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Archivo del 31 de mayo de 2018

De la Serna presenta el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística

jueves, 31 de mayo de 2018

Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo

De la Serna presenta el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística
Miércoles 30 de mayo de 2018 lamoncloa.gob.es
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha presidido la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, en la que ha presentado el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.
La conferencia, que se ha celebrado en la sede del Ministerio, ha contado con la asistencia de los consejeros competentes de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, así como representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El Anteproyecto que ha presentado hoy el ministro es una medida muy esperada, tanto desde un punto de vista técnico, por magistrados y juristas, como práctico, por las administraciones competentes en materia de urbanismo. Con este texto se da respuesta a uno de los problemas más graves que tiene actualmente el planeamiento urbanístico en España y que afecta a ciudades de prácticamente todas las comunidades autónomas.

Se trata de evitar la nulidad total de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y otros instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos, cuando incurren, en alguno de sus apartados, en un defecto formal o material. Hasta ahora, estos casos conllevaban la nulidad total del plan, ya que no había posibilidad alguna de subsanación o convalidación, y por tanto obligaban a repetir todo el proceso desde cero a pesar de que la elaboración de un plan de este tipo es compleja y puede durar seis o siete años e incluso más.

Otra consecuencia derivada de los casos en los que se anulan los PGOU es que obliga a que el desarrollo urbanístico de una ciudad se rija por planes anteriores que normalmente están desfasados y que no se ajustan a la realidad del municipio.

Para corregir esta situación, el Anteproyecto propone la solución que han aportado expertos jurídicos en la materia y que argumentan que los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos tienen un doble contenido de distinta naturaleza jurídica: por un lado, están las disposiciones de carácter general y, por otro, los actos administrativos. La diferencia permite que, si se produce la nulidad de las normas, se puedan salvar los actos, e incluso que se aplique la nulidad parcial y otros mecanismos de conservación de actos.

La norma incorpora, además, otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.

El texto del nuevo Anteproyecto ya se ha entregado a las comunidades autónomas y a la FEMP para que, en el plazo de tres semanas, puedan realizar sus aportaciones.

El Tribunal Supremo anula un decreto del sistema viario de la Comunidad Valenciana de 2013 al estimar un recurso del ayuntamiento de Benidorm

jueves, 31 de mayo de 2018

Lunes, 28 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo anula un decreto del sistema viario de la Comunidad Valenciana de 2013 al estimar un recurso del ayuntamiento de Benidorm

El consistorio calculó en 1,7 millones de euros anuales lo que le costaría el mantenimiento de una de las carreteras que le asignaba el catálogo

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado el Decreto del Gobierno valenciano del año 2013 que aprobó el Catálogo del Sistema Viario de la Comunidad Valenciana, por no incorporar una memoria económica, vulnerando así las normas legales estatales y autonómicas y la jurisprudencia reiterada en esta materia. El Supremo estima un recurso del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), que calculó en 1,7 millones de euros anuales lo que le costaría el mantenimiento de una de las carreteras que le asignaba el catálogo.

El TS anula el Decreto y revoca la sentencia del TSJ de Valencia, de 30 de junio de 2015, que desestimó la pretensión de nulidad formulada por Benidorm, aunque estimó la petición subsidiaria de dicho Ayuntamiento de anular la cesión del vial 7673 Accesos Terra Mítica.

Para el Supremo, debe anularse el Decreto 49/2013, de fecha 12 de abril de 2013 por no incorporar al procedimiento para su elaboración una memoria económica que pueda considerarse suficiente. En ese sentido, indica que no es bastante para entender cumplido este requisito, como defendía la comunidad autónoma, el argumento relativo a la existencia de un informe que acreditaría que la aprobación del Catálogo no comporta un incremento del gasto público para la Generalitat, informe que, según afirma ésta, permitiría, a su vez, eludir la necesidad de incorporar una memoria económica.

“Y no es bastante porque una cosa es que la mera aprobación del Catálogo no suponga un incremento inmediato de gasto para la Generalitat y otra bien diferente que la cesión de la titularidad de una carretera al Ayuntamiento de Benidorm (que conlleva “la asunción efectiva de las competencias y responsabilidades en materia de conservación y explotación” de la vía, que “se producirá a partir de la entrada en vigor de este decreto, con carácter previo a la formalización de la cesión”, según la Disposición Transitoria Única del citado Decreto) no pudiera comportar gasto alguno”, indica la resolución.

Añade que el propio Decreto preveía la generación de ese gasto cuando en su artículo 4, bajo la rúbrica «Obligaciones de la Administración cesionaria», disponía que la administración cesionaria, tan pronto sea posible la habilitación de los créditos oportunos para ello, debía retirar la identificación de carretera de los nuevos tramos, y adaptar los carteles de señalización a la nueva realidad. Y proceder al marcaje de las secciones de los viales en que la carretera pasa a ser de otra administración por medio de hitos laterales, así como la captación de las coordenadas GPS de la sección límite para la catalogación en los programas de Sistemas de Información Geográfica de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Según la sentencia, aunque a priori no pudiera determinarse exactamente su cuantía, “podría presumirse –por pura lógica- que el mantenimiento y la explotación de una carretera podría conllevar algún gasto. Pero, obviamente, esta es una mera presunción que puede o no coincidir con la realidad y, precisamente por eso se exige la memoria económica, para determinar el impacto real que tal cesión pueda tener en la Administración cedente y en la cesionaria, en consonancia con lo establecido en los artículos 7, 9 y 10 de la L.O. 2/2012, a cuyas previsiones la propia Ley valenciana 10/2012 reconoce ajustarse”, concluye.