AIRE

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 74/2019 tribunalconstitucional.es
Adelanto de parte dispositiva
El pleno del TC por unanimidad declara inconstitucional el art. 58 bis. 1 de la ley electoral general que permite a los partidos políticos recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos
El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que permite a los partidos políticos recoger datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.
La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 5 de marzo de 2019.
La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido:
“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la constitución de la nación española, ha decidido.
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”.
La sentencia se notificará en los próximos días con una nota de prensa más amplia.
Madrid, 22 de mayo de 2019

Miércoles, 29 de mayo de 2019 poderjudicial.es

El TSJ de Galicia declara revocada la condición de heredero en un testamento por estar separados los cónyuges

El fallo explica que en este caso concreto el fallecido nombró heredera en 2010 a su entonces esposa, de quien posteriormente se separó

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha emitido una sentencia en la que declara que los testamentos a favor de los cónyuges son ineficaces cuando en el momento de fallecer estén separados o divorciados, legalmente o de hecho. En el fallo, cuyo ponente es el magistrado Pablo A. Sande García, se explica que en el caso concreto sobre el que se pronuncia, el fallecido nombró heredera en 2010 a su entonces esposa, de quien posteriormente se separó.

En el testamento, según el TSXG, el marido “reveló la razón por la que la nombraba como su heredera, sin que nada haga concluir que, de no ser su esposa, la hubiera instituido heredera universal”. Así, los magistrados destacan que, una vez que los cónyuges se separaron de hecho, en 2012, esa disposición testamentaria “quedó privada de causa o motivo”. En el momento de la apertura de la sucesión del testador, cuando falleció, en 2015, “persistía la separación, sin que haya sido acreditada reconciliación alguna entre ambos”, indican.

El TSXG precisa en la sentencia, interpretando el artículo 208 de la Ley de Derecho Civil de Galicia que, salvo que se especifique en el testamento que aún en los supuestos de ruptura o crisis matrimonial el cónyuge es el heredero, esta disposición quedará sin efecto en esos casos. La Sala subraya que la ineficacia “no exige ni requiere declaración alguna de voluntad del testador que la complete o ratifique al tiempo de su fallecimiento” y concluye que el legislador gallego parte del entendimiento de que las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge se efectúan “en su condición de tal y en tanto en cuanto lo sea”, de manera que quedarán sin efecto si al fallecer los cónyuges se encontraran, entre otros supuestos, divorciados o separados, legalmente o de hecho.

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 68/19
Luxemburgo, 27 de mayo de 2019
Sentencias en los asuntos acumulados C-508/18 OG (Fiscalía de Lübeck) y C-82/19 PPU PI (Fiscalía de Zwickau) y en el asunto C-509/18 PF (Fiscal General de Lituania)
Las fiscalías alemanas no ofrecen garantías de independencia frente al poder ejecutivo suficientes para poder emitir órdenes europeas de detención
En cambio, el Fiscal General de Lituania sí ofrece esa garantía de independencia
Dos nacionales lituanos y otro rumano se oponen ante los tribunales irlandeses a la ejecución de unas órdenes europeas de detención emitidas por dos fiscalías alemanas y por el Fiscal General de Lituania a fin de sustanciar acciones penales contra ellos. Se les imputan hechos calificados de homicidio voluntario y agresión con lesiones graves (OG), robo a mano armada (PF) y robo organizado o a mano armada (PI).
Los tres reclamados alegan que las fiscalías alemanas y el Fiscal General de Lituania no son competentes para emitir órdenes europeas de detención porque no son «autoridades judiciales» en el sentido de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea. (1) Por lo que se refiere a las fiscalías alemanas, OG y PI alegan, concretamente, que no son independientes frente al poder ejecutivo, ya que forman parte de una jerarquía administrativa dirigida por el Ministro de Justicia, de modo que hay riesgo de injerencia política.
En este contexto, la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda) y la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) solicitan al Tribunal de Justicia que interprete la Decisión Marco. Habida cuenta de que PI se halla privado de libertad en Irlanda en virtud de la orden de detención europea emitida en su contra, el Tribunal de Justicia accedió a la solicitud de la High Court (Tribunal Superior) de que la petición de decisión prejudicial referida al mismo se tramitase por el procedimiento prejudicial de urgencia.
Mediante sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal de Justicia declara que el concepto de «autoridad judicial emisora» que figura en la Decisión Marco no comprende las fiscalías de un Estado miembro, como las de Alemania, expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un Ministro de Justicia, en el marco de la adopción de una decisión relativa a la emisión de una orden de detención europea.
En cambio, este concepto comprende al Fiscal General de un Estado miembro, como el de Lituania, que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y goza en ese Estado miembro de un estatuto que le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea.
El Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que la orden de detención europea es la primera concreción en el ámbito del Derecho penal del principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en el principio de confianza recíproca entre los Estados miembros. Estos dos principios tienen una importancia fundamental, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores.
El principio de reconocimiento mutuo presupone que sólo deben ejecutarse las órdenes europeas de detención que cumplan los requisitos establecidos en la Decisión Marco. Pues bien, puesto que una orden de detención europea constituye una «resolución judicial», resulta necesario que sea emitida por una «autoridad judicial».
Si bien, conforme al principio de autonomía procesal, los Estados miembros pueden designar en su Derecho nacional la «autoridad judicial» competente para dictar órdenes europeas de detención, el sentido y el alcance de este concepto no pueden dejarse a la apreciación de cada Estado miembro, sino que deben ser uniformes en toda la Unión.
Es cierto que el concepto de «autoridad judicial» no se limita a designar a los jueces o tribunales de un Estado miembro, sino que debe entenderse que designa, más ampliamente, a las autoridades que participan en la administración de la justicia penal en ese Estado miembro, a diferencia, en particular, de los ministerios o de los servicios de policía, que forman parte del poder ejecutivo.
Según el Tribunal de Justicia, puede considerarse que tanto las fiscalías alemanas como el Fiscal General de Lituania, cuyos cometidos son esenciales para el desarrollo de los procedimientos penales, participan en la administración de la justicia penal.
No obstante, la autoridad encargada de emitir una orden de detención europea debe actuar de manera independiente en el ejercicio de sus funciones, incluso cuando esa orden se base en una orden de detención nacional dictada por un juez o un tribunal. Así, debe estar en condiciones de ejercer estas funciones con objetividad, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de descargo, y sin estar expuesta al riesgo de que su potestad decisoria sea objeto de órdenes o instrucciones externas, en especial del poder ejecutivo, de modo que no haya ninguna duda de que la decisión de emitir la orden de detención europea corresponde a esa autoridad y no, en definitiva, a dicho poder.
Por lo que respecta a las fiscalías alemanas, el Tribunal de Justicia hace constar que la ley no descarta que su decisión de emitir una orden de detención europea pueda estar sujeta en un caso individual a instrucción del Ministro de Justicia del Land en cuestión. En consecuencia, estas fiscalías no cumplen una de las exigencias requeridas para poder tener la consideración de «autoridad judicial emisora» en el sentido de la Decisión Marco: presentar a la autoridad judicial de ejecución de la orden de detención europea la garantía de actuar con independencia a la hora de emitir dicha orden.
En cambio, el Fiscal General de Lituania puede ser calificado de «autoridad judicial emisora», en el sentido de la Decisión Marco, ya que el estatuto del que goza en ese Estado miembro no sólo garantiza la objetividad de sus misiones, sino que le confiere asimismo una garantía de independencia frente al poder ejecutivo a la hora de emitir órdenes europeas de detención. Ahora bien, los documentos que obran en poder del Tribunal de Justicia no permiten determinar si las decisiones de este Fiscal de emitir una orden de detención europea pueden ser impugnadas a través de un recurso que se ajuste plenamente a las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, extremo que corresponde comprobar a la Supreme Court.
1 Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24).

Consejo de Ministros – lamoncloa.gob.es

El Gobierno reitera que garantizará los intereses de los ciudadanos y las empresas ante un ‘Brexit’ sin acuerdo

La Moncloa, Madrid, viernes 24 de mayo de 2019

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha manifestado, al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la dimisión de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunciada para el próximo 7 de junio, es «una mala noticia para quienes deseamos una retirada ordenada de ese país de la Unión Europea».

Celáa ha señalado que el Parlamento británico es el responsable único de una salida no pactada, en ningún caso el resto de los países de la Unión Europea, y su decisión «anticipa un periodo de dificultades». «El Brexit duro parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar», ha dicho.

Ante esta situación, la portavoz ha reiterado que el Gobierno de España tiene preparadas todas las medidas de contingencia que son de su responsabilidad para garantizar los intereses de los ciudadanos y empresas españolas con intereses en el Reino Unido.

Además, ha aclarado que todos los asuntos relacionados con Gibraltar están salvaguardados: «Cualquier cuestión que afecte a Gibraltar, España tendrá que decidirla junto con la Unión Europea y el Reino Unido».

Celaá ha añadido que, a dos días de la celebración de las elecciones europeas, los acontecimientos «empujan a progresar y no retroceder». En este sentido, ha apostado por robustecer la Unión Europea mediante acuerdos y consensos.

El nuevo Gobierno de España, ha subrayado, quiere contribuir al fortalecimiento y a la federalización de Europa, «a una Europa diversa sí, pero fuerte institucional, política y económicamente, y, sobre todo, a una Europa social que piense en sus ciudadanos».

La portavoz ha expresado su convencimiento en que la Unión Europea «sabrá coger el timón y aprovechar los aires de regeneración de las políticas de progreso».

La CNMV advierte sobre la actividad de recovery room. cnmv.es
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha tenido conocimiento de un nuevo tipo de fraude realizado por empresas denominadas “recovery room” que contactan con personas que han sido víctimas de chiringuitos financieros (entidades no autorizadas) para gestionarles la recuperación de las pérdidas o para recomprar acciones o valores adquiridos a través de empresas no habilitadas.
Este tipo de actuaciones puede provenir del chiringuito financiero que realizó el fraude inicial o de otras personas o empresas que hayan adquirido las listas de afectados. En este sentido la CNMV recomienda a cualquier consumidor que reciba estas ofertas sin haberlo solicitado que considere los siguientes aspectos:
 Ser consciente de que pueden volver a intentar que invierta dinero o, incluso, que sus datos se vendan a otras empresas.
 Identificar los nuevos indicios de fraude: Si la empresa contacta con usted sin haberlo solicitado y le piden dinero por adelantado en concepto de pago de impuestos, honorarios o pólizas de seguro como requisito previo para prestar el servicio ofrecido, es un indicio de que se trata de una «Recovery room».
 Desconfiar si le contactan en nombre de la CNMV con el fin de recuperar las pérdidas sufridas, ya que ni la CNMV ni sus empleados contactarán directamente con los posibles afectados, ni autorizan el uso de su identidad, imagen corporativa o dominio cnmv.es con el fin de recuperar las pérdidas.
 ¿Ha sido víctima de un fraude en el pasado a través de un chiringuito financiero?
 ¿Una compañía con la que usted no ha contactado se ofrece para recuperar los importes perdidos pidiéndole dinero por adelantado?
 Si es así, desconfíe porque probablemente se trate de otro fraude, conocido como recovery room
 No responder a ofertas de recompra de acciones o de recuperación de pérdidas sin antes cerciorarse de que se trata de empresas con referencias positivas o fiables, con independencia de que la actuación de estas empresas de “Recovery room” no está supervisada por la CNMV. (La competencia de la CNMV sobre la actividad de las empresas que operan en el sector financiero se vincula al desarrollo o no de una actividad reservada conforme con la normativa del mercado de valores y/o sometida a autorización o registro en este organismo. Por lo tanto, si no se ofrecen servicios de inversión u otras de las actividades reservadas contempladas en la normativa del mercado de valores, no se trataría de sociedades sometidas a la supervisión de la CNMV).
La CNMV publica regularmente advertencias sobre entidades no habilitadas (chiringuitos financieros), entidades que contactan con los potenciales inversores, a menudo por teléfono, ofreciendo operar con acciones u otros productos financieros sin contar con la debida autorización para hacerlo, con una elevada probabilidad de perder el dinero invertido.
Si ya ha sido víctima de una actuación como la descrita denuncie los hechos a la Policía.
Para más información sobre estos temas, se puede consultar la sección del inversor de la web de la CNMV.

Cámara de España y Secretaría de Estado de Comercio impulsarán la transformación digital del pequeño comercio

22 de Mayo 2019 cámara.es

El Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista ayudará este año a 38.000 comercios

Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. –

Madrid, 22/5/19. La Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España impulsarán la transformación digital del comercio minorista, a través del Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, cuya puesta en marcha se incluye en el convenio que han firmado hoy la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

A través de las actuaciones contempladas en el Programa se mejorará la competitividad de 38.000 comercios en toda España con un presupuesto de 6 millones de euros. De esta cifra, la Dirección General de Política Comercial y Competitividad aportará 2 millones de euros y la Cámara de España un total de 4 millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El desarrollo del Programa se realiza de manera coordinada con las Comunidades Autónomas y se ejecuta en colaboración con Diputaciones, Ayuntamientos y asociaciones del sector.

Actuaciones

La prioridad en 2019 es impulsar la digitalización del comercio como elemento clave para mejorar la competividad del sector.

Las actuaciones a desarrollar tienen como objetivo el fomento de la innovación empresarial y la adaptación a las nuevas fórmulas comerciales y hábitos de consumo, la capacitación en habilidades comerciales, la dinamización de las ventas en las zonas y actividades comerciales, la revitalización comercial de áreas y equipamientos comerciales, la promoción del turismo de compras y el impulso al comercio electrónico.

El Programa se desarrollará en torno a cuatro tipos de actuaciones:

1. Programa de Innovación Comercial

Realización de diagnósticos individualizados a pequeños comercio mediante un análisis sistematizado del establecimiento comercial, con el fin de proporcionar al comerciante una serie de recomendaciones de carácter estratégico, innovador y digital, para la renovación y optimización de la gestión de su establecimiento.

1. Programa de Capacitación de innovación

Celebración de acciones colectivas de capacitación, con el objeto de incentivar y mejorar las habilidades de las pymes comerciales en diferentes áreas o materias estratégicas como el cliente digital, comercio electrónico, marketing digital, turismo de compras o técnicas de venta.

1. Programa de Dinamización de las ventas en zonas comerciales

Desarrollo de acciones promocionales innovadoras dirigidas a incentivar el consumo y las ventas en los diferentes subsectores de actividad, en los ejes comerciales, en los centros comerciales abiertos, en los mercados municipales con especial incidencia en visitantes y turistas y en campañas de promoción de ventas en el pequeño comercio con eventos orientados a promover sus valores de interés comercial.

1. Mejora de la competitividad de las áreas comerciales urbanas y equipamientos comerciales

Convocatoria pública para otorgar ayudas a los ayuntamientos para la realización de proyectos de inversión e incorporación de soluciones tecnológicas que conlleven transformación en los equipamientos singulares minoristas.

Desde 2013, año en el que se inició el programa, se han dedicado un total de 26,8 millones de euros a la modernización del pequeño comercio, cifra que ha permitido apoyar a un total de 177.000 establecimientos incrementando sus ventas y su nivel de competitividad.

Foment considera poco acertada la inmediata aplicación de la norma sobre información no financiera de las cotizadas

La norma, que se aprobó en diciembre de 2018, no ha dado el tiempo suficiente para programar y disponer de los sistemas de información. Además, la ley española es más exigente en la aplicación de la directiva hacia otros países

22 de mayo de 2019 foment.com

◾La nueva obligación Ley 11/2018 de 28 de diciembre, obliga a las empresas a incorporar en su información contable, la información extra-financiera relevante sobre aspectos medioambientales, sociales, así como relativos a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.
◾La normativa será de aplicación obligatoria en los ejercicios de 2018, a presentar en el 2019, para aquellas compañías de más de 500 empleados, y por tanto afectará a casi 2.000 compañías.
◾En el 2021, el requerimiento se ensancha a las empresas de más de 250 trabajadores.

Foment del Treball ha organizado una jornada para presentar un informe sobre las nuevas exigencias legales de información no financiera que se requerirán en sus Estatutos Financieros de las empresas. El estudio ha estado elaborado por Gran Thornton, y por este motivo se ha contado con la presencia de su presidente, Alejandro Martínez Borrell, y de uno de sus socios, Sergi Puig-Serra, quien ha expuesto los principales resultados. Esta nueva obligación, aprobada a la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, es de aplicación para los ejercicios de 2018, a presentar en el 2019 y siguientes años. En este sentido, Foment, a pesar de coincidir en la necesidad de dar a conocer la tarea que las empresas hacen en transparencia, cohesión social y sostenibilidad ambiental, considera que la aplicación inmediata de la norma no ayuda a disponer de los sistemas de información y del tiempo para programarlo.

Este nuevo requerimiento afectará a las empresas de más de 500 empleados este año 2019, que son, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.913 empresas; y el año que viene también será de obligado cumplimiento para las empresas de más de 250 trabajadores, y por tanto afectará a unas 4.000 empresas más. La patronal catalana también ha mostrado preocupación en cuanto a la mayor exigencia de la ley española en la aplicación de la Directiva, hacia otros países, hecho que aumenta la ya farragosa carga administrativa y regulativa.

El presidente de la Comisión de Economía de Foment, Valentí Pich, ha dado la bienvenida y, a continuación, el ponente, Sergi Puig-Serra, ha expresado de forma didáctica y práctica a la sexagésima de asistentes, representantes de grandes empresas en su mayoría, las diferentes casuísticas con que se pueden encontrar. El secretario general adjunto de la patronal, Salvador Guillermo, también ha participado en la jornada

El Defensor pide que ningún contribuyente sea excluido del servicio de ayuda de la Agencia Tributaria para hacer la declaración

Campaña Renta 2018

16/04/2019 defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre sus previsiones para atender a aquellos contribuyentes que tengan problemas para presentar la declaración de la renta por medios electrónicos.

Fernández Marugán valora que la AEAT avance en su modernización pero le preocupan los problemas que acarrearía a ciertos colectivos la desaparición de la posibilidad de presentar la declaración en papel.

El Defensor señala que, entre otras, pueden tener dificultades para presentar la declaración de manera telemática las personas mayores poco habituadas a utilizar la tecnología, los ordenadores e Internet, aquellas que viven en zonas rurales donde el acceso a Internet tiene bajas tasas de penetración o las residentes en municipios lejanos a una delegación de la AEAT.

Además, apunta que algunas de estas personas viven en lugares donde no hay oficinas bancarias, lo que les dificulta el cobro o el pago de las cantidades resultantes de la declaración.

Fernández Marugán recuerda que la Ley Tributaria establece que todos los contribuyentes tienen derecho a ser asistidos por la Administración para cumplir sus obligaciones tributarias; y por este motivo ha pedido información a la AEAT sobre sus previsiones ante las novedades de la actual campaña de la renta.

Lenguas cooficiales

Por otra parte, el Defensor del Pueblo también ha pedido a la AEAT que garantice que los contribuyentes puedan usar la lengua cooficial en todos los trámites ante esta Administración Pública.

En opinión del Defensor del Pueblo, la cooficialidad lingüística no es una opción administrativa sino un derecho constitucional, por lo que el uso de las lenguas cooficiales debe ser normal, habitual y fluido.

Para ello, la Institución ha recomendado que se implante un plan o programa, de mayor alcance que el de las medidas actuales, diseñado con la participación de las comunidades autónomas y previa consulta pública a personas y organizaciones representativas.

El Defensor también ha instado a la Agencia Tributaria a que incluya el euskera en su portal web junto a las demás lenguas cooficiales y el inglés. Además, recomienda que la versión en castellano solo sea considerada como texto oficial único de la web en los territorios sin lengua cooficial, de forma que en los demás sean considerados textos cooficiales también las versiones en euskera, catalán, gallego y valenciano.

Asimismo, el Defensor ha recomendado revisar los posibles errores en los contenidos del sitio web escritos originalmente en castellano inducidos por el uso de software de traducción automática.

Estas recomendaciones se han realizado en el marco de una actuación de oficio de la Institución, tras comprobar que persisten las quejas de ciudadanos que no pueden relacionarse con la AEAT en alguna de las lenguas cooficiales del Estado.

En el desarrollo de esta actuación el Defensor ha pedido informes a los Defensores del Pueblo autonómicos en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, es decir Ararteko, Síndic de Greuges de Catalunya, Valedora do Pobo, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y Defensor del Pueblo de Navarra.

21 de mayo de 2019

mineco.gob.es

La OCDE prevé un crecimiento del PIB del 2,2% en 2019 y del 1,9% en 2020, previsiones que coinciden con las del Gobierno

En su informe sobre Perspectivas Económicas avanza que España seguirá reduciendo el déficit público hasta el 2% del PIB este año y al 1,3 del PIB en 2020, en línea con el Gobierno
La sólida creación de empleo y la demanda interna continuarán impulsando el crecimiento, que seguirá siendo superior al de la media de la zona euro

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) prevé un crecimiento de la economía española del 2,2% en 2019 y del 1,9% en 2020. Esta estimación coincide con las previsiones del Gobierno incluidas en el Programa de Estabilidad y está en línea con las de los principales organismos nacionales e internacionales. De esta forma, España seguirá registrando un crecimiento económico por encima de la media de la zona euro.

En su informe sobre Perspectivas Económicas señala que España continuará avanzando en la reducción del déficit público, que se situará en el 2% este año y descenderá hasta el 1,3 en 2020, en línea también con lo previsto por el Gobierno.

La OCDE constata la mejora de las condiciones del mercado laboral y prevé que se mantenga la sólida creación de empleo, lo que permitirá que la tasa de paro se sitúe en el 13,8% al final de año.

La OCDE destaca que la economía española está mostrando un alto grado de resistencia. La demanda interna seguirá siendo el motor del crecimiento, con incrementos estimados del 2,2% para este año y del 2,1% para 2020. Prevé, asimismo, que el consumo privado se mantenga fuerte impulsado por el incremento del empleo, una inflación moderada y el efecto de medidas como la subida de los salarios en el sector público, las pensiones y el salario mínimo que, según señala la OCDE, han incrementado los ingresos reales disponibles.

La inversión empresarial continuará creciendo, respaldada por la dinámica demanda interna, los bajos costes de financiación y los mejores márgenes de beneficios. La previsión para el sector exterior es que mantenga una aportación neutra en el periodo de proyección.

El diagnóstico de la OCDE sobre la economía española está en línea con el del Gobierno, no solo en lo relativo a los principales indicadores macroeconómicos, sino también en las prioridades en materia de política económica.

La OCDE anima al Gobierno a mantener sus objetivos presupuestarios de medio plazo para asegurar una disminución de la deuda pública y favorecer el crecimiento y la reducción de las desigualdades.

Asimismo, reclama reformas para impulsar el incremento de la productividad, políticas que potencien la competencia y la innovación, mejorar la formación continua para aumentar la capacitación de los trabajadores en nuevas competencias y establecer mecanismos de apoyo para reducir el abandono escolar y fomentar la igualdad de oportunidades.

Martes, 21 de mayo de 2019

Noticia completa en poderjudicial.es

Los Juzgados de cláusulas abusivas dictaron 30.744 sentencias en el primer trimestre del año, un 126,2 por ciento más que en el mismo periodo de 2018

El 96,32% de las 30.744 sentencias notificadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo fueron favorables al cliente. El número de asuntos resueltos aumentó un 122,7 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior; ingresaron un 24% menos asuntos que hace un año. La tasa de resolución, que mide la relación entre asuntos ingresados y resueltos, fue del 82 por ciento. En los tres primeros meses de 2018 había sido del 28 por ciento

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de sentencias dictadas en el primer trimestre de 2019 por los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 30.744, de las que 29.613 –esto es, el 96,32% del total- fueron favorables al cliente.

Estos Juzgados, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del año pasado, conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En total, y desde su puesta en marcha, estos órganos judiciales han dictado 112.032 sentencias, de las que 108.373 –el 96,73% por ciento- han sido favorables a los clientes.

El número de sentencias dictadas mantiene una tendencia al alza desde la creación de estos órganos especializados. Las 30.744 sentencias del trimestre son un 126,2 % más que las 13.589 dictadas en el mismo periodo de 2018. También suponen un incremento del 19,3 por ciento respecto a las 25.760 sentencias notificadas en los tres últimos meses del año pasado.

UGT reclama un Plan de Inclusión Tecnológica porque la mitad de los españoles son analfabetos digitales

17 Mayo 2019 ugt.es

► UGT apuesta por un Pacto de Estado capaz de solucionar las actuales brechas y desigualdades digitales: Un 40% de españoles no sabe qué es un procesador de texto, un 37% no usa nunca el correo electrónico y el número de personas que guarda sus archivos en Internet no supera el 40%.

► La brecha digital se ceba, sobre todo, en los colectivos más vulnerables, entre ellos las mujeres (representan a más del 60% de los desconectados), los mayores (hay una brecha de 50 puntos porcentuales respecto a los jóvenes) o los desempleados (hay una diferencia de hasta 12,4 puntos porcentuales respecto a los trabajadores ocupados)

► El sindicato propone establecer cursos de formación en TIC para personas en situación de desempleo, promover el derecho a la Formación Continua de los Trabajadores para mejorar sus competencias digitales, introducir asignaturas relacionadas con esta materia en todos los planes educativos y poner en marcha tarifas sociales de acceso a Internet para combatir la desigualdad.

La celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, también conocido como el Día Mundial de Internet, que se celebra hoy, debería servir no solo para recordar los beneficios que han conllevado la aparición de Internet y las TIC, sino también para denunciar las desigualdades que se han creado a su alrededor.

En el presente, todavía hay millones de conciudadanos que son analfabetos digitales, personas que no conocen ni pueden disfrutar de las ventajas que aportan las nuevas tecnologías. Las cifras son más que reveladoras: la mitad de los españoles no posee ningún tipo de competencia o habilidad digital, o su nivel es muy bajo. Se trata de mujeres y hombres que no saben lo que es un procesador de texto (40% de los españoles), un correo electrónico (un 37% de la población española no lo usa nunca) o qué significa la nube (el número de personas que guarda sus archivos en Internet no supera el 40%). Se trata de personas que no planifican sus vacaciones por Internet, ni usan la banca electrónica, ni pagan sus impuestos de forma telemática.

Mujeres, mayores y desempleados, tres colectivos en los que se ceba la brecha digital

La Brecha Digital que sufren estos colectivos se ceba especialmente en las mujeres (más del 60% de los desconectados son mujeres), en nuestros mayores (existe una diferencia de 50 puntos porcentuales entre el uso de Internet entre nuestros adolescentes y los mayores de 65 años), en las personas con menores estudios (la educación superior duplica en uso de Internet a la educación primaria), en las familias con menor renta disponible (uno de cada cuatro personas que cobra el SMI es un excluido digital), en los que residen en zonas rurales (aún hay millones de conciudadanos que no pueden acceder a las nuevas tecnologías como consecuencia de la falta de infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas) y en los desempleados (los parados usan mucho menos Internet que los trabajadores ocupados, hasta 12,4 puntos porcentuales menos)

Todas estas tendencias se mantienen invariables, año tras año, conformando una exclusión digital sistémica y estructural, a la que no se pone freno ni se aplican medidas paliativas.

La falta de conocimientos o interés sigue siendo la principal razón detrás de esta nueva forma de desigualdad: un 68% de los desconectados afirman que no disponen de acceso a Internet porque no lo consideran interesante; porcentaje que se ha incrementado 8 puntos en tres años. Sin duda, la ausencia de medidas políticas y legislativas focalizadas en la raíz del problema está detrás de esta situación.

Un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica y un Pacto de Estado

UGT ha presentado, recientemente, un estudio sobre el tamaño y el alcance de La Brecha Digital en España y propone una batería de medidas en el marco de un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica, asociado a un gran Pacto de Estado. Algunas de las propuestas son:

• Establecer un ente público que coordine la transversalidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con responsabilidades en todo lo referido a nuevas tecnologías, formación e inclusión digital.

• Crear un Observatorio de la Brecha Digital, con la participación de todos los actores implicados, incluidas, y con especial referencia, las asociaciones de discapacitados, que elabore los indicadores de referencia de medición de los diferentes tipos de brecha y proponga los objetivos a lograr de forma anual.

• Instaurar planes de formación presenciales dirigidos los colectivos fuera del mundo digital, con líneas específicas para colectivos que conciten varios de los precursores identificados (género, edad, renta, formación académica o hábitat)

• Implantar, de manera masiva, cursos de formación de capacitación TIC para personas en situación de desempleo. Y establecer el derecho a la Formación Continua Profesional en la jornada laboral, dotando de recursos presupuestarios suficientes. Se trata de elaborar planes formativos en las empresas, dirigidos a trabajadores activos, con el fin de actualizar y mejorar sus competencias digitales.

• Introducir asignaturas relacionadas con la adquisición de habilidades digitales en todos los planes educativos.

• Puesta en marcha de tarifas sociales de acceso a Internet para colectivos en situación de vulnerabilidad digital, con las siguientes características: Conexión a Internet de 30 o más Mbps y Tarifa mensual de 20€.

• Establecer un Plan Nacional de Infraestructuras de Telecomunicaciones que, sobre la base de la tecnología 5G, lleve accesos de alta velocidad de conexión a Internet a todos los rincones del país.

• Elaborar una Estrategia Nacional del Teletrabajo que fomente esta práctica en las empresas, como paradigma universal de los beneficios que puede ofrecer la tecnología a la vida de las personas, mejorando cuantitativa y cualitativamente el equilibrio entre tiempo laboral y personal.

Sanciones impuestas por el Banco de España

bde.es

De acuerdo con lo establecido en el art. 115.7 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el Banco de España publica en su página web las sanciones y amonestaciones impuestas por infracciones graves y muy graves en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha en que tales sanciones y amonestaciones sean firmes en vía administrativa pudiendo, en su caso, si así se acuerda, mantener confidencial la identidad del sujeto expedientado.

En cumplimiento de esta obligación, en el presente cuadro se incluye una referencia a las citadas sanciones y amonestaciones impuestas por el Banco de España desde la entrada en vigor de la Ley 10/2014 anteriormente citada, con indicación, en su caso, de los recursos en vía judicial contra la resolución sancionadora y el resultado de los mismos.

Información sobre las infracciones y sanciones impuestas

29-03-19
Sanción de multa impuesta a Banco Santander, S.A. por importe de tres millones doscientos mil euros (3.200.000 euros) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 5.d) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización meramente ocasional o aislada de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley, o con incumplimiento de requisitos establecidos en las mismas.

Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos de las Leyes 41/2007, 2/1994 y 44/2002 en materia, respectivamente, de: comisiones por amortización anticipada y compensación por riesgo de tipo de interés; comisiones por novación en ampliaciones de plazo; y redondeos de tipo de interés.
Firme en vía administrativa
29-03-19
Sanción de multa impuesta a Banco Santander, S.A. por importe de tres millones doscientos mil euros (3.200.000 euros) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 5.e) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo del número 2 del artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos de la Orden 2899/2011 y de la Circular 5/2012 del Banco de España en lo relativo a: la entrega de la información precontractual; el contenido de los documentos de liquidación en cancelaciones anticipadas en las que se percibe compensación por riesgo de tipos de interés; el adeudo de comisiones en la novación de operaciones; el cálculo de la TAE incluida en la información precontractual y en la documentación contractual; y el contenido de la información precontractual en relación a otros costes considerados en la TAE y en el importe total a reembolsar.
Firme en vía administrativa
29-03-19
Sanción de multa impuesta a Unicaja Banco, S.A. por importe de un millón cincuenta mil euros (1.050.000 euros) — tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.e) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas.

Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos del artículo 7 de la Ley 41/2007, que prohíbe cobrar comisión por expedir la documentación bancaria que acredite el pago del préstamo.
Firme en vía administrativa
29-03-19
Sanción de multa impuesta a Unicaja Banco, S.A. por importe de cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 euros) — tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 5.e) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo del número 2 del artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos de la Orden 2899/2011 y de la Circular 5/2012 del Banco de España en lo relativo a la entrega de la información precontractual y el contenido tanto de dicha información como de la documentación contractual, así como a la forma en que se calcula la TAE en la documentación precontractual y contractual, toda vez que no se incluyen todos los gastos de formalización a cargo del prestatario y el coste del seguro de daños exigido para concertar la operación
Firme en vía administrativa

Tres millones y medio de razones para votar (en las elecciones europeas, autonómicas y municipales)

18 mayo 2019 by UGT Comunicación Confederal | ugt.es

Llevamos una semana desde que se iniciará oficialmente la campaña electoral de los comicios europeos, autonómicos y municipales, y nos encontramos a tan sólo una semana de que acudamos a las urnas, y, lamentablemente, al igual que ocurrió con la campaña de las Elecciones Generales del pasado 28 de abril, volvemos a asistir a una escenificación de propuestas y debates en muchos casos alejados de la realidad, de la concreción y, sobre todo, eludiendo lo que, a nuestro juicio, es el principal problema de los españoles y españolas y del que se derivan otros muchos: el paro, casi 3´5 millones de desempleados, la mitad de larga duración, uno de cada dos sin ningún tipo de prestación o cobertura.

Los últimos datos de la EPA han vuelto a revelar que, a pesar de una favorable evolución, España sufre el desempleo de manera severa, porque una de cada seis personas en edad de trabajar no tiene empleo, donde muchas de ellas acaban aceptando trabajos de miseria y, las otras, han perdido la esperanza de poder encontrarlo, situación que lleva inexorablemente a la pobreza. Y a pesar de esta dura realidad y aunque parezca mentira, durante el último mes el paro no ha sido una prioridad en el discurso de nuestros políticos. Las campañas electorales se han vuelto a centrar en temas como Catalunya, la corrupción, las bajadas o subidas de impuestos (sin decir para qué) o quien debe ocupar que una butaca en el Congreso, pero no ha abordado con determinación un tema tan preocupante como el paro.

Crecimiento desigual

Después de cinco años de crecimiento económico desigual, donde unos pocos han visto aumentadas sus rentas mientras la mayoría seguían perdiendo poder adquisitivo, hablar de desempleo es un ejercicio fundamental que debería haber estado presente en la campaña electoral para las elecciones generales (lamentablemente no lo estuvo, ni si quiera en los debates principales), así como para las que vienen próximamente. Sin embargo, en España parece que lo hemos normalizado y los políticos ya no ven como una preocupación fundamental. Este país no puede resignarse a tener un paro estructural, que nos lleva a no tomar medidas y soluciones para rebajarlo considerablemente.

Ni siquiera son capaces de ponerse a debatir, a reflexionar y proponer sobre la protección por desempleo, que debería ser un elemento fundamental en todos los debates y programas, pensando en los millones de personas que a día de hoy están totalmente desprotegidas.

Desde UGT situamos justo antes de las elecciones generales un decálogo de propuestas dirigidas a los partidos políticos con una serie de medidas imprescindibles para los próximos cuatro años, y la principal es el empleo, un empleo de calidad y con derechos. Ahora, ante estos nuevos comicios, hemos renovado y adaptado ese decálogo, convencidos de que es imprescindible cambiar esta situación.

Nuevo modelo económico

Por ello, apostamos por un modelo económico y social sostenible que tenga en cuenta la salud laboral del trabajador, en el que al menos se duplique la dotación presupuestaria, en los diferentes ámbitos y administraciones, para políticas activas de empleo, para poder hacer frente a los retos que tiene nuestra sociedad y nuestro tejido productivo, con el fin de que respondan a la realidad y diversidad de la población trabajadora y del mercado de trabajo, y nos preparen ante fenómenos potencialmente peligrosos para el empleo como la digitalización.

Un modelo económico basado en un nuevo modelo productivo, fruto del consenso de los interlocutores sociales, y basado en un Plan Estratégico para la Industria, articulado y desarrollado en cada Comunidad Autónoma, que haga frente a la desindustrialización que sufren nuestros territorios desde hace décadas, y que contemple el desarrollo de servicios de alto valor añadido, que mejoran la competitividad de las empresas españolas basada en la creación de valor, y no en la reducción de los costes laborales. En definitiva, un nuevo modelo productivo sustentado en la industria, que se convertiría en el motor de la generación de empleo de calidad y con derechos.

En el que los Servicios Públicos de Empleo potencien e incrementen su papel de intermediación, formación y análisis de la situación del mercado de trabajo a nivel territorial, en el que se apueste por la formación de los trabajadores, con el fin de adecuar los perfiles de las personas trabajadoras a las necesidades de los mercados de trabajo sectoriales y en el territorio, dotándoles de una recualificación permanente y una mayor empleabilidad que les permita tener una mayor capacidad para encontrar empleo, mantener su puesto de trabajo y promocionar en él o en el mercado laboral.

Nuevo papel de las Administraciones Públicas

Un modelo en el que se plantee un nuevo papel de la Administraciones Públicas como emprendedoras e impulsoras de la Transición Energética y Medioambiental que requiere nuestra economía productiva, incluyendo en los pliegos de contratación de las Administraciones Publicas criterios sociales y medioambientales, dotándoles de un valor relevante sobre otros parámetros.

En el que se movilice el potencial de las zonas rurales como motor de desarrollo e innovación para alcanzar la cohesión social, territorial y económica en Europa, implementando las acciones necesarias de empleo de calidad, regeneración y cuidado del medio natural.

Un sistema en el que se apueste por una ordenación del territorio que considere el espacio geográfico como un recurso publico estratégico, primando los intereses de la comunidad a nivel medio ambiental, social y económico frente a la especulación.

Donde se valore la innovación, el desarrollo respetuoso con el medio ambiente y la creación de empleo de calidad. Apoyando aquellas iniciativas que aporten valor y no aquellas que promueven el empleo precario. Donde se efectúen políticas que luchen contra la lacra de la siniestralidad laboral y que garanticen las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Donde esté asegurado el diálogo social y la interlocución de las organizaciones sindicales más representativas.

Donde se garantice y promuevan las estructuras sindicales regionales fronterizas (CSIR) como medida para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras desplazados, la inserción laboral, el desarrollo de inversión y el progreso social y económico en regiones naturales de distintos países.

El próximo día 26 de mayo tendremos de nuevo la ocasión de expresarnos en las urnas y elegir a nuestros representantes, esta vez en los parlamentos europeo y autonómicos y en nuestros ayuntamientos. Tenemos, por lo menos, 3´5 millones de razones para votar, no desperdiciemos la oportunidad

Elecciones locales y al Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019

Logística informativa de las elecciones locales y europeas

Viernes 17 de mayo de 2019

lamoncloa.gob.es

17/05/2019. Elecciones 26 de mayo. Ministerio del Interior

El 26 de mayo se celebran en España elecciones al Parlamento Europeo y elecciones locales, en las que un total de 8.131 municipios elegirán a sus representantes locales. Estas elecciones, que incluyen a las Asambleas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, coincidirán con los procesos electorales convocados por doce Gobiernos autonómicos para elegir a los diputados de sus Parlamentos.

Estas comunidades son Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Los datos correspondientes a las elecciones autonómicas serán ofrecidos por dichos Gobiernos, una vez que hayan finalizado los recuentos correspondientes a las elecciones europeas en primer lugar y a las locales a continuación.

Junto a estos procesos, se elegirán también por sufragio directo a los miembros de los Cabildos Insulares Canarios; de los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza; de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; de los Concejos de Navarra y del Consejo General de Arán.

En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, en España se elegirán 54 eurodiputados de un total de 751 para toda la Unión Europea. La circunscripción electoral es única para el territorio nacional, por lo que las formaciones políticas que presentan candidaturas lo hacen mediante una lista única y común en todo el país, si bien la Ley Electoral les permite utilizar en las papeletas denominaciones, símbolos y candidatos específicos por Comunidades Autónomas. Si Reino Unido finalmente sale de la UE el 31 de octubre, la Eurocámara se reduce a 705 eurodiputados pero España tendría cinco adicionales y pasaría a tener 59 eurodiputados.

Difusión de datos electorales

La coincidencia de todos estos comicios en una misma fecha ocasionará que, en algunas mesas electorales, se puedan acumular hasta cinco urnas distintas, como es el caso de Canarias. Se recuerda que, tal y como se establece en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, cada mesa electoral debe escrutar primero las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo y cuando este escrutinio acabe se iniciará el recuento de votos, por este orden, de las elecciones locales, autonómicas en las comunidades en las que se celebran, y finalmente de las elecciones a los Cabildos Insulares.

Según la normativa europea, los datos del escrutinio para el Parlamento Europeo no se pueden ofrecer hasta las 23:00 horas, una vez que cierren los colegios en Italia, el último país en concluir el proceso. A partir de esa hora, los datos de las elecciones europeas estarán disponibles en la aplicación para dispositivos móviles, en la página web de resultados de las elecciones y se ofrecerán en la rueda de prensa de resultados en el Centro Nacional de Datos de IFEMA.

A partir de las 21:00 horas podrán ir apareciendo, en tiempo real, los primeros datos de las elecciones locales, que serán muy poco representativos al corresponder a mesas con muy pocos electores o a poblaciones muy pequeñas que hayan finalizado ya el recuento de las elecciones europeas. Se calcula que los primeros datos significativos de las elecciones locales estén disponibles a partir de la medianoche.

Los datos de las elecciones a los Parlamentos Autonómicos, en aquellas comunidades en las que se celebran comicios, serán ofrecidos por los Gobiernos autonómicos, una vez que haya finalizado el recuento de las elecciones locales. Los datos se irán transmitiendo a medida que vayan cerrando mesas y podrían estar disponibles en los canales de difusión que haya establecido cada Comunidad a partir de las 21:00h. Si bien, debido al orden de escrutinio marcado por la normativa, el recuento de votos de éstas se iniciará al haber finalizado el de las locales. Por ello, se prevé que los primeros datos significativos estén disponibles de madrugada.

Simulacros para detección de fallos

Las empresas españolas que trabajan en los diferentes procesos electorales tienen probada experiencia en elecciones nacionales e internacionales. La Unión Temporal de Empresas (UTE) SCYTL-VECTOR es, en esta ocasión, la adjudicataria del escrutinio provisional en las elecciones de competencia estatal (europeas y locales), pero también lo es en algunos procesos electorales de competencia autonómica como es el caso de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. SCYTL también ha recibido el encargo del Parlamento Europeo para hacer la totalización de los resultados finales de las europeas a partir de los datos trasmitidos por cada uno de los Estados miembros.

El pasado sábado 11 de mayo la UTE SCYTL-Vector realizó el primer simulacro en el que se registraron algunas incidencias de conexión y transmisión de datos, aunque en las pruebas sucesivas el resultado ha sido correcto. Los simulacros están orientados a comprobar el funcionamiento de los sistemas, se hacen con tiempo de antelación suficiente para poder detectar y corregir posibles fallos en el proceso y tienen como finalidad que el día de las elecciones todo funcione correctamente. Mañana se volverá a repetir el simulacro al completo para terminar de cerrar el proceso de prueba. Estos simulacros se llevan a cabo con la participación de profesionales del Ministerio del Interior y del Centro Criptológico Nacional que colaboran en la detección de cualquier tipo de incidencia y necesidades de los sistemas informáticos.

Previsión de horarios domingo 26 de mayo

El Gobierno tiene previsto cinco comparecencias el domingo 26. Los horarios son orientativos, y vendrán determinados en función del orden de escrutinio establecido por la normativa.

08:00 h Inicio del proceso de constitución de mesas electorales en la península

09:00 h Inicio del proceso de constitución mesas electorales en Canarias

          Apertura al público de los colegios electorales en la península

10:00 h Apertura al público de los colegios electorales en Canarias

10:30 h Rueda prensa sobre el inicio de la jornada electoral – IFEMA

14:30 h Rueda prensa datos participación a las 14 horas – IFEMA

18:30 h Rueda prensa datos participación a las 18 horas – IFEMA

20:00 h Cierre de los colegios electorales en la península

          Inicio del recuento de votos elecciones europeas

21:00 h Cierre de los colegios electorales en Canarias

          Inicio de la difusión de datos de elecciones locales y autonómicas

23:00 h Cierre de los colegios electorales en Italia e inicio de difusión de los datos de las elecciones europeas

          Rueda prensa resultados elecciones europeas - IFEMA

00:00 h Posible rueda prensa a partir de las doce de la noche para ofrecer los resultados de las elecciones locales – IFEMA

14 de mayo de 2019

mineco.gob.es

La inflación se sitúa en el 1,5% en abril y se mantiene el diferencial favorable para España respecto a la zona euro

La inflación subyacente se sitúa en el 0,9% debido al repunte de los precios turísticos por la Semana Santa 14 de mayo de 2019.

La tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) general se situó en el 1,5% en abril de 2019, tal y como avanzó el INE a finales del mes pasado. El incremento de dos décimas se debió a la subida de los precios de los servicios, influidos por el calendario de la Semana Santa.

Los precios de los productos energéticos redujeron en abril dos décimas su ritmo de aumento, hasta el 5,4%, debido a la desaceleración de los precios del gas, que prácticamente se estabilizaron, 0,2% interanual, y, en menor medida, de los carburantes y lubricantes, que se incrementaron el 6,4%.

Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 1,8% interanual, destacando la caída de los precios de frutas frescas, -1,9%, mientras que los precios de legumbres y hortalizas frescas se aceleraron hasta el 10,6%.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos) aumentó dos décimas en abril, hasta el 0,9%, debido principalmente a los precios de los servicios, que se incrementaron el 1,7% y, en particular, de los paquetes turísticos, que subieron el 3,4%, influidos por la celebración íntegramente en abril de la Semana Santa, a diferencia del año pasado que comenzó en marzo. La inflación del resto de componentes del IPC se mantuvo relativamente estable, moderándose ligeramente la de alimentación elaborada hasta el 0,3% y manteniéndose en el 0,2% la de bienes industriales no energéticos.

En abril, la tasa interanual del IPC aumentó en todas las comunidades autónomas excepto en Galicia, donde se mantuvo en el 1,4%. Los mayores incrementos, de cuatro décimas, se produjeron en Navarra (2,1%), La Rioja (1,7%) y Aragón (1,6%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en abril en el 1,5%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de abril, cuya tasa interanual sube tres décimas, hasta el 1,6%. La inflación adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en dicho periodo en el 1,7%, resultando un diferencial favorable para España de 0,1 puntos porcentuales.

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 3.686,84 millones de euros

Martes 30 de abril de 2019

lamoncloa.gob.es

Este saldo, a 31 de marzo de 2019, representa un 0,29% del PIB, y es resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 38.129,74 millones de euros, que presentan un incremento del 11,72% y unas obligaciones reconocidas de 34.442,90 millones de euros (incluye la imputación de 1.324,36 millones de euros correspondientes a noviembre y diciembre de 2018).

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,89% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,11% restante a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 92,42% ha sido reconocido por las Entidades gestoras y el 7,58% por las Mutuas colaboradoras.

Comparación homogénea

Para establecer una comparación homogénea con el ejercicio anterior, hay que tener en cuenta que hasta marzo de 2019 se han imputado 1.324,36 millones de euros de gastos devengados en los meses de noviembre y diciembre de 2018 – correspondiente al pago delegado de incapacidad temporal y a la aportación por parte de las mutuas colaboradoras al sostenimiento de los servicios comunes- y que, en consecuencia, deben disminuirse de 2019. Todo esto se traduce en que el importe de gastos del primer trimestre de 2019 sería 33.118,54 millones de euros (34.442,90-1.324,36).

Asimismo, en marzo de 2018 aún no se había aplicado la revalorización adicional de las pensiones, lo que supone, en términos de homogeneidad, que el gasto acumulado en los tres primeros meses del pasado año debe aumentarse en 350,55 millones más. Cabe recordar que a principios del pasado año, la revalorización de las pensiones fue del 0,25%. Fue en julio, con los nuevos Presupuestos Generales del Estado, cuando las pensiones se incrementaron hasta el 1,6% con carácter general y al 3% en el caso de las mínimas. Esa diferencia, que alcanza los 350,55 millones de euros, sumada
al gasto computado en el mismo periodo de 2018, sitúa el total en 31.353,65 millones de euros (31.003,09 + 350,55).

Esto se traduce en un incremento del 5,63% del gasto en los tres primeros meses de 2019 respecto del mismo periodo de 2018.

Recapitulando, en términos homogéneos, el saldo positivo acumulado en los tres primeros meses de este año asciende a 5.011,20 millones de euros, que es la diferencia entre unos derechos reconocidos netos por operaciones no financieras de 38.129,74 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 33.118,54 millones de euros.

Ingresos no financieros

Las cotizaciones sociales han ascendido a 30.566,32 millones de euros, un 8,09 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior, originado por el aumento de la cotización de ocupados en un 8,10%, mientras que la cotización de desempleados registra un aumento del 8,00%. En conjunto, la Seguridad Social prevé ingresar este ejercicio un total de 114.915,75 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Así, los ingresos por cotizaciones representan, a finales de marzo, el 26,60% de lo previsto para todo 2019.

Las transferencias corrientes totalizaron 7.218,81 millones de euros, con un incremento del 31,81% sobre el importe a la misma fecha del ejercicio 2018. Una subida motivada fundamentalmente por el cambio en el calendario de las transferencias del Estado a la Seguridad Social en concepto de complementos a mínimos. Este aumento es del 53,12%, al incluir el mes de marzo los libramientos que, por tal concepto, corresponden a los meses de abril, mayo y junio. Asimismo, el tercer mes del año incluye la aportación del Estado para apoyar el equilibrio presupuestario por importe de 666 millones de euros.

Los ingresos patrimoniales registran 10,73 millones de euros, con un decremento interanual del 68,86%, y las tasas y otros ingresos reflejan la cantidad de 331,09 millones de euros, con un decremento interanual del 0,59%.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 32.552,27 millones de euros, un 10,10% más que en el mismo ejercicio del año anterior. Esta cifra representa un 94,51% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 29.934,16 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, que registra un crecimiento interanual del 10,68%. No obstante, debe tenerse en cuenta lo anteriormente dicho en relación con los gastos del mes de marzo de 2019 para hacer una comparativa con 2018 en términos de homogeneidad.

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) alcanzan un importe de 27.267,72 millones de euros, cifra superior en un 7,06% al año anterior. En cuanto a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se elevaron hasta los 597,64 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 5,02%. En incapacidad temporal el gasto realizado alcanza un importe de 1.976,17 millones de euros, un 117,17% más que en el mismo periodo de ejercicio 2018, crecimiento afectado, como anteriormente se indicó, por la imputación en los meses de enero, febrero y marzo de 2019 del pago delegado de la incapacidad temporal del mes de noviembre y diciembre de 2018, por importe de 978,58 millones de euros, por lo que el gasto real de la incapacidad temporal fue de 997,59 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,63 %.

Asimismo, merece mención expresa el crecimiento interanual de los gastos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en concepto de aportación al sostenimiento de los servicios comunes y de reaseguro obligatorio y facultativo debido a que al ser gastos asociados a la recaudación, ha determinado que los correspondientes a noviembre y diciembre de 2018 se hayan tenido que imputar al presupuesto de 2019 como consecuencia de los actuales criterios de imputación presupuestaria. Con arreglo a dichos criterios el incremento interanual de estos gastos ha ascendido al 375%, si bien en términos de comparación homogénea el incremento habría sido del 13,28 %.

A 31 de marzo, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan un importe de 2.618,11 millones de euros, cifra que supone un aumento del 3,88% respecto al ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y mínimos 2.075,68 millones y a subsidios y otras prestaciones 542,43 millones de euros, de los que 524,93 millones de euros corresponden a prestaciones familiares, un 3,24% superior al del ejercicio precedente.

Por lo que respecta a los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social, han experimentado un aumento del 2,42% en gastos de personal, un aumento del 10,75% en gastos corrientes de bienes y servicios y una disminución del 44,35% en gastos dedicados a inversiones. Con un aumento global del 4,08 % interanual.

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 61/19
Luxemburgo, 14 de mayo de 2019
Sentencia en el asunto C-55/18
Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank, S.A.E.
Los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema que permita computar la jornada laboral diaria
El sindicato español Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) interpuso ante la Audiencia Nacional un recurso con objeto de que se dictase sentencia en la que se declarara la obligación de Deutsche Bank, S.A.E. de establecer un sistema de registro de la jornada laboral diaria que realiza la plantilla de esta entidad. El sindicato considera que este sistema permitiría comprobar el cumplimiento de los horarios de trabajo pactados y de la obligación, establecida en la normativa nacional, (1) de comunicar a los representantes sindicales la información sobre las horas extraordinarias realizadas mensualmente. Según CCOO, la obligación de establecer ese sistema de registro no deriva sólo de la normativa nacional, sino también de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta») y de la Directiva relativa al tiempo de trabajo. (2) Deutsche Bank sostiene que de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se desprende que el Derecho español no establece esa obligación con carácter general. De esta jurisprudencia resulta que la normativa española únicamente exige, salvo pacto en contrario, que se lleve un registro de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores y que, al final de cada mes, se comunique a los trabajadores y a sus representantes el número de horas extraordinarias efectuadas.
La Audiencia Nacional ha expresado sus dudas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de la interpretación dada por el Tribunal Supremo a la normativa española y ha planteado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia sobre este particular. Según la información que ha proporcionado al Tribunal de Justicia, el 53,7 % de las horas extraordinarias trabajadas en España no se registran. Por otra parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social indica que, para comprobar si se han hecho horas extraordinarias, es necesario conocer con exactitud el número de horas ordinarias de trabajo realizadas. La Audiencia Nacional hace hincapié en que la interpretación del Derecho español adoptada por el Tribunal Supremo priva en la práctica, por un lado, a los trabajadores de un medio probatorio esencial para demostrar que su jornada laboral ha superado la duración máxima del tiempo de trabajo y, por otro, a los representantes de aquéllos de un medio necesario para comprobar si se respetan las normas aplicables en la materia. Por consiguiente, a su entender, el Derecho español no puede garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en la Directiva relativa al tiempo de trabajo y en la Directiva relativa a la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. (3)
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que estas Directivas, consideradas a la luz de la Carta, se oponen a una normativa que, según la interpretación que de ella hace la jurisprudencia nacional, no impone a los empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.
El Tribunal de Justicia comienza destacando la importancia del derecho fundamental de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y a períodos de descanso diario y semanal, consagrado en la Carta y cuyo contenido se ve precisado por la Directiva relativa al tiempo de trabajo. Los Estados miembros deben velar por que los trabajadores se beneficien efectivamente de los derechos que se les han conferido, sin que los criterios concretos elegidos para garantizar la aplicación de la Directiva puedan vaciar de contenido esos derechos. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral, de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos.
El Tribunal de Justicia observa que, sin un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador, no es posible determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo efectivas ni su distribución en el tiempo, como tampoco el número de horas extraordinarias, lo que dificulta en extremo, cuando no imposibilita en la práctica, que los trabajadores logren hacer respetar sus derechos.
En efecto, determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo diario y semanal es esencial para comprobar si se han respetado la duración máxima del tiempo de trabajo semanal —que incluye las horas extraordinarias— y los períodos mínimos de descanso diario y semanal. Por ello, el Tribunal de Justicia considera que una normativa nacional que no establezca la obligación de utilizar un instrumento que permita realizar esa comprobación no puede asegurar el efecto útil de los derechos que confieren la Carta y la Directiva relativa al tiempo de trabajo, ya que priva tanto a los empresarios como a los trabajadores de la posibilidad de comprobar si se respetan esos derechos. Por consiguiente, una normativa de esa índole puede comprometer el objetivo de esta Directiva, que consiste en garantizar una mejor protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, independientemente de cuál sea la duración máxima del tiempo de trabajo semanal adoptada por el Derecho nacional. En cambio, un sistema de registro de la jornada laboral ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado, lo que puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos.
En consecuencia, para garantizar el efecto útil de los derechos que confieren la Directiva relativa al tiempo de trabajo y la Carta, los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. Corresponde a los Estados miembros definir los criterios concretos de aplicación de ese sistema, especialmente la forma que éste debe revestir, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.
1 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 255, de 24 de octubre de 2015) y Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE n.º 230, de 26 de septiembre de 1995).
2 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).
3 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO 1989, L 183, p. 1).