AIRE

Viernes, 28 de septiembre de 2018 poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ pide “preservar la democracia día a día” y destaca la importancia de contar con jueces profesionales e independientes

Carlos Lesmes inaugura el nuevo curso académico de la Escuela Judicial, con sede en Barcelona

Autor:Comunicación Poder Judicial
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado hoy la importancia de preservar día a día nuestro sistema democrático, pues la democracia, ha afirmado, “no es nunca una conquista vitalicia”. Lesmes ha pronunciado estas palabras en Barcelona, donde ha presidido el acto inaugural del curso académico 2018-2020, correspondiente a la 69 promoción de la Escuela Judicial.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha señalado que “la historia demuestra que cuando una sociedad no permanece vigilante y no hace caer el peso de la Ley ante el más mínimo indicio de intolerancia, ante el abuso o ante la injusticia, cualquier cosa puede suceder”. Esa es la razón por la que “es tan importante disponer de instituciones sólidas, eficaces y legítimas”.

En este sentido, ha recordado que los jueces son “servidores públicos” y, como tales, “debemos ser conscientes de las necesidades que hoy plantea la sociedad española, de sus anhelos, de sus problemas y dificultades, de sus retos y aspiraciones”. Por ello, los jueces tienen la obligación de “promover un Poder Judicial que, preservando su independencia, actúe con transparencia y cercanía” y “desarrolle sus funciones con elevada profesionalidad y sentido del deber, participando en el designio de procurar una sociedad que, con respeto a su pluralidad, sea más justa, más igualitaria y más libre”.

Lesmes ha terminado su intervención animando a los nuevos alumnos de la Escuela Judicial a afrontar su formación “como un gran reto” y sin perder de vista tanto la “misión” que les será encomendada como, y sobre todo, que los destinatarios de la misma “son los ciudadanos”.

La 69 promoción de la Escuela Judicial está formada por 33 mujeres y 29 hombres que, tras haber superado las oposiciones de acceso a la Carrera Judicial, inician ahora el curso teórico-práctico necesario para, después de superar también las fases de prácticas tuteladas y de sustitución y refuerzo, recibir sus despachos como jueces.

Con una media de edad de 28 años, proceden de quince Comunidades Autónomas: La mayoría de ellos (11, lo que equivale al 17,74% de los jueces en prácticas) tienen fijado su lugar de residencia en Andalucía; 9 (14,52%) en Madrid; y 7 (11,29%) en Aragón. Les siguen, con un porcentaje inferior al diez por ciento, Cataluña (6 alumnos); Comunidad Valenciana (5); Castilla y León y Murcia (4); Baleares y Galicia (3); Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura (2); Canarias y Navarra (1).

Es en el área penal donde la mayoría de los integrantes de esta promoción, en concreto el 27,38%, querrían desarrollar su carrera. La segunda en las preferencias de los jueces en prácticas es el área civil (19,05%), seguida por la de familia (13,69%), menores (10,71%), mujer (8,33%), contencioso (7,74%), mercantil (6,55%), social (3,57) y vigilancia penitenciaria (2,98%).

Lunes, 24 de septiembre de 2018 poderjudicial.es

Un juzgado de Granada ordena el cese inmediato y definitivo de la actividad de dos pisos turísticos

Considera que el uso de esos pisos turísticos conlleva una actividad molesta y perjudicial al resto de vecinos del bloque

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada ha ordenado el cese “de manera inmediata” de la actividad de dos pisos turísticos al considerar que la actividad de dichos inmuebles conlleva una actividad “molesta y perjudicial” para el resto de los vecinos del bloque, que habían denunciado dicha actividad.

La sentencia estima la demanda interpuesta por una comunidad de vecinos contra el uso dado a dos inmuebles como “pisos turísticos”. La resolución recoge que durante los dos años de actividad de dicho pisos han pasado por ellos -según datos de los demandados- más de ochocientas personas, por lo que es un “hecho notorio que el uso de los elementos comunes por ochocientas personas distintas en dos años (dato ofrecido por el propio demandado) evidentemente supone un uso anormal de las instalaciones comunitarias y aunque únicamente se expresase en términos de probabilidad la de producirse daños, o un inadecuado o mal uso de los elementos comunitarios es alta, si además a ello se añade que los usuarios carecen de cotitularidad sobre éstos de modo que de su reparación o reposición no les afectaría directamente en bienes de su propiedad, el cuidado empleado no puede equipararse al de los comuneros”.

Además, indica que no se está contratando un servicio en un alojamiento especialmente preparado para ello “donde cualquier alteración de la convivencia en modo de ruidos, daños o de cualquier otro modo se encuentra totalmente prevista de tal forma que es inmediatamente resuelta por el responsable”, por lo que el “empleo de los inmuebles integrantes en una comunidad de propietarios como turísticos conviviendo con quienes poseen en ella su vivienda habitual provoca necesariamente los conflictos generados por el desarrollo de una actividad mercantil en espacios no especialmente habilitados para ello”.

Junto a ello, la resolución explica que ha quedado acreditado que durante el tiempo en el que se ha desplegado la actividad mercantil, los vecinos reclamaron solventar las molestias que ocasionaban los ocupantes del inmueble, además de mostrar su preocupación “por la seguridad de los propietarios por la entrega de llaves de acceso al portal en relación con la cantidad de ocupantes de los mismos, así como la necesidad de tener que acudir a la policía local por «la fiesta que organizaron unos extranjeros» a las cuatro de la madrugada, incidentes ocurridos el viernes 21 de marzo por la celebración de una fiesta de despedida, la utilización de la portería como bar de copas llenándola de desperdicios, igualmente por los ruidos a altas horas de la madrugada que manifiestan los propietarios de los pisos colindantes”.

En este sentido, concluye que “es evidente que la actividad que se desarrolla en el inmueble es molesta, en tanto que con carácter periódico se producen incidentes en la comunidad de propietarios, de mayor o menor trascendencia que alteran la normal convivencia y las expectativas que sobre el descanso y seguridad genera el uso de la vivienda habitual”, y aun cuando únicamente se “produjesen ruidos en el inmueble el daño ocasionado a los vecinos no puede considerarse exclusivamente como molesto sino pernicioso”.

Informe de comercio exterior, enero-julio de 2018

Las exportaciones crecen un 3,8% hasta julio
Viernes 21 de septiembre de 2018
lamoncloa.gob.es
Las exportaciones españolas de mercancías subieron un 3,8% en el periodo enero-julio respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 169.271 millones de euros. Las importaciones aumentaron un 6,2%, hasta 187.104 millones. Como resultado, el déficit comercial de los siete primeros meses del año alcanzó 17.833 millones, un 35,2% superior que el registrado en el mismo periodo de 2017.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en 90,5% (92,5% en enero-julio de 2017). En términos de volumen, las exportaciones ascendieron un 1,0%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, aumentaron un 2,8%; y las importaciones crecieron un 2,7%, pues los precios subieron un 3,4%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 3.362 millones de euros, frente al superávit de 88 millones de euros del acumulado hasta julio de 2017. Por su parte, el déficit energético aumentó un 9,0%, hasta los 14.471 millones de euros (déficit de 13.275 millones en enero-julio de 2017).

El crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y julio (3,8%) se sitúa ligeramente por debajo del registrado en el conjunto de la zona euro y la Unión Europea (4,9% interanual en ambos casos). Aumentaron en mayor cuantía las exportaciones de Alemania (4,5%), Francia (4,6%), Italia (4,2%) y Reino Unido (4,7%). También se incrementaron las ventas exteriores de EEUU (9,6% interanual), China (12,6%) y Japón (5,9%).

Todos los sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones excepto el sector de alimentación, bebidas y tabaco, que representa un 16,2% del total y retrocedió un 0,2% interanual. Los bienes de equipo (19,7% del total) se incrementaron un 1,6%; el sector del automóvil (16,7% del total) aumentó un 2,0% y los productos químicos (14,3% del total) crecieron un 4,2%.

Por su lado, las importaciones también se incrementaron en todos los sectores excepto en manufacturas de consumo (11,0% del total) que disminuyeron un 0,5% interanual. Así, las importaciones de bienes de equipo (20,7% del total) se incrementaron un 3,1%; las de productos químicos (15,3% del total) aumentaron un 7,5%; las de productos energéticos (14,3% del total) crecieron un 12,2% interanual; y las del sector automóvil (13,5% del total) subieron un 7,2%.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (66,1% del total) aumentaron un 3,7% en los siete primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (51,9% del total) se incrementaron en mayor cuantía, un 3,9%, y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,2% del total), subieron un 3,0%.

El aumento fue aún mayor en las ventas a terceros destinos (33,9% del total), que crecieron un 4,1% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a todas las grandes categorías de zonas: Oceanía (13,1%), África (5,0%), América del Norte (2,5%), América Latina (2,2%), Oriente Medio (1,1%) y Asia excluido Oriente Medio (0,3%). Por países destacan los aumentos de ventas a Argentina (31,0%), Argelia (21,7%), Egipto (20,7%), Indonesia (20,5%), Australia (20,4%), Arabia Saudí (8,6%), Marruecos (7,8%), Chile (6,1%) y Estados Unidos (3,9%), mientras que retrocedieron las exportaciones a Emiratos Árabes Unidos (-18,3%), Perú (-16,0%), Hong-Kong (-11,4%), Nigeria (-11,0%), Canadá (-7,7%), Taiwán (-7,2%) y Sudáfrica (-5,5%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron la Comunidad Foral de Navarra (11,4%), el País Vasco (10,5%) y Galicia (9,9%). En cambio, los mayores descensos se dieron en el Principado de Asturias (-6,4%), la Comunidad de Madrid (-3,4%) y Aragón (-3,0%).

Datos del mes de julio

En el mes de julio, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 9,8% sobre el mismo mes de 2017, registrando el crecimiento anual más alto para un mes de julio desde 2011, hasta los 24.355 millones de euros. Las importaciones crecieron un 13,6% en términos interanuales, su mayor tasa interanual para este mes desde el año 2010, hasta los 27.603 millones de euros. Como resultado, en julio de 2018 se registró un déficit de 3.248 millones de euros, un 54,7% superior al del mismo mes de 2017. La tasa de cobertura se situó en el 88,2%, 3,1 puntos porcentuales menos que en julio de 2017. Con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, las exportaciones crecieron un 6,8% interanual y las importaciones subieron un 10,3%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 1.014 millones de euros, superior al déficit de 175 millones de euros en julio de 2017, y el déficit energético aumentó un 16,1%.

El crecimiento de las exportaciones en julio de España (9,8%) es superior al registrado en la zona euro (9,4%) y en la Unión Europea (9,0%). También se incrementaron con menor intensidad que en España las ventas de Alemania (7,6%), Italia (6,8%) y Reino Unido (5,4%), mientras que las exportaciones de Francia aumentaron en mayor cuantía (13,9%).

Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron de los sectores de productos energéticos (contribución de 3,2 puntos), bienes de equipo (contribución de 1,8 puntos), materias primas (contribución de 1,5 puntos) y productos químicos (contribución de 1,2 puntos). En el mes de julio no hubo ningún sector que contribuyese negativamente.

En julio de 2018, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 63,4% del total (63,5% en julio de 2017) y se incrementaron un 9,6%. Las dirigidas a la zona euro crecieron un 9,4% y las destinadas al resto de la UE lo hicieron un 10,5%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Francia (16,0%), Portugal (9,8%), Reino Unido (8,3%), Italia (6,4%) y, en menor medida, Alemania (1,7%). Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 36,6% del total y ascendieron un 10,0% interanual.

El informe completo se puede consultar en esta dirección web: www.comercio.gob.es .

El Gobierno traslada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sus propuestas para dar un giro social a la política de vivienda en España
Miércoles 26 de septiembre de 2018 lamoncloa.gob.es
Ministerio de Fomento

El titular de Fomento, José Luis Ábalos, y la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, han recibido en el Ministerio a los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para trasladarles la hoja de ruta del Gobierno ante el reto de dar un «giro social a la política de vivienda en España».
Por primera vez desde su fundación en 2009, miembros de la PAH han sido recibidos por un Gobierno de España, un gesto que ha sido valorado «muy positivamente» por la asociación y que pone de manifiesto la voluntad expresa del Ministerio de Fomento de «ser sensible a las reivindicaciones de este movimiento ciudadano que tantos años lleva luchando en defensa del derecho a una vivienda digna».

Durante la reunión, José Luis Ábalos ha reconocido la labor realizada por la PAH, ha escuchado sus propuestas y se ha mostrado dispuesto a «estudiar la retirada de los recursos de inconstitucionalidad que afectan a las leyes de vivienda de las comunidades autónomas».

Los recursos mantienen ahora mismo en suspenso la aplicación de las leyes aprobadas por los parlamentos de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias, Extremadura y Murcia. En el caso de que la retirada de los recursos no sea posible, porque la ley autonómica entre en colisión competencial con el Estado, Ábalos y Beunza se comprometieron a trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas para encontrar modificaciones normativas que garanticen su viabilidad legal.

La PAH también ha pedido que se aplique el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (junio de 2017), en el que se pedía que no se desahucie a familias especialmente vulnerables y que carezcan de alternativa habitacional.

El ministro les ha trasladado las medidas en que trabaja su departamento de cara a «elaborar una estrategia nacional para garantizar en igualdad de condiciones el derecho constitucional a la vivienda independientemente de la Comunidad donde se resida».

Pacto de Estado en materia de vivienda

Con esta intención, Ábalos y su equipo vienen promoviendo la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de vivienda, tal y como ha expresado hoy mismo el ministro en una intervención en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno.

El ministro de Fomento y la secretaria general de Vivienda trabajan en la elaboración de una Ley de Vivienda de ámbito estatal que blinde la función social de la vivienda en España y que permita aumentar el parque de vivienda pública y su especial protección jurídica para impedir que sean enajenados por fondos «buitres» y especuladores.

Fomento también estudia fórmulas para aflorar al mercado del alquiler viviendas vacías, para lo que contempla incentivos y ayudas a la rehabilitación a las que podrían acceder los particulares.
Finalmente, el Ministerio que dirige José Luis Ábalos trabaja en la modificación del Plan de Vivienda 2018-2021, la reformulación y el incremento de los programas de ayudas de acceso a la vivienda, la revisión de los protocolos de actuación en caso de desahucio para que los afectados tengan siempre cobertura social y para dar soluciones habitacionales urgentes a las víctimas de violencia de género.

Para desarrollar estas iniciativas, Fomento ya ha promovido la creación de un grupo interministerial de trabajo en el que participan también Economía, Hacienda, Turismo y Justicia.

Asimismo, la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, está celebrando reuniones bilaterales con todas las Comunidades Autónomas y con representantes de todos los partidos políticos, con el fin de coordinar actuaciones y salvar del debate partidista la política de vivienda en España.

Lunes, 24 de septiembre de 2018 poderjudicial.es

Sentencia del TSJ de Cataluña sobre derecho de sucesiones

Acción de petición de herencia dirigida contra la Generalitat de Catalunya. Desestimación de la excepción de usucapión alegada por la Generalitat sobre el dinero heredado

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Generalitat de Catalunya fue declarada heredera universal abintestato de la causante Sra. A (1999). En 22 de agosto de 2000, tras inventariar los bienes le fue transferida una suma dineraria depositada en una Entidad Bancaria, por importe de 6.473,85 euros, que comprendía la totalidad de la herencia. Posteriormente, en 2001, dispuso del numerario para gastos por subvenciones a terceras personas.

El actor Sr. B ejercita acción de petición de herencia contra la Generalitat de Catalunya. El Sr. B es sobrino de la causante Sra. A, quien tras más de diez años solicita la declaración de heredero de la Sra. A y que la Generalitat de Catalunya le reintegre la suma que le fue transferida procedente de la herencia de su tía, pues la declaración de la Generalitat de Catalunya como heredera universal abintestato de la Sra. A, era nula.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, en sentencia 63/2018, de 12 de julio, revocando la sentencia de la Audiencia Provincial, declara que no se ha producido la usucapión alegada por la Generalitat y estima la demanda de petición de herencia, ordenando el reintegro al actor del dinero heredado por la Generalitat.

Sabido es que la usucapión consiste en un modo de adquirir el dominio y otros derechos reales, a partir del comportamiento posesorio de quien aparenta actuar como propietario o titular del derecho real de que se trate durante el tiempo que determina la Ley. Dicha figura, se fundamenta en la necesidad de dotar de fijación jurídica a situaciones de hecho mantenidas durante un cierto tiempo y consolida la posición del poseedor que lo transforma en propietario o titular. En Cataluña es de 20 años para los bienes inmuebles, y de 3 años, para los bienes muebles.

Al respecto, se declara que el dinero no puede ser usucapido al no ser susceptible de ser poseído en concepto de dueño y en forma ininterrumpida, requisitos necesarios para que opere la posesión para usucapir. El dinero no puede ser poseído jurídicamente, aunque físicamente lo sea. Tiene naturaleza fungible y un aspecto inmaterial, ajeno a la posesión como tenencia. Por ello, cuando a la Generalitat de Catalunya le fue transferido el dinero desde la cuenta de la Sra. A. se produjo un ingreso mediante un apunte contable en su haber, sin que ello implicara posesión, pues se consuma con su uso y posteriormente con su salida para gasto que no comporta pérdida alguna sino subvención a tercero, en el caso litigioso, de una cantidad dineraria de la suma que había ingresado en el total de su patrimonio.

Se resuelve, asimismo, que la acción de reclamación de la cualidad de heredero es imprescriptible al igual que la de petición de herencia, salvo que se trate de una usucapión sobre bienes singulares que en el caso de que la herencia solamente comprenda dinero no se produce pues no concurre la usucapión cuando se trata de prestaciones dinerarias sin especificación de piezas o monedas, sobre las cuales no puede recaer un derecho real.

El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio
Los obligados por la Ley deben tener canales específicos internos
Xavier Gil Pecharromán

21/09/2018 – eleconomista.es
Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.

También las Administraciones
Así se establece en el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone la Cuarta Directiva europea sobre la materia, y que extiende la obligación de crear canales de denuncia a las Administraciones Públicas para que puedan recibir avisos sobre potenciales incumplimientos por los sujetos obligados sobre las exigencias de la normativa de prevención del blanqueo.

En un amplio informe sobre esta norma, que publica la revista digital Buen Gobierno y RSC de elEconomista, se explica que los sujetos obligados por esta normativa deben establecer procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados, cometidos en el seno del sujeto obligado.

Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas de compliance establecidos para la comunicación de informaciones sobre la comisión de actos o conductas que puedan ser contrarios a la restante normativa aplicable. A estos sistemas y procedimientos se les debe aplicar lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal para los sistemas de información de denuncias internas.

También deberán los sujetos obligados adoptar medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro trato injusto.

No obstante, el RD-L advierte que este mecanismo no sustituye la existencia necesaria de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados.

Por otra parte, la normativa extiende el tratamiento de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras. Hasta ahora, solo las personas con responsabilidad pública extranjeras eran objeto de aplicación automática de estas medidas.

Registros centralizados

En otro orden de cosas, se refuerza la eficacia de las Unidades de Información Financiera (UIF) y se establece la obligación de crear registros centralizados de cuentas bancarias o sistemas de recuperación de información para una mejor orientación de las solicitudes.

Unas normas más estrictas sobre la cooperación entre las autoridades competentes, incluidas las autoridades supervisoras, permitirán un intercambio de información eficaz. Se detallará, además, en mayor grado el contenido de las medidas reforzadas de debida diligencia con respecto al cliente que se aplicarán para los terceros países con un nivel de riesgo elevado, con el fin de establecer un enfoque más armonizado en este sentido.

Hay que mejorar las infraestructuras para favorecer distintos modos de transporte

UGT en Medio Ambiente

20 Septiembre 2018   ugt.es
UGT demanda Planes de Movilidad en las empresas y campañas de sensibilización en la Semana Europea de la Movilidad UGT
►Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se está desarrollando del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema “Combina y muévete”, UGT demanda infraestructuras modernas y conectadas que faciliten combinar distintos modos de transporte, entre ellos caminar, la bicicleta o el transporte público.

►El sindicato reclama medidas para mejorar la movilidad laboral y la seguridad vial laboral para evitar los accidentes in itinere (de enero a julio de 2018 han aumentado un 5%, respecto al mismo periodo del año pasado y ha habido un incremento del 7% en los accidentes mortales, pasando de 72 a 77 fallecidos)

►Demanda al Gobierno y a las empresas potenciar las campañas de sensibilización y elaborar Planes de Movilidad Sostenible que faciliten el desplazamiento a los centros de trabajo y a los polígonos industriales y la multimodalidad. Se trata de reducir el número de accidentes y las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades.

Con el impulso de la Comisión Europea, desde el año 2002 se celebra cada año La Semana Europea de la Movilidad (SEM) entre los días 16 y 22 de septiembre. Esta iniciativa europea anima a las ciudades a introducir y promover medidas de transporte sostenible e invita a los ciudadanos a probar alternativas al uso del automóvil.

Desde su introducción en 2002, el impacto de la SEM ha ido creciendo gradualmente y en 2017 la campaña superó su récord de participación: 2526 ciudades de 50 países organizaron actividades durante la semana.

En relación con la movilidad urbana, la Comisión Europea ha establecido dos ambiciosos objetivos: Eliminar los coches de combustibles convencionales en las ciudades para 2050 y avanzar hacia una logística urbana sin emisiones en los principales centros urbanos para 2030.

Para lograrlos se centra en cuatro áreas prioritarias: Innovación, digitalización, descarbonización y las personas.

Multimodalidad

Cada año, la SEM se centra en un tema específico relacionado con la movilidad sostenible. En 2018, el tema es la Multimodalidad.

Mediante este concepto, se promueve el uso y la combinación de distintos modos de transporte para los desplazamientos urbanos, tanto para pasajeros como para mercancías.

En las zonas urbanas disponemos de muchas opciones de movilidad, tanto motorizadas como sin motor, que pueden ser compartidas, públicas o individuales, tradicionales o nuevas. Estas incluyen caminar e ir en bicicleta, el transporte público (como el autobús, el tranvía, el metro y el tren), y muchas otras variaciones, tales como bicicletas compartidas, taxis, lanzaderas reservadas con antelación o coches compartidos. En este contexto, la multimodalidad cubre una multitud de posibles combinaciones de modos para los desplazamientos dentro de las ciudades.

La combinación de estos distintos modos de transporte implica aumentar al máximo los beneficios para los pasajeros: los costes, la rapidez, la flexibilidad, la comodidad, la fiabilidad, etc. Y también ofrece beneficios para la sociedad en su conjunto: reducción de la contaminación y la congestión, mejora de la calidad de vida y de la salud, etc.

En relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, la movilidad urbana es responsable del 40 % de todas las emisiones de CO2 del transporte por carretera. Dado que los coches particulares son el punto central de los hábitos de movilidad europea, la posibilidad de mejora es enorme y una combinación de modos de transporte proporciona suficientes opciones para alcanzar los objetivos de flexibilidad, rapidez y comodidad que proporciona el coche particular.

Dentro de este marco, la SEM ha adoptado el lema “Combina y muévete” para promover la idea de escoger distintos modos de transporte para el traslado entre distintas zonas urbanas.

Fomentar la movilidad y la seguridad vial laboral

UGT considera imprescindible el fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta y del transporte público tanto en el centro de las ciudades como en los extrarradios. Para ello, es importante contar con unas infraestructuras modernas, correctamente dimensionadas, inteligentes y conectadas, que faciliten la multimodalidad. En definitiva, una ciudad pensada para las personas que viven o trabajan en ella.

En este sentido, recalca la importancia de la movilidad laboral y concretamente de la seguridad vial laboral. Ésta tiene como objetivo la mejora de la seguridad en la conducción de vehículos por carretera por motivos laborales, ya sea durante la prestación laboral (en misión) o con motivo de ir o volver al trabajo (in itínere).

El sindicato muestra su preocupación por el continuado aumento de los siniestros viales agravados por los recortes y la falta de inversión en infraestructuras. Según lo indican las cifras recogidas en las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en su avance de enero a julio 2018, los accidentes in itinere se han incrementado casi un 5% respecto al mismo periodo del año pasado, llegando a un total de 47.920. También ha habido un incremento del 7% en los accidentes mortales, pasando de 72 a 77 fallecidos. Cifras que no podemos tolerar.

Insta al Gobierno y a las empresas a apostar decididamente por implementar políticas de seguridad vial laboral, potenciando campañas y elaborando Planes de Movilidad Sostenible en las empresas (siempre con la participación de las trabajadoras y los trabajadores), que faciliten el desplazamiento a los centros de trabajo y a los polígonos industriales y la multimodalidad, a la vez que reducen el número de accidentes y las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 137/18 curia.europea.eu
Luxemburgo, 20 de septiembre de 2018
Sentencia en el asunto C-51/17
OPT Bank Nyrt. y OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt./Teréz Ilyés y Emil Kiss
El carácter abusivo de una cláusula contractual no clara que hace recaer el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario y que no refleja disposiciones legislativas puede ser objeto de control jurisdiccional
En febrero de 2008, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss celebraron con un banco húngaro un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF). Con arreglo a dicho contrato, aunque las cuotas mensuales de devolución del préstamo debían pagarse en forintos húngaros (HUF), el importe de dichas cuotas se calculaba a partir del tipo de cambio vigente entre el forinto húngaro y el franco suizo. Asimismo, el contrato mencionaba el riesgo del tipo de cambio en caso de posibles fluctuaciones de dicho tipo entre esas dos monedas.
El tipo de cambio experimentó posteriormente cambios considerables en perjuicio de los prestatarios, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus cuotas mensuales. En mayo de 2013, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss emprendieron acciones legales ante un órgano jurisdiccional húngaro contra OTP Bank y OTP Factoring, dos sociedades a las que se habían cedido los créditos derivados del contrato de préstamo. En el marco de este procedimiento judicial, se suscitó la cuestión de si la cláusula contractual relativa al riesgo del tipo de cambio no había sido redactada por el banco de manera clara y comprensible y si podía por ello considerarse abusiva en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas. (1)
Entre tanto, en 2014 Hungría había aprobado leyes por las que se eliminaban de los contratos de préstamo denominados en divisas determinadas cláusulas abusivas, se convertían virtualmente en HUF todas las deudas pendientes derivadas de esos contratos y se aplicaba el tipo de cambio fijado por el Banco Nacional de Hungría. Esas leyes también estaban destinadas a dar cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) que había declarado incompatibles con la Directiva determinadas cláusulas incorporadas a contratos de préstamo denominados en divisas (2) (esta resolución fue adoptada a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia pronunciada en el asunto Kásler y Káslerné Rábai). (3) No obstante, estas nuevas leyes no modificaron el hecho de que el riesgo del tipo de cambio recae sobre el consumidor en caso de depreciación del forinto húngaro en relación con la divisa de que se trate.
Dado que, según la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están comprendidas en su ámbito de aplicación, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), que conoce del asunto de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, pregunta al Tribunal de Justicia si el juez nacional puede examinar el carácter abusivo de una cláusula, en el supuesto de que no esté redactada de manera clara y comprensible, cuando el legislador húngaro, al no intervenir sobre este aspecto, ha aceptado que el riesgo del tipo de cambio continúe recayendo sobre el consumidor en caso de depreciación del forinto húngaro en relación con la divisa de que se trate.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que la norma que excluye del ámbito de aplicación de la Directiva las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legislativas o reglamentarias imperativas se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de los derechos y de las obligaciones de las partes en el contrato. Sin embargo, ello no significa que otra cláusula contractual que no haya sido objeto de tales disposiciones legislativas, como la relativa al riesgo del tipo de cambio en el caso de autos, también esté excluida en su totalidad del ámbito de aplicación de la Directiva. Por tanto, el carácter abusivo de esta cláusula puede ser apreciado por el juez nacional en la medida en que, tras un examen de cada caso concreto, éste estime que no está redactada de manera y clara y comprensible. (4)
A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que las entidades financieras están obligadas a facilitar a los prestatarios información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. Ello implica que una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio debe ser comprendida por el consumidor tanto en el plano formal como en el gramatical, y también en cuanto a su alcance concreto. De ello se deduce que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debe no sólo poder ser consciente de la posibilidad de depreciación de la moneda nacional en relación con la divisa extranjera en la que se ha denominado el préstamo, sino también evaluar las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras.
Además, el Tribunal de Justicia señala que el carácter claro y comprensible de las cláusulas contractuales debe apreciarse refiriéndose, en el momento de la celebración del contrato, a todas las circunstancias que rodeaban tal celebración, así como a las demás cláusulas del contrato, aun cuando algunas de esas cláusulas se hayan declarado o presumido abusivas y, por ello, hayan sido anuladas en un momento posterior por el legislador nacional.
Por último, el Tribunal de Justicia confirma que incumbe al órgano jurisdiccional nacional señalar de oficio, en sustitución del consumidor en su condición de parte demandante, el carácter supuestamente abusivo de otras cláusulas contractuales distintas de la relativa al riesgo del tipo de cambio, desde el momento en que disponga de los elementos de Derecho y de hecho necesarios para ello.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
2 Resolución n.º 2/2014 PJE (Magyar Közlöny 2014/91, p. 10975).
3 Sentencia del 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, véase también CP n.º 66/14).
4 Sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros (C-186/16, véase también CP n.º 103/17

20 de septiembre de 2018 mineco.gob.es
El Gobierno concede 130 millones de euros en ayudas al despliegue de banda ancha de muy alta velocidad

El Gobierno aprueba proyectos por valor de 202,12 millones de euros para frenar la brecha digital en la España rural

Con estas ayudas el Plan de Extensión de Banda Ancha proporcionará acceso a más de 100 Mbps a otros 1.924.916 ciudadanos

Los proyectos beneficiarios ampliarán la cobertura de banda ancha de muy alta velocidad del 76% actual a más del 80%

Esta mañana se ha publicado la resolución de la convocatoria del año 2018 del Programa Nacional de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), gestionado por el Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tras la evaluación de las propuestas recibidas en 2018, se han estimado favorablemente la concesión de 203 ayudas por 130 millones de euros que, sumadas a las aportaciones de los operadores beneficiarios, supondrán una inversión total de 202,12 millones de euros.

El objetivo del PEBA-NGA es acelerar la extensión de la cobertura de las redes de banda ancha de muy alta velocidad (más de 100 Mbps), apoyando su despliegue en las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos tres años, denominadas ‘zonas blancas’. Las zonas blancas se sitúan principalmente en áreas rurales y dispersas, siendo por tanto éste programa un instrumento clave para cerrar la brecha digital geográfica, hacer frente al reto demográfico y construir una sociedad más inclusiva.

El apoyo de PEBA-NGA al esfuerzo inversor de los operadores privados, que han optado por desplegar sus propias redes de nueva generación, ha contribuido a que la cobertura de banda ancha de 100 Mbps alcance ya al 76% de los españoles. España dispone de la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) más extensa de Europa con más de 35 millones de accesos.

Se estima que las nuevas infraestructuras que serán desplegadas con el apoyo de la presente convocatoria de PEBA-NGA facilitarán cobertura de banda ancha de muy alta velocidad a 1.248.548 hogares y empresas situadas en 4.168 entidades singulares de población distintas, donde residen 1.924.916 ciudadanos. Con ello, una vez desplegados los proyectos subvencionados, la cobertura de banda ancha de muy alta velocidad alcanzará a más del 80% de los ciudadanos, sentando las bases para el desarrollo de una nación emprendedora.

Estadística del valor tasado de la vivienda

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre en España se situó en 1.587,9 euros en el segundo trimestre de 2018
Jueves 20 de septiembre de 2018 lamoncloa.gob.es
El precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre se ha situado en 1.587,9 euros en el segundo trimestre de 2018, lo que supone una variación trimestral del 1,4% e interanual del 3,8%.
En el siguiente gráfico se puede observar que, tras 26 trimestres de caídas interanuales en el precio de la vivienda, iniciadas a finales de 2008, el dato supone el decimotercer trimestre consecutivo de subida nominal de los precios.

Variaciones anuales de precios de vivienda libreMinisterio de Fomento

Por su parte en términos reales, es decir, descontando la inflación, el precio de la vivienda libre ha experimentado un incremento del 2,0%.

Variación interanual de los precios de vivienda libreMinisterio de Fomento

Por CCAA, doce de ellas presentan crecimientos interanuales, destacando Madrid (9,6%), Cataluña (6,2%), Baleares (5,0%), Canarias (3,9%), Navarra (3,1%) y Aragón (3,0%). Por el contrario, el resto presentan caídas interanuales, siendo las más destacables, Cantabria (-1,6%), Ceuta y Melilla (-1,3%), Castilla-La Mancha (-1,1%) y Castilla y León (-0,8%).

Evolución desde máximos

Según la serie histórica de esta estadística, el valor medio por metro cuadrado del segundo trimestre de 2018, es un 24,4% inferior al del nivel alcanzado en el primer trimestre de 2008, en el que alcanzó su máximo valor. Desde el valor mínimo registrado en el tercer trimestre de 2014 el precio se ha recuperado un 9,1%. En términos reales (teniendo en cuenta la variación del IPC) el precio actual refleja una caída desde máximos del 33,7%.

Precio medio del metro cuadrado de vivienda libreMinisterio de Fomento

Análisis por antigüedad de las viviendas y municipios

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en 1810,3 euros en el segundo trimestre de 2018. Esto supone un crecimiento interanual del  0,8%.

En cuanto a la vivienda libre de más de cinco años de antigüedad el precio alcanzó los 1.581,1 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 3,9% en tasa interanual. Por municipios de más de 25.000 habitantes, los precios más elevados de la vivienda libre se presentan en San Sebastián, 3.564,5 euros/m2, Sant Cugat del Vallès, 3.337,1 euros/m2, Barcelona, 3.297,3 euros/m2, Ibiza, 3.292,7 euros/m2, Santa Eulalia del Río, 3.057,3 euros/m2, Pozuelo de Alarcón, 3.029,5 euros/m2, Madrid, 3.012,0 euros/m2 y Majadahonda, 2.925,6 euros/m2.

Los precios más bajos en municipios de más de 25.000 habitantes se registran en Elda, 514,1 euros/m2, Villena, 541,9 euros/m2, Puertollano, 559,9 euros/m2, Petrer, 565,2 euros/m2, Villarrobledo, 587,8 euros/ m2 y Hellín, 596,4 euros/m2.

Vivienda protegida

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España en el segundo trimestre del año fue de 1.130,0 euros, lo que supone un aumento del 0,1% respecto del primer trimestre de 2018. La variación respecto al mismo trimestre de 2017 muestra una caída del -0,4%.

Tasaciones

El número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de viviendas fue en el segundo trimestre de 2018 de 144.317, lo que supone un 12,4% más que en igual trimestre del año anterior.

Los datos utilizados en el cálculo de los Precios de Vivienda corresponden a las viviendas tasadas por las distintas sociedades de tasación que se integran en La Asociación de Análisis del Valor (AEV) cuyas normas de valoración están reguladas según Orden EHA/3011/2007 del Ministerio de Economía y Hacienda.

La estadística completa puede ser consultada en la página web del Ministerio de Fomento, en el apartado de información estadística.

Miércoles, 19 de septiembre de 2018 poderjudicial.es

El juez unifica en una causa la investigación de la denuncia por deterioro del Mar Menor

Los hechos fueron denunciados por la Fiscalía contra responsables del Consejería de Agricultura, de la Confederación Hidrográfica del Segura y diversos agricultores

Autor:Comunicación Poder Judicial

El titular del juzgado de Instrucción 2 de Murcia acuerda mantener la unidad de las Diligencias Previas 2750/2017, iniciadas tras la denuncia de la Fiscalía por el deterioro sufrido por el Mar Menor como consecuencia de los vertidos de la agricultura.

En el auto dictado ayer, el magistrado estima el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal y Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, y deja sin efecto el desglose de la causa, ordenado en una resolución anterior, para conocer por separado de los supuestos delitos que se imputan a los funcionarios de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a los de la Confederación Hidrográfica del Segura, a diversos agricultores y a la empresa INSAL.

Fundamenta la resolución, recogiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo, que “el riesgo concreto como la afectación del espacio protegido (Mar Menor) se ha podido producir por una pluralidad de causas que unidas han coadyuvado para provocar el resultado típico final, bien en forma de riesgo para el medio ambiente (art. 325 CP) o de deterioro de un elemento protegido (art. 330 CP)”.

Igualmente, el auto acuerda mantener, como hechos a investigar, el apartado de la denuncia relacionada con la ausencia de la planificación que sobre el Mar Menor pesaba sobre los responsables y funcionarios de la Consejería de Agricultura conforme a la legislación vigente. Y ello, según la resolución, porque pese al inicio del Plan de Ordenación de los recursos naturales de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (PORN), en 1998, y reinicio en el año 2003, no se llegó a producir su aprobación definitiva. Lo que “hace preciso indagar en las causas que provocaron que durante casi quince años no se llegara a elevar un Plan Definitivo”.

Finalmente, el auto acuerda también dejar sin efecto la práctica de las diligencias relacionadas con la solicitud de informes a la Abogacía del Estado y a la Intervención General de la Administración del Estado. Se recuerda que la resolución recurrida acordaba oficiar a ambas instituciones para determinar las competencias y personal responsable de la conservación del Mar Menor entre los años 2009 y 2015, la normativa que habría sido incumplida, y los posibles responsables de este incumplimiento. La nueva resolución recoge, sin embargo, que la Abogacía del Estado “no es una institución adecuada para emitir informe en la causa que nos ocupa” dada la evidente vinculación con la Administración General del Estado, y respecto a la Intervención General, entiende que “los informes requeridos se apartan de las materias sobre las que de ordinario pueden informar, a saber, la económica, tributaria o de contratación pública”.

La resolución citada desestima, por contra, otros siete recursos presentados.

El auto no es firme y frente a él cabe recurso de apelación

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de prensa tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 81/2018
El TC avala que el personal de las empresas de transporte de viajeros por carretera pueda ejercer funciones de policía administrativa
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor, que atribuye la condición de agente de autoridad a los empleados de las empresas de transportes de viajeros por carretera en el ejercicio de sus funciones. La sentencia considera por unanimidad que el contenido de esta disposición no invade las competencias del Estado en materia penal (art. 149.1.6 CE) y en materia de seguridad pública (art. 149.1.29ª CE).
El fallo, cuyo ponente ha sido el Magistrado Andrés Ollero, señala la norma catalana puesta en entredicho se limita a atribuir al personal concernido la condición de agente de la autoridad como título de intervención sobre los usuarios del servicio público del transporte regular de viajeros por carretera, a los efectos de “permitir que puedan ejercer funciones de policía administrativa sobre ellos”. Por tanto, “dicho personal debe dar cuenta de las infracciones detectadas a los órganos administrativos competentes, que serán los encargados de imponer, en su caso, las sanciones que procedan conforme a la ley autonómica”.
La sentencia añade que esa atribución no comporta la asunción por “ese personal de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de las administraciones públicas”.
El TC rechaza las dudas de constitucionalidad planteadas por la Audiencia de Barcelona, por posible vulneración de los artículos 17, 25.1, 149.1.6 y 149.1.29ª de la Constitución, razonando que la disposición cuestionada se inserta en una ley autonómica dirigida a regular un determinado sector material y “no amplía ni modifica el tipo penal del art. 550 del Código Penal ni define el sujeto pasivo de la acción penal, ni impone al juez penal una concreta subsunción del tipo sino que restringe su ámbito de aplicación al puramente administrativo”.
En este sentido, el Tribunal aclara que a diferencia de lo que sucedía en el caso del artículo 38.4 de la Ley 4/2006, Ferroviaria de Cataluña, que atribuía la condición de agentes de la autoridad a los interventores ferroviarios a los efectos de exigir responsabilidad por conductas punibles conforme al Código Penal (este motivo fue declarado inconstitucional y nulo por la sentencia 50/2018), la disposición adicional aquí cuestionada no atribuye a los empleados de la empresa de transporte la protección del artículo 550 del Código Penal.
Por tanto, alcanzada la conclusión de que la disposición cuestionada no constituye una norma penal también se rechaza “la pretendida vulneración del principio de proporcionalidad en materia penal derivado del art. 25.1 Constitución”.
Por último, el Tribunal también desestima otra de las dudas de constitucionalidad planteadas respecto a una posible vulneración de la competencia estatal en materia de seguridad pública. La sentencia explica que reconocer “la condición de agentes de autoridad a los empleados de las empresas de transporte de viajeros por carretera no lo es en el sentido de policía gubernativa sino en el estricto sentido de vigilancia de la observancia por los usuarios. Particularmente, en lo referido al control de la posesión por los viajeros de un título válido de transporte”.
Madrid, 14 de septiembre de 2018

Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera correspondiente al segundo trimestre de 2018

En el último año se ha transportado un 8% más de toneladas que en el periodo anterior
Viernes 14 de septiembre de 2018 lamoncloa.gob.es
Los vehículos pesados españoles transportaron 1.447 millones de toneladas en los últimos cuatro trimestres, lo que supone un crecimiento del 8% con respecto a lo transportado en los cuatro anteriores.

En el segundo trimestre de este año, los vehículos pesados españoles transportaron 385 millones de toneladas, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Con este trimestre se encadenan 14 trimestres consecutivos de crecimiento anual (sobre el mismo trimestre del año anterior) y 17 de crecimiento interanual (últimos cuatro trimestres con respecto a los cuatro anteriores).

Por tipo de mercancía, el transporte de materiales de construcción registró en el cuarto trimestre un crecimiento del 8% sobre el mismo periodo del año anterior, siendo el crecimiento de los últimos cuatro trimestres del 10%.

También experimenta crecimiento el transporte de maquinaria y productos manufacturados, un 11% sobre el mismo trimestre del año anterior y un 8% en términos anuales.

El transporte internacional también registró evoluciones positivas con un incremento del 6% sobre el mismo trimestre del año anterior.

En los últimos cuatro trimestres este tipo de transporte superó los 83 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 11% con respecto al año anterior.

La Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera del Ministerio de Fomento se realiza a través de una encuesta permanente a lo largo de todo el año, mediante mil entrevistas semanales.

La inflación se mantiene en agosto en el 2,2%
Miércoles 12 de septiembre de 2018 lamoncloa.gob.es
El IPC general aumentó en agosto el 2,2% interanual, tasa coincidente con la avanzada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con la registrada en julio. Esta estabilización de la inflación se debe a la positiva evolución de casi todos los componentes durante el pasado mes, a excepción de los precios de la alimentación, que se aceleraron ligeramente.

La tasa de crecimiento de los precios de los productos energéticos se mantuvo estable en agosto, registrando un descenso de una décima respecto al mes anterior, lo que sitúa el incremento interanual en el 11,1%. Esta ligera moderación se explica principalmente por los precios de los carburantes y lubricantes, que registraron un descenso de 1,4 puntos en agosto, con un crecimiento del 13% interanual. Por su parte, la inflación de la electricidad se incrementó 2,7 puntos el mes anterior, registrando un crecimiento del 10,8% interanual.

Los precios de la alimentación no elaborada crecieron en agosto seis décimas más que en julio, a un ritmo del 4,6% interanual.

Destaca la aceleración de los precios de las frutas frescas, 4,3 puntos en el último mes, hasta el 17,3%.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, la alimentación no elaborada y los productos energéticos, se moderó una décima en agosto, hasta el 0,8% interanual.

Entre los componentes de la inflación subyacente destacan los precios de los servicios, que se desaceleraron dos décimas en agosto, hasta el 1,3% interanual, debido principalmente al turismo y hostelería, cuyos precios redujeron cuatro décimas su tasa de variación en el último mes, situándose el crecimiento interanual en el 1,1%.

Por su parte, los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE) disminuyeron hasta el 0,1% interanual, por la estabilización registrada en el mes de agosto, debido fundamentalmente a la desaceleración de los precios de los automóviles, de seis décimas, hasta el 0,1%.

Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se desaceleraron una décima, hasta el 0,7% interanual.

La tasa interanual del IPC descendió en agosto en doce comunidades autónomas, correspondiendo la mayor bajada a Asturias (dos décimas, hasta el 2,2%); se mantuvo en Castilla y León y Navarra (2,4%, ambas); y aumentó en las tres comunidades restantes, registrando Canarias la mayor subida (tres décimas, hasta el 1,9%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en agosto en el 2,2%, al igual que la del IPC general.

En términos intermensuales, el IPC registró un aumento del 0,1% en agosto de 2018, inferior en una décima al del mismo mes de 2017.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de agosto, cuya tasa interanual se reduce una décima, hasta el 2,2%. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en agosto en el 2% interanual.

Estadística de Precios de Suelo correspondiente al segundo trimestre de 2018

El precio medio del suelo urbano descendió un 2,1% en el segundo trimestre de 2018 en tasa interanual

Lunes 17 de septiembre de 2018 lamoncloa.gob.es

En este trimestre se realizaron 5.817 transacciones de suelo urbano, un 3,0% menos que en el segundo trimestre de 2017. La superficie transmitida representó 8,7 millones de metros cuadrados, un 21,7% más que en el segundo trimestre de 2017.

El precio medio del metro cuadrado del suelo descendió en el segundo trimestre de 2018 un 2,1% en tasa interanual (segundo trimestre de 2018/segundo trimestre de 2017), al situarse en 162,9 euros. Frente al trimestre anterior, el precio medio del metro cuadrado experimentó un descenso del 0,1%.

En los municipios de más de 50.000 habitantes el precio medio del metro cuadrado ha descendido en tasa interanual un 10,5% tras situarse en 292,0 euros por metro cuadrado.

Los precios medios más elevados, dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes, se dieron en las provincias de Madrid (Comunidad de) (509,7 €/m2 ), granada (472,8 €/m2 ), Barcelona (454,5 €/m2 ) y Balears (Illes) (453,8 €/m2 ). Los precios medios más bajos, dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes, se dieron en las provincias de Toledo (94,8 €/m2 ), Coruña (A) (99,0 €/m2 ) y Valladolid (117,3 €/m2 ).

Transacciones de suelo. Superficie y valor trasmitidos

El número de transacciones realizadas en el segundo trimestre de 2018 fue de 5.817, un 19,5% más que las realizadas en el primer trimestre de 2018, que ascendieron a 4.867 y un 3,0% menos que las realizadas en el segundo trimestre de 2017, donde se transmitieron 5.998 solares.
Según el tamaño del municipio, las transacciones se distribuyen de la siguiente forma:
En los municipios menores de 1.000 habitantes se realizaron 414 transacciones, un 10,8% menos que en el mismo trimestre del año anterior.
En los municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes, se vendieron 1.049 solares, lo que representa una disminución del 9,6% en tasa interanual.
En los municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, el número de transacciones fue de 1.038, un 10,9% más que en el mismo trimestre del año anterior.
En aquellos municipios cuya población está comprendida entre 10.000 y
50.000 habitantes, las transacciones ascendieron a 1.976, un 10,1% menos en tasa interanual.
En los municipios con una población superior a 50.000 habitantes, el número de solares vendidos fue de 1.340, un 8,2% más que el segundo trimestre del año anterior.

La superficie trasmitida en el segundo trimestre de 2018 asciende a 8,7 millones de metros cuadrados, por un valor de 1.023,0 millones de euros. Respecto al segundo trimestre de 2017, las variaciones interanuales representan un 21,7% más de superficie transmitida y un 4,7% menos del valor de las mismas.
La Estadística de Precios de Suelo del Ministerio de Fomento se realiza a través de los datos facilitados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Jueves, 13 de septiembre de 2018 poderjudicial.es

Un juez multa con 5.258 euros por mala fe a un banco que se negó a devolver a una clienta las cantidades indebidamente percibidas

La demandada había abonado 16.500 euros para saldar una deuda pero el juez anuló por abusivas las cláusulas de intereses de demora y los gastos y comisiones de los contratos. Caixabank, según el juez, se ha negado en dos ocasiones a realizar la liquidación de la deuda y devolver las cantidades detraídas por los conceptos declarados nulos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aoiz ha impuesto una multa de 5.258,82 euros a Caixabank por un comportamiento contrario al principio de buena fe, por un abuso de Derecho, por haberse negado a devolver a una clienta las cantidades indebidamente percibidas. La resolución puede ser recurrida.

Esta multa tiene su origen en un procedimiento incoado el 1 de febrero de este año a instancia de Caixabank contra una mujer a la que reclamaba 15.776,47 euros.

La demandada abonó 16.500 euros -cantidad superior a la reclamada- a la entidad bancaria. Esta mujer, sin embargo, en ningún momento se mostró de acuerdo con la cantidad solicitada en este procedimiento ni con la cantidad que tuvo que pagar para la cancelación de los contratos suscritos en su día.

En dicho procedimiento judicial se declaró por parte del juez la nulidad de las cláusulas relativas a intereses de demora y gastos y comisiones de los contratos de préstamo suscritos entre las partes.

Tras esta decisión, por parte del juzgado se le requirió a la entidad bancaria para que aportara la oportuna liquidación de la deuda, una vez detraídas las cantidades devengadas por los conceptos declarados nulos por abusivos, una devolución que no se llegó a producir a pesar de que el banco fue apercibido con la posibilidad de la apertura de actuaciones sancionadoras.

Según asegura el juez, las alegaciones efectuadas por Caixabank revelan, sin lugar a dudas, que la acreedora ha percibido extrajudicialmente sumas superiores a las reclamadas en el presente procedimiento monitorio teniendo presente la declaración de abusividad de las cláusulas contractuales realizada. Sin embargo, agrega, ha hecho caso omiso a los requerimientos judiciales para que consignara y devolviera las sumas indebidamente percibidas y reclamadas.

Para el juez, “esta conducta por parte de una entidad de crédito sobre un consumidor, recordemos parte débil en el proceso contractual bancario, constituye un abuso manifiesto de Derecho” y “un comportamiento que conculca palmariamente las exigencias de la buena fe procesal”.

En cuanto a la valoración de la sanción económica a imponer, el juez tiene en consideración que el litigio asciende a una cuantía de 15.776,47 euros, de modo que la sanción debe oscilar entre 180 € como mínimo y 5.258,82 como máximo.

Al respecto, el juez valora el hecho de que se trata de una entidad bancaria de considerable envergadura a nivel mundial, un banco consolidado en el sector y experto en materia jurídica y financiara, mientras que la demandada es una consumidora o usuaria a quien se le aplicaron condiciones generales de contratación declaradas abusivas por este juzgado, a la que se le han causado unos perjuicios económicos evidentes durante su aplicación.

La entidad, según la resolución judicial, ha mantenido una contumaz actitud a fin de devolver lo indebidamente percibido de la parte adversa a pesar de habérsele ofrecido hasta en dos ocasiones dicha oportunidad. Por tanto, para el juez, la conducta de Caixabank “es de una entidad verdaderamente grave y merece una sanción en su más dura expresión”.

Viernes, 14 de septiembre de 2018 poderjudicial.es

La Sala de apelaciones del Tribunal Supremo rechaza la petición de Puigdemont de no ser llamado ‘huido’

Los magistrados señalan que tal como se ha empleado en la causa, el término resulta “adecuado y en absoluto desconsiderado”

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud presentada por la representación de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig para que no se les calificase como ‘huidos’ sino como “procesados ausentes” o “exiliados”. Los magistrados contestan que el término ‘huido’, tal como se ha empleado en la causa, resulta “adecuado y en absoluto desconsiderado”.

En un auto, la Sala de tres magistrados que resuelve las apelaciones contra las decisiones del instructor del caso, resuelve la petición de aclaración o rectificación formulada por los procesados citados contra un auto anterior de la misma Sala, donde se les menciona como “huidos” en dos ocasiones. Dichos procesados decían en su escrito que la expresión “huidos” era impropia y desconsiderada.

En el auto que pretendían aclarar, se hablaba en primer lugar de “huidos o sustraídos a la acción de la Justicia española.” Para la Sala, de ese modo, “en el mismo renglón, por si hubiera alguna duda, se da la interpretación auténtica del término “huidos”; esto es, «huidos o sustraídos a la acción de la Justicia española». “Esto y nada más es lo que ha dicho y lo que ha querido decir la Sala, sin perjuicio de conceptos utilizados por Prensa o en ámbitos extraños a este Tribunal”, añade el auto.

Para el tribunal, “el término, así entendido, resulta adecuado y en absoluto desconsiderado”. Recuerda además que la segunda vez en que se utiliza el término ‘huidos’ en el auto, se hace referencia a la declaración formal o no de rebeldía de dichos procesados, que de haber constado en ese momento indubitadamente efectuada “hubiera dado lugar al empleo de la expresión técnica “reo ausente” o «declarado rebelde».

Como consecuencia de lo anterior, el tribunal rechaza también la alegación de no ajustarse la palabra utilizada al Código Ético de Conducta de Jueces y Magistrados, y desestima en todos sus aspectos la solicitud de aclaración o rectificación.

Justicia consulta cómo reducir el número de aforados a solo los indispensables
Viernes 14 de septiembre de 2018 lamoncloa.gob.es
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha reclamado a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del ministerio en materia legislativa, que estudie «la regulación del aforamiento en España, al objeto de mantener solo aquéllos que, de manera excepcional, sean indispensables».

La orden firmada este viernes por la ministra pone además fecha para la entrega de dicho estudio, que deberá estar concluido el próximo 30 de noviembre.

La titular de Justicia ejecuta de esta manera el anuncio que realizó el pasado miércoles en el Congreso, donde repasó las iniciativas que pondrá en marcha el ministerio para favorecer la regeneración democrática de la vida pública española, «una demanda urgente de la sociedad española en los últimos años».

La orden de la ministra Delgado recuerda que «el Ministerio de Justicia considera precisa una reforma del actual régimen de los aforamientos con el fin de reducir el número de aforados y de racionalizar su regulación para limitarlo a los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo que se beneficia de esta excepcionalidad procesal».

UGT rechaza la nueva Ley de Copyright aprobada por el Parlamento Europeo

12 Septiembre 2018   ugt.es

La Unión General de Trabajadores quiere hacer público su frontal rechazo a la propuesta de Directiva aprobada en el día de hoy en el Parlamento Europeo.

Aunque es evidente que la ley de derechos de autor necesita una reforma que la adapte a la nueva realidad digital, este argumento no puede poner en peligro la integridad de derechos fundamentales.

La actual redacción de la propuesta, especialmente la que concierne al artículo 13, genera una evidente colisión con derechos tales como el secreto de las comunicaciones y a la libertad de expresión, además de contradecir los actuales parámetros de neutralidad de la Red, lo que redundaría en una insoportable inseguridad jurídica. La actualización de los legítimos derechos de autor no puede convertirse en una nueva forma de censura, de carácter transnacional, que traslada las disputas desde las sedes judiciales a los proveedores de contenidos y a las operadoras de telecomunicaciones. La propuesta liderada por los conservadores europeos eleva los derechos de autor a una categoría superior a un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, convirtiendo al Mercado Único Digital en una suerte de Gran Hermano incompatible con una sociedad libre, plural e inclusiva.

En este sentido, UGT realizará las acciones oportunas para frenar esta iniciativa en los siguientes pasos de codecisión (Consejo Europeo y regreso al Europarlamento) con el objetivo de confeccionar una nueva ley que aúne los intereses de todas las partes implicadas sin menoscabar los derechos fundamentales de la ciudadanía europea y española.

En defensa del posible perjuicio causado al Estado

El Gobierno pide la personación en el proceso penal en contra de la Comunidad de Madrid por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión
Miércoles 12 de septiembre de 2018 lamoncloa.gob.es
Causa contra el IVIMA

El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, ha solicitado personarse en el proceso penal que investiga la venta de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión en 2013. Aquella venta, declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, es investigada por el Juzgado de Instrucción número 48 de la capital a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que considera que aquella operación presenta irregularidades que podrían constituir un delito de prevaricación y malversación.
En 2013, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) enajenó 2.935 viviendas públicas del Plan Joven del IVIMA al Fondo de Inversión Azora Gestión, lo que en la práctica supuso que los inquilinos de estas viviendas de promoción pública, en régimen de alquiler, tuvieran que renunciar a ellas por el incremento considerable de precio que les impuso el nuevo propietario privado.

Tras analizar lo ocurrido, el Ministerio de Fomento considera que, todas o buena parte de esas viviendas, se construyeron al amparo de las ayudas y subvenciones previstas en los sucesivos planes estatales de viviendas aprobados por distintos gobiernos.

Dados los sistemas de financiación y control establecidos en dichos planes estatales, aquella venta pudo haber producido un perjuicio a la Administración General del Estado dada la alteración de los fines para los que se habrían concedidas las ayudas y subvenciones amparadas en dichos planes.

Por ello, el Ministerio de Fomento, a través de la Abogacía General del Estado, ha solicitado al instructor del proceso penal su personación como acusación particular en condición de perjudicado por los posibles delitos investigados en el sumario.

El Gobierno quiere, mediante esta iniciativa, velar por los intereses generales que pudieron verse perjudicados por la decisión de la Comunidad de Madrid, y lo ha hecho también en defensa del derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, así como del interés superior de los menores que se vieron afectados y del principio de protección de la familia.

15 de enero de 2018
El pasado día 11 de diciembre la Securities and Exchange Commission (comisión del mercado de valores de los Estados Unidos) difundió un comunicado con consideraciones de su presidente, Jay Clayton, sobre las criptomonedas y las denominadas “ofertas iniciales de criptomonedas” (“Initial Coin Offerings” o “ICOs )  ( versión en inglés )
Aunque los entornos normativos y de mercado español y estadounidense presenten diferencias significativas, se estima que las consideraciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el comunicado pueden ser una guía útil para inversores y profesionales del sector.
11 de diciembre de 2017
Las plataformas mundiales de redes sociales y mercados financieros están en ebullición debido a la proliferación de criptomonedas y de Ofertas Iniciales de Criptomonedas (ICOs). Hay muchas historias sobre fortunas creadas y sueños de hacer fortunas. Suena también el conocido dicho “esta vez es diferente”.
Los mercados de criptomonedas y de ICOs han crecido rápidamente. Estos mercados son locales, nacionales e internacionales, e incluyen una amplia y creciente gama de productos y participantes. Esto también plantea a los inversores y a otros participantes del mercado muchas preguntas, algunas nuevas y otras habituales (pero de una nueva manera), entre otras, por citar solo algunas:
¿Es un producto legal? ¿Está sujeto a regulación, incluidas las normas destinadas a proteger a los inversores? ¿El producto cumple con esas normas?
¿Es una oferta legal? ¿Aquellos que ofrecen el producto tienen licencia para hacerlo?
¿Son íntegros los mercados en los que se negocian? ¿Pueden ser manipulados los precios en esos mercados? ¿Puedo vender cuando quiera?
¿Hay riesgos considerables de fraude o pérdidas, incluido el de pirateo informático?
Las respuestas a éstas y otras preguntas importantes requieren, a menudo, un análisis profundo, y las respuestas pueden diferir dependiendo de muchos factores.
Este comunicado proporciona mi visión general sobre los mercados de criptomonedas e ICOs1 y está dirigido a dos grupos principalmente:
Inversores minoristas, y
Profesionales del mercado –incluyendo, por ejemplo, brókers-dealers, asesores de inversión, mercados, abogados y auditores – cuyas acciones impactan en los inversores minoristas.
Consideraciones para los inversores minoristas
Han surgido preocupaciones con respecto a los mercados de criptomonedas y las ICOs, incluyendo que, tal y cómo están operando en la actualidad, hay considerablemente menos protección para los inversores que en nuestros mercados de valores tradicionales, con los consiguientes mayores riesgos de fraude y manipulación.
Los inversores deben entender que, hasta la fecha, ninguna ICO se ha registrado en la SEC. La SEC tampoco ha aprobado hasta la fecha la admisión a negociación y comercialización de ningún producto cotizado (como por ejemplo, de Fondos cotizados o ETF) que invierta en criptomonedas u otros activos relacionados con criptomonedas2. Si alguna persona le dice lo contrario, sea especialmente cauteloso.
Hemos publicado alertas para los inversores, boletines y comunicados sobre las ICOs e inversiones relacionadas con criptomonedas, incluyendo en lo que respecta a la comercialización de ciertas ofertas e inversiones realizadas por personajes famosos y otros3. Por favor, tómese un momento para leerlas. Si elige invertir en estos productos, por favor realice preguntas y solicite respuestas claras. Se adjunta una lista de ejemplos de preguntas que puede ser de ayuda.
Como con cualquier otra inversión potencial, si un promotor garantiza ganancias, si una oportunidad suena demasiado buena para ser verdad, o si es presionado para actuar rápidamente, por favor, extreme la precaución y sea consciente del riesgo de perder su inversión.
Por favor tenga en cuenta también que estos mercados cruzan las fronteras nacionales y que puede haber negociación en sistemas y plataformas situadas fuera de los Estados Unidos. Sus fondos invertidos pueden moverse rápidamente hacia el extranjero sin su conocimiento. Consecuentemente, los riesgos pueden ir aumentando, incluyendo el riesgo de que los reguladores de mercado, como la SEC, no puedan perseguir de manera efectiva a actores fraudulentos o recuperar el capital invertido.
Para aprender más sobre estos mercados y su regulación, por favor léase la sección que aparece más abajo “Discusión Adicional sobre las criptomonedas, ICOs y la Regulación de Valores”.
Consideraciones para los profesionales del mercado
Creo que las ICOs – representen una oferta de valores o no – pueden ser una manera efectiva para los emprendedores y otros de obtener financiación, incluyendo para proyectos innovadores.
Sin embargo, cualquier actividad que involucre una oferta de valores debe estar acompañada de importantes desgloses de información, procedimientos y otras protecciones para el inversor que exige nuestra normativa de valores. Un cambio en la estructura de una oferta de valores no modifica el hecho fundamental de que, cuando un valor es ofrecido, nuestras leyes de valores deben ser cumplidas4. Dicho de otra manera, reemplazar un activo corporativo tradicional registrado en un libro central oficial por un activo de una empresa registrado a través de una anotación blockchain en un libro distribuido puede cambiar la forma de la transacción, pero no cambia su sustancia.
Insto a los participantes de los mercados, incluyendo a los abogados del sector, auditores y consultores, a leer detenidamente el informe de investigación “Report 21(a)”5 que publicamos a principios de este año y revisar nuestras acciones posteriores de supervisión6. En el Report 21(a), la Comisión aplicó principios legales establecidos para demostrar que un determinado token constituye un contrato de inversión y, por lo tanto, es un valor bajo nuestras leyes federales de valores. En particular, concluimos que la oferta de tokens representaba una inversión de dinero en una empresa común) con una expectativa razonable de ganancias derivadas de los esfuerzos de emprendedores o de la gestión empresarial de terceros.
Siguiendo la emisión del Report 21(a), determinados participantes del mercado han intentado destacar las características “de utilidad” (utility) de sus propuestas de ICOs en un esfuerzo por aclarar que sus tokens o criptomonedas no son valores. Muchas de esas afirmaciones parecen primar la forma sobre el fondo. Simplemente denominándolo “de utilidad” o estructurándolo para proporcionar alguna utilidad no evita que el token sea un valor. Los tokens y ofertas que incorporan características y estrategias de marketing que enfatizan los beneficios potenciales basados en los esfuerzos de emprendedores o de gestión empresarial de terceros siguen manteniendo las características distintivas de valor bajo de la ley de Estados Unidos. En este y en otros aspectos, en los que se espera la aplicación de la experiencia y buen juicio, creo que es donde los expertos, incluyendo abogados del sector, auditores y consultores, deben centrar su responsabilidad. Os insto a que os guieis por la motivación principal de nuestro registro, proceso de oferta y requisitos de información: la protección del inversor y, en particular, la protección de los inversores minoristas.
Advierto también a los participantes del mercado en contra de promocionar o publicitar la oferta y venta de criptomonedas sin determinar primero si las leyes de valores se aplican a esas actividades. Vender valores generalmente requiere una licencia, y la experiencia demuestra que una excesiva promoción en mercados poco activos y volátiles puede ser un indicador de estrategias de scalping, hinchar y pinchar (pump and dump) y otras manipulaciones o fraudes. Al mismo tiempo, también advierto a quienes operan sistemas y plataformas que efectúan o facilitan transacciones en esos productos que pueden estar gestionando exchanges (mercados) o brokers-dealers no registrados, infringiendo la Ley del Mercado de Valores de 1934.
Sobre las criptomonedas, quiero poner de relieve dos aspectos. Primero, aunque haya criptomonedas que aparenten no ser valores, simplemente por denominarlas “monedas” o una “moneda basada en un producto”, no significa que no sea un valor. Antes de lanzar una criptomoneda o un producto con su valor vinculado a una o más criptomonedas, sus promotores deben (1) ser capaces de demostrar que la moneda o producto no es un valor o (2) cumplir con el registro aplicable y otros requisitos bajo nuestras leyes de valores. Segundo, los brókers-dealers y otros participantes del mercado que permiten pagos en criptomonedas, permitiendo a los clientes comprar criptomonedas apalancadas, o que utilicen criptomonedas para facilitar transacciones de valores, deben tener una especial precaución, incluyendo asegurarse que las actividades de sus criptomonedas no están socavando las obligaciones de blanqueo de capitales y las de identificación del cliente7. Como he dicho anteriormente, estos participantes del mercado deben tratar los pagos y otras transacciones hechas en criptomonedas como si fuera efectivo entregado de una parte a otra.
Discusión Adicional sobre Criptomonedas, ICOs y Regulación de Valores
Criptomonedas. Hablando en términos generales, las criptomonedas pretenden ser ítems de valor inherente (similares, por ejemplo, al efectivo o al oro) que tienen por objeto permitir la realización de compras, ventas y otras transacciones financieras. Están destinadas a ofrecer muchas de las mismas funciones que las divisas consolidadas, como el dólar americano, el euro o el yen japonés, pero no tienen el respaldo de un gobierno u otro organismo. A pesar de que el diseño y el mantenimiento de las distintas criptomonedas difiere entre sí, los oferentes de criptomonedas destacan varios beneficios potenciales y características de éstas, incluyendo (1) la capacidad de realizar transferencias sin la intervención de un intermediario y sin limitación geográfica, (2) firmeza de la liquidación, (3) bajos costes de transacción comparados con otras formas de pago y (4) la capacidad de verificar las transacciones públicamente. Otra característica bastante promocionada de las criptomonedas incluye el anonimato y la ausencia de regulación gubernamental o supervisión. Los detractores de las criptomonedas señalan que pueden facilitar negociaciones y transacciones financieras ilícitas, y que algunas de las supuestas características beneficiosas pueden no estar disponibles en la práctica.
Se ha afirmado que las criptomonedas no son valores y que la oferta y venta de criptomonedas están fuera de la jurisdicción de la SEC. Que esta afirmación sea correcta respecto a cualquier activo digital que está etiquetado como una criptomoneda, dependerá de las características y el uso de ese activo en particular. En cualquier caso, está claro que, al igual que la SEC tiene una posición clara sobre cómo el dólar americano, el euro y el yen japonés afectan al mercado de valores, tenemos los mismos intereses y responsabilidades con respecto a las criptomonedas. Esto se extiende, por ejemplo, a intermediarios y otros participantes del mercado que permiten que los pagos se hagan en criptomonedas, establecen estructuras para invertir o atesorar criptomonedas o conceden líneas de crédito a los clientes para comprar o mantener criptomonedas.
Initial Coin Offerings. Coincidiendo con el crecimiento considerable de las criptomonedas, las empresas y personas físicas han ido utilizando de forma creciente las ICOs para conseguir fondos para sus negocios y proyectos. Generalmente estas ofertas implican la oportunidad para inversores particulares de intercambiar divisas como el dólar americano o criptomonedas a cambio de un valor digital etiquetado como moneda o “token”.
Estas ofertas pueden ser de diferentes tipos, y los derechos e intereses que una moneda pretende proporcionar al tenedor pueden variar bastante. Una pregunta clave para todos los participantes del mercado de las ICOs: “¿La moneda o token es un valor?”. Como bien saben los usuarios de la ley del mercado de valores, la respuesta depende de los hechos. Por ejemplo, un token que representa un interés participativo en el Club Libro del Mes (Book Of The Month Club) puede no implicar a nuestra regulación de valores, y puede ser una manera eficiente para que los operadores del club puedan financiar la futura adquisición de libros y facilitar la distribución de esos libros a los tenedores de tokens. Por el contrario, muchas ofertas de tokens parecen haber ido más allá de este concepto y son más análogas a los intereses de una editorial, todavía no en marcha y con los autores, libros y redes de distribución todos por llegar. Es especialmente problemático cuando los promotores de esas ofertas hacen hincapié en la negociación potencial de estos tokens en mercados secundarios. Potenciales compradores están siendo capturados con la posibilidad de que los tokens incrementen su valor – con la capacidad de hacer efectivo esos incrementos revendiendo los tokens en un mercado secundario – o, en otro caso, obtener beneficios de los tokens basados en los esfuerzos de terceros. Estas son características clave de un valor y de una oferta de valores.
Por lo general, las estructuras de las ICOs que he visto promocionan la oferta y venta de valores e implican directamente requisitos de inscripción de valores y otras disposiciones de protección al inversor de nuestras leyes federales de valores. En general, estas leyes establecen que los inversores merecen saber en qué están invirtiendo y los riesgos que asumen.
He solicitado a la División de Inspección de la SEC que continúe vigilando esta área activamente y que recomiende actuaciones inspectoras sobre aquellos que realicen ICOs infringiendo las leyes federales de valores.
Conclusiones
En la SEC estamos comprometidos a promover la formación de capital. La tecnología en la que están basadas las criptomonedas e ICOs puede llegar a ser disruptiva, transformativa y mejorar la eficiencia. Estoy seguro que los desarrollos en Fintech pueden ayudar a facilitar la formación de capital y proporcionar oportunidades de inversión prometedoras tanto para inversores institucionales como minoristas.
Animo a los inversores minoristas a abrirse a esas oportunidades, pero haciendo buenas preguntas, exigiendo respuestas claras y aplicando el sentido común cuando lo hagan. Cuando se asesora a los clientes, diseñando productos y participando en transacciones, los participantes del mercado y sus asesores deben considerar cuidadosamente nuestras leyes, regulaciones y guías, así como nuestros principios basados en el régimen de la ley de valores, que nos ha sido enormemente útil para hacer frente a los nuevos desarrollos durante más de 80 años. Animo también a los participantes del mercado y sus asesores a comprometerse con el personal de la SEC a ayudar en su análisis conforme a las leyes de valores. Los expertos que ofrecen asistencia en estas materias están disponibles en FinTech@sec.gov.
Ejemplos de preguntas para inversores considerando una oportunidad de inversión en criptomoneda o ICOs8
¿Con quién estoy contratando exactamente?
o ¿Quién está emitiendo y promoviendo el producto, cuáles son sus antecedentes, y han proporcionado una descripción total y completa del producto? ¿Tienen un plan de negocios claro y escrito que comprendo?
o ¿Quién promociona o comercializa el producto? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Tienen licencia para vender el producto? ¿Han sido pagados para promocionar el producto?
o ¿Dónde está ubicada la empresa?
¿A dónde va mi dinero y para qué se usará? ¿Mi dinero va a ser usado para pagar a otros?
¿Qué derechos específicos se adquieren con mi inversión?
¿Hay estados financieros? Si es así, ¿están auditados y por quién?
¿Hay datos de negociación? Si es así, ¿hay alguna forma de verificarlos?
¿Cómo, cuándo y a qué precio puedo vender mi inversión? Por ejemplo, ¿tengo derecho a devolver el token o moneda a la empresa o recibir un reembolso? ¿Puedo revender la moneda o token, y si es así, hay alguna limitación en mi capacidad para revender?
Si se trata de un monedero electrónico (wallet), ¿qué sucede si pierdo la clave? ¿Todavía tendré acceso a mi inversión?
Si se hace uso del blockchain, ¿ese blockchain está abierto y es público? ¿Se ha publicado el código y ha habido una auditoría independiente de ciberseguridad?
¿La oferta se ha estructurado para cumplir con las leyes de valores y, de no ser así, qué implicaciones tendrá esto para la estabilidad de la empresa y el valor de mi inversión?
¿Qué protecciones legales pueden o no estar disponibles en caso de fraude, piratería informática, malware (virus) o desaceleración en las perspectivas comerciales? ¿Quién será responsable de reembolsar mi inversión si algo sale mal?
Si tengo derechos legales, ¿puedo hacer que se cumplan de forma efectiva y habrá fondos suficientes para compensarme si se violan mis derechos?
1 Esta declaración es mía y no refleja las opiniones de ningún otro Consejero o de la Comisión. Esta declaración no es, y no debe tomarse como una explicación única de la ley aplicable, de todos los riesgos pertinentes con respecto a estos productos, o una declaración de mi posición sobre cualquier producto en particular. Además, esta declaración no es un comentario sobre un proyecto concreto, en forma de modificación de una norma propuesta o de otra manera, presentado ante la Comisión.
2 La CFTC ha considerado el bitcoin como una commodity. El fraude y la manipulación relacionados con el bitcoin negociado en el comercio interestatal están dentro del ámbito de la CFTC, al igual que la regulación de los futuros sobre commodity vinculados directamente con bitcoins. Dicho esto, los productos vinculados al valor de los activos digitales subyacentes, incluyendo el bitcoin y otras criptomonedas, pueden estructurarse como productos de valores sujetos a registro bajo la Ley de Valores de 1933 (Securities Act de 1933) o la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 (Investment Company Act de 1940).
3 Declaración sobre la promoción potencialmente ilegal de ofertas de ICOs y otras inversiones realizadas por famosos y otros (1 de noviembre de 2017), disponible en https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-potentially-unlawful-promotion-icos; Alerta al inversor: empresas públicas que realizan reclamaciones relacionadas con ICOs (28 de agosto de 2017), disponible en https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ia_icorelatedclaims; Boletín del inversor: Initial Coin Offerings (25 de julio de 2017), disponible en https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings; Alerta para inversores: Bitcoin y otras inversiones virtuales relacionadas con otras monedas virtuales (7 de mayo de 2014), disponible en https://www.investor.gov/additional-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alert-bitcoin-other-virtual-currency; Alerta al inversor: esquemas Ponzi usando monedas virtuales (23 de julio de 2013), disponible en https://www.sec.gov/investor/alerts/ia_virtualcurrencies.pdf.
4 Es posible realizar una ICO sin activar los requisitos de registro de la SEC. Por ejemplo, al igual que con una exención del Reglamento D para captar capital para la fabricación de un producto físico, una ICO que es un valor puede estructurarse de modo que pueda acogerse a una exención aplicable de los requisitos de registro.
5 Informe de investigación de conformidad con la Sección 21 (a) de la Ley del Mercado de Valores de 1934: El DAO (25 de julio de 2017) (Securities Exchange Act of 1934: The DAO), disponible en https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207. pdf.
6 Comunicado de prensa, Company Halts ICO (Una compañía paraliza una ICO) después de que la SEC plantea inquietudes sobre el registro (11 de diciembre de 2017), disponible en https://www.sec.gov/news/press-release/2017-227; Comunicado de prensa, SEC Emergency Action Halts ICO Scam (SEC Emergency Action detiene la estafa de unas ICO) (4 de diciembre de 2017), disponible en https://www.sec.gov/news/press-release/2017-219; Comunicado de prensa, SEC Exposes Two Initial Coin Offerings Purportedly Backed by Real Estate and Diamonds (La SEC paraliza dos ofertas ICOs supuestamente respaldadas por el mercado inmobiliario y diamantes) (29 de septiembre de 2017), disponible en https://www.sec.gov/news/press-release/2017-185-0.
7 Estoy particularmente preocupado por los participantes del mercado que otorgan líneas de crédito a los clientes en dólares estadounidenses, un activo relativamente estable, para permitir la compra de criptomonedas, que, en nuestra experiencia reciente, han demostrado ser un activo más volátil.
8 Esto no pretende representar una lista exhaustiva. Consulte también los boletines, alertas y declaraciones de inversores de la SEC a los que se hace referencia en la nota 3 de esta declaración.

Por un sector eléctrico justo y transparente
12 Sep 2018  ugt.es

UGT insta al Gobierno a ser contundente para evitar las continuas subidas del precio de la luz y ampliar el bono social para evitar la pobreza energética
La subida del precio de la luz, que hoy vuelve a marcar un nuevo máximo anual, apenas una semana después del último récord, es un elemento escandaloso e insostenible, que requiere actuar, de una manera inmediata, en mejorar la transparencia y la regulación del sector eléctrico. Un oligopolio que no para de cosechar beneficios a costa del bolsillo de los ciudadanos y que prevé seguir haciéndolo.

En este sentido, y en espera de la comparecencia el próximo miércoles, en el Congreso de los Diputados, de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, UGT insta al Gobierno a solucionar este problema continuo y creciente, que afecta, sobre todo, a los sectores de la población más vulnerable.
El sindicato insiste en sus propuestas, como reducir la fiscalidad de la electricidad, igual que de otros suministros básicos, y aplicar un IVA súper reducido, por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. Demanda ampliar el bono social y hacerlo más inclusivo, pues el actual es claramente insuficiente para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema. Asimismo, pide modificar la actual regulación haciéndola más transparente y eficaz.

En definitiva, se trata de primar el interés general sobre el interés privado y que el sector eléctrico cumpla sus obligaciones para con la sociedad.  No hay que olvidar que la electricidad es un bien de primera necesidad y no se debe especular con él.

clientebancario.bde.es
El Banco de España ha impuesto una multa a Bankia por incumplimiento del art. 5.4 del Real Decreto-Ley 6/2012

Sanción de multa impuesta a BANKIA, S.A. por importe de cuatro millones de euros (4.000.000 €), prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión, entre julio de 2013 y diciembre de 2014, de una infracción grave tipificada en el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, consistente en haber incumplido las obligaciones del artículo 5.4 de dicho Real Decreto-Ley, referidas a la debida aplicación del Código de Buenas Prácticas anexo al citado Real Decreto-Ley.

Esta sanción es firme.

clientebancario.bde.es
El Banco de España ha impuesto una multa a Bankia por incumplimiento del art. 5.9 del Real Decreto-Ley 6/2012

Sanción de multa impuesta a BANKIA, S.A. por importe de cuatro millones de euros (4.000.000 €), prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión, entre julio de 2013 y diciembre de 2014, de una infracción grave tipificada en el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, consistente en haber incumplido las obligaciones del artículo 5.9 de dicho Real Decreto-Ley 6/2012, referidas a los deberes de información a los clientes y publicidad sobre el Código de Buenas Prácticas anexo a dicho Real Decreto-Ley.

Esta sanción es firme.

Lunes, 10 de septiembre de 2018 poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ: “Cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse”

“Los jueces asumimos con abnegación, prudencia y responsabilidad el protagonismo que nos encomienda la sociedad para su defensa”, dice en la apertura del Año Judicial. Carlos Lesmes afirma que “el Estado democrático de Derecho no admite disgregaciones entre ley y democracia ni entre democracia y poder judicial”. El presidente del TS reclama “responsabilidad y comprensión” a todas las instituciones para velar por la independencia judicial como uno de los pilares básicos de la democracia. También pide una actitud de “lealtad constitucional” a los Poderes Públicos “como premisa para mantener entre ellos un diálogo fructífero y tolerante a todos los niveles”

Autor:Comunicación Poder Judicial
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dicho hoy, en el acto de apertura del Año Judicial que ha presidido el rey, que “cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores, y del propio Estado, que es democrático y de Derecho”.

En el cuadragésimo aniversario de la Constitución, Lesmes ha destacado la impronta del texto constitucional como fundamento de convivencia y libertad, “sobre todo cuando de forma interesada se devalúa su valor normativo, cuando se confronta sin rubor principio democrático con Estado de Derecho o cuando se intenta erosionar la legitimidad del poder judicial mediante acciones que exceden con mucho la libertad de expresión o el derecho de defensa”.

La Constitución, ha añadido, es “permeable” a las transformaciones políticas y sociales, pero “no puede ser concebida como políticamente neutra, pues preserva la convivencia democrática a través de un determinado modelo, querido y definido por el pueblo español, como poder constituyente”.

“Fuera de sus premisas, la libertad y los derechos se debilitarían y solo podrían garantizarse frente a quienes se mostrasen sumisos al poder establecido en cada momento”, ha señalado Lesmes, que ha subrayado que la democracia “no existe sin reglas, sin Derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad” y ha alertado de los riesgos que para la existencia del Estado constitucional suponen “los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes”.

Tras asegurar que “supone una falacia contraponer Estado de Derecho y democracia” y señalar que “los derechos civiles y políticos se respetan, precisamente, porque la ley los preserva”, el presidente del TS y del CGPJ ha recordado la advertencia del jurista alemán Gustav Radbruch sobre el peligro de identificar la ley con la voluntad del gobernante, pues tal proceder dejaría a los ciudadanos indefensos ante las arbitrariedades del poder.

“Si la Constitución es la expresión democrática del poder político, resulta una contradicción insuperable que ese poder, en alguna de sus formas, pretenda subvertir la norma que legitima su ejercicio”, ha dicho, para concluir que “la desobediencia a la Constitución es la máxima expresión de la arbitrariedad”.

Irrenunciable respeto al Derecho

En su intervención, el presidente del Poder Judicial se ha referido a la “grave incertidumbre” que recientes decisiones judiciales de otros Estados de la UE han generado al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia; lo que ha provocado “la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial” basados en la confianza mutua.

“Sin embargo, una Europa fuerte, unida y solidaria debe consolidar su liderazgo mediante los valores del Estado de Derecho y, por dicha razón, pese a las dificultades, nuestra Justicia está llamada a salvaguardar la Constitución, precisamente, por ser la expresión más intensa de nuestro compromiso con Europa”, ha añadido.

Lesmes también ha rememorado las palabras del jurista alemán Otto Bachof al tomar posesión en 1959 como rector de la Universidad de Tubinga y ha dicho que “cabría pensar que, quizás, ha recaído demasiado peso sobre los jueces, afirmación que comparten quienes denuncian la ‘judicialización’ de los asuntos de naturaleza política”.

“Sin embargo, aunque solo principalmente a través de la acción política pueden realizarse cambios significativos en la sociedad o aportarse soluciones a los más graves conflictos, es evidente que el respeto al Derecho es irrenunciable, como lo es también su constante salvaguarda judicial”, ha señalado.

Lesmes ha añadido que “estas premisas se desconocen cuando desde determinados poderes públicos, en lugar de preservar ese Derecho en el marco de una sociedad inclusiva, se alimenta la desafección del ciudadano respecto del poder judicial  -nuevamente, sobre la desenfocada visión de que ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular- demostrando una absoluta ignorancia de la dimensión y del significado del Estado de Derecho”.

Así, ha asegurado que “el Estado democrático de Derecho no admite disgregaciones entre ley y democracia ni entre democracia y poder judicial”, y que esos intentos de disgregación, “lejos de debilitar a los jueces, reafirman, por el contrario, su operatividad para responder con eficacia y absoluta independencia a las embestidas contra el marco amalgamador que representa la Constitución”.

“Frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del poder judicial se encamina a evitar el daño que supone desarbolar ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional, pues, si tal respuesta no se produjese, el efecto sería demoledor y el sistema de libertades quedaría fatalmente debilitado”, ha concluido.

Una Constitución plenamente democrática

El presidente del Poder Judicial ha manifestado que una Constitución “solo puede ser calificada de plenamente democrática cuando admite ser cambiada” y ha recordado que la española “prevé sus propios mecanismos de reforma e incluso de sustitución para dar satisfacción a las reclamaciones de cambio legítimo que permitan superar escenarios de insatisfacción, sin imponer”, a diferencia de la francesa o la alemana, “ningún núcleo normativo inaccesible al cambio”.

“Pero una Constitución plenamente democrática, y la nuestra lo es, obliga a que su reforma se acometa por los mecanismos previstos en el propio pacto constituyente. Lo contrario supondría liberar al poder público de toda sujeción a derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos”, ha añadido.

Lesmes ha dicho que “en ocasiones la violencia o la astucia –cuando no la combinación de ambas- han permitido desbordar un determinado modelo orgánico de democracia constitucional sin seguir los procedimientos establecidos, pero no olvidemos que estos procesos de subversión, al desconocer los valores y principios del Estado de Derecho, dividen profundamente a la sociedad, alteran gravemente la convivencia y pueden producir efectos devastadores sobre la paz interna de un Estado”.

“Por ello, cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores, y del propio Estado, que es democrático y de Derecho”, ha advertido.

La independencia judicial, pilar de la democracia

El presidente del TS y del CGPJ ha afirmado que los jueces, “conscientes de que el formidable conjunto de principios y valores de la Constitución constituye una condición existencial de nuestro modelo de convivencia, asumimos con abnegación, prudencia y responsabilidad el protagonismo que nos encomienda la sociedad para su defensa”.

Lesmes ha recordado que algunas reacciones a decisiones judiciales han desembocado, “incluso, en ataques personales a magistrados, alentados no solo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos, cuyos reproches resultan censurables en el marco de la normalidad y del respeto institucional”; y ha alertado de que “las visiones sesgadas o partidistas que persiguen el gratuito descrédito de la institución judicial pueden afectar a la libertad de ánimo y al sosiego con que ha de ejercerse la responsabilidad constitucional de juzgar”.

Ante estas situaciones, ha asegurado que el CGPJ “ha actuado y seguirá haciéndolo, sin vacilaciones, en defensa de los jueces y magistrados y de su decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

Además, ha reclamado “responsabilidad y comprensión a todas las instituciones, no por un mal entendido ánimo corporativo de defensa de los jueces, sino por la necesidad de velar por la independencia de los tribunales, como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho y de la democracia misma”.

Lealtad constitucional

Por último, Lesmes ha dicho que la Constitución arbitra un modelo de convivencia, pero que la clave de su eficacia reside “en la capacidad de generar la ‘adhesión emocional’ de una mayoría de ciudadanos”.

“Cobra así sentido la noción de ‘lealtad constitucional’”, ha señalado antes de añadir que esa lealtad no debe suponer necesariamente “una identificación emocional acrítica” con la Constitución, sino “una actitud sincera y positiva a la hora de interpretar y aplicar sus reglas y, sobre todo, al apreciar que nuestra norma fundamental se liga indisolublemente a la garantía de los valores supremos de una sociedad libre, sin los cuales ésta no resulta reconocible como tal”.

Esta actitud, ha agregado, “es deseable no solo para los ciudadanos, sino también para los Poderes Públicos, como premisa para mantener entre ellos un diálogo fructífero y tolerante a todos los niveles, sin perversiones ni ambigüedades en el uso del lenguaje, dando a las palabras el sentido que se corresponde con la realidad de lo que con ellas se quiere decir”.

Lesmes ha finalizado pidiendo un esfuerzo común “para que la sociedad encuentre motivos de adhesión” a la Constitución y para explicar su “formidable legado”, sin renunciar a su reforma “si así lo reclamara el pueblo español, depositario de la soberanía”.

“Mientras tanto, un sano sentimiento de identificación con el modelo de nuestro Estado merece ser valorado con la visión serena, propia de una sociedad madura que reconoce, al margen de frivolidades y demagogias, que ninguna Constitución en la azarosa historia política española ha dado lugar a una convivencia en paz y libertad como la que nos ha proporcionado la vigente de 1978”, ha concluido.

El precio de la vivienda aumenta un 10,7% anual durante el segundo trimestre

registradores.org

◾Entre abril y junio se inscribieron 134.196 compraventas, un 12,4% más que en el mismo trimestre de 2017
◾Los tipos fijos de interés repuntan y se aplicaron en cuatro de cada diez hipotecas

03.09’18.- El precio de la vivienda, calculado a través del Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (según metodología Case & Shiller aplicada a España), presenta un incremento anual del 10,7% en el segundo trimestre del año, continuando la senda de subida observada en los últimos trimestres. Con respecto al trimestre anterior, el aumento ha sido del 3%. El ritmo de crecimiento de los últimos trimestres deja un descenso acumulado del 16,9% desde los niveles máximos del índice, alcanzados en 2007.

Compraventas inscritas

Según la Estadística Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al segundo  trimestre, entre abril y junio se inscribieron en los registros de la propiedad 134.196 compraventas de vivienda, un 4% más que en el trimestre anterior. Es el resultado trimestral más elevado desde el segundo trimestre de 2008. Con relación al segundo trimestre de 2017 el aumento fue del 12,4%.

En los últimos doce meses se han inscrito 494.263, el mayor resultado interanual desde el primer trimestre de 2009.

En vivienda nueva se registran en el segundo trimestre 22.659 compraventas, un 1,6% más que en el trimestre anterior, alcanzando el mayor resultado desde el primer trimestre de 2015. En vivienda usada se han registrado 111.537 compraventas, con un importante incremento intertrimestral del 4,5%, siendo la cifra absoluta más alta desde mediados de 2007.

Compras de extranjeros

La compra de vivienda por extranjeros se ha situado en el 12,9% de las compraventas, ligeramente por debajo del 13,1% del pasado trimestre, pero con un incremento en términos del número de compraventas debido al significativo aumento del número general de operaciones. Así, se han registrado alrededor de 17.100 compras de vivienda por extranjeros, frente a las poco más de 16.500 del primer trimestre. Las nacionalidades con mayor peso en la compra de vivienda por extranjeros han sido: británicos (14,9%), alemanes (7,6%), franceses (7%), belgas (6,4%), suecos (6,1%), rumanos (5,6%) e italianos (5,5%). En los últimos doce meses los extranjeros han registrado más de 64.600 compras de vivienda.

Las comunidades autónomas que durante el segundo trimestre han registrado un mayor número de compras de vivienda por ciudadanos extranjeros han sido Canarias, donde el 31,4% de las compraventas de la región han sido efectuadas por extranjeros, Baleares (29%), Comunidad Valenciana (26,5%) y Murcia (19,2%).

Características del crédito hipotecario

El endeudamiento hipotecario por vivienda se ha visto incrementado un 0,7% durante el segundo trimestre con relación al primero, alcanzando un resultado medio de 121.918 €. El incremento sobre el mismo trimestre de 2017 ha sido del 5,3%.

La contratación a tipo de interés fijo se incrementó hasta alcanzar el 39,7% de los nuevos créditos hipotecarios, desde el 37,3% del trimestre anterior,  quedando la contratación a tipo de interés variable en el 60,3%, que en prácticamente su totalidad (59,4% del total) utiliza como índice de referencia el euríbor.

Los tipos de interés de contratación inicial permanecen estables con tendencia ascendente, con un resultado medio en el último trimestre del 2,3% similar al trimestre precedente (ascendió  solo 0,04pp).

La duración media de los nuevos créditos hipotecarios se redujo ligeramente en el segundo trimestre, alcanzando los 23 años y 4 meses, cuatro meses menos que el trimestre anterior.

Los indicadores de accesibilidad se han deteriorado de nuevo  en el segundo trimestre después de la ligera mejora del primero. La cuota hipotecaria mensual media ha sido de 563,1€ y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial se ha situado en el 29,6%. Esto ha significado que la cuota hipotecaria mensual media se ha incrementado un 2,2% y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial ha aumentado en 0,6pp. Este deterioro se ha debido a factores tales como la reducción de los plazos medios de contratación  (-1,4%),  el  aumento  de  los  tipos de  interés  (0,04 pp), y  al incremento  de  la hipoteca media (0,7%). El único factor positivo, insuficiente para contrarrestar los factores anteriores, fue el ligero incremento de los salarios, que crecieron el 0,20% durante el trimestre.

Impagos hipotecarios

Según la Estadística Registral Inmobiliaria, que también se puede consultar en el Portal de Precios de Vivienda (http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html), las certificaciones de vivienda por inicio de ejecución de hipoteca del segundo trimestre han sido 6.643, con una leve caída del 1,5% sobre el mismo trimestre de 2017. El 64,3% de las certificaciones ha correspondido a personas jurídicas, superando a las personas físicas, que alcanzaron el mínimo histórico (desde 2014 en que comenzó su publicación), con el 35,7% restante. En cuanto a la nacionalidad, el 3,1%, ha correspondido a extranjeros, frente al 96,9% restante de nacionales.

Las daciones en pago han sido 1.709, con un descenso del 2,3% sobre el mismo trimestre de 2017. El 91,3% afectó a personas físicas, frente al 8,7% de personas jurídicas. Con respecto a la nacionalidad, el 11,9% de las daciones en pago han correspondido a extranjeros, frente al 88,1% restante de nacionales.

Presentación de los actos centrales de la conmemoración del 40 aniversario

40 aniversario de la Constitución: 40 años de democracia, 40 años de libertad
Jueves 6 de septiembre de 2018

Congreso de los Diputados – 06/09/2018 lamoncloa.gob.es
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor y el presidente del Senado, Pio García-Escudero, han presentado, en el Salón de los Pasos perdidos del Congreso de los Diputados, los actos que las tres instituciones han organizado con motivo del 40 aniversario de la Constitución que se celebra bajo el lema 40 aniversario de la Constitución: 40 años de democracia, 40 años de libertad.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, quien se ha encargado de la apertura del acto, ha remarcado que «conmemorar la Constitución es celebrar nuestra reconciliación, nuestra libertad y nuestro progreso. Transitar por esa senda fue posible gracias a la decisión de líderes generosos y del conjunto de los españoles, que prefirieron la concordia y supieron poner nuestra convivencia por encima de intereses políticos e ideológicos.

«Queremos que esta conmemoración nos permita valorar el significado de aquel pacto entre los españoles, y que sirva para renovar nuestro compromiso con nuestra convivencia y con nuestros principios democráticos», ha añadido. «La voluntad de convivir en el espíritu de la Constitución nos ha traído muchas, muchísimas cosas buenas, y nos compromete a seguir por ese camino para construir una España cada vez mejor».

Los que estamos aquí, ha indicado la presidenta del Congreso, nos enorgullecemos todos de celebrar este 40 aniversario, apostando por la Constitución, el pueblo español decidió apostar también por una España moderna, integrada en Europa y relevante en el mundo. La España de los derechos, de la libertad, del bienestar, del desarrollo, del pluralismo político, social y cultural.

Garantía de derechos, libertades y avance como sociedad

«Lo que queremos celebrar en esta conmemoración es de lo que estamos orgullosos todos los españoles. Orgullosos de la historia de estos 40 años, orgullosos de nuestros antepasados, pero sobre todo orgullosos de decirle a nuestros jóvenes que esto ha sido posible gracias a la generosidad de muchos, y que el éxito de estos 40 años es el éxito de todos los españoles, que es innegable la evolución de España en estos 40 años, y que es innegable que todo ello ha sido posible gracias a que los españoles eligieron la democracia y el estado de derecho»
Pastor ha querido resaltar que esta conmemoración del 40 aniversario nos da la oportunidad para establecer las bases de algunas iniciativas de carácter cultural y participativas que ayuden a fomentar entre los jóvenes y la sociedad en general los valores de nuestra Constitución.

«Esta es una celebración que pertenece a todos los españoles. Todas las iniciativas que abracen ese mismo espíritu de orgullo por el pasado y de esperanza en un futuro juntos serán bienvenidas a esta conmemoración. Porque somos los españoles, todos, quienes tenemos en la Constitución la garantía de nuestros derechos, de nuestras libertades, y del avance como sociedad al que todos aspiramos», ha concluido.

Actividades para celebrar 40 años de Constitución

Pool Moncloa/Fernando CalvoLa presidenta del Congreso ha avanzado algunas de las actividades organizadas para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución durante los últimos meses del año. El próximo 17 de septiembre se inaugurará en la Carrera de San Jerónimo la exposición de la Agencia Efe de ’40 años de España en Democracia’. En octubre, en concreto los días 4 y 5, se celebrará en el Senado el Congreso Internacional Constitucional.

A finales de noviembre y en colaboración con el Museo Reina Sofía, tendrá lugar la exposición ‘El poder del arte’ que acogerá tanto el Congreso de los Diputados como el Senado y el propio museo.

Como colofón de estas actividades, el 5 de diciembre se celebrará un concierto conmemorativo, que será presidido por los Reyes de España, en el Auditorio Nacional, donde se presentará una pieza musical compuesta específicamente para esta conmemoración por una autora nacional. El día 6 de diciembre, Día de la Constitución, se celebrará en el Congreso de los Diputados un acto institucional de las Cortes Generales al que se dará, con ocasión de este aniversario, un carácter extraordinario.

Imperio de la ley y pluralidad interna

Por su parte, el presidente del Senado, Pío García-Escudero ha apuntado la necesidad de reivindicar el valor trascendental de la Constitución, en términos de libertad, de democracia, de derechos fundamentales, de imperio de la ley o de reconocimiento político de la esencial pluralidad interna de España dentro de su incuestionable unidad como nación.

«Valoramos muy especialmente que el actual Gobierno, a través de su presidente, renueve hoy el compromiso con esta conmemoración que ya había sido expresado por el anterior Ejecutivo. Todos los poderes del Estado y todas las Administraciones debemos colaborar porque todos somos imprescindibles para hacer realidad el propósito fundamental que alienta esta conmemoración: defender, respetar y promover los principios y valores de nuestro texto constitucional», ha añadido.

El presidente del Senado ha incidido en «principios tan nucleares como el de la separación y el equilibrio de poderes dentro de un leal espíritu de colaboración. Sin olvidar que la nuestra es una democracia parlamentaria y que, como tal, al Parlamento le debe corresponder siempre una posición nuclear en la vida política de España».

Para el presidente de la Cámara Alta «no hay mejor homenaje que podamos hacer a nuestra Constitución, a su espíritu, que proteger, respetar y, en la medida de lo posible, potenciar el papel político y las funciones de nuestro Parlamento, tanto del Congreso como del Senado».

Consolidación de la democracia e integración en la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el simbolismo del acto por su finalidad y por el marco de la celebración, las Cortes Generales, sede de la soberanía popular y ha destacado cómo, desde la aprobación de la Constitución, España aceleró para ser una democracia plena, afirmando que fue posible gracias al respaldo abrumador de la mayoría de los ciudadanos, de los miembros de aquellas Cortes y, en especial, de los ponentes del texto constitucional.

Pool Moncloa/Fernando Calvo»No fue una tarea sencilla -ha dicho- y conviene que, con la distancia del tiempo, seamos capaces de valorarlo para explicar a generaciones posteriores todo lo que se pudo construir desde el poder de la palabra y la vocación del acuerdo. Fue una lección de generosidad de la que a día de hoy seguimos aprendiendo».

Considera que estos 40 años han demostrado que «se acertó en lo principal y también en lo que entonces parecía secundario» y que con la Constitución se consolidó la democracia y la integración de España en la Unión Europea: «Desde la Constitución vencimos al terrorismo; a partir de la Constitución conocimos los beneficios del autogobierno y gracias a la Constitución desarrollamos los derechos fundamentales y los principios inspiradores del Estado del Bienestar que disfrutamos».

Vertebración de España

A su juicio, se conmemora mucho más que el 40 aniversario de un texto jurídico, «se conmemora un marco que nos ha permitido entendernos desde la diversidad, que ha favorecido la convivencia y que ha vertebrado España. La Constitución permite explorar vías de acuerdo, permite alcanzar grandes consensos; siempre que seamos capaces de dialogar, nos entendamos desde la generosidad y huyamos de personalismos». También ha reivindicado el valor y el espíritu del diálogo para conquistar el porvenir y afirmó que «a la Constitución se la honra y conmemora cumpliéndola y haciéndola cumplir.»

Sánchez ha recordado que del espíritu de 1978 nace la España abierta al mundo, pionera en la defensa de valores universales como el feminismo, los derechos humanos y las libertades civiles y que «de ella aprendimos que nunca más un proyecto político debía tener la vocación de dividir a la sociedad en dos mitades condenadas a negarse la una a la otra».

Para el presidente del Gobierno, «no se puede gobernar sólo para una mitad de la ciudadanía. No se puede alterar unilateralmente el marco de convivencia que todos nos dimos y a todos nos ampara. No se puede ignorar reiteradamente a la otra parte. Vamos a hacer de esta conmemoración una oportunidad para volver a contarle al mundo lo que ya sabe de España».

Ha destacado que España es un país que «abraza las causas más nobles de nuestro tiempo» y que lo hace desde la libertad, el pluralismo y el respeto a los derechos humanos, una España comprometida con Europa, diversa, feminista, abierta, cosmopolita, emprendedora, solidaria y justa. «Una sociedad moderna que quiere encontrarse en el valor de la palabra y en el espíritu del diálogo, como en 1978».

Testigos de la historia

El Gobierno es parte activa en la conmemoración de este 40 Aniversario y según ha explicado Pedro Sánchez, se van a celebrar eventos en los que la ciudadanía tendrá un protagonismo fundamental como los relacionados con el papel de las mujeres en estas cuatro décadas de democracia y otros vinculados con la presencia destacada de España en Europa e Iberoamérica.

El presidente del Gobierno ha presentado un video con un claro mensaje de reconciliación a través de dos personas muy especiales ya que han sido testigos y protagonistas del último siglo de historia de España. Germán y José lucharon en bandos opuestos hace ochenta años. Hace cuarenta tuvieron la oportunidad de votar la Constitución y hoy, felizmente, todavía pueden celebrarla con nosotros.

José Mir Salas, de la localidad zaragozana de Mequinenza, tiene 98 años y sirvió en el Ejército Popular de la República mientras que Germán Visús vive en Fayón, también de Zaragoza, tiene 102 años y perteneció al Ejército Nacional. Los dos combatieron en la Batalla del Ebro, de cuyo inicio se cumplieron 80 años el pasado julio y José Mir formó parte de lo que se llamó la «Quinta del Biberón». Dos combatientes de la Batalla del Ebro, que lucharon en bandos opuestos y hoy charlan amigablemente y sin rencor, reviviendo diferentes momentos de una vida.

La grabación del video se realizó con la ayuda de la alcaldesa de Mequinenza, Magdalena Godía, el alcalde de Fayón, Roberto Cabistany, el director del Museo de la Batalla de Ebro, José Miguel Ferragut y las familias de ambos ex-combatientes.

Datos de FRONTUR y EGATUR del INE

El gasto y la llegada de turistas internacionales aumentan en los siete primeros meses del año
Lunes 3 de septiembre de 2018 lamoncloa.gob.es

España recibió durante los siete primeros meses del año cerca de 47,1 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 0,3% respecto al mismo periodo de 2017, y su gasto fue de 50.691 millones de euros, un 3% más. Son datos de las encuestas de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) y de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el Instituto Nacional de Estadística.

Para la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, «se está produciendo una tendencia a la normalización de los flujos turísticos tras varios años de crecimientos excepcionales mientras el gasto sigue aumentando, lo cual indica que la apuesta del Gobierno de España por el turismo de calidad con la captación de segmentos como el cosmopolita está funcionando».

En julio visitaron nuestro país 10 millones de turistas (un 4,9% menos) y tuvieron un gasto de 11.747 millones de euros, un 0,9% menos. El gasto medio diario de los turistas creció un 9,5% situándose en 152 euros.

Llegada de turistas

Entre los principales mercados emisores de enero a julio destacan Reino Unido, de donde llegaron más de 10,6 millones de turistas internacionales, Alemania, con cerca de 6,5 millones, y Francia, con 6,2 millones. Los mercados más dinámicos han sido Estados Unidos, con un aumento del 11,4%, Portugal (+7,5%), Países Bajos (+6,3%) y Rusia (+6%).

Por destinos nacionales, Cataluña fue la principal comunidad autónoma, con más de 11 millones de visitantes internacionales, lo que supone un descenso del 2,2% respecto al mismo periodo del pasado año. Le siguen Canarias, con más de 7,9 millones y una bajada del 2,6%; y Baleares, con cerca de 7,9 millones y un descenso del 0,4%. En el resto de comunidades autónomas, el número de turistas internacionales aumentó en los siete primeros meses del año, especialmente en la Comunidad de Madrid que superó la cifra de los 4 millones de visitantes, un 5,0% más que en el mismo periodo de 2017.

Incremento de gasto

Las comunidades autónomas de destino principal con mayor gasto total en los siete primeros meses del año son Cataluña (con 11.832 millones de euros, un 7,1% más que en el mismo periodo de 2017), Canarias (con 9.641 millones y un incremento del 2,6%) y Baleares (con 8.161 millones y un aumento del 0,6%).

En cuanto a los países emisores, Reino Unido es el que tiene mayor gasto acumulado con 10.066 millones de euros (+1,1%). Le siguen Alemania, con 6.640 millones (-3,4%) y Países Nórdicos -Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia- con 4.360 millones (+4,5%).

Martes, 4 de septiembre de 2018  poderjudicial.es

El juez propone juzgar a la excúpula de Caixanova por los créditos irregulares concedidos a Promalar con perjuicio de 80 millones de euros

En un auto, el magistrado considera que “diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera que fue mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración”

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado proceder contra el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, los exdirectores generales de la entidad Gregorio Gorriarán y Jose Luis Pego y contra otras siete personas investigadas por los préstamos concedidos a la empresa Promalar para la compra y reflotamiento de la conservera Bernardo Alfageme y que causó un grave perjuicio económico a Caixanova, de más de 80 millones de euros. El juez considera que los exdirectivos de Caixanova “diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera que fue mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración”.

Una vez finalizada la instrucción, el juez explica en su escrito que los hechos investigados son presuntamente constitutivos de delito societario en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social o apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Los hechos se sitúan entre los años 2005 y 2010. El magistrado examina cuatro operaciones financieras llevadas a cabo por los investigados, para reflotar la conservera Bernado Alfageme, que en aquel momento presentaba serias dificultades económicas y cuyos accionistas mantenían una estrecha relación con la Caja.

El juez explica que para llevar a cabo el plan, los máximos gestores de Caixanova propusieron a otro de los investigados, Juan Lago, administrador de Promalar, la compra de la conservera. Se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar S.L., “que era beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme, causándoles un perjuicio multimillonario a la entidad financiera Caixanova”.

Fincas tasadas por 190 veces su valor real

Como garantía de los préstamos hipotecarios concedidos se entregaron fincas en distintas zonas de Galicia. Como muestra de las profundas irregularidades producidas en las distintas operaciones de financiación, el juez hace constar que en la primera operación, para cubrir el riesgo de 60 millones concedido por préstamo hipotecario, se entregaron en garantía, fincas valoradas en 2005 por Tasagalicia en 133 millones. Su valor real en 2010 era de 2,5 millones de euros, es decir, se tasaron en 190 veces su valor real.

En otras operaciones, la valoración excesiva de las garantías se condicionaba a la aprobación de planes urbanísticos de recalificación de terrenos, “y tasadas principalmente por Tasagalicia, empleando métodos de valoración incorrectos, y sin aplicar ninguna cautela o control de las valoraciones por parte de los gestores de Caixanova. El resultado final fue que el valor de tasación de las fincas otorgadas como garantía se depreció posteriormente prácticamente en su totalidad”.

El juez añade además que varias fincas fueron entregadas como garantía de distintas operaciones de financiación.

Mecanismo expropiatorio en perjuicio de Caixanova

El juez concluye que toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de conseguir beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme S.A. por su estrecha relación con la Caja, “facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables y en perjuicio de la entidad de crédito que administraban”.

Para ello, argumenta de la Mata, “los directivos de Caixanova se concertaron con Lago Pérez, a través de Gorriarián Laza, para facilitarle cantidades millonarias para comprar Bernardo Alfageme a sus socios. Estas operaciones estaban cubiertas con garantías inmobiliarias tasadas de manera absolutamente irregular (se tasaron fincas en 190 veces su valor) ocultando u obviando la existencia de evidentes condicionantes urbanísticos que reducían drásticamente el valor de las fincas otorgadas en garantía.” Los préstamos y créditos no fueron devueltos en ningún caso, “ y han supuesto pérdidas multimillonarias a la vista del ínfimo valor de las garantías inmobiliarias, tratando los imputados de ocultar su responsabilidad alegando mala suerte, frustración de expectativas, o la socorrida crisis inmobiliaria” concluye de la Mata.

Administración desleal o apropiación indebida

Después de analizar las operaciones realizadas por los imputados el juez considera que al menos tres de ellas encajan mejor en el delito de apropiación indebida que en el de administración desleal, en cuanto que los investigados realizaron disimulados “actos apropiatorios para terceros con respecto al dinero de la entidad que administraban, que fueron más allá de los excesos de sus facultades de administración o abusos en el ejercicio de sus competencias”.

No obstante, por la naturaleza provisional de un auto de transformación en procedimiento abreviado y por la complejidad de las conductas desarrolladas, el magistrado mantiene abierta también la calificación alternativa de administración desleal porque del mismo modo podría sostenerse que algunas de las conductas constituyen actos de apropiación de terceros, mientras otras “ son actos de abuso de las funciones propias de su cargo, contrayendo obligaciones a cargo de ésta, causando directamente un perjuicio evaluable”.

Del mismo modo, el juez aprecia en algunos de los investigados la comisión de delito de blanqueo de capitales porque se produjo un delito societario con perjuicios multimillonarios a Caixanova y se han cometido actos dirigidos a ocultar o a permitir el aprovechamiento de esos bienes ilícitos

En el mismo auto el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional para Domingo González Mera y Jose Benito Varela Fernández.

A partir de ahora el fiscal y las partes acusadoras disponen de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Miércoles, 5 de septiembre de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo rechaza por unanimidad las recusaciones planteadas contra los miembros de la sala que enjuiciará la causa por el proceso secesionista de Cataluña

El auto en el que se motiva la decisión se notificará en los próximos días

Autor:Comunicación Poder Judicial

La llamada “Sala del 61” del Tribunal Supremo –regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- ha rechazado hoy por unanimidad las recusaciones planteadas por once de los procesados en la causa abierta por el proceso secesionista de Cataluña contra cinco de los magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal que integran la sala de enjuiciamiento de este caso.

La Sala ha inadmitido a trámite la recusación formulada por tres de los procesados en situación de rebeldía –el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsellers Lluis Puig y Clara Ponsatí- y ha desestimado las planteadas por los otros ocho, que se encuentran en prisión provisional.

El auto en el que se motiva la decisión será notificado en los próximos días.

Siete acciones urgentes para frenar la precariedad

27 Agosto 2018   ugt.es

► UGT propone cinco puntos urgentes a modificar para no seguir aumentando la precariedad laboral: contratación, jornada, subcontratación, despido y negociación colectiva.
► Hay que pasar de las palabras a los hechos y sin demora adoptar 7 medidas: desaparición del contrato indefinido de apoyo a emprendedores; obligatoriedad de registro de diario de jornada; primacía del convenio sectorial; nueva regulación de la subcontratación y empresas multiservicios; en los despidos improcedentes, el trabajador debería decidir entre indemnización o readmisión; no a las comisiones ad hoc en la negociación colectiva y que los convenios mantengan su vigencia.

La Unión General de Trabajadores reclama cambios normativos urgentes, a corto plazo, para frenar la precariedad laboral, ante la situación que han generado las últimas reformas laborales: elevadas tasas de temporalidad, inestabilidad, bajos salarios, subempleo, nuevas formas de explotación laboral y desempleo.

Las últimas reformas laborales han aumentado la desigualdad y la pobreza y se ha generado una nueva categoría de trabajadores, los trabajadores pobres, que, aun trabajando, ni siquiera pueden afrontar los gastos básicos necesarios para vivir. Cada vez más se ven abocados a aceptar un trabajo a tiempo parcial cuando lo que desean es trabajar a tiempo completo; a considerar inalcanzable un contrato indefinido (indefinido de verdad); a tener unas condiciones de trabajo peores que las de sus compañeros de sector porque su empresa tiene convenio propio; a ser despedido de forma fácil y barata; a ser un eterno becario o a que sus representantes sindicales tengan más difícil la defensa de sus derechos y la mejora de sus condiciones laborales.

UGT considera, como objetivo imprescindible, la derogación de las últimas reformas laborales, y su sustitución por una nueva normativa que, de manera inmediata, cree empleo de calidad y con derechos, aumente la protección de los desempleados y configure un mercado de trabajo digno y productivo.

Estamos en fase de crecimiento económico, las empresas han recuperado los beneficios de antes de la crisis, reparten dividendos como nunca, y tienen expectativas de expansión para los próximos años. Sin embargo, los trabajadores siguen siendo los grandes damnificados, con empleos y salarios de miseria.
Ante esta situación, UGT considera que hay que pasar de las palabras a los hechos y, mientras se produce la derogación de las reformas laborales, resulta fundamental actuar ya en cinco materias fundamentales a corto plazo para no seguir deteriorando las relaciones laborales y lastrar el mercado de trabajo con una gran precariedad
Cinco materias y siete medidas fundamentales a corto plazo
En este sentido, UGT propone cinco puntos fundamentales a modificar de manera inmediata para no seguir deteriorando las relaciones laborales y lastrar el mercado de trabajo con una gran precariedad:
1) Contratación: eliminación de todos los contratos creados para incrementar la precariedad. El primero, el mal llamado contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, cuyas condiciones son peores que las de los contratos temporales: por ley, un año de periodo de prueba para que el empresario pueda despedir sin dar explicación ni indemnización.
2) Jornada: necesidad de controlar el tiempo que se trabaja. Se tienen que acabar las prolongaciones de jornada que ni se pagan, ni se cotizan, ni figuran a efecto alguno. En este sentido, es imprescindible establecer la obligatoriedad del registro diario de la jornada, para dejar constancia cada día de cuándo se comienza y cuándo se termina la jornada de trabajo con el fin de controlar e impedir las irregularidades, fraudes y abusos en las horas extraordinarias, tiempo parcial o distribución irregular de la jornada.
3) Subcontratación: la mera aportación de mano de obra, además barata, no puede sustentar la subcontratación de actividades. Es necesaria una nueva regulación exhaustiva de estas formas de organización empresarial, con visión de conjunto, que dote de seguridad jurídica a todos los intervinientes, determine sus responsabilidades, y garantice los derechos y condiciones de trabajo. No puede ser que empresas contratistas o subcontratistas, y las empresas multiservicio, apliquen a sus trabajadores unas condiciones a la baja para competir en precios ante la empresa principal y obtener mayores beneficios.
4) Despido: no se pueden seguir tolerando los despidos sin causa. Ante un despido improcedente (cuando no hay una razón que justifique la decisión del empresario), es el trabajador quien ha de decidir sobre su futuro. La opción entre readmisión o indemnización fuertemente disuasoria debe corresponder al trabajador.
5) Negociación Colectiva: la prioridad aplicativa del convenio de empresa, sobre cualquier otro, implica que puede rebajar las condiciones fijadas en un convenio de ámbito superior. Es necesario que el convenio sectorial recupere su capacidad protectora. Los convenios colectivos deben prolongar su vigencia hasta la firma del siguiente convenio. La ley tiene que establecer la ultraactividad de los convenios colectivos.
Además, los trabajadores necesitan a representantes independientes, con autonomía, protección y garantías frente al empresario para defender sus intereses, condiciones que sólo reúnen los representantes legales y sindicales y no las comisiones ad hoc, especialmente en empresas con plantillas reducidas.