España, por importe de 1.000 millones de euros, que se comunicará oficialmente mañana en el Consejo de Directores de la institución. En estos momentos el Tesoro español es capaz de financiarse en unas condiciones financieras mejores que el préstamo del MEDE. Es la cuarta vez desde que se acordó el préstamo que se decide una amortización parcial anticipada.

Con ello se prosigue en la senda de reducción de la ratio de deuda sobre PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas iniciada en 2015. Esta ratio se situó en 2015 en el 99,8% del PIB y se estima que en 2016 alcance niveles inferiores.

Hasta la fecha el Tesoro público ha colocado 107.042 millones de euros, lo que representa el 89,7% de la previsión de emisión a medio y largo plazo para 2016. La evolución a la baja de los tipos de interés se traduce en que el coste medio de la emisión en 2016 se sitúa en el 0,65%, el más bajo de la historia, mientras que la vida media de la deuda en circulación alcanza los 6,78 años.

La ocupación se acelera en el tercer trimestre con 226.500 empleos creados, el mejor dato desde 2005

Jueves 27 de octubre de 2016 – lamoncloa.gob.es
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El número de parados se ha reducido en 530.000 personas en el último año y la tasa de paro baja al 18,91%. Desde el peor momento de la crisis, se han creado 1,577 millones de empleos netos y hay casi dos millones de parados menos.

La evolución del mercado de trabajo durante el tercer trimestre del año sigue la trayectoria de mejora en línea con la recuperación de la economía española. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el INE, entre los meses de junio y septiembre se han creado 226.500 empleos, la cifra más alta para un tercer trimestre desde 2005; es decir, antes del inicio de la recesión. La creación de empleo aumenta a un ritmo anual del 2,65%, 0,22 puntos más que en el segundo trimestre, lo que se traduce en la creación de 478.800 puestos de trabajo en el último año, hasta los 18,527 millones de ocupados. La mayor parte del empleo creado es en el sector privado y a tiempo completo. El número de parados se ha reducido en 530.000 personas, a un ritmo del 10,93% anual, hasta los 4,32 millones de parados, el nivel más bajo desde finales de 2009. La tasa de paro se sitúa en el 18,91%, 2,27 puntos menos que hace un año, y baja por primera vez del 20% en los últimos seis años.

Las cifras del mercado de trabajo del tercer trimestre suponen un avance en los objetivos marcados para la superación de la crisis; en especial, la meta de los 20 millones de ocupados y seguir reduciendo la tasa de paro. Desde los peores momentos de la recesión (el primer trimestre de 2014 en el caso del empleo y el primer trimestre de 2013 en el caso del paro), se han creado más de 1,57 millones de empleos netos y el desempleo ha bajado en 1,957 millones de personas. La tasa de paro ha bajado desde entonces ocho puntos.

Según la EPA del tercer trimestre del año, el empleo ha aumentado en  226.500 personas respecto del segundo trimestre. Casi la totalidad del empleo se ha creado en el sector privado (217.700), mientras que en el sector público la ocupación ha aumentado en 8.900. Los asalariados con contrato indefinido han bajado en 29.100 y los de contrato temporal suben 245.900, dato que se relaciona con factores estacionales, en concreto, con la mayor actividad en hostelería y turismo. Por sectores, aumenta el empleo en los no agrarios, principalmente en los servicios, seguido de industria y construcción. Todo el empleo creado es a tiempo completo (330.500 personas más) mientras baja el número de ocupados con contrato a tiempo parcial (104.000 menos).

En los últimos doce meses el empleo ha aumentado en 478.800 personas, la mayor parte en el sector privado (el 96,3% del total) y a tiempo completo (532.100 personas más). Se ha creado empleo en todos los sectores, sobre todo en servicios, aunque también en agricultura, construcción e industria. El número de asalariados con contrato indefinido aumenta en 213.100 y los que tienen contrato temporal se eleva en 242.600. Con ello, la tasa de temporalidad se sitúa en el 26,96%, 81 centésimas superior a la de un año antes.

En cuanto a las cifras de paro, en el tercer trimestre se ha producido un descenso de 253.900, hasta los 4,32 millones, el menor nivel desde finales de 2009. El paro ha bajado en el trimestre en todos los sectores, especialmente, en el de servicios. El número de parados que perdieron su empleo hace más de un año se reduce en 123.500 y disminuye en 1.600 parados los que buscan el primer empleo. En el último año, el paro ha bajado en 530.000 personas, a una tasa del -10,93%. Baja en todos los sectores menos en industria, que se mantiene.

La tasa de paro se ha situado en el 18,91% en el tercer trimestre del año, 1,09 puntos menos que en el segundo trimestre y 2,27 puntos por debajo de hace un año. En los últimos doce meses, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha reducido en 134.700, hasta los 1,438 millones. Por su parte, el número de hogares en los que todos los miembros activos están ocupados ha aumentado en 357.000, hasta los 9,823 millones.

Miércoles, 26 de octubre de 2016 cgpj.es

Conclusiones de las XXVI Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España

Los Jueces y Juezas Decanos de España clausuran este miércoles en Málaga sus XXVI Jornadas Nacionales con la presentación del documento de conclusiones, en el que consideran que “hoy más que nunca es necesario un Pacto de Estado en materia de Justicia en busca de la eficacia del trabajo judicial y que refuerce la apariencia de independencia a nivel institucional”

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los Jueces Decanos reclaman un Pacto de Estado en materia de Justicia en busca de la eficacia del trabajo judicial y que refuerce la apariencia de independencia a nivel institucional

Aplauden la creación por el CGPJ de la Unidad de Apoyo para las Causas por Corrupción (UACC)

Los Jueces y Juezas Decanos de España han clausurado este miércoles en Málaga sus XXVI Jornadas Nacionales con la presentación del documento de conclusiones, en el que consideran que “hoy más que nunca es necesario un Pacto de Estado en materia de Justicia en busca de la eficacia del trabajo judicial y que refuerce la apariencia de independencia a nivel institucional”.

En el documento también se aplaude la creación por parte del Consejo General del Poder Judicial de la Unidad de Apoyo para las Causas por Corrupción (UACC) y se señala que “debe potenciarse su papel para recabar la colaboración de las Administraciones Públicas y en particular la puesta a disposición de los jueces instructores de causas por corrupción de especialistas en economía, contabilidad, informática y otras materias”.

Las Jornadas, que han reunido a los Jueces Decanos de todas las capitales de provincia y de las ciudades más importantes de España, fueron inauguradas el pasado lunes 24 por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

El documento se puede consultar en la página web del Consejo General del Poder Judicial

www.curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 112/16
Luxemburgo, 19 de octubre de 2016
Sentencia en el asunto C-582/14
Patrick Breyer / Bundesrepublik Deutschland
El gestor de un sitio de Internet puede tener un interés legítimo en conservar ciertos datos personales de los usuarios para defenderse de los ataques cibernéticos
La dirección de protocolo de Internet dinámica de un usuario constituye, para el gestor del sitio, un dato personal cuando dicho gestor dispone de medios legales que le permitan identificar al usuario de que se trate gracias a la información suplementaria de que dispone el proveedor de acceso a Internet del usuario
El Sr. Patrick Breyer se opone, ante los órganos jurisdiccionales alemanes, a que los sitios de Internet de los organismos federales alemanes que consulta registren y conserven sus direcciones de protocolo de Internet («direcciones IP»). 1 Estos organismos registran y conservan, además de la fecha y hora de la consulta, las direcciones IP de los usuarios para prevenir ataques cibernéticos y posibilitar el ejercicio de acciones penales.
El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania) se ha dirigido al Tribunal de Justicia para averiguar si, en este contexto, las direcciones IP «dinámicas» constituyen también, en relación con el gestor del sitio de Internet, un dato personal y disfrutan así de la protección prevista para tales datos. Una dirección IP dinámica es una dirección IP que cambia con ocasión de cada nueva conexión a Internet. A diferencia de las direcciones IP estáticas, las direcciones IP dinámicas no permiten relacionar, mediante ficheros accesibles al público, un ordenador concreto y la conexión física a la red utilizada por el proveedor de acceso a Internet. Así, únicamente el proveedor de acceso a Internet del Sr. Breyer dispone de la información suplementaria necesaria para identificarle.
Por otro lado, el Bundesgerichtshof desea saber si el gestor de un sitio de Internet debe, al menos en principio, tener la posibilidad de recoger y utilizar posteriormente los datos personales de los usuarios con el fin de garantizar el funcionamiento general de su sitio. Observa, en ese sentido, que la mayor parte de la doctrina alemana interpreta la normativa alemana en la materia en el sentido de que los datos deben ser eliminados al final de la sesión de consulta salvo que sean necesarios a efectos de facturación.
Mediante la sentencia que se dicta hoy, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que una dirección IP dinámica registrada por un «proveedor de servicios de medios en línea» (es decir, por el gestor de un sitio de Internet, en el presente asunto los organismos federales alemanes) durante la consulta de su sitio de Internet accesible al público constituye, respecto al gestor, un dato personal 2 cuando éste dispone de medios legales que le permitan identificar al usuario gracias a la información suplementaria de que dispone el proveedor de acceso a Internet de dicho usuario.
El Tribunal de Justicia señala, a este respecto, que parece que existen vías legales en Alemania que permiten al proveedor de servicios de medios en línea 3 dirigirse, en particular en caso de ataques cibernéticos, a la autoridad competente a fin de que ésta lleve a cabo las actuaciones necesarias para obtener dicha información del proveedor de acceso a Internet y para ejercitar a continuación acciones penales.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión 4 se opone a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual un prestador de servicios de medios en línea sólo puede recoger y utilizar datos personales del usuario de esos servicios, sin el consentimiento de éste, cuando dicha recogida y utilización sean necesarias para posibilitar y facturar el uso concreto de dichos servicios por ese usuario, sin que el objetivo de garantizar el funcionamiento general de esos mismos servicios pueda justificar la utilización de los datos tras una sesión de consulta de éstos.
El Tribunal de Justicia recuerda que, conforme al Derecho de la Unión, el tratamiento de datos personales es lícito, entre otros, si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezcan el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado.
La normativa alemana, tal como la interpreta la mayor parte de la doctrina, reduce el alcance de ese principio al excluir que el objetivo de garantizar el funcionamiento general de dicho medio en línea pueda ser objeto de ponderación con el interés o los derechos y libertades fundamentales de los usuarios.
En este contexto, el Tribunal de Justicia señala que los organismos federales alemanes que suministran servicios de medios en línea podrían tener un interés legítimo en garantizar, más allá de cada utilización concreta de sus sitios de Internet accesibles al público, la continuidad del funcionamiento de sus sitios.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
1 Las direcciones IP son secuencias de números que se asignan a los ordenadores conectados a Internet para permitir la comunicación entre ellos a través de esa red. Cuando se consulta un sitio de Internet, la dirección IP del ordenador que consulta se comunica al servidor en el que se aloja el sitio consultado. Dicha comunicación es necesaria para que los datos consultados puedan transferirse al destinatario correcto.
2 En el sentido de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).
3 Por lo que se refiere al presente supuesto, en el que los sitios de que se trata son gestionados por organismos federales alemanes, el Tribunal de Justicia observa que dichos organismos, a pesar de su estatuto de autoridades públicas, actúan como particulares.
4 Es decir, la Directiva 95/46.

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico

Autor:Comunicación Poder Judicial cgpj.es
Sentencia de Pleno de la Sala de 19 de octubre de 2016,
RC 1555/2014
No cabe una interpretación extensiva de los requisitos formales en el testamento abierto, en relación con la idoneidad de la pareja sentimental de la instituida heredera para ser testigo instrumental.
El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, a su vez, desestimó la demanda en la que se solicitaba la nulidad de un testamento notarial abierto. La cuestión jurídica objeto de recurso es la idoneidad para ser testigo de la pareja de hecho de la instituida heredera, según las formalidades previstas en los artículos 682 y 697 CC para los testamentos abiertos, que determinan la inidoneidad como testigos, entre otros parientes, del cónyuge de la persona designada heredera.
Los abuelos de la demandante otorgaron sendos testamentos ante notario instituyendo a su hija como heredera, con dos testigos instrumentales, uno de los cuales era pareja de hecho de la nombrada como heredera. Los testadores, que no sabían leer, declararon que el contenido de los testamentos otorgados era conforme con su voluntad expresada oralmente.
La nieta de los testadores solicitó la nulidad de los citados testamentos frente a su madre, instituida heredera, por la intervención como testigo instrumental de quien era su pareja de hecho, entre otras causas que no han sido planteadas ante el Tribunal Supremo.
La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la nulidad de dichos testamentos. Interpuesto recurso de apelación por la demandada, la sentencia de la Audiencia estimó dicho recurso, revocó la sentencia y desestimó la demanda. La sentencia del Pleno, de la que ha sido ponente el magistrado Don Francisco Javier Orduña Moreno, desestima el recurso de casación y sostiene que no cabe una interpretación extensiva de los preceptos del Código Civil que regulan la inidoneidad de los testigos en los testamentos, por dos razones. En primer lugar, porque el legislador no se ha pronunciado de un modo concluyente acerca de la equiparación general de las parejas de hecho a los matrimonios a todos los efectos o consecuencias jurídicas que pudieran derivarse, sino de modo particularizado según los ámbitos de incidencia en los que ha considerado oportuno proceder a dicha equiparación. En materia de testamentos, la última reforma operada por la Ley 30/1991, de 20 de diciembre, no afectó al régimen de inidoneidad de testigos del artículo 682 CC.
En segundo lugar, conforme a la doctrina jurisprudencial de la Sala, resulta de aplicación el principio de favor testamenti. Así, constatada la autenticidad de la declaración y el plano sustantivo de la capacidad, debe darse prevalencia a la voluntad realmente querida por los testadores frente a la rigidez o sacralización de solemnidades y formas que, solo por necesidades de seguridad jurídica, imponen ciertas restricciones o limitaciones a la eficacia de la declaración testamentaria.
En este caso, ha resultado acreditada la autenticidad de la declaración testamentaria, la conformidad de los testadores y el juicio de capacidad de los mismos, por lo que no puede apreciarse que la ratio del art. 682 CC se haya visto vulnerada por la participación como testigo instrumental de la pareja sentimental de la instituida heredera.
En Madrid, octubre de 2016
Área de Civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

20 de octubre de 2016 mineco.gob.es
El Tesoro público español coloca por primera vez una obligación a 50 años en una subasta ordinaria
La demanda ha alcanzado los 1.760 millones de euros y el tipo marginal se ha situado en el 2,699%
El Tesoro Público español ha colocado hoy por primera vez en subasta ordinaria una obligación a 50 años, dentro de la estrategia de alargamiento de la vida media de la deuda y abaratamiento de costes. La colocación ha sido un éxito, como demuestra la elevada demanda para un título tan a largo plazo. Los inversores han solicitado 1.760 millones de euros y se han colocado 1.126, lo que supone un ratio de cobertura del 1,56. El tipo de interés marginal ha sido del 2,699%, notablemente inferior al 3,493%, tipo al que se emitió esta obligación por primera vez a través de una sindicación en mayo de 2016. En la misma subasta ordinaria, se han colocado además bonos a tres años con un tipo marginal negativo, del -0,116%, alcanzando el mínimo histórico, y obligación a 10 años a un tipo del 1,052% prácticamente equivalente al mínimo histórico alcanzado en una subasta a 10 años que fue del 1,05%.

La decisión de incluir en las subastas ordinarias una obligación a 50 años responde a la percepción de apetito inversor para estos títulos a muy largo plazo. La buena acogida envía una señal positiva sobre la sostenibilidad de la deuda española. Las emisiones a 50 años comenzaron a realizarse en 2014, a través de una colocación privada. En 2016 el Tesoro español logró lanzar por sindicación una obligación a 50 años por un importe de 3.000 millones de euros. Hoy es la primera vez que este tipo de emisiones se inserta en la actividad ordinaria del Tesoro, lo que anticipa su posible continuidad a futuro.

Tras la subasta de hoy, el Tesoro público ha colocado 106.314 millones de euros, lo que representa el 88,4% de la previsión de emisión a medio y largo plazo para 2016. La evolución a la baja de los tipos de interés se traduce en que el coste medio de la emisión en 2016 se sitúa en el 0,65%, el más bajo de la historia. Al mismo tiempo, la vida media de la deuda en circulación alcanza, tras esta subasta, los 6,77 años. Por tercer año consecutivo, el Tesoro ahorrará en intereses de la deuda respecto del Presupuesto una cantidad que en 2016 se acercará a los 2.000 millones de euros.

Los países necesitan políticas inteligentes para beneficiarse al máximo del potencial de la tecnología
Noticias del FMI  imf.org

18 de octubre de 2016
•La tecnología podría traer aparejado un crecimiento importante de la economía mundial en la próxima década
•Se necesita un nuevo modelo educativo para ayudar a los trabajadores a adaptarse
•Los cambios organizacionales y culturales deben marchar al mismo paso que el cambio tecnológico
El cambio tecnológico tiene el potencial de transformar y mejorar las vidas de las personas de todo el mundo pero a menos que se adopten las políticas correctas la desigualdad digital aumentará, señalaron los panelistas de un seminario celebrado durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, D.C.
“Ya sea que hablemos de macrodatos, Internet de las cosas, digitalización o impresión 3D, la revolución tecnológica incide profundamente en cada sector de nuestras economías”, dijo Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, en sus palabras de apertura en ocasión del seminario “Tecnología, innovación y crecimiento inclusivo”.

“Esto tendrá profundas repercusiones en la forma en que vivimos, aprendemos, nos ganamos la vida y consumimos”, precisó Lagarde.

El FMI necesita trabajar en colaboración con expertos en tecnología para comprender más a fondo el impacto del cambio tecnológico en las economías de todo el mundo, agregó. El seminario, que incluyó un debate sobre tecnología con líderes de opinión a nivel mundial, constituyó un paso fundamental para iniciar este diálogo.

Transformación positiva

La nueva era digital transformará la vida de todas las personas, señaló John Chambers, Presidente Ejecutivo de Cisco Systems.

También señaló que en la próxima década el mundo podría ser testigo de un crecimiento económico incremental de unos US$19 billones, o un aumento del PIB de cada país del mundo de entre el 1% y el 3%. Este crecimiento también podría traer aparejado un aumento del ingreso promedio en todos los sectores de la economía, siempre que los países apliquen la fórmula correcta, agregó.

Pero aunque muchas personas están percibiendo abultadas ganancias, la panelista Leila Janah, fundadora y Presidenta de la organización sin fines de lucro Sama, advirtió que también se observa un estancamiento económico en los segmentos de menores ingresos de la sociedad, lo que ha generado agitación social. “Si no hacemos lo que tenemos que hacer para entender las dificultades que asedian a estas personas, podríamos pagarlo muy caro”, dijo.

La empresa de Janah, con sede en Silicon Valley, contrata trabajadores de países en desarrollo que viven por debajo de la línea de pobreza para desempeñarse en empresas de alta tecnología en centros informáticos locales. Al dividir proyectos de grandes dimensiones en pequeñas unidades de trabajo, la empresa puede contratar personas con relativamente escasa capacitación.

Según Janah, uno de los motores de transformación más poderoso es el acceso a Internet de gran velocidad a bajo costo.

Para la panelista Hilda Moraa, fundadora de la nueva empresa keniata Weza Tele, la tecnología móvil ha cambiado las reglas del juego. Señaló que en África el teléfono móvil revolucionó el crédito al permitir el acceso a financiación en una escala antes impensable.

Alterar o que nos alteren

Pero aunque la tecnología ha sido un motor del avance económico, también hay un aspecto  sombrío para los rezagados, observaron los oradores.

La era digital que se avecina “será un período en el que si no generamos alteraciones, las sufriremos”, señaló Chambers, y advirtió que un 40% de las empresas en Estados Unidos, Asia y Europa podría desaparecer en la próxima década.

Como esto inevitablemente llevará a una pérdida de empleo, preguntó Lagarde, ¿qué debe hacer la gente para adaptarse?

Los oradores estuvieron de acuerdo en que la clave está en la educación. Necesitamos un nuevo modelo educativo: el actual ya no funciona”, dijo el panelista Ray Kurzweil, inventor, autor y futurólogo. Las ideas creativas en este ámbito son fundamentales, advirtió Chambers, y no hay tiempo que perder: “Debemos actuar rápidamente en educación, y dejar de seguir el viejo modelo de pensamiento lineal”.

La parte fácil

Uno de los aspectos más arduos de la era digital será adaptar las políticas e incentivos vigentes de los gobiernos. Mientras que la tecnología está cambiando vidas a una velocidad cada vez más rápida, es posible que las políticas públicas reaccionen lentamente.

“La tecnología es la parte fácil”, dijo Chambers. “Lo difícil será que las empresas y los países cambien la cultura, la organización y los mecanismos de recompensa”.

La nueva economía exigirá una reformulación de las políticas en muchos niveles, señaló Janah. “Como las computadoras están haciendo tanto más trabajo, por primera vez tendremos una enorme cantidad de gente que pueden subsistir sin trabajar”. Esto es algo positivo, dijo, pero los gobiernos deben considerar la posibilidad de instituir un ingreso básico universal para quienes pierden su empleo y tienen dificultad en hacer la transición hacia uno nuevo.

Al finalizar el seminario, los panelistas brindaron sus recomendaciones al FMI, y Moraa dijo en sus palabras de cierre: “Inviertan en los jóvenes para que sean parte de su visión. Los jóvenes deberán dirigir la economía en las generaciones venideras”.

Nota de prensa
06/10/2016 airef.es
Seguimiento Trimestral de la Ejecución Presupuestaria
La AIReF considera probable alcanzar el déficit del 4,6% del pib en 2016 para el conjunto de las administraciones públicas
• La previsible reducción de los gastos en casi un punto del PIB y la ampliación del objetivo de déficit hacen probable su cumplimiento, a pesar de que, previsiblemente, los ingresos crezcan por debajo del PIB nominal
• La evolución de los ingresos, menos favorable que lo esperado, parece deberse a un mayor efecto negativo en la recaudación de la reforma de los impuestos sobre la renta, puesto que las magnitudes económicas que determinan las bases imponibles están evolucionando según lo previsto
• Los recientes cambios normativos en el Impuesto sobre Sociedades dirigidos a la reducción del déficit público permitirán una evolución positiva de este impuesto en el segundo semestre del año, invirtiendo la tendencia registrada hasta la fecha; sin embargo, no sería suficiente para alcanzar la previsión presupuestaria
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy en su página web (www.airef.es) el Seguimiento Trimestral de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al segundo trimestre, según el cual es probable que el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) alcancen un déficit del 4,6% del PIB en el conjunto del ejercicio 2016. De esta forma, se cumpliría con el objetivo de déficit de 2016 incluido en la senda de consolidación fiscal decidida por el Consejo Europeo del pasado 2 de agosto.
Fuente: AIReFLa normativa de estabilidad establece un procedimiento de aprobación y reparto de objetivos de estabilidad y deuda que hasta el momento no se ha materializado, por lo que está pendiente de fijar el objetivo de déficit, consistente con esta senda, para cada uno de los subsectores. Por este motivo solo es posible valorar la probabilidad de alcanzar el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas sin que sea posible trasladar, en esta ocasión, este análisis probabilístico a cada uno de los subsectores.
Teniendo en cuenta esta limitación, las principales conclusiones del Seguimiento de la Ejecución del segundo trimestre son:
• Es probable que el conjunto de las AAPP alcance el objetivo fijado en la Decisión del Consejo de 2 agosto de 2016 en el -4,6% del PIB.
• La Administración Central (AC) podría cerrar con un déficit en torno al 2,2 % del PIB. Pese a la positiva evolución macroeconómica, los datos de ejecución hasta agosto evidencian la persistencia de importantes tensiones en los impuestos directos. No obstante, los recientes cambios normativos en el Impuesto de Sociedades dirigidos a la corrección del déficit, mejorará los recursos en el cuarto trimestre.
• Por lo que respecta a los empleos no financieros de la AC se mantiene la tendencia de contención a la que contribuye la aplicación del acuerdo de no disponibilidad (AND) aprobado por el Gobierno y la aplicación de la orden de cierre anticipada.
• El déficit del subsector Fondos de la Seguridad Social (FSS) podría situarse próximo al 1,6% del PIB. Los recursos de los FSS continúan reduciéndose como consecuencia de un crecimiento de las cotizaciones sociales por debajo del PIB y la minoración de los intereses del Fondo de Reserva y de las transferencias del Estado para financiar al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
• El déficit previsto para el conjunto de CCAA se sitúa en torno al 0,8% de PIB, con un comportamiento desigual por comunidades, siendo muy probable que Valencia, Murcia y Extremadura registren un déficit superior al del subsector.
• La previsión de cierre del conjunto de las CCLL se sitúa en torno a un superávit del 0,4% del PIB.
Se publican los datos de seguimiento de la ejecución presupuestaria correspondientes al segundo trimestre. Las proyecciones AIReF para recursos no financieros, empleos no financieros y saldo incorporadas en esta publicación se han actualizado teniendo en cuenta el resultado de los modelos propios para impuestos, los datos de contabilidad nacional conocidos hasta julio (para las Corporaciones Locales se disponen de datos hasta junio y para el Estado hasta agosto) y los datos de ejecución presupuestaria disponibles hasta agosto.
Como novedades respecto a la anterior publicación cabe resaltar que se ha incorporado una ficha para el subsector de Corporaciones Locales análoga al del resto de subsectores así como nueva información individualizada de seguimiento de las principales figuras tributarias. Con este nuevo sistema de seguimiento de los recursos tributarios, a partir de ahora, se podrá valorar cómo están evolucionando los principales impuestos de la Administración Central en términos de SEC 2010 (impuestos directos, Impuesto sobre el valor añadido e impuestos sobre los productos) al objeto de anticipar posibles desviaciones sobre las previsiones oficiales incluidas en los presupuestos. Adicionalmente, y dado que los impuestos directos (IRPF e impuesto sobre sociedades) se incluyen de forma conjunta en términos de SEC 2010 se ha elaborado una ficha en términos de caja que refleja la evolución del IRPF antes de cesión a las Administraciones Territoriales y del Impuesto sobre sociedades.

Jueves, 20 de octubre de 2016  cgpj.es

La Región de Murcia acoge a medio centenar de expertos en cooperación judicial internacional

Miembros de la Red Judicial Española trabajan en una guía para actuar con celeridad en casos de sustracción de menores

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme ha clausurado hoy el XVI Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación Internacional (Águilas, 17 al 20 de octubre), que ha reunido a más de medio centenar de expertos, magistrados miembros de la red, además de representantes de la Fiscalía General del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional y de Servicios de asistencia jurídica de Embajadas.

En la edición de este año, inaugurada por la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver Pérez, y la Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Nuria Díaz Abad, han participado también numerosas instituciones y autoridades implicadas en la cooperación judicial internacional como el Ministerio de Justicia de España, puntos de contacto de la Red Judicial Europea, la Red de Equipos Conjuntos de Investigación y la Red Europea en Materia de Genocidio, además de la Red de Fiscales de España y Red española de Letrados de la Administración de Justicia (RESEJ).

Otro año más, el Foro Permanente de Estudios Judiciales Europeos Dámaso Ruíz-Jarabo de la Región de Murcia ha servido de marco del Encuentro de la Red Judicial Española (REJUE) y de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE). Ambos encuentros, organizados por el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, constituyen un espacio esencial para el funcionamiento eficaz de la cooperación judicial española.

Los corresponsales de la REJUE, en sus divisiones civil y penal, son los encargados de prestar asistencia a los órganos judiciales en las solicitudes de cooperación jurisdiccional, así como de facilitar la interconexión con autoridades de otros países a través de la Red Judicial Europea y otras instituciones análogas.

Los talleres de trabajo se han centrado en la elaboración de una Guía práctica procesal sobre retención de cuentas en distintos países o una Guía en materia de sustracción de menores, en la que se concretan las actuaciones desde una perspectiva policial, penal y civil para actuar con celeridad en caso de traslado ilícito de menores tanto desde España al extranjero como desde el extranjero a España.

De forma simultánea se ha celebrado el encuentro anual de los magistrados miembros de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea, institución creada en 2007 para asistir a los órganos judiciales españoles en la aplicación del Derecho de la Unión Europea y en el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia.

Viernes, 14 de octubre de 2016  cgpj.es

El número de lanzamientos practicados cae un 1,9 por ciento en el segundo trimestre del año

La cifra de lanzamientos experimenta descensos superiores al 10 % en Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y La Rioja. Las ejecuciones hipotecarias iniciadas bajan un 17,4 por ciento respecto al segundo trimestre de 2015, al pasar de 17.414 a 14.380. Descienden también las demandas por despido, las reclamaciones de cantidad y los procedimientos monitorios. Los concursos presentados, incluyendo los de personas naturales no empresarios, aumentan un 15,9 %.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2016 experimentó un descenso del 1,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 18.739 a 18.391, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

La cifra de lanzamientos practicados ha tenido reducciones superiores al diez por ciento en Castilla la Mancha, Madrid, Navarra y La Rioja. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

El 53,9 % de los lanzamientos -9.909- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 7.741 –el 42,1 %- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 741 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un incremento del 0,5 %, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 4,7 %.

Cataluña –con 4.145, el 22,5 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre del año, seguida por Andalucía, con 3.007, y la Comunidad Valenciana, con 2.901. Estos tres territorios sumaron más de la mitad –el 54,7 %- de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 2.636; seguida por Madrid, con 1.285; Andalucía, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.239. En cuanto a los resultantes de ejecuciones hipotecarias, Andalucía está a la cabeza, con 1.611, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.589; y Cataluña, con 1.306.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2016 fue de 19.461, un 5,9 % más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 11.843 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 0,9 %.

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 17,4 por ciento

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2016 fue de 14.380, lo que representa un descenso del 17,4 por ciento respecto a las 17.414 presentadas en el mismo trimestre de 2015.

El descenso en las ejecuciones hipotecarias presentadas se produjo en todas las Comunidades Autónomas excepto en Asturias, Cataluña, el País Vasco y La Rioja.

Por territorios, las ejecuciones hipotecarias presentadas en Andalucía –con 3.491, el 24,3 % del total nacional-, Cataluña –con 3.046, el 21,2%- y la Comunidad Valenciana -con 2.056, el 14,3%-, representan más del 60 % de las iniciadas en toda España.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2016 en los juzgados de lo mercantil fue de 1.489, un 6,5 % menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior. No obstante, hay que tener en cuenta que, en virtud del cambio introducido por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 21 de julio de 2015, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, la competencia para los concursos de las personas naturales no empresarios ha pasado a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, por lo que la evolución interanual se debe calcular sumando el número de concursos presentados en estos Juzgados -358 en el segundo trimestre de 2016- con los presentados en los Juzgados de lo Mercantil. Con este ajuste, se observa un incremento interanual del 15,9%.

El mayor número de concursos presentados en el segundo trimestre del año se ha dado en Cataluña -399, que suponen el 21,6 % del total-. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 351 concursos presentados; la Comunidad Valenciana, con 262; y Andalucía, con 233.

Cataluña es la comunidad donde la tasa de concursos presentados por personas físicas es mayor respecto al total de concursos presentados, un 28,1 %. En Cantabria representan el 27,8 %, en Aragón el 26,1 % y en Castilla-La Mancha el 25 %.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre en los Juzgados de lo Mercantil ha disminuido un 19,1% respecto al mismo periodo de 2015. Se declararon un total de 943 concursos, a los que se añaden los 327 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

Durante el segundo trimestre de 2016 llegaron a la fase de convenio un total de 245 concursos, mientras que otros mil iniciaron la fase de liquidación, un 12,7 % menos que en el mismo periodo de 2015.

Además, se mantiene la importante disminución interanual en el número de expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (E.R.E.s). Se han presentado 143 expedientes, un 36,2% menos que en el segundo trimestre de 2015.

Las demandas por despido caen un 2,1 por ciento

Las 25.866 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados suponen un descenso interanual del 2,1 por ciento.

Por territorios, la Comunidad de Madrid –con 4.946, el 19,12 % del total nacional- es la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 4.450, el 17,2 %- y Andalucía –con 3.906, el 15,1 %-.

En los Juzgados de lo Social se registraron en el segundo trimestre del año 30.682 reclamaciones de cantidad, un 2,5 % menos que en el mismo periodo de 2015. De ellas, 5.945 se presentaron en Madrid -el 19,4% del total-, 4.881 en Andalucía y 3.768 en Cataluña.

Menos procedimientos monitorios

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 154.787, lo que supone una disminución del 8,7 % respecto al mismo periodo de 2015. Como en el trimestre anterior, este tipo de procedimientos ha disminuido en todas las Comunidades, con la excepción de Cataluña, donde han aumentado un 2,1%.

Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

La Cámara de España encabeza la delegación de más de 70 empresas españolas en el Parlamento Europeo de las Empresas.

13 de Octubre 2016 camara.es

El desarrollo del Mercado Único Digital y la potenciación de las energías limpias, entre las peticiones de las compañías españolas
El vicepresidente del Parlamento Europeo remarca el papel crucial de las cámaras de comercio en la economía europea

Bruselas, 13/10/16.- La eliminación de las barreras de acceso a los bienes, servicios y capitales europeos todavía existentes en los mercados de mayor dimensión y crecimiento potencial a nivel internacional debe ser una prioridad para los legisladores europeos. Así lo ha demandado hoy el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, durante su intervención en la IV edición del Parlamento Europeo de las Empresas (PEE).

Bajo el lema, “Europa necesita a las empresas y las empresas necesitan a Europa”, más de 800 empresarios de 45 países europeos se han dado cita hoy en la Eurocámara para reforzar su compromiso con el proyecto europeo y elevar a los legisladores comunitarios su opinión sobre las políticas que afectan directamente a la actividad empresarial.

Esta cuarta edición del PEE ha contado con la participación de una amplia delegación española, compuesta por más de 70 empresas, tanto grandes compañías como pymes, además de las Cámaras de Comercio de A Coruña, Gijón, Girona, Barcelona, Lleida, La Rioja, Madrid, Palma de Mallorca y Lanzarote. La delegación ha estado encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

Las compañías españolas han participado activamente en los debates del PEE, que se han articulado en torno a cuatro bloques temáticos: Comercio, Mercado Único, Sostenibilidad y Competencias.

Durante su intervención en la sesión dedicada al Comercio, el presidente de la Cámara de España ha recordado que la reciente crisis económica ha puesto de manifiesto que la internacionalización es la alternativa estratégica más eficaz que tienen las empresas españolas para sobrevivir y expandir su actividad. Para ello, ha señalado José Luis Bonet, es preciso disponer de marcos legales que faciliten la inversión y el comercio a escala global.

En este sentido, el presidente de la Cámara de España ha reiterado el respaldo de la institución a la negociación del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que llevan a cabo la Unión Europea y Estados Unidos. A pesar de las dificultades por las que atraviesan las conversaciones, Bonet ha animado a los negociadores a “encontrar las vías oportunas para avanzar en los aspectos pendientes”.

El director global de Relaciones Institucionales de Indra, Íñigo de Palacio, ha intervenido en la sesión dedicada al Mercado Único. De Palacio ha urgido a eliminar las barreras existentes para la implantación efectiva de un Mercado Único Digital en la UE, que están ocasionando la pérdida de oportunidades para las compañías y los ciudadanos, limitan la creación de nuevas empresas innovadoras e impiden que las empresas y los gobiernos se beneficien plenamente de las herramientas digitales.

De Palacio ha defendido la introducción de un cuarto pilar en la estrategia europea de Mercado Único Digital consistente en incorporar lo digital como un catalizador de cohesión, fomentando entornos de colaboración entre las regiones y los estados miembros, y movilizando instrumentos para la aceleración de la transformación digital en los servicios públicos y las industrias.

En la sesión dedicada a la Sostenibilidad, el director de Relaciones Internacionales de Iberdrola, José Gasset, ha incidido en la necesidad de lograr un sistema energético sostenible, basado en tecnologías limpias que permitan lograr una energía más asequible y competitiva y participar en un mercado mundial más amplio y global.

Para ello, ha defendido Gasset, es imprescindible eliminar la incertidumbre en las políticas energéticas y ambientales para posibilitar las inversiones en energía limpia, y seguir el principio de que “el que contamina paga”, para que cada uso energético contribuya al esfuerzo según le corresponda. Gasset ha hecho un llamamiento para que los diferentes sectores productivos se unan al eléctrico en su esfuerzo por llevar a cabo la transición hacia un sistema energético sostenible.

El Parlamento Europeo de Empresas

El PEE, organizado por Eurochambres (la asociación de Cámaras de Comercio europea), y el Parlamento Europeo, con la participación de la Cámara de Comercio de España, surgió para paliar el déficit democrático existente entre las instituciones de la Unión Europea y las empresas, principales actores del crecimiento económico. Por un lado, los legisladores de la UE no tienen suficientemente en cuenta las preocupaciones de los empresarios y, por otro, los empresarios no conocen suficientemente el papel y el funcionamiento de la UE.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha remarcado el papel crucial de las cámaras de comercio en el crecimiento y el empleo. “Sin las empresas”, ha dicho, “es imposible ganar la batalla contra el desempleo”.

Viernes, 14 de octubre de 2016  cgpj.es

El número de lanzamientos practicados en Balears crece un 1,2 por ciento el segundo semestre

El informe sobre los efectos de la crisis económica revela una caída en los despidos y en los concursos de acreedores

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2016 creció un 1,2 por ciento en Balears el segundo trimestre de 2016 en relación al mismo periodo del año anterior, manteniendo la tónica ascendente de los primeros meses del año. Así, según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy, de abril a junio de 2016 se practicaron 653 lanzamientos, mientras que ese mismo periodo de 2015 fueron 645.

Los tres primeros meses de 2016, en relación al mismo periodo del año anterior, el crecimiento en el número de lanzamientos en el archipiélago fue de un 9,2 por ciento (de 573 a 626 lanzamientos).

A nivel nacional, esta cifra ha experimentado un descenso de un 1,9 por ciento en el segundo trimestre, al pasar de 18.739 a 18.391 lanzamientos practicados.

Del total de lanzamientos de este periodo en Balears, 231 lo fueron derivados de ejecuciones hipotecarias, 422 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y el resto por otras causas.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el periodo analizado en el informe (segundo trimestre de 2016) pasó en las islas de 480 a 421.

En cuanto a las demandas por despidos ante la jurisdicción social, caen un 6,3 por ciento, pasando de 570 a 534 de abril a junio de 2015 a 2016, respectivamente.

El informe del CGPJ incluye asimismo datos de los concursos de acreedores presentados en los juzgados de lo Mercantil. En el caso de Balears fueron 39 en el periodo analizado, cayendo un 15,2 por ciento respecto a los 46 registrados el segundo semestre de 2015.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2016 y las series completas desde 2007 en el siguiente enlace:

Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos

Miércoles, 19 de octubre de 2016  cgpj.es

Los 17 presidentes de TSJ reclaman un plan nacional de justicia electrónica y modernización tecnológica

Las máximas autoridades judiciales en las CCAA proponen la revisión de la actual distribución territorial de partidos judiciales y piden avances hacia la colegiación de órganos judiciales

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, en su reunión anual celebrada en Logroño, en la sede del TSJ de La Rioja, han acordado, entre otras cuestiones, reclamar un plan nacional de justicia electrónica y modernización tecnológica, y proponer una revisión de la distribución territorial de los partidos judiciales.

Las principales conclusiones, alcanzadas por unanimidad, son:

1.- La necesidad de reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales con el fin de mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo así los costes.

2.- Replantearse la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad, en la que la proximidad física de los juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterio fundamental de planificación.

3.-Partiendo de la aspiración a una justicia más moderna, capaz de dar respuesta a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia reiteran su firme compromiso con el objetivo de la implantación de los más modernos métodos de organización e instrumentos para la gestión procesal en todos los órganos judiciales.

4.- Reclamar un plan nacional de digitalización de la justicia que involucre a todas las administraciones competentes y consiga una planificación más coordinada en los procesos de implantación de la Justicia Digital para evitar las asimetrías detectadas en los distintos Tribunales Superiores de Justicia.

5.- Que el diseño del expediente judicial electrónico contemple las necesidades específicas de los jueces y juezas y no solo los de las oficinas judiciales.

6.- La implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia exige un replanteamiento drástico de la legislación procesal, que debe regular el proceso –tal y como ordena la Ley 18/2011- tomando como premisa que éste se desarrolla en un entorno electrónico.

7.-Los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, como máximos responsables en el ámbito de cada Tribunal Superior de Justicia, exigen la dotación de herramientas tecnológicas adecuadas en todos los órganos judiciales.

8.- Es imprescindible que el Consejo General del Poder Judicial realice una valoración del nuevo entorno digital a efectos de salud laboral con determinación de cargas de trabajo de los integrantes de la Carrera Judicial.

9.-Reiteran que la planta actual de las Salas de lo Civil y Penal no permite, con carácter general, la debida implantación de la reforma operada por la Ley 41/2015, que garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia Penal.

Viernes, 14 de octubre de 2016  cgpj.es

El número de ejecuciones hipotecarias presentadas en Andalucía cae un 17,3 por ciento en el segundo trimestre del año

Pese a ello, Andalucía es la Comunidad Autónoma en la que se ha presentado un mayor número de ejecuciones, con 3.491. Los concursos presentados, incluyendo los de personas naturales no empresarios, aumentan un 23,3%. Descienden las demandas por despido y los procedimientos monitorios, un 5,3% y un 3,1% respectivamente

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de ejecuciones hipotecarias presentadas en Andalucía en el segundo trimestre de 2016 ha experimentado un descenso del 17, 3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 4.222 a 3.491, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

Pese a este descenso, Andalucía continúa siendo la Comunidad Autónoma en la que se han presentado un mayor número de ejecuciones hipotecarias, seguida de Cataluña, con 3.046 y de la Comunidad Valenciana, con 2.056. Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía constituyen el 24,3% del total nacional, y junto con Cataluña (21,2%) y la Comunidad Valenciana (14,3%), representan más del 60 % de las presentadas en toda España.

Descenso de los lanzamientos practicados

La cifra de lanzamientos practicados ha tenido un en Andalucía un descenso del 2,2%. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

El 53,6 % de los lanzamientos -1.611- fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias, mientras que otros 1.269 -el 42,2%- obedeció a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y los 127 restantes -4,2%- tuvieron lugar por otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso del 2,6%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 0,8%.

Cataluña –con 4.145, el 22,5% del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre del año, seguida por Andalucía, con 3.007, y la Comunidad Valenciana, con 2.901. Estos tres territorios sumaron más de la mitad –el 54,7 %- de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 2.636; seguida por Madrid, con 1.285; Andalucía, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.239. En cuanto a los resultantes de ejecuciones hipotecarias, Andalucía está a la cabeza, con 1.611, seguida por  la Comunidad Valenciana, con 1.589; y Cataluña, con 1.306.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2016 en Andalucía fue de 4.188, un 2,8% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 2.347 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso del 2,1%.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2016 en los juzgados de lo mercantil de Andalucía fue de 193, un 2,1 % más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. No obstante, hay que tener en cuenta que, en virtud del cambio introducido por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 21 de julio de 2015, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, la competencia para los concursos de las personas naturales no empresarios ha pasado a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, por lo que la evolución interanual se debe calcular sumando el número de concursos presentados en estos Juzgados -40 en el segundo trimestre de 2016- con los presentados en los Juzgados de lo Mercantil. Con este ajuste, se observa un incremento interanual del 23,3%.

El mayor número de concursos presentados en el segundo trimestre del año se ha dado en Cataluña -399, que suponen el 21,6 % del total-. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 351 concursos presentados; la Comunidad Valenciana, con 262; y Andalucía, con 233.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre en los Juzgados de lo Mercantil ha disminuido un 13% respecto al mismo periodo de 2015. Se declararon un total de 120 concursos, a los que se añaden los 12 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

Durante el segundo trimestre de 2016 llegaron a la fase de convenio un total de 52 concursos, mientras que otros 131 iniciaron la fase de liquidación, un 10,3 % menos que en el mismo periodo de 2015.

Además, se mantiene la importante disminución interanual en el número de expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (E.R.E.s). Se han presentado 16 expedientes, un 23,8% menos  que en el segundo trimestre de 2015.

Las demandas por despido caen un 5,3 por ciento

Las 3.906 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de Andalucía entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados suponen un descenso interanual del 5,3 por ciento.

Por territorios, la Comunidad de Madrid –con 4.946, el 19,12 % del total nacional- es la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 4.450, el 17,2 %- y Andalucía –con 3.906, el 15,1 %-.

En los Juzgados de lo Social se registraron en el segundo trimestre del año 4.881 reclamaciones de cantidad, un 5,1 % más que en el mismo periodo de 2015. De ellas, 5.945 se presentaron en Madrid -el 19,4% del total-, 4.881 en Andalucía y 3.768 en Cataluña.

Menos procedimientos monitorios

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad Autónoma de Andalucía fueron 32.366, lo que supone una disminución del 3,1% respecto al mismo periodo de 2015.

Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2016 y las series completas desde 2007 en el siguiente enlace:

Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos

La AEPD e INCIBE presentan la ‘’Guía de privacidad y seguridad en internet’’, con consejos y recomendaciones prácticas para el ciudadano

La publicación, que incluye 18 fichas que analizan y ofrecen soluciones a los problemas más comunes que pueden surgir en un mundo hiperconectado, se complementa con seis vídeos tutoriales en los que se muestra cómo acceder a las configuraciones de privacidad y seguridad de algunos de los servicios más populares de internet.

(Madrid, 7 de octubre de 2016). agpd.es

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, han presentado hoy en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) la ‘‘Guía sobre Privacidad y seguridad en internet’’.

Esta iniciativa es el resultado de una apuesta conjunta de ambos organismos para concienciar a los usuarios de la importancia de proteger su información personal, ofreciendo consejos y recomendaciones prácticas. El proyecto cuenta con la colaboración de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Policía; Guardia Civil; y Telefónica.

El evento ha sido inaugurado por la directora de la AEPD, Mar España, que ha destacado la importancia ofrecer herramientas prácticas para fomentar e impulsar la cultura de protección de datos entre los ciudadanos, y el director general del INCIBE, Miguel Rego, que ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos adopten una actitud proactiva en cuanto al hábito de actualizar y ampliar sus conocimientos sobre seguridad, como medida preventiva para usar las nuevas tecnologías con confianza.

Buena parte de los servicios más populares de la Red se prestan utilizando gran cantidad de información y datos personales que aportan los propios usuarios. La Agencia e INCIBE consideran que la privacidad y la seguridad son aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta para minimizar los riesgos que pueden llegar a producirse en un mundo hiperconectado.

El objetivo de la ‘Guía sobre Privacidad y seguridad en Internet’ es ofrecer información práctica sobre cómo reducir esos riesgos a los que pueden exponerse cuando utilizan determinados servicios. Con un total de 18 fichas prácticas, en ellas se abordan temas como la importancia de proteger los dispositivos portátiles; generar y gestionar contraseñas; en qué consiste la verificación en dos pasos; cómo realizar copias de seguridad o proteger el correo electrónico; configurar el navegador para que no almacene todos los pasos que se dan mientras se navega por internet; gestionar la información que se almacena en la nube; configurar el perfil en las redes sociales o dónde recurrir para educar a los menores en un uso seguro de internet, sin olvidar temas como el phishing o la protección de redes WIFI.

Los distintos temas prácticos planteados en cada una de las fichas se complementan además con enlaces a contenidos que se encuentran desarrollados en las webs de la Oficina de Seguridad del Internauta de INCIBE y la Agencia Española de Protección de Datos.

La publicación, disponible tanto en versión web como en PDF, se acompaña de seis vídeo tutoriales explicativos en los que se muestra cómo acceder a las configuraciones de privacidad y seguridad de algunos de los servicios más populares de internet.

La AEPD e INCIBE esperan que esta iniciativa sea de utilidad a los usuarios de Internet y permita un acercamiento práctico a los contenidos desarrollados por ambas instituciones, que tienen como fin prevenir, concienciar y ofrecer soluciones prácticas.

En los siguientes enlaces se puede encontrar la guía completa en versión digital, además de los vídeos sobre privacidad y todas las fichas de forma individual:

– www.osi.es/es/guia-de-privacidad-y-seguridad-en-internet

–  Protege tus datos en internet

Viernes, 14 de octubre de 2016  cgpj.es

Las ejecuciones hipotecarias y los concursos en CyL descienden en el segundo trimestre del año

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en CyL bajan un 33,5 % respecto al segundo trimestre de 2015, al pasar de 543 a 361. Los concursos presentados en CyL, incluyendo los de personas naturales no empresarios, descienden un 26,8 %. Descienden también las demandas por despido, las reclamaciones de cantidad y los procedimientos monitorios. Los lanzamientos practicados en CyL aumentan un 2,8 % en el segundo trimestre de 2016

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en Castilla y León en el segundo trimestre de 2016 fue de 361, lo que representa un descenso del 33,5 por ciento respecto a las 543 presentadas en el mismo trimestre de 2015, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El descenso en las ejecuciones hipotecarias presentadas se produjo en todas las Comunidades Autónomas excepto en Asturias, Cataluña, el País Vasco y La Rioja.

Por territorios, las ejecuciones hipotecarias presentadas en Andalucía –con 3.491, el 24,3 % del total nacional-, Cataluña –con 3.046, el 21,2%- y la Comunidad Valenciana -con 2.056, el 14,3%-, representan más del 60 % de las iniciadas en toda España.

Aumentan los lanzamientos practicados

El número de lanzamientos practicados en Castilla y León en el segundo trimestre de 2016 experimentó un aumento del 2,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 793 a 815.

El 55,7 % de los lanzamientos practicados en Castilla y León -454- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 319 –el 39,1 %- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 42 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un incremento del 13,2 %, y los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron el 0,6 %. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de Castilla y León en el segundo trimestre de 2016 fue de 648, un 17,8 % más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 511 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento interanual del 14,3 %.

Desciende el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2016 en los juzgados de lo mercantil de Castilla y León fue de 47, un 33,8 % menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Hay que tener en cuenta que, en virtud del cambio introducido por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 21 de julio de 2015 que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, la competencia para los concursos de las personas naturales no empresarios ha pasado a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, por lo que la evolución interanual se debe calcular sumando el número de concursos presentados en estos Juzgados -5 en el segundo trimestre de 2016- con los presentados en los Juzgados de lo Mercantil. Con este ajuste, se observa un descenso interanual del 26,8 %.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre en los Juzgados de lo Mercantil de Castilla y León ha disminuido un 6,3 % respecto al mismo periodo de 2015. Se declararon un total de 45 concursos, a los que se añaden los 8 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

Durante el segundo trimestre de 2016 llegaron a la fase de convenio un total de 4 concursos, mientras que otros 33 iniciaron la fase de liquidación, un 23,3 % menos que en el mismo periodo de 2015.

Además, se mantiene la importante disminución interanual en el número de expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (E.R.E.s). Se han presentado 10 expedientes, un 28,6% menos que en el segundo trimestre de 2015.

Las demandas por despido caen un 13 por ciento

Las 1.242 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de Castilla y León entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados suponen un descenso interanual del 13 por ciento.

Por territorios, la Comunidad de Madrid –con 4.946, el 19,12 % del total nacional- es la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 4.450, el 17,2 %- y Andalucía –con 3.906, el 15,1 %-.

En los Juzgados de lo Social se registraron en el segundo trimestre del año 1.827 reclamaciones de cantidad, un 4,8 % menos que en el mismo periodo de 2015.

Menos procedimientos monitorios

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Castilla y León fueron 8.496, lo que supone una disminución del 4,4 % respecto al mismo periodo de 2015. Como en el trimestre anterior, este tipo de procedimientos ha disminuido en todas las Comunidades, con la excepción de Cataluña, donde han aumentado un 2,1%.

Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2016 y las series completas desde 2007 en el siguiente enlace:

Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos

El papel de apoyo de las empresas a una economía mundial más inclusiva

Conferencia para un Capitalismo Inclusivo, Nueva York – Christine Lagarde

11 de octubre de 2016 imf.org

Introducción

Buenas tardes. Gracias, John Micklethwait, por tan amable presentación. Me complace participar una vez más en la Conferencia para un Capitalismo Inclusivo, al lado de tantas figuras destacadas.

Henry Ford dijo una vez: “Reunirse es el comienzo. Mantenerse unidos es el progreso. Trabajar en común es el éxito.» Del mismo modo, los esfuerzos de Lady Lynn de Rothschild y la coalición —por reunirse, mantenerse unidos y trabajar en común— hacen avanzar la agenda del capitalismo inclusivo, de suma importancia. Deseo rendir homenaje a su visión y a su constante determinación.

El pasado fin de semana, junto a sus 189 países miembros, el FMI celebró sus Reuniones Anuales, centradas en el estado de la economía mundial. Aunque las perspectivas se mantienen moderadas, la actitud es resuelta.

Estamos atascados en un período prolongado de bajo crecimiento: en 2016, por quinto año consecutivo, el crecimiento del PIB mundial se ha mantenido por debajo de su valor promedio de largo plazo. Demasiada gente se siente abandonada y cuestiona el funcionamiento de la economía. Concretamente, en algunas de las economías avanzadas, el sentimiento populista va en aumento y amenaza con provocar un cambio de orientación contrario a la apertura económica.

La realidad es que el crecimiento ha sido demasiado bajo durante demasiado tiempo, y además llega a demasiado pocos. Este es, pues, un momento decisivo, por lo que debemos actuar con determinación para que la globalización funcione, para todos.

Para ello, habrá que recurrir a todos los instrumentos de política —monetaria, fiscal, estructural— para respaldar la demanda, impulsar la productividad y revitalizar el comercio. También es fundamental invertir en redes de protección social, educación y la recapacitación de quienes se han visto afectados por cambios tecnológicos. Las autoridades económicas se enfrentan a un gran reto y no podrán abordarlo solas.

Necesitamos que todos los creadores de empleo y crecimiento den un paso adelante. Me refiero, por supuesto, a las empresas.

Al fin y al cabo, las empresas sacan provecho de una sociedad más inclusiva, puesto que la inclusión respalda un crecimiento más duradero y una prosperidad de base más amplia. En mi opinión, las empresas gozan de una posición privilegiada para respaldar la inclusión.

El término «capitalismo inclusivo» despierta escepticismo en algunas personas: algunos lo ven como un concepto contradictorio y otros como una campaña publicitaria pensada para que las empresas induzcan a los consumidores a comprar sus productos, aumentando así sus beneficios. A otros les parece que es desviarse peligrosamente de los principios del mercado libre.

Nuestra reacción debe ser defender que la inclusión y el crecimiento duradero son dos caras de una misma moneda: no es posible tener la una sin el otro.

En este contexto, abordaré las tres principales funciones de las empresas: en cuanto líderes, empleadores e innovadores.
1. Líderes

En primer lugar, ¿de qué modo pueden los líderes empresariales respaldar la inclusión?

Sin duda alguna, el comercio puede invocar una larga trayectoria en el liderazgo de la inclusión. Pensemos, por ejemplo, en las donaciones filantrópicas de pioneros como Andrew Carnegie y John D. Rockefeller. Pensemos también en la arquitectura de las ciudades industriales europeas en el siglo XIX, que demuestran un espíritu de inclusión.

Sin embargo, en los últimos años hemos visto crecer el sentimiento de indignación pública contra las «elites», al considerar que el llamado «uno por ciento» prospera a costa del otro «99 por ciento». Especialmente tras la crisis financiera mundial, muchos responsables corporativos han sido acusados de adoptar riesgos innecesarios, de falta de ética y de no compartir los frutos de sus iniciativas.

El efecto combinado de ello ha sido la erosión de la confianza pública en las grandes empresas. Según una encuesta reciente de Gallup, la confianza en las grandes empresas estadounidenses se mantiene anclada en un reducido 18% desde hace una década [1] . La confianza en los bancos, situada en el 49% hace diez años, ha caído hasta el 27% actual [2] .

Suele decirse que la confianza «llega a pie, pero se va a caballo». Sin embargo, la confianza será si cabe más crucial en los próximos años. Según una encuesta realizada recientemente por Deloitte, más de la mitad de los miembros de la generación Y no trabajarán para un organismo si no les convence su patrón de conducta [3] .

Durante la conferencia inaugural sobre capitalismo inclusivo que di en Londres hace dos años, me referí —entre otras cosas— a la necesidad de mejorar la conducta y la cultura empresarial. Uno de los principales mensajes que quise transmitir es que los líderes deben tomarse tan en serio los valores como en serio se toman las valoraciones, y ser tan apasionados por la cultura como lo son por el capital.

De hecho, si bien es necesaria una sólida regulación, los líderes deben redoblar esfuerzos para combatir las conductas poco éticas. En parte, es una cuestión de responsabilidad porque, al fin y al cabo, esta sigue siendo de los de arriba. Pero también es una cuestión de efectividad. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que la probabilidad de que un banco aplique una cultura ética es mayor si el equipo directivo da buen ejemplo a través de su propia conducta [4] .

Una remuneración empresarial responsable es condición indispensable. Un estudio del FMI muestra que, si bien el nivel de remuneración de los ejecutivos no está sistemáticamente relacionado con la asunción de riesgos de los bancos, la estructura de dicha remuneración sí que lo está [5] . El riesgo puede reducirse vinculando la retribución a los resultados a largo plazo, y no a corto plazo.

Además de reducir la asunción de riesgos a través de una remuneración más responsable, otro de los elementos clave para recuperar la confianza es erradicar la evasión fiscal. Cualquier observador ocasional de la revelación de los Papeles de Panamá puede darse cuenta de que los esfuerzos para evadir impuestos no solo erosionan la confianza, sino que también defraudan a la sociedad.

No disponemos de estimaciones fiables sobre el importe de ingresos tributarios no percibidos a través de las cuentas enumeradas en los Papeles de Panamá, ya sea de forma legal mediante una sofisticada planificación, o ilegal mediante evasión de impuestos. No obstante, este descubrimiento demuestra con claridad que se trata de importes cuantiosos en ambos casos. La pérdida de ingreso que se deriva representa una oportunidad perdida para la sociedad —y para inversiones favorables al crecimiento como la educación, la salud y el medio ambiente. Un sistema tributario eficiente y justo es parte irrenunciable del círculo de reinversión.

En un sentido más amplio, en muchos países el sector privado puede ser clave en la lucha contra la corrupción en el sector público. A fin de cuentas, por cada soborno que recibe un funcionario público, el sector privado paga otro. Abandonando esta ecuación, las empresas pueden contribuir a atajar la conducta corrupta de los funcionarios públicos —tanto a nivel nacional como internacional. Abordar la corrupción es de vital importancia para la incesante lucha contra la pobreza y la desigualdad excesiva que se lleva a cabo en tantos lugares del mundo.

En el otro extremo del espectro, quienes desean no solo evitar las infracciones, sino contribuir a un cambio social positivo, se sienten atraídos por la filantropía que he mencionado antes. Forzosamente, es en parte cuestión de publicidad. Pero no hay duda de que también lo es de responsabilidad —para restituir y compartir la prosperidad con los menos afortunados.

A nivel de liderazgo, la Promesa de Dar de la Fundación Gates es un buen ejemplo de ello. Desde 2010, 139 particulares con un patrimonio elevado se han comprometido a ceder más de USD 365.000 millones a proyectos de ámbitos que van de la tecnología de la información a la educación, pasando por la sanidad. Asimismo, muchas empresas respaldan con razón a sus empleados realizando donaciones benéficas y ayudando así a los más necesitados, restableciendo la confianza e invirtiendo en el personal.

Esto me lleva a otra de las principales funciones de fomento de la inclusión de las empresas: la de empleadores.
2. Empleadores

El potencial de creación —y mantenimiento— de empleo de las empresas resulta especialmente importante en un momento en el que muchas personas están sin trabajo. A pesar de que la situación del empleo está mejorando en algunas economías avanzadas, la OIT estima que el desempleo mundial total alcanzará los 199,4 millones de personas este año —y rebasará los 200 millones el año que viene [6] .

Es una miseria generalizada que sobrepasa los límites regionales, sectoriales, de género y edad. Si me lo permiten, quisiera destacar dos grupos: el de las mujeres y el de los jóvenes.

La triste realidad es que, en comparación con sus homólogos masculinos, las mujeres están subempleadas y peor pagadas. Aun así, los estudios del FMI y otros han revelado los muchos beneficios del empoderamiento de las mujeres.

Una reducción de la brecha de género es positiva para el crecimiento y la diversificación de la economía, y se asocia a una menor desigualdad del ingreso. Y, además, mejora los resultados: según un estudio del personal técnico del FMI, la presencia de una mujer más en el consejo de administración se traduce en un aumento de entre 8 y 13 puntos básicos del rendimiento de los activos [7] .

En el FMI, incorporamos el asesoramiento político sobre cuestiones de género al diálogo con muchas de las autoridades de los países —y a algunos de nuestros programas más nuevos, como el de Egipto. ¿Qué me gustaría decirles a ustedes, en cuanto defensores y empleadores?

En cuanto defensores, les pediría que respaldasen políticas públicas inteligentes. En los países emergentes y en desarrollo, por ejemplo, son las de inversión en educación de las chicas, fomento de un acceso más amplio al financiamiento y refuerzo de las infraestructuras. En las economías avanzadas, son las de eliminación de desincentivos fiscales a los asalariados secundarios, oferta de servicios de guardería asequibles y de calidad, y subvención de la licencia parental remunerada. También es fundamental eliminar los obstáculos jurídicos a la participación de la mujer en la economía —que existen en nada menos que el 90% de los países.

Lo bueno es que, en cuanto empleadores, disponen de un margen significativo para empoderar a las mujeres. Una actitud de apoyo a un horario de trabajo flexible y a la licencia parental servirá para que más mujeres puedan conciliar trabajo y familia, como también lo harán las iniciativas para facilitar el cuidado de los hijos. La asesoría y orientación a cargo de modelos femeninos a seguir puede ayudar a otras mujeres a actuar y rebelarse.

Además de centrarnos en las mujeres, deberíamos hacerlo también en la juventud. Desgraciadamente, se prevé que el número de jóvenes desempleados en el mundo se incremente en 500.000 este año, hasta un total de 71 millones [8] .

Como ustedes saben, para luchar contra la lacra del elevado desempleo juvenil hay que combinar distintos esfuerzos. Permítanme que resalte uno de ellos: el desarrollo de competencias.

Un elemento esencial para ayudar a los jóvenes a prosperar es asegurar que dispongan de las competencias que requiere nuestra economía mundial, globalizada y en constante cambio. Sin embargo, en demasiadas ocasiones parece existir una desvinculación entre las competencias que presentan los jóvenes y las que necesitan.

El Foro Económico Mundial, por ejemplo, concluyó que, en promedio, solo se utilizan dos tercios del capital humano potencial de los jóvenes [9] . Otro informe, elaborado por McKinsey, indica que los jóvenes y los empleadores coinciden en una cosa: la mayoría de ambos grupos duda que los nuevos graduados estén preparados para asumir puestos de nivel básico [10] . También según el informe, los empleadores pueden marcar la diferencia si amplían su colaboración con las instituciones educativas.

Como parte de la labor analítica y de vigilancia que lleva a cabo con sus países miembros, el FMI aborda esta clase de cuestiones. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el Fondo viene reclamando un aumento de la capacitación profesional —por ejemplo a través de la ampliación de los acuerdos de colaboración entre la industria y las instituciones de enseñanza superior [11] . También hemos exigido un incremento del salario mínimo federal —otro elemento clave para respaldar la inclusión.

Una de las claves para poder desplegar el potencial de todos los que se sienten excluidos es equipar mejor a las personas para que prosperen en la era digital, ayudándolas a adaptarse a los cambios del mercado de trabajo. Como dice un antiguo proverbio chino:  «Cuando soplan vientos de cambio, unos levantan murallas y otros construyen molinos de viento».
3. Innovadores

Esto me lleva a la tercera función principal de las empresas: el fomento de la inclusión a través de la innovación tecnológica.

La relación entre tecnología e inclusión es objeto de un animado debate. Algunos estudios sugieren que la innovación tecnológica puede agravar la desigualdad —porque los robots reducirían los salarios de la gente, o incluso les quitarían el trabajo.

Estas preocupaciones no son nuevas; prueba de ello es la revuelta de los canutos en Francia o la oposición de los luditas a la Revolución Industrial en Gran Bretaña en el siglo XIX. Hoy en día, de quienes sienten preocupación por las nuevas tecnologías se dice que viven anclados en el pasado. No es justo: sus preocupaciones deben tomarse en serio —por ejemplo, mediante la inversión en capacitación y redes de protección social.

De todos modos, también debemos valorar la cara positiva de la innovación tecnológica. Si se aprovecha, puede respaldar la inclusión y crear oportunidades para aumentar la participación de los ciudadanos en la economía, y en sus beneficios. Fijémonos, por ejemplo, en la llamada «economía de las aplicaciones” o “economía por encargo o gig economy». Aunque no es perfecta ni mucho menos, reduce la dependencia de las estructuras empresariales tradicionales y crea nuevas oportunidades para que millones de personas desarrollen su potencial.

Para mí —y el FMI—, un tipo de cambio tecnológico que promete mucho es el relacionado con la inclusión financiera. No hay duda de que ampliar el acceso a los servicios financieros serviría de apoyo al desarrollo económico. No es un tópico, sino que se basa en datos empíricos —entre ellos la base de datos única mundial del FMI sobre inclusión financiera, la encuesta sobre acceso a servicios financieros [12] .

Más de 60 países —de India a Perú— han adoptado planes estratégicos para ampliar la inclusión financiera. Pero si bien los gobiernos pueden generar el entorno favorable —con leyes de protección del consumidor y educación financiera—, es el sector privado el que, en última instancia, debe sacar partido de la tecnología.

Una de las innovaciones con extraordinarias posibilidades son las finanzas digitales. En gran parte de África subsahariana, por ejemplo, resulta mucho más sencillo efectuar un depósito a través de un teléfono móvil que hacerlo en la ciudad más cercana. En 15 países de la región, el número de cuentas de dinero móvil supera el de depositantes en bancos comerciales. El servicio de pago móvil de Kenia, M-PESA, es un conocido abanderado de la banca móvil. Funciona a través de un proveedor de telecomunicaciones privado y ofrece cobertura nacional con independencia de los bancos tradicionales, con el beneficio añadido de que ayuda a ampliar el acceso de las mujeres al financiamiento.

La ampliación de los servicios financieros también obliga a adaptar los productos a las circunstancias de los consumidores. En México, por ejemplo, un importante minorista de consumo abrió un banco en 2012 pensado específicamente para servir a quienes no tenían acceso a cuentas bancarias. Gracias al análisis de los datos de la empresa matriz, lograron tener que exigir menos documentación para abrir una cuenta de lo que suele ser habitual en otros bancos. Miles de personas abrieron cuentas bancarias; los estudios indican que los niveles de empleo e ingreso también aumentaron.

En Chile, cadenas de supermercados van elaborando gradualmente historiales de crédito para los clientes que no disponen de cuenta bancaria. Comienzan con créditos en la tienda por importes pequeños, que van aumentando en función de los reembolsos —ampliando paulatinamente el acceso al crédito.

Estos son solo algunos ejemplos de empoderamiento financiero en la práctica. De este modo, y de otros también, la innovación y la inclusión pueden ir de la mano.

Conclusiones

Para terminar, mientras intentamos sacar la economía mundial de lo que venimos llamando «la nueva mediocridad», los esfuerzos para elevar el crecimiento y respaldar la inclusión son prioridades indispensables y complementarias. Junto a políticas más fuertes, las empresas tienen un papel protagonista. El espíritu emprendedor no solo se ve beneficiado por un aumento de la inclusión, sino que goza de una posición privilegiada para respaldarla — liderando, empleando, innovando.

Dar otro paso adelante hacia el capitalismo inclusivo requiere adoptar medidas decisivas: no solo promesas, sino también actos. La pelota está en su tejado.

Si me lo permiten, terminaré con unas palabras del Presidente Woodrow Wilson:

“Usted no está aquí solo para ganarse la vida. Está aquí para que el mundo pueda vivir con mayor amplitud, con una visión más amplia, con un mejor espíritu de esperanza y progreso. Está aquí para enriquecer el mundo, y se empobrecerá usted mismo si olvida el mandado.»

Gracias.

[1]   Encuesta Gallup sobre la confianza en las instituciones 2016
[2]   Encuesta Gallup sobre la confianza en las instituciones 2016
[3]   Encuesta de Deloitte sobre la generación Y 2016
[4]   Grupo de Trabajo del G-30. Conducta y Cultura de los Bancos: un Llamado para una Reforma Sostenida e Integral 2015
[5]   Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR), octubre de 2014, capítulo 3: Risk Taking by Banks: The Role of Governance and Executive Pay
[6]   Perspectivas sociales y del empleo en el mundo (PSEM), OIT
[7]   IMF Unlocking Female Employment Potential in Europe: Drivers and Benefits
[8]   Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, OIT, 2016: Tendencias del empleo juvenil
[9]  Foro Económico Mundial: The Human Capital Report 2016
[10]   McKinsey Center for Government, Education to Employment: Designing a System that Works
[11]   Estados Unidos de América: Consulta del Artículo IV; Informe del personal técnico
[12]   Documento de Análisis del Personal Técnico del FMI: Financial Inclusion: Can it Meet Multiple Macroeconomic Goals?

Viernes, 14 de octubre de 2016  poderjudicial.es

El número de ejecuciones hipotecarias en Castilla-La Mancha se reduce un 30,5 por ciento en el segundo trimestre del año

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en la región durante los meses de abril a junio de 2016 fueron 573, frente a los 825 procedimientos de este tipo en el mismo periodo del año anterior. La cifra de lanzamientos de todo tipo practicados cae un 14,4%. Descienden también las demandas por despido, las reclamaciones de cantidad y los procedimientos monitorios. Los concursos presentados, incluyendo los de personas naturales no empresarios, aumentan un 13,2 %

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de ejecuciones hipotecarias registradas en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre de 2016 experimentó un descenso del 30,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 825 a 573, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

En la estadística se recogen también las cifras derivadas de los lanzamientos practicados en la región del 1 de abril al 30 de junio de este año, y que alcanzaron los 620, lo que supone un descenso del 14,4 por ciento con respecto al trimestre del año 2015, cuando se produjeron 724 lanzamientos.

Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Del total de 620 lanzamientos practicados, 300 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), principalmente de alquileres impagados, mientras que otros 304 lanzamientos procedían de ejecuciones hipotecarias resueltas y los 16 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso del 6,3 %, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 15,6 %.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes existentes en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre de 2016 fue de 305, un 10,9 % más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 141 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 27,3%.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2016 en los juzgados con competencia en materia mercantil de Castilla-La Mancha fue de 45, un 15,1 % menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior. No obstante, hay que tener en cuenta que, en virtud del cambio introducido por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 21 de julio de 2015, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, la competencia para los concursos de las personas naturales no empresarios ha pasado a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, por lo que la evolución interanual se debe calcular sumando el número de concursos presentados en estos Juzgados (15 en el segundo trimestre de 2016) con los presentados en los Juzgados de lo Mercantil. Con este ajuste, se observa un incremento interanual del 13,2 %.

Por provincias, Ciudad Real es la que ha experimentado una mayor disminución en el número de procedimientos concursales presentados en el Juzgado con competencia en materia mercantil, concretamente un 47,6 % menos con respecto al segundo trimestre de 2015. 11 concursos presentados de abril a junio de 2016 frente a 21 del mismo periodo del año anterior.

En Toledo se han presentado 13 concursos, 10 en Albacete y Guadalajara y 1 en Cuenca.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre en los juzgados con competencia en materia mercantil de la región ha disminuido un 3,4 % respecto al mismo periodo de 2015. Se declararon un total de 28 concursos, a los que se añaden los 5 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

Durante el segundo trimestre de 2016 llegaron a la fase de convenio un total de 3 concursos, mientras que 44 iniciaron la fase de liquidación.

Además, se mantiene la importante disminución interanual en el número de expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (E.R.E.s).
En Castilla-La Mancha se han presentado 4 expedientes en el segundo trimestre de 2016, de los que 2 corresponden a la provincia de Albacete y 1 a las provincias de Guadalajara y Toledo.

Las demandas por despido caen un 5,9 por ciento

Las 736 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de Castilla-La Mancha entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados suponen un descenso interanual del 5,9 por ciento.

En los Juzgados de lo Social de la región se registraron en el segundo trimestre del año 889 reclamaciones de cantidad frente a 1.328 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un 33,1 % menos.

Menos procedimientos monitorios

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Castilla-La Mancha fueron 6.380, lo que supone una disminución del 23,2 % respecto al mismo periodo de 2015.

Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2016 y las series completas desde 2007 en el siguiente enlace:

Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos

Según estimaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

España, muy por encima de la senda prevista para lograr el objetivo del 20% de renovables en 2020

Martes 11 de octubre de 2016  lamoncoa.gob.es

Nuestro país alcanzó en 2014 un 17,3% de penetración de renovables frente al 12,1% previsto. Para continuar impulsando la penetración de renovables, el Ministerio está trabajando en una nueva subasta para final de año, en la que participen las distintas tecnologías en concurrencia competitiva.

España se encuentra muy por encima de la senda prevista para lograr el objetivo del 20% de renovables sobre su consumo total de energía en 2020. Nuestro país alcanzó en 2014 un 17,3% de penetración de renovables en el consumo final de energía, incluyendo biocarburantes, frente al 12,1% previsto.  Para 2015 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo prevé una cifra similar. Teniendo en cuenta que fue un año de escaso recurso hidráulico y poco viento, se confirma una tendencia al alza en la penetración de renovables.

Según Eurostat, España tiene mayor penetración de renovables que la media de la Unión Europea. Además, España está por encima de la mayoría de los países de nuestro entorno (como Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda o Bélgica), tanto por tener una mayor penetración de renovables, como porque le falta menos para alcanzar su objetivo para 2020.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo estima que, con las medidas tomadas en los últimos años, España se situará en el entorno del 18,5-19,0% de penetración de renovables sobre su consumo total de energía en 2020.  En los últimos años se han llevado a cabo diferentes acciones para impulsar la penetración de renovables: subasta de nueva potencia eólica (500 MW) y de biomasa (200 MW), introducción de eólica en Canarias (450 MW), régimen retributivo específico para biogás, biomasa, cogeneración e hidráulica (120 MW), aumento de senda la penetración de biocarburantes en automoción (hasta alcanzar el 8,5% en 2020), etc. Para continuar impulsando la penetración de renovables, el Ministerio está trabajando en una nueva subasta para final de año, en la que participen las distintas tecnologías en concurrencia competitiva.

Renovables dentro del mix de generación

En cuanto al sistema eléctrico, la penetración de renovables dentro del mix de generación no ha dejado de crecer en los últimos años.  En el primer semestre de 2016, el 50,6% de la de la electricidad producida ha sido de origen renovable. Asimismo, las tecnologías solares -fotovoltaica y termosolar- han pasado de representar el 3,4% del mix de generación en 2011 al 5,0% en 2015 (incrementándose incluso hasta el 5,6% en lo que llevamos de año 2016).

Viernes, 14 de octubre de 2016  cgpj.es

El número de lanzamientos practicados en Galicia desciende un 3,4% en el segundo trimestre del año

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas bajan de nuevo, con una disminución interanual del 31,5%, al pasar de 445 en el segundo trimestre de 2015 a 305 en este año

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de lanzamientos practicados en Galicia en el segundo trimestre del año experimentó un descenso del 3,4 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, al pasar de 714 a 690. De estos, como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria se produjeron 238 (frente a los 230 de 2015) y como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos 421 (frente a los 453 de 2015). Los lanzamientos enmarcados en el apartado de otras causas se situaron en ambos periodos en 31. El descenso en el número de lanzamientos practicados se sitúa por encima de la media estatal, donde se ha registrado una bajada del 1,9%.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre el 1 de abril y el 30 de junio también ha descendido con respecto al año pasado. En este periodo se presentaron 305, frente a las 445 de 2015, lo que supone un descenso interanual del 31,5%, frente al 17,4% de media estatal, según se desprende del informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Aumenta, sin embargo, el número de concursos presentados en los juzgados gallegos, rompiendo de esta manera una tendencia iniciada en 2013 (un 9,4% interanual). Frente a los 85 que se registraron en el segundo semestre de 2015, se ha pasado a 93. En este capítulo, debe tenerse en cuenta que, en virtud del cambio introducido por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, la competencia para los concursos de las personas naturales no empresarios ha pasado a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Por tanto, para el cálculo de la evolución interanual de los concursos se ha tenido en cuenta la suma de los concursos presentados en estos órganos judiciales -6 en el segundo trimestre de 2016- y los 87 presentados en los Juzgados de lo Mercantil.

Con respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE’s), en Galicia se registraron en el primer trimestre del año 9, frente a los 17 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 50%.

Las 1374 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados suponen un descenso interanual del 9,7 por ciento, frente al 2,1% de bajada en la media estatal.

El informe señala asimismo que continúa el descenso de los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción. En Galicia se presentaron 8037 en este periodo, frente a los 9050 del año pasado, lo que supone un descenso interanual de 11,2%.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2016 y las series completas desde 2007 en el siguiente enlace:

Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa nº 110/16
Luxemburgo, 12 de octubre de 2016
Sentencia en el asunto C-166/15
Aleksandrs Ranks y Jurijs Vasiļevičs
El adquirente inicial de la copia de un programa de ordenador acompañada de una licencia de uso ilimitado tiene derecho a revender esta copia usada y su licencia a un subadquirente
En cambio, cuando el soporte físico de origen de la copia que entregada inicialmente está dañado o destruido o se ha extraviado, no puede proporcionar al subadquirente su copia de salvaguardia del programa sin autorización del titular de los derechos de autor
En Letonia, se imputan a los Sres. Ranks y Vasiļevičs, en particular, los delitos de venta ilegal mediante asociación ilícita de objetos protegidos por derechos de autor y de uso ilegal intencionado de una marca de un tercero. En efecto, en 2004 vendieron en un mercado electrónico copias de salvaguardia de distintos programas de ordenador editados por Microsoft Corp. y protegidos por derechos de autor (concretamente, versiones del software de Microsoft Windows y del paquete informático Microsoft Office). El número de copias de los programas de ordenador vendidas se estima en más de 3 000, y el importe del daño patrimonial causado a Microsoft por las actividades de los Sres. Ranks y Vasiļevičs se evalúa en 265 514 euros.
En este marco, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (formación especial de la Sala de lo Penal del Tribunal Regional de Riga, Letonia), que conoce del asunto, solicita al Tribunal de Justicia que aclare si el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que el adquirente de la copia de salvaguardia de un programa de ordenador, grabada en un soporte físico que no es el original, puede, en virtud de la regla del agotamiento del derecho de distribución del titular de los derechos, prevista en una Directiva de la Unión, 1 revender esta copia cuando, por un lado, el soporte físico original de dicho programa, entregado al adquirente inicial, está dañado y cuando, por otro lado, el adquirente inicial ha borrado su ejemplar de dicha copia o ha dejado de usarlo.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia considera que se deduce de la regla del agotamiento del derecho de distribución que el titular de los derechos de autor de un programa de ordenador (en el caso de autos, Microsoft) que ha vendido en territorio de la Unión la copia de ese programa en un soporte físico (como un CD o un DVD) acompañada de una licencia de uso ilimitado ya no puede oponerse a las reventas posteriores de dicha copia por parte del adquirente inicial o los adquirentes sucesivos, a pesar de la existencia de disposiciones contractuales que prohíben cualquier cesión posterior.
Sin embargo, la cuestión prejudicial planteada tiene por objeto el supuesto de la reventa de una copia usada de un programa de ordenador, grabada en un soporte físico que no es el original («copia de salvaguardia»), por una persona que lo ha adquirido al adquirente original o a un adquirente posterior.
El Tribunal de Justicia señala que la Directiva concede al titular de los derechos de autor de un programa de ordenador el derecho exclusivo de realizar y autorizar la reproducción permanente o provisional de este programa total o parcialmente, por cualquier medio y en cualquier forma, sin perjuicio de las excepciones específicas previstas en la Directiva. En consecuencia, el adquirente legítimo de la copia de un programa de ordenador, comercializado por el titular de los derechos o con su consentimiento, puede revender dicha copia, siempre que esta cesión no menoscabe el derecho exclusivo de reproducción garantizado a ese titular y que cualquier acto de reproducción del programa esté autorizado por el antedicho titular o esté incluido en las excepciones previstas en la Directiva.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva dispone que la realización de una copia de salvaguardia por parte de una persona con derecho a utilizar un programa de ordenador no podrá impedirse por contrato en tanto en cuanto resulte necesaria para dicha utilización. Cualquier disposición contractual contraria a esa regla se considerará nula y sin valor ni efecto alguno.
Por consiguiente, la realización de una copia de salvaguardia de un programa de ordenador está sujeta a dos requisitos. Por un lado, esta copia debe ser realizada por una persona que tenga derecho a utilizar dicho programa y, por otro lado, ha de ser necesaria para dicha utilización.
Según el Tribunal de Justicia, dicha regla, que establece una excepción al derecho exclusivo de reproducción del titular de los derechos de autor de un programa de ordenador, debe ser objeto de interpretación estricta.
De ello se desprende que una copia de salvaguardia de un programa de ordenador sólo puede realizarse y utilizarse para responder a las necesidades de la persona que tiene derecho a utilizar dicho programa y, por lo tanto, que esta persona no puede, aun cuando haya dañado, destruido, o incluso extraviado el soporte físico original de dicho programa, usar esa copia a efectos de la reventa del programa de ordenador usado a un tercero.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, aunque el adquirente inicial de la copia de un programa de ordenador acompañada de una licencia de uso ilimitado tiene derecho a revender esta copia usada y su licencia a un subadquirente, en cambio, cuando el soporte físico de origen de la copia que se le entregó inicialmente está dañado o destruido o se ha extraviado, no puede proporcionar a este subadquirente su copia de salvaguardia de este programa sin autorización del titular de los derechos.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
1 Con arreglo a la Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador (Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, DO 1991, L 122, p. 42), la regla del agotamiento del derecho de distribución del titular de los derechos de autor establece el principio que la primera venta en la Unión de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento agotará el derecho de distribución en la Unión de dicha copia.

Viernes, 14 de octubre de 2016  cgpj.es

El número de lanzamientos practicados en la Comunidad Valenciana aumenta un 8,2 % en el segundo trimestre de 2016

Crece un 7,8% el número de concursos presentados. Las ejecuciones hipotecarias bajan un 38,1%

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2016 en la Comunidad Valenciana experimentó un aumento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, conocido hoy. En concreto, durante el segundo trimestre de 2016 se practicaron 2.901 lanzamientos, frente a los 2.681 practicados entre abril y junio del año 2015.

De los 2.901 lanzamientos contabilizados en el segundo trimestre de 2016 en la Comunidad Valenciana, 1.589 se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que significa un incremento del 5,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Más de 1.200, en contreto 1.239, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU, lo que supone un aumento del 12,8% en el número de alzamientos por impago de alquiler. Los restantes 73 obedecieron a otras causas.

Estos datos sitúan a la Valenciana en la tercera posición de la lista de comunidades autónomas donde se practicaron mayor número de lanzamientos en el segundo trimestre de 2016, sólo por detrás de Cataluña y Andalucía. Atendiendo solo a los lanzamientos que son consecuencia de la LAU, la región ocupa también la tercera posición, mientras que en la clasificación de comunidades con mayor número de lanzamientos resultado de ejecuciones hipotecarias, la valenciana ocupa la segunda posición, solo por detrás de Andalucía.

Aumenta en un 7,8% el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2016 en los juzgados de lo mercantil de la Comunidad Valenciana fue de 210, un 13,6% menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior. No obstante, hay que tener en cuenta que, en virtud del cambio introducido por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 21 de julio de 2015, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, la competencia para los concursos de las personas naturales no empresarios ha pasado a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, por lo que la evolución interanual se debe calcular sumando el número de concursos presentados en estos juzgados –52 en el primer trimestre de 2016– con los presentados en los Juzgados de lo Mercantil– los 210 anteriormente citados. Así,el total de los concursos presentados en la Comunidad Valenciana durante el segundo trimestre de 2016 fue de 262, lo que significa un incremento del 7,8% respecto al mismo periodo del año pasado, que sitúa a la Comunidad en la tercera posición en cuanto a mayor número de concursos presentados, sólo por detrás de Cataluña y Madrid.

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 38,1%

El informe del CGPJ refleja, igualmente, que el número de ejecuciones hipotecarias -es decir, procedimientos que permiten exigir el pago de deudas por prenda o hipoteca- iniciadas en el segundo trimestre de 2016 en la Comunidad Valenciana fue de 2.056 frente a las 3.321 del mismo periodo del año anterior. Esta cifra representa un descenso del 38,1% en las ejecuciones hipotecarias respecto al segundo semestre de 2015 y sitúa a la Comunidad Valenciana como segunda del país en reducción de ejecuciones hipotecarias, solo por detrás de Cantabria.

Incremento de las demandas por despido

Por último, el segundo trimestre de 2016 se presentaron un total de 2.867 demandas por despido en los Juzgados de lo Social de la región, lo que significa un aumento del 9,7% respecto a las mismas fechas del año anterior.

Más información en: Datos sobre el efecto de la crisis en los Órganos Judiciales

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 111/16
Luxemburgo, 13 de octubre de 2016
Sentencia en el asunto C-294/15
Edyta Mikołajczyk / Marie Louise Czarnecka y Stefan Czarnecki
El Derecho de la Unión se aplica a los procedimientos de nulidad matrimonial iniciados por terceros con posterioridad al fallecimiento de uno de los cónyuges
Sin embargo, la persona distinta a los cónyuges que inicie tal procedimiento sólo podrá basarse en algunos de los criterios de competencia establecidos en dicho Derecho
En 2012, la Sra. Edyta Mikołajczyk presentó ante un tribunal polaco una demanda de nulidad del matrimonio contraído en 1956 en París (Francia) entre el Sr. Stefan Czarnecki (fallecido el 3 de marzo de 1971) y la Sra. Marie Louise Czarnecka. En dicha demanda, la Sra. Mikołajczyk señalaba que era la heredera testamentaria de la Sra. Zdzisława Czarnecka, primera esposa del Sr. Czarnecki, fallecida el 15 de junio de 1999. Según la Sra. Mikołajczyk, el matrimonio entre el Sr. Czarnecki y la Sra. Zdzisława Czarnecka, celebrado el 13 de julio de 1937 en Poznań (Polonia), aún existía en el momento en que el Sr. Czarnecki y la Sra. Marie Louise Czarnecka contrajeron matrimonio, por lo que este último matrimonio constituía una relación bígama y, por ende, debía ser anulado. La Sra. Marie Louise Czarnecka, por su parte, solicitó que se declarara la inadmisibilidad de la demanda de nulidad matrimonial debido a la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales polacos. Según ella, la demanda debía haberse presentado ante un órgano jurisdiccional francés.
En Derecho polaco, cualquier persona que tenga interés jurídico puede instar la nulidad de un matrimonio por la existencia de un matrimonio anterior de uno de los cónyuges.
El Reglamento de la Unión relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental 1 se aplica en particular, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, a las materias civiles relativas al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial. Según el artículo 3, apartado 1, letra a), guiones quinto y sexto, de este Reglamento, en los asuntos relativos a estas materias, la competencia recae, entre otros, en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre 1) la residencia habitual del demandante si éste ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda o 2) la residencia habitual del demandante en caso de que éste haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión.
El Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia, Polonia), que conoce del asunto en apelación, pregunta al Tribunal de Justicia, por un lado, si el Reglamento se aplica a los procedimientos de nulidad matrimonial iniciados por una persona distinta a los cónyuges con posterioridad al fallecimiento de uno de los cónyuges y, por otro lado, si tal persona puede basarse en los criterios de competencia establecidos en la citada disposición del Reglamento.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia observa que, en cuanto a la aplicabilidad del Reglamento, éste menciona la nulidad matrimonial entre las materias que entran en su ámbito de aplicación, sin hacer distinciones en función de la fecha de inicio de tal procedimiento en relación con el fallecimiento de uno de los cónyuges ni en función de la identidad del titular del derecho a incoar tal procedimiento. Además, un procedimiento de nulidad matrimonial iniciado por un tercero con posterioridad al fallecimiento de uno de los cónyuges no figura entre las materias excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento. Tal interpretación viene confirmada igualmente por el objetivo que persigue este Reglamento, que contribuye a crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, en el que se garantiza la libre circulación de personas.
El Tribunal de Justicia estima que excluir un procedimiento de nulidad matrimonial del ámbito de aplicación del Reglamento podría acrecentar la inseguridad jurídica vinculada a la falta de un marco normativo uniforme en la materia.
Por último, el Tribunal de Justicia subraya que el hecho de que el procedimiento de nulidad ataña a un matrimonio ya finalizado por el fallecimiento de uno de los cónyuges no implica que dicho procedimiento quede excluido del ámbito de aplicación del Reglamento, puesto que cabe considerar que una persona pueda tener interés en obtener la nulidad de un matrimonio incluso después del fallecimiento de uno de los cónyuges. Aunque tal interés ha de apreciarse a la luz de la normativa nacional aplicable, no existe razón alguna para impedir que un tercero que haya iniciado un procedimiento de nulidad matrimonial con posterioridad al fallecimiento de uno de los cónyuges pueda ampararse en las normas de conflicto uniformes establecidas en el Reglamento.
El Tribunal de Justicia considera por lo tanto que un procedimiento de nulidad matrimonial iniciado por un tercero con posterioridad al fallecimiento de uno de los cónyuges está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento.
En cuanto a los criterios de competencia establecidos en los guiones quinto y sexto del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento, el Tribunal de Justicia observa que, en determinadas condiciones, esas disposiciones reconocen a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentra la residencia habitual del demandante la competencia de pronunciarse sobre la disolución del matrimonio.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que las normas de competencia instauradas por el Reglamento tienen como objetivo preservar los intereses de los cónyuges, tener en cuenta la movilidad de las personas y proteger igualmente los derechos del cónyuge que haya abandonado el país de la residencia habitual común.
El Tribunal de Justicia concluye que, si un procedimiento de nulidad matrimonial iniciado por un tercero está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento, dicho tercero ha de estar sometido a las normas de competencia definidas en interés de los cónyuges. Por consiguiente, a efectos del Reglamento, el concepto de «demandante» no incluye a personas distintas a los cónyuges, de modo que los terceros no pueden invocar los criterios de competencia establecidos en el artículo 3, apartado 1, letra a), guiones quinto y sexto, del Reglamento.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
1 Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento.

Viernes, 14 de octubre de 2016 cgpj.es

El número de lanzamientos practicados cae un 11,3 por ciento en el segundo trimestre del año en Madrid

La cifra de lanzamientos experimenta descensos superiores al 10 % también en Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja. Las ejecuciones hipotecarias iniciadas bajan un 31,2 por ciento respecto al primer trimestre de 2015, al pasar de 1.685 a 1.159. Madrid, la región donde se presentan más demandas por despido, 4.946, las mismas que en el periodo anterior: 4.948. Aumenta un 11 % el número de concursos presentados pero disminuyen en un 52,17 % los ERE´s

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2016 experimentó un descenso del 11,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 1.986 a 1.762, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

La cifra de lanzamientos practicados ha tenido reducciones superiores al diez por ciento, además de en Madrid, en regiones como Castilla la Mancha, Navarra y La Rioja. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

El 73 % de los lanzamientos -1.285- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 428 –el 24,2 %- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 49 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron en Madrid un descenso del 8,9 %, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 17,4 %.

Cataluña –con 4.145, el 22,5 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre del año, seguida por Andalucía, con 3.007, y la Comunidad Valenciana, con 2.901. Estos tres territorios sumaron más de la mitad –el 54,7 %- de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 2.636; seguida por Madrid, con los citados 1.285; Andalucía, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.239. En cuanto a los resultantes de ejecuciones hipotecarias, Andalucía está a la cabeza, con 1.611, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.589; y Cataluña, con 1.306.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2016 en la Comunidad de Madrid fue de 2.464, un 12,13 % más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 1.654 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento del 1,9 %.

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 31,2 por ciento

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2016 fue de 1.159, lo que representa un descenso del 31,2 por ciento respecto a las 1.685 presentadas en el mismo trimestre de 2015.

El descenso en las ejecuciones hipotecarias presentadas se produjo en todas las Comunidades Autónomas excepto en Asturias, Cataluña, el País Vasco y La Rioja.

Por territorios, las ejecuciones hipotecarias presentadas en Andalucía –con 3.491, el 24,3 % del total nacional-, Cataluña –con 3.046, el 21,2%- y la Comunidad Valenciana -con 2.056, el 14,3%-, representan más del 60 % de las iniciadas en toda España.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2016 en los juzgados de lo mercantil de Madrid región fue de 292, un 11 % más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. No obstante, hay que tener en cuenta que, en virtud del cambio introducido por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 21 de julio de 2015, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, la competencia para los concursos de las personas naturales no empresarios ha pasado a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, por lo que la evolución interanual se debe calcular sumando el número de concursos presentados en estos Juzgados -59 en el primer trimestre de 2016- con los presentados en los Juzgados de lo Mercantil. Con este ajuste, se observa un incremento interanual del 33,5 %.

El mayor número de concursos presentados en el segundo trimestre del año se ha dado en Cataluña -399, que suponen el 21,6 % del total-. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 351 concursos presentados (292 más 59); la Comunidad Valenciana, con 262; y Andalucía, con 233.

Cataluña es la comunidad donde los concursos presentados por personas físicas es mayor respecto al total de concursos presentados, un 28,1 %. En Cantabria representan el 27,8 %, en Aragón el 26,1 % y en Castilla-La Mancha el 25 %.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre en los Juzgados de lo Mercantil ha disminuido un 19,21% respecto al mismo periodo de 2015. Se declararon un total de 132 concursos, a los que se añaden los 74 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

Durante el segundo trimestre de 2016 llegaron a la fase de convenio un total de 55 concursos, mientras que otros 132 iniciaron la fase de liquidación. En el mismo periodo del año anterior fueron 135 los que iniciaron la fase de liquidación.

Además, se mantiene la importante disminución interanual en el número de expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (E.R.E.s). Se han presentado 12 expedientes, un 52,17 % menos que en el segundo trimestre de 2015.

Madrid, donde se presentan más demandas por despido

Las 4.946 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social madrileños entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados suponen un descenso interanual del 0,0 por ciento, ya que en el mismo periodo del año anterior fueron 4.948, si bien en toda España han descendido un 2,1 %.

Por territorios, la Comunidad de Madrid es la región en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 4.450, el 17,2 %- y Andalucía –con 3.906, el 15,1 %-.

En los Juzgados de lo Social se registraron en el segundo trimestre del año 5.945 reclamaciones de cantidad, un 1,32 % menos que en el mismo periodo de 2015. No obstante esta cifra supone el 19,4 % del total de las presentadas en toda España, por delante de las 4.881 en Andalucía y 3.768 en Cataluña.

Menos procedimientos monitorios

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 24.579, lo que supone una disminución del 9,9 % respecto al mismo periodo de 2015.

Madrid es, después de Cataluña, con 32.366 procedimientos monitorios, la segunda comunidad autónoma donde se han presentado más asuntos de esta naturaleza.

Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2016 y las series completas desde 2007 en el siguiente enlace:

Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos

11 oct 2016 ceoe.es  apie.es

Jornada informativa CEOE APIE sobre el sector inmobiliario

CEOE plantea propuestas para la recuperación del sector

Pasó de casi 800.000 viviendas iniciadas en 2007 a 50.000 visados de obra nueva en 2015
El Informe “El sector inmobiliario: propuestas para la recuperación” elaborado por el Comité de Edificación Residencial de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE, realiza un análisis exhaustivo del sector inmobiliario en nuestro país tras los años de crisis vividos. El documento identifica los principales problemas a los que se enfrenta el sector, planteando las reformas precisas para impulsar su incipiente recuperación, como motor fundamental de la economía española.
Parte de la premisa inicial de que el ritmo de producción de viviendas en España, y la actividad económica que ésta conlleva, no debe depender de la absorción absoluta del stock de vivienda existente, sino que debe determinarse en función de la necesidad de creación de hogares.

Recuerda que se ha pasado de casi 800.000 viviendas iniciadas en 2007, a los apenas 35.000 visados de obra nueva en 2014 o los 50.000 en 2015 en todo el territorio nacional, lo que ha supuesto la destrucción de alrededor de 1.400.000 empleos.

La demanda de vivienda solvente es muy superior al número de viviendas nuevas al año. Por ello, se debe recuperar el primer acceso a la vivienda, reactivándose la producción de vivienda hasta alcanzar las 150.000 viviendas iniciadas al año, lo que permitiría además equiparar a España a las ratios de la Unión Europea. Esta normalización en la producción de viviendas supondría la creación de 500.000 puestos de trabajo de forma sostenida.

Asimismo, se considera fundamental tener en cuenta que el poder adquisitivo de las familias y su capacidad de endeudamiento ha cambiado. Por ello, todos los agentes intervinientes del sector inmobiliario, y fundamentalmente las Administraciones Públicas, deben tener un objetivo primordial: conseguir una reducción de los costes de producción de la vivienda mejorando los procedimientos administrativos e incorporando la industrialización en el proceso constructivo, para situar en el mercado viviendas con calidad, eficientes energéticamente, pero a precios a los que la demanda pueda acceder.

A estos efectos, se requiere la implementación de una serie de medidas, que el Informe analiza detalladamente en diferentes apartados: (i) Medidas de normativa y legislación urbanística y técnica (a nivel nacional, autonómico y local); (ii) Medidas fiscales (a nivel nacional, autonómico y local); y (iii) Medidas relativas a la financiación, fundamentalmente referidas a la necesidad de contar tanto con financiación bancaria como no bancaria.

Por otro lado, el Informe también señala la necesidad de reactivar la rehabilitación y regeneración urbana, y la conveniencia de desarrollar un trabajo conjunto y continuado entre el ámbito empresarial y la Administración, a fin de desarrollar un sector inmobiliario más competitivo y estable.

 
Octubre 11, 2016 apie.es

“Sólo el 25% del precio de una vivienda corresponde a los costes de producción”
La CEOE presenta su informe El Sector Inmobiliario: Propuestas para la Recuperación en un acto conjunto con la Asociación de Periodistas de Información Económica.

Más de 1.400.000 es la cifra de trabajos perdidos que la crisis ha dejado en el sector inmobiliario, un sector que pasó de 800.000 viviendas iniciadas en el año 2007 a 35.000 en 2014 y 50.000 al año siguiente. Una vez hecho el recuento de bajas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado, en un acto organizado conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), sus ideas para el futuro recogidas en el informe El Sector Inmobiliario: Propuestas para la Recuperación.

La presentación, celebrada en la sede madrileña de la CEOE, ha corrido a cargo de Juan Lazcano, Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente del la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y del Comité de Edificación Residencial, y de Bernardo Aguilera, Director del Departamento de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE, además de Amparo Estrada, de la Junta Directiva de APIE, que actuó como moderadora.

150.000 nuevas viviendas al año

Las cifras de pérdidas fueron enumeradas al principio de la sesión por Juan Lazcano, quien declaró que durante los años de crisis el sector “no ha recibido ningún tipo de ayuda y ha tenido que enfrentarse a la situación a pelo”, y ha solicitado “un compromiso público, no dinerario pero sí estructural” para apoyar la salida de esta situación y alcanzar unos niveles de producción de 150.000 viviendas iniciadas al año, lo que permitiría equiparar a España a los ratios de la Unión Europea, y crear 500.000 puestos de trabajo de forma sostenida. ¿Hay espacio para ello? Según el informe de la CEOE, la demanda de vivienda solvente es muy superior al número de viviendas nuevas al año. Pero los precios tienen que bajar para adecuarse al nivel adquisitivo de los demandantes.
En su intervención, Juan Antonio Gómez-Pintado especificó los detalles de este compromiso, no sin incluir una dosis de autocrítica cuando declaró que “la idea básica es que no tenemos que afrontar la recuperación, sino la renegeración de este sector, partiendo de unas premisas muy distintas de cómo lo veníamos haciendo en el pasado”. Pero, añadió, este cambio de premisas también debe alcanzar a la Administración, que no ha dirigido una iniciativa público-privada a la hora de crear proyectos que puedan presentarse al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, ni ha realizado una catalogación de edificios protegidos necesitados de rehabilitación. En cuando a la vivienda privada, “hay una gran cantidad de infraviviendas construidas en los años 50 y 60 que hoy son obsoletas. O se hacen programas de recuperación urbana destinada a su reforma, o difícilmente podremos alcanzar los requerimientos europeos de eficiencia energética”, añadió.

Legislación enrevesada

A la hora de apostar por la reducción de los costes, Gómez-Pintado aclaró que es un campo donde las propias empresas inmobiliarias tienen muy poco margen: “El 50% del coste de una vivienda es suelo. El 25% son impuestos, y el otro 25% son costes de producción. Nosotros podemos innovar para que esos costes de producción sean menores, pero apenas podemos reducir unas décimas. La rebaja tiene que venir de los otros dos pilares”.

Más que una reducción de impuestos, que reconoció difícil de emprender dadas las condiciones actuales, Gomez-Pintado señaló obstáculos legislativos que podrían salvarse: “Tenemos más de mil normas urbanísticas y 5.000 ordenanzas municipales. Necesitamos racionalización para eliminar normativas obsoletas y planes generales que llevan más de 40 años en vigor”, así como la puesta en marcha de un plan de vivienda que ahora mismo, denunció, no existe, ya que “todas las ayudas se han dedicado al alquiler o a la rehabilitación”. Pero aunque el plan haya desaparecido, no lo han hecho las exigencias y requisitos legales a quienes quieren optar a una vivienda protegida; una de sus consecuencias es que se iguala el precio de las viviendas protegidas y el de las libres. “Lo lógico es que en un plan de vivienda no se proteja a la vivienda, sino a la persona”. Señaló también otros procesos necesitados de agilización, como la licencia de primera ocupación, que debería poder realizarse por canales informáticos y no necesitar hasta cuatro meses para su obtención.

Preguntado por la situación política, Gómez-Pintado no consideró que la falta de Gobierno haya perjudicado al sector, al menos de momento, pero sí reconoció que, si la situación de prolonga más tiempo, empezará a ser “preocupante”. Para Juan Lazcano, la pasada ha sido una legislatura perdida “en algunas cosas. Ha faltado conciencia en cuanto a la financiación y la comunicación, y ejemplaridad rehabilitando edificios públicos, como mandaba la directiva europea”.

En venta las primeras 700 viviendas finalizadas por Sareb

06/10/2016 sareb.es

En total, son 34 promociones ubicadas en Asturias, Cantabria, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid

Los pisos se ofertan en www.SarebCasasDeEstreno.es, junto con el resto de los inmuebles de obra nueva que comercializa la compañía
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha puesto en el mercado por primera vez viviendas terminadas a partir de las obras inacabadas que adquirió la compañía tras su constitución. En conjunto, se comercializan 34 promociones que constan de 700 viviendas. La horquilla de precios va desde 32.000 euros hasta 390.000 euros.

Las viviendas terminadas por Sareb se distribuyen por nueve comunidades autónomas: Asturias, Cantabria, Castilla–La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y La Comunidad de Madrid.

Estos inmuebles, junto con otras 1.300 viviendas de obra nueva, forman parte de la campaña «Casas de Estreno» lanzada por Sareb y pueden consultarse en el microsite www.SarebCasasDeEstreno.es. Los servicers en los que se apoya la compañía (Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia) son los encargados de la comercialización de todos estos activos.  El site incluye una ficha con información básica por vivienda, varias fotografías del exterior y el interior, así como un mapa de situación.

«La finalización de las obras sin terminar allí donde hay demanda se enmarca en la estrategia de Sareb de maximizar el valor de los activos recibidos y cumplir su mandato de desinversión de la forma más eficiente», afirma Juan Dios, director de Gestión Directa de Sareb.

Desglose geográfico de las promociones finalizadas por Sareb

En Asturias se localiza una promoción terminada por Sareb que consta de 112 viviendas nuevas. El piso más barato de esta promoción se puede adquirir por 47.300 euros, mientras que el más caro asciende a 159.600 euros. También en el norte, en Cantabria, Sareb comercializa dos promociones que ha finalizado. Una de ellas se ubica en Miengo y consta de 17 viviendas, en tanto que la otra se localiza en Ampuero y está compuesta por 22 chalets.

Por su parte, Cataluña aglutina casi 200 viviendas. La mayoría se localizan en la provincia de Barcelona (114), repartidas por la capital y Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, San Cugat del Vallés, Terrassa, Torelló, la Roca del Vallés, Begues y Canet de Mar. El resto se encuentra en Tarragona (46), distribuidas por Mora d’Ebre, Mora la Nova, Segur de Calafell y L’Hospitalet de l’Infant, y en Girona (32 entre Cassá de la Selva y Torroella de Montgri). La vivienda más barata terminada por Sareb en Cataluña está en Mora D’ Ebre y se puede adquirir por 52.500 euros, mientras que en el rango más elevado se encuentra una promoción de chalets en Begues, que salen a la venta por 390.300 euros.

En Castilla y León sale al mercado una promoción de 24 viviendas situada en Valladolid. La vivienda más económica de esta promoción tiene un precio de 71.800 euros, mientras que la más cara asciende a 143.600 euros.

Sareb también ha finalizado viviendas en Castilla – La Mancha, en concreto casi 100 en Ciudad Real. En la provincia salen a la venta dos promociones que se encuentran en Puertollano (85) y en Miguelturra (13 pisos). En este último municipio se encuentra el piso más barato, que sale al mercado por 35.900 euros.

En la Comunidad de Madrid se comercializan 12 viviendas de una promoción en la zona sur de la capital. El piso más barato de esta promoción se puede adquirir por casi 198.000 euros, en tanto que el más caro tiene un precio de 265.500 euros.

Por su parte, en la Comunidad Valenciana se ponen a la venta siete promociones terminadas por Sareb que suponen 170 viviendas. La mayoría de ellas se encuentra en la provincia de Valencia (108), en Gandía, Tous, Picassent, Alberic, Carlet y Monserrat. En Alicante se comercializa una promoción de 62 viviendas en Torrevieja, donde puede adquirirse un piso de un dormitorio por 32.100 euros. Por su parte, la vivienda más cara en la región se localiza en una urbanización de chalets con piscina privada en Picassent, que sale al mercado por casi 219.500 euros.

Sareb comercializa en Galicia 45 viviendas finalizadas por la compañía. Se reparten en cuatro promociones situadas en Narón, (A Coruña), Salceda de Caselas (Pontevedra), Poio (Pontevedra) y Vigo (Pontevedra). El activo más barato es un piso en Salceda de Caselas con dos dormitorios y dos baños, que sale a la venta por 57.500 euros. Por un precio mayor se encuentran en el mercado chalets de tres dormitorios en Poio, desde 294.250 euros.

También hay activos en la Rioja, donde está en venta una promoción de 8 viviendas en el municipio Villamediana de Iregua. Los pisos más económicos del bloque pueden adquirirse por 32. 068 euros.

El Observatorio de la Vivienda Vacacional y de los Resorts firma un convenio con el Colegio de Registradores para mejorar la transparencia del mercado inmobiliario

registradores.org
05.10’16.- El Observatorio de la industria de la vivienda vacacional y de los resorts (en inglés denominado Second-Home & Resort Industry Observatory – SHARIO.ORG) ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio de los Registradores con el propósito de mejorar la transparencia de una industria de gran importancia para España y su economía.

Según el convenio, el Colegio de Registradores facilitará al observatorio datos trimestrales sobre la compra de viviendas en España por parte de extranjeros para ser analizados en informes de mercado. Una mejor comprensión de la demanda internacional ayudará a reducir los riesgos de negocio y aumentar el valor de una industria que, a pesar de su tamaño e importancia para España, nunca ha estado organizada ni ha sido bien comprendida.

Los compradores extranjeros invierten miles de millones de euros cada año en el mercado inmobiliario español, apoyando a una industria que da trabajo a cientos de miles de personas y tiene un impacto importante en la imagen de España en el extranjero. Según un informe reciente publicado por Provia – la asociación de promotores de Alicante – la industria sostiene 200.000 puestos de trabajo solo en la Comunidad Valenciana.

La demanda extranjera de viviendas en España marcó un récord al suponer el 13.18% de las compraventas en 2015 con alrededor de 46.000 operaciones, según datos del Colegio de Registradores. Los compradores extranjeros han jugado un papel clave en la recuperación del mercado inmobiliario, y su creciente demanda entre los años 2010 y 2014 ayudó a mitigar los efectos de la crisis.

Mark Stücklin, director de SHARIO.ORG, ha asegurado que “una industria tan grande e importante para España necesita mejor información para evitar cometer los mismos errores del pasado, como por ejemplo sobreestimar la demanda y construir en exceso. Más transparencia ayuda a reducir riesgos, mejorar las decisiones de inversión, y aumentar la confianza de compradores e inversores extranjeros”.

Por su parte, Beatriz Corredor, directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, ha subrayado que “la información que el Colegio de Registradores facilitará, como partner del Observatorio, puede contribuir a mejorar el conocimiento tanto del mercado inmobiliario español como de la seguridad jurídica que rodea al proceso de compraventa de una vivienda en nuestro país”.