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Transparencia societaria y libertad contractual

martes, 22 de mayo de 2018

Transparencia societaria y libertad contractual
España seguirá mal situada en cuanto a las reglas de transparencia societaria y, lo más grave, su grado de cumplimiento
Benito Arruñada
18 mayo 2018 – elpais.es
Las sociedades mercantiles no sólo sirven para producir; también para delinquir. Sucede así cuando sus socios las usan para evadir impuestos, blanquear capitales o financiar el terrorismo. Por ello, debemos felicitarnos de que el Gobierno haya traspuesto parte de la directiva sobre blanqueo, recientemente reforzada por el Parlamento Europeo.
Como consecuencia, los administradores de sociedades de responsabilidad limitada (“limitadas”) habrán de declarar, junto con las cuentas anuales, quién posee participaciones superiores al 25% de su capital o derechos de voto. Será así más transparente la propiedad última de muchas sociedades que hoy permanece interesadamente oculta.
No obstante, España seguirá mal situada en cuanto a las reglas de transparencia societaria y, lo más grave, su grado de cumplimiento.
Aunque ha habido avances, España figura entre los países de la OCDE donde es más fácil constituir sociedades opacas

La transparencia sobre la propiedad societaria dificultaría la evasión, el blanqueo y la financiación del terrorismo. Por eso es parte esencial de los acuerdos del GAFI-FATF, la institución intergubernamental creada en 1989 para prevenir estos delitos. La transparencia también posibilitaría que las participaciones en limitadas pudieran funcionar en el tráfico mercantil con bajos costes de transacción. En especial, si hay transparencia pueden servir de garantía crediticia (prenda sin posesión), asegurando que los agentes económicos cumplan sus obligaciones, incluidos los embargos judiciales.

Por desgracia, nuestro marco legal dista de alcanzar ambos objetivos.

Cuando, en 2010, Jason Sharman publicaba en el Journal of Economic Perspectives su famoso estudio sobre sociedades instrumentales opacas, España figuraba entre los países de la OCDE donde era más fácil constituirlas. Aún hoy sigue siendo así, por la posibilidad de emitir acciones al portador y, sobre todo, porque las participaciones en limitadas pueden transmitirse en secreto.

Desde entonces, hemos avanzado en el ámbito financiero e inmobiliario, pero apenas en el societario. Máxime cuando, en ese terreno, el cumplimiento es deficiente, como demostraron Mike Findley y coautores en un estudio pionero, publicado en 2015 en el American Journal of Political Science. Para su sorpresa, encontraron que, incluso en los países de la OCDE, un 11,9% de los proveedores estaba dispuesto a proporcionar sociedades opacas contraviniendo las normas vigentes. (De los 19 proveedores españoles dispuestos a colaborar, solo 10 cumplían los requisitos del GAFI). Concluyen Findley et al. que la eficacia reposa, más que en la letra de la ley, en su cumplimiento efectivo. Y sabemos que éste, a su vez, depende de los incentivos de quienes integran la cadena de servicios profesionales que suministra esas sociedades opacas.

Acierta, por ello, la nueva regulación al encargar el control y la publicidad al Registro Mercantil, el único integrante de esa cadena que no es elegido por el usuario. Sin embargo, la nueva regulación se queda corta.

Primero, porque solo obliga a los administradores a declarar quién posee más del 25% del capital o los votos de cada sociedad. En consecuencia, muchas limitadas seguirán siendo opacas.

Segundo, porque, en contra de lo que ahora dicta la nueva redacción de la Directiva, el acceso a esos datos no será público, sino que aún dependerá de que el Registro estime que el interesado tiene un interés legítimo.

Y, por último, lo más importante, porque la mera declaración de propiedad no mejora el estatus jurídico de las participaciones, de modo que las participaciones de todas las limitadas seguirán sin constituir garantía eficaz de las obligaciones contraídas por sus titulares.

Cuando al fin se decida a trasponer toda la directiva, tarea en la que lleva casi un año de retraso, nuestro legislador debe ser más ambicioso.

Debe recuperar entonces el terreno perdido con las malhadadas reformas societarias de 1989 y 1995. Estas fueron tan reglamentistas en lo indebido (las relaciones entre los socios) como libertarias en lo que sí es necesario regular de forma imperativa. Me refiero a las “externalidades” o efectos sobre terceros, como son en este caso los daños que origina a todas las limitadas el secreto en cuanto a la propiedad final de las participaciones sociales.

Benito Arruñada es catedrático de Organización de Empresas, Universidad Pompeu Fabra.

Nueva Sección Penal de la Comisión General de Codificación

martes, 22 de mayo de 2018

Ministerio de Justicia

Gabinete de comunicación

mjusticia.gob.es   Nota de prensa

Nueva Sección Penal de la Comisión General de Codificación

15 mujeres y 13 hombres estudiarán la posible reforma del Código Penal

Se incorporan 12 nuevas vocales permanentes

18 de mayo de 2018.- Finalmente serán 15 mujeres y 13 hombres juristas quienes abordarán el encargo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de analizar una posible reforma del Código Penal en el seno de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación cuya nueva composición se ha completado hoy.

Con los nombramientos efectuados se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual.

La Sección de Derecho Penal queda integrada por 12 mujeres y 13 hombres con la condición de vocales permanentes: Esteban Mestre Delgado (presidente), Avelina Alonso de Escamilla, Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, Carmen Gómez Rivero, José Luis González Cussac, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Borja Mapelli Caffarena, Pilar Martín Nájera, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Susana Polo García, Gonzalo Quintero Olivares, Mª del Carmen Sánchez Morán y Jesús Mª Silva Sánchez.

Asimismo, Blanca Hernández Oliver y Lucía Pedreño Navarro han sido nombradas vocales adscritas, así como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, que ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.