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Archivo de noviembre de 2019

Vista de Cee desde el puerto de Corcubión

martes, 12 de noviembre de 2019

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece en su sitio de Internet libre acceso a documentos procesales y doctrinales

martes, 12 de noviembre de 2019

www.curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 135/19 curia.europea.eu
Luxemburgo, 6 de noviembre de 2019
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece en su sitio de Internet libre acceso a documentos procesales y doctrinales
Estos documentos proceden de la base de datos de la Red Judicial de la Unión Europea
La Red Judicial de la Unión Europea (RJUE) se creó a iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los presidentes de los Tribunales Constitucionales y de los Tribunales Supremos de los Estados miembros, con ocasión del Foro de Magistrados organizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 27 de marzo de 2017 para celebrar el 60.º aniversario de la firma de los Tratados de Roma. (1)
Los debates posteriores, inspirados por un deseo común de reforzar la cooperación judicial en Europa al servicio de una justicia de calidad, dieron lugar a que en enero de 2018 se creara, con las debidas garantías de seguridad, una plataforma de intercambio de información entre los tribunales miembros de la RJUE, que constituyó la primera manifestación concreta de dicha cooperación.
Ante el gran interés que la información disponible en esa plataforma presenta para el desarrollo y la coherencia del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia la Unión Europea y los tribunales participantes han decidido compartir con el gran público todos los documentos no confidenciales, abriendo un espacio consagrado a la RJUE en el sitio Curia.
El principal objetivo de dicho espacio es compartir y centralizar información y documentos útiles para la aplicación, la difusión y el estudio del Derecho de la Unión, tal como es interpretado y aplicado, no sólo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino también por los tribunales nacionales. Asimismo persigue el objetivo de favorecer el conocimiento y la comprensión mutua de los Derechos y de los sistemas de los Estados miembros, con una perspectiva de Derecho comparado que facilite la toma en consideración de las tradiciones jurídicas de cada uno.
Con este fin, el espacio RJUE permite:

  • Acceder directamente a los asuntos prejudiciales (gracias a unos parámetros predefinidos de los criterios de búsqueda en el motor de búsqueda) y, en particular, consultar las decisiones de remisión prejudicial presentadas a partir del 1 de julio de 2018 en la lengua de procedimiento, pero también en todas las lenguas disponibles.
  • Consultar las resoluciones dictadas por los tribunales nacionales que han sido seleccionadas por los Tribunales Constitucionales y los Tribunales Supremos de los Estados miembros debido a su interés para el Derecho de la Unión.
  • Consultar diversos documentos de carácter científico o pedagógico, fruto de las investigaciones de los tribunales miembros de la RJUE o elaborados por sus servicios de seguimiento de novedades jurídicas, ya sean notas y estudios o fichas temáticas sobre la jurisprudencia relacionada con el Derecho de la Unión o documentos agrupados bajo la rúbrica novedades jurídicas.
    (1) Véase el CP n.º 33/17.

Acantilado en la costa de Corcubión

lunes, 11 de noviembre de 2019

Escaños y número de votos por partidos

lunes, 11 de noviembre de 2019

PSOE
120 6.752.983 28 %

PP
88 5.019.869 20,82 %

VOX
52 3.640.063 15,09 %

PODEMOS-IU
35 3.097.185 12,84 %

ERC-SOBIRANISTES
13 869.934 3,61 %

Cs
10 1.637.540 6,79 %

JxCAT-JUNTS
8 527.375 2,19 %

PNV
7 377.423 1,57 %

EH Bildu
5 276.519 1,15 %

MÁS PAÍS
3 554.066 2,3 %

CUP-PR
2 244.754 1,01 %

CCa-PNC-NC
2 123.981 0,51 %

NA+
2 98.448 0,41 %

BNG
1 119.597 0,5 %

PRC
1 68.580 0,28 %

¡TERUEL EXISTE!
1 19.696 0,08 %

Al Oeste de Madrid

domingo, 10 de noviembre de 2019

El Instituto de Estudios Económicos presenta el Derecho de Propiedad privada en España

domingo, 10 de noviembre de 2019

El IEE presenta el Derecho de Propiedad privada en España
La garantía del derecho de propiedad está fuertemente vinculada al crecimiento económico a través de los incentivos a la inversión y al emprendimiento.
ieemadrid.es
Se debe limitar a un porcentaje de la renta el total de los impuestos directos pagados por el individuo para respetar el principio de no confiscatoriedad.
Para aumentar nuestro potencial de crecimiento debemos avanzar en la mejora de la garantía de la propiedad en España para alinearnos con los países de mejores prácticas.
Madrid, 31 de octubre de 2019. El Presidente y el Director General del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, han presentado el informe ‘La propiedad privada en España. Índice de Derecho de Propiedad 2019’, junto con la profesora Sary Levy-Carciente, coordinadora internacional del mismo. La opinión del IEE se presenta en una primera parte, que se ha titulado ‘La propiedad privada como garantía del progreso económico en España’, que señala que el derecho de propiedad es un derecho esencial, y conforma una de las instituciones básicas sobre las que se asientan las sociedades modernas, que se caracterizan por el progreso, la prosperidad económica, la paz y el orden social, tanto más, cuanta más protección garanticen a este derecho. La segunda parte del informe, el “Índice de Derecho de Propiedad 2019”, elaborado por la Property Rights Alliance y publicado por el Instituto de Estudios Económicos, viene a confirmar los efectos que una adecuada protección de los derechos de propiedad puede tener para la prosperidad de una sociedad. Así, este índice, que pretende medir la fortaleza del marco de derechos de propiedad existente en cada país, muestra una clara correlación positiva con una batería de indicadores que representan, de un modo u otro, el progreso de una economía y una sociedad.

Tras analizar 129 países, el Índice de Derechos de Propiedad arroja, en 2019, una nota global media de 5,8 sobre 10 puntos. Por categorías, la referida al entorno legal y político (LP) obtiene la nota más baja de todas (5,1), mientras que el resguardo de la propiedad física (PF) recibe la mejor calificación (6,4) y la protección de la propiedad intelectual (PI) aparece en una zona intermedia (5,5). Si nos fijamos en los resultados para los países de la OCDE, encontramos que el país líder del IIDP 2019 es Finlandia, con una nota de 8,8 puntos. Analizando la posición relativa de España dentro de las economías de la OCDE, se observa que nuestro país aparece en el puesto 27 del índice, con una calificación de apenas 6,5 puntos sobre 10. La nota cosechada en 2019 confirma el estancamiento de nuestro país en la última década, puesto que apenas se han producido mejoras en la protección de los derechos de propiedad y, de hecho, la calificación de 2019 es ligeramente inferior a la registrada antes de la crisis.

Como el propio informe pone de manifiesto, existe una clara correlación positiva entre este Índice de Derechos de Propiedad y una batería de indicadores que representan, de un modo u otro, el progreso de una economía y una sociedad. Así, se evidencia la estrecha vinculación entre el progreso económico, aproximado mediante el PIB per cápita, y la protección de los derechos de propiedad, con una correlación del orden de 82%, mientras que, en el caso de la inversión (también per cápita), esta correlación alcanza el 74%.

Un marco que aporte seguridad jurídica, certidumbre y confianza sobre la capacidad de disfrutar en el futuro del rendimiento de las actividades y decisiones que se toman hoy, tiende a configurar incentivos proclives a la correcta asignación del capital, así como a estimular la innovación y el emprendimiento, y, por tanto, supondrá una mejora de la productividad y del crecimiento a largo plazo. Desde un punto de vista empresarial, no hay mayor función social para el derecho de propiedad que la satisfacción de las necesidades y preferencias que los consumidores manifiestan libremente en el mercado. Por esta razón, los Gobiernos deben de actuar del modo correcto, ya que un marco que no se repute como garante de estos derechos, cercenará y bloqueará la innovación y el emprendimiento. Los derechos de propiedad constituyen uno de los factores clave que influyen positivamente en el progreso económico de un país, existiendo una fuerte correlación positiva entre la protección frente al riesgo de expropiación y la evolución del PIB per cápita. La protección de derechos como este es el principal elemento institucional en la toma de decisiones de inversión extranjera.

Unos derechos de propiedad bien definidos, amparados por la ley y libremente transferibles constituyen el clima obligado para la cooperación voluntaria entre los distintos agentes, y, por tanto, para el adecuado ejercicio de la función empresarial y de la actividad económica, contribuyendo a que el individuo cubra sus necesidades básicas de seguridad, pero, también, a que pueda perseguir sus proyectos vitales y su autorrealización. Tal es así, que los derechos de propiedad permiten reconciliar dos movimientos aparentemente incompatibles como son la competencia y la cooperación social. Todo ello redundará en un mayor crecimiento económico, generación de riqueza, bienestar a largo plazo, estabilidad y paz social.

Resulta chocante asistir en la actualidad a un renovado auge de algunos autores que proponen la toma de capital en aras de una supuesta justicia redistributiva mediante medidas de corte expropiatorio, camufladas bajo propuestas supuestamente de carácter tributario, como, por ejemplo, cuando se propone una imposición patrimonial al tipo del 90%. No se debe perder de vista que, si se implementaran estas propuestas, se estaría negando la propiedad privada y socavando el Estado de derecho, destinado a salvaguardar a las personas y la propiedad, la razón de ser última de la existencia de Gobierno.

El artículo 31 de la Constitución Española exige que la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos se realice a través de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. La prohibición constitucional es una garantía frente a posibles abusos en la progresividad del sistema, pero se inserta en la protección del derecho de propiedad. Lo que se prohíbe en la Constitución es la eliminación de la economía privada a través de los tributos. No puede existir un tributo tan gravoso que, sin destruir totalmente la propiedad privada, llegue a producir dicho efecto mediante un gravamen con alcance confiscatorio. El Tribunal Constitucional ha manifestado que «la prohibición de confiscatoriedad supone incorporar al sistema tributario otra exigencia lógica que obliga a no agotar la riqueza imponible»; sin embargo, nuestro tribunal no impone ningún límite a partir del cual un determinado impuesto (o conjunto de impuestos) pueda considerarse confiscatorio como ha ocurrido en otros ordenamientos jurídicos. Así, el Tribunal Constitucional alemán ha establecido que los impuestos (personales y/o patrimoniales) no pueden superar el 50% de la renta, dado que «el uso de la propiedad sirve, por igual, al beneficio privado y al interés nacional»; por su parte, Francia, tras el dictamen del Consejo Constitucional de 2012, prohíbe los impuestos (personales y/o patrimoniales) superiores al 75% de la renta.

El Impuesto sobre el Patrimonio, que fue creado con carácter censal, ha dejado de tener sentido tras el avance en los medios informáticos de control a disposición de la Administración. Asimismo, el diseño del tributo puede provocar que la suma del Impuesto sobre el Patrimonio supere el 100% de la renta. Por mucho menos, los Tribunales Constitucionales alemán y francés lo han considerado inconstitucional. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) sí que existe una clara vulneración del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria, puesto que es un tributo que fácilmente llega a extremos que obligan a los contribuyentes a prescindir de su derecho a la propiedad privada. En concreto, la escala progresiva de gravamen, unida a la aplicación de los coeficientes multiplicadores en función del parentesco y del patrimonio preexistente, puede llevar el tipo marginal del ISD en España al 81,6%.

Un caso especial de vulneración de los derechos de propiedad es la llamada expropiación indirecta, procedimiento normalizado de expropiación por el cual la Administración priva físicamente a un propietario de parte o de la totalidad del contenido del derecho de propiedad. La expropiación indirecta supone una expropiación de hecho a través de un cambio normativo que, como poco, reduce el valor de la propiedad y, en ocasiones, lo elimina por completo, llegando a producirse una verdadera confiscación regulatoria. En estos casos será necesario analizar las consecuencias de dicha normativa para delimitar si la regulación, aunque formalmente válida, es excesiva, pudiendo considerarse, desde el punto vista económico, como equivalente a una expropiación.

La naturaleza del derecho de propiedad es incompatible con disociar de forma coactiva el uso y disfrute de un bien con respecto a los deseos y voluntades de su legítimo propietario, un planteamiento que, en ocasiones, desafortunadamente se realiza. El caso más visible se produce cuando el marco institucional posibilita los llamados procesos de ocupación de viviendas, que impiden disponer al titular del bien, del uso y disfrute inherente a su derecho de propiedad. De hecho, cuando se habla de viviendas vacías para justificar intromisiones al derecho de propiedad, se olvida que esta circunstancia obedece, muchas veces, a problemas del marco institucional, como, por ejemplo, las rigideces de plazos o desequilibrios de derechos, que impiden a sus propietarios obtener una rentabilidad acorde con el riesgo. En esta línea, parecen claramente un abuso las denominadas cesiones temporales obligatorias, que no son sino expropiaciones temporales por el total del activo, pagando un precio administrativo que siempre está por debajo del usufructo y que no reconoce totalmente la indisponibilidad que supone sobre el bien.

Yate Serene fondeado en la ría de Corcubión

sábado, 9 de noviembre de 2019

La Bolsa negocia 46.916 millones de euros en octubre

sábado, 9 de noviembre de 2019

La Bolsa negocia 46.916 millones de euros en octubre

bolsamadrid.es

•Es un 44,4% más que en septiembre y un 13,2% menos el mismo mes del año anterior
•El volumen intermediado en Renta Fija registra un crecimiento interanual acumulado del 70%
•Los Derivados Financieros aumentaron su contratación un 3,3% en los diez primeros meses del año

La Bolsa española negoció en Renta Variable 46.916 millones de euros en octubre, un 44,4% más que en septiembre y un 13,2% menos el mismo mes del año anterior. El número de negociaciones en octubre fue de 3,4 millones, un 9,4% más que en el mes anterior y un 22,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

A 31 de octubre, BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 76,01%. La horquilla media del mes fue de 5,18 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 20% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 7,22 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 38,8% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

La negociación en Renta Fija ascendió a 24.732 millones de euros en el mes de octubre. Esta cifra supone una subida del 0,6% respecto del volumen registrado en septiembre. La contratación total acumulada en el año alcanzó los 294.374 millones de euros, con un crecimiento del 70% en relación con los diez primeros meses de 2018.

El volumen admitido a negociación en octubre fue de 25.791 millones de euros, que representan una subida del 24,4% respecto al mes anterior. El saldo vivo creció un 1,5% en lo que va de año y se sitúa en los 1,55 billones de euros.

El mercado de Derivados Financieros incrementó un 3,3% la negociación en los diez primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. El volumen en Futuros sobre Acciones creció un 48,4%; los Futuros sobre Dividendo de Acciones, un 96,1%; y los Futuros IBEX 35 Impacto Dividendo, un 137,1%. La negociación en el mes de octubre respecto a septiembre se incrementó un 7,4% en los contratos de Futuro sobre IBEX 35; un 30,7% en los Futuros Mini IBEX 35; y un 12,2% en Opciones sobre Acciones.

A Guarda. Pontevedra. Costa al Norte de su puerto

viernes, 8 de noviembre de 2019

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas evalúan mañana la marcha del plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas

viernes, 8 de noviembre de 2019

Jueves, 7 de noviembre de 2019

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas evalúan mañana la marcha del plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas

El presidente del TS y del CGPJ presidirá la reunión, en la que participarán el secretario de Estado de Justicia y representantes las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presidirá mañana la reunión de coordinación del plan especial sobre cláusulas suelo, a la que asistirán representantes del órgano de gobierno de los jueces, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

El plan de de especialización de Juzgados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física se puso en marcha el 1 de junio de 2017.

En la reunión estarán presentes los vocales del CGPJ Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta y Gerardo Martínez Tristán; el secretario de Estado de Justicia, Manuel-Jesús Dolz; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; los consejeros o consejeras de Justicia del País Vasco, Canarias –que intervendrá por videoconferencia-, Navarra y Madrid; así como otros responsables de esta materia en Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Cantabria y Aragón.

Faro de Madrid ..

jueves, 7 de noviembre de 2019

Aprobado el Real Decreto-ley en materia de administración electrónica, contratación de las administraciones públicas y telecomunicaciones.

jueves, 7 de noviembre de 2019

Aprobado el Real Decreto-ley en materia de administración electrónica, contratación de las administraciones públicas y telecomunicaciones.

Jueves 31 de octubre de 2019

lamoncloa.gob.es

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración digital, contratación del sector público, y telecomunicaciones.

El presente Real Decreto-ley tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.

La sociedad actual requiere de adaptaciones en la esfera digital que exigen de una traducción a nivel normativo. El desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías y redes de comunicaciones por parte de las administraciones públicas se está acelerando. Ello exige establecer sin demora un marco jurídico que garantice el interés general y, en particular la seguridad pública, asegurando la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos.

El carácter estratégico para la seguridad pública de las materias reguladas en este Real Decreto-ley se ve avalado por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que describe los riesgos asociados a las nuevas tecnologías como uno de los principales desafíos de la sociedad actual.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, aprobada mediante Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, identifica a las ciberamenazas y al espionaje como una de las amenazas que comprometen o socavan la Seguridad Nacional y, en coherencia con ello, identifica a la ciberseguridad como uno de sus ámbitos prioritarios de actuación. Se hace notar que el desarrollo tecnológico implica una mayor exposición a nuevas amenazas, especialmente las asociadas al ciberespacio, tales como el robo de datos e información, el hackeo de dispositivos móviles y sistemas industriales, o los ciberataques contra infraestructuras lícitas. La hiperconectividad actual agudiza algunas de las vulnerabilidades de la seguridad pública y exige una mejor protección de redes y sistemas, así como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano.

Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el punto de vista de la seguridad pública se encuentran las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje. Estas actividades se benefician de las posibilidades que ofrece la sofisticación informática para acceder a ingentes volúmenes de información y datos sensibles.

En este punto juega un papel decisivo el proceso de transformación digital de la Administración, ya muy avanzado. La administración electrónica agudiza la dependencia de las tecnologías de la información y extiende la posible superficie de ataque, incrementando el riesgo de utilización del ciberespacio para la realización de actividades ilícitas que impactan en la seguridad pública y en la propia privacidad de los ciudadanos.

Contenido

El presente Real Decreto-ley consta de un preámbulo y un texto artículo estructurado del modo siguiente: capítulo I (artículos 1 y 2), un capítulo II (artículos 3 a 4), un capítulo III (artículo 5), un capítulo IV (artículo 6), un capítulo V (artículo 7), una disposición adicional, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El capítulo I contempla medidas en materia de documentación nacional de identidad, dirigidas a configurar al Documento Nacional de Identidad, con carácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.

El capítulo II establece varias medidas en materia de identificación electrónica ante las Administraciones públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras Administraciones públicas. La finalidad de estas medidas es garantizar la seguridad pública a nivel tanto vertical en las relaciones entre las distintas Administraciones públicas cuando traten datos personales, así como a nivel horizontal entre ciudadanos y Administraciones públicas cuando las últimas proceden a la recopilación, tratamiento y almacenamiento de datos personales en el ejercicio de una función pública.

El capítulo III regula varias medidas en materia de contratación pública, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito.

Los contratistas del sector público manejan en ocasiones, para la ejecución de los respectivos contratos, un ingente volumen de datos personales, cuyo uso inadecuado puede, a su vez, plantear riesgos para la seguridad pública. Por ello, resulta necesario y urgente asegurar normativamente su sometimiento a ciertas obligaciones específicas que garanticen tanto el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales como la protección de la seguridad pública.

El capítulo IV regula varias medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones.

Finalmente, el capítulo V refuerza los deberes de cooperación de las administraciones en el ámbito de la ciberseguridad.

Fundamentos

El presente Real Decreto-ley respeta los límites constitucionalmente establecidos para el uso de este instrumento normativo, pues no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Tampoco invade la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 81 de la Constitución ni en ningún otro precepto constitucional, en tanto que no se modifican preceptos de carácter orgánico.

La facultad del Gobierno en funciones de aprobar decretos leyes es congruente, por lo demás, con la exigencia de que concurra el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad previsto en el artículo 86 de la Constitución Española.

En la elaboración de este Real Decreto-ley se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por una parte, resulta evidente el principio de proporcionalidad, toda vez que las medidas contempladas en esta norma se ajustan plenamente al objetivo que pretende conseguirse mediante este instrumento. Asimismo, cumple los principios de seguridad jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, asegurando su correcta incardinación y congruencia con la regulación vigente. Por lo demás, la norma es coherente con el principio de transparencia al haber cumplido estrictamente con los procedimientos exigidos en la tramitación de un Real Decreto-ley.

Por otra parte, las medidas contenidas en el Real Decreto-ley son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, sin que a estos efectos quepa considerar que existan otras alternativas menos restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, más bien al contrario, tras la adopción de esta norma con rango de ley se establecerán mejoras sustanciales en el ámbito de la administración electrónica, la contratación pública y las telecomunicaciones.

Metro. Opera

miércoles, 6 de noviembre de 2019

El déficit del Estado se reduce un 38,4% hasta el tercer trimestre de 2019

miércoles, 6 de noviembre de 2019

El déficit del Estado se reduce un 38,4% hasta el tercer trimestre de 2019

Martes 29 de octubre de 2019

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web los datos de ejecución presupuestaria del Estado correspondiente al mes de septiembre. Los datos del tercer trimestre muestran una reducción del déficit del Estado del 38,4% del PIB hasta situarse en los 7.808 millones de euros. Esa cifra equivale al 0,63% del PIB, en términos de contabilidad nacional.

El Ministerio de Hacienda también ha difundido hoy el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social registrado hasta agosto, que asciende al 2,08% del PIB, excluida ayuda financiera.

Déficit del Estado (septiembre)

Hasta septiembre, el Estado registró un déficit de 7.808 millones de euros, lo que equivale al 0,63% del PIB. Esta ratio de déficit es inferior en 0,42 puntos porcentuales a la registrada en 2018 cuando se situó en el 1,05% del PIB.

Excluido el gasto por intereses, el Estado presentó hasta septiembre un superávit primario del 0,86% del PIB, frente al 0,56% registrado en 2018, lo que supone un aumento del 60,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Recursos no financieros del Estado

Hasta septiembre, los recursos no financieros del Estado ascendieron a 151.485 millones, un 4,2% más que en 2019.

Los ingresos por impuestos y cotizaciones se situaron en 132.774 millones, de los cuales 78.413 millones corresponden a impuestos sobre la producción y las importaciones.

El IVA creció un 3,2% interanual, hasta los 58.938 millones. Destaca el crecimiento de los ingresos procedentes del Impuesto sobre Hidrocarburos, debido al cambio normativo desde el 1 de enero de 2019, por el que se integra el tipo impositivo autonómico en el tipo estatal especial, con un impacto hasta la fecha de 782 millones. Este aumento se ha compensado, en parte, con el descenso registrado por el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, como consecuencia de la exoneración del impuesto a la energía producida e incorporada al sistema durante el último trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzaron los 49.017 millones, con un incremento del 5,5%. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se elevó un 10,8% debido a la favorable evolución de las retenciones del trabajo y al crecimiento de los ingresos de la Campaña de Renta.

Respecto al resto de recursos, las rentas de la propiedad crecieron un 0,4%, sin variaciones significativas entre ambos periodos en los ingresos por dividendos de Banco de España, Loterías y Apuestas del Estado y ENAIRE. Destacan por último las transferencias entre Administraciones Públicas, que aumentaron un 14,2%.

Entre otros ingresos que descienden destacan las cotizaciones sociales que caen un 1,7 % por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de clases pasivas, por otros con Régimen de Seguridad Social.

Empleos no financieros del Estado

Los gastos no financieros del Estado registraron un ligero aumento del 0,8% hasta septiembre, con un total de 159.293 millones, mejorando la tendencia observada en los meses anteriores.

Las transferencias corrientes y de capital entre Administraciones Públicas, que son las partidas de mayor volumen (un 57,4% del gasto del Estado), por importe de 91.418 millones, disminuyen un 0,7% respecto al año anterior. Las transferencias corrientes entre Administraciones Públicas caen un 0,8%, si bien las transferencias a las Comunidades Autónomas crecen hasta septiembre un 0,3%.

El gasto en consumos intermedios crece un 8,1%. La remuneración de asalariados se incrementa un 6%, siendo datos homogéneos a partir de agosto, en lo que respecta a las subidas salariales. Destacar, no obstante, que el mes de agosto de 2019 recoge asimismo el gasto correspondiente a la equiparación salarial de la policía y guardia civil, por importe de 384 millones, sin contrapartida aún en 2018. Descontando este gasto, el incremento de la rúbrica sería del 3%.

Igual comportamiento registran las prestaciones sociales que aumentan un 10,8% como consecuencia del incremento un 6,6% del gasto en pensiones y del 41,8% de las deducciones en el IRPF por maternidad y custodia de hijos, familia numerosa y discapacidad de persona a cargo.

Se elevan también las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital en un 13,1%, incluyendo fundamentalmente 885 millones sin correspondencia en 2018 por la devolución del gravamen sobre la prestación de maternidad y paternidad, y la aportación a la UE por recursos IVA y RNB en un 13% (987 millones más que en 2018).

Entre los gastos que disminuyen cabe mencionar los intereses devengados, que descienden un 4,2%, conforme a la tendencia de los tipos de interés y la disminución de las subvenciones a los productos por menores gastos para la cobertura de los costes del sistema eléctrico, que caen un 28,8%.

Déficit conjunto de la Administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social (agosto)

Hasta agosto el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en los 25.927 millones. Esta cifra excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, que a finales de agosto asciende a 27 millones frente a los 63 millones del año anterior. En términos de PIB, el déficit hasta agosto es equivalente al 2,08% del PIB.

Administración Central

La Administración Central registró un déficit de 17.130 millones a finales de agosto, un 1,37% del PIB, excluyendo la ayuda financiera, lo que supone un descenso del 13% respecto al mismo periodo de 2018. El saldo de la Administración Central incluye el saldo del Estado, así como el de los organismos de la Administración Central:

– El déficit del Estado hasta agosto alcanza los 15.078 millones, el 1,21% del PIB. El buen comportamiento del Estado se sigue manteniendo en septiembre, tal y como se ha indicado anteriormente.

– Los Organismos de la Administración Central registran a finales del mes de agosto un déficit de 2.052 millones, descontada la ayuda financiera, un 0,16% del PIB.

Comunidades Autónomas

La Administración Regional registra un déficit de 2.576 millones en los primeros ocho meses del año. En términos de PIB, el déficit autonómico se sitúa en el 0,21%.

Así hasta agosto, los ingresos se han incrementado un 2,2%, aunque se trata de una comparativa no homogénea.

Por su parte, el gasto no financiero, aumenta un 5,4%, destacando la remuneración de asalariados, que crece un 6,1%, cifra ya homogénea, al incorporar en ambos periodos el impacto de la subida salarial (con porcentajes del 1,75% en 2018 y del 2,5% en 2019).  Las transferencias sociales en especie crecen un 3,7%, destacando el aumento del gasto en conciertos sanitarios (4,9%) y en conciertos educativos (4,3%), entre otros.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social registraron un déficit de 6.221 millones hasta agosto, lo que supone el 0,50% del PIB. Los recursos se incrementaron un 5,9%, destacando el fuerte aumento de las cotizaciones del 8,2%. Por su parte, los empleos se elevan un 6,5%, motivado fundamentalmente por el adelanto en la ejecución de las transferencias del Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas, para fomento de la inserción y la estabilidad laboral y para formación profesional para el empleo.

El Sistema de Seguridad Social registra un déficit de 7.903 millones (0,63% del PIB). Los ingresos por cotizaciones sociales se incrementan un 8,3% mientras que las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han aumentado un 6%. La mayor parte de este gasto (el 89%) corresponde a pensiones contributivas, que aumentan un 5,4%.

El Servicio Público de Empleo Estatal registra un superávit de 1.587 millones (0,13% del PIB). Los ingresos por cotizaciones sociales se incrementan un 7,9% mientras que las prestaciones sociales han aumentado un 6,5%.

El FOGASA registra un superávit de 95 millones de euros, con un descenso del 6,2% de sus gastos, por las menores prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie.

Plaza de Ramales. Madrid

martes, 5 de noviembre de 2019

Tratamiento jurisprudencial de la abusividad de la comisión de reclamación de posiciones deudoras.

martes, 5 de noviembre de 2019

El Tribunal Supremo anula por abusiva una comisión aplicada por Kutxabank que cobraba al cliente 30 euros por cada descubierto en su cuenta

La Sala se pronuncia por primera vez sobre la comisión de reclamación de posiciones deudoras

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la comisión de reclamación de posiciones deudoras. La que es objeto de esta causa- empleada por Kutxabank- no cumple las exigencias del Banco de España para este tipo de comisiones, porque prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática.

Tampoco discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión.

Se adjunta nota de la Sala Primera.

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico – poderjudicial.es
Sentencia 566/19, de 25 de octubre, CIP 725/2017
Tratamiento jurisprudencial de la abusividad de la comisión de reclamación de posiciones deudoras.
La Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la comisión de reclamación de posiciones deudoras.
La que es objeto de este enjuiciamiento- empleada por Kutxabank- no cumple las exigencias del Banco de España para este tipo de comisiones, porque prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Tampoco discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión.
Tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo (lo deja para un momento posterior), por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo (no es igual requerir in situ al cliente que se persona en la oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial).
La STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto C-621/17, Gyula Kiss) ha establecido, respecto de los gastos que puede conllevar un contrato de préstamo, que el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen.
A su vez, la STJUE de 26 de febrero de 2015 (asunto C-143/13, Matei), referida –entre otras- a una denominada «comisión de riesgo», declaró que una cláusula que permite, sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva.
Precisamente la indeterminación de la comisión es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de lo previsto en los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones desproporcionadas) y 87.5 TRLGCU (cobro de servicios no prestados).
Además, una cláusula como la enjuiciada contiene una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, pues debería ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su precio, pero, con la cláusula, se traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias. Lo que también podría incurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2 TRLGCU.
Por último, la comisión de reclamación de posiciones deudoras no es una cláusula penal, porque ni contiene un pacto de pre-liquidación de los daños y perjuicios, ni sustituye su indemnización, que vendrá constituida por el pago de los intereses moratorios pactados (que no sean abusivos). Y si tuviera una finalidad puramente punitiva, contravendría el art. 85.6 TRLCU, según declaró la sentencia 530/2016, de 13 septiembre. Aunque se aceptara a efectos meramente dialécticos que la comisión es
una cláusula penal, sería nuevamente redundante y, por tanto, incurriría en desproporción.
Madrid, octubre de 2019
Área civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

Majadahonda. Octubre 2019

lunes, 4 de noviembre de 2019

El TSXG considera suficientes las obras ejecutadas en O Piricoto para adaptarlo al entorno y rechaza su demolición

lunes, 4 de noviembre de 2019

Jueves, 31 de octubre de 2019

El TSXG considera suficientes las obras ejecutadas en O Piricoto para adaptarlo al entorno y rechaza su demolición

Destaca en la resolución que “todos los informes técnicos y periciales acreditan que la edificación actual se adapta al ambiente”, pues es “similar a los edificios de su entorno”

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado en un auto ejecutada la sentencia de 1994 que declaraba nula la licencia de obra del edificio de Vigo conocido como O Piricoto. El alto tribunal gallego ha decretado, por tanto, el archivo del procedimiento una vez que el auto sea firme, pues contra él cabe presentar recurso de reposición ante la misma sala del TSXG.

“Todas las pruebas permiten concluir con suficiente grado de certeza que las actuaciones de adaptación al ambiente previstas, incluidas las demoliciones parciales ejecutadas, son suficientes para tener por ejecutada completamente la sentencia, ya que la edificación se ha adaptado al ambiente de la actualidad”, indican los magistrados en el auto, en el que subrayan que se han eliminado “los impactos paisajísticos que determinaron la anulación de la licencia original”.

El Superior subraya que la demolición total solicitada por la parte ejecutante “acabaría generando un resultado disonante con el entorno actual, profundamente urbanizado y radicalmente transformado respecto a la realidad paisajística existente en el momento en que se dictó la sentencia”. El alto tribunal explica que la demolición total “no puede ser la actuación exigida para la ejecución de la sentencia” y recuerda que el propio Tribunal Supremo indicó que era necesario acometer “bien el derribo del edificio o bien su modificación externa para adaptarlo, en lo básico, al ambiente en el que está situado”.

El TSXG destaca en la resolución que “todos los informes técnicos y periciales acreditan que la edificación actual se adapta al ambiente”, pues es “similar a los edificios de su entorno”. Los magistrados insisten en que los incumplimientos apreciados en la sentencia de 1994 “se han subsanado con las actuaciones ejecutadas, tendentes a minimizar el impacto visual y a eliminar la perspectiva de pantalla generada por la sensación de continuidad entre los bloques que conforman la urbanización”. Las demoliciones parciales ejecutadas han conseguido eliminar, según el Superior, “la perspectiva de pantalla”, mientras que la adaptación ambiental se ha realizado mediante “la eliminación de disonancias en la cubierta, la desaparición de los casetones y la reducción de altura y volumen en esa cubierta, así como la utilización de técnicas cromáticas y de apantallamiento vegetal”.

“La modificación de la configuración externa del edificio determina su adaptación al entorno actual, profundamente transformado desde la sentencia y que poco tiene que ver con el entorno paisajístico que pudo valorar el tribunal sentenciador cuando en 1994 consideró que la edificación no armonizaba con el entorno”, recalca el TSXG, al tiempo que señala que se trata “de un área profundamente urbanizada, a raíz de la creación de viales estructurantes, a partir de los cuales se ha ido compactando la malla urbana”. O Piricoto, subrayan los jueces, se sitúa “fuera del área de protección del bien de interés cultural e incluso fuera del área de amortiguamiento prevista en la legislación sectorial de protección del Patrimonio”.

Nulla aesthetica sine ethica

domingo, 3 de noviembre de 2019

Nulla ethica sine aesthetica

domingo, 3 de noviembre de 2019

El pleno del TC avala la constitucionalidad de la ley 13/2018 de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca

domingo, 3 de noviembre de 2019

Nota informativa nº 119/2019

El pleno del TC avala la constitucionalidad de la ley 13/2018 de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca

tribunalconstitucionaL.es

El Pleno del Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca se ajusta al ordenamiento constitucional en el sentido de que dicha norma “puede declarar la utilidad pública e interés social de ciertos fines a los efectos expropiatorios de determinados bienes y derechos”.

Con este razonamiento, la sentencia, redactada por la Magistrada Encarnación Roca, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del PP en el Congreso de los Diputados contra el art. 50 de la Ley 13/2018.

Los recurrentes consideraban que el precepto impugnado (art. 50) era contrario al art. 33 de la Constitución al no estar justificada la utilidad pública o interés social necesario para el ejercicio de la potestad expropiatoria. En su opinión, el Gobierno autonómico permitiría llevar a cabo expropiaciones forzosas carentes de la finalidad de utilidad pública o interés social.

La sentencia explica que “el legislador balear define una serie de fines públicos conectados con el interés general, que han de ser concretados por los ayuntamientos y consejos insulares. Se trata de fines relacionados fundamentalmente con la necesidad de garantizar una utilización adecuada de estas rutas, permitiendo un uso público compatible con la preservación de los valores naturales, culturales y etnológicos propios de las mismas, facilitando una mayor sensibilización ambiental, al acercar la población a la naturaleza y al medio rural en general”.

En este sentido, el Tribunal señala que ha de tratarse de un uso que posibilite tanto la preservación del entorno en que dichas rutas discurren, tomando en consideración sus valores naturales, su paisaje o su patrimonio cultural, como su contribución al desarrollo sostenible del medio rural. Esta finalidad ya ha sido destacada por la doctrina de este Tribunal en la STC 118/2017.

Por tanto, “el legislador balear dispone de una serie de finalidades legítimas en el seno de políticas sectoriales de su competencia que justifican que, para su consecución y en los términos previstos en la norma, se haga uso de la potestad expropiatoria”, afirma la sentencia.

El presidente de CEOE se reúne con su homólogo francés para reforzar la cooperación empresarial entre ambos países

domingo, 3 de noviembre de 2019

28 oct 2019
Internacional
El presidente de CEOE se reúne con su homólogo francés para reforzar la cooperación empresarial entre ambos países
Antonio Garamendi, se reúne mañana con su homólogo del Mouvement des Entreprises de Francia (MEDEF), Geoffroy Roux de Bézieux, en el marco de la visita a España que desde hoy realiza una delegación de la organización patronal francesa.

ceoe.es

El objetivo del encuentro es explorar vías para reforzar la cooperación empresarial entre los dos países, además de hablar de los principales asuntos que interesan a las empresas.

Este encuentro oficial entre CEOE y MEDEF, el primero de esta naturaleza en más de tres décadas, tiene lugar en un momento crucial para el futuro de Europa por el desenlace del Brexit, del que acabamos de conocer una nueva prórroga hasta el próximo 31 de enero. En el encuentro estarán presentes, además de Antonio Garamendi y Geoffroy Roux de Bézieux, el embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, entre otros.

Entre los temas que van a abordar los participantes en la reunión de trabajo destacan la cooperación empresarial internacional entre España y Francia, los retos y desafíos de la Unión Europea, así como el relanzamiento económico europeo y el papel que ambos países deben desempeñar en este nuevo escenario.

MEDEF es la patronal de Francia, que agrupa a 122 organizaciones territoriales, 77 federaciones profesionales sectoriales y 14 organizaciones asociadas, lo que supone un total de 173.000 empresas miembro, de las que el 95% son pymes.

Las relaciones comerciales entre ambos países tienen un importante peso específico en la economía española. Francia es el primer destino de las exportaciones españolas, con un 15% del total exportado por nuestro país y un valor de 42.900 millones de euros durante el pasado ejercicio.

Iglesia de la Ciudad Universitaria. Universidad Complutense. Madrid

sábado, 2 de noviembre de 2019

La CNMC analiza las condiciones para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones

sábado, 2 de noviembre de 2019

La CNMC analiza las condiciones para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones

28 Octubre 2019
Telecomunicaciones nota de prensa

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

cnmc.es

◦La CNMC pone de manifiesto la necesidad de actualizar la velocidad garantizada en el servicio universal (que actualmente es de 1 Mbps).
◦Respecto a las cabinas, la CNMC vuelve a poner de manifiesto la oportunidad de suprimir este servicio como elemento perteneciente al ámbito del servicio universal, al haberse constatado el progresivo abandono de su uso.

El próximo 31 de diciembre de 2019 finaliza el período de designación para la prestación de los elementos del servicio universal de telecomunicaciones: conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija, prestación del servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija y suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago (cabinas). El procedimiento para designar a los operadores encargados de prestar el servicio universal se realiza mediante una licitación pública (ahora mismo, el operador designado para la prestación de ambos servicios es Telefónica).

Por este motivo, y a petición de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), la CNMC acaba de publicar dos informes analizando los pliegos de la licitación que debe realizar la SEAD de cara a la prestación del servicio universal a partir del 1 de enero de 2020. (IPN/CNMC/026/19 – IPN/CNMC/027/19)

Servicio universal
El servicio universal está recogido en la Ley General de Telecomunicaciones y garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de servicios “con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible”. Esto incluye llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables.

Conexión y servicio telefónico
Por lo que respecta a la conexión a la red pública desde una ubicación fija (que permita comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad no inferior a 1 Mbps), se recomienda el establecimiento de determinadas condiciones y parámetros de calidad mínimos con el fin de evitar ciertas limitaciones de velocidad y/o volúmenes de datos a los usuarios finales por parte del adjudicatario (Telefónica actualmente limita a 5 GB al mes la navegación por internet a una velocidad de 1 Mbps, y superada esta capacidad, la velocidad de navegación pasa a ser de 128/64 Kbps).

Se pone de manifiesto, además, la necesidad de actualizar la velocidad garantizada en el servicio universal (a través de la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones), puesto que el ofrecimiento de 1 Mbps no se ajusta a la evolución social y tecnológica actual y, de hecho, prácticamente no existen en el mercado ofertas comerciales inferiores a 10 Mbps (en el 2018 el 96% de las líneas contaban con velocidades superiores a 10 Mbps y el 74.2% eran superiores a los 30 Mbps). En el mismo sentido, las Agendas Digitales, tanto la europea como la española, establecen como objetivo para el 2020 que toda la población pueda tener un acceso de 30 Mbps.

Cabinas telefónicas
Respecto a las cabinas telefónicas, la CNMC pone de manifiesto, de nuevo, la necesidad de suprimir este servicio como elemento perteneciente al ámbito del servicio universal, al haberse constatado el progresivo abandono de su uso, en términos de tráfico de llamadas, de ingresos y de distribución territorial de su uso.
La actual regulación del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas ya no incluye las cabinas dentro del SU, si bien autoriza a los Estados a seguir prestando este servicio en determinadas condiciones, que habrán de analizarse.

Abono social
Para conseguir que los usuarios finales conozcan mejor las prestaciones incluidas dentro de los elementos del servicio universal, la CNMC recomienda, por ejemplo, en el caso del abono social (descuento destinado a jubilados y pensionistas con rentas bajas), la obligación del operador adjudicatario de publicitar de forma más visible, en su página web, la descripción de los elementos y características de los servicios para los que ha sido designado.

Catedral de la Almudena. Madrid. —

viernes, 1 de noviembre de 2019

El costo económico de devaluar las “tareas de mujeres”

viernes, 1 de noviembre de 2019

El costo económico de devaluar las “tareas de mujeres”

blog-dialogoafondo.imf.org

Por Kristalina Georgieva, Cristian Alonso, Era Dabla-Norris y Kalpana Kochhar

La mitad del trabajo hecho en el mundo no está remunerado. Y, en su mayoría, las que lo hacen son las mujeres.

El desequilibrio no solo priva a las mujeres de oportunidades económicas. También representa un costo para la sociedad, que se manifiesta en una menor productividad y en una pérdida de crecimiento económico. Es así que una asignación más equitativa del trabajo no remunerado no solo beneficiaría a las mujeres, sino que también se traduciría en fuerzas laborales más eficientes y en economías más sólidas.

Por estas razones, reducir los desequilibrios de género en la labor no remunerada forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Cocinar, limpiar, ir a buscar comida o agua y cuidar de los niños y de los ancianos son todos ejemplos de trabajos no remunerados. Estas tareas no se contabilizan como parte de la actividad económica porque son difíciles de medir en términos de valores de mercado. No obstante, su valor económico es sustancial y está estimado entre 10 y 60% del PIB.

Según nuestro nuevo estudio , el trabajo no remunerado disminuye a medida que aumenta el desarrollo económico, particularmente porque se dedica menos tiempo a los quehaceres domésticos. Las instituciones y los valores sociales pueden restringir la redistribución del trabajo no remunerado, al impedir que el hombre asuma una parte de dicho trabajo.

Trabajo excesivo y mal pagado

Todos sabemos que las mujeres asumen desproporcionadamente las labores no remuneradas. Lo que no está tan claro es cuántas horas de ese trabajo impago recaen más en las mujeres que en los hombres en un día cualquiera. A nivel mundial, las mujeres dedican en promedio 4,4 horas de tareas no remuneradas, frente a apenas 1,7 horas en el caso de los hombres.

Existen grandes diferencias entre los países.

En Noruega, la diferencia es pequeña: las mujeres dedican 3,7 horas, y los hombres, 3. En el otro extremo, en Egipto, las mujeres dedican 5,4 horas por día, y los hombres, apenas 35 minutos. En Estados Unidos, la mujer trabaja 3,8 horas en labores no remuneradas, y los hombres, 2,4.

Al desaprovechar a las mujeres, la economía asigna mal los recursos: las mujeres se ocupan de quehaceres domésticos poco productivos en lugar de desplegar todo su potencial en el mercado. Así se desaprovecha también la complementariedad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo. El resultado es una menor productividad y un menor crecimiento económico. Esta brecha de género en el trabajo impago no solo es injusta. También es, a las claras, ineficiente.

Indudablemente, parte del trabajo no remunerado es enteramente voluntario, y el valor que representa para la sociedad la crianza de los hijos es innegable. Pero más de 80% de las horas de trabajo no remunerado se dedican a quehaceres domésticos que no tienen que ver con el cuidado de hijos y ancianos.

Demasiadas veces, las mujeres terminan cargando con las tareas domésticas a causa de limitaciones impuestas por normas culturales y por la falta de infraestructura y servicios públicos o de políticas favorables a la vida familiar.

También pueden optar por quedarse en casa o trabajar a tiempo parcial si los sueldos que ofrece el mercado son demasiado bajos o no compensan equitativamente el trabajo de hombres y mujeres.

Motores de liberación

Las políticas pueden ayudar a reducir y redistribuir el trabajo no remunerado. En las economías en desarrollo, las medidas que mejoran el abastecimiento de agua, las instalaciones sanitarias, la electricidad y el transporte son críticas para liberar a las mujeres de las tareas poco productivas.

UNICEF estima que, a nivel mundial, las mujeres dedican 200 millones de horas por día simplemente en ir a buscar agua. En India , las mujeres pasan más de una hora por día recogiendo leña. En México y Brasil , la participación femenina en la fuerza laboral mejoró cuando se amplió el acceso a la electricidad y el agua y cuando bajaron los precios de los electrodomésticos. Expandir el acceso de toda la población a Internet puede ayudar a las mujeres a aprovechar la economía de trabajos esporádicos y el flexiempleo.

Los gobiernos deben garantizar el acceso de las mujeres a la educación y a la atención de la salud. Sin capital humano adecuado, las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral son muy limitadas. Según la UNESCO , 130 millones de niñas en edad escolar no van a la escuela. No se trata solo de brindar el servicio, sino también de garantizar su uso.

En Pakistán, muchas familias optan por no enviar a las niñas a la escuela porque temen por su seguridad. Plasmar en las leyes los derechos de las mujeres podría contribuir a transformar los valores y las instituciones sociales que impiden su acceso a la educación y la atención de la salud.

Cuando los mercados laborales son eficientes y flexibles, el trabajo no remunerado queda distribuido mejor. Las políticas laborales activas, como las que ha instituido Suiza, pueden facilitar la adecuación entre la oferta y la demanda de aptitudes. Nuestro estudio determina que el flexiempleo está asociado a un volumen menor de quehaceres no remunerados a cargo de las mujeres y a un mejor equilibrio entre la vida laboral y la familiar.

Todo queda en familia

Las políticas orientadas a la familia también ayudan. Muchos países nórdicos realizan una fuerte inversión en la educación y la atención de la salud durante la primera infancia, lo cual permite una elevada matriculación y facilita la reincorporación de las mujeres a la fuerza laboral después de dar a luz.

Una mayor paridad en las políticas de licencia por maternidad y paternidad puede estimular la participación femenina en la fuerza laboral al facilitar la reincorporación de las mujeres y alentar a los hombres a participar desde temprano en el cuidado de los hijos. Las políticas de Islandia en este ámbito constituyen un buen ejemplo: la licencia es de nueve meses, tres de los cuales están reservados para el padre.

Reducir y redistribuir los quehaceres no remunerados es un imperativo económico. Los gobiernos deben actuar con firmeza y el sector privado debe sumárseles para aprovechar los grandes beneficios potenciales.