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Archivo del 13 de mayo de 2018

Los administradores de fincas piden que las nuevas instalaciones de calefacciones centrales sean económicamente rentables

domingo, 13 de mayo de 2018

Nota de prensa  –  cafmadrid.es
Termina el plazo de información pública del Proyecto de Real Decreto que regula los repartidos de costes de calefacciones centrales
Los administradores de fincas piden que las nuevas instalaciones sean económicamente rentables
• Los edificios tendrán que instalar contadores individuales de calefacción antes de 2022
Madrid, 4 de abril de 2018.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sometido a información pública, antes de su publicación en el BOE, el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, un capítulo que, según la Comisión Europea, tenía que haber sido de obligado cumplimiento en nuestro país desde el 1 de enero de 2017.
“El decreto llega tarde, sin el debate público necesario, empujado por Bruselas y sobre todo por un sector instalador cuyos argumentos no han tenido, al menos hasta el momento, el suficiente contraste público”. “Las experiencias que se vienen conociendo, si bien indican una reducción del consumo de energía, no confirman que se produzcan ahorros económicos en el recibo que se cursa a los vecinos”, señala Manuela Julia Martínez, presidenta en funciones de CAFMadrid. Por tanto, insiste que “habrá que estar muy vigilantes para que todo proyecto que se vaya a realizar `sea económicamente rentable´ como el mismo borrador de Real Decreto alerta”.
Según este Proyecto de RD, los edificios colectivos con sistema de calefacción central deberán tener instalados contadores individuales que midan el consumo de calor y frío de cada vivienda o local, “siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable”. Pero, en el caso de calefacción, y si la anterior opción no es posible, el Gobierno impondrá la obligación de instalar repartidores de costes de calefacción, unos dispositivos que se colocan en cada uno de los radiadores de las viviendas.
CAFMadrid lamenta que no se tenga en cuenta la necesidad de instalar válvulas termostáticas que permitan regular el caudal de agua que entra en cada uno de los radiadores y, con ello, la temperatura de cada una de las habitaciones independientemente a las demás.
“Conviene indicar también que para un correcto funcionamiento de las instalaciones, sobre todo las más antiguas, es preciso un equilibrado hidráulico del sistema e incluso la instalación de bombas de frecuencia variable”, añade Martínez.
Este Proyecto de Real Decreto somete a una evaluación técnica y otra económica la obligación de instalar los contadores de calorías en las comunidades de propietarios. “Si se concluye que es económicamente rentable, el titular tendrá la obligación de solicitar a una empresa instaladora o mantenedora, habilitada de conformidad con el RITE, un presupuesto en el que se determine, entre otras cuestiones, la viabilidad técnica y rentabilidad económica de la instalación concreta”, menciona el borrador.
A este respecto, los administradores de fincas consideran que las empresas (mantenedoras o no) de la instalación térmica centralizada, no deben de tener intervención alguna en el asesoramiento a las comunidades de propietarios. “Dicha competencia deberá ser exclusiva de ingenieros industriales debidamente acreditados para ello”, destaca Martínez.
También se establece un periodo transitorio para la instalación de repartidores de costes de calefacción, tal como había solicitado CAFMadrid durante la Consulta Pública. En este sentido, la fecha límite de instalación varía en función de que el número de viviendas sea mayor o menos que 70 y a la zona climática donde se ubique el edificio. En Madrid, por ejemplo, las instalaciones deberán realizarse con anterioridad a 2021, mientras que en otras zonas con clima más templado, como Cáceres o Jaén, la fecha límite será 2022.

El juez Llarena remite un escrito a Alemania con información complementaria para la entrega de Puigdemont y otro a Bélgica por Puig, Comin y Serret

domingo, 13 de mayo de 2018

Viernes, 11 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El juez Llarena remite un escrito a Alemania con información complementaria para la entrega de Puigdemont y otro a Bélgica por Puig, Comin y Serret

El magistrado expone que, de acuerdo a las reglas de la Orden Europea de Detención (OED), el Estado requerido sólo podría denegar la entrega si los hechos por los que se ha emitido la orden de detención europea no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal en su territorio

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha remitido un escrito a la Fiscalía de Alemania en respuesta a la solicitud de información complementaria que se le requirió en relación a la orden europea de detención y el procedimiento de entrega a España del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, procesado por el instructor por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos en relación al proceso secesionista catalán.

El magistrado expone que, de acuerdo a las reglas de la Orden Europea de Detención (OED), el Estado requerido sólo podría denegar la entrega si los hechos por los que se ha emitido la orden de detención europea no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal en su territorio, sea cual sea el ‘nomen iuris’ que merezcan los hechos en Alemania. “Por ello, confiamos que autoricen la extradición del procesado Puigdemont por los hechos que han sido inicialmente calificados por la autoridad judicial de emisión como delito de rebelión”, señala.

En cuanto al delito de malversación/corrupción, señala el juez que está dentro del catálogo de delitos prevista en la Decisión Marco sobre la OED en relación a los cuales el Estado requerido debe proceder a la entrega aun cuando los hechos no sean constitutivos de delito en dicho Estado. En virtud de esta regla, “confiamos que autoricen la entrega del procesado Puigdemont, respecto de los hechos que nuestro ordenamiento jurídico cataloga como delito de malversación/corrupción”, indica el juez.

En cuanto a los hechos que el instructor en su auto de procesamiento considera delito de rebelión, añade que “con independencia de cuál sea el delito que constituyan estos hechos en Alemania o cual sea la gravedad de la calificación conforme a su ordenamiento jurídico, estamos convencidos de los hechos que se relatan en el Auto de Procesamiento y en el apartado e) de la OEDE, son constitutivos de algún tipo de infracción penal en Alemania”. “No resultaría entendible que los hechos descritos en nuestro Auto de 21 de marzo de 2018, si se ejecutaran con capital exclusivamente privado, puedan ser cometidos por el Presidente de un Land, sin contrariar la ley penal alemana en ninguno de sus preceptos”, agrega.

“Los hechos en España -explica Llarena- pueden ser constitutivos de un delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal. Este delito tiene como bien jurídico protegido el orden constitucional y exige en nuestro país de un alzamiento violento y público, siempre que la acción se realice -entre otros- para alguno de estos fines: Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, Declarar la independencia de una parte del territorio nacional, o Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Agrega que, “alternativamente, los hechos podrían ser calificados como un delito de sedición del artículo 544 del Código Penal. Este delito exige de un alzamiento público y tumultuario, para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el ejercicio legítimo de la autoridad o el cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. Es un delito que en sí mismo no precisa violencia y cuyo bien jurídico protegido es el orden público”.

El juez precisa que, de estas calificaciones, el Auto de 21 de marzo de 2018 opta por la calificación como delito de rebelión, por cuanto el artículo 8 del Código Penal español da preferencia al precepto especial sobre el general y al tipo penal que contemple mayor pena.
En todo caso, resalta que la concepción del Auto de procesamiento en nuestro derecho (como ocurre también con el análisis que debe hacer el Estado requerido respecto de una OEDE), fija que lo jurídicamente relevante en el auto de procesamiento sean los hechos que se atribuyen y no la calificación jurídica que como referencia pueda hacer el instructor. Con independencia de la calificación del instructor, el Ministerio Público podrá formular acusación por el tipo penal que fija el auto de procesamiento o puede optar por cualquiera de las calificaciones alternativas expuestas.

En cualquier caso, él entiende que la violencia ha tenido una entidad suficiente como para condicionar todos los resortes de gobierno y poder del Estado, y que eso tiene que tener reflejo en el tipo penal que analizan.

Y añade: “No resultaría entendible que el presidente de un Land alemán pueda impulsar una actuación como la que hemos descrito y que esa actuación no suponga un quebranto del orden penal alemán si se cuida que todo se ejecute con capital privado”.

En otro escrito, el juez se dirige a la Fiscalía de Bélgica en relación a la petición de entrega de los también procesados en la misma causa Luis Puig, Antonio Comin y Meritxell Serret, los tres exconsellers del Govern autonómico catalán presidido por Puigdemont.