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Archivo del 3 de agosto de 2018

La Sala Segunda del Tribunal Supremo deniega poner en libertad a los procesados por el ‘procés’ en prisión ante la proximidad del juicio y al no estar excluido el riesgo de fuga

viernes, 3 de agosto de 2018

Viernes, 27 de julio de 2018 poderjudicial.es

La Sala Segunda del TS deniega poner en libertad a los procesados por el ‘procés’ en prisión ante la proximidad del juicio y al no estar excluido el riesgo de fuga

El tribunal no detecta modificación alguna de los motivos por los que el juez instructor acordó la prisión preventiva y rechaza también sustituir la prisión por otras medidas alternativas menos gravosas

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala que enjuiciará el llamado caso “procés” ha denegado la libertad solicitada por los procesados Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raul Romeva, Joaquín Forn, Dolors Bassa y Carme Forcadell. El tribunal no detecta modificación alguna de los motivos por los que el juez instructor acordó la prisión preventiva y rechaza también sustituir la prisión por otras medidas alternativas menos gravosas.

En su escrito el tribunal explica que como órgano de enjuiciamiento no ha tomado contacto con las diligencias practicadas durante la instrucción, ni ha intervenido en la resolución de los recursos cuya competencia ha recaído en la Sala de Recursos y por tanto, el cese de la medida de prisión acordada por el juez instructor exigiría constatar un cambio en los presupuestos que legitiman esa medida.

La defensa de Carme Forcadell solicitaba la libertad basándose, entre otros argumentos, en el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein que denegó la entrega de Carles Puigdemont por el delito de rebelión. Si los jueces alemanes descartaban la rebelión en el caso del ex presidente del Govern, en mayor medida, según Forcadell, debía aplicarse a la presidenta del Parlament en tanto que al no ser miembro del Govern no pudo participar en las decisiones adoptadas por la Generalitat de Catalunya, en tanto que no tenía “dominio del acto”.

Sobre esta cuestión la Sala recuerda que como órgano de enjuiciamiento ha mantenido una visible distancia sobre la tipicidad indiciaria de los hechos analizados por el juez instructor y la Sala de Apelación y por tanto, pedir ahora un pronunciamiento sobre la participación de Forcadell en los hechos o analizar si tenía o no “ el dominio del acto” supondría, según el tribunal, “ una invitación a que precipitemos un criterio sobre la tipicidad de los hechos y su autoría sin contar con el más mínimo elemento de juicio para ello”.

La decisión del tribunal provincial alemán no tiene incidencia en el proceso español

En relación con la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, la Sala explica que estuvo limitada en su objeto a dar respuesta a la petición de cooperación jurídica internacional, y no tiene ninguna incidencia sobre el desenlace de la presente causa. Añade que permanece intacta la capacidad jurisdiccional de la Sala para decidir el “qué” y el “quién” de los hechos, siempre en función de las pruebas que deberán desplegarse en el plenario.

“El discurso de la señora Forcadell parece convertir al tribunal provincial alemán en un extravagante órgano supranacional con capacidad para revocar las decisiones adoptadas por el juez español. Todo intento de dibujar una línea jerárquica – añade el auto- que someta las resoluciones de esta Sala al criterio de los jueces provinciales alemanes, resulta manifiestamente improcedente y está condenado al fracaso”.

En sus escritos, otros procesados aludían a un cambio en las circunstancias del contexto social y político para solicitar medidas cautelares menos gravosas. La Sala responde que el proceso penal no puede explicarse como una realidad cambiante “ en función de la atmósfera política que se respire en cada momento” y por tanto, la permanencia de una medida cautelar ha de conectarse con los requisitos descritos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.: “ Explicar la privación de libertad de un procesado-argumenta la Sala- como una baza más en un proceso de normalización política encierra una gravísima deformación del significado mismo del proceso penal en una sociedad democrática”.

Medidas cautelares alternativas no garantizan la presencia de los procesados en el juicio oral

El tribunal considera procedente mantener la prisión preventiva y se apoya en la proximidad del juicio oral, la firmeza del auto de procesamiento así como la naturaleza y gravedad de los hechos indiciariamente atribuidos a los procesados. “Carecería de sentido entender que, una vez conocidos los términos del procesamiento y superada la fase intermedia con la formulación de los escritos de acusación provisional, la voluntad de acatar la llamada para el juicio oral se impondrá entre los procesados con exclusión de todo riesgo de fuga”, expone el auto.

La Sala rechaza también la propuesta de los procesados de aplicar medidas cautelares menos gravosas como las comparecencias apud acta, control policial, prisión domiciliaria o utilización de dispositivos de rastreo telemático. Ninguna de esas fórmulas alternativas, indica el auto “ alcanza el mismo nivel de seguridad a la hora de garantizar la presencia de los procesados en el juicio oral. La pérdida de una fianza no actúa como un elemento verdaderamente disuasorio frente a la tentación de sustraerse a la llamada judicial, menos aún si es un tercero quien se puede ofrecer a prestarla”; en relación con las firmas diarias, el tribunal concluye que “pueden dejar de ser diarias en el instante en el que el firmante decide emprender la fuga”.

El fin de los recortes y el impulso de las políticas sociales

viernes, 3 de agosto de 2018

El fin de los recortes y el impulso de las políticas sociales

20 julio 2018   ugt.es
El Consejo de Ministros aumenta el techo de gasto para 2019
• El techo de gasto para 2019 asciende a 125.064 millones, un 4,4% más que en 2018.
• La relajación del objetivo de déficit debe dar más margen a las Administraciones Públicas para impulsar el crecimiento económico y las políticas sociales.
• UGT reclama unos PGE para 2019 que dejen atrás las políticas de recorte y centren el Estado de Bienestar como eje del modelo de crecimiento.
La Unión General de Trabajadores considera que el aumento del techo de gasto para 2019, aprobado hoy en Consejo de Ministros, debe significar el fin de los recortes y el impulso al crecimiento económico y las políticas sociales.

 

Para este próximo año, el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, asciende a 125.064 millones de euros, un 4,4% más que en 2018, que se situó en 119.834 millones de euros. Este límite obedece al resultado del objetivo de déficit establecido para el conjunto del Estado (ahora en el 1,8% del PIB) y de los ingresos no financieros estimados.

 

Esta relajación del objetivo de déficit, que pasa del 1,3% sobre el PIB al 1,8%, se traducirá en más margen para el conjunto de las Administraciones Públicas en 2019 (unos 6.000 millones de euros), que UGT confía en que se traduzca en un mayor beneficio para los ciudadanos y ciudadanas de este país.

El Gobierno mantiene intactas las previsiones económicas, con un crecimiento del PIB para 2018 del 2,7% y del 2,4% el próximo año.

 

El Estado de Bienestar como eje del modelo de crecimiento

 

El Gobierno ya ha anunciado que sus prioridades en materia de presupuestos para el próximo año van a girar no solo en torno al déficit y la deuda pública, sino también en el reforzamiento de un modelo social basado en la cohesión social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad.

 

Unas prioridades que para el sindicato deben comenzar por resituar al Estado de Bienestar como eje central de un modelo de crecimiento en el que los servicios públicos fundamentales constituyan factores de crecimiento económico.
Por ello, los Presupuestos deben iniciar en 2019 un nuevo camino, dejando atrás las políticas de recortes que han conducido a nuestro país al empobrecimiento, la desigualdad, la precariedad del empleo, el desempleo estructural y la pérdida de poder de compra de los pensionistas. Hay que revertir el modelo basado en bajos costes salariales, con escasa inversión en tecnologías y formación, y en el que ha primado el trabajo precario y sin derechos.
En materia de ingresos, UGT considera imprescindible una reforma integral de la fiscalidad, que acometa con decisión y realismo la lucha contra el fraude, que logre una mayor suficiencia financiera a través de mayores ingresos (haciendo que paguen más los que más tienen) y eliminando la desigualdad en la carga tributaria; una propuesta que pasa por un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria. El fin último de la política impositiva debe ser la redistribución de la renta, la equidad económica y la cohesión social.
En materia de gastos, se debe impulsar un modelo productivo más eficiente y sostenible, basado en la inversión en innovación y el avance tecnológico, que contemple las nuevas formas de producción, empleo y consumo (desde la digitalización y robotización, hasta la economía circular). Esto exige profundas y continúas transformaciones en ámbitos cruciales de la actividad económica y socio-laboral.

 

Se precisa, además, un sistema de pensiones que afronte los retos del futuro sin perjudicar a las personas, unas políticas de empleo eficientes, que potencien y reformulen las políticas activas y que refuercen las prestaciones por desempleo para aumentar su grado de protección contributivo y asistencial.

 

Y aprobar, en el marco del Diálogo Social, un verdadero plan de choque, con recursos excepcionales para impulsar la contratación laboral y el empleo de calidad, especialmente de los colectivos en peores condiciones (parados de larga duración, mayores de 55 años, jóvenes, trabajadores sin formación, …).
En definitiva, un cambio en la concepción de las políticas fiscales, que apuesten por su papel como impulsores del crecimiento sostenible y el empleo de calidad y por su capacidad para reforzar el Estado de Bienestar. Si los PGE 2019 lo cumplen, para UGT serán bienvenidos.