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El Gobierno garantiza los derechos de las pensiones complementarias si un trabajador cambia de empresa

martes, 8 de mayo de 2018

04 de mayo de 2018 mineco.gob.es

El Gobierno garantiza los derechos de las pensiones complementarias si un trabajador cambia de empresa

Los empleados mantendrán sus derechos de pensión si se desplazan entre Estados miembros o dentro del territorio español
La Directiva fija una edad mínima de 21 años y un periodo mínimo de antigüedad de 3 años para consolidar los derechos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley (APL) que modifica el texto refundido de la Ley de regulación de los planes de y fondos de pensiones. Con ello, se traspone la Directiva Europea relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. Estos derechos se deberán reconocer cuando los trabajadores finalicen la relación laboral en su empresa con anterioridad a su jubilación y se desplacen entre Estados miembros.

La Directiva europea establece los siguientes requisitos mínimos, que se incluyen en el APL. Por un lado, una edad mínima de 21 años para consolidar estos derechos. En el marco de la negociación colectiva podrá determinarse una edad mínima inferior, pero nunca superior a 21 años. Por otro, se fija un periodo mínimo de 3 años de antigüedad en la empresa para consolidar estos derechos. En el marco de la negociación colectiva podrá determinarse un periodo inferior a los 3 años, pero en ningún caso superior.

El Gobierno ha decidido ir más allá y extender el ámbito de aplicación a la movilidad nacional, es decir, se reconocerán también estos derechos a trabajadores que cambien de empleo dentro del territorio español y evitando así situaciones de discriminación. No obstante, en España sólo afecta a los seguros colectivos (una póliza que contrata la empresa a favor de sus trabajadores), puesto que para los planes de pensiones de empleo y planes de previsión social empresarial ya se contempla este régimen de consolidación de derechos en nuestra normativa interna.

En el caso de cese de la relación laboral antes de los 3 años de antigüedad se reembolsarán las primas o aportaciones realizadas al trabajador y a la empresa; si el cese de la relación laboral se produce a partir de 3 años de antigüedad, los derechos económicos se mantendrán en el contrato de seguro de origen o podrán movilizarse a otro seguro, y tendrán el mismo tratamiento que el que se da a los derechos de los trabajadores que permanecen en la empresa (por ejemplo, variación según los rendimientos o conforme a un índice). Y a estos se suma el derecho de los trabajadores a obtener información, en el momento del cese de la relación laboral, de los derechos adquiridos y el tratamiento que se les dará en el futuro a esos derechos.

EL TC admite a trámite, por unanimidad, la impugnación del gobierno contra la designación de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat

martes, 8 de mayo de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 39/2018  tribunalconstitucional.es
EL TC admite a trámite, por unanimidad, la impugnación del gobierno contra la designación de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado un auto en el que, por unanimidad, acuerda admitir a trámite la impugnación del Gobierno de la Nación contra la resolución del presidente del Parlament de Cataluña por la que se proponía la investidura del Carles Puigdemont como candidato a la presidencia del Gobierno de la Generalitat (publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de 23 de enero de 2018) y la resolución por la que se convocaba sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15 horas. El recurso del Gobierno invoca el artículo 161.2 de la CE y 77.2 LOTC a los efectos de que se acuerde la suspensión de la disposición recurrida.
El Tribunal, tras oír a las partes personadas, ha considerado que, aunque el Presidente del Parlamento de Cataluña dejara sin efecto la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura y designara un nuevo candidato, la impugnación presentada plantea cuestiones de interés general que justifican que no se declare la extinción del referido proceso constitucional.
El Tribunal ha apreciado que las dudas iniciales que pudieron existir acerca de su viabilidad procesal -dudas que se fundamentaban, esencialmente, en su posible carácter cautelar quedaron objetivamente despejadas por la decisión del Presidente de la Cámara de aplazar la sesión de investidura hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad de la impugnación. Según entiende el Tribunal, esta decisión puso de relieve que la propuesta de candidato para la investidura impugnada podía no resultar compatible con las medidas cautelares adoptadas en el ATC 5/2018.
Una vez descartado el carácter cautelar de la impugnación, al cumplirse el resto de los requisitos procesales, el Tribunal, como se ha adelantado, ha decidido admitir a trámite la referida impugnación.
En concreto, el Pleno ACUERDA:
1. Admitir a trámite la impugnación promovida por el Gobierno de la Nación contra la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña en la que se propuso la investidura del Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, el pasado día 27 de enero de 2018.
2. Otorgar un plazo de veinte días al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidente, y a las partes personadas para que puedan formular las alegaciones que estimen convenientes.
3. Tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 77 LOTC, produce la suspensión de las resoluciones impugnadas desde el día 26 de enero de 2018, fecha de interposición de la impugnación.
4. Declarar radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución incluidos los que sean confirmación o reproducción de alguno de los actos suspendidos.
5. Notificar personalmente la presente resolución al Presidente del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep Costa i Rosselló, don José María Espejo-Saavedra Conesa, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, don Joan García González y doña Alba Vergés i Bosch.
6. Advertir a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.
7. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.
8. Declarar que el presente auto es inmediatamente ejecutivo desde su publicación.
En todo caso se recuerda que con esta admisión a trámite el TC cumple el paso procesal necesario para examinar el fondo del asunto, sin prejuzgarlo en este momento.
Madrid, 26 de abril de 2018