AIRE

Estadística de transacciones inmobiliarias del cuarto trimestre de 2016

Durante 2016 se vendieron 457.689 viviendas en España

Jueves 9 de marzo de 2017 lamoncloa.gob.es
Los resultados de la estadística sobre transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario, muestran que en el cuarto trimestre de 2016 se vendieron en España 126.516 viviendas. Para encontrar un cuarto trimestre con más transacciones hay que remontarse al año 2010 (150.494), ejercicio afectado por el sesgo al alza que supuso el fin de la desgravación fiscal por compra de vivienda.
El dato representa una subida del 10% frente al cuarto trimestre de 2015. En un análisis anual, en los últimos doce meses las transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario ascendieron a un total de 457.689, lo que supone un incremento del 13,9% frente a los doce meses anteriores.

Ministerio de Fomento

Analizando el comportamiento de las compraventas de viviendas realizadas durante el año 2016, todas las comunidades autónomas registraron incrementos respecto a 2015. Entre las mayores subidas destacaron Cataluña, Baleares, Madrid, Asturias y Comunidad Valenciana, con incrementos anuales del 23%, 22,3%, 17,2%, 16,9% y 14% respectivamente.

Por provincias, con los mayores incrementos se encuentran Álava (26,6%), Barcelona (25,3%), Baleares (22,3%), Lleida (21,7%), Salamanca (21,5%), Valladolid (20,3%), Toledo (20,2%) y Tarragona (18,1%). Por el lado contrario, solo dos provincias registraron descensos anuales, Teruel (-10,9%) y Lugo (-0,4%).

Entre las capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes destacaron, por crecimiento en 2016, Girona (38,7%), Reus (34,5%), Algeciras (33,8%), Santa Coloma de Gramenet (33,5%), San Cristóbal de la Laguna (33,4%), Jaén (33,3%), Sabadell (31,6%), Palma de Mallorca (31,5%) y Getafe (31,5%).

Por lo que respecta al cuarto trimestre de 2016, y frente al mismo periodo de 2015, quince comunidades autónomas registraron incrementos en el número de compraventas de viviendas, mientras en tres se contabilizaron caídas. Entre las mayores subidas destacaron Cataluña (21,0%), Cantabria (19,4%), Castilla-La Macha (17,2%), Comunidad Valenciana (13,4%) y Baleares (13,2%). Las comunidades en las que se observaron caídas fueron Navarra (-11,7%), Ceuta y Melilla (-7,9%) y Aragón (-7%).
Por municipios, los que registraron un mayor número de compraventas en el cuarto trimestre fueron Madrid (10.236), Barcelona (4.738), Valencia (2.698), Sevilla (1.839), Zaragoza (1.606), Málaga (1.549) y Palma de Mallorca (1.508).

En lo que se refiere al régimen de protección, las transacciones de vivienda libre durante el cuarto trimestre de 2016 ascendieron a 120.813, lo que representó un 95,5% del total.

Por su parte, las transacciones de vivienda protegida ascendieron en dicho periodo a 5.703, un 4,5% del total.

En cuanto a la tipología, 13.268 transacciones correspondieron a vivienda nueva, lo que representó un 10,5% del total. Por su parte, la vivienda de segunda mano con 113.248 supuso el 89,5%. Este dato supone el mejor trimestre para la vivienda de segunda mano desde el segundo de 2007.

En relación a la nacionalidad del comprador, las transacciones realizadas por extranjeros residentes en España experimentaron un crecimiento interanual por vigésimo segundo trimestre consecutivo, en concreto un 9,5% frente al cuarto trimestre de 2015, totalizando 19.922 compraventas. Asimismo, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes ascendieron a 884 en el trimestre.

En su conjunto, las compraventas realizadas por extranjeros (residentes y no residentes) supusieron 20.806, es decir, el 16,4% del total.

Por provincias, las que registran mayor número de compraventas por extranjeros residentes, correspondieron a Alicante (4.391), Málaga (2.286), Barcelona (1.801), Madrid (1.600), y Baleares (1.531).

www.curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 25/17
Luxemburgo, 9 de marzo de 2017
Sentencias en los asuntos C-484/15 y C-551/15
Ibrica Zulfikarpašić / Slaven Gajer y
Pula Parking d.o.o./Sven Klaus Tederahn
Los notarios en Croacia no pueden calificarse de «órgano jurisdiccional», ni a efectos del Reglamento relativo al título ejecutivo europeo ni de la aplicación del Reglamento de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuando actúan en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico»
Por consiguiente, en principio, los mandamientos de ejecución que expiden no pueden ser certificados como títulos ejecutivos europeos ni deben ser reconocidos y ejecutados como resoluciones judiciales en los demás Estados miembros
Hechos relativos al asunto C-484/15
El Sr. Ibrica Zulfikarpašić es un abogado croata que presentó ante un notario una solicitud de ejecución forzosa contra uno de sus clientes, el Sr. Slaven Gajer, alegando que éste no había abonado la contraprestación de los servicios jurídicos que se le habían prestado. Basándose en esa solicitud, el notario emitió un mandamiento de ejecución, que adquirió firmeza al no haberse opuesto el cliente.
El Sr. Zulfikarpašić solicitó entonces a un notario que, con arreglo al Reglamento relativo al título ejecutivo europeo, 1 certificara ese mandamiento de ejecución como título ejecutivo europeo. En efecto, según dicho Reglamento, las resoluciones procedentes de «órganos jurisdiccionales» sobre créditos no impugnados pueden certificarse como títulos ejecutivos europeos, que deben ser reconocidos y ejecutados en todos los Estados miembros.
No obstante, el notario se negó a certificar el mandamiento alegando que el crédito controvertido no era un crédito que se considerase no impugnado a efectos del Reglamento. De conformidad con el Derecho croata, transmitió el asunto al Općinski sud u Novom Zagrebu — Stalna služba u Samoboru (tribunal municipal de Novi Zagreb — Sección permanente de Samobor, Croacia). Ese tribunal pregunta al Tribunal de Justicia si el concepto de “órgano jurisdiccional” empleado en el Reglamento comprende también a los notarios en Croacia (primera parte de la cuestión prejudicial) y si pueden expedirse títulos ejecutivos europeos basados en tales mandamientos de ejecución (partes segunda y tercera de la cuestión prejudicial).
Hechos relativos al asunto C-551/15
Pula Parking, sociedad propiedad del Ayuntamiento de la ciudad de Pula (Croacia), se encarga de la gestión de los aparcamientos públicos de pago de dicha localidad. Esta sociedad reclama al Sr. Sven Klaus Tederahn, domiciliado en Alemania, el pago de un tique de estacionamiento que le expidió. Basándose en documentos contables que acreditan la existencia de un crédito vinculado a la cantidad indicada en ese tique, un notario emitió un mandamiento de ejecución contra el Sr. Tederahn.
Sin embargo, tras la oposición formulada por el Sr. Tederahn contra ese mandamiento, el asunto fue remitido al Općinski sud u Puli-Pola (tribunal municipal de Pula, Croacia). Éste pidesustancialmente al Tribunal de Justicia que dilucide si tal procedimiento de ejecución forzosa está incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 2 (primera cuestión prejudicial) y si los notarios en Croacia están comprendidos en el concepto de «órgano jurisdiccional», a efectos de dicho Reglamento, cuando actúan en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico» (segunda cuestión prejudicial).
Respuestas del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a la calificación de los notarios en Croacia como «órganos jurisdiccionales» a efectos de los Reglamentos antes citados, el Tribunal de Justicia señala en sus sentencias de hoy que la observancia del principio de confianza recíproca entre los Estados miembros en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil exige que las resoluciones de las autoridades nacionales de un Estado miembro cuya ejecución se solicita en otro Estado miembro se dicten en un procedimiento judicial que ofrezca garantías de independencia e imparcialidad y respete el principio de contradicción. Pues bien, el Tribunal de Justicia declara al respecto que el procedimiento mediante el cual los notarios en Croacia expiden un mandamiento de ejecución en virtud de un «documento auténtico», como la minuta emitida por el Sr. Zulfikarpašić a su cliente o los documentos contables presentados por Pula Parking, no tiene carácter contradictorio.
En efecto, por una parte, la solicitud del acreedor para que se expida tal mandamiento no se comunica al deudor y, por otra, el propio mandamiento sólo se notifica al deudor una vez adoptado. En consecuencia, en Croacia, los notarios no pueden calificarse de «órgano jurisdiccional», a efectos de los dos Reglamentos antes citados, cuando actúan en el marco competencial que les atribuye el Derecho nacional en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico».
Por lo que respecta a las partes segunda y tercera de la cuestión prejudicial del asunto C-484/15, el Tribunal de Justicia declara que, aunque los notarios están facultados para formalizar documentos públicos que también pueden servir de base para la expedición de títulos ejecutivos europeos, siempre que se refieran a créditos no impugnados, los mandamientos de ejecución que emiten esos notarios sólo podrán certificarse como tales si se acredita que el deudor ha aceptado expresamente el crédito que figura en los mismos. Pues bien, en el presente litigio, el notario emitió un mandamiento de ejecución en virtud de una minuta redactada unilateralmente por el acreedor sin que el deudor haya aceptado expresamente el crédito.
Por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial del asunto C-551/15, el Tribunal de Justicia precisa que, aunque las facultades de Pula Parking le han sido conferidas por un acto de una autoridad pública, ni la determinación del crédito de estacionamiento impagado ―de naturaleza contractual― ni la acción para cobrarlo ―que tiene por finalidad salvaguardar intereses privados y que se rige por las disposiciones nacionales de Derecho común aplicables en las relaciones entre los particulares― parecen requerir el ejercicio de prerrogativas de poder público. Del mismo modo, dicho crédito no parece ir acompañado de sanciones cuya imposición guarde relación con el ejercicio del poder público y, por el contrario, sí parece constituir la mera contrapartida de la prestación de un servicio. En consecuencia, el procedimiento de ejecución forzosa instado por Pula Parking contra el Sr. Tederahn tiene naturaleza de Derecho privado, de manera que está incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de las sentencias C-484/15 y C-551/15 se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
1 Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO 2004, L 143, p. 15).
2 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).

Lunes, 13 de marzo de 2017  cgpj.es

La Audiencia de Alicante rechaza la petición de archivo del exalcalde Díaz Alperi en el caso Brugal por el Plan General

La Sala confirma el auto de Instrucción 5, que encuentra indicios de delito en el pago de Enrique Ortiz al exalcalde y a Castedo a cambio de información del PGOU

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado el recurso presentado por el exalcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi, contra el auto de procedimiento abreviado, dictado por Instrucción 5, que pone fin a la instrucción y deja el caso preparado para el juicio por supuestas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

La Sala desestima la petición y considera que el auto, en el que el instructor encuentra indicios de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y de información privilegiada facilitada por autoridad, está “suficientemente motivado”.

La Audiencia confirma así la resolución, en la que el instructor establecía que Díaz Alperi pudo facilitar datos del PGOU a otros investigados, entre ellos el empresario Enrique Ortiz, antes de que estos se hicieran públicos, “facilitando con dicha conducta los intereses del citado empresario en la aprobación del plan”.

El auto también encontraba indicios de la comisión del delito de cohecho, por las entregas de dinero y el pago de un viaje a Creta valorado en 35.000 euros, que supuestamente Ortiz le abonó a Díaz Alperi a cambio de la información privilegiada.

La investigación sobre las irregularidades en la gestión del Plan General es una pieza separada del conocido como “Caso Brugal”. En ella figuran como investigados, además de Díaz Alperi y Ortiz, la exalcaldesa, Sonia Castedo, técnicos municipales y responsables de la redacción del Plan.

07 de marzo de 2017 mineco.gob.es
Economía lanza una herramienta para impulsar la digitalización de las empresas industriales españolas
La Herramienta de Autodiagnóstico Avanzado (HADA) ofrecerá un informe sobre el grado de madurez digital de las compañías
La información servirá para construir el Barómetro Industria 4.0 que medirá la situación por sectores, tamaños y localización
Las empresas obtendrán un informe sobre su grado de madurez digital a través de un servicio gratuito y accesible por Internet
La Secretaría General de Industria y de la Pyme (SGIPYME), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha lanzado la Herramienta de Autodiagnóstico Avanzado (HADA), dentro de la estrategia de Industria Conectada 4.0. HADA tiene como objetivo servir de punto de partida a toda aquella empresa industrial española, independientemente de su tamaño y sector de actividad, que desee iniciar el proceso de transformación digital.

Con esta herramienta, de uso gratuito y accesible a través de Internet, las empresas obtendrán un informe en el que se determinará su grado actual de madurez digital en base a 6 estadios definidos: estático, consciente, competente, dinámico, referente y líder. A la empresas industriales se le ofrecerá, además, diversas comparativas de su grado de madurez en función de su tamaño, sector y área geográfica. Con esta información, se construirá un Barómetro Industria 4.0.

HADA es un nuevo paso en la Iniciativa Industria Conectada 4.0, que puso en marcha la SGIPYME en julio de 2015 en el marco de la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial. Los objetivos de esta iniciativa son:

Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial.

Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española, con el fin de potenciar los sectores industriales de futuro de la economía española y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales.

Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones.

La SGIPYME ha desarrollado una completa metodología que permite definir cómo tiene que ser y operar una empresa que se vaya a transformar en una Industria 4.0. En el desarrollo de este modelo de transformación digital se ha buscado una aproximación adaptada a la realidad de la empresa española. Así, se ha definido el modelo Industria 4.0 contemplando las cinco dimensiones fundamentales de la empresa (estrategia y modelo de negocio, procesos, organización y personas, infraestructuras y productos y servicios) e identificando un total de 16 palancas de digitalización.

Lunes, 6 de marzo de 2017  cgpj.es

El TSJ de Madrid anula el Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela

Recurrido por los Ecologistas en Acción, los jueces entienden que el plan es arbitrario y vulnera los principios de sostenibilidad del desarrollo territorial urbano

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela del año 2015, recurrido por la Asociación Ecologistas en Acción Madrid-AEDENAT al entender que el acuerdo gubernativo que lo hizo posible debía declararse nulo al no estar debidamente justificado, ser arbitrario y vulnerar los principios de sostenibilidad del desarrollo territorial urbano y de distribución de beneficios y cargas, así como por la falta de acreditación de la disponibilidad de los recursos hídricos.

Pese a que el Ayuntamiento de Pedrezuela consideraba que el PGOU está basado en el crecimiento de la población en los últimos años y en la creación de tres sectores industriales que generarían miles de puestos de trabajo, y que el modelo de crecimiento propuesto se sitúa junto al núcleo urbano donde no existen valores medioambientales, los magistrados han estimado el recurso de Ecologistas en Madrid-AEDENAT al entender que la Memoria que acompaña el Nuevo Plan General es insuficiente para sostener que éste cumple con el principio de que la ocupación del suelo debe ser eficiente, los usos deben combinarse de modo funcional e implantarse realmente para cumplir una función social que asegure un resultado equilibrado.

Además, los jueces dan también la razón a la organización ecologista cuando alega que el Plan vulnera el principio de distribución de beneficios y cargas por tratarse de una ordenación inviable económicamente para los propietarios del suelo urbanizable, porque la propia memoria no se sostiene en un estudio económico-financiero que avale los precios expresados ni para vivienda protegida ni para vivienda libre ni para uso industrial. Y les dan igualmente la razón cuando apuntan que no hay mención alguna en el proyecto de las distintas alternativas de planeamiento consideradas.

Viernes, 3 de marzo de 2017  cgpj.es

Los lanzamientos hipotecarios en Asturias bajan el 6,8 % respecto al año pasado

Es el porcentaje más reducido desde 2008

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número total de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2016 en Asturias fue de 1.144, lo que supone una bajada del 6,8% respecto a 2015 y el segundo ejercicio de descensos, según los datos hecho público hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual y hacen referencia a los procedimientos iniciados en los juzgados para exigir el pago de las deudas garantizadas por hipoteca.

El informe también apunta que Asturias registró el pasado año 761 ejecuciones hipotecarias, el 16,8 por ciento menos que en 2015, siendo la cifra más reducida desde 2008.

En el conjunto del país, el número total de lanzamientos hipotecarios o desahucios fue de 63.037, un 6,4% menos que un año antes, en tanto que las ejecuciones de inmuebles iniciadas se redujeron un 29%, hasta 48.410.
La estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales muestra que de más de la mitad de los desahucios, un 54,2% equivalente a 34.193, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 26.397 -un 41,9%- se produjeron tras una ejecución hipotecaria, y los 2.447 restantes, por otras causas.

Los procesos iniciados por impago del alquiler experimentaron una disminución del 4,2% el pasado año, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 9,7%.

Por comunidades autónomas, Cataluña -con 14.069, el 22,3% del total nacional- fue donde se practicaron el año pasado más lanzamientos; seguida por Andalucía, con 9.998; y Valencia, con 9.635.

Si se tienen en cuenta sólo aquellos provocados por la ley de arrendamientos urbanos, también Cataluña encabeza la clasificación, con 8.971; seguida por Madrid, con 4.760; y Andalucía, con 4.364.

De los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Valencia se registraron 5.398; en Andalucía, 5.193; y en Cataluña, 4.452.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, que suman la cifra más baja desde 2008, La Rioja y el País Vasco son las únicas comunidades en las que no se registró un descenso el año pasado, con incrementos del 9 % y del 5,6 %, respectivamente.

En Valencia el descenso fue del 39,6%, en Galicia se redujeron un 39,2 %, en Navarra, un 38,8%, y también por encima del 30% en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Madrid.

Por otra parte el número de concursos presentados en 2016 fue de 7.040, un 12 % más que los registrados el año anterior. De ellos, 1.579 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial -cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros 5.461 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

Las demandas por despido disminuyen un 5,3 por ciento en le territorio nacional y los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 537.054, lo que supone una disminución del 18 % respecto a 2015.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

La bolsa española negocia en febrero 45.279 millones de euros

•El volumen acumulado en Renta Variable en los dos primeros meses asciende a 101.613 millones de euros
•El efectivo negociado en ETFs durante el mes de febrero supera en un 10,7% las cifras del mes precedente
•El volumen negociado en Futuros y Opciones sobre Acciones en febrero aumenta un 180% y un 7%, respectivamente, respecto al mismo mes de 2016
•Las admisiones acumuladas hasta febrero registradas en MARF se sitúan en 529 millones de euros, 18 veces más que hace un año

Renta Variable

La Bolsa española ha negociado en Renta Variable durante los dos primeros meses del año un efectivo de 101.613 millones de euros, un 24,6% inferior al del mismo período del año anterior, dentro de un entorno global de bajos volúmenes de negocio. El volumen de contratación en febrero se ha situado en 45.279 millones de euros, con un descenso del 19,6% respecto al mes precedente y un 25,1% por debajo del mismo mes de 2016.

El número de negociaciones acumuladas hasta febrero asciende a 7,8 millones, con un retroceso del 27% sobre el mismo período del ejercicio pasado. El número de negociaciones de febrero se ha situado en 3,8 millones, un 2% inferior al mes precedente y un 29,5% menos interanual.

El efectivo acumulado hasta febrero en el segmento de Fondos Cotizados (ETF) ha sido de 538 millones de euros, con un descenso en los dos primeros meses del 64,6%. En febrero, el volumen negociado se ha situado en 283 millones de euros, un 10,7% por encima del mes precedente y un 62,6% inferior a hace un año.

La cifra acumulada de negociaciones en ETFs hasta febrero se sitúa en las 14.738, de las que 6.964 corresponden al último mes, lo que representa un descenso 10,4% respecto al mes precedente.

La actividad del mercado de warrants y certificados hasta febrero alcanza los 91,3 millones de euros, un 38,4% menos que en el mismo periodo de 2016. Durante el mes de febrero, el efectivo negociado ha alcanzado 45,8 millones de euros, un 0,6% más que en el mes precedente. El número de emisiones de warrants y certificados admitidas a negociación en los dos primeros meses de 2017 asciende a 562.

Futuros y Opciones

El volumen de negocio registrado en febrero en el mercado de Derivados se ha situado en 2,5 millones de contratos, un 9,9% inferior al registrado en el mismo mes de 2016.

En febrero ha destacado la negociación en Futuros y Opciones sobre Acciones. Se han negociado 297.230 contratos de Futuros y 1,4 millones de contratos de Opciones, lo que supone un aumento del 180% y 7%, respectivamente, sobre el mismo mes del año anterior.

La negociación en Futuros sobre Índice se mantiene respecto al mes anterior. Se han negociado 495.399 Futuros IBEX 35 y 119.232 Futuros Mini IBEX, lo que representa un descenso del 0,3% en Futuros IBEX 35 y un aumento del 1,5% en Futuros Mini IBEX.

En el mes de febrero cabe destacar el aumento de posición abierta en los Futuros IBEX 35 y Futuros Mini IBEX respecto al mismo periodo del año anterior. La posición abierta se ha situado en 100.294 y 7.813 contratos, respectivamente, un 13,6% y 8,3% superior al registrado en febrero 2016.

Renta Fija

La negociación en el Mercado AIAF de Renta Fija durante el mes de febrero fue de 8.176 millones de euros, un 27,2% inferior al mes anterior. El número de operaciones creció un 10%.

La negociación de Deuda Pública registrada en febrero en SENAF, la plataforma electrónica de Deuda Pública para mayoristas de BME, se situó en 15.989 millones de euros, un 45,2% más elevada que en febrero de 2016. En los dos primeros meses del año la negociación alcanzó los 31.310 millones de euros (+52,2%).

Las nuevas emisiones listadas en el mercado de Deuda Privada durante el mes de febrero registran una cifra de 2.612 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 16,2% en el acumulado del año con relación al mismo periodo de 2016.

En el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) las admisiones a negociación registradas en el mes de febrero se sitúan en 319 millones de euros, ligeramente superior al mismo mes del año pasado (+1,3%), pero que eleva el acumulado del año hasta los 529 millones de euros, una cifra que es 18 veces superior a la correspondiente al mismo periodo de 2016. El saldo en circulación a cierre de febrero del Mercado Alternativo alcanza los 1.903 millones de euros, con aumento del 46,4%, con relación a la misma fecha del año pasado.

28 de febrero de 2017 mineco.gob.es
El Fondo Social de Viviendas ha adjudicado más de 9.000 pisos para colectivos vulnerables
Más de 78.600 familias se han acogido a las distintas medidas que puso en marcha el Gobierno frente al problema de los desahucios
La suspensión de los lanzamientos se prorroga dos años más y se amplía la protección a las familias con hijos menores de edad
El Fondo Social de Viviendas (FSV) ha adjudicado 9.020 viviendas al cierre de 2016, lo que representa más del 90% de los pisos disponibles para colectivos vulnerables. Desde su creación en 2013, el FSV ha ido aumentando la dotación, hasta un total de 9.866 viviendas aportadas por 29 entidades financieras. Su vigencia se ha prorrogado un año más, hasta el 17 de enero de 2018. Está previsto, además, extender dos años más la suspensión de los lanzamientos (hasta enero de 2019) que vencía este año y ampliar las medidas de protección a deudores hipotecarios afectados por la crisis, a las familias con menores de edad a su cargo (no solo hasta tres años).

El conjunto de instrumentos que puso en marcha el Gobierno en 2012 para paliar los efectos de la crisis frente a la problemática de los desahucios han beneficiado a más de 78.600 familias hasta la actualidad. En concreto, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos; más de 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas (CBP) mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago, y se han adjudicado 9.020 viviendas a través del FSV.

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Expiraba a los dos años de su constitución pero el Gobierno lo ha prorrogado en dos ocasiones, en la actualidad hasta enero de 2019. Se constituyó por acuerdo entre los Ministerios de Economía, Sanidad y Fomento, las principales entidades de crédito y sus asociaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma del Tercer Sector.

Con la ampliación a 9.866 viviendas acordada en septiembre de 2015, el FSV cubre un mayor número de situaciones que requieren una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas. Se incluyeron además nuevos colectivos con derecho a la obtención de una vivienda del FSV. En concreto pueden solicitarlo las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos. Se prevé además que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos.

Estos requisitos se añadieron los ya vigentes que, en conjunto, hacen que ninguna persona o familia en dificultades quede desasistida. Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago. Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores de edad a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

Viernes, 3 de marzo de 2017  cgpj.es

La Comunidad Valenciana lidera el descenso de ejecuciones hipotecarias presentadas en 2016

Caen un 39,6% respecto al año 2015. Los lanzamientos practicados bajan un 4% en 2016, respecto del año anterior

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2016 en la Comunidad Valenciana fue de 6.741, lo que supone un descenso del 39,6% respecto a las presentadas el año anterior, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Se trata de la cifra más baja de las registradas en el territorio valenciano desde 2008, cuando se iniciaron 10.591 ejecuciones hipotecarias. En 2009 fueron 16.290; en 2010, 18.102; en 2011, 14.868; en 2012, 16.157; en 2013, 11.596; en 2014, 13.893; y en 2015, 11.166.

Los datos sitúan a la Comunidad Valenciana a la cabeza del país en reducción de demandas por impago de hipoteca, por delante de Galicia, con un descenso del 39,2% y de Navarra, donde cayeron un 38,8% respecto a 2015.

Por provincias, el descenso fue especialmente significativo en la de Valencia, en la que se redujeron más de la mitad (50,4%) el número de ejecuciones hipotecarias respecto al año anterior. En Alicante la caída fue del 32,8% y en Castellón del 31,7%.

Cuarto trimestre de 2016

Durante el cuarto trimestre de 2016 las ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Comunidad Valenciana fueron 1.577, un 26,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, el territorio valenciano fue el tercero del país en el que más demandas por impago de las cuotas de la hipoteca se iniciaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, solo por detrás de Andalucía, con 2.609, y de Cataluña, con 1.676.

9.635 lanzamientos practicados en 2016

El número de lanzamientos practicados el año pasado en la Comunidad Valenciana fue de 9.635, lo que la sitúa en la tercera posición en número de lanzamientos de todo el país, solo por detrás de Cataluña, con 14.069, y Andalucía, con 9.998.

Pese a ello, los 9.635 lanzamientos de 2016 suponen un descenso del 4 % respecto a los 10.037 de 2015. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

De estos 9.635 lanzamientos, 4.056 fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.398 se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 181 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un incremento del 0,5% en 2016, mientras que los derivados de demandas por impago de hipoteca bajaron el 6,4 %.

La Comunidad Valenciana es la primera del país en número de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias en 2016, con 5.398 casos, por delante de Andalucía, con 5.193 y Cataluña, con 4.452.

Por provincias, el número de lanzamientos practicados en Valencia en 2016 fue de 4.353, lo que supone una reducción del 6,1% respecto a 2015. En Alicante se practicaron 4.112, un 2,5% menos, y en Castellón 1.170, un 1,3% menos que el año anterior.

Los concursos presentados suben un 8,2 %

El número de concursos presentados en 2016 fue de 1.045, un 8,2 % más que los registrados el año anterior. De ellos, 255 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial -cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros 790 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

Estos datos colocan a la Comunidad Valenciana en la tercera posición respecto del resto de autonomías, en número de concursos presentados, -tanto en los presentados de personas físicas, como en los presentados en Juzgados de lo Mercantil-, solo por detrás de Cataluña y Madrid.

Bajan las demandas por despido y los procedimientos monitorios

Las 10.510 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de la Comunidad Valenciana en 2016 supusieron un descenso del 3,7 % respecto a las registradas el año anterior.

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad Valenciana fueron 71.641, lo que supone una disminución del 19,5% respecto a 2015.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

02 de marzo de 2017 mineco.gob.es
La economía española mantiene en el 3,2% el crecimiento medio en 2016, casi el doble que la zona euro
La composición es más equilibrada, con aportación positiva del sector exterior por primera vez tras dos años en negativ
El empleo crece por tercer año y aumenta de media el 2,9%, lo que supone la creación de casi medio millón de puestos
La economía española mantuvo en el año 2016 un crecimiento medio del 3,2%, igual tasa que un año antes, y casi el doble que la media de la zona euro, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se encadenan así tres años consecutivos de crecimiento económico, a un paso de recuperar el nivel de renta perdido con la crisis. La composición del crecimiento es más equilibrada ya que se modera la contribución de la demanda interna, mientras que la demanda externa aporta medio punto al crecimiento del PIB, después de dos años en negativo. El crecimiento del empleo se mantiene por segundo año en tasas cercanas al 3% (2,9% de media en 2016), lo que se traduce en la creación de 481.668 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

Los datos de la Contabilidad Nacional para el cierre de 2016 muestran que la economía española mantiene un fuerte ritmo de crecimiento, por encima del 3% en los dos últimos años. Son tres ejercicios seguidos de tasas positivas, después de cinco años de recesión, que mantienen a España con un crecimiento que casi duplica al del conjunto de la zona euro (1,7%). Es también un modelo de crecimiento más equilibrado, ya que la demanda externa neta aporta medio punto en 2016, después de dos años en negativo. Se confirma que la economía española cerró el pasado ejercicio con superávit por cuenta corriente por cuarto año consecutivo, hasta alcanzar el 2% del PIB, un récord de la serie histórica.

La demanda interna aporta 2,8 puntos al crecimiento, aunque con un inferior ritmo de avance debido al menor impulso de la inversión y el consumo público. La inversión no obstante crece a un ritmo medio anual (3,1%), muy en paralelo al del conjunto de la actividad económica. Destaca al respecto el fuerte empuje de la inversión en bienes de equipo (5%) y, en menor medida (1,9%), de la construcción. El consumo privado por su parte registra un notable dinamismo y se acelera cuatro décimas, hasta crecer el 3,2% en media anual, la misma tasa que la del conjunto de la economía. La favorable evolución del consumo es reflejo de la confianza en la economía española y de la creación de empleo.

El empleo aumenta el 2,9% de media anual, una décima menos que el año anterior, lo que supone la creación de casi medio millón de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.  Prácticamente todo el crecimiento económico se traslada al empleo, como ha sucedido en especial en los dos últimos ejercicios. De mantenerse este ritmo, se alcanzará con holgura el objetivo de recuperar la cifra total de 20 millones de empleos al final de la Legislatura. La creación de empleo evoluciona prácticamente en paralelo a la remuneración de total de asalariados (3,2% en el conjunto del ejercicio). Es compatible, además, con ganancias de poder adquisitivo en la remuneración por asalariado real (+0,2%), ya que en 2016 la inflación media anual fue negativa (-0,2%).

En el cuarto trimestre de 2016, la economía española mantuvo en el 0,7% la tasa de crecimiento intertrimestral frente al 0,4% del conjunto de la zona euro. Es la misma tasa que la registrada en el tercer trimestre del pasado año, lo que indica que la economía española no perdió pulso en los meses finales del ejercicio que acaba de concluir. En tasa interanual, el cuarto trimestre registró una variación del 3%, frente al 3,2% del trimestre anterior. Se inicia así 2017 con una velocidad de crucero todavía elevada, lo que acerca el objetivo de recuperar cuanto antes el nivel de renta que se perdió con la crisis. El empleo aumentó por su parte el 2,7% en el cuarto trimestre respecto del mismo periodo del año anterior y se crearon 463.000 puestos de trabajo en los últimos doce meses.

Miércoles, 1 de marzo de 2017  cgpj.es

Condenado un administrador de comunidades de propietarios por estafar 53.330,77 euros a un vecino

Realizó varias trasferencias y disposiciones en efectivo a su nombre de la cuenta bancaria del vecino -incapacitado- sin su consentimiento

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a 3 años y medio de prisión a un administrador de varias comunidades de propietarios por estafar 53.330,77 euros a uno de los vecinos que estaba legalmente incapacitado.

A partir de noviembre de 2013 y hasta agosto de 2015, el acusado Miguel Ángel A. L, que conocía que uno de los vecinos incapaz había vendido su casa, sin autorización realizó varias trasferencias y disposiciones en efectivo de la cuenta bancaria del vecino a su propio nombre, así como el cargo recibos de otra empresa y de las Comunidades que administraba.

Según señala como hecho probado la sentencia, con ánimo de lucro el acusado sustrajo el dinero de la cuenta bancaria utilizando un sistema informático. Los 53.330,77 euros obtenidos han sido reintegrados mediante devoluciones de recibo, quedando pendiente de satisfacer aún 575 euros.

El tribunal ha impuesto al acusado multa de multa de diez meses con una cuota diaria de ocho euros.

Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Justicia – Consejo de Ministros  3 marzo 2017 lamoncloa.gob.es

Aprobada una revisión de la demarcación registral para la mejora del servicio público

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre Demarcación Registral por el que se ajusta el número de registros a las necesidades actuales del servicio y se mejora la prestación que reciben los ciudadanos.

El largo plazo transcurrido desde la última revisión de la demarcación registral exige adecuar las condiciones del servicio que prestan los registradores a las demandas actuales de la sociedad como garantía de control de legalidad y de la seguridad jurídica preventiva de las operaciones que se realizan. Para ello se deben adoptar medidas que afectan a la organización del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles con la finalidad de ofrecer una más efectiva y eficiente prestación del servicio público registral en atención a la situación económica actual del país y a las previsiones de evolución.

Todo ello obliga a acomodar la plantilla registral a la realidad actual, reordenando territorialmente los registros existentes, creando otros nuevos y, en su caso, agrupando los que se consideran inviables, con lo que se vela también por la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios registrales en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.

Competencia del Estado

Los registradores son profesionales del Derecho que ejercen el control de legalidad y constituyen un cuerpo único nacional de funcionarios que, como tal, dependen jerárquicamente de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. Por ello el Estado, en el ejercicio de su competencia sobre registros e instrumentos públicos, se reserva la facultad de fijar la demarcación registral en todo el territorio.

Respecto de Cataluña y Andalucía, el Real Decreto que hoy se aprueba respeta la competencia ejecutiva que estas Comunidades Autónomas tienen en materia de demarcación registral y que se concreta en la facultad de determinar el número de registros que deberán agruparse y crearse en su propio territorio.

Novedades de la nueva demarcación

Con este Real Decreto se revisa la demarcación registral demorada en más de cinco años y se ejercita la competencia estatal conforme a la doctrina de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional y a la consideración de los registradores como Cuerpo único nacional de funcionarios según sentencia 4/2014 del propio Tribunal.

Se procede, asimismo, a la amortización de Registros de la Propiedad justificadamente inviables y a la creación de las Oficinas Registrales de Atención al Usuario para satisfacer el servicio público. Con ello se garantiza que ninguna localidad con registro actualmente establecido quede sin él como consecuencia de la presente demarcación, en consonancia con el criterio mantenido en este punto en la última demarcación notarial aprobada por un Real Decreto del 6 de marzo de 2015.

Se establece una nueva forma de determinación de plazas a cargo de Registros Mercantiles en consonancia con el resto del sistema registral y las nuevas funciones atribuidas, así como la segregación definitiva de Registros de Bienes Muebles que presentan una carga de trabajo y viabilidad suficientes. Concretamente, se lleva a cabo una reasignación general de recursos humanos.

Estadística final

Situación actual de la planta registral: 1.270
1.147 Registros de la Propiedad.
123 Registros Mercantiles y de Bienes Muebles.

Situación resultante del Real Decreto: 1.190
1.041 Registros de la Propiedad.
142 Registros Mercantiles.
7 Registros de Bienes Muebles.

El Consejo General de Colegios de Administradores de fincas firma un acuerdo con Coutot-Roehrig
Las administraciones públicas, así como los Administradores de Fincas Colegiados que componen la red española de Colegios de Administradores de Fincas, se verán beneficiados.
Este acuerdo facilitará desbloquear la gestión de todas las masas hereditarias sin reclamar, por falta de herederos designados
Según datos del Consejo General del Notariado, un 40% de los españoles fallece sin haber otorgado testamento.
Madrid, 20 enero 2017 . cgcafe.org
– El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha firmado un acuerdo con la primera empresa de genealogía sucesoria y localización de herederos del mundo, Coutot-Roehrig.
Esta alianza acerca nuevos servicios a los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas y a los Consejos Autonómicos de Colegios integrados por el CGCAFE, y que permitirán desbloquear la gestión de todas aquellas masas hereditarias que, por falta de herederos designados, no han sido reclamadas, ocasionando diversos problemas a este colectivo profesional como los relativos a la morosidad por defunción del propietario y por falta de conocimiento de eventuales herederos y sus domicilios; la morosidad por parte de inquilinos por impago de su alquiler -y, consecuentemente, de los impagos administrativos asociados- o la imposibilidad de vender un inmueble a un comprador potencial por los mismos motivos.
El acuerdo podrá beneficiar a los Administradores de Fincas Colegiados representados por la entidad que, gracias a la localización de herederos, podrán ver satisfechas muchas deudas por impago, relacionadas a herencias de bienes inmuebles ab intestato. De acuerdo a su forma de funcionar, los servicios de genealogía sucesoria que Coutot-Roehrig ofrecerá a colegiados y administraciones públicas serán completamente gratuitos.
Según Salvador Díez LLoris, presidente del CGCAFE, la firma de este Convenio supondrá, “para las comunidades de propietarios, una herramienta más para recuperar las deudas comunitarias por falta de la designación testamentaria delos derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda, un derecho constitucionalmente reconocido.

Miércoles, 1 de marzo de 2017  cgpj.es

El juez solicita un informe al administrador concursal sobre el estadio Rico Pérez de Alicante antes de aprobar su venta

El plazo para mejorar la oferta del Instituto Valenciano de Finanzas expiró ayer

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante ha solicitado un informe sobre el estadio de fútbol Rico Pérez al administrador concursal que tramita el concurso de la empresa Aligestión Integral, propietaria del recinto. El juez pide este informe como paso previo a la adjudicación de este bien.

El plazo para la presentación de ofertas por el estadio finalizó ayer, sin que se presentara ninguna propuesta que mejorara la realizada por el Instituto Valenciano de Finanzas en la subasta electrónica.

El IVF ofertó 3.750.000 de euros por el estadio, cantidad inferior al 70% del valor de tasación del recinto deportivo del Hércules C.F., por lo que el Juzgado, en aplicación del artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ofreció entonces a Aligestión la posibilidad de buscar otro comprador.

Expirado el plazo otorgado por el Juzgado, no ha habido ningún oferente, motivo por el que el magistrado ha requerido al administrador concursal un informe antes de decidir sobre la adjudicación definitiva del estadio.

Martes, 21 de febrero de 2017  cgpj.es

Una viuda y su hija, únicas titulares de un piso comprado por dos hermanos

Una sentencia cancela la inscripción en el Registro de la Propiedad de la mitad de la casa a nombre del hermano

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección V de la Audiencia Provincial de Zaragoza confirma que la totalidad de un piso comprado por dos hermanos pertenece a la hija (como propietaria) y a una viuda (como usufructuaria) de uno de ellos tras la muerte de un de los compradores. La sentencia cancela la inscripción en el Registro de la Propiedad de la mitad de la casa a nombre del hermano para que se inscriba “a favor de las verdaderas titulares”.

Los juzgadores, que han confirmado la sentencia del Juzgado nº 12 de Primera Instancia de Zaragoza, han señalado que la titularidad del hermano sobre la mitad del piso es solo fiduciaria mientras que el dominio le corresponde, como propietaria, a la hija y, como usufructuaria, a la viuda.

La sentencia expone que no resulta prueba determinante el hecho de que el hermano “hubiera satisfecho la mitad del precio del piso y de la obra de reforma a través de las extracciones de la libreta de la Caja de Ahorros” ni que a efectos fiscales “se acomodara la declaración del IPF a la realidad externa (propiedad al 50%); pues, precisamente, en eso consiste el doble efecto del negocio fiduciario