AIRE

Miércoles, 9 de mayo de 2018 poderjudicial.es

La Audiencia de Sevilla absuelve de un delito de usurpación a una mujer que ocupó una vivienda “con el consentimiento” de su propietario

La mujer, en su día, fue titular registral de la vivienda pero perdió su propiedad por impago de la hipoteca

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a una mujer de un delito leve de usurpación de bien inmueble al considerar que “no se trata de una persona que ha ocupado la vivienda sin la voluntad de su propietario, sino con el consentimiento de la misma durante más de cuatro años”.

En la sentencia, fechada el día 8 de mayo, el tribunal estima de este modo el recurso de apelación interpuesto por la encausada contra el fallo del Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor que la condenó al pago de una multa de 360 euros por un delito leve de usurpación de bien inmueble del artículo 245.2 del Código Penal, así como al desalojo inmediato de la vivienda.

La Sección Séptima de la Audiencia pone de manifiesto que, en este caso, se ha acreditado que la recurrente ha sido propietaria del inmueble a partir de su adquisición en escritura pública del mismo junto a su marido a partir del año 2005, así como que durante años estuvo abonando el crédito hipotecario de 88.000 euros que pesaba sobre la vivienda, todo ello “hasta que dejaron de pagarla”. De este modo, la vivienda se adjudicó entonces a la entidad bancaria titular de dicho crédito y posteriormente al denunciante.

También se ha probado documentalmente que la denunciada abona los suministros de luz y agua desde el año 2012 y que el IBI que pesa sobre la misma “continúa a nombre” del marido de la encausada hasta el momento de la denuncia que dio lugar a la causa, todo ello “a pesar de que el inmueble es propiedad de la denunciante desde diciembre de 2012”.

El tribunal asevera que, “en definitiva, en función de estos datos objetivos es fácil colegir que desde el año 2012 la apelante ocupa la vivienda a ciencia y paciencia del titular registral, quien no ha asumido una de las cargas tributarias periódicas derivadas de la propiedad de un inmueble como el IBI”, punto en el que la Audiencia alude a una sentencia de 12 de noviembre de 2014 del Tribunal Supremo para fundamentar su decisión de absolver a la denunciada.

“Entiendo que no nos hallamos ante un delito de usurpación, puesto que si bien es cierto que la apelante en la actualidad carece de título jurídico que legitime esa posesión, no lo es menos que ha sido autorizado para ocupar el inmueble durante más de cuatro años en calidad de precarista”, por lo que “la ocupación de la vivienda, conforme a la sentencia del TS citada, no debe reputarse como delictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperar” la posesión del inmueble de su propiedad ocupado por la apelante, concluye la Audiencia.

Los registradores defienden la obligación de declarar el titular real de las empresas
Xavier Gil Pecharromán

8/05/2018 – eleconomista.es
Aseguran que los modelos de presentación no atentan contra la intimidad

El Colegio de Registradores ha anunciado en una nota de prensa que defiende la declaración del titular real de las empresas en el Registro Mercantil para luchar contra el blanqueo de capitales planteado por la nueva Orden Ministerial de presentación de cuentas anuales homologa nuestro sistema a los europeos.
Así, considera que los nuevos modelos de presentación de cuentas no atentan contra la intimidad de los pequeños y medianos empresarios pues la orden solo se refiere a aquellos que ostentan el 25% o más del capital social.
El modelo de declaración del titular real incorporado por la Orden Ministerial con ocasión del depósito de cuentas no es más que un reflejo de lo exigido por la Directiva europea en materia de blanqueo de capitales y no puede decirse que atente a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios, puesto que no hace sino recoger lo que ya en la actualidad se establece.

La publicidad de las titularidades reales, que se refiere solo a aquellos supuestos en los que se ostenta el 25% o más del capital social, se realiza previa calificación por el registrador del interés legítimo alegado por el solicitante, aun cuando la solicitud se realice por internet.

Señalan los registradores, que según recoge la Directiva, este interés es diferente dependiendo del solicitante. Así, mientras que para las administraciones públicas con funciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y los sujetos obligados por la ley, el acceso es completo, las demás personas u organizaciones deberán probar su interés y el registrador realizará una valoración del mismo para resolver sobre la publicidad solicitada.

Indican que contra la negativa del registrador se podrá interponer recurso, sin perjuicio de que, al amparo de lo establecido en la propia Directiva, pueda modularse el acceso si éste puede exponer al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación o si el titular real es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad.

Además, la propia Directiva establece el sometimiento de esta publicidad a la normativa de protección de datos. En definitiva, la cuestión ya viene prevista en la Directiva y no puede alegarse como fundamento contra la orden.

En estos momentos ya existe una base de datos notarial de titularidades reales cuyo acceso es libre para las administraciones públicas y para los demás sujetos obligados en virtud de convenio, pero al no ser un registro público, no puede ofrecer más información, es decir, no puede dar completa respuesta a la prevista por la Directiva (artículo 30.5c).

Por último, explican que no se puede olvidar que recientemente -el pasado 19 de abril- ha sido aprobada por el Parlamento Europeo una modificación de la Directiva en algunos de sus artículos, para ampliar la transparencia.

La nueva redacción del artículo 30.5 señala al respecto que los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de las autoridades competentes y las UIF (Unidades de Información Financiera), sin restricción alguna; de las entidades obligadas en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente y, por último, de cualquier miembro del público en general pero con posibles excepciones y limitaciones derivadas de situaciones especiales.

También es necesario indicar que la nueva redacción de la Directiva incide en la necesidad de que los registros centrales a los que se refiere estén conectados entre sí a través de la plataforma central europea creada por la Directiva (UE) 2017/1132 -referida a los Registros Mercantiles-

por lo que la Orden Ministerial recurrida no hace otra cosa que homologar nuestro sistema al europeo, que exige la interconexión de los Registros Mercantiles para hacer efectiva la lucha contra el blanqueo de capitales.

En definitiva, concluyen que esta medida se suma a la lucha contra la lacra del blanqueo de capitales, donde cualquier esfuerzo debe ser acogido. No sobra nadie y por ello su impugnación ante la Audiencia Nacional por Cepyme y el Notariado, les causa perplejidad.

La patronal Cepyme y el Consejo General del Notariado han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la obligación de declarar ante el Registro Mercantil los titulares reales de las sociedades junto con la rendición de las cuentas anuales.

El recurso va dirigido contra una parte de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, al considerar que entraña un «atentado al derecho a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios».

El Colegio de Registradores de España, por su parte, se planteó ayer presentarse como coadyuvante de la Fiscalia en el litigio para defender al Estado, según pudo saber elEconomista de fuentes solventes.

Esta Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 27 de marzo, aprobó los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación

Miércoles, 9 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El juez Pablo Llarena rechaza los recursos de Puigdemont y otros 22 investigados contra su procesamiento

Reafirma que concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de delito de malversación recogidos en su investigación. Rechaza que los miembros de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia tuviesen inviolabilidad parlamentaria ya que fueron “mero instrumento de una actuación delictiva”

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez Pablo Llarena ha desestimado los recursos de reforma planteados por 23 investigados en la causa sobre el proceso secesionista en Cataluña contra el auto de procesamiento que él mismo dictó el pasado 21 de marzo, y donde detalló indicios de delitos de rebelión, malversación de caudales públicos o desobediencia contra dichas personas. El instructor reafirma en el nuevo auto que en los hechos concurre el requisito de la violencia del delito de rebelión, así como que los datos remitidos por Hacienda no sólo no contradicen sino que coinciden, al apreciar algunos indicios de fraude, con su investigación sobre el delito de malversación de caudales públicos. En ese sentido, el auto destaca que los investigados han silenciado parte de las manifestaciones del ministro Cristóbal Montoro sobre los gastos del 1-O, ya que éstas eran más matizadas de lo que ellos defendieron, y de hecho apuntaron a “la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada”.

Respecto a la “inviolabilidad parlamentaria” esgrimida por los miembros de la Mesa de Parlament contra su procesamiento por delito de desobediencia, el magistrado contesta que la misma no protege a quien convierte la sede de representación ciudadana “en un mero instrumento para facilitar la ejecución de una actuación delictiva” ideada desde fuera de la actividad parlamentaria.

Rebelión y violencia

En su auto, rechaza la pretensión de algunos de los recurrentes que cuestionan el procesamiento por el delito de rebelión por entender que no se ha producido un alzamiento violento o por ausencia de la finalidad secesionista que exige este tipo penal. Señala que la actuación desplegada por los procesados el día 20 de septiembre satisface inicialmente la consideración de fuerza violenta y que en los acontecimientos del 1-O ésta se expresó con el resultado lesivo de numerosos agentes, lo que patentiza su concurrencia en los hechos que se enjuician en un comportamiento que va más allá de la legítima reivindicación de un posicionamiento político-ideológico.

En esta misma línea, considera que las actuaciones violentas no se muestran como un resultado imprevisto en la movilización impulsada por los investigados, sino que fue “conscientemente asumida y buscada para la ejecución de estos hechos, de suerte que el dolo eventual que apuntan los recursos, sólo se muestra como la inferencia subordinada a la concurrencia de un dolo directo”.

Del mismo modo, niega que “la violencia ejercida careciera de idoneidad, relevancia y suficiencia como para lograr la consecución del fin secesionista que integra el delito de rebelión. Es cierto que la funcionalidad de la violencia, si bien no exige que resulte irresistible o invencible para quien la soporta, sí ha de presentar una suficiencia y eficacia que objetivamente la habilite para la consecución del resultado”.

El magistrado destaca que la insurrección en la que se insertó esta movilización con expresiones de violencia fue de tal envergadura que dos días después de la votación y de que se impulsaran nuevas movilizaciones con cortes de carreteras, su Majestad el Rey, como jefe del Estado, dirigió un mensaje a la Nación y reclamó al Gobierno de la Generalitat de Catalunya que respetara el orden constitucional democrático, y apeló a todos los funcionarios del Estado y de las Comunidades Autónomas a que cumplieran con sus obligaciones constitucionales.

Como consecuencia del quebranto del ordenamiento jurídico, el juez recuerda que cerca de 3000 empresas (con un volumen de facturación de 44.000 millones de euros), cambiaron su domicilio a lugares fuera de Cataluña, y que el Gobierno tuvo que salir al paso de una delicada retirada masiva de fondos de las entidades financieras domiciliadas en Cataluña.

Sedición, conspiración para la rebelión

En cualquier caso, el juez explica que el auto de procesamiento en un proceso vincula a las partes en cuanto a los hechos imputados y a las personas responsables, pero la ausencia de determinación expresa de un delito en la calificación incorporada en la referida resolución, o una divergencia con ella, no impide que la acusación provisional o definitiva que llegue a formularse, pueda ser diferente siempre que su base fáctica se encuentre en el auto.

En ese sentido, indica que, en el caso hipotético de que no se acreditara, como pretenden los recurrentes, que la violencia carecía de capacidad funcional para lograr el propósito independentista, ello no conduciría al sobreseimiento de las actuaciones, ya que los hechos recogidos en el Auto de procesamiento impugnado, por más que sean evaluados en el sentido que postulan los recursos, no excluyen que las acusaciones puedan sustentar una acusación por sedición del artículo 544 y concordantes del Código Penal.

Del mismo modo, el juez explica que, aunque el proceso nunca se hubiera orientado a una declaración unilateral de independencia, como también sostienen los recursos, sino a forzar al Estado a modificar la realidad constitucional, el hecho de que el ejercicio ilegal de sus funciones de gobierno, junto a la desobediencia institucional y al contexto de que el alzamiento violento pudiera emerger como condicionante esencial, tampoco excluiría una acusación por delito de conspiración para la rebelión.

Matizaciones de Montoro silenciadas por las defensas

Los procesados alegaron que las declaraciones públicas del ministro de Economía y Hacienda en las que supuestamente negaba el uso de dinero público para el 1-0 hacen insostenible el procesamiento por este delito de malversación. Después de examinar el contenido completo de las declaraciones de Cristóbal Montoro, el juez concluye que de su mera lectura se deduce que las mismas “fueron acompañadas de una serie de matizaciones que, en ejercicio del derecho de defensa que corresponde a los investigados, estos silencian en su intento de aportar contundencia a su exculpación”. Afirma que, pese a proclamar un principio de confianza respecto de los funcionarios de la administración autonómica, el ministro recoge “la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada”.

El juez precisa que la información remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda evidencia la incorrección del alegato de los recurrentes, pues “no sólo no acredita que la investigación de este proceso se muestre errónea, sino que la propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por el Ministerio de Hacienda detectó (y mucho antes de que se desatara la polémica que la defensa esgrime), determinados marcadores que sugerían lo que el Auto de procesamiento sostiene, impulsando por ello el Ministerio de Hacienda a que se realizara la indagación judicial que en este procedimiento se desarrolla”.

En su auto, recoge que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha dictado cuatro acuerdos, conforme con las previsiones de la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para el control presupuestario de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Los mismos -indica el juez- establecen mecanismos de control que descansan en el suministro de información de alcance estrictamente presupuestario y contable, a partir de un sistema de certificados y de declaraciones responsables, de suerte que el control primero no supone necesariamente que la realidad fáctica o material sea coincidente con la documentación presupuestaria y contable con la que se cuenta.

El magistrado detalla que, además de los controles administrativos, el Ministerio ha reclamado información de control a través de diversos requerimientos realizados a la Intervención de la Comunidad Autónoma, así como las denuncias que desde el mes de septiembre de 2017 Hacienda ha venido formulando ante la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles responsabilidades penales de autoridades o funcionarios de la Generalitat de Catalunya en relación con las campañas promocionales del referéndum, además de la financiación a través del Diplocat de los gastos generados por los expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum.

El juez subraya que “la alegación de las defensas de que el procesamiento por este delito es injustificado, utilizando para ello una mención incompleta de las manifestaciones hechas por el Ministro de Hacienda en una entrevista periodística, no desbarata los indicios que la investigación recoge. Antes al contrario, se aprecia que algunos de los indicios de fraude surgidos con ocasión del control presupuestario y denunciados en su día ante la Fiscalía General del Estado, son coincidentes con la investigación de la realidad fáctica que sostiene esta instrucción”.

En su auto, aglutina los indicios del presunto delito de malversación investigado, tanto los que existían cuando se dictó el auto de procesamiento como los reunidos en la pieza secreta que se levantó después de esa fecha. Así, enumera las pruebas reunidas en lo que se refiere a los costes relacionados con la publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos (una campaña en abril 2017 con el eslogan “sí o no” sobre el mapa de Catalunya y otra campaña el 4 de septiembre de 2017 para fomentar participación en la votación del 1-O), la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería, así como los gastos derivados de la intervención de una pluralidad de observadores internacionales (pagos en el extranjero a la sociedad neerlandesa “The Hague Centre for Estrategic Studies” y gastos de DIPLOCAT).

Actos no amparados por la inviolabilidad patlamentaria

El juez rechaza el argumento de los procesados por el delito de desobediencia en el que alegan que su actuación estaría en cualquier caso exenta de responsabilidad, en atención a la inviolabilidad parlamentaria que recoge el artículo 57.1 del Estatuto de Cataluña. En este sentido, responde que ello no es así “no sólo porque su actuación desborda su labor parlamentaria, al importar y convertir la sede de representación ciudadana en un mero instrumento para facilitar la ejecución de una actuación delictiva ideada, propiciada, impulsada y coordinada desde fuera de la actividad parlamentaria, sino porque ejercieron su parlamentarismo con desatención de los mandatos que, en defensa de los derechos constitucionales de todos, emitió el Tribunal Constitucional, y que lo hizo precisamente en aplicación de los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico establece para conducir la actuación del Parlamento Estatal y de los Parlamentos autonómicos”, concluye el magistrado.

Añade que no puede entenderse en modo alguno que “la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, creada para garantizar un funcionamiento libre de la cámara autonómica de representación de los ciudadanos, para favorecer así el mejor disfrute de los derechos constitucionales, opere como instrumento que permita desactivar las previsiones de la norma suprema, permitiendo eludir la función específica que tiene el Tribunal Constitucional de que estas transgresiones se corrijan”.

“A la vista de la determinación con la que se ha conducido el largo y concertado plan para la independencia, televisado incluso en directo en alguno de sus pasajes para que pudiera ser presenciado por cuantos tuvieron la ilusión o la angustia de seguirlo de cerca, debería ruborizar el alegato de que la Mesa vino forzada a tolerar las iniciativas secesionistas del Parlamento por exigencias reglamentarias”, subraya el magistrado.

El magistrado considera que el comportamiento de los procesados “no deriva de una actuación ignorante u osada, sino dolosa, no sólo por el protagonismo explícito que han tenido en impulsar el proceso la mayor parte de ellos, sino porque el artículo 243 del Reglamento del Parlamento de Cataluña expresa que el Secretario General del Parlamento, bajo la dirección del presidente y de la Mesa del Parlamento, cumple las funciones técnicas de apoyo y asesoramiento de los órganos rectores del Parlamento, asistido por los letrados del Parlamento”, lo que se hizo en este caso.

Competencia de la Sala

En contra de lo que sostienen algunos de los recurrentes, el juez reitera la competencia del Tribunal Supremo, ya que algunos de los comportamientos que se han desplegado para dar satisfacción al elemento tendencial de la independencia, han desbordado el territorio que justificaría la actuación del Tribunal Superior de Cataluña, es decir, exceden del territorio de dicha comunidad autónoma.

Así, Llarena afirma que la agenda intervenida a José María Jové refleja la importancia de favorecer un apoyo internacional a la secesión catalana, como también recoge el Libro Blanco para la independencia de Cataluña. Además, se refiere al hecho de que, de acuerdo a testimonios y pruebas que obran en la causa, las urnas empleadas en el referéndum se compraron en el extranjero, donde también se imprimieron muchas de las papeletas utilizadas en la votación, del mismo modo que también en el exterior se captó a los observadores internacionales que participaron en legitimar el resultado del referéndum.

Personación investigados fugados

El expresidente de la Generalitat, junto a los exconsejeros fugados -Puig y Ponsatí-, solicitaron la nulidad de todo lo actuado por entender que se les había causado indefensión al no habérseles permitido su personación en el proceso hasta que se dictaron las órdenes europeas de detención el pasado 23 de marzo. A esta pretensión, el juez responde que esa medida era proporcionada en el momento en el que se adoptó, al resultar evidente que con su fuga al extranjero y retiradas las iniciales ordenes internacionales y europeas de detención, “el único elemento con el que se contaba para incentivar la comparecencia procesal de los encausados era la restricción defensiva que se impugna”.

El juez Pablo Llarena desestima los recursos de reforma interpuestos por 23 procesados y por la acusación particular ejercida por el partido político VOX contra el auto del pasado 21 de marzo en el que acordó el procesamiento por un delito de rebelión del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, del exvicepresidente Oriol Junqueras, de siete exconsellers de su gobierno -Joaquin Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa-, de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, del de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El magistrado procesó por delitos de malversación de caudales públicos y de desobediencia a los otros cinco exconsellers del Gobierno catalán -Meritxell Borrás, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. También acordó el procesamiento por este mismo de malversación, de los procesados por el delito de rebelión -Puigdemont, Junqueras y siete exconsellers. Por último, los cinco exmiembros de la mesa del Parlament de Catalunya -Luis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet-, así como la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y la exportavoz Anna Gabriel fueron procesados por un delito de desobediencia.

En cuanto al recurso de Vox, que reclamaba incluir en el procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, el juez lo rechaza porque en la investigación no se ha incorporado ningún elemento probatorio que les vincule suficientemente ni con el ejercicio de la violencia desplegada ni con que previeran su utilización en el momento en el que desplegaron su actuación.

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 44/2018  tribunalconstitucional.es
EL TC admite a trámite el recurso de amparo de Jordi Sánchez contra la denegación del supremo de la libertad provisional y de un permiso penitenciario, pero sin adoptar cautelarísimas
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Jordi Sánchez Picanyol contra el auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2018, que le niega el permiso para que un preso preventivo acuda al debate de su investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña, y contra el auto de 20 de marzo de 2018 de la Sala Penal del Supremo denegatorio de la libertad provisional.
En el primero de los autos, el recurrente solicita como medida cautelar que se le permita la participación en el Pleno de investidura mediante videoconferencia, argumentando que se ha vulnerado su derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder a los cargos públicos del artículo 23.2 de la CE en relación con el derecho a la presunción de inocencia. En el segundo auto, Sánchez cuestiona que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia por inexistencia de indicios de delito y de riesgo de reiteración delictiva. También impugna una vulneración de su derecho a la libertad ideológica (artículo 16 CE) y a la participación en asuntos públicos (artículo 23 CE).
Respecto a las medidas cautelares solicitadas, el Pleno “no aprecia la urgencia excepcional a la que se refiere el artículo 56.1 de la LOTC”. En cambio, sí procede “formar pieza separada y conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante en amparo para que efectúen alegaciones respecto a dicha petición”.
El Tribunal considera que en ambos casos queda “justificada la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo porque se plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.
Madrid, 8 de mayo de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota Informativa nº 43/2018 tribunalconstitucional.es
El TC, por unanimidad, admite a trámite el recurso de amparo de Oriol Junqueras contra el auto del Tribunal Supremo que confirma su ingreso en prisión provisional
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado una providencia en la que, por unanimidad, acuerda admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Oriol Junqueras contra el auto 1/17 de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que confirmaba el mantenimiento de la prisión preventiva incondicional acordada por la Audiencia Nacional.
El recurrente considera que se han vulnerado, entre otros, los derechos a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y al juez ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2 CE); a la libertad personal (artículo 17.1 CE) o a la participación política (artículo 23 CE).
El Tribunal entiende que en el presente recurso está justificada la “especial trascendencia constitucional en tanto que plantea una cuestión jurídica relevante que afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.
En consecuencia, el Pleno accede a la solicitud del recurrente de “formar pieza separada de suspensión” y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la LOTC, acuerda “dirigir comunicación a la Sala Penal del Tribunal Supremo para que en un plazo que no exceda de diez días remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la causa especial 20907/2017”.
Madrid, 8 de mayo de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 42/2018 tribunalconstitucional.es
El TC admite a trámite el recurso de amparo de Ciudadanos contra el acuerdo de la mesa del Parlament que permite el voto delegado de Comín y Puigdemont, pero sin adoptar medidas cautelarísimas
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, admitir a trámite el recurso de amparo presentado por diputados de Ciudadanos contra los Acuerdos de la Mesa del Parlament de los días 3 y 24 de abril de 2018, en los que se admiten la delegación de voto de los diputados Carles Puigdemont y Antoni Comín, respectivamente.
La providencia argumenta que “el recurso plantea un problema que afecta a una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.
Además, “el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante que tiene, además, unas consecuencias políticas generales”.
El Tribunal, en aplicación del artículo 51 de la LOTC, acuerda: “Dirigir comunicación al Parlamento de Cataluña para que en un plazo que no exceda de diez días remita certificación de los acuerdos requeridos de la Mesa”. Asimismo, “se emplaza a quienes sean parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en un plazo de diez días puedan comparecer”.
Por otra parte, el Pleno “no aprecia la urgencia excepcional a la que se refiere el artículo 56.6 de la LOTC de adoptar medidas cautelarísimas”. No obstante, sí acepta “la apertura de pieza separada de suspensión, por lo que se concede un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente para que efectúen alegaciones”.
Madrid, 8 de mayo de 2018

Los registradores defienden la declaración del titular real de las empresas en el Registro Mercantil para luchar contra el blanqueo de capitales

Notas de prensa – registradores.org

◾La nueva Orden Ministerial de presentación de cuentas anuales homologa nuestro sistema a los europeos
◾Los nuevos modelos de presentación de cuentas no atentan contra la intimidad de los pequeños y medianos empresarios pues la orden solo se refiere a aquellos que ostentan el 25% o más del capital social
◾El Registrador Mercantil calificará la información del titular real y valorará el interés legítimo

08.05.’18.-El modelo de declaración del titular real incorporado por la Orden Ministerial con ocasión del depósito de cuentas no es más que un reflejo de lo exigido por la Directiva europea en materia de blanqueo de capitales y no puede decirse que atente a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios, puesto que no hace sino recoger lo que ya en la actualidad se establece.

La publicidad de las titularidades reales, que se refiere solo a aquellos supuestos en los que se ostenta el 25% o más del capital social, se realiza previa calificación por el registrador del interés legítimo alegado por el solicitante, aun cuando la solicitud se realice por internet. Según recoge la Directiva, este interés es diferente dependiendo del solicitante. Así, mientras que para las administraciones públicas con funciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y los sujetos obligados por la ley, el acceso es completo,  las demás personas u organizaciones deberán probar su interés y el registrador realizará una valoración del mismo para resolver sobre la publicidad solicitada. Contra la negativa del registrador se podrá interponer recurso, sin perjuicio de que, al amparo de lo establecido en la propia Directiva, pueda modularse el acceso si éste puede exponer al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación o si el titular real es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad. Además, la propia Directiva establece el sometimiento de esta publicidad a la normativa de protección de datos. En definitiva, la cuestión ya viene prevista en la Directiva y no puede alegarse como fundamento contra la orden.

En estos momentos ya existe una base de datos notarial de titularidades reales cuyo acceso es libre para las administraciones públicas y para los demás sujetos obligados en virtud de convenio, pero al no ser un registro público, no puede ofrecer más información, es decir, no puede dar completa respuesta a la prevista por la Directiva (artículo 30.5c).

Por último, no se puede olvidar que recientemente -el pasado 19 de abril- ha sido aprobada por el Parlamento Europeo una modificación de la Directiva en algunos de sus artículos, para ampliar la transparencia. La nueva redacción del artículo 30.5 señala al respecto que los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de las autoridades competentes y las UIF (Unidades de Información Financiera), sin restricción alguna; de las entidades obligadas en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente y, por último, de cualquier miembro del público en general pero con posibles excepciones y limitaciones derivadas de situaciones especiales.

También es necesario indicar que la nueva redacción de la Directiva incide en la necesidad de que los registros centrales a los que se refiere estén conectados entre sí a través de la plataforma central europea creada por la Directiva (UE) 2017/1132 -referida a los Registros Mercantiles- por lo que la Orden Ministerial recurrida no hace otra cosa que homologar nuestro sistema al europeo, que exige la interconexión de los Registros Mercantiles para hacer efectiva la lucha contra el blanqueo de capitales.

En definitiva, esta medida se suma a la lucha contra la lacra del blanqueo de capitales, donde cualquier esfuerzo debe ser acogido. No sobra nadie y por ello su impugnación causa perplejidad.

La Seguridad Social recupera el 75% de los afiliados y cuenta ya con 18.678.461 personas

lamoncloa.gob.es
Viernes 4 de mayo de 2018

La afiliación media a la Seguridad Social se sitúa en 18.678.461, cifra que no se alcanzaba desde noviembre de 2008 (18.721.387).

En términos mensuales, el Sistema ha incorporado 176.373 personas (0,95%) más, el segundo mejor dato de la serie histórica junto con el resultado de abril de 2017.

Destaca de nuevo el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social que vuelve a marcar un récord y totaliza 8.664.942 trabajadoras. Representan el 46,39% del total de ocupados. En cuanto a los hombres, la cifra de trabajadores alcanza los 10.013.519 ocupados (53,61%).

El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados, crece en el mes en 37.919 y suma 53 meses en positivo.

Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha destacado que tras el incremento de abril «se han recuperado ya 2.527.714 afiliados, el 75,6% de lo perdido durante la crisis, la cifra más alta porcentualmente desde que empezó la recuperación».

Respecto a marzo

El Régimen General registró un aumento de 158.064 personas (1,04%), hasta situarse en 15.364.491 ocupados. En abril, la afiliación creció en términos absolutos principalmente en Hostelería (73.314), Construcción, (12.933), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (12.897) y Comercio Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, con 10.941 ocupados. Creció de forma generalizada en el resto de sectores excepto en Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria (-1.043) y Actividades Financieras y de Seguros (-488).

En cuanto al Sistema Especial Agrario, ganó 18.860 afiliados medios (2,45%), hasta situarse ahora en 781.365 personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar aumentó ligeramente (94) y suma 420.288 ocupados.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.246.854 personas, tras aumentar en 16.454 (0,51%) en el último mes. Respecto al Régimen Especial del Mar, incorporó 1.886 ocupados (3%) hasta situarse en 64.853 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido por 2.263 afiliados medios tras descender en 30 personas (-1,30%).

Por CCAA, el número de afiliados en abril aumentó en todas excepto en Aragón (-405). Creció especialmente en Andalucía (49.780), Baleares (43.133), Cataluña (30.760) y Madrid (14.097).

Respecto a 2017

En relación al año pasado, el Sistema ganó 556.239 ocupados, el 3,07%, destacando el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora  523.436 trabajadores (3,53%). El crecimiento alcanza el 3,99% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin Agrario ni Hogar)

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa aumentó un 1,02%, lo que se traduce en un crecimiento de 32.846 personas. El Régimen del Mar creció un 0,52% (338) y el Carbón registró un descenso de -14,44% (-382).

En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades Autónomas, destacando en cifras absolutas los incrementos de Madrid (116.674), Cataluña (97.497) y Andalucía (86.572).

04 de mayo de 2018 mineco.gob.es

El Gobierno garantiza los derechos de las pensiones complementarias si un trabajador cambia de empresa

Los empleados mantendrán sus derechos de pensión si se desplazan entre Estados miembros o dentro del territorio español
La Directiva fija una edad mínima de 21 años y un periodo mínimo de antigüedad de 3 años para consolidar los derechos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley (APL) que modifica el texto refundido de la Ley de regulación de los planes de y fondos de pensiones. Con ello, se traspone la Directiva Europea relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. Estos derechos se deberán reconocer cuando los trabajadores finalicen la relación laboral en su empresa con anterioridad a su jubilación y se desplacen entre Estados miembros.

La Directiva europea establece los siguientes requisitos mínimos, que se incluyen en el APL. Por un lado, una edad mínima de 21 años para consolidar estos derechos. En el marco de la negociación colectiva podrá determinarse una edad mínima inferior, pero nunca superior a 21 años. Por otro, se fija un periodo mínimo de 3 años de antigüedad en la empresa para consolidar estos derechos. En el marco de la negociación colectiva podrá determinarse un periodo inferior a los 3 años, pero en ningún caso superior.

El Gobierno ha decidido ir más allá y extender el ámbito de aplicación a la movilidad nacional, es decir, se reconocerán también estos derechos a trabajadores que cambien de empleo dentro del territorio español y evitando así situaciones de discriminación. No obstante, en España sólo afecta a los seguros colectivos (una póliza que contrata la empresa a favor de sus trabajadores), puesto que para los planes de pensiones de empleo y planes de previsión social empresarial ya se contempla este régimen de consolidación de derechos en nuestra normativa interna.

En el caso de cese de la relación laboral antes de los 3 años de antigüedad se reembolsarán las primas o aportaciones realizadas al trabajador y a la empresa; si el cese de la relación laboral se produce a partir de 3 años de antigüedad, los derechos económicos se mantendrán en el contrato de seguro de origen o podrán movilizarse a otro seguro, y tendrán el mismo tratamiento que el que se da a los derechos de los trabajadores que permanecen en la empresa (por ejemplo, variación según los rendimientos o conforme a un índice). Y a estos se suma el derecho de los trabajadores a obtener información, en el momento del cese de la relación laboral, de los derechos adquiridos y el tratamiento que se les dará en el futuro a esos derechos.

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 39/2018  tribunalconstitucional.es
EL TC admite a trámite, por unanimidad, la impugnación del gobierno contra la designación de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado un auto en el que, por unanimidad, acuerda admitir a trámite la impugnación del Gobierno de la Nación contra la resolución del presidente del Parlament de Cataluña por la que se proponía la investidura del Carles Puigdemont como candidato a la presidencia del Gobierno de la Generalitat (publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de 23 de enero de 2018) y la resolución por la que se convocaba sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15 horas. El recurso del Gobierno invoca el artículo 161.2 de la CE y 77.2 LOTC a los efectos de que se acuerde la suspensión de la disposición recurrida.
El Tribunal, tras oír a las partes personadas, ha considerado que, aunque el Presidente del Parlamento de Cataluña dejara sin efecto la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura y designara un nuevo candidato, la impugnación presentada plantea cuestiones de interés general que justifican que no se declare la extinción del referido proceso constitucional.
El Tribunal ha apreciado que las dudas iniciales que pudieron existir acerca de su viabilidad procesal -dudas que se fundamentaban, esencialmente, en su posible carácter cautelar quedaron objetivamente despejadas por la decisión del Presidente de la Cámara de aplazar la sesión de investidura hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad de la impugnación. Según entiende el Tribunal, esta decisión puso de relieve que la propuesta de candidato para la investidura impugnada podía no resultar compatible con las medidas cautelares adoptadas en el ATC 5/2018.
Una vez descartado el carácter cautelar de la impugnación, al cumplirse el resto de los requisitos procesales, el Tribunal, como se ha adelantado, ha decidido admitir a trámite la referida impugnación.
En concreto, el Pleno ACUERDA:
1. Admitir a trámite la impugnación promovida por el Gobierno de la Nación contra la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña en la que se propuso la investidura del Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, el pasado día 27 de enero de 2018.
2. Otorgar un plazo de veinte días al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidente, y a las partes personadas para que puedan formular las alegaciones que estimen convenientes.
3. Tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 77 LOTC, produce la suspensión de las resoluciones impugnadas desde el día 26 de enero de 2018, fecha de interposición de la impugnación.
4. Declarar radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución incluidos los que sean confirmación o reproducción de alguno de los actos suspendidos.
5. Notificar personalmente la presente resolución al Presidente del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep Costa i Rosselló, don José María Espejo-Saavedra Conesa, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, don Joan García González y doña Alba Vergés i Bosch.
6. Advertir a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.
7. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.
8. Declarar que el presente auto es inmediatamente ejecutivo desde su publicación.
En todo caso se recuerda que con esta admisión a trámite el TC cumple el paso procesal necesario para examinar el fondo del asunto, sin prejuzgarlo en este momento.
Madrid, 26 de abril de 2018

El número total de desempleados se sitúa en 3.335.868, la cifra más baja desde enero de 2009

El paro registrado se reduce en 86.683 personas en el mes de abril
Viernes 4 de mayo de 2018 lamoncloa.gob.es
Paro de abril 2018
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en abril en 86.683 personas en relación con el mes anterior, lo que supone la mayor reducción histórica un mes de abril sin Semana Santa.

Durante los meses de abril de los últimos 8 años, el paro registrado se redujo por término medio en 73.068 personas. Aunque la de este año es la cuarta mayor reducción de toda la serie, si se compara el comportamiento del pasado mes de abril con aquellos semejantes en los que no ha tenido lugar la Semana Santa, estamos ante la mayor reducción del paro ese mes en términos homogéneos.

En términos desestacionalizados el paro también ha descendido en 24.149 personas.

Respecto a abril de 2017, el paro se ha reducido en 237.168 personas, lo que sitúa su nivel de reducción interanual en el 6,6%.

Así, la cifra total de parados registrados es de 3.335.868, la más baja desde enero de 2009. Ello supone que desde máximos registrados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en 1.704.354 personas.

El paro registrado ha bajado en las 17 comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (24.105), Cataluña (12.515) y la Comunidad de Madrid (9.461).

Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en servicios, en 57.607; en construcción, 13.913; en agricultura y pesca, en 9.562, y en industria, en 7.040 personas. Por el contrario, ha aumentado entre aquellas sin empleo anterior, en 1.441 personas.

Mayor registro de contratos indefinidos en abril de toda la serie histórica

El número de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.772.557, lo supone una subida del 10,48% sobre el mismo mes del año 2017.

Asimismo, en abril se han registrado 189.671 contratos de carácter indefinido, el mayor registro de contratos indefinidos un mes de abril de toda la serie histórica y el mayor incremento interanual de la serie en ese mes.

En este sentido, el secretario de estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha destacado que «la contratación indefinida creció un 25,2% con respecto a abril de 2017, casi el triple que la contratación temporal, un 8,9%»; encadenando así ya 51 meses consecutivos de aumentos en la contratación indefinida y superando los cuatro años completos de crecimiento ininterrumpido.

También ha subrayado que este incremento de la contratación indefinida «es aún mayor en el caso de la contratación a tiempo completo, que aumentó un 26,4%».

Además, ha precisado que según los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2018, el 74% de los trabajadores asalariados tiene un contrato indefinido, tres de cada cuatro, frente al 69,2% que se registraba en el cuarto trimestre de 2007.

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 60/18
Luxemburgo, 3 de mayo de 2018
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-51/17
OTP Bank Nyrt y OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt / Teréz Ilyés y Emil Kiss
Según el Abogado General Tanchev, está sometida a control jurisdiccional la respuesta legislativa a una sentencia del Tribunal de Justicia relativa al carácter abusivo de cláusulas contractuales por falta de claridad
En febrero de 2008, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss celebraron con un banco húngaro un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF). Con arreglo a dicho contrato, aunque las cuotas mensuales de devolución del préstamo debían pagarse en forintos húngaros (HUF), el importe de dichas cuotas se calculaba a partir del tipo de cambio vigente entre HUF y CHF. Asimismo, los prestatarios aceptaron asumir el riesgo relativo a las posibles fluctuaciones del tipo de cambio entre esas dos monedas.
El tipo de cambio experimentó posteriormente cambios considerables en perjuicio de los prestatarios, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus cuotas mensuales. En mayo de 2013, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss emprendieron acciones legales contra OTP Bank y OTP Factoring, empresa esta última a la que se habían cedido los créditos derivados del contrato de préstamo. En el marco de este procedimiento judicial, se suscitó la cuestión de si la cláusula contractual que obligaba a los prestatarios a soportar el riesgo del tipo de cambio podría considerarse abusiva en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores 1 y, en consecuencia, no vinculante para los prestatarios, por no haber sido redactada por el banco en cuestión de manera clara y comprensible.
Mientras tanto, Hungría aprobó en 2014 leyes por las que se eliminaban de los contratos de préstamo denominados en divisas determinadas cláusulas abusivas, se convertían virtualmente en HUF todas las deudas pendientes de los consumidores derivadas de esos contratos, y se introducían otras modificaciones en el contenido de las relaciones jurídicas de las partes de los contratos en cuestión. Esas Leyes tenían también por objeto dar cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) acerca de la falta de adecuación con la Directiva de determinadas cláusulas incorporadas a contratos de préstamo denominados en divisas 2 (esta resolución fue adoptada a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Kásler). 3 No obstante, las nuevas leyes mantuvieron el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario.
Dado que, según la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están comprendidas en su ámbito de aplicación, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), quien conoce del asunto de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, pregunta al Tribunal de Justicia si el juez nacional puede examinar el carácter abusivo de una cláusula carente de claridad que hace recaer en el prestatario el riesgo del tipo de cambio a pesar de que el legislador húngaro haya confirmado la validez de esta cláusula.
En sus conclusiones hechas públicas hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev recuerda que la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en los contratos en cuestión.
No obstante, esta consideración no rige respecto de las medidas legislativas, como las leyes húngaras antes mencionadas, aprobadas después de la fecha en que se celebró el contrato correspondiente y con el objetivo específico de dar ejecución a una resolución judicial que declara el incumplimiento de la Directiva. En este sentido, el Abogado General considera que la excepción en cuestión se concibió con el fin de garantizar que se permitiera a los Estados miembros mantener o introducir normas que fuesen más allá del ámbito de las medidas de protección que contempla la Directiva, si bien los Estados miembros tienen vedado reducir el nivel de protección que confieren esas disposiciones.
Asimismo, el Abogado General destaca que la respuesta legislativa de un Estado miembro a una resolución del Tribunal de Justicia por la que se declara que una normativa o una práctica nacional es incompatible con la Directiva no puede sustraerse del control judicial, ya que dicha sustracción sería contraria a las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantizan un elevado nivel de protección de los consumidores y el derecho a la tutela judicial efectiva.
En estas circunstancias, el Abogado General propone que una cláusula que ha pasado a formar parte de un contrato de préstamo denominado en divisas mediante una iniciativa legislativa y que hace recaer desde el principio el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario no refleja disposiciones legales o reglamentarias imperativas en el sentido de la Directiva. En consecuencia, cuando esa cláusula no haya sido formulada dentro del contrato de manera clara y comprensible, el juez nacional puede examinar si constituye una cláusula abusiva que no vincula al consumidor.
NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
2 Resolución n.º 2/2014.
3 Sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13) (véase el CP n.º 66/14).

«Hoy día 4 de Mayo un día reluciente, rodeado de mis seres queridos y contemplando la Pulchra Leonina, lleno de paz y de amor dejo este León que tanto amé y con el, a toda la gente que tanto quise y con la que tantas cosas compartí. Hasta siempre. Os quiere vuestro amigo Juan».

27 de abril de 2018

mineco.gob.es

La economía encadenará ocho años de crecimiento y la tasa de paro caerá por debajo del 11%

El crecimiento seguirá siendo sostenible y equilibrado, con aportaciones positivas de la demanda interna y externa
El saldo de la balanza por cuenta corriente se mantendrá con superávits próximos al 1,5% del PIB durante cuatro años
El Gobierno seguirá con el compromiso del equilibrio presupuestario y ya registrará superávit público en 2021
El crecimiento económico será intensivo en creación de empleo y se alcanzarán los 20 millones de ocupados en 2020
La tasa de paro continuará reduciéndose hasta situarse en el 10,7% de la población activa a finales de 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España (2018-2021) para su remisión a Bruselas. En el documento se incluye una previsión de crecimiento del 2,7% este año y próximo al 2,5% anual hasta 2021, con lo que el PIB español encadenará ocho ejercicios consecutivos al alza. Además, se confirma un nuevo patrón de crecimiento más sostenible y equilibrado, con aportaciones positivas de la demanda interna y del sector exterior.

Las nuevas previsiones son prudentes y realistas y confirman que se recuperará todo el empleo perdido durante la crisis, con lo que se alcanzará así el objetivo de los 20 millones de ocupados en 2020. Además, el déficit público se situará este año en el 2,2% del PIB con superávit primario, lo que refleja el compromiso del Gobierno con el equilibrio presupuestario. España registrará superávit en 2021, del 0,1%, por primera vez desde 2007.

La nueva proyección estima un crecimiento medio anual en estos cuatro años cercanos al 2,5%. Para el empleo, se prevé la misma tasa para 2018 y ligeramente más baja para el resto del periodo de previsión, lo que permitirá la creación de 1,7 millones de puestos de trabajo durante estos cuatro años. La tasa de paro se reducirá al 10,7% a finales de 2021, cifra no alcanzada desde 2008, es decir, desde el inicio de la recesión.

El diferencial de crecimiento va a seguir siendo favorable a la economía española en comparación con los principales países de nuestro entorno, por lo que este comportamiento no se explica por los “vientos de cola”, de los que todas las economías se han visto beneficiadas, sino por la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. España ha sido capaz, a través del impulso reformista y del esfuerzo de hogares y empresas, no solo de superar la mayor crisis económica de su historia democrática, sino también de sentar las bases para proseguir desarrollando un modelo económico más sano, equilibrado y sostenible.

Al igual que el cuadro macroeconómico que acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, el crecimiento del 2,7% para este año supone una revisión al alza de cuatro décimas respecto a la revisión anterior por varios factores: mayor inversión, mejora del entorno internacional, impacto positivo de las medidas incluidas en el Proyecto del PGE y moderación de la incertidumbre económica relacionada con la situación de Cataluña, tras la aplicación del Artículo 155 de la Constitución. Además, los indicadores nacionales e internacionales de actividad y empleo más recientes señalan un dinamismo en los primeros meses de 2018 superior al previsto. En este sentido, para el primer trimestre del año, el INE avanza un crecimiento del 0,7% intertrimestral y del 2,9% en tasa interanual.

En el crecimiento seguirá habiendo aportaciones positivas durante todo el horizonte de proyección tanto de la demanda nacional como de la demanda externa neta, consolidándose la inversión y las exportaciones como las partidas más dinámicas del PIB, con el consiguiente efecto favorable sobre la productividad y sobre el crecimiento potencial de la economía española. Entre los componentes de la demanda nacional, el consumo privado se espera que continúe creciendo a tasas elevadas, mientras que dentro de la inversión, el componente de equipo y activos cultivados mantendrá una senda expansiva en un contexto de favorables expectativas empresariales y de reducidos tipos de interés. En lo relativo al sector exterior, las exportaciones reales de bienes y servicios crecerán por encima del 4% en el periodo 2018-2021, impulsadas por las ganancias de competitividad.

Además, el sostenido crecimiento económico seguirá siendo compatible con el avance en la corrección de los principales desequilibrios macroeconómicos. El saldo de la balanza por cuenta corriente se prevé que sea superavitario durante todo el periodo de previsión, situándose en el entorno del 1,5% del PIB y contribuyendo de este modo a la reducción del saldo deudor de la posición neta de inversión internacional. Así, en 2021 se sumarían ocho años consecutivos de crecimiento y, al mismo tiempo, nueve de superávit en la cuenta corriente, un hito sin precedentes en nuestra economía reciente, sobre todo cuando viene acompañado de un periodo sostenido de crecimiento de la demanda interna.

En el ámbito financiero, se ha llevado a cabo un intenso proceso de desapalancamiento del sector privado compatible con un notable incremento de las nuevas operaciones de crédito a hogares y a PYMES. Este proceso de desapalancamiento se espera que continúe en los próximos años, reduciendo las vulnerabilidades de la economía española ante posibles shocks externos.

Crítica judicial a la prevención del blanqueo por el Notariado
Xavier Gil Pecharromán

3/05/2018 – eleconomista.es
El CGPJ considera que la base de titularidad real no se ajusta a la UE
Se alinea con la orden de Justicia que obliga a declarar en el Registro
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un reciente informe, pone en duda la idoneidad de la base de datos sobre titulares reales de las sociedades para la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, ante las exigencias impuestas por la Unión Europea, a través de la Cuarta Directiva sobre la materia.
En el informe, sobre el Anteproyecto por el que se modifica la Ley de Prevención del Blanqueo para adaptar la norma a la Directiva, del que son ponentes los vocales Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo, se afirma que «sin perjuicio de su evidente eficacia, es cuestionable que con él se satisfaga la exigencia derivada de la Directiva en punto al registro de las titularidades reales. Confluyen diversas razones que abonan esta duda».

El sistema de registro y de información sobre las titularidades reales es imprescindible para dotar de eficacia a todo el sistema.

Dice el CGPJ que el legislador europeo ha establecido un régimen de registro de las titularidades reales de las sociedades y personas jurídicas análogas que proporcione una información «adecuada, precisa, actual e interconectada, sistema que se concibe sobre la base de registros de carácter público capaces de ofrecer prueba suficiente de los hechos y datos inscritos».

En primer lugar, estima que las actas notariales constituyen meras manifestaciones a las que no alcanza la fuerza probatoria del documento público -artículo 319.1 de la Ley de Enjuiciamieto Civil LEC-, ni se benefician de los principios de legitimación y de fe pública registral. Además, no acceden a la base de datos los documentos extendidos por fedatarios extranjeros.

El secreto de los protocolos

Considera que la base de datos notarial carece de carácter público, puesto que los datos incluidos en los protocolos notariales al igual que los Libros Registros de Operaciones Mercantiles, tienen la consideración de secretos y solo están disponibles para los propios notarios y autoridades competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal.

La Cuarta Directiva obliga a que el archivo central sea accesible a las autoridades, a los obligados a prevenir sobre sus clientes y a cuantas personas demuestren interés legítimo, en el blanqueo o en delitos subyacentes conexos -como la corrupción, delitos fiscales y fraude-, lo que incluye, por ejemplo, a los periodistas en su trabajo. Además, únicamente se podrá cobrar una tasa por su consulta que no podrá superar los gastos administrativos.

Esta problemática la extiende el informe, además, a la protección de los datos personales, en la medida en que la obtención e incorporación de los datos a la Base notarial no haya venido precedida de la advertencia de su tratamiento.

Alega, que tampoco facilita la interconexión que exige la Directiva, que «sin embargo, sí se ofrece desde el Registro Mercantil desde que por Ley 19/2015, de 13 de julio se reformara el artículo 17.5 del Código de Comercio (CCom) para hacer posible la incorporación de los Registros Mercantiles a la plataforma central europea (BRIS)».

Esta opción ha quedado reforzada con la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, que incluye una nueva obligación para las sociedades de comunicar los titulares reales de las sociedades junto con las cuentas anuales.

El informe del CGPJ recomienda la inscripción obligatoria de las transmisiones de acciones o participaciones, que ha de garantizar la trazabilidad de la titularidad real de la sociedad o persona jurídica.

Además, critican que no tengan acceso a la base de datos las limitaciones de dominio, gravámenes o embargos judiciales o administrativos sobre los títulos. La figura del trust de modelo anglosajón, no está reconocida legalmente en España, por lo que la información se limita a las estructuras jurídicas similares que operan en España. «Similares dudas, si no mayores, se suscitan con respecto al registro de titularidades fiduciarias», concluye.

26 de abril de 2018

mineco.gob.es

El paro baja en 460.000 personas en el último año y más del 60% de los nuevos contratos son indefinidos

Se han creado 435.900 empleos en el último año, a un ritmo del 2,36% en el primer trimestre
La tasa de temporalidad se sitúa en el 26,11%, 60 centésimas menos que en el trimestre previo
La tasa de paro se sitúa en el 16,74%, con un descenso de dos puntos en el último año
El número de hogares con todos los activos en paro baja en 152.800 y sube en 337.300 los que tienen todos ocupados

El número de parados bajó en 458.900 personas en el primer trimestre del año respecto del mismo periodo del año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una caída del 10,79%, con lo que se acumulan cuatro años y medio de reducción del desempleo. La tasa de paro se mantiene prácticamente estable respecto al trimestre previo, en el 16,74% (sube 20 centésimas), y se reduce 2,01 puntos respecto de hace un año. En el mismo periodo se han creado 435.900 puestos de trabajo, a un ritmo anual del 2,36%. Más de la mitad del nuevo empleo asalariado es indefinido (el 61,7%) y la tasa de temporalidad se sitúa en el 26,11%, 60 centésimas menos que en el trimestre previo.

La evolución del mercado de trabajo refleja que la recuperación de la economía española se consolida a buen ritmo y va camino del quinto año de mejora en los niveles de empleo y de reducción del paro. El desempleo se reduce desde mediados de 2015 a tasas interanuales de dos dígitos. Se están creando puestos de trabajo a un ritmo de en torno al medio millón al año lo que permitirá lograr el objetivo de 20 millones de ocupados en 2020. En el primer trimestre de 2018, la tasa de paro se ha situado en el 16,74%, más de 10 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2013 y en niveles inferiores a los de 2009.

Los datos del primer trimestre reflejan en parte la estacionalidad del mercado de trabajo en España. La ocupación descendió en 124.100 personas respecto del último trimestre de 2017. Con series desestacionalizas, el empleo aumenta el 0,46% en tasa intertrimestral, es decir, un ritmo similar al trimestre previo. Se ha destruido principalmente empleo temporal (128.900 empleos menos). Baja el empleo a tiempo completo (en 133.100 personas) y aumenta el que se contrata a tiempo parcial (en 8.900 personas).

La comparación anual elimina el componente de estacionalidad y, por tanto, refleja mejor el pulso del mercado laboral. En los últimos doce meses, se han creado 435.900 empleos, a un ritmo anual del 2,36%. La creación de empleo del último año se ha concentrado principalmente en el sector privado, con 304.000 ocupados más. En estos doces meses, el empleo a tiempo completo aumenta en 495.900 personas y el empleo a tiempo parcial ha bajado en 60.000 personas. El número de asalariados con contrato indefinido se incrementó en 278.500 trabajadores y con contrato temporal, en 173.000.

En cuanto a las cifras de paro, en el primer trimestre de 2018, el número de desempleados subió en 29.400 personas, frente al aumento de 17.200 en el primer trimestre del año pasado. En este periodo, el paro se ha reducido entre los menores de 25 años (en 42.900). El número de parados de larga duración (personas que perdieron su empleo hace más de un año) se reduce en 37.400 y en 46.900 entre los que buscan su primer empleo. En el cómputo anual, el paro se ha reducido en 458.900 personas, de las cuales el paro de larga duración ha bajado en 296.100 y en 52.200 entre los que buscan su primer empleo. En los últimos doce meses, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha reducido en 152.800 y los que tienen todos sus activos ocupados ha aumentado en 337.300.

Nota de prensa –  cafmadrid.es
Una de cada 10 comunidades de propietarios ya tiene puntos de recarga para el vehículo eléctrico
Se han incrementado un 150% las consultas sobre su instalación en la asesoría técnica industrial del Colegio.
Madrid, 5 de marzo de 2018.- “Cada vez son más los vecinos que a título particular quieren disponer de un vehículo eléctrico y aparcarlo en su plaza de garaje, decisión que, aunque es loable desde el punto de vista medioambiental, está planteando no pocos problemas en las comunidades de propietarios”, señala Apolonio Dorado, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).
Según estimaciones del Colegio, este tipo de vehículos ya está presente en una de cada 10 comunidades de propietarios, fundamentalmente de nueva construcción pero también en edificios residenciales existentes. “Se han incrementado un 150% las consultas sobre su instalación en nuestra asesoría técnica industrial”, apuntan.
Aunque el Gobierno aprobó modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), estableciendo que para instalar un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio sólo se requiere comunicar previamente su instalación a la comunidad y asumir los costes que esto implica, la realidad es muy distinta.
Según Dorado, “las canalizaciones han de transcurrir desde el cuarto general de contadores hasta el punto de recarga de esa plaza de garaje y no siempre se decide el trazado en base a los intereses del resto de vecinos, lo que está produciendo una amalgama de cables similares a las que todavía tienen muchas fachadas antiguas, con el riesgo eléctrico que ello puede suponer”.
La Ley prevé, no obstante, que la comunidad de propietarios pueda fijar normas de régimen interno en el que se establezcan criterios comunes de trazado de canalizaciones para todos los propietarios interesados. “Sin embargo”, aseguran desde el CAFMadrid, “no siempre se llega a este tipo de acuerdos porque algunas comunidades viven el día a día y no ven a futuro. Además, en muchas ocasiones supone realizar una reforma de la instalación eléctrica común para disponer de varios puntos de recarga, con los costes que acarrea para todos los vecinos y no sólo para los interesados, algo que no entienden en comunidades pequeñas o con residentes de avanzada edad”, añaden.
Esta institución aconseja la intervención eficaz de las Administraciones Públicas con un plan Movalt para comunidades de propietarios, similar al Movalt Infraestructuras que dispone de ayudas públicas a administraciones y empresas públicas y privadas para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. O que, al menos, parte de ese programa de ayudas para empresas privadas vaya destinado obligatoriamente a la implantación de las canalizaciones y puntos de recarga necesarios en los garajes comunitarios, para que cualquier propietario que después se quiera “conectar” únicamente tenga que aceptar las condiciones de la empresa sum

Viernes, 27 de abril de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma la incapacidad por causa de indignidad de un padre para heredar a su hijo enfermo al que tuvo en “absoluto abandono”

La Sala Primera dice que la conducta paterna tiene la suficiente entidad “para acarrear, como sanción civil, su incapacidad por indignidad para suceder al menor”

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la incapacidad por causa de indignidad de un padre de heredar a su hijo con parálisis cerebral ya fallecido al haberse acreditado “el abandono grave y absoluto” del menor por parte del progenitor, que, además, incumplió sus obligaciones de pasar pensión de alimentos mientras estaba con vida.

El tribunal afirma que, teniendo en cuenta la grave discapacidad del hijo, “el incumplimiento de los deberes familiares personales del padre hacia aquél no merece otra calificación que la de graves y absolutos, y otro tanto cabría decir de los patrimoniales, pues aunque hayan mediado algunos pagos de la obligación alimenticia convenida, sustancialmente no se ha cumplido ésta, y como se razona no se valora como involuntario tal incumplimiento”.

Los magistrados subrayan que “es grave y digno de reproche que el menor desde el año 2007 hasta su fallecimiento en el año 2013 careciese de una referencia paterna, de un padre que comunicase con él, le visitase y le proporcionarse cariño, afectos y cuidados, obligaciones familiares de naturaleza personal de indudable trascendencia en las relaciones paternofiliales, y todo ello sin causa que lo justificase”.

“Pero aún es más grave y más reprochable si el menor, a causa de padecer una enfermedad a los 16 meses de edad, sufría una severa discapacidad, como consta en la sentencia recurrida, que exigía cuidados especiales. Fruto de la gravedad de esa conducta paterna es que la reprochabilidad de la misma tenga suficiente entidad, para acarrear, como sanción civil, su incapacidad por indignidad para suceder al menor”, concluye la Sala.

La madre presentó una demanda en la que solicitaba que se declarase la incapacidad por causa de indignidad del padre para heredar al hijo de ambos por haberse desatendido de él. El menor sufrió a los quince meses una meningitis que le dejó como secuela una parálisis cerebral con plena dependencia de otra persona. La mujer explicaba que, pese a los ingresos del niño en el hospital, lo ignoró y no volvió a verlo, abonando únicamente 5000 euros de alimentos que le fueron impuestos por sentencia y sin comparecer en el proceso iniciado para privarle de la patria potestad, que no terminó porque el niño falleció. El progenitor alegó que no hubo abandono y atribuyó la demanda a una estrategia de la mujer para que él no recibiera la herencia de su hijo.

El juzgado de Primera Instancia nº 2 de Avilés desestimó la demanda porque entendió que la madre no consiguió probar la causa de indignidad por abandono, ya que el padre había cumplido parcialmente la obligación de pagar alimentos acordados en el convenio regulador y que, además de abonar ciertas deudas comunes, no hubo reclamación por impago de pensión alimenticia. La Audiencia Provincial de Oviedo revocó esa sentencia y declaró al demandado incapaz por indignidad para suceder a su hijo fallecido. Contra esta sentencia, el padre presentó recurso de casación, que ahora ha sido desestimado por la Sala de lo Civil.

Por otra parte, el tribunal señala que la sentencia recurrida no da prioridad sobre el resto de pruebas a un documento privado, firmado por el padre con asesoramiento de su abogado en mayo de 2013 –meses antes del fallecimiento del niño- en el que reconoce que “nunca fue para mí un hijo querido ni deseado, olvidándome y desentendiéndome completamente con él”.

La sentencia explica que, como el padre cuestionaba lo reconocido en ese documento, la Audiencia Provincial de Oviedo valoró también el resto de las pruebas practicadas para confirmar esas manifestaciones. En este sentido, indica que, “consciente de la claridad de lo que reconoce en el mismo, alega que obedeció a motivos espurios de la madre del niño. Pero como también es consciente de que lo suscribió con asesoramiento de letrado, pone en entredicho el buen hacer profesional de éste, aunque sin llamarlo a testificar relevándole del secreto profesional hacia él, a fin de que explicase qué justificaba que se suscribiese ese contenido impresentable, en palabra del recurrente, así como para que el letrado en cuestión no viese criticada su labor sin poderse defender”.

Manifiesto 1 de Mayo. Los salarios, la deuda pendiente

29 abril, 2018  uso.es
La USO celebra el Día Internacional del Trabajo como fecha solidaria y festiva, en la que de forma especial reivindicamos un mundo más humano y más justo.

Lo hacemos este año 2018 en un contexto de recuperación económica que lo es solo para unos pocos. Tras diez años de crisis económica, hemos padecido unas políticas que han generado una enorme desigualdad social y una pobreza que no deja de incrementarse. Nuestro país es el tercero con mayor desigualdad de la Unión Europea y en donde esta ha crecido más que en ningún otro en la última década. Y lo es porque la factura de esta crisis la está pagando exclusivamente la ciudadanía, dejando a mucha gente sin empleo, desprotegida, con una pronunciada precarización del mercado laboral y un vertiginoso descenso de salarios y pensiones.

Esa es nuestra deuda pendiente. Y mientras aumenta por momentos, se siguen sin acometer las medidas urgentes más necesarias, como es una profunda reforma fiscal; la apuesta por un nuevo modelo productivo; una política industrial integral; un sistema de formación para el empleo de calidad; un plan estratégico para la energía; un nuevo proyecto de infraestructuras; la persecución decidida del fraude y el fin de los paraísos fiscales; la apuesta real por políticas de igualdad y un largo etcétera.

Y la clave, sin duda, para el pago de esa deuda que afecta a millones de trabajadores pasa por la aprobación de una nueva legislación en materia de empleo. La Reforma Laboral ha cumplido seis años reduciendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, debilitando la negociación colectiva; mejorando los números, pero haciendo crónica la temporalidad y la parcialidad. El índice de precariedad elaborado por Eurostat señala que el 56,8% del empleo creado en España es precario, frente al 22% en el conjunto de la Unión Europea; tenemos un mercado laboral con una rotación insostenible y millones de contratos de menos de una semana. Además, 3,9 millones de personas permanecen a día de hoy inscritas en los Servicios Públicos de Empleo y más de la mitad no perciben ninguna prestación o subsidio. Es también muy significativo que existan más personas percibiendo el subsidio que las que reciben la prestación contributiva.

Se destruye empleo estable y se sustituye por un empleo de bajísima calidad mientras se incrementan los beneficios empresariales y mientras que el peso de los salarios respecto al PIB solo alcanza el 47%, el menor nivel desde 1989. Esa deuda es la que queremos hacer protagonista este 1º de mayo de la USO: los salarios, prestaciones y pensiones no pueden seguir perdiendo poder de compra.

No habrá una verdadera recuperación sin trabajo digno y hasta que los salarios no salgan de la crisis. Fruto de un diálogo social sectario e institucionalizado, los llamados sindicatos mayoritarios y las patronales han acordado en los últimos años unos incrementos absolutamente insuficientes, mediante los acuerdos de negociación colectiva que han terminado siendo declaraciones de intenciones con horquillas de incrementos simbólicos.

Para 2018, a pesar de los llamamientos alertando de la necesidad de incrementar los salarios que han realizado la CES, CSI y otros organismos internacionales, esos agentes no han sido capaces de pactar un incremento salarial. Asisten a negociaciones a puerta cerrada, con absoluto oscurantismo, mientras que la supuesta recuperación pasa de largo y ni roza los salarios de los trabajadores y trabajadoras. No nos olvidemos de ese 13% de personas que, a pesar de tener un empleo, perciben una renta inferior al umbral de la pobreza.

A esta negociación se suma un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los próximos tres años que, además de ser deficiente, está condicionado al aumento del PIB y de la afiliación a la Seguridad Social. Un incremento más propagandístico que efectivo, sin subir el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM), que afecta al cálculo de la mayor parte de ayudas públicas y prestaciones sociales, y que está congelado desde 2010.

Por eso, la USO quiere en este 1º de mayo decir bien alto que otro diálogo social es posible, que este país necesita un sindicalismo plural, como lo es la sociedad. Y que hoy en día es más necesario que nunca superar el bisindicalismo y que se modifique la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), junto con la legislación en materia de elecciones sindicales: porque no tiene ninguna justificación que haya privilegios y reglas de juego distintas. Es la hora de democratizar el panorama sindical.

En este 1º de mayo, la USO hace un llamamiento a la participación de todos los afiliados y afiliadas, proyectando con toda la fuerza que seamos capaces nuestros principios y valores: un sindicalismo independiente, democrático, pluralista, autónomo, internacionalista y profundamente solidario, que reivindica que la persona esté en el centro de las políticas económicas, sociales, laborales.

Y vamos a ir a por lo que nos deben, a por los salarios, la deuda pendiente: a por empleo de calidad y el blindaje de las pensiones en la Constitución para un futuro digno; con un sindicalismo honesto, por la defensa de los intereses de nuestra afiliación y de los trabajadores y trabajadoras en general, por la lucha por la mejora integral de las condiciones de vida y trabajo.

Manifiesto 1º de mayo 2018. Por el acuerdo y la recuperación económica

27 de Abril de 2018

csif.es

La recuperación del mercado de trabajo en los tres últimos años no ha conseguido cerrar las profundas heridas de la dilatada crisis y de la fuerte devaluación laboral sufrida. Un tercio de la ciudadanía vive en riesgo de exclusión social, casi 1,2 millones de hogares se encuentra con todos sus miembros en el paro y más 650.000 hogares sin ningún ingreso. Todos ellos forman parte de esa otra cruda realidad donde todavía hay demasiadas personas con niveles de pobreza y desigualdad salarial de los más altos de la Unión Europea.

En este 1º de mayo debemos seguir insistiendo y reclamando que la verdadera recuperación llegue a todos los ciudadanos. La distribución justa de la riqueza debe llegar a pensionistas, empleados públicos y trabajadores en general.

La crisis económica ha deteriorado asimismo los servicios públicos: la educación, la sanidad, la justicia, la administración, la seguridad…, que son garantes de nuestra sociedad del bienestar; la prestación de estos servicios ha permitido garantizar los derechos de los ciudadanos gracias a los esfuerzos de los empleados públicos, a pesar de que durante todos estos años los trabajadores públicos han sufrido todo tipo de recortes en sus salarios y en sus condiciones laborales.

En CSIF nos proponemos como objetivo que los ciudadanos de nuestro país recuperen la posición que merecen en el estado de bienestar y de justicia social. Para ello debemos superar el obstáculo que supone la obsoleta normativa sindical, recuperando una verdadera negociación colectiva que nos lleve a acuerdos, que permitan avanzar en la recuperación salarial y de condiciones laborales.

Siendo conscientes de nuestra relevante posición sindical y de la realidad social y económica, CSIF ha centrado sus esfuerzos en alcanzar la recuperación en nuestro ámbito de influencia, las Administraciones Públicas. De esta forma, CSIF ha conseguido firmar el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, el pasado 9 de marzo. Con este acuerdo, iniciaremos levemente la senda de recuperación del poder adquisitivo perdido de los empleados públicos en la última década, se creará empleo neto por primera vez después de muchos años y se recupera la negociación colectiva de una parte importante de los derechos sustraídos con la crisis. Por ello, exigimos su aplicación ágil por los distintos ámbitos de negociación para no dilatar por más tiempo su implantación.

De igual modo, en este 1º de mayo no podemos dejar de mencionar la situación de los pensionistas españoles y de la ridícula revalorización del 0,25 de las pensiones. Sois, una vez más, ejemplo de lucha reivindicativa tomando la calle en defensa de vuestros derechos. CSIF está con vosotros, os animamos y acompañamos por la recuperación de unas pensiones dignas, fruto de tantos años de esfuerzo y trabajo y sin merma de poder adquisitivo.

Ante las extrañas complicidades del sindicalismo de clase con los separatistas catalanes, CSIF se mantiene firme con su propuesta en defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Es imprescindible mantener la cordura y el sentido común ante la deriva independentista de Cataluña. Las consecuencias económicas, de inseguridad jurídica, desafecto y confrontación social, entre otras, deberían haberse tenido en cuenta por UGT y CCOO antes de postularse del lado del proceso soberanista. CSIF está en la búsqueda de espacios de convivencia que sirvan de modelo para mejorar las pensiones, los salarios, la dependencia, los servicios públicos y el estado del bienestar.

En CSIF no podemos pasar por alto las dificultades del tejido productivo español que a partir de 2008 han sufrido una importante desvalorización del mercado laboral. Acentuado en las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 80% de nuestras empresas. De igual modo, ahora que en la mayoría de los sectores proclaman un aumento importante de producción, debemos procurar una redistribución justa de los beneficios que compense esta devaluación.

Somos conscientes de que para alcanzar éxitos similares en el sector privado debemos superar el obstáculo que supone la obsoleta normativa sindical, consiguiendo una verdadera negociación colectiva que nos lleve a acuerdos que permitan avanzar en la recuperación salarial y de condiciones laborales.

Como alternativa sindical independiente y profesional necesitamos el apoyo de los trabajadores para acometer los compromisos que la sociedad exige de una organización sindical cuya principal misión es la defensa del interés general de todos los trabajadores, sin posicionamientos políticos y con plena independencia económica.

CSIF propone una representación laboral comprometida, seria y transparente, con planteamientos reivindicativos de corte moderno y profesional, sin ambigüedades ni ataduras ideológicas ni económicas, con plena independencia para negociar la verdadera recuperación del ámbito laboral español. Pretendemos alcanzar una sociedad civil fuertemente cohesionada, sin fracturas territoriales ni ideológicas, donde la mejoría económica se traslade a todos los ciudadanos españoles.