AIRE

Miércoles, 29 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo establece que los bancos deben informar sobre las cláusulas suelo a los consumidores que se subrogan a un préstamo promotor

La Sala Primera estima el recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que desestimó la demanda interpuesta por un consumidor que interesó la nulidad de la cláusula suelo del préstamo promotor en el que se había subrogado y posteriormente novado.

En el préstamo promotor, la cláusula suelo era del 3,5 %, mientras que en la escritura de subrogación -de octubre de 2006- era del 4%. En el año 2009 se novaron distintas condiciones del préstamo -ampliación del plazo de 30 a 40 años y carencia de pago de capital durante cuatro años, intereses y comisiones, así como rebaja de la cláusula suelo al 3%-.

Banco Popular renunció en la audiencia previa a discutir el carácter de la cláusula como condición general de la contratación, por lo que la afirmación de la Audiencia Provincial de que el contrato fue negociado no es suficientemente precisa como para llegar a la conclusión de que la cláusula suelo también lo fuera.

La sala recuerda que las cláusulas suelo del Banco Popular ya fueron declaradas nulas por sentencia de pleno de 23 de diciembre de 2015, y recuerda también su doctrina -sentencia de pleno de 8 de junio de 2017- de que, pese a la inexistencia de cosa juzgada de las acciones colectivas sobre las individuales, la regla general será determinar en estas últimas la abusividad de la cláusula, salvo circunstancias excepcionales como el perfil del cliente o la información precontractual suministrada por el banco.

El hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato.

En otro caso, la obligación de información precontractual del predisponente se convertiría en una obligación del adherente de procurarse dicha información, lo que resulta opuesto a la doctrina de la Sala Primera y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Jueves, 23 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ: “El Estado de Derecho no admite ni ambigüedades ni regresiones”

Carlos Lesmes interviene en el Congreso en el acto de conmemoración del 40 aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa. El presidente del Poder Judicial cree “profundamente injusto” que, “desde extremismos populistas o centrifuguismos territoriales”, se desdeñen los logros alcanzados desde 1977

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha señalado este jueves, durante su intervención en el Congreso de los Diputados en el acto de conmemoración del 40 aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa, que “hoy en día, el valor ‘Estado de Derecho’ es simplemente irrenunciable. No admite ambigüedades ni regresiones”.

“Por eso, en una situación tan compleja como la actual, no conviene banalizar el largo camino recorrido, que ha hecho posible el tránsito de la situación de súbditos a la de ciudadanos libres, la asunción de la ley no por sumisión, sino por convicción y, en definitiva, que el derecho se convierta en el hoy indiscutido principio material de ordenación de la actividad estatal que es”, ha añadido.

Lesmes ha recordado que han sido una Constitución “extraordinariamente avanzada”, la afirmación de un Estado de Derecho “y no meramente un ‘Estado de leyes’” y el diseño y puesta en práctica de un modelo de poder territorial de verdadero autogobierno políticos los que “han permitido durante estos cuatro últimos decenios consolidar la etapa democrática más profunda y duradera de toda nuestra historia reciente”.

Por ello, y “pese a las imperfecciones y errores que toda construcción humana conlleva”, ha considerado que “resulta profundamente injusto para las generaciones que la hicieron posible que, desde extremismos populistas o centrifuguismos territoriales, se desdeñen o minusvaloren los logros alcanzados desde entonces”.

El presidente del TS y del CGPJ ha dicho asimismo que la democracia española es ‘el régimen de 1978’ “no por su maledicente vinculación con la anterior autocracia, sino porque en aquel año todo un país, de forma admirable, convergió libremente en dotarse de un marco de convivencia del que aún disfrutamos”.

De la calidad de la democracia española, según Lesmes, da muestra el escaso número de infracciones del Convenio de Derechos Humanos en nuestro país constatadas por el Tribunal de Estrasburgo –que cada año ingresa más de 50.000 demandas contra los Estados- en estas cuatro décadas.

“España, a lo largo de su historia, ha sido objeto de más de 10.000 denuncias presentadas ante Estrasburgo, de las cuales menos del 1 % terminaron con la constatación de alguna infracción del Convenio, dato que sin duda, aunque siempre mejorable, dice mucho de la calidad de nuestro Estado de Derecho”, ha concluido Lesmes.

Lunes, 27 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

Comunicado en relación al fallecimiento del Fiscal Superior de Catalunya

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, D. Jesús M. Barrientos, en nombre propio, de la Sala de Gobierno, y de las magistradas y magistrados, juezas y jueces que representa, expresa su más profunda tristeza por la muerte del Fiscal Superior de Catalunya, D. José M. Romero de Tejada.

El Tribunal Superior de Justicia comparte el dolor por la pérdida de un servidor público como Romero de Tejada, una persona dedicada y entregada a la justicia, con una gran vocación de servicio y con una larga y excelente trayectoria profesional. El Tribunal Superior se une al dolor de su familia, amigos y compañeros y manifiesta las más sinceras condolencias por su pérdida.

La agenda digital del Gobierno fracasa en formación y empleo
UGT | domingo, 12 de noviembre de 2017 ugt.es

•Recursos insuficientes y resultados paupérrimos: en 4 años solo se han formado 325 personas y se han creado un total de 127 empleos.
•El Gobierno no atiende la demanda creciente en esta materia y las habilidades tecnológicas de nuestra población están entre las más deficientes de Europa.
•Es necesaria una reconversión digital de los trabajadores y que el Ejecutivo y las Administraciones impulsen las acciones necesarias para que España abandone su pasado analógico.
La Agenda Digital para España creada por el Gobierno del Partido Popular, hace cuatro años, es un absoluto fracaso en términos de empleo.

Aprobada a inicios de 2013 por el Consejo de Ministros y publicitada como un “marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) […] favorecer la creación de oportunidades de empleo y el crecimiento económico mediante una adopción inteligente de las tecnologías digitales, contribuyendo de esta forma al esfuerzo colectivo de impulsar la recuperación económica del país”, los hechos demuestran la nula voluntad del Gobierno para llevar a cabo sus objetivos, especialmente en el apartado dedicado a la inclusión digital y empleabilidad, y más concretamente, a la formación para el empleo digital (Plan de inclusión digital y empleabilidad , Eje IV: Empleabilidad; medida 11: Formación para el empleo).

El análisis realizado por UGT de todos los planes presupuestarios y de las memorias anuales, desvela la falta de una adecuada financiación, la ausencia de proyectos con vocación de continuidad, el ínfimo impacto de las medidas acordadas, y como corolario, la falta de flexibilidad y agilidad para adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo.

Los datos son concluyentes: los 27 millones euros de presupuesto para el ejercicio 2013-2014 se fueron estirando, año a año, sin incrementos parciales hasta mediados de este 2017, para acabar presentando unos paupérrimos resultados: 325 personas formadas en 3 proyectos, que crearon un total de 127 empleos en cuatro años (no se informa de la naturaleza contractual de estos empleos, sin eran indefinidos, temporales o becarios, o incluso si aún sigue siendo empleos activos). Sin lugar a dudas, cuatro años para presentar unas cifras que rozan la desidia, no es admisible ni preceptivo en un Gobierno con altura de miras.

El año en curso se iniciaba con el anuncio de nuevos planes formativos. En concreto, una convocatoria con “20 millones en ayudas para impulsar la formación y el empleo juvenil en la Economía Digital ”. A esta llamada acudieron 75 solicitantes que reclamaron 50 millones en ayudas. Más del doble de lo dispuesto por el Gobierno. El Ministerio, haciendo caso omiso de este abrumador interés, se limitó a publicar una nota en donde relataba que la convocatoria se quedaba estancada en 18,36 millones. Es decir, nada de revisar, ampliar o mejorar la convocatoria y su financiación. Sin reflejos, sin músculo para atender las necesidades de los trabajadores para mejorar sus competencias digitales.

Otro tanto ocurrió con el programa “Profesionales Digitales Formación Postgrado”, que contando con un presupuesto de 2.000.000 de euros recibió peticiones por casi 7 millones de euros (más del triple de lo presupuestado) y que volvió a cerrarse en falso y sin reaccionar ante las masivas solicitudes de las universidades.
Y esto ocurre mientras existe un consenso unánime sobre la necesidad de mejorar las habilidades tecnológicas de nuestra población, entre las más deficientes de Europa.

Recordemos que hace escasos meses, UGT, CCOO y AMETIC aprobamos un Manifiesto por el Talento Digital en donde afirmábamos que el “desarrollo de la digitalización requiere que todos los agentes involucrados sean más proactivos para liderar el cambio y, sobre todo, la Administración, que debe jugar un papel de impulsor, regulador y equilibrador del desarrollo del proceso ”.

Por ahora, parece que no han recibido o entendido el mensaje.
En resumen, mientras nuestra población y nuestra fuerza de trabajo necesita imperiosamente una reconversión digital, el Gobierno renuncia a hacer su trabajo en un ejercicio de irresponsabilidad absolutamente incompresible. Los datos son los que son y las consecuencias ya las estamos sufriendo, y crecerán exponencialmente en el futuro, cuando los países que nos rodean mejoren su economía y su bienestar social, o soporten mejor las futuras crisis económicas, mientras España sigue anclada en un pasado analógico como consecuencia de la inacción de nuestro Gobierno.

Viernes, 24 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena asume las investigaciones sobre los exmiembros del Govern de Cataluña y los presidentes de ANC y Òmnium que instruía la Audiencia Nacional

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela seguirá investigando la actuación del exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este viernes un auto en el que acuerda ampliar la investigación y declara su competencia para conocer de la responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, los 13 ex consellers del Govern y los presidentes de las asociaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -a quienes hasta ahora investigaba la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela- por la conexión material inescindible de la naturaleza de los hechos que se están investigando en el alto tribunal en la causa relacionada con el proceso secesionista.

Llarena instruía hasta el momento la querella que la Fiscalía interpuso contra la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica.

En la misma resolución, LLarena acuerda que la juez Lamela continíue investigando la actuación del ex mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, y de la intendente de ese cuerpo policial Teresa Laplana, así como de cualesquiera otros eventuales responsables sobre los que la investigación proyecte indicios de responsabilidad. El magistrado reclama al Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional la parte de la causa relativa al Govern cesado y a los responsables de ANC y Òmnium, que queda incorporada a la que ya se sigue contra la presidenta del  Parlament y cinco exmiembros de la Mesa.

En su auto, el magistrado explica que la doctrina del Tribunal Supremo sobre la extensión de competencia en hechos cometidos por personas no aforadas solamente es procedente cuando se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas. Recuerda  que la unificación del procedimiento  tiene una finalidad funcional,  concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento.

En el presente caso, Llarena señala que uno de los delitos investigados es el de rebelión, que tiene un carácter plurisubjetivo, con una pluralidad de partícipes, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto.

No obstante, considera que no se observa esa conexión material inescindible en la actuación de todas las personas investigadas en relación con el proceso secesionista de Cataluña. Así, distingue entre “la actuación de los miembros del Govern y la de los presidentes de ANC y Òmnium, hasta el punto de que sólo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión”, y la actuación de los Mossos que describe Lamela en su informe, así como la de un conjunto de personas que han podido colaborar en la elaboración de las leyes cuestionadas.

Para el magistrado, participaciones como la de Trapero, Laplana y aquellas otras semejantes que surjan a lo largo de la investigación no impiden que puedan examinarse de manera autónoma, “son así participaciones añadidas, que con independencia de cuál sea su relevancia en el desarrollo natural de los hechos, no justifican modificar las normas de competencia ordinaria para los que resulten afectados”.

Entre estas intervenciones, explica el auto, “está la de quienes se encontraban subordinados, en este caso concreto, al consejero de Interior: D. Josep Lluis Trapero y Dª Teresa Laplana Cocera. Sin perjuicio de que pueda resultar necesario revisar la decisión en un futuro, su participación, por relevante que sea, no compromete la calificación y el enjuiciamiento que pueda surgir de esta causa especial, no pudiéndose modificar la competencia ordinaria por no concurrir el elemento de la inescindibilidad respecto de ellos”.

Con esta resolución, quedan bajo la investigación del Supremo un total de 22 personas: el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers cuya entrega España ha reclamado a Bélgica (Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret), los 8 exconsellers que se encuentran en prisión preventiva en España (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borras, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó), el exconseller en libertad bajo fianza Santi Vila, y los expresidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa del Parlament a los que ya investigaba.

El Defensor se reúne con el Diputado del Común para colaborar en la mejora de la situación del Catastro en Canarias

23/11/2017 defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán se ha reunido con el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra para establecer vías de colaboración que permitan mejorar la situación del catastro inmobiliario en Canarias.

La escasez de recursos del Catastro y los últimos cambios legislativos en la Ley Hipotecaria y en la Ley del Catastro han derivado en un incremento de las quejas que reciben ambas instituciones.

Los ciudadanos se quejan de los retrasos en resolver sus solicitudes y de los problemas de acceso a los que se enfrentan los residentes de las islas menos pobladas (La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura) que han de acudir a Gran Canaria y Tenerife para poder examinar sus expedientes.

Ambos Defensores consideran que el Catastro se ha convertido en una pieza fundamental para la identificación y localización exacta de las fincas o inmuebles.       En 2012 el Defensor del Pueblo publicó el informe “La realidad catastral en España. Perspectiva del Defensor del Pueblo” en el que se formulaban 42 recomendaciones dirigidas a mejorar el funcionamiento del Catastro y se mostraban las deficiencias detectadas tras analizar los cuestionarios enviados y cumplimentados por 51 gerencias, y los resultados obtenidos en las 22 visitas presenciales efectuadas a distintos puntos de España.

Miércoles, 22 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia de Valencia establece que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en una hipoteca ha de pagarlo el consumidor

Por primera vez el Tribunal imputa al prestatario el abono de este gravamen. La Sección Novena anula por abusivas las cláusulas que repercuten sobre el cliente otros gastos del contrato de préstamo hipotecario

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente la demanda de un consumidor y ha anulado varias cláusulas del contrato de préstamo hipotecario suscrito con una entidad bancaria por considerarlas abusivas.

La Sala considera que las cláusulas que imputan al prestatario los gastos por vencimiento anticipado, los de tasación y los aranceles notariales y registrales son abusivas. Mantiene, no obstante, que el Impuesto de Actos jurídicos Documentados, conforme a la normativa tributaria vigente, ha de pagarlo el consumidor.

Se trata del primer pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia en este sentido. La Sección Novena esta especializada en Mercantil y asume los asuntos relacionados con las condiciones generales de contratación. Por este motivo esta Sección de la Audiencia verá la práctica totalidad de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario.

El Tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la entidad financiera contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 5 de la capital y revoca la condena impuesta por éste al banco para que devolviera al consumidor el dinero pagado por el Impuestos de Actos Jurídicos Documentadios.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Gonzalo Caruana, señala que «Con independencia de que la sentencia de 23/12/2015 del Tribunal Supremo no tiene por objeto ni ha dispuesto fijar la atribución del sujeto pasivo de tal impuesto en la prestamista, conforme a la normativa específica tributaria (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y resoluciones judiciales que la han interpretado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, resulta fijado que el sujeto pasivo es el prestatario; razón por la cual, colocados los actores al momento de la contratación, ellos debían abonar el mentado impuesto, por lo que no procede que el mismo sea a cargo de …S.A.»

La decisión de la Sección Novena de la Audiencia de Valencia sobre este impuesto «se alinea con la posición absolutamente mayoritaria en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que han enjuiciado la acción de restitución anudada a la de nulidad de tal clase de pacto en préstamos hipotecarios». En el mismo sentido ya se han pronunciado las Audiencias Provinciales de Pontevedra, Oviedo, A Coruña, Palencia, La Rioja, Cantabria y Alicante.

Miércoles, 22 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo establece que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no implica falta de transparencia o abusividad

La Sala Primera estima el recurso de Kutxabank contra una sentencia de la Audiencia de Álava

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria Kutxabank contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que había declarado nula la cláusula de interés de un préstamo hipotecario por estar referenciada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El alto tribunal considera que la mera referenciación a un tipo oficial como es el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de la sentencia se dará a conocer en los próximos días.

Miércoles, 22 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ agradece el compromiso con la Justicia y la constante defensa del Estado de Derecho de José Manuel Maza

“Su recuerdo nos tiene que ayudar y animar a seguir trabajando por la defensa y protección de los derechos de las personas que más lo necesitan”, señala Carlos Lesmes en el acto de entrega de los premios Foro Justicia y Discapacidad. La institución Envera, la empresa DHL, el notario Juan Bolás y el periodista José Manuel González Huesa han sido distinguidos por su labor en favor de las personas con discapacidad

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado hoy la vocación de servicio público, entrega y dedicación a la Justicia del fiscal general del Estado José Manuel Maza, fallecido el pasado sábado, y ha destacado su cercanía y calidad humana.

Durante el acto de entrega de los premios del Foro Justicia y Discapacidad, en el que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del fiscal general fallecido, Carlos Lesmes ha transmitido a los asistentes su agradecimiento a Maza, que tenía previsto participar en el acto, “por su compromiso con la Justicia, su valentía y su constante defensa del Estado de Derecho”.

“Su recuerdo nos tiene que ayudar y animar a seguir trabajando por la Justicia, por la defensa del Estado de Derecho y, por supuesto, por la defensa y protección de los derechos de las personas que más lo necesitan”, ha añadido el presidente del Poder Judicial.

También el fiscal de sala de la Sala Primera del Tribunal Supremo José María Paz Rubio y el presidente del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández, han tenido palabras de recuerdo y agradecimiento para el desaparecido fiscal general.

Carlos Lesmes ha felicitado a los premiados en esta edición, que son la institución Envera, que se ocupa de las personas con discapacidad intelectual; la empresa DHL Supply Chain, por su compromiso con la integración laboral de personas con discapacidad; el expresidente del Consejo General del Notariado, Juan Bolás Alfonso; y el director de la agencia de noticias Servimedia, José Manuel González Huesa, ambos por una dilatada trayectoria personal y profesional de compromiso con las personas con discapacidad.

El presidente del TS y del CGPJ ha resaltado igualmente en su intervención algunas de las iniciativas que ha emprendido el Foro Justicia y Discapacidad, como la regulación formal de la figura del delegado de discapacidad dentro de la Carrera Judicial, con el objetivo de lograr la adecuada tutela de los derechos de las personas con discapacidad en los órganos judiciales.

Ha destacado asimismo la puesta en marcha de dos importantes proyectos de colaboración encaminados, en primer lugar a la traducción a “lectura fácil” de sentencias y resoluciones judiciales que tengan como destinatarios a personas con discapacidad intelectual, y en segundo término a la elaboración de un mapa de accesibilidad de las sedes y edificios judiciales, con el fin de impulsar las concretas adaptaciones necesarias para alcanzar el objetivo de plena accesibilidad de todas las sedes judiciales de nuestro país.

Tras recordar que por parte del CGPJ se continúan prestando todos los apoyos razonables y necesarios a las personas, aspirantes a las pruebas selectivas de las Carreras Judicial y Fiscal, que presentan algún tipo de discapacidad, Lesmes ha concluido indicando que “una reforma judicial en el siglo XXI debe apuntar a resolver las injusticias diarias que se cometen con las personas más vulnerables dentro de la sociedad”.

Miércoles, 22 de noviembre de 2017 poderjudicial.es

La juez Lamela informa a favor de acumular en una sola las causas abiertas por el proceso secesionista de Cataluña

La magistrada de la Audiencia Nacional considera que todos los querellados forman parte de una compleja y heterogénea organización

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha remitido al Tribunal Supremo el informe que le fue solicitado por el magistrado de ese órgano judicial Pablo Llarena -que instruye la causa abierta a raíz de la querella que la Fiscalía interpuso contra la presidenta del Parlament de Cataluña y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica- sobre la posible acumulación de los procedimientos incoados en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

Lamela, que instruye la causa contra los exmiembros del Govern catalán, considera que los procedimientos se deben acumular en uno solo porque se está investigando a los miembros de una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario. En el momento actual, y dada la condición de aforados de varios de los investigados, la competencia para instruir esa causa correspondería al Tribunal Supremo.

La magistrada entiende que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.

Una organización con reparto de papeles, en ejecución de un plan preconcebido

La juez explica en su informe que de lo actuado hasta el momento se desprenden elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario.

La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

Lamela describe los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.

Desde ese reparto de funciones, la instructora argumenta que la actividad de los miembros del Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas. Como ejemplo, la juez detalla las congregaciones tumultuosas llevadas a cabo con la finalidad de impedir la ejecución de resoluciones judiciales. ANC y Omnium, según Lamela, “actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre”.

Papel esencial de los Mossos d’Esquadra

Dentro de esa organización investigada, para Lamela cobra especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos D’Esquadra para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados. “Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”. La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.

Desvío de fondos públicos y asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para la causa secesionista

Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos. Pese al veto del Tribunal Constitucional, el Govern hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a Derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo. Y el hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Dª Meritxell Borrás i Solé, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum.”

Del mismo modo la juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para apoyar la celebración del referéndum ilegal y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva República independiente.

La investigación debe acumularse para comprender en su integridad toda la trama

Una vez analizadas todas las actividades ilegales desarrolladas, constitutivas de distintos delitos (desobediencias, prevaricaciones, malversaciones de caudales públicos, y sedición) cometidos por los distintos miembros y colaboradores de la organización, bajo la autoría intelectual y superior de sus líderes, Lamela concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa. “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”, señala.

La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”. Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.

En su informe, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 incluye los antecedentes procesales, fácticos e investigativos, tal y como le solicitó el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

21 de noviembre de 2017 mineco.gob.es

Las exportaciones siguen marcando máximos históricos, con un aumento del 9,1% hasta septiembre
España exportó entre enero y septiembre por valor de 205.560 millones de euros
El aumento de las importaciones situó el déficit en 18.562 millones de euros
Las ventas al exterior evolucionan mejor que en la UE y en la zona euro
Las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-septiembre ascendieron un 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 205.560 millones de euros, máximo histórico de la serie para el acumulado en este periodo. Las importaciones aumentaron un 11,1% hasta los 224.121 millones. Como resultado, el déficit comercial de los nueve primeros meses del año alcanzó los 18.562 millones de euros, un 40,3% superior que el registrado en el mismo periodo de 2016, pero es el tercer mejor saldo registrado en el acumulado de los nueve primeros meses del año desde 1997, sólo superado en 2013 y 2016. Las exportaciones españolas continúan registrando mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 91,7% (93,4% en enero-septiembre de 2016). Es también el tercer mejor registro de toda la serie histórica. En términos de volumen, las exportaciones subieron un 8,6%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, aumentaron un 0,4%; y las importaciones crecieron en volumen un 5,6%, al incrementarse también los precios un 5,2%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 2.557 millones de euros (frente a un déficit de 1.178 millones de euros en el acumulado hasta septiembre de 2016) y el déficit energético se incrementó un 32,8%, hasta los 16.005 millones de euros (déficit de 12.049 millones en 2016).

El crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y septiembre es superior al de los países del entorno: en el conjunto de la zona euro subieron un 7,4% y en la Unión Europea, un 7,7%. También es superior al crecimiento de las exportaciones de Italia (7,3%), Alemania (6,3%), y Francia (3,8%), así como de EEUU (6,2%) y China (5,5%). Las exportaciones de Reino Unido crecieron a mayor ritmo (17,6%), y también lo hacen las de Japón (11,3%).

Los principales sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones, con excepción del sector del automóvil: bienes de equipo (que representan un 20,4% del total) aumentó un 10,5%; alimentación, bebidas y tabaco (16,6% del total) creció un 7,3% y semimanufacturas no químicas (10,2% del total) un 9%. Por su parte, el sector del automóvil (16,3% del total) disminuyó un 0,8%, especialmente por las menores ventas a Reino Unido y Turquía.

El crecimiento de las importaciones se explica por el aumento de los precios de los productos energéticos así como por la consolidación de la recuperación económica en España. Así, las importaciones de bienes de equipo (21,4% del total) aumentaron un 10%; las de productos energéticos (13,2% del total) lo hicieron en un 41,7% interanual y los productos químicos (15% del total) crecieron un 4,7%.

Las exportaciones dirigidas a la UE (65,9% del total) se incrementaron un 8,1% en los nueve primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (51,7% del total) aumentaron un 9% y las destinadas al resto de la UE (14,2% del total), aumentaron un 4,9%.

El dinamismo fue incluso mayor en las ventas a terceros destinos (34,1% del total), que aumentaron un 11% en este periodo, destacando los incrementos de las exportaciones a Oceanía (28,2%), América Latina (13,5%), África (11,5%), Asia excluido Oriente Medio (11%) y América del Norte (10,4%). Tan sólo mostraron un dinamismo menor las destinadas a Oriente Medio (crecimiento del 0,1%). Por países destacan los aumentos de ventas a mercados con gran potencial como China (23,8%), Marruecos (18,9%), México (14,7%), Estados Unidos (10,6%), o Canadá (9,9%), mientras que por el lado contrario se redujeron las exportaciones a Arabia Saudí (-5,9%) o Argelia (-10,6%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (96,1%), Canarias (29,9%) y Asturias (24,4%). En cambio, los mayores descensos se dieron en Navarra (-5,6%), Castilla y León (-3,2%) y en Cantabria (-2,6%).

Datos del mes de septiembre

En el mes de septiembre, las exportaciones españolas de mercancías se incrementaron un 8,5% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 23.258 millones de euros. Las importaciones aumentaron un 7,4% en términos interanuales hasta los 25.405 millones de euros. Como resultado, se registró un déficit de 2.148 millones de euros, un 3,7% inferior al del mismo mes de 2016. La tasa de cobertura se situó en el 91,5%, un punto porcentual más que en septiembre de 2016.

El saldo no energético arrojó un déficit de 836 millones de euros (déficit de 1.022 millones de euros en septiembre de 2016) y el déficit energético aumentó un 8,5%.

El aumento de las exportaciones en septiembre de España (8,5%) es mayor que el registrado en la zona euro (5,3%) y en la Unión Europea (5,4%).

En septiembre, las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron del sector de bienes de equipo (aportación de 4 puntos), productos energéticos (2,9 puntos), y semimanufacturas no químicas (0,7 puntos). Por el contrario, los sectores que más restaron fueron la rúbrica de otras mercancías (-0,4 puntos), y el sector automóvil ( -0,3 puntos).

En septiembre de 2017, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 67% del total (67,6% en septiembre de 2016) y aumentaron un 7,5%. Las dirigidas a la zona euro crecieron un 9,5% y las destinadas al resto de la UE aumentaron un 0,3%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Alemania (21,2%), Italia (4,2%) y Francia (3,7%) mientras que las dirigidas al Reino Unido apenas avanzaron (0,7%).

14 de noviembre de 2017 mineco.gob.es
La inflación se reduce al 1,6% en octubre por los precios de la energía
La tasa subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, cae tres décimas, hasta situarse en el 0,9%
El diferencial de precios con la zona euro se sitúa en el 0,3%, el mismo que en el mes de septiembre
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en octubre de 2017 un 1,6% interanual, tasa coincidente con la adelantada por el INE a finales del pasado mes y dos décimas inferior a la del mes de septiembre, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta evolución se explica principalmente por el menor ritmo de crecimiento de los precios de los productos energéticos y, en menor medida, por la desaceleración de los precios de los servicios y por el descenso de los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE), parcialmente compensados por el mayor ritmo de crecimiento de los precios de la alimentación, especialmente de la no elaborada. En términos intermensuales, el IPC ha aumentado el 0,9% en octubre de 2017, frente a la subida del 1,1% del mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos se incrementaron el 3,9% en tasa interanual, 1,9 puntos menos que en septiembre, evolución principalmente asociada a la desaceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, que pasaron de registrar una tasa del 5,5% interanual en septiembre al 3,4% en octubre y, en menor medida, a los del gas, que se desaceleran 3,6 puntos, hasta el 7,8%, y a los de la electricidad, que crecen el 3,4%, un punto menos que en el mes anterior.

La inflación de la alimentación se situó en el 2,3% en octubre, tasa un punto superior a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 4,9% interanual, 2,7 puntos más que en el mes previo, debido principalmente al repunte de los precios de las frutas frescas, que pasaron de reducirse un 2,7% en septiembre a crecer un 10,1% en octubre. Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se incrementaron el 1% en octubre, una décima más que en septiembre, destacando el comportamiento de aceites y grasas, que subieron el 8,2%, seis décimas más que el mes anterior.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, elementos más volátiles del IPC) se redujo tres décimas en octubre, hasta el 0,9%, debido a la desaceleración de los precios de los BINE y de los servicios, parcialmente compensados por la ligera aceleración de los precios de la alimentación elaborada. Los precios de los BINE se redujeron el 0,2%, tras la subida del 0,1% el mes anterior. Por su parte, los precios de los servicios se desaceleraron dos décimas en octubre, hasta el 1,6%, como consecuencia de la evolución de los paquetes turísticos, cuyos precios pasaron de crecer el 8,8% en septiembre al 7,1% en octubre, y del transporte público interurbano, cuyos precios redujeron el ritmo de crecimiento 2,7 puntos, hasta el 1,6%.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del 0,9% en octubre de 2017, frente al 1,1% registrado en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los productos energéticos subieron el 2%, 1,8 puntos menos que un año antes; los de la alimentación aumentaron un 1,1%, 1 punto más que en octubre de 2016; los de los BINE se incrementaron un 2,8%, tres décimas menos que en octubre del pasado año; y los de los servicios cayeron el 0,5%, frente a la caída del 0,3% de un año antes.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en octubre de 2017 una tasa intermensual del 3,1% (0,4% en el mismo mes de 2016), y los de los alimentos elaborados del 0,1%, tras la estabilización de un año antes.

La tasa interanual del IPC disminuyó en octubre en todas las comunidades autónomas, excepto en Canarias y Navarra, donde se mantuvo estabilizada. Los mayores descensos, todos de tres décimas, se produjeron en las tasas de inflación de Illes Balears (1,8%), País Vasco (1,6%), Cantabria, Galicia, y Comunidad de Madrid (1,5% las tres) y el Principado de Asturias (1,2%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en octubre en el 1,6%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de octubre de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 1,7%, una décima inferior a la de septiembre. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro fue del 1,4% en octubre, una décima inferior a la del mes anterior, resultando un diferencial de inflación para España respecto a la zona euro de 0,3 puntos, idéntico al de septiembre.

Lunes, 20 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia de Castellón anula una claúsula de un contrato bancario por el tamaño de la letra

La tipografía es tan minúscula que para su lectura no basta con el uso de gafas sino que se precisa una lupa

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado una cláusula de un contrato bancario por el tamaño de la letra, tan pequeña que se requiere una lupa para su lectura.

Así consta en un auto dictado por la Sección Tercera que admite a trámite la demanda del banco contra un cliente por el impago de las cuotas de la tarjeta de crédito de la que es titular.

En esa misma resolución, la Sala limita las pretensiones de la entidad financiera al permitirle reclamar sólo el principal de la deuda (4.600 euros) pero no así los intereses (766 euros) ya que anula la cláusula que los fija porque la tipografía en que está redactada es tan reducida que para su lectura no basta con el uso de unas gafas sino que se necesita una lupa.

Según el auto, “la cláusula general del contrato que fija el interés remuneratorio no supera el necesario control de transparencia, toda vez que ese interés remuneratorio se establece en el reverso del contrato que se halla sin firmar por el demandado, estando en un contexto de difícil lectura, dada la letra tan minúscula que emplea para lo que se necesita el uso de una lupa no siendo suficiente las lentes usuales de lectura, resultando además de difícil comprensión para un adherente medio al utilizar conceptos y fórmulas matemáticas complicadas”.

Estadística de Convenios Colectivos

La variación salarial media pactada en convenio hasta octubre se sitúa en el 1,40%

lamoncloa.gob.es
Viernes 10 de noviembre de 2017

La variación salarial media pactada para los convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta el 31 de octubre asciende al 1,40%, incremento que se sitúa en el 1,10 % para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior a éstas alcanza el 1,42%.

Según los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos, publicada este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la jornada media pactada para el total de los convenios se sitúa en 1.737,6 horas al año por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 1.721,0 horas, mientras que para los de ámbito superior a la empresa asciende hasta las 1.738,8 horas.

Del total de convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta octubre, 2.967, 2.251 son de empresa, y afectan a 433,3 miles de trabajadores. El resto, 716, corresponde a convenios de ámbito superior al empresarial, e integran a 6,14 millones de trabajadores. En total estos convenios tienen efecto sobre 6,58 millones de trabajadores.

Inaplicaciones de convenios

En los nueve primeros meses de este año se han depositado en los registros de las distintas autoridades laborales un total de 939 inaplicaciones de convenios, que afectan a 18.298 trabajadores

La mayoría de inaplicaciones, el 88,8 %, se han resuelto como acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores durante el período de consultas.

La mayor parte de los trabajadores afectados por las inaplicaciones depositadas hasta el mes de octubre de 2017, se concentra en el sector servicios, un 60,6 %. Respecto al tamaño de las empresas, el 11,3 % de los trabajadores afectados están en empresas de 250 trabajadores o más, aunque la mayor parte de las empresas que presentan inaplicaciones, el 43,8%, tienen plantillas con menos de 50 trabajadores.

La gran mayoría de las inaplicaciones presentadas, el 90,2%, indican que se han descolgado de la cuantía salarial pactada en convenio.

Del total de las 939 inaplicaciones, el 59,6 % muestra que sólo se ha descolgado de la cuantía salarial, en tanto que el 12,6 % además de hacerlo de la cuantía, lo ha hecho del sistema de remuneración.

En términos acumulados desde marzo de 2012 hasta octubre de 2017, se han producido un total de 10.187 inaplicaciones de convenios que afectan a un total de 375.297 trabajadores.

19/11/2017  consejodetransparencia.es

Fallecimiento de la Presidenta
Esther Arizmendi

19 de noviembre de 2017.-  Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Después de una larga lucha contra la enfermedad, nuestra querida presidenta ya descansa en paz.

Nos invade una tristeza enorme. Esther deja un profundo vacío no solo en el ámbito profesional sino también en el personal. Con la muerte de la presidenta se pierde una de las figuras que más ha luchado por la transparencia pública en nuestro país. Quienes la conocieron saben de su compromiso con el servicio público, su lucha ante las adversidades, su espíritu combativo, su humanidad y la cercanía con la que trataba a todos y todas. Ante todo, siempre defendió los intereses de los ciudadanos. Esther siempre será una referencia para todos los que trabajamos en lo público.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lamenta esta irreparable pérdida y transmite sus condolencias a sus hijos, familiares, amigos y a todos los que la querían.

UGT reclama un contrato de relevo que impulse el empleo joven
UGT | lunes, 13 de noviembre de 2017  ugt.es
•El sindicato apuesta por aumentar las oportunidades de jubilación anticipada para los trabajadores de más edad y ofrecer formación y empleo de calidad a los jóvenes
•Aumentaría la empleabilidad de más de la mitad de los jóvenes en paro (600.000 menores de 30 años) que solo disponen de estudios básicos

La Unión General de Trabajadores reclama un contrato de relevo que impulse el empleo joven. El sindicato demanda recuperar e impulsar de manera inmediata un nuevo modelo de contrato de relevo que aumente las oportunidades de que los trabajadores accedan a la jubilación anticipada parcial y, a su vez, que ofrezca empleo de calidad y contenidos de formación y transmisión del conocimiento para el joven inscrito en la garantía juvenil.

Mientras las tasas de desempleo juvenil sean tan desorbitadas como en la actualidad, hacen falta fórmulas eficaces para aumentar la incorporación al empleo, especialmente de los jóvenes con mayores dificultades. Por ello, resulta fundamental fomentar el contrato de relevo y la jubilación parcial, anticipándola cuatro años a la edad ordinaria de cada trabajador y mejorando de forma notable las condiciones de aplicación vigentes desde 2013, utilizando para ello la financiación del fondo social europeo, con la finalidad de que se incremente la sustitución natural y la transmisión de conocimiento entre la generación que accede a la jubilación y su relevo generacional. De esta forma, se amplían simultáneamente las oportunidades de empleo de los jóvenes menos formados y de jubilación anticipada y progresiva de los mayores.

Para UGT, este contrato de relevo supone para los jóvenes contratación estable, de calidad y con derechos (contrato indefinido y con salarios de convenio), produciendo una sustitución eficaz y eficiente en el mercado de trabajo, de la que saldrían beneficiadas todas las partes, tanto los jóvenes como las empresas, que verían una solución a la pérdida de ese capital humano que se jubila inminentemente.

Además, se realiza una apuesta en firme por el empleo de calidad, en detrimento de la precariedad y temporalidad que existe hoy en nuestro mercado laboral, a través de contratos indefinidos y con derechos. De esta forma, el sindicato apuesta por la empleabilidad de más de la mitad de los jóvenes en paro (600.000 menores de 30 años) que solo disponen de estudios básicos y cuya incorporación al mercado laboral está sometida a grandes dificultades y a un altísimo riesgo de que se produzca en las condiciones más precarias.

UGT considera que este contrato de relevo, a diferencia de otras fórmulas de contratación de jóvenes, posibilita, por lo tanto, que los jóvenes no entren en el mercado laboral por la puerta de la temporalidad y la precariedad; y ofrece la igualdad de condiciones en el empleo y el salario del joven respecto al resto de trabajadores de la empresa y la posibilidad de desarrollarse en la misma.

España se incorpora al proyecto europeo C-Roads

Dirección General de Tráfico

Tallín (Estonia), 09/11/2017 interior.gob.es
España se incorpora al proyecto europeo C-Roads
El proyecto pretende asentar las bases del uso de los sistemas inteligentes de transporte  cooperativo y sistemas de conducción autónoma, incluyendo el vehículo autónomo, y garantizar la interoperabilidad de estos sistemas a lo largo de toda Europa, con el objetivo final de mejorar la seguridad vial.

La DGT, en representación de España, ha participado en la ceremonia de incorporación a la plataforma

C-Roads Spain incluye el despliegue de sistemas inteligentes de transporte en cinco proyectos pilotos entre los que se encuentra DGT 3.0

El presupuesto del proyecto asciende a 17,9 millones de Euros y cuanta con un 50% de financiación por parte de la Unión Europea
España se incorpora al proyecto europeo C-Roads (Carreteras conectadas), proyecto impulsado y cofinanciado por la Unión Europea con el que se pretende asentar las bases del uso de los sistemas inteligentes de transporte  cooperativos y sistemas de conducción autónoma, incluyendo el vehículo autónomo, y garantizar la interoperabilidad de estos sistemas a lo largo de toda Europa, con el objetivo final de mejorar la seguridad vial.

Por este motivo, la subdirectora adjunta de Operaciones y Movilidad de la Dirección General de Tráfico, Ana Blanco, ha participado esta mañana en la ceremonia de firma de los nuevos proyectos incluidos en C-Roads en representación de España en el marco del encuentro Digital Transport Days que se celebra en Tallín, Estonia, del 8 al 10 de noviembre.

Con esta firma, España junto con Dinamarca, Finlandia, Hungría, Italia, Noruega, Portugal y Suecia, son los nuevos países que se adhieren a la plataforma C-Roads. Ya formaban parte de la misma Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Holanda, Eslovenia y Reino Unido.

Según, la Subdirectora de la DGT «España se une a iniciativas en torno a la conectividad y conducción autónoma que son clave para hacer nuestras carreteras más seguras, el tráfico más eficiente y reducir las emisiones nocivas del transporte»

Con el proyecto C-Roads Spain, España se vincula a la iniciativa de sistemas de transporte inteligente cooperativo con el objetivo de garantizar el despliegue de estos sistemas en toda Europa y para ofrecer servicios a los viajeros y transporte de mercancías. Además permitirá a España participar y decidir, a partir de las experiencias en el proyecto, en el desarrollo de especificaciones armonizadas al formar parte de los grupos de trabajo de la plataforma europea C-ROADS.

C-ROADS SPAIN

El proyecto C-Roads Spain incluye el despliegue de sistemas inteligentes de transporte en cinco proyectos piloto a lo largo de toda la geografía española: Galicia, Madrid, las costas Cantábrica y Mediterránea y el proyecto DGT 3.0 que abarca todo el territorio español.

Los pilotos que se llevarán a cabo son:
◾ DGT. 3.0 En este piloto se analizará la implantación de los servicios C-ITS a través de una plataforma de internet de las cosas (IoT) permitiendo la interconexión de todos los actores implicados en el ecosistema del tráfico y la movilidad. Una de sus principales ventajas es que abarca el territorio nacional.
◾ SISCOGA Extended. Este piloto usará una arquitectura híbrida que incluye tecnología de comunicaciones ITS-G5, LTE y LTE/V. Se desarrolla en 130 km de vías interurbanas y 30 km de vías urbanas.
◾ Madrid. Este piloto se desarrolla en Madrid Calle 30. Incluirá una solución para informar a usuarios de un aparcamiento en la ciudad y un sistema de gestión capaz de conectarse a diferentes fuentes de información para procesarla y que esté disponible para los usuarios de aplicaciones móviles.
◾ Corredor Cantábrico. Este proyecto se localiza principalmente a lo largo de la autopista  A8-E70 que conecta las provincias de la zona norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco)
◾ Corredor Mediterráneo. El piloto se ejecutará a lo largo del Corredor Mediterráneo en varias secciones de la autopista AP-7. Su principal interés es comprobar los servicios C-ITS en autopistas de peaje.

En todos estos proyectos piloto se testará desde un primer momento  servicios de alerta a los conductores sobre los riesgos potenciales que se pueden encontrar en las carreteras como obras en la vía, vehículo parado, condiciones meteorológicas adversa… para posteriormente evaluar la eficacia de estos servicios.

El presupuesto del proyecto asciende a 17,9 millones de Euros y cuenta con un 50% de financiación por parte de la Unión Europea.

La Dirección General de Tráfico -Ministerio de Interior- y la Dirección General de Carreteras- Ministerio de Fomento- coordinan conjuntamente este proyecto, que se desarrolla en el marco de un consorcio que está compuesto por 26 socios tanto de las administraciones públicas como de empresas privadas.

Sábado, 18 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

Comunicado del Tribunal Supremo

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Supremo quiere expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del Fiscal General del Estado, don José Manuel Maza Martín, Magistrado del Alto Tribunal en su Sala Segunda y dedicado servidor de la Justicia.

Cuantos hemos tenido la fortuna de compartir con él el servicio público, recordaremos su extraordinaria calidad humana, su lucidez y su integridad profundas y, sobre todo, su abnegado servicio a España.

Este Tribunal se une a las condolencias a su familia por su repentino fallecimiento que sentimos como propio. Su marcha constituye un penosísimo golpe, pero el enorme vacío que deja entre nosotros será siempre un espacio dedicado a su recuerdo.

Sábado, 18 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

Comunicado del CGPJ

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha acogido con profundo pesar el fallecimiento del Fiscal General del Estado, don José Manuel Maza Martín. Para el órgano de gobierno de los jueces, constituye un motivo de especial tristeza la repentina pérdida de un servidor público como Jose Manuel Maza, cuya trayectoria representa la plasmación de los valores de dedicación y entrega a la Justicia.

Merece ser destacada su honda vocación de servicio a lo largo de su trayectoria tanto en la Carrera Judicial como en la Fiscal, por lo que este Consejo se une al dolor de su familia por su fallecimiento, y le expresa sus más sinceras condolencias por su triste pérdida.

14 nov 2017

ceoe.es

CEOE lanza ‘Empresario’, una revista trimestral con entrevistas en profundidad, análisis y opinión

En el primer número ‘Empresario’ ofrece en portada la primera entrevista al nuevo director general de Coca-Cola Iberia, Juan Ignacio de Elizalde
CEOE ha lanzado la revista Empresario. Esta nueva publicación, que tendrá periodicidad trimestral, abordará en profundidad los temas que interesan al mundo empresarial a través de reportajes, entrevistas, análisis y artículos de opinión.

CEOE lanza la revista EMPRESARIO elempresario.com
Un año después del lanzamiento del diario digital elempresario.com, la nueva revista aportará a las empresas españolas un nuevo canal para poder explicar sus propuestas, con el objetivo de mejorar la economía y su competitividad. Empresario hará un seguimiento exhaustivo de las reformas, teniendo en cuenta que el país se encuentra en un contexto europeo y cada vez más global.

En el primer número de Empresario se incluyen entrevistas a directivos de distintos sectores como el director general de Coca-Cola Iberia, Juan Ignacio de Elizalde, la presidenta de ADigital, Carina Szpilka, y la presidenta de HP para España o Portugal, Helena Herrero, entre otros. También se analizan temas de actualidad como la revolución digital, los nuevos obstáculos a la globalización, los cambios constantes que ha sufrido el impuesto de sociedades durante la crisis y se incluye información práctica para invertir o exportar a países como Argentina o Arabia Saudí.

La nueva publicación cuanta con la opinión del presidente de AENA, Jaime García-Legaz, que analiza los retos de la economía argentina; del profesor del IESE Universidad de Navarra, Eduardo Martínez Abascal, que analiza los datos y las soluciones para los problemas del gasto público, y de Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA, y Julián Cubero, economista de BBVA Research, que analizan la globalización y el proteccionismo poniendo el foco en EE. UU.

Primera entrevista al nuevo director general de Coca-Cola Iberia

El director general de Coca-Cola Iberia, Juan Ignacio de Elizalde, asegura en la entrevista de portada que “el 99% de lo que vendemos en España se fabrica aquí” y explica que su compañía tiene 4.500 empleados, 11 plantas productivas, una red de distribución y genera 80.000 empleos indirectos. “Trabajo con el equipo de España y el embotellador para que España siga siendo un líder, un icono para la compañía a nivel mundial”, dice.

El primer ejemplar de la revista Empresario cuenta con 140 páginas e incluye 10 entrevistas en profundidad, 10 artículos de opinión, 10 reportajes sobre la actualidad económica nacional e internacional, infografías que pueden ayudar a entender la economía española e internacional, el suplemento ‘En datos’ de 12 páginas con información gráfica y 23 páginas de fotografías en la sección de Actualidad Empresarial.

Editorial

En el editorial del primer número de la revista, el presidente de CEOE, Juan Rosell, explica que “a través de estos nuevos medios de comunicación seremos testigos directos de los momentos decisivos que afronta España”. Y señala que el nuevo proyecto editorial busca “contribuir mediante la transparencia y el análisis a que las pymes del siglo XXI tengan los medios necesarios para que también puedan transformarse en medianas y grandes empresas, adaptadas a un entorno internacional cada vez más competitivo, y con amenazas acuciantes como el proteccionismo”.

08 de noviembre de 2017 mineco.gob.es

La competitividad precio de la economía frente a la UE modera su caída en el tercer trimestre

La competitividad precio de la economía española frente a la UE moderó su caída en el tercer trimestre del año, como consecuencia tanto de la contenida apreciación del euro como del mantenimiento de un diferencial positivo de crecimiento de los precios, según refleja el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo (IPC). En relación con la OCDE, la apreciación del euro frente a las principales monedas de esta zona produjo un incremento del ITC del 2,7%.

El ITC mide la competitividad de las exportaciones mediante el tipo de cambio y de los precios. Aunque el IPC es la referencia de precios más común, muchos de los productos y servicios que recoge o no son exportables o su peso en las exportaciones es muy residual. Por ello se usan también los Índices de Valor Unitario (IVUs), que computan solo precios de productos y servicios exportados, ponderados por su peso en el conjunto de las exportaciones. El cálculo de los IVUs se demora más y por ello se ofrecen datos del trimestre anterior. Se incorpora ahora la información sobre los índices medidos con Costes Laborales Unitarios (CLUs), indicador que permite analizar la evolución de la competitividad coste de la economía y que también se presenta con un trimestre de retraso respecto a la información publicada para el IPC. Incrementos en el Índice reflejan pérdidas de competitividad y viceversa.

ITC calculado con IPC

Los datos del tercer trimestre de 2017 reflejan que la competitividad-precio de España frente a la zona euro empeoró ligeramente, puesto que el ITC subió un 0,3%. El aumento del ITC fue inferior al del segundo trimestre (0,6%) y se debe a que el incremento de los precios en media de los países de la eurozona ha sido algo inferior al registrado por España. Este aumento del IPCA por encima del de nuestros socios es coherente con el escenario de mayor crecimiento de la economía española.

También se perdió competitividad frente a los países de la UE que no forman parte del euro, al registrar el ITC un crecimiento interanual del 0,8%. Esta evolución se justifica por la apreciación del euro frente a la media de las monedas de estos países (1,2%), fundamentalmente por la depreciación de la libra británica, en tanto que el índice de precios relativos descendió un 0,3%.

El comportamiento del ITC frente al conjunto de la UE muestra un deterioro de la competitividad del 0,5%, debido tanto al ligero aumento del índice de precios relativos como al del índice de tipos de cambio.

Frente a la OCDE, el ITC subió un 2,7%, que se fundamenta en la apreciación del euro en un 2,8% (sobre todo frente al dólar y el franco suizo), puesto que el índice de precios relativos apenas varió.

En relación con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el ITC aumentó un 3,3% interanual en el tercer trimestre. El deterioro de la competitividad frente a esta zona se debió sobre todo al aumento del tipo de cambio en un 3,4%, ya que el índice de precios sólo disminuyó un 0,1%.

En el acumulado enero-septiembre el ITC frente a la UE refleja pérdidas de competitividad superiores a las del tercer trimestre, por los mayores crecimientos del ITC en la primera mitad del año. Frente a la OCDE, los datos de los nueve primeros meses del año muestran pérdidas de competitividad inferiores a las del tercer trimestre. En relación a los BRICS, el ITC calculado con IPCs reflejó una mejora de competitividad del 1% en los tres primeros trimestres de 2017.

ITC calculado con IVUs

En el segundo trimestre de 2017, el ITC medido con IVUs mejoró frente a los países de la UEM-19, con un descenso del 0,5%, porque el aumento de los precios de exportación españoles fue inferior al de la media de la zona. Sin embargo, el indicador empeoró frente a los países de la UE no pertenecientes a la zona euro (2,3%), por el aumento del índice de tipos de cambio. En la UE-28, la pérdida de competitividad fue del 0,2%, porque la apreciación de la moneda fue parcialmente compensada por el menor crecimiento de los precios de exportación.

Frente a los países de la OCDE, el ITC muestra una ganancia de competitividad del 0,3%, debido fundamentalmente al descenso del índice de precios relativos, que compensó la apreciación del euro frente a la cesta de monedas de la zona. Esta ganancia de competitividad fue mayor frente a los países de la OCDE que no son parte de la UE-28.

En el primer semestre del año, la ganancia de competitividad que muestra el ITC medido con IVUs fue del 0,5% frente a la OCDE.

ITC calculado con CLUs

El ITC calculado con CLUs disminuyó un 1,7% en el segundo trimestre de 2017, lo que supone una vuelta al escenario de mejora de la competitividad coste, después del ligero empeoramiento del trimestre anterior. La causa de esta ganancia de competitividad fue el comportamiento del índice de costes laborales unitarios, que se aminoró un 2,4%, frente al incremento del 0,7% del índice de tipos de cambio.

Esta mejora de la competitividad fue superior respecto a la UEM-19, mientras que la apreciación del euro hizo que la reducción del ITC frente a los países europeos no pertenecientes a la UEM-19 fuera de tan sólo el 0,5%.

En el período acumulado enero-junio, la ganancia de competitividad reflejada por el ITC medido con CLUs fue del 0,8% para el conjunto de la UE-28 y algo superior para la UEM-19. Sin embargo, la fuerte apreciación del euro ha dado lugar a una pérdida de competitividad del 0,5% frente a los países europeos no pertenecientes a la UEM-19.

Viernes, 17 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia Nacional abre juicio oral a Rodrigo Rato y otras 34 personas por la salida a bolsa de Bankia

Por los delitos de falsedad contable y fraude de inversores

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado la apertura de juicio oral del llamado “Caso Bankia” contra 35 personas físicas y jurídicas, entre otros el ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato, ex consejeros, vocales o administradores de Bankia en los años 2010 y 2011, así como las personas jurídicas Banco Financiero de Ahorros, Bankia S. A. y la auditora Deloitte S.L. Se les juzgará por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años (art. 290 del Código Penal) y delito de fraude de inversores (art. 282 y 288 del C.P.) por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a bolsa de la entidad financiera.

Andreu explica en su resolución que un auto de apertura de juicio oral sirve para posibilitar que el procedimiento siga adelante, después de valorar la consistencia de la acusación y para señalar el órgano competente para celebrar el juicio, que en este caso será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El hasta ahora instructor de la causa recoge en su auto todos los escritos de acusación presentados por el Fiscal y las 44 acusaciones particulares y populares. A la vista de esos escritos presentados, Andreu concluye que no concurre ninguno de los supuestos previstos en la Ley para acordar los sobreseimientos solicitados por algunas de las acusaciones.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, esta última en representación del FROB, solicitan una pena de cinco años de cárcel para Rato, de cuatro años para José Luis Olivas, de tres para José Manuel Fernández Norniella y de dos años y siete meses para Francisco Verdú, todos ellos por un delito del artículo 282 bis del Código Penal.

El Ministerio Público pide que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a los inversores minoristas personados en el procedimiento en el importe total de su inversión, con exclusión de quienes hayan sido indemnizados por Bankia, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de esta última. La Abogacía del Estado, por su parte, considera que los acusados son responsables civiles directos y como tales deben indemnizar al FROB por las cantidades en que el patrimonio de BFA y Bankia se haya visto mermado como consecuencia de los procedimientos civiles instados por inversores que acudieron a la salida a bolsa de la entidad financiera.

El juez recuerda en su auto que a lo largo de estos cinco años de instrucción se han  recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de BFA y Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre  la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las misma, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la Entidad, con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado. Andreu concluye que “no existe ninguna razón de peso para excluir la responsabilidad penal del superior que conoce la ejecución del acto antijurídico del inferior, cometido tanto dentro del ámbito de las funciones de este último, como de las facultades de supervisión del superior, y, pudiendo hacerlo, no ejerce sus facultades de control o no actúa para evitarlo. O dicho con otras palabras: elige permanecer pasivo sin requerir más información y sin ejercer sus facultades superiores”.

El juez rechaza sobreseer la causa penal contra BFA y BANKIA como solicitaba el Fiscal en tanto que el Ministerio Público se basa en la actitud colaboradora que ha mantenido la entidad durante la tramitación de la causa, circunstancias que podrían afectar, según Andreu, “a una posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca a una declaración de sobreseimiento, ni libre ni provisional”.

En relación con Deloitte, el juez recuerda que se debe considerar su presunta responsabilidad penal tal y como lo acordó la Sección Tercera de la Sala de lo Penal al resolver los recursos presentados contra el auto de transformación y a la vista de los escritos de acusación formulados en su contra, “por cuanto si bien el legislador ha delimitado el ámbito de los autores o sujetos activos a los administradores de hecho o de derecho, no puede olvidarse que no se debe descartar la posibilidad de la participación, por cooperación necesaria, de las entidades auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas anuales o balances falseados, conducta que está expresamente tipificada en distintas legislaciones penales de nuestro entorno, como los son la francesa, la alemana, o la italiana. Y se debe considerar dicha responsabilidad por cuanto y en su función de auditor procedió a analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia, S.A. que se presentaron en el folleto de emisión para su salida a Bolsa, siendo indudable que sin dicha revisión y verificación las autoridades reguladoras y supervisoras no hubieran permitido que la citada entidad bancaria operara en el parquet”.

Jueves, 16 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El TSJ de Galicia avala el decreto de la Xunta sobre el uso de apartamentos y viviendas turísticas

Según los magistrados, el decreto no «vulnera el derecho a la libertad de empresa y la libre competencia en el sector de los servicios de alojamiento»

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Primera- del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia contra el decreto de la Xunta por el que se regula el uso de viviendas y apartamentos turísticos.

Los magistrados del alto tribunal gallego entienden ajustados a derechos cada uno de los artículos de la regulación autonómica sobre los que la Asociación centra su impugnación.

De esta manera, entiende la Sala que el decreto no «vulnera el derecho a la libertad de empresa y la libre competencia en el sector de los servicios de alojamiento», como la recurrente había denunciado.

El Tribunal de Justicia Europeo declara discriminatorio en España el acceso al desempleo desde un contrato a tiempo parcial
Todas las personas con contratos a tiempo parcial deben ver equiparadas sus condiciones de acceso a la protección por desempleo.
09/11/2017. ccoo.es
Hoy 9 de noviembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado una Sentencia, resolviendo una cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona.
En esa Sentencia, se resuelve la cuestión prejudicial planteada, estimando que el sistema de reconocimiento de la prestación por desempleo para las personas que trabajan a tiempo parcial en nuestro país supone una diferencia de trato injustificada, que vulnera el artículo 4 apartado 1 de la Directiva 79/7/CEE relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.
Concretamente, se aborda la situación de las personas que mantiene un contrato a tiempo parcial vertical, es decir, que no trabajan todos los días de la semana, al tener una distribución de jornada que se concentra en varios días a la semana, no todos pero, sin embargo mantienen una relación continuada y una base de cotización mensual, de forma idéntica a las personas que trabajan a tiempo completo o a las personas con contrato a tiempo parcial horizontal (aquellas que trabajan las mismas horas a tiempo parcial pero con una distribución de jornada que les lleva a trabajar todos los días de la semana).
En el caso de la relación a tiempo parcial vertical, el Servicio Público de Empleo, no había reconocido todos los días cotizados, haciéndolo solo con los efectivamente trabajados y, comoconsecuencia de ello, ante la pérdida involuntaria del empleo por parte de la trabajadora, había reconocido una prestación por desempleo de 420 días, en lugar de los 720 que
demandaba la trabajadora afectada al acreditar cotizaciones entre el 23.12.1999 y el 29.7.2013, es decir, superando con mucho los 6 años exigidos para acceder a una prestación por desempleo durante 720 días.
El Tribunal europeo considera acreditado que en España los contratos a tiempo parcial se concentran especialmente en mujeres por lo que declara la regulación legal española contraria a la Directiva mencionada al afectar de forma mayoritaria a mujeres que constituyen el grueso de las personas que mantienen relaciones laborales a tiempo parcial de carácter vertical y se ven perjudicadas por esa normativa.
CCOO saluda esta STJUE de 9 de noviembre de 2017 que debe concretarse en un cambio de criterio de actuación inmediato del SEPE y, en su caso, la correspondiente modificación normativa, equiparando las condiciones de acceso a prestaciones por desempleo a personas con contratos a tiempo parcial.
CCOO señala que esta sentencia pone en evidencia, una vez más, la necesidad de revisar y reformar el sistema de protección por desempleo en España para acometer diferentes retos: la equiparación en el acceso al mismo, sin discriminaciones, a todos los colectivos; el refuerzo de la protección por desempleo para cubrir a más personas y con mayor intensidad, corrigiendo la situación actual que ha llevado la tasa de cobertura al actual 54%, es decir, a que casi una de cada dos personas en desempleo no tienen ningún tipo de prestación económica.

Miércoles, 15 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo declara la nulidad parcial de una hipoteca multidivisa por falta de transparencia

La Sala de lo Civil entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La Sala estima que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia y casa la sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros.

En este sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el régimen contractual previsto en el préstamo hipotecario.

Lunes, 13 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

Los Juzgados especializados en cláusulas suelo celebrarán más de 6.000 vistas hasta finales de año

Desde su entrada en funcionamiento el pasado 1 de junio, estos órganos judiciales ya han celebrado casi 5.000 vistas o audiencias previas y dictado cerca de 3.500 sentencias. El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419. El CGPJ evalúa hoy con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia las necesidades del plan de urgencia

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física tienen señaladas más de 6.000 vistas o audiencias previas para los meses de noviembre y diciembre.

Según los datos recabados por el CGPJ de los Tribunales Superiores de Justicia, estos órganos judiciales ya han celebrado desde su puesta en marcha, que tuvo lugar el pasado 1 de junio, casi 5.000 vistas. En las audiencias previas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que estima procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto queda visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración del juicio.

Además, los Juzgados especializados han dictado cerca de 3.500 sentencias en los cuatro meses que llevan en funcionamiento –el de agosto es inhábil-, cuando el tiempo medio de respuesta en la jurisdicción civil es de seis meses.

El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419. La cifra incluye las demandas presentadas en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado este sistema -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa información ha sido facilitada al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio de Justicia. En la Comunidad Valenciana se ha optado por ofrecer las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia, ya que un elevado número de demandas se presenta por otras vías.

Finalmente, la información correspondiente a las cuatro Comunidades Autónomas que no tienen LexNET –Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco- ha sido también proporcionada por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado desde su entrada en funcionamiento es el de Madrid, con 25.464. Le siguen el de Barcelona, con 10.362; y el de Valencia, con 5.745.

Lunes, 13 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ informa a Justicia y las Comunidades Autónomas de su previsión de necesidades en los juzgados de cláusulas suelo para 2018

El Consejo estima que, en total, harán falta 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados. El Ministerio de Justicia tomará una decisión sobre la continuidad del plan de urgencia una vez estudie la información facilitada por el órgano de gobierno de los jueces

Autor:Comunicación Poder Judicial

El CGPJ informa a Justicia y las Comunidades Autónomas de su previsión de necesidades en los juzgados de cláusulas suelo para 2018

El Consejo General del Poder Judicial ha informado hoy al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia de su previsión de necesidades para 2018 en los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

La estimación -calculada a partir de las necesidades comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los informes del Servicio de Inspección sobre la evolución estadística del número de demandas ingresadas y la comparación con los asuntos de carácter ordinario en la jurisdicción civil- es que el año que viene se precisarán un total de 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados.

También serían necesarios 23 letrados de la Administración de Justicia a tiempo completo y otros 29 a tiempo parcial, según la información facilitada hoy a los representantes de las Administraciones en la reunión mantenida con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; los vocales de la Comisión Permanente y el vocal Gerardo Martínez Tristán, coordinador del plan de urgencia puesto en marcha el pasado 1 de junio.

Este consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados las cláusulas suelo y otros asuntos como vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El plan de urgencia fue aprobado con una vigencia inicial de siete meses, hasta el próximo 31 de diciembre, y su continuidad más allá de esa fecha precisa del informe favorable del Ministerio de Justicia, según lo establecido en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asistido hoy a la reunión de coordinación, ha anunciado que estudiará la información facilitada este lunes por el CGPJ y que en un plazo breve se pronunciará sobre la prórroga del plan.

Si se aprueba la continuidad del mismo, se convocará a una nueva reunión, con carácter inmediato, a las Comunidades Autónomas, que han mostrado su disposición a facilitar los medios personales y materiales precisos para esa segunda fase del plan en función de su disponibilidad presupuestaria, aunque han reclamado una “hoja de ruta” en la que se fijen de manera clara y estable esas necesidades.

Más participación de los jueces titulares

Durante la reunión de hoy, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha agradecido el esfuerzo desarrollado hasta ahora por las Administraciones y ha destacado los efectos positivos que ha tenido el plan de urgencia, como la uniformidad en la respuesta a las demandas de los ciudadanos, la mayor productividad de los Juzgados y el “refuerzo indirecto” que la especialización de órganos ha supuesto para el resto de los de la jurisdicción civil.

También ha destacado que en el encuentro mantenido la semana pasada con una representación de los jueces decanos quedó de manifiesto su respaldo al plan y, en respuesta a la petición de éstos y de las Comunidades Autónomas, se ha comprometido a dotar de estabilidad a las medidas que se acuerden “como garantía para las Administraciones prestacionales”.

Lesmes también ha anunciado que el CGPJ se plantea un “cambio cualitativo importante” en relación con la participación de los jueces y magistrados titulares de los órganos especializados, mediante la aplicación de medidas como la exención de reparto o el autorrefuerzo, en vista de los buenos resultados cosechados en aquellos Juzgados donde ya se han puesto en práctica.

También se fomentarán otras iniciativas con la finalidad de facilitar la unificación de criterios, como grupos de trabajo y encuentros de jueces de órganos especializados y de magistrados de las Audiencias Provinciales y de éstos con letrados de la Administración de Justicia o un tesauro que el Centro de Documentación Judicial pondrá a su disposición.

Los asistentes a la reunión han coincidido en que el tipo de litigiosidad al que se enfrentan los Juzgados especializados “ha venido para quedarse” y han destacado la importancia que tendrán los pronunciamientos de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo sobre las cuestiones que hoy se están resolviendo en primera instancia y sobre asuntos como el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que el alto tribunal examinará por primera vez el próximo día 22.

Martes, 14 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El instructor de la causa en el Tribunal Supremo contra la Mesa del Parlament pide informe a la juez Lamela antes de decidir si asume la causa contra el Govern

Pablo Llarena pide a la magistrada que emplace a las partes personadas para que den su opinión sobre la acumulación de los procedimientos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica, ha solicitado este martes informe a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de resolver sobre competencia y acumulación de la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra los exmiembros del Govern de Cataluña y los expresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Llarena ha dictado una providencia en la que solicita a la juez Lamela, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en el plazo de cinco días le informe sobre los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos, así como para que emplace a las partes personadas en esos procesos para que en el mismo plazo informen directamente a la Sala sobre la eventual acumulación de los procesos.

El artículo 21 de la LECrim establece que “el Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias, y ningún Juez, Tribunal o parte podrá promoverlas contra él. Cuando algún Juez o Tribunal viniere entendiendo en asunto cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los antecedentes en el término de segundo día para, en su vista, resolver. El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la misma orden y entre tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias, cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas. Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno”.