AIRE

La CNMV, BME y entidades financieras se unen para innovar con la tecnología Blockchain

bolsademadrid.es

•La prueba piloto realizada ha demostrado que es posible reducir en más del 70% el tiempo necesario para registrar emisiones de warrants, lo que mejora la eficiencia y garantiza la seguridad del proceso
•Han colaborado con la CNMV y BME para la realización de esta iniciativa Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank y Société Générale

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BME y un grupo de entidades financieras formado por Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank y Société Générale han colaborado durante el pasado año en un proyecto denominado Fast Track Listing (FTL), que usa tecnología blockchain.

El objetivo ha sido simplificar los procesos y rebajar los tiempos necesarios en el registro de emisiones. Se ha comprobado que la utilización de la tecnología blockchain puede mejorar la eficiencia en tiempo y recursos, aumentar la seguridad e incrementar la trazabilidad de los procesos.

El proyecto, que se está desarrollando de forma colaborativa, ha incluido la realización de una prueba de concepto que se ha llevado a cabo con éxito y que consistió en el registro de una emisión de warrants. Esta prueba demostró que es posible realizar el proceso en  48 horas frente a un plazo medio de más de una semana (más de un 70% de reducción), gracias a la conexión de todos los sistemas, la validación automática de requisitos y su transparencia.

Tras los buenos resultados obtenidos, la CNMV ha decidido seguir trabajando en los posibles usos de esta tecnología en sus procesos y continuar con el proyecto. BME y todos los emisores de warrants nacionales (BBVA, Caixabank y Banco Santander) e internacionales (BNP Paribas, Commerzbank y Société Générale) también están contribuyendo activamente.

A partir de una Orden del Ministerio de Justicia
Notarios y registradores, en guerra por el control de la información sobre blanqueo
Polémica por la decisión del Notariado de ceder a través de una empresa privada y previo pago datos de operaciones mercantiles a terceros

Fernando Pastor, Bruno Pérez

jueves, 28 junio 2018, lainformacion.com

Polémica por la cesión previo pago por parte del Notariado de información sobre operaciones mercantiles a terceros

La decisión del Consejo General del Notariado de constituir un registro electrónico con datos de particulares y de escrituras mercantiles, gestionarlo a través de una empresa propia de naturaleza privada y ceder esa información a terceros – habilitados legalmente, eso sí, para conocer esos datos- a cambio de una compensación económica, ha desencadenado una guerra abierta entre colectivo y el de los registradores de la propiedad, con el asunto del control de los datos necesarios para controlar potenciales operaciones de blanqueo de capitales como telón de fondo.
Una Orden Ministerial aprobada el pasado mes de marzo por el Ministerio de Justicia, que habilitó a los registradores para recoger datos sobre los titulares reales de las sociedades en sus oficinas a partir de este mes de junio – los más relevantes a la hora de perseguir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo -, ha provocado un auténtico seísmo en la relación de atribuciones entre estos colectivos profesionales, al quebrar la gestión exclusiva que hasta ese momento  realizaban en ese ámbito los notarios a través de su Índice Único Informatizado (IUI).

La maniobra gubernamental ha recrudecido el cruce de acusaciones entre ambas partes, que ya se producía desde hace tiempo. Desde el bando de los registradores se critica con dureza el hecho de que los notarios estén utilizando los datos que recogen para elaborar ese índice, y en la mayor parte de las escrituras públicas que realizan, para cedérselos a una empresa privada, Ancert, unipersonal y controlada por el Consejo General del Notariado, a través de la que ceden esa información a entidades y plataformas del sector financiero, como Asnef o algunos de los grandes bancos, a cambio de una retribución económica.

Frente a ello, fuentes cercanas a la actividad notarial aseguran que Ancert es una entidad sin ánimo de lucro (aunque sea una sociedad limitada), que no comercializa los datos, sino que los cede a los ‘sujetos obligados’, según la definición de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se los solicitan, y sólo cuando cuentan con el visto bueno de la Dirección General del Tesoro, el Ministerio de Economía y la Agencia de Protección de Datos para hacerlo.

Según las estimaciones que realizan estas fuentes, la compensación económica que reciben no llega a un euro por cada dato proporcionado y apenas alcanza para cubrir una quinta parte del coste de mantenimiento de la Base de Datos de Titularidad Real. Esa base existe en el seno del Notariado desde el año 2012, y fue reconocida como registro público por el reglamente de prevención del blanqueo de capitales en 2014.

Los registradores también cobran por esa información, pero lo hacen a partir tarifas regladas para cada una de sus operaciones (peticiones de datos, notas, etc.). De hecho, son más caras que las que cobra el Notariado, pero están tasadas y sobre ellas no pesa ninguna sospecha de comercialización.

Europa exige un único registro de datos

La polémica por el control y la cesión de esos datos, básicos para contrastar investigaciones sobre blanqueo, tropieza además con la directiva europea que se debe trasponer a la legislación española en breve y que exige en su artículo 30 (revisado) que haya un único registro público para controlar este proceso, susceptible de ser contrastado e interconectado con los que existen en el resto de la UE. Esa norma mantiene que la base de datos puede cederse, incluso a las personas que tengan un “interés legítimo” demostrado para contar con ello, si bien deberá ser una ley interna la que deberá decidir que se entiende por ello.

Los notarios acusan a los registradores de ser ellos los que quieren arrogarse ahora este servicio (y sus ingresos correspondientes) y decidir en cada caso quién tiene ese interés legítimo, sin base legal alguna. Mientras, por parte de los registradores se advierte que lo que la directiva establece es la imposibilidad de utilizar los datos reales de esas transacciones y cambios societarios para actividades cuasi comerciales. De hecho, los notarios llegaron a impugnar ante la Audiencia Nacional la orden que habilita ahora a los registradores a reclamar datos sobre titularidad real de las sociedades, sin éxito.

Fuentes cercanas al ámbito del Notariado recuerdan que la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales (al menos su Reglamento) permite utilizar la figura del convenio para ceder la base de datos a terceros en las condiciones y con los requisitos que se establecen al efecto. Una habilitación que desde el ámbito registral no se ve tan cristalina: advierten de que esa interpretación es relativa y aseguran que en algunos ámbitos incluso se han llegado a plantear elevar a los juzgados el asunto.

Otro de los aspectos controvertidos que se subrayan en relación a este asunto es la elaboración de actas notariales de identificación por parte de los notarios. Éstas suponen una de las bases informativas que los notarios utilizan para conformar su fichero y aunque no son obligatorias, sí son recomendables (“como los seguros que se venden con las hipotecas”, aseguran). Cada una de esas actas cuesta algo más de setenta euros al usuario.

Jueves, 28 de junio de 2018 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de la anterior cúpula de los Mossos d´Esquadra por sedición y organización criminal

En cuatro autos, los magistrados de la Sección Segunda desestiman los recursos de apelación presentados por los cuatro investigados contra el auto de procesamiento dictado por la instructora de esta causa, Carmen Lamela

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Josep Lluis Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre del pasado año frente a la Consejería de Economía de Barcelona y por la jornada del 1 de octubre. Igualmente ha ratificado los del exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, del exdirector de los Mossos Pere Soler, ambos por organización criminal y un único delito de sedición por el 1 de octubre, así como el de la intendente Teresa Laplana, en su caso, por sedición por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

En cuatro autos, los magistrados de la Sección Segunda desestiman los recursos de apelación presentados por los cuatro investigados contra el auto de procesamiento dictado por la instructora de esta causa, la titular del Juzgado Central Tres, Carmen Lamela.

La resolución relativa a Trapero analiza en primer lugar los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre y señala es “evidente que las tibias medidas de seguridad y apoyo a la comisión judicial formalmente prestadas enmascaraban una absoluta condescendencia con los hechos, pues no otra cosa resulta de la pasividad observada conociendo que el edificio contaba con la sola protección de los Mossos d´Esquadra, sin refuerzo alguno a lo largo del día, de que no establecieran el perímetro de seguridad repetidamente solicitado por los mandos de la Guardia Civil o que se consintiera el asedio sin medida eficaz alguna que permitiera entrar y salir del inmueble y frenase los episodios violentos o pudiera afrontar una eventual invasión del edificio por la muchedumbre”.

Respecto a los hechos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre, dice la Sala, las diligencias sumariales “demuestran sin duda la cooperación del recurrente en ese eslabón del plan secesionista”.

Así, explica el Tribunal, la investigación revela que los responsables de los Mossos, con Trapero a la cabeza, incumplieron el mandato judicial, simulando para la jornada electoral y horas previas “un dispositivo engañoso, meramente formal, con designio no sólo de permitir la celebración de la ilícita consulta, sino de socava la actuación que en cumplimiento de la Ley y las resoluciones judiciales desarrollasen los otros cuerpos de seguridad del Estado”. Esta postura, añaden, que al inicio se plasmó en moderadas indicaciones dadas por Trapero, apelando a los postulados de oportunidad y proporcionalidad, más tarde se tradujo “en pautas de actuación ambiguas en principio y contrarias a las órdenes del TSJ de Cataluña después”.

Además, continúa la Sala, se previó un mecanismo para comunicación entre los agentes de servicio y sus mandos para posibles incidencias lento e ineficaz. El sistema era a todas luces, afirman los jueces, “inadecuado por la demora que exigía y de facto traducido en que cada agente tomara decisiones motu proprio; en suma el operativo no obedeció a razones técnicas, inalcanzables con la perspectiva de que a la sazón sólo había 8 agentes de mediación para toda Cataluña y actuaban en pareja, sino al designio de posibilitar el referéndum”.

El auto argumenta que la movilización de los agentes fue escasa, de 7.000 cuando en jornadas electorales se ha llegado a 12.000, y su distribución en los teóricos 2.259 centros de votación fue ineficaz al asignar sólo 2 agentes en grandes centros.

“Por lo demás, la actuación de esos efectivos de los Mossos en la jornada fue de total pasividad, cuando no de enfrentamiento con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado para impedir la clausura de los centros, obstaculización de sus actuaciones, falta de intervención cuando los agentes de la policía estatal eran agredidos e incluso vigilancia de sus movimientos y advertencia de su llegada a los centros de votación, frustrando o al menos dificultando su actuación”, concluye la Sala.

Para los magistrados, Trapero, como mayor de los Mossos, siguiendo las consignas recibidas de sus superiores y responsables políticos, “incumplió las órdenes emanadas del TSJ y las decisiones del Tribunal Constitucional, para conseguir la celebración del referéndum ilegal, y en esa connivencia hizo de correa de transmisión con sus subordinados”.

El Tribunal considera que la instrucción revela numerosos signos que vinculan a Trapero con los delitos de sedición y organización criminal y, por tanto, las conclusiones de la instructora “no son gratuitas y se asientan en numerosas comprobaciones y actos de investigación policial que señalan al procesado como partícipe”.

En referencia a la calificación jurídica de los hechos, la Sala recuerda que, tal y como establece el Tribunal Supremo, el auto de procesamiento representa la resolución por la que el juez de instrucción formaliza la inculpación y delimita objetiva y subjetivamente el proceso, por lo que no fija los términos del debate y será en la fase de juicio oral cuando se delimite la tipificación final de los hechos.

En el auto relativo a Puig, la Sala considera que como responsable político y segunda autoridad del Departamento de Interior tomó parte en el plan y estrategia minuciosamente detallado en el auto de procesamiento cuyo objetivo final era la desconexión de Cataluña del resto del Estado español, la declaración unilateral de independencia, y la proclamación de una república catalana.

En concreto, en relación con la jornada del 1 de octubre, el tribunal señala la responsabilidad del recurrente en una serie de acciones u omisiones atribuibles a los responsables de los Mossos tendentes a burlar la orden del TSJ de Cataluña.

En suma, la actuación de los más altos responsables de la Consejería de Interior, “en connivencia y colaboración con la estructura de Mando del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra y de los organizadores y grupos de defensa del referéndum ilegal, fue decisiva para fuera de la legalidad, impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas al afecto”. Para los jueces, los responsables de dicha policía hicieron de correa de transmisión de las instrucciones de los órganos de gobierno.

Autónomos y Emprendedores

Marta Yoldi
28/06/18  autonomosyemprendedores.es
Sobre la obligación de inscribir a los titulares reales de las empresas
Dura respuesta de los registradores a la entrevista al presidente del Notariado publicada en este medio

La entrevista publicada en este medio digital el pasado viernes a José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, en donde calificaba de «ilegal, peligrosa e ineficiente»  la disposición contenida en la Orden del Ministerio de Justicia sobre la obligación de inscribir en el Registro Mercantil a los titulares reales de las empresas cuando se depositan las cuentas anuales provocó que el portavoz de los Registradores de España, Luis Fernández del Pozo, solicitara a Autónomos y Emprendedores la publicación de una declaración institucional. Mientras que éstos últimos se oponen a dicha orden, han interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional y han acusado a los registradores «de tener un interés corporativo», los registradores afirman que la obligación de inscribir a los titulares reales de las sociedades es “un problema de Derecho comunitario” y de «comercialización de la base de datos» del Consejo General del Notariado a través de una empresa privada.

Notarios y registradores discrepan profundamente respecto a la nueva Orden Ministerial que obliga a las empresas a revelar cada año en el Registro Mercantil la titularidad real de los socios. En teoría, esta Orden pretende mejorar la transparencia de cara al blanqueo de capitales y que quede evidencia cada año de los cambios de titularidad en una empresa. Lo notarios dicen que es ilegal y vulnera la intimidad de muchos particulares pudiendo incluso ser peligrosa para ellos, mientras que los registradores aseguran que es perfectamente legal, rigurosa y necesaria.

El portavoz de los Registradores de España, Luis Fernández del Pozo no comparte en absoluto la consideración de ilegalidad de la Orden que esgrime el Consejo General del Notariado (CGN) en la entrevista con José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, que publicó este medio el pasado viernes 22 de junio. En la información remitida a este diario tras la publicación de la entrevista, el registrador mercantil de Barcelona, afirma que lo dispuesto en la Orden está avalado por las Directivas europeas y por el Real Decreto 602/2016 de modificación del marco contable, que habilita al Gobierno “para que, aprovechando el hecho del depósito de cuentas y sin mayores gastos, si hay alguna información adicional que se deba suministrar se añada a las cuentas”.

Los registradores son favorables a esta inscripción en el Registro Mercantil de los dueños reales de acciones y participaciones de una sociedad siempre que posean el 25% o más del capital social ya que, como explica Luis Fernández del Pozo en la información remitida a este medio, “somos el último país de Europa que ha establecido un mecanismo de registro de titularidades reales”. Recuerda que el pasado 19 de junio se publicó la Quinta Directiva europea sobre prevención del blanqueo de capitales, la cual establece que “el registro sea público, que cobre una tarifa pública, la cual cubra exclusivamente el coste administrativo y que, esta tarifa, permita la consulta a personas, aunque con un control riguroso de entrada. Es decir, que controle si existe un interés legítimo en consultar esos datos”. El portavoz señala que España ha incumplido las normas comunitarias en esta materia y “eso nos ha supuesto un expediente sancionador .Lo que hace la Orden Ministerial de Justicia es anticiparse a la Quinta Directiva cumpliendo lo que decía la Cuarta y haciendo lo que hacen en todas partes de Europa”.

Bases de datos de los notarios

Luis  Fernández  del  Pozo añade  que  “es  perfectamente  entendible  que, si  hay una corporación  o una empresa a quien  les  perjudica esta  norma, sueñe  con  que  la supriman  por  ilegalidad”. El registrador se  refiere  a  la  Base  de  Datos  de  Titularidad Real  (BDTR), que  administra  y sufraga  el Consejo General del Notariado y que  contiene  información  procedente  de  protocolos  notariales. “Hay una explotación  de datos  por  el  Notariado, una comercialización  de  los  mismos  a través  de  una sociedad limitada y es  natural  que  se  sientan afectados”,  señala.  Fernández del Pozo se  remite  al auto  de  la  Audiencia  Nacional  que  denegó la  petición de los notarios de suspensión de la disposición la Orden Ministerial. El auto del alto tribunal   «dice que el  interés  del  Consejo General del Notariado (de que se suspenda la disposición) es puramente  crematístico”. Además, el registrador afirma «que una cosa es una base de datos privada (ejemplar, sin duda) y otra muy distinta un registro público (la del Registro Mercantil); una cosa es una base de datos sin acceso libre y sin conexión con Europa y otra un registro público sujeto a precio tarifado y que asegura acceso a la plataforma de e-Justicia».

El portavoz continúa explicando que «Ancert, la sociedad limitada que explota la  base  de datos de titulares reales del Notariado, presta sus servicios, desde luego y gratuitamente, a las administraciones públicas con función supervisora de la prevención del fraude pero -hay que decirlo- también celebra convenios con otros terceros mediante un precio. Y todo ello a pesar de que el secreto de protocolo, principio esencial al ejercicio de la función notarial, es una norma con rango de Ley.  Damos por supuesto que, en ese diseño, se  habrán cerciorado los fedatarios de que no hay una cesión inconsentida de datos. Porque no deja de parecernos prima facie sorprendente que una persona visite una notaría, que le impongan el servicio adicional de otorgar y pagar un acta notarial adicional como requisito sine qua non para prestar su ministerio… y luego los datos acaben en una sociedad que los distribuye a quien concierte convenios al caso. Dicho lo cual, aquí no sobra nadie en la prevención del fraude y para ser justo la base de datos notarial no es del todo incompleta porque muchas transacciones pasan por el notario aunque cabe esperar que el defraudador contrate en el extranjero, en documento privado, y que los documentos judiciales y administrativos no afloran a esa base de datos».

Interconexión con Europa

Fernández del Pozo agrega en su declaración que otra de las ventajas de que la información sobre titulares reales se deposite en registros públicos “es que éstos son los únicos que tienen interconexión con Europa a través de una plataforma electrónica». Argumenta que el artículo 17 del Código de Comercio dice que quien establece conexión con registros públicos en Europa es el Registro Mercantil. «Precisamente porque las cuentas se depositan en el Registro Mercantil se aplica el Código de Comercio, es una conexión reglada».

Intimidad

Otro aspecto que el portavoz de los Registradores de España quiere dejar claro es que la publicidad de los titulares reales al depositar las cuentas en los registros mercantiles no atenta contra la intimidad. “Los datos que el Registro obtiene de los titulares reales no se dan a cualquiera, se somete a un rigurosísimo escrutinio para ver si el solicitante tiene interés legítimo como dice la Unión Europea. Esos datos no se van a dar al público en internet, van a estar sujetos a un escrutinio por una autoridad pública como pasa en todos los países de Europa”. Y añade: “Tiene que ser una autoridad pública quién controle el interés de quien solicita los datos, para proteger la intimidad, no una entidad privada que los comercializa”. Como colofón, Fernández del Pozo declara que “no hay ningún país del mundo en el que la base de datos sea notarial porque, entre otras cosas, esto está fundado en la idea de que los datos se obtienen en transacciones notariales y el sinvergüenza, el delincuente o el mafioso no pasa por el notario para hacer sus transacciones”.

El hecho de que Cepyme interpusiera conjuntamente con el Consejo General del Notariado el recurso ante la Audiencia Nacional no significa nada para los Registradores de España. Según señala su portavoz “A la CEOE intentaron convencerla los notarios para que se adhirieran al recurso y no lo aceptaron. Y Cepyme se ha retirado porque se sintieron engañados por el Notariado. Les trasladó que una información tan sensible como la titularidad real dentro de las cuentas anuales dejaba a las empresas a la vista del público en internet y que se ataca la seguridad y la intimidad. Eso es falso. Además, no deja de ser sorprendente que el recurrente alegue falta de protección de los datos cuando él tiene una sociedad privada que los comercializa”, concluye el portavoz.

Relevan al notario que amenazó con llevarse el Archivo Notarial de Córdoba a Sevilla

Fernando Gari ha sido nombrado nuevo Notario Archivero de Córdoba en el BOE después de la polémica que generó Manuel Rodríguez Poyo
José María Martín

Córdoba 27/06/2018 – cadenaser.com
El BOE publica hoy el nombramiento de un nuevo Notario Archivero de Córdoba, que será Fernando María Gari Munsuri.

Así lo ha decidido la Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución del 20 de junio. Gari sustituye así al anterior notario archivero, Manuel Rodríguez Poyo, que a principios de año amenazó con llevarse el archivo a Sevilla en protesta porque el Ayuntamiento dejó de pagarle el alquiler de una nave en La Torrecilla para guardar los documentos notariales. Un alquiler de 1.000 euros que el anterior gobierno del Partido Popular firmó y del que se benefició el entonces socio de Rodríguez Poyo. El Ayuntamiento recordó en aquel momento que no estaba obligado a costear este alquiler.

Según ha confirmado Radio Córdoba de fuentes notariales, la denuncia pública de Rodríguez Poyo provocó el malestar del Colegio Notarial de Andalucía y de una parte importante de los notarios de Córdoba. Aquel malestar desembocó en un  sondeo interno sobre el funcionamiento del archivo notarial. A raíz del mismo y de la situación generada por Rodríguez Poyo en estos días se ha procedido a su relevo, con el resultado de este nuevo nombramiento publicado hoy en el BOE. El Colegio Notarial de Andalucía confirma que la decisión ha sido tomada por la Dirección General de Registros Notariales y que se trata de un cese. Las mismas fuentes confirman que el archivo notarial se quedará en Córdoba y que se abre una nueva etapa de «sintonía» con el Ayuntamiento de Córdoba.

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 58/2018 tribunalconstitucional.es
EL TC declara la pérdida de objeto sobre el levantamiento o suspensión de la resolución de 22 de enero de 2018 que proponía investir presidente de Cataluña a Puigdemont
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado un auto por el que declara la pérdida sobrevenida del objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la resolución del presidente del Parlament de Cataluña de 22 de enero de 2018, por la que se proponía investir como presidente a Carles Puigdemont. El Tribunal entiende que “las circunstancias concurrentes actualmente hacen que las decisiones impugnadas en este proceso constitucional hayan perdido su eficacia y, en consecuencia, no pueden ser aplicadas”.
El Tribunal ha abordado este incidente porque estaba a punto de finalizar el plazo de cinco meses que establece el artículo 161.2 de la Constitución desde que se produjo la suspensión de la ley impugnada con la admisión a trámite de este recurso de inconstitucionalidad. Tanto al Abogado del Estado como al letrado del Parlament se le dio un plazo de cinco días para que se pronunciaran acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión. El Gobierno alegó que debía mantenerse la suspensión y, a mayor abundamiento, aducía la conexión de esta impugnación con el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2018, de 8 de mayo, de la Presidencia de la Generalitat, que pretendía investir presidente a un candidato de forma no presencial.
El auto, del que ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, explica que el presidente del Parlament dictó una resolución el pasado 5 de marzo, por la que dejaba sin efecto la resolución del 22 de enero, al proponer a Jordi Sánchez i Picanyol como candidato para este cargo. Además, por Real Decreto 291/2018, de 15 de mayo, ha sido nombrado presidente de la Generalitat Joaquim Torra.
Para el Tribunal, “tales hechos impiden que se pueda pronunciar acerca dellevantamiento de la suspensión o el mantenimiento de las decisiones impugnadas, pues este pronunciamiento sólo procede respecto de resoluciones o disposiciones que son susceptibles de producir efectos”.
La resolución judicial advierte de que “la pérdida de objeto de la solicitud de levantamiento de la suspensión y del incidente cautelar no implica la pérdida de objeto de la impugnación promovida por el Gobierno contra las resoluciones impugnadas”. Es más, como recuerda el ATC 49/2018, de 29 de abril, en el presente proceso constitucional se “suscitan cuestiones de interés general que justifican que no deba considerarse extinguida la impugnación con el fin de que el Tribunal pueda pronunciarse sobre aquellas cuando dicte la sentencia por la que se resuelva el proceso constitucional”.
Madrid, 22 de junio de 2018

Lunes, 25 de junio de 2018 poderjudicial.es

La carga de trabajo, principal factor de riesgo psicosocial de jueces y magistrados

Según el primer informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, encargado por el CGPJ en desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos. La carga de trabajo como factor de riesgo está más presente en las mujeres, en los jueces con menor antigüedad y en los Juzgados unipersonales. La Comisión Permanente señala que proteger la seguridad y salud de los jueces también es proteger a la sociedad, que se verá beneficiada de la calidad del servicio público prestado

Autor:Comunicación Poder Judicial

La carga de trabajo es el principal factor de riesgo psicosocial –vinculado a los conceptos de estrés o fatiga- de jueces y magistrados, según los resultados del primer informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, cuya elaboración fue encargada por el Consejo General del Poder Judicial en desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos.

El informe, presentado a la Comisión Permanente por los vocales Juan Martínez Moya y Concepción Sáez, se ha realizado a partir de los cuestionarios cumplimentados por 2.478 jueces y magistrados –el 47,8 por ciento de la Carrera- y de 78 entrevistas personales.

Según los resultados obtenidos, el 84 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial se sitúan en la zona de riesgo “muy elevado” en cuanto a carga de trabajo -definida como “el nivel de demanda de trabajo a la que el juez o magistrado ha de hacer frente”-, aunque los resultados varían cuando se tienen en cuenta las variables de género, antigüedad y destino.

Así, mientras el porcentaje de hombres que se sitúan en el nivel de riesgo “muy elevado” es del 80 por ciento, el de mujeres asciende al 87 por ciento. Este factor de riesgo es asimismo más señalado por los jueces con entre 3 y 10 años de antigüedad -86 por ciento en la zona de riesgo “muy elevado”- que por quienes ingresaron en la Carrera hace más de 25 años (76 por ciento).

Por órganos judiciales, la carga de trabajo como factor de riesgo “muy elevado” alcanza el 88 por ciento entre los jueces y magistrados destinados en Juzgados unipersonales; mientras que entre los de órganos colegiados el porcentaje es del 69 por ciento. Entre los órganos unipersonales, además, la puntuación más negativa es para los Juzgados de lo Mercantil (94 por ciento) y la más positiva para los Registros Civiles Exclusivos (40 por ciento) y los Juzgados de Menores (45 por ciento).

Conciliación de la vida profesional, personal y familiar

El informe dedica también un apartado a la conciliación del trabajo con la familia entre los miembros de la Carrera Judicial, que pone de manifiesto que las medidas relacionadas con la conciliación de la vida personal y laboral son solicitadas en mayor porcentaje por mujeres.

Así, a la pregunta sobre si tenían cuidado directo de hijos menores de edad, respondieron afirmativamente el 1,02 por ciento de los hombres frente al 5,77 por ciento de las mujeres; mientras que cuando se preguntaba por el cuidado en exclusiva de otras personas que no pueden valerse por sí mismas los porcentajes fueron del 0,94 por ciento (hombres) y del 2,95 por ciento (mujeres).

Por último, la pregunta de si en los últimos cinco años han disfrutado de alguna medida de conciliación ha sido respondida positivamente por el 9,4 por ciento de los hombres y por el 29,7 por ciento de las mujeres. Entre esas medidas se incluyen la licencia por maternidad, la excedencia por cuidado de hijos menores de tres años o de personas que no pueden valerse por sí mismas o la reducción de jornada por cuidado de hijos menores de doce años, entre otras.

Declaración de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente ha aprobado la siguiente declaración tras tomar conocimiento del informe:

“El actual mandato del CGPJ, consciente de los riesgos derivados de la actividad jurisdiccional y entender que protegiendo la seguridad y salud de los que son garantes de los derechos de la ciudadanía también se protege ‘subsidiariamente’ a esa sociedad que se verá beneficiada de la calidad del servicio público prestado, ha tenido como objetivo promover la seguridad y salud integral de la Carrera Judicial impulsando y promoviendo los instrumentos preventivos necesarios para la mejora efectiva de las condiciones de trabajo del colectivo.

En asunción de esta política preventiva, consideró un objetivo prioritario disponer de un Plan de Prevención de riesgos para la Carrera Judicial como punto de partida e instrumento de gestión de las actuaciones en materia de prevención de riesgos, aprobando en febrero de 2015 el primer Plan de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial para el bienio 2015-2016, Plan de Prevención de Riesgos que actualmente se encuentra prorrogado.

El desarrollo de su implantación contemplaba la realización por primera vez de las evaluaciones iniciales de riesgo de todos los puestos de trabajo de la Carrera Judicial (diferentes órdenes jurisdiccionales de Juzgados Unipersonales y Órganos colegiados) a nivel nacional, planificación de las medidas preventivas derivadas y evaluación específica de riesgos psicosociales de detectarse indicadores que lo recomendaran.

El informe presentado es de igual forma, el primer informe de evaluación de riesgos psicosociales realizado a la Carrera Judicial, en el que han participado 2.478 miembros de la Carrera Judicial (47,76%).

El informe contiene datos desagregados por territorios, diferentes órdenes jurisdiccionales, Juzgados Unipersonales y Órganos Colegiados, género, antigüedad en la Carrera y variables relacionadas con la conciliación de la vida personal y laboral.

Identifica a nivel general como principales factores de riesgo presentes ‘Carga de Trabajo’, ‘Desempeño de rol’, ‘Demandas Psicológicas’ y ‘Tiempo de trabajo’ (factores vinculados a los conceptos de estrés, fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo y violencia en el lugar de trabajo) y pone de manifiesto que las medidas relacionadas con la conciliación de la vida personal y laboral son solicitadas y disfrutadas en mayor porcentaje por mujeres”.

La Comisión Permanente ha acordado dar traslado del informe a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud.

22 de junio de 2018

mineco.gob.es

La ministra de Economía y Empresa presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto por el que se modifica la estructura de las Comisiones Delegadas del Gobierno
La primera Comisión Delegada de Asuntos Económicos del nuevo Gobierno se celebrará el próximo jueve

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. Con esta norma, se adapta la comisión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) debido a que el Ministerio de Economía y Empresa asumirá nuevas funciones.

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, presidirá la CDGAE, cuya primera reunión está convocada para el próximo jueves. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ejercerá las funciones de vicepresidencia.

El resto de la comisión estará conformada por el ministro de Fomento; las ministras de Educación y Formación Profesional; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Industria, Comercio y Turismo; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; las ministras de Política Territorial y Función Pública, para la Transición Ecológica; y el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

A su vez, forman parte de la CDGAE, los secretarios de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital; de Hacienda; y de Presupuestos y Gastos.

De manera excepcional, cuando se traten temas en la Comisión relacionados con la Unión Europea, asistirá el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Secretario de Estado para la Unión Europea.

Los titulares del resto de departamentos ministeriales podrán ser convocados cuando se traten asuntos con repercusiones económicas o presupuestarias relacionados con dichos ministerios.

También asistirá siempre a la CDGAE un representante de la Presidencia del Gobierno y la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ejercerá las funciones de Secretaría de la Comisión.

Viernes, 22 de junio de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo condena por publicidad engañosa a una sociedad que ofrecía hipotecas “sin avales” y sin tener contrato laboral fijo

La Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ausbanc Consumo contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que había descartado que un anuncio de la entidad de intermediación financiera Credit Services S.A. integrara un supuesto de publicidad ilícita.

El anuncio en cuestión, publicado en prensa escrita, contenía el nombre comercial de la entidad y tres referencias (“Hipoteca 100% Sin avales.- Sin estar fijo”, “Préstamos personales. Rápidos. Casi sin papeleo” y “Reunificación de deudas. Hasta 50% de ahorro mensual”), seguidas de la dirección y del teléfono de la empresa, que aparecía en caracteres destacados.

La Audiencia había considerado que el carácter esquemático del anuncio y la falta de información concreta sobre los productos ofertados lo hacían inhábil para inducir a error o modificar el comportamiento económico del consumidor. Sin embargo, la Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera.

Se adjunta nota de la Sala de lo Civil.

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico
Sentencia 368/2018, de 19 de junio (CAS 2051/2015)
Publicidad engañosa en las ofertas de préstamos y de reunificación de créditos anunciadas por entidades de intermediación financiera
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ausbanc Consumo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que había descartado que un anuncio de la entidad de intermediación financiera Credit Services S.A. integrara un supuesto de publicidad ilícita. El anuncio en cuestión, publicado en prensa escrita, contenía el nombre comercial de la entidad y tres referencias («Hipoteca 100% Sin avales.- Sin estar fijo», «Préstamos personales. Rápidos. Casi sin papeleo» y «Reunificación de deudas. Hasta 50% de ahorro mensual»), seguidas de la dirección y del teléfono de la empresa, que aparecía en caracteres destacados.
La Audiencia había considerado que el carácter esquemático del anuncio y la falta de información concreta sobre los productos ofertados lo hacían inhábil para inducir a error o modificar el comportamiento económico del consumidor.
Sin embargo, la Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera. La limitación del espacio publicitario, lejos de amparar formulaciones ambiguas o genéricas, impone a la empresa anunciante un claro deber de precisión sobre lo que es objeto de anuncio, aunque sea de un modo esquemático. En el anuncio en cuestión, el carácter ilícito de la publicidad en la doble vertiente exigida por la norma (aptitud del mensaje publicitario para inducir al error e idoneidad para afectar al comportamiento económico de sus destinatarios) se produce porque la ambigüedad calculada del mensaje, con una clara inobservancia de ese deber de precisión en sus referencias genéricas e indeterminadas, silencia datos fundamentales de los productos y servicios ofertados e induce a error a los destinatarios, por la falta de transparencia en la comunicación de los datos fundamentales necesarios para que los clientes puedan adoptar un comportamiento económico correcto.
Así, el tenor de las expresiones utilizadas en el anuncio, sin ninguna referencia a la actividad de mera intermediación financiera del anunciante, induce a pensar que se trata de una entidad bancaria que presta directamente los productos y servicios ofertados; todo ello en un contexto de clara facilidad y automatismo: «sin avales», «sin estar fijo», «rápidos» y «casi sin papeleo». En esta línea, además, el mensaje publicitario omite cualquier información o precisión mínima tanto sobre las condiciones económicas y jurídicas de los productos y servicios ofertados, como de los correspondientes gastos que puedan comportar dichos productos y servicios. Y cuando lo hace, con referencia al ahorro mensual en la reunificación de deudas, «hasta 50% de ahorro mensual», lo realiza sin precisión alguna acerca del aumento del período de amortización del crédito. Se infringen, además, las exigencias de información sobre la tasa anual equivalente (TAE) en las ofertas de préstamo hipotecario, así como de los gastos relacionados con la agrupación de distintos créditos en uno solo.
Esa ambigüedad calculada para despertar el inmediato interés de los destinatarios tiene la finalidad de conducirles a entrar en contacto directo con la entidad anunciante a través de una práctica especialmente idónea para una contratación rápida, de ahí el resalte con el que se anuncia el teléfono de la entidad.
Como consecuencia de la estimación del recurso de casación, la sentencia condena a Credit Service S.A y a Credit Service Sevilla 2 a la cesación de la publicidad cuestionada y a la que presente iguales características, así como a su no reiteración en el futuro. Las empresas demandadas deberán publicar un resumen del fallo por un período no inferior a un mes en el diario en el que se insertó en su día el anuncio, así como en los tablones de anuncios de las delegaciones y oficinas de Credit Services, S.A. y en su página web.
La sala rechaza otras medidas solicitadas por Ausbanc Consumo, por resultar innecesarias para el conocimiento y difusión de la sentencia o por ser propias de la fase de ejecución de dicha sentencia.
Gabinete Técnico. Área Civil.
Madrid, junio de 2018

Consejo de Ministros

mjusticia.gob.es

El Gobierno nombra directora general de Relaciones con la Administración de Justicia a Esmeralda Rasillo

22 de junio de 2018.- El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha acordado hoy nombrar directora general de Relaciones con la Administración de Justicia a Esmeralda Rasillo López en sustitución de Joaquín Delgado.

Licenciada en Derecho y graduada en Criminología por la Universidad de Valladolid, Esmeralda Rasillo ingresó en 1985 en la carrera fiscal. Su primer destino fue en Cataluña, como coordinadora del Servicio de Incapacidades de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y fiscal del Juzgado de Instrucción nº 5 de Barcelona y de los Juzgados de Instrucción de Mataró. En 1993 se trasladó a Madrid donde ha ejercido como fiscal coordinadora de Vigilancia Penitenciaria, del Registro Civil Único y Registro Central y de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En 2007 se incorporó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y un año más tarde fue nombrada fiscal de la Unidad de Apoyo donde ha estado prestando servicios hasta la fecha. En 2018 fue designada por el fiscal general como delegada en materia de protección de datos.

Viernes, 22 de junio de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo condena a penas de entre cinco y seis años de cárcel a cuatro abogados y gestores del ‘caso Golfinger’ de Marbella por eludir impuestos

La sentencia constata que los procesados evitaron pagar 11,2 millones de euros del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, correspondiente a la venta de 72 apartamentos de lujo en Marbella

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 5 años y 2 meses de prisión y 6 años y 8 meses a dos abogados, un administrador y un promotor por el denominado ‘caso Goldfinger’, al constatar que evitaron pagar 11,2 millones de euros del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, correspondiente a la venta de 72 apartamentos de lujo en Marbella construidos en unos terrenos que incluían la parcela donde había estado una mansión de Sean Connery. Asimismo, los cuatro tendrán que pagar cada uno una multa de 44 millones de euros por los delitos fiscales de los que son autores, e indemnizar conjuntamente a Hacienda en la cuota defraudada de 11,2 millones de euros.

El Supremo estima parcialmente el recurso de los cuatro condenados -los abogados Héctor J.D.B. y Luis J., el administrador Norberto P. y el promotor Ramón A.- y les absuelve de uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública por los que fueron condenados por la Audiencia de Málaga, lo que supone una reducción de cada una de sus condenas en 2 años y 7 meses.

El tribunal mantiene las condenas por los delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, pero absuelve por el de 2005, al considerar que está acreditado que la compra real del terreno en el año 2001 superó los 14 millones de euros y no fue por tanto de 1.187.479 euros. Al reducirse la base imponible correspondiente a la liquidación tributaria de ese año arroja un saldo negativo, con lo que procede absolver de ese primer delito, explica la Sala. Ello afecta también a la multa que deberán pagar cada uno de ellos, que pasa de 63 millones a 44 millones de euros (el cuádruple de la cuota defraudada) así como a la indemnización que deberán abonar a Hacienda, que era de 15,9 millones y pasa a ser de 11,2 millones.

Asimismo, se confirma a Luis J. la condena por delito fiscal correspondiente a su IRPF, con lo que su pena se eleva a 6 años y 8 meses de cárcel, mientras que la de los otros tres es de 5 años y 2 meses (2 años y 7 meses por cada delito fiscal por el Impuesto de Sociedades). A un quinto acusado, Rafael Q., cómplice de los delitos fiscales, se le reduce la condena de 1 año y 6 meses de cárcel a 1 año como consecuencia de la absolución por el Impuesto de Sociedades de 2005.

La sentencia de la Audiencia de Málaga, en un aspecto que no fue recurrido por ninguna de las partes al Supremo, condenó a 1 año de cárcel al exalcalde de Marbella por delito contra la ordenación del territorio, y a penas de entre 9 meses y 1 año a otros seis exediles de Marbella por el mismo delito.

Por otro lado, el Supremo mantiene las absoluciones por delitos de fraude, malversación y cohecho, entre otros de Juan Antonio R., al rechazar los recursos de la Fiscalía y de la acusación en nombre del Ayuntamiento de Marbella.

Los hechos probados de la sentencia señalaban que el proyecto de urbanización, denominado ‘Malibú’, no se ajustaba a la normativa y al Plan General de Ordenación Urbana vigente, entre otras cosas por exceder la edificabilidad permitida, pero la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella concedió la licencia de obras para construir los 72 apartamentos y sus garajes.

En cuanto a las defraudaciones fiscales que dan lugar a las condenas, el Supremo explica que el núcleo consistió en que los gestores, representantes y titulares de la empresa que construyó y vendió el complejo urbanístico ‘Malibú’, con el fin de evitar pagar el Impuesto de Sociedades correspondiente a la venta de los 72 apartamentos de lujo (cada uno valía alrededor de 1.500.000 euros de media), realizaron dos operaciones simuladas: una de compra de acciones de la entidad vendedora del terreno por una suma de 40 millones de euros, y otra de compraventa de futuro de acciones de Google por un importe de 35 millones de euros.

Con esas operaciones pretendían justificar unas pérdidas societarias ficticias por 75 millones de euros, que trasladaron a los ejercicios fiscales de los años 2005, 2006 y 2007. Con lo cual evitaron pagar más de quince millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades.

En la sentencia de casación, sin embargo, se absuelve del primer delito fiscal (año 2005) porque se considera acreditado que la compra real del terreno en el año 2001 superó los 14 millones de euros y no fue por tanto de 1.187.479 euros. Al reducir la base imponible correspondiente a la liquidación tributaria de ese año arroja un saldo negativo, con lo que procede absolver de ese primer delito. No así de los otros dos.

Comienza la cuenta atrás para el Registro de titulares reales

Justicia debe diseñar el ‘Registro Central’ interconectado con la UE

Xavier Gil Pecharromán

Madrid 19/06/2018 eleconomista.es
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó hoy el texto de la conocida como Quinta Directiva, que modifica la regulación comunitaria en materia de prevención del blanqueo de capitales y que introduce la obligación de que los Estados miembros se aseguren de que la información sobre la titularidad real de las sociedades se conserve en un Registro Central, que puede ser, por ejemplo, un Registro Mercantil, un registro de sociedades o un registro público.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado tiene que implementar el Registro Central con presteza, puesto que la Directiva debe entrar en vigor antes del 20 enero de 2020 y para 2019 está previsto un informe de Bruselas con las instrucciones técnicas para la interconexión de los registros de los Veintiocho.

La norma establece que toda la información sobre la titularidad real deberá estar en todos los casos a disposición de las autoridades competentes y las Unidades de Información Financiera (UIF) -en el caso de España el Sepblac-, sin restricción alguna; las entidades obligadas, en el marco de la aplicación de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente; y toda persona u organización que demuestre un interés legítimo.

Protección de datos

En este último caso, que incluye por ejemplo a los periodistas, la norma señala que tendrán acceso, como mínimo, al nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, la nacionalidad y el país de residencia del titular real, así como a la naturaleza y alcance de la participación real. El acceso a la información sobre la titularidad real se hará de conformidad con las normas sobre protección de datos y podrá estar sujeta a un registro en línea y al pago de una tasa.

Una novedad importante es que las tasas aplicadas por la obtención de información no deberán exceder de los correspondientes costes administrativos. El Registro Central tendrá que asegurar el acceso oportuno y sin restricción de las autoridades competentes y las UIF, sin alertar a la entidad afectada. También permitirá el acceso oportuno de las entidades obligadas.

Además, la información deberá estar a disposición del público a través de los registros nacionales y del sistema de interconexión de los registros al menos durante cinco años y durante un periodo no superior a diez años tras la cancelación registral de la sociedad.

En esta línea, desde junio de 2017, los registros mercantiles de todos los países de la UE están interconectados para que los ciudadanos puedan buscar información sobre las empresas registradas en cualquier país de la UE, Islandia, Liechtenstein o Noruega, al tiempo que los Registros puedan compartir información sobre sucursales extranjeras y fusiones transfronterizas de empresas.

Este sistema de interconexión de los registros empresariales (BRIS) impulsado por la Comisión Europea supone un esfuerzo conjunto por parte de los gobiernos de la UE.

En España, la Orden Ministerial JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a presentarlas, en vigor desde el 28 de marzo, obliga a los Registros Mercantiles a exigir este año, junto con el depósito de cuentas anuales una declaración de aquellas personas físicas que tengan una titularidad real a favor, de forma directa o indirecta, de más del 25 por ciento de su capital social.

El Consejo General del Notariado, por su parte, dispone de una Base de Datos de Titular Real (BDTR), creada al amparo de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, desde marzo de 2012. La información contenida en ella procede del Índice Único Informatizado notarial. Este índice contiene más de 110 millones de documentos notariales relativos a 146 millones de operaciones realizadas durante estos años.

Ábalos subraya que Vivienda será una prioridad política del Gobierno

Miércoles 20 de junio de 2018 lamoncloa.gob.es

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la toma de posesión de varios altos cargos de su Departamento, ha puesto de relieve que la Vivienda es una prioridad política del Gobierno.
Asimismo, el ministro destacó que el Ministerio de Fomento debe hacer un esfuerzo en materia de cohesión territorial y social, contribuir al crecimiento económico, mejorar la competitividad de nuestras empresas y el bienestar social de los ciudadanos.

Además señaló la necesidad de una gestión basada en la eficiencia que valore los recursos públicos y el control del gasto, unido al ejercicio del diálogo como punto de encuentro social.

Han jurado su cargo el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Pedro Saura García, el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo Roncero, Subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez García, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Javier Martín Ramiro y como jefe del gabinete del ministro, Sergio Vázquez Torrón.

Miércoles, 20 de junio de 2018  poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ urge una gran reforma organizativa de la Justicia ante la situación de colapso de muchos órganos judiciales

Carlos Lesmes afirma que más del 60 % de los Juzgados están “claramente sobrecargados” y dice que si la situación se prolonga “puede provocar que el propio sistema se resienta”. Lesmes confía en que la renovación de los veinte vocales del CGPJ y de su presidente, que se activará en unas semanas, se desarrolle “dentro de los plazos establecidos por la ley”. “El Poder Judicial está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el Estado de Derecho”, dice en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El presidente del TS y del CGPJ pide que se atiendan las “legítimas reivindicaciones” de los miembros de la Carrera Judicial para mejorar sus condiciones de trabajo.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha advertido hoy de la situación de “colapso” de muchos de los órganos judiciales españoles y ha urgido a “abordar las grandes reformas estructurales de nuestra Justicia, que siempre, por unos motivos u otros, acaban postergadas”.

“Mientras no se lleve a cabo una gran reforma organizativa de la Administración de Justicia, difícilmente serán superables las actuales ineficiencias que impiden que los grandes indicadores de asuntos pendientes, tasas de resolución o tiempos medios de respuesta experimenten mejoras significativas”, ha señalado Lesmes durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El presidente del Poder Judicial, que ha dado cuenta del estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales con datos actualizados a 31 de diciembre de 2017, ha afirmado que el sistema de Justicia, “al menos en cuanto a la capacidad global para absorber con agilidad la carga de trabajo que entra, no ha experimentado grandes mejoras en los últimos años”.

“Nuestra litigiosidad sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno, y aunque nuestros jueces, gracias a su esfuerzo, llevaban varios años siendo capaces, a nivel global, de resolver más asuntos de los que ingresaban, esta es una situación difícilmente sostenible en el tiempo”, ha señalado.

Lesmes también ha considerado “difícilmente soportables” las situaciones de colapso de buena parte de los órganos judiciales y ha recordado que, según un estudio realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ, “casi el 60 por ciento de nuestros Juzgados se encuentran claramente sobrecargados”, mientras que otros no alcanzan la carga de trabajo fijada como asumible.

“Esta situación de colapso en muchos órganos y, en todo caso, de desequilibrio en el conjunto del sistema, si se mantiene prolongadamente en el tiempo, puede provocar que el propio sistema se resienta, como de hecho puede estar ocurriendo”, ha concluido.

Reformas pendientes

Ante esta situación, el presidente del TS y del CGPJ ha subrayado que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra Justicia”, que debería ir acompañada de la modernización de ciertos aspectos de la legislación procesal, “muy especialmente en el orden penal”.

“Sigue estando pendiente, sin perjuicio de la introducción de reformas parciales de cuya utilidad no dudo, la reforma global y definitiva de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es necesario estudiar el modelo en su conjunto, modernizar la investigación penal, estableciendo un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue adecuadamente, como en otros modelos de Derecho comparado, las garantías procesales con la celeridad”, ha dicho.

Lesmes también ha abogado por “seguir avanzando en la plena implantación de la digitalización de nuestra Justicia”, corrigiendo las deficiencias detectadas, y ha pedido no olvidar “la dotación de medios”.

“Hay que invertir en Justicia, y hacerlo de manera suficiente y con una adecuada planificación, aunando y coordinando esfuerzos entre las distintas Administraciones implicadas”, ha añadido.

Independencia judicial

El presidente del TS y del CGPJ ha señalado durante su intervención en el Congreso que “distintos acontecimientos han exigido del Consejo que, hasta en ocho ocasiones en los últimos nueve meses, haya hecho públicos comunicados o declaraciones institucionales exigiendo respeto por el principio de independencia de los jueces y recordando que se trata de una de las garantías más básicas que el Estado de Derecho proporciona a la propia sociedad”.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha estimado durante este mandato varias solicitudes de amparo elevadas por miembros de la Carrera Judicial, “una vez constatado que se estaban produciendo circunstancias que perturbaban gravemente el ejercicio independiente de la función jurisdiccional”.

Por todo ello, Lesmes ha instado a “prestar la máxima atención, siempre, a los principios de colaboración, respeto y lealtad institucional” y ha subrayado que “en nada y a nadie ayudan actitudes tendentes a desacreditar ante la sociedad la legitimidad de nuestras instituciones, pues la fortaleza de éstas está directamente vinculada con el progreso y la convivencia pacífica”.

“Así lo creemos en el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y así lo hemos expresado públicamente siempre que ha sido necesario. Un Poder Judicial que ha dado y está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestro Estado de Derecho”, ha concluido.

Mejorar las condiciones de trabajo de los jueces

El presidente del TS y del CGPJ también ha dicho ante los miembros de la Comisión de Justicia que es necesario “prestar la debida atención a las legítimas reivindicaciones que en estos momentos están reclamando los miembros de la Carrera Judicial” y que les llevaron recientemente a convocar una jornada de paro.

“Hay que mejorar, en la medida de lo posible, sus condiciones de trabajo y responder adecuadamente a la especial dificultad que entraña su labor, pues con ello estaremos favoreciendo la calidad de un servicio que es pieza fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho”, ha afirmado Lesmes, que ha citado, entre otras reivindicaciones, las retributivas y las relativas a la protección social, las cargas de trabajo o los medios materiales.

También ha hecho referencia a los permisos y licencias, recordando que se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto que restituye a los jueces los derechos perdidos en ese ámbito y confiando en que salga adelante “porque, simplemente, es lo justo”.

Por último, el presidente del Poder Judicial ha abogado por establecer un nuevo diseño de la Carrera Judicial –que deberá ser recogido por la Ley Orgánica del Poder Judicial- que favorezca y premie de manera real “la formación, la especialización y la excelencia, objetivando claramente los méritos que den acceso a las altas instancias judiciales y a los puestos gubernativos”.

Renovación del CGPJ

Carlos Lesmes ha anunciado que en unas semanas se activará el mecanismo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para proceder a la renovación de los veinte vocales que integran el órgano, quienes, una vez nombrados, habrán de elegir un nuevo presidente.

“La renovación de las instituciones, señorías, es necesaria. Por ello confiamos en que el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, proceso del que son protagonistas, precisamente, las Cortes Generales, se desarrolle con absoluta normalidad y dentro de los plazos establecidos por la ley”, ha dicho el presidente del TS y del CGPJ ante los diputados que integran la Comisión de Justicia.

Ante la finalización el próximo mes de diciembre del mandato del actual Consejo, Lesmes ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas para tratar de alcanzar los objetivos que trasladó a la Cámara en su primera comparecencia tras asumir el cargo.

Así, ha señalado que el CGPJ se ha convertido en un referente en materia de transparencia, recibiendo por ello el reconocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o del Consejo General de la Abogacía; y que ha cumplido con el mandato de austeridad que debe regir el funcionamiento de todas las instituciones públicas, como prueba la reducción de su presupuesto en el periodo 2013-2018 en un 8,21 por ciento –disminución que ha superado el 40 por ciento en las partidas destinadas a altos cargos-.

El presidente del TS y del CGPJ también ha recordado que el actual Consejo ha favorecido que el contacto con los miembros de la Carrera Judicial y con las asociaciones profesionales sea lo más directo y frecuente posible, manteniendo él mismo encuentros directos con más de 1.500 jueces y magistrados; y ha destacado el trabajo realizado en materia de protección social, con la puesta en marcha del primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial; o la regularización de la situación de los casi 400 jueces –el 8 por ciento del total- que al inicio de su mandato se encontraban en expectativa de destino.

Lesmes ha hecho referencia asimismo a iniciativas como la creación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que en algo más de tres años de funcionamiento ha tramitado decenas de medidas de apoyo a los jueces y magistrados que investigan delitos de corrupción; al impulso dado a la formación de los miembros de la Carrera Judicial, especialmente en materias como la violencia de género, menores, cooperación internacional o discapacidad; o a que, por primera vez, los jueces españoles cuenten con un código ético propio –denominado “Principios de Ética Judicial”- en cuya elaboración participaron las asociaciones judiciales, miembros no asociados de la judicatura, expertos y representantes de los Tribunal Superior de Justicia.

Estos avances se han conseguido “gracias a la implicación y entrega demostradas por los vocales del Consejo, a quienes es justo agradecer el trabajo realizado”, ha dicho el presidente del Poder Judicial, que ha subrayado el alto nivel de acuerdo y consenso que ha existido en la institución, como demuestra que el 79 por ciento de los 1.202 acuerdos adoptados por el Pleno desde diciembre de 2013 lo hayan sido por unanimidad o asentimiento o que el 92 por ciento de los 216 nombramientos discrecionales efectuados hasta la fecha lo fueran por unanimidad o mayoría cualificada.

Estadística de Precios de Suelo correspondiente al primer trimestre de 2018

El precio medio del suelo urbano descendió un 2,6% en el primer trimestre de 2018 en tasa interanual
Viernes 15 de junio de 2018  lamoncloa.gob.es
Ministerio de Fomento

En este trimestre se realizaron 4.867 transacciones de suelo urbano, un 10,6% más que en el primer trimestre de 2017.
El precio medio del metro cuadrado del suelo descendió en el primer trimestre de 2018 un 2,6% en tasa interanual (primer trimestre de 2018/primer trimestre de 2017), al situarse en 163,1 euros. Frente al trimestre anterior, el precio medio del m2 experimentó un ascenso del 6,6%.
En los municipios de más de 50.000 habitantes el precio medio del m2 ha  descendido en tasa interanual un 7,8% tras situarse en 274,0 euros por metro cuadrado.

Los precios medios más elevados, dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes, se registraron en las provincias de Madrid (Comunidad de) (477,8 €/m2), Barcelona (436,3 €/m2), Balears (Illes) (397,0 €/m2) y Valencia (337,5 €/m2). Los precios medios más bajos, dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes, se dieron en las provincias de Albacete (79,5 €/m2), Castellón/Castelló (93,2 €/m2) y Lleida (99,7 €/m2).

Transacciones de suelo. Superficie y valor trasmitidos

El número de transacciones realizadas en el primer trimestre de 2018 fue de 4.867, un 16,7% menos que las realizadas en el cuarto trimestre de 2017, que ascendieron a 5.845 y un 10,6% más que las realizadas en el primer trimestre de 2017, en el que se transmitieron 4.401 solares.

Según el tamaño del municipio, las transacciones se distribuyen de la siguiente forma: en los municipios menores de 1.000 habitantes se realizaron 273 transacciones, un 22,4% menos que en el mismo trimestre del año anterior; en los municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes, se vendieron 860 solares, lo que representa un aumento del 8,9% en tasa interanual; en los municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, el número de transacciones fue de 840, un 12,3% más que en el mismo trimestre del año anterior; en aquellos municipios cuya población está comprendida entre 10.000 y 50.000 habitantes, las transacciones ascendieron a 1.842, un 17,0% más en tasa interanual.  Finalmente, en  los municipios con una población superior a  50.000 habitantes, el número de solares vendidos fue de 1.052, un 12,4% más que el primer trimestre del año anterior.

La superficie trasmitida en el primer trimestre de 2018 asciende a 7,8 millones de metros cuadrados, por un valor de 770,6 millones de euros. Respecto al primer trimestre de 2017, las variaciones interanuales representan un 36,7% más de superficie transmitida y un 12,9% más del valor de las mismas.

Lunes, 18 de junio de 2018 poderjudicial.es

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas en el primer trimestre del año

En los 17 procedimientos concluidos por este tipo de delitos en ese periodo. El 75 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fueron condenatorias

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2018 un total de 17 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Lunes, 18 de junio de 2018 – poderjudicial.es

El CGPJ avala la idoneidad de María José Segarra para ser nombrada fiscal general del Estado

El órgano de gobierno de los jueces cumple así el trámite de audiencia establecido en el artículo 124.4 de la Constitución

Autor:Comunicación Poder Judicial

El CGPJ avala la idoneidad de María José Segarra para ser nombrada fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado hoy por unanimidad que la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla, María José Segarra Crespo, reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado y ha avalado en consecuencia su idoneidad para el cargo, para el que fue propuesta el pasado viernes 15 por el Consejo de Ministros.

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

María José Segarra se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene acreditados más de 30 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, en la que ingresó por oposición en 1987 y en la que ha ocupado destinos en la Fiscalía de la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y en la Fiscalía Provincial de Sevilla, de la que es fiscal jefe desde diciembre de 2004.

Especializada en Familia y Protección de Menores, ha participado como ponente en numerosos cursos, jornadas y seminarios sobre esta materia organizados por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y otras instituciones.

Miembro del Consejo Fiscal entre los años 1990 y 1991, volvió a resultar elegida vocal de este órgano en las elecciones celebradas el pasado mes de marzo.

Examinada la trayectoria profesional de Segarra, el Pleno ha concluido que “se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesta”.

Los registradores conceden el premio Gumersindo de Azcárate 2018 a las Cortes Generales
18 junio 2018  Notas de prensa – registradores.org

◾La presidenta del Congreso, Ana Pastor, recoge el galardón con el que se reconocen cuarenta años de libertad, democracia y Estado de derecho

18.06.’18.-. En su VIII edición, y coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución Española, los registradores han otorgado  el Premio Gumersindo de Azcárate 2018 a las Cortes Generales, representación del pueblo español, en reconocimiento a cuarenta años de libertad, democracia y Estado de derecho. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha entregado el galardón a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en presencia de la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán y de la decana autonómica de Madrid, Belén Merino. Al acto también han asistido el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas y la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola.

En la presentación del premio, María Emilia Adán ha resaltado el valor de la Constitución, “que ha permitido a los españoles el periodo más largo de convivencia en paz y libertad” y ha subrayado que la Carta Magna garantiza la seguridad jurídica, “que en su vertiente preventiva, cuenta con la Institución Registral para hacerla efectiva”, ha asegurado la decana, para quien “la institución es también un instrumento para el desarrollo material de otros preceptos constitucionales, como hacer efectivo el contenido social de la propiedad; dotar de transparencia a nuestras empresas; e incluso el principio de igualdad, al permitir el acceso a la información de todos los ciudadanos”.

En la entrega del premio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado ha destacado que “todos coincidimos en un denominador común, el reconocimiento del progreso y del desarrollo en todos los ámbitos, político, social y económico que trajo consigo la entrada en vigor de nuestra Carta Magna”.

Por último, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha agradecido el Premio Gumersindo de Azcárate, “que, al reconocer a las Cortes en el 40 aniversario de la Constitución española, celebra también el gran proyecto democrático y social que ha conseguido impulsar a la España de nuestro tiempo”.

Ediciones pasadas

Instituido en 2007, el premio Gumersindo de Azcárate que conceden el Colegio de Registradores de España y el Decanato Autonómico de Madrid, reconoce a las personas o entidades que promueven el Estado social y democrático de derecho y la institucionalidad y con ellos, el desarrollo económico y social.

En sus anteriores ediciones el premio ha sido concedido a Enrique Múgica Herzog, exministro de Justicia; a Luis Díez-Picazo, catedrático de Derecho Civil y exmagistrado del Tribunal Constitucional; a Mario Vargas Llosa, escritor y premio Nobel; a Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil; a Francisco González, presidente del BBVA; a José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea; y a los padres de la Constitución, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Gumersindo de Azcárate

El galardón adopta el nombre de Gumersindo de Azcárate, y a cada premiado se le entrega un busto en bronce del mismo, en memoria de quien fue gran jurista y político, letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado y catedrático, preocupado por la reforma del Derecho y la sociedad española.

Nacido en León en 1840, participó además, junto a Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón y otros catedráticos, en la creación de la Institución Libre de Enseñanza. Fue, así mismo, miembro del Consejo de Instrucción Pública, vicepresidente de la Junta de Ampliación de Estudios y presidente del IRS (Instituto de Reforma Social), así como Integrante de la Academia de la Historia y cofundador de la Fundación Sierra-Pambley, de cuyo patronato fue presidente hasta su muerte.

En 1886 fue elegido diputado por León del Partido Republicano, al que siguió representando hasta las elecciones de 1917.

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación – mjusticia.gob.es
La ministra Delgado convoca a las asociaciones de jueces y fiscales para abrir el diálogo con el Gobierno
Un próximo encuentro preparatorio el próximo 23 de julio fijará un calendario ordenado para abordar todas las reclamaciones de los profesionales de la Justicia
18 de junio de 2018.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha convocado a todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales a una reunión a celebrar el próximo 23 de julio con el objetivo de retomar el diálogo que permita encontrar respuestas a las necesidades más urgentes del sector.
Este encuentro, de carácter preparatorio, debe servir para fijar un calendario ordenado de negociaciones en las que abordar las distintas reivindicaciones de los profesionales de la Justicia.
La intención de la ministra Delgado es que la recuperación del diálogo entre el Gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales sirva, entre otros extremos, para dotar de mayor transparencia a la administración de Justicia y reforzar los mecanismos que garantizan la independencia judicial respecto de otros poderes del Estado o frente a cualquier tipo de presión o injerencia.
Las negociaciones también abordarán la manera de profundizar en el proceso de modernización de la Justicia, y buscarán fórmulas válidas para recompensar el esfuerzo que los profesionales de la Justicia han realizado durante la crisis económica, etapa que se tradujo en recortes de distintas clases vinculados al objetivo de estabilidad económica.
La ministra Delgado también abrirá en breve esta vía de diálogo con el resto de los colectivos judiciales, letrados de la administración de Justicia y funcionarios, con el mismo objetivo de regenerar las instituciones, ganar en transparencia y compensarles por el esfuerzo realizado.

Ministerio de Justicia
Gabinete de Comunicación – mjusticia.gob.es
La ministra de Justicia encarga a la Comisión General de Codificación que estudie una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género
Acuerda ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de los expertos hasta el próximo 15 de noviembre
15 de junio de 2018.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha decidido ampliar el objeto del análisis encomendado a la Comisión General de Codificación y, en consecuencia, también el plazo inicial para la finalización de sus trabajos hasta el próximo 15 de noviembre. La Sección de Derecho Penal deberá examinar si, desde una perspectiva de género, es necesaria una reforma más amplia del ordenamiento jurídico.
La Comisión General de Codificación recibió el pasado 28 de abril el encargo de examinar los delitos de agresión y abuso sexual y determinar su corrección técnica para, en su caso, proponer la reforma del Código Penal; ahora deberá determinar también si resulta necesaria la modificación de otras normas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los expertos deberán asimismo dictaminar si, del análisis de la respuesta dada por Juzgados y Tribunales a este tipo de delitos, se advierten vacíos o imprecisiones en las normas aplicadas que impiden dar una respuesta adecuada y proporcionada a los hechos delictivos enjuiciados.
En tercer lugar, la Comisión General de Codificación ha recibido el encargo de estudiar la manera de integrar, tanto en el ámbito penal como en la actuación de los poderes públicos, las disposiciones sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres previstas por las normas internacionales, como el Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014) y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.
La decisión de la Ministra de Justicia se produce después de que, el pasado día 5, el Pleno del Senado instase al Gobierno a ampliar el objeto de los trabajos de la Comisión.
El Ministerio de Justicia abordará también la propuesta del Senado para que se estudie la formación de los operadores jurídicos y se analicen los procesos de comunicación entre el Poder Judicial y la sociedad. Ambas cuestiones se derivarán a otros órganos.

Ministerio de Justicia
Delgado reestructura su departamento para impulsar la modernización de la Justicia y promover los derechos humanos
El ministerio recuperará la Dirección General de Modernización de la Justicia y Desarrollo Tecnológico, hasta ahora con rango de subdirección general
La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones asume nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y de memoria histórica
15 de junio de 2018.- mjusticia.gob.es
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha informado este viernes al Consejo de Ministros de su intención de acometer una reestructuración del departamento que dirige con el objetivo de potenciar aquellas unidades administrativas encargadas, por un lado, de acometer el proceso de modernización de la administración judicial y por otro aquellas cuya misión es promover los derechos humanos e incorporarlos a toda acción de cooperación jurídica internacional en la que participe el Estado español.
Una de las prioridades del ministerio en la presente legislatura es profundizar en el proceso de modernización y desarrollo tecnológico de la justicia española mediante los procesos, mecanismos e instrumentos necesarios para ello, que serán consensuados con las organizaciones profesionales de jueces y fiscales y los restantes operadores jurídicos.
Con ese objetivo, la ministra tiene la intención de recuperar la Dirección General de Modernización de la Justicia y Desarrollo Tecnológico, competencias que en la actualidad están repartidas en unidades con nivel administrativo de subdirección general. La nueva dirección general ocupará el lugar de la actual Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que pasará a ser una división dependiente de la anterior.
Por otro lado, la ministra Delgado ha decidido reforzar la dimensión humana de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, que asumirá nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, sin perjuicio de las competencias de otros ministerios.
La creación de la futura Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Derechos Humanos y Relaciones con las Confesiones, de la que dependerán tres subdirecciones generales, no tendrá coste presupuestario alguno, y permitirá reforzar los mecanismos que tratan de garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su sistema represivo.
Esta reestructuración responde al compromiso de la ministra Delgado de acometer las reformas modernizadoras necesarias para conseguir una Justicia rápida, independiente y transparente al servicio de la ciudadanía y, sobre todo, de las víctimas.

El Gobierno nombra secretario de Estado de Justicia a Manuel Dolz

15 de junio de 2018 mjusticia.gob.es
Ministerio de Justicia

15 de junio de 2018.- El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha acordado hoy nombrar secretario de Estado de Justicia a Manuel Dolz, en sustitución de Carmen Sánchez-Cortés; subsecretaria de Justicia a Cristina Latorre en lugar de Áurea Roldán; y directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones a Ana Gallego, que sustituye en el cargo a Javier Herrera.

Viernes, 15 de junio de 2018 – poderjudicial.es

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el método de comprobación del valor real de inmuebles a efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

Al alto tribunal examina, en cuatro sentencias, los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes para liquidar dicho impuesto de las viviendas que adquirieron en el año 2012

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

El tribunal ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias dictadas en los últimos días, donde ha examinado los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes, para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de las viviendas que adquirieron en el año 2012 a la inmobiliaria del Banco Santander en Seseña (Toledo), después de que dicha entidad se adjudicara dichos inmuebles que formaban parte de las promociones de “El Pocero”.

Los cuatro ciudadanos declararon como valor el precio declarado en la escritura por la compra, que oscilaba entre los 65.000 y los 82.000 euros, pero la Consejería de Hacienda elevó el valor a entre 120.000 y 130.000 euros, aplicando la comprobación señalada en el artículo 57.1.b de la Ley General Tributaria, es decir, multiplicando el valor catastral por el coeficiente del municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, subiéndoles de ese modo el importe del impuesto. El TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencias ahora confirmadas por el Supremo, dio la razón a los contribuyentes en contra de la Hacienda autonómica.

El Supremo establece como doctrina que “el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Añade que la aplicación de ese método de comprobación “no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”, así como que “la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Carga de prueba de la administración

Y además, deja claro a quién corresponde la carga de la prueba en este terreno: “el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia”.

En el caso concreto examinado, los contribuyentes defendieron que la inmobiliaria vendedora llevó a cabo una drástica reducción de precios, ampliamente publicitada en la urbanización donde compraron, atendiendo a las condiciones del mercado en el año 2012, por lo que nada permite sospechar que el precio real que pagaron no fuese el escriturado.

La Sala III contesta también a la pregunta de si, en caso de no estar conforme, el contribuyente puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método del artículo 57.1.b de la Ley´.

En este terreno, el Supremo confirma su jurisprudencia en el sentido de que la tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente potestativa. Así, para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, debiendo tenerse en cuenta lo establecido sobre la carga de la prueba que recae en la Administración.

También señala la sentencia que en el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación derivada de aquél el interesado puede valerse de cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos o practicados en la obligatoria vía impugnatoria previa. Y fija también la Sala que la decisión del Tribunal de instancia que considera que el valor declarado por el interesado se ajusta al valor real, o lo hace en mayor medida que el establecido por la Administración, constituye una cuestión de apreciación probatoria que no puede ser revisada en el recurso de casación.

En relación a la orden de Castilla-La Mancha de diciembre de 2011, que establecía los diferentes coeficientes de las poblaciones, para valorar los bienes inmuebles, el TS indica que las explicaciones sobre la metodología usada para fijarlos es vaga, y “falta la expresión de una sola razón que permita comprender que en 2007 el coeficiente para Seseña fuera el 6,31 y cambiara a 1,88 en el año 2012, variación tan copernicana que habría merecido una mínima explicación a los ciudadanos, ausente en ambas órdenes autonómicas y en su acto de aplicación en la liquidación”.

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados que la han dictado, Nicolás Maurandi, quien comparte el fallo de desestimar los recursos de la Junta en el caso concreto, pero defiende en general que el uso de un sistema de coeficientes puede ser un instrumento eficaz y acorde al principio de seguridad jurídica, teniendo el contribuyente la posibilidad de hacer valer ante la Administración los datos singularizados del concreto bien inmueble que es objeto de comprobación.

La ministra de Justicia traslada a los fiscales su compromiso para «transformar, regenerar y modernizar» la Justicia
Jueves 14 de junio de 2018 lamoncloa.gob.es

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha mostrado su determinación para afrontar el «desafío» que supone «transformar, regenerar y modernizar la Justicia de nuestro país». Lo ha hecho en una carta de despedida que ha enviado hoy a toda la Carrera Fiscal

Con los que hasta hace pocos días fueron sus compañeros, la ministra se compromete a «defender los intereses de la Justicia y, entre ellos, los de la Carrera Fiscal», cuya fortaleza, independencia y transparencia constituyen una «garantía de una Justicia de calidad».

La ministra de Justicia recuerda cómo hace solo unos meses se postuló como vocal del Consejo Fiscal y, para ello, recorrió numerosas Fiscalías por toda España; una experiencia que le sirvió para tratar de conocer las preocupaciones y dificultades de los aproximadamente 2.500 fiscales que componen el Ministerio Público.

El orgullo e ilusión que ellos le transmitieron «constituyen un estímulo para afrontar ahora como ministra de Justicia» el reto de mejorar el funcionamiento de un servicio público como es el de la Justicia.