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Archivo de noviembre de 2019

Altar de la Basílica de Santa María la Mayor. Pontevedra

sábado, 30 de noviembre de 2019

España mejora en calidad del aire, en crecimiento y salud de sus bosques y aumenta la generación renovable

sábado, 30 de noviembre de 2019

Presentación del Perfil Ambiental de España (PAE) 2018

España mejora en calidad del aire, en crecimiento y salud de sus bosques y aumenta la generación renovable

Viernes 22 de noviembre de 2019

MInisterio para la Transición Ecológica

España mejora sus datos de calidad del aire, superficie terrestre protegida, crecimiento y salud de los bosques, calidad de las aguas de baño y generación de energía renovable, entre otros, según se desprende del Perfil Ambiental de España (PAE) 2018.

lamoncloa.gob.es

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha presentado el informe, ha destacado su contribución a la alfabetización de la sociedad con el fin de fomentar su conocimiento y participación en la toma de decisiones ambientales. «El objetivo final es la meta que da nombre a este ministerio: conseguir la Transición Ecológica y mejorar los indicadores ambientales en este chequeo anual». Además, el informe sirve como herramienta para identificar las áreas que requieren planes y actuaciones de mejora.

El PAE, que inició la recogida de datos la pasada primavera, se elabora a partir de una evaluación transversal de setenta indicadores que proporcionan un enfoque global de la situación ambiental del país. Incluye un análisis de tendencias y detalla la información por temáticas- aire y clima, naturaleza, sectores socioeconómicos y sostenibilidad-.

El informe analiza, además, los diferentes datos por comunidades autónomas y los pone en el contexto de la Unión Europea.

Principales resultados

Según el PAE 2018, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM) y óxidos de azufre (SOx) se encuentran por debajo del techo de emisión fijado para España desde 2010.

En relación a los espacios protegidos, la superficie marina española protegida ha aumentado un cuatro puntos porcentuales con respecto a 2017, representando un 12% del total. Además, España alcanzó en 2018 las 16.613.036,7 hectáreas terrestres protegidas, lo que representa un 32,8% del total de la superficie de nuestro país. Esto implica un ligero incremento del 0,02%, siendo España uno de los únicos países de la Unión Europea donde ha aumentado.

Los datos de 2018 confirman una tendencia de crecimiento en los bosques españoles durante los últimos 15 años. También destaca la mejora de la salud de los árboles: el 77,3% de los ejemplares estudiados presentaron un aspecto saludable, superior al 72,2% registrado en 2017.

En cuanto a incendios forestales, 2018 ha resultado un año positivo con una reducción del 86% de la superficie forestal afectada con respecto al año anterior. También ha sido el ejercicio con menos incendios registrados desde 1983, que han disminuido un 45%.

Dibujo del marMinisterio para la Transición EcológicaEn el ámbito marino y costero, mejora la calidad de las aguas de baño: en 2018 se ha registrado un aumento del 1,75% de los puntos de muestreo que presentan una calidad «excelente», siguiendo con la tendencia positiva observada desde 2014.

Por otra parte, destaca el dato de presencia de plásticos en las basuras marinas muestreadas entre 2013 y 2018: un 71,5% de las basuras analizadas correspondían a este material, mientras que el 11,2% eran papel y cartón y el 6,6% correspondía con residuos higiénico-sanitarios. Sin embargo, esta cifra también refleja la mejora de los sistemas de medición de basuras marinas, que ya no solo analizan los areneros, sino también los fondos marinos. No obstante, ya se han aprobado Estrategias Marinas con Programas de Medidas que incluyen acciones para mejorar la problemática de este tipo de residuos.

Con respecto a la contaminación por nitratos en aguas subterráneas, los datos muestran que en nueve demarcaciones ha disminuido, con respecto a 2017, el número de estaciones con valores medios por encima de 50 mg/l, mientras que en siete demarcaciones este valor ha aumentado.

Las tasas de reciclado y valorización de residuos de envases se mantienen por encima de los objetivos previstos. En 2017, la incineración con recuperación de energía representó el 13% del destino de los residuos, acercándose al valor del 15 % previsto en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos. La generación de residuos por habitante en España se redujo un 0,22 % en 2017.

También aumenta la generación de electricidad procedente de fuentes renovables, con un incremento del 18,6% con respecto a 2017, ascendiendo a 100.314 GWh, según datos de Red Eléctrica de España.

Sobre el Perfil Ambiental de España (PAE)

Ministerio para la Transición EcológicaEste estudio se realiza anualmente, cumpliendo con la obligación establecida en el Convenio de Aarhus, con el objetivo de compartir la información ambiental para fomentar la implicación y participación de la sociedad y su contribución en la toma de decisiones.

Con un enfoque global, cada indicador aparece descrito con su vinculación al logro de los objetivos prioritarios del VII Programa de Acción Medioambiental de la UE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El PAE está disponible, en español y en inglés, en la web del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, se podrá acceder a él a través de una aplicación disponible para smartphone y tablet, adaptada a los sistemas Android e iOS.

El juez considera nulo y abusivo el procedimiento sancionador del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para el cobro de multas de radar

sábado, 30 de noviembre de 2019

Jueves, 21 de noviembre de 2019

El juez considera nulo y abusivo el procedimiento sancionador del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para el cobro de multas de radar

Anula la sanción a un conductor y señala que el “proceder habitual” del Consistorio obedece a un afán recaudatorio, causa indefensión y vulnera varias normas

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Valladolid ha anulado la sanción de 300 euros impuesta por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda a un vecino por no identificar al conductor del vehículo de su propiedad tras ser captado por un radar circulando a 60 kilómetros en un tramo en el que la velocidad estaba limitada a 50.

El juez considera que el “proceder habitual” del Consistorio para el cobro de sanciones “es jurídicamente inasumible” por ser “ser absolutamente ilegal, injusto y esencialmente recaudatorio” en la medida que duplica o triplica la sanción original.

El magistrado señala además que tal forma de actuar causa indefensión y vulnera “varios preceptos constitucionales y legales básicos, como son el derecho de defensa, el derecho a no declarar contra sí mismo, o a presentar o no alegaciones en el seno de un procedimiento administrativo sancionador”.

En la sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, el magistrado explica que “en un procedimiento administrativo, y más en uno de naturaleza sancionadora, el interesado tiene derechos, constitucional y legalmente reconocidos” y recuerda que “la obligación de identificar al conductor no es una obligación autónoma, absoluta o incondicionada”.

La obligación de identificación del conductor, precisa el juez, “exclusivamente será exigible y sancionable cuando el requerido para ello, en este caso el titular del vehículo, niegue ser el conductor del vehículo al momento de la infracción o, lo que es lo mismo, niegue su implicación en los hechos”.

Por tal motivo, concluye que “lo que no puede imponer la administración municipal demandada, en este caso el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, es una obligación absoluta de identificación de conductores haya reconocimiento o no de la autoría, bajo advertencia de duplicar o triplicar la sanción originaria. Sólo cabe exigir la identificación del conductor cuando el propietario niegue la autoría, pero no en el caso de admitir esta, o de un simple silencio”.

Por otro lado, tampoco puede el Consistorio obligar a nadie a reconocer que ha sido correctamente notificado, ni “bajo ningún concepto, obligar a formular alegaciones o comunicaciones; y menos aún sancionar la falta de alegaciones, lo que en este caso es lo que ha ocurrido”.

Torre. Castillo de Oropesa

viernes, 29 de noviembre de 2019

El pleno del TC declara inconstitucional y nulo el art. 11.3.1 b) párrafo segundo de la ley del suelo y ordenación territorial de Extremadura por vulnerar competencias del Estado

viernes, 29 de noviembre de 2019

Tribunal Constitucional.

Gabinete del Presidente. Oficina de prensa

Nota informativa nº 133/2019

tribunalconstitucional.es

El pleno del TC declara inconstitucional y nulo el art. 11.3.1 b) párrafo segundo de la ley del suelo y ordenación territorial de Extremadura por vulnerar competencias del Estado

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura y declara inconstitucional y nulo el art. 11.3. 1. b) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción introducida por la Ley 9/2011, de 29 de marzo.

La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al Magistrado Antonio Narváez, considera que los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 deben ser objeto de una especial protección y han de clasificarse necesariamente dentro de la categoría del suelo rural especialmente protegido. Por tanto, conforme establece el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, no cabe realizar en ellos actuaciones de transformación urbanística.

El TSJ de Extremadura promovió la cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 11.3.1. b) de la ley citada anteriormente al considerar que podía incurrir en una inconstitucionalidad mediata o indirecta por ser contrarios al art. 149.1, apartados 1º, 13º, 18º y 23 de la Constitución. En efecto, dicho precepto sostiene que “la mera inclusión de unos terrenos en la Red Natura 2000 no determinará por sí sola su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área (…)”.

El Tribunal Constitucional señala que los terrenos incluidos en Red Natura 2000 tienen un alto valor ecológico que “deben quedar preservados de la transformación urbanística; esto es, han de permanecer en situación de suelo rural excluido del proceso de urbanización, debiendo el planificador urbanístico adoptar, en su caso, la técnica urbanística que resulte más idónea y adecuada a tal fin”.
No obstante, “podrá haber terrenos no integrados en la Red y que también tengan un alto valor ecológico –como es el caso de los espacios naturales protegidos–, pero indiscutiblemente los incluidos en aquella lo tienen en un grado superior al que se presupone a todo el suelo rural, razón por la que deben permanecer en una situación urbanística compatible con el régimen de especial protección derivado de la legislación sectorial ambiental”, explica la sentencia. Se indica en la sentencia que el precepto impugnado permite la “transformación urbanística” de este tipo de suelos, concepto éste que aparece definido en el art. 14 del Texto Refundido estatal de 2008, que comporta la urbanización del suelo, pues permite la edificación y otro tipo de construcciones que son incompatibles con la preservación del entorno natural que tiene el suelo rural especialmente protegido.
En consecuencia, cuando en el art. 11 de la Ley del suelo y ordenación territorial de Extremadura, titulado “suelo no urbanizable”, se introduce una regla especial para los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 con el fin de que puedan ser objeto de transformación urbanística, se contraviene lo dispuesto en el art. 12.2 a) TRLS 2008, en conexión con el art. 13.4 del mismo texto legal.

El Tribunal insiste en que “la urbanización implica siempre una grave alteración –la ocupación de los terrenos por construcciones e instalaciones supone una reducción de facto de la superficie protegida– que, en el caso de los terrenos de la Red Natura 2000, por la especial protección que la propia comunidad autónoma les ha reconocido, con fundamento en la normativa europea y estatal, debe quedar condicionada a un supuesto muy concreto (evolución natural, científicamente demostrada) y un procedimiento exigente (trámite de información pública, remisión de la propuesta a la Comisión Europea y aceptación por ésta) según prevén los arts. 13.4 TRLS 2008 y 52 de la Ley 42/2007, normas de carácter básico que el párrafo cuestionado de la ley autonómica desvirtúa”.
El TSJ de Extremadura también alegaba que el procedimiento de homologación era una vía de regularización del Proyecto de Interés Regional (PIR) “Marina Isla de Valdecañas”, que no tiene el carácter de disposición general, sino de ley singular prevista para un caso específico, cuya intención es eludir la ejecución de su sentencia de 9 de marzo de 2011. El Tribunal Constitucional desestima dicho argumento porque “no se encuentra ante ninguno de los casos de ley singular identificados en nuestra jurisprudencia”. Ello significa que la disposición adicional única de la Ley 9/2011 no vulnera los arts. 24.1, 117 y 118 CE.

La sentencia cuenta con un voto particular del Magistrado Ricardo Enríquez Sancho en el que sostiene que la cuestión de inconstitucionalidad debiera haber sido desestimada. Argumenta que este sería el resultado si el precepto “se hubiera analizado sin la contaminación que supone su relación con el Proyecto de Interés Regional (PIR) de la Isla de Valdecañas” y recuerda que la resolución “afectará a todos los terrenos que en Extremadura estén integrados en la Red Natura 2000, que incluyen casi la tercera parte de todo el territorio de esa Comunidad”.

En su opinión el precepto analizado es acorde a lo establecido en la Ley 42/2007 de Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad con arreglo a la cual pueden llevarse a cabo actos de alteración de los terrenos si, según el resultado de la correspondiente evaluación ambiental, no producen efectos negativos sobre el espacio protegido e, incluso, si lo producen, cuando concurran imperiosas necesidades de interés general, con las condiciones previstas en esa Ley.

Madrid, 20 de noviembre de 2019

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la intermediación inmobiliaria

jueves, 28 de noviembre de 2019

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la intermediación inmobiliaria

21 Nov 2019 cnmc.es

◦Se trataría de acuerdos y/o prácticas concertadas para la fijación, directa o indirecta de precios y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible.
◦Se ha inspeccionado la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles, así como el posible empleo de algoritmos para posibilitar la práctica investigada.

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en acuerdos y/o prácticas concertadas para la fijación, directa o indirecta de precios y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible, con particular incidencia en la vivienda residencial.

Los días 18, 19 y 20 de noviembre se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el citado mercado. Estas inspecciones forman parte de la investigación abierta por la CNMC tras haber tenido conocimiento de la posible existencia de prácticas anticompetitivas.

Determinadas empresas y asociaciones del sector de la intermediación inmobiliaria que operan en el ámbito nacional, regional y local habrían llevado a cabo dichas prácticas en relación con la fijación, directa o indirecta, de las comisiones por la venta y el alquiler de inmuebles y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible. En la conducta que se analiza también habrían participado empresas activas en el mercado nacional de software y soluciones informáticas, fundamentalmente aquél destinado a la intermediación inmobiliaria. En particular, se investiga si el diseño de determinado software inmobiliario y sus algoritmos habría podido facilitar esta fijación directa o indirecta de comisiones y condiciones comerciales, así como su mantenimiento.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello cuenta, entre otros, con el “Programa de Clemencia” que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada por la CNMC.

Además, la CNMC dispone de una Plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles mediante la aportación de información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.

Se recuerda que la prohibición de contratar establecida en el artículo 71 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público, para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia, se exceptuaría respecto de las empresas solicitantes de clemencia, en aplicación del artículo 72.5 de la citada Ley, que señala que no procede declarar la prohibición de contratar a las empresas solicitantes de clemencia.

Parador de Oropesa

jueves, 28 de noviembre de 2019

La AEPD presenta junto a la industria una guía sobre el uso de cookies adaptada a la nueva normativa

miércoles, 27 de noviembre de 2019

La AEPD presenta junto a la industria una guía sobre el uso de cookies adaptada a la nueva normativa

aepd.es

Ha sido elaborada por la Agencia en colaboración con Adigital, Anunciantes, Autocontrol e IAB Spain
El documento es la actualización de la primera guía en Europa sobre esta materia elaborada conjuntamente por la autoridad de protección de datos y los representantes de la industria, y que acumula más de dos millones de descargas
La transparencia en la información ofrecida a los usuarios y la necesidad de obtener un consentimiento válido son dos de las obligaciones fundamentales
Guía sobre el uso de las cookies
(Madrid, 8 de noviembre de 2019). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las asociaciones ADIGITAL, Anunciantes, AUTOCONTROL e IAB Spain han presentado la Guía sobre el uso de las cookies, actualización a la nueva normativa de la primera guía en Europa sobre esta materia elaborada conjuntamente por la autoridad de protección de datos y los representantes de la industria. El acto ha sido inaugurado por la directora de la AEPD, Mar España, y ha contado con intervenciones del director general de AUTOCONTROL, José Domingo Gómez Castallo, la directora general de IAB Spain, Reyes Justribó, el director general de ADIGITAL, José Luis Zimmermann, y la directora general de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), Lidia Sanz.
La Guía, cuya versión anterior acumula más de dos millones de descargas, recoge las orientaciones, garantías y obligaciones que la industria debe aplicar para utilizar tanto cookies como tecnologías similares (fingerprinting y otras) cumpliendo la legislación vigente. El papel esencial que juegan las cookies para la prestación de numerosos servicios en Internet y, a la vez, las implicaciones que tienen en la privacidad de los usuarios ha determinado la necesidad de implantar un sistema en el que el usuario sea consciente de quién, cómo y para qué utiliza sus datos personales.
El documento analiza la necesidad de obtener el consentimiento informado del usuario antes de instalar las cookies, recogiendo tanto la obligación de transparencia en la información como el consentimiento en sí mismo, teniendo en cuenta que la nueva normativa de protección de datos establece unos requisitos más estrictos. Además, la Guía se complementa con ejemplos prácticos de fórmulas válidas para recabar el consentimiento de los usuarios.
En cuanto a la transparencia a la hora de ofrecer información, la Guía determina que la información debe ser concisa, transparente e inteligible, utilizando un lenguaje claro y sencillo. Por tanto, debe evitarse el uso de frases confusas como “usamos cookies para personalizar su contenido y crear una mejor experiencia para usted” o “para mejorar su navegación”, o frases como “podemos utilizar sus datos personales para ofrecer servicios personalizados” para referirse a cookies publicitarias que almacenan información sobre el comportamiento de los usuarios mediante el análisis de los hábitos de navegación.
En el caso de que un usuario preste su consentimiento para el uso de cookies, la información debe seguir siendo fácilmente accesible, promoviendo la información por capas. La Guía clarifica también que esta información se debe facilitar antes del uso o instalación de las cookies mediante un formato visible, y que deberá mantenerse hasta que el usuario realice la acción requerida para otorgar el consentimiento o rechazar la instalación.
Modalidades de consentimiento
Como ejemplo de modalidad válida para recabar el consentimiento, la Guía incluye las opciones de aceptar, rechazar o configurar las cookies. Se admite la opción de “seguir navegando” como fórmula válida para obtener el consentimiento tras haber informado de ello, reforzando las garantías para que pueda ser considerada como una clara acción afirmativa e incorporando procedimientos para que denegar el consentimiento pueda ser tan sencillo como prestarlo.
En este sentido, la Guía indica que será necesario que el usuario realice una acción que pueda calificarse como una clara acción afirmativa. A modo de ejemplo, podrá considerarse así navegar a una sección distinta del sitio web (que no sea la segunda capa informativa sobre cookies ni la política de privacidad), deslizar la barra de desplazamiento, cerrar el aviso de la primera capa o pulsar sobre algún contenido del servicio, sin que pueda considerarse una aceptación el hecho de permanecer visualizando la pantalla, mover el ratón o pulsar una tecla del teclado.
El enlace o botón para administrar las preferencias debe llevar al usuario directamente al panel de configuración y podrá integrarse en la segunda capa informativa. La Guía recoge que en el panel podrán implementarse dos botones: uno para aceptar todas las cookies y otro para rechazarlas todas. Estas posibilidades se admiten con el fin de facilitar la navegación del usuario evitando que tenga que ir marcando una por una las cookies que acepta o rechaza, partiendo de la premisa de que se le ha ofrecido una información granular que le permita tomar decisiones de forma selectiva.
En la segunda capa, se añade la obligación de facilitar información sobre las transferencias de datos a terceros países realizadas por el editor; sobre la elaboración de perfiles, cuando implique la toma de decisiones automatizadas con efectos jurídicos para el usuario o que le afecten significativamente; y sobre el periodo de conservación de los datos, para que de este modo la información que se suministra contenga los extremos del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos.
Por otro lado, la Guía también incluye un apartado sobre “actualización del consentimiento” en el que se destaca como buena práctica que la validez del mismo para el uso de una determinada cookie no tenga una duración superior a 24 meses y, que durante este tiempo, se conserve la selección realizada por el usuario sobre sus preferencias, sin que se le solicite un nuevo consentimiento cada vez que visite la página en cuestión.
Normativa aplicable
Las soluciones propuestas en la presente guía pretenden ofrecer orientaciones sobre cómo cumplir las obligaciones previstas en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), en relación con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
Dadas las múltiples complejidades que plantea el uso de las cookies, estas orientaciones no pretenden ofrecer una solución general y uniforme para el cumplimiento de la ley, sino que deben servir de guía para que las entidades adopten decisiones sobre la solución más adecuada a sus intereses y modelo de negocio.
Por último, hay que recordar que existen una serie de cookies exentas (cookies técnicas), que quedan excluidas del ámbito de aplicación del artículo 22.2 de la LSSI y sobre las que, por lo tanto, no es necesario informar ni obtener el consentimiento sobre su uso. No obstante, por razones de transparencia, la Agencia recomienda informar de su utilización y recoge el siguiente ejemplo de cláusula informativa: “Este sitio web utiliza cookies que permiten el funcionamiento y la prestación de los servicios ofrecidos en el mismo”.

Parroquia de San Bartolomé. Pontevedra

miércoles, 27 de noviembre de 2019

El pleno del TC declara que la Generalitat tiene competencia para legislar en materia de contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajeno

martes, 26 de noviembre de 2019

Tribunal Constitucional.
Gabinete del Presidente. Oficina de Prensa

Nota informativa nº 134/2019

tribunalconstitucional.es

El pleno del TC declara que la Generalitat tiene competencia para legislar en materia de contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos

El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra los preceptos del Código Civil de Cataluña que regulan el contrato de compraventa, el de permuta, el de mandato y la gestión de negocios ajenos (arts. 3, 4 y 9 de la Ley de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).
El Tribunal ha estimado únicamente la impugnación relativa al artículo 621-54.3 del CCC. La sentencia declara inconstitucional y nulo este precepto al apreciar que el procedimiento notarial de resolución de conflictos que en él se establece vulnera las competencias que atribuye al Estado el art. 149.1.6 CE en materia de legislación procesal. El resto de las impugnaciones han sido desestimadas al considerar el Tribunal que la regulación de los referidos contratos por el legislador catalán es conforme al orden constitucional de competencias.
La sentencia llega a esta conclusión al entender, por una parte, que los contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos que regula la normativa impugnada guardan conexión con instituciones de su derecho civil catalán existentes a la entrada en vigor de la Constitución, por lo que, en virtud de las competencias asumidas en materia de derecho civil (art. 129 EAC), la Generalitat puede regularlo; y por otra, al verificar que esta competencia se ha ejercido respetando la competencia que el art. 149.1.8 CE atribuye al Estado para establecer “las bases de las obligaciones contractuales”. El Tribunal constata que al encontrase las obligaciones contractuales reguladas con carácter general en el Código civil -norma preconstitucional- el legislador estatal no ha declarado formalmente las bases de estas obligaciones. Por ello, ha efectuado este juicio de constitucionalidad mediata tomando como parámetro de constitucionalidad los elementos esenciales que se infieren de la regulación de estos contratos que efectúa esta norma.
Por lo que respecta a la compraventa de consumo, la sentencia pone de manifiesto que Cataluña ha asumido competencias legislativas no solo en materia de contratos civiles (art. 129 EAC), sino también en la de consumo (art. 123 EAC) y que la regulación de este tipo de compraventa que efectúa el legislador catalán es conforme con la legislación básica estatal -al art. 59 del Texto Refundido de La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios-, por lo que también desestima esta impugnación.
La sentencia cuenta con varios votos particulares. El Magistrado Andrés Ollero, discrepa de la sentencia aprobada por la mayoría porque considera, entre otros muchos argumentos, que interpreta expansivamente la competencia autonómica para desarrollar el derecho foral, dando a entender que la Generalitat de Cataluña está autorizada a aprobar un Código Civil completo, desplazando enteramente la legislación civil estatal. El Magistrado también ha mostrado su desacuerdo con que se hayan identificado las “bases de las obligaciones contractuales” con el concepto de legislación básica, como si el reparto de competencias en materia de derecho civil fuera por completo equivalente a materias como la educación, sanidad, energías o medio ambiente. En su opinión, la sentencia habría debido rechazar que sean desarrollo de derecho civil propio las previsiones impugnadas sobre compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos.
El Magistrado Antonio Narváez también ha formulado un voto particular, al que se ha adherido el magistrado Santiago Martínez-Vares. Discrepa de la sentencia aprobada por la mayoría por dos razones: la primera, porque falta conexión entre las instituciones tradicionales que regulaba el Derecho catalán (rescisión del contrato por lesión y venta a carta de gracia) y la regulación completa que hace el Código Civil de Cataluña del contrato de compraventa. Además, apunta que la normativa catalana no ha aportado ningún punto de conexión entre los contratos de permuta, mandato y gestión de negocios ajenos e instituciones preexistentes a la Constitución que fueran peculiares de Cataluña. La segunda razón es que la sentencia no aborda desde la perspectiva del art. 149.1.6ª (competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil) el problema del contrato de compraventa de consumo, en el que este Tribunal, en doctrina que cita, ha determinado las competencias del Estado sobre esta materia para proteger los derechos de los consumidores y usuarios.

El Magistrado Alfredo Montoya también disiente de la sentencia aprobada por la mayoría porque altera la distribución competencial que el constituyente diseñó para la materia “legislación civil” y, además, atribuye a Cataluña, sin apoyo constitucional alguno toda la competencia sobre la legislación civil, con la única salvedad de las materias enumeradas en el segundo inciso del art. 149.1.8ª CE. Por otro lado, asegura que la materia “bases de las obligaciones contractuales” es un ámbito material reservado íntegramente al Estado y no, como la sentencia de la mayoría afirma, una materia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en torno a la distribución bases-desarrollo.

El Magistrado Ricardo Enríquez Sancho también ha emitido otro voto particular, al que se adhiere el Magistrado Antonio Narváez Rodríguez. En él muestra su disconformidad con la sentencia, ante todo porque ésta identifica el concepto de “bases de las obligaciones contractuales” del art.149.1.8ª CE, con el concepto de “bases”, “legislación básica”, o “normas básicas”, a que se refieren otros títulos previstos en el citado art. 149.1, y le aplica de manera incorrecta la doctrina de este Tribunal sobre la relación entre legislación básica y legislación de desarrollo. En materia de legislación civil no hay competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas: ésta corresponde en exclusiva al Estado, solo las Comunidades con derecho foral o especial a la entrada en vigor de la CE lo pueden actualizar o desarrollar, salvo las materias del apartado segundo donde el Estado tiene competencia sin reservas para asegurar una regulación común. Es el caso de las bases de las obligaciones contractuales, que coadyuvan a otros fines constitucionales como la unidad de mercado y la libre circulación de bienes (art. 139.2 CE); y que es el ámbito invadido por las normas impugnadas. A tales bases se refiere una copiosa jurisprudencia del TC en estos años, citando ejemplos, referidas a preceptos del Código Civil y otras leyes, de la que ha prescindido la sentencia aprobada. Ésta evita además el necesario contraste entre normas, acudiendo a ciertos principios generales, técnica ya descartada por el tribunal. Añade el voto que desde la STC 71/1982 hasta la STC 13/2019, siempre se ha rechazado que la ley autonómica establezca un novum en el contenido de los contratos (derechos y obligaciones). El voto particular finalmente se detiene en el examen de los preceptos impugnados, especialmente las normas de la compraventa, evidenciando su diferencia y por tanto la invasión competencial con la regulación del Código Civil, por lo que debió estimarse el recurso de inconstitucionalidad respecto de todos ellos. Madrid, 22 de noviembre de 2019.

Vista del edificio de García Flórez. Pontevedra

lunes, 25 de noviembre de 2019

Justicia lanza tres nuevas herramientas tecnológicas para un funcionamiento más ágil y eficiente de juzgados y fiscalías

lunes, 25 de noviembre de 2019

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
mjusticia.gob.es
Transformación digital de la Justicia
Justicia lanza tres nuevas herramientas tecnológicas para un funcionamiento más ágil y eficiente de juzgados y fiscalías
Se trata de una aplicación para el cálculo automático de acumulación de condenas, un sistema para la textualización de las vistas judiciales y una aplicación de firma digital manuscrita
19 de noviembre de 2019.- El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte; han presentado hoy tres nuevas aplicaciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio de Justicia para auxiliar el trabajo de juzgados y fiscalías y atender las demandas de los operadores jurídicos.
Por un lado, se ha presentado la Calculadora 988, que calcula las condenas en casos de acumulación de sentencias y muestra la combinación más favorable para el reo entre todas las posibilidades. Esta herramienta utiliza un algoritmo definido por la Fiscalía del Tribunal Supremo a partir del marco legal establecido en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 76 del Código Penal y el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27-06-2018, relativo a la fijación de criterios en acumulación de condenas.
Esta calculadora agiliza la gestión de los órganos judiciales, fiscales y de las instituciones penitenciarias en relación a esta materia, e incrementa la fiabilidad del proceso al evitar posibles errores en el cálculo de las acumulaciones. Asimismo, supone un ahorro significativo de recursos al reducir a escasos segundos una operación para la que, en algunos casos, se emplean actualmente hasta varias jornadas.
La implantación de esta calculadora, que se ha testado ya en la Fiscalía Provincial de Madrid, en la Fiscalía del Tribunal Supremo y entre los magistrados de su Sala Segunda, se realizará progresivamente en los órganos judiciales y fiscales del ámbito competencial del Ministerio de Justicia a lo largo del primer trimestre de 2020.
Los responsables del Ministerio han presentado además un sistema de generación automática de documentos de texto a partir de las grabaciones de los juicios y comparecencias judiciales, lo que facilitará la búsqueda, localización y acceso a su contenido a partir de palabas clave de las intervenciones habladas. Actualmente, la herramienta se está probando en la Oficina Judicial de Cuenca.
Por último, se ha desarrollado también una aplicación de firma digital manuscrita para recoger la rúbrica de los ciudadanos en sus comparecencias ante la Administración de Justicia en los supuestos en los que no disponen de firma electrónica. Actualmente, el proceso obliga a imprimir y escanear el documento con la firma manuscrita. Con este nuevo sistema, esta se realizará en una tableta, lo que generará un documento electrónico que podrá ser incorporado directamente al expediente digital.
El proyecto piloto de esta aplicación arrancará en los juzgados de Segovia en los próximos días. Su puesta en marcha será progresiva en los órganos judiciales y fiscalías de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y supondrá, además, una importante inversión en hardware para la puesta a disposición de los dispositivos necesarios.
El Ministerio de Justicia impartirá formación y soporte técnico a los usuarios de estas nuevas herramientas para su correcta utilización.

Calle de Requena. Madrid

domingo, 24 de noviembre de 2019

¿Qué es el código SWIFT? ¿Para qué sirve?

domingo, 24 de noviembre de 2019

14/11/2019 clientebancario.bde.es

Cuando has necesitado hacer una transferencia internacional es posible que te lo hayan pedido. El código SWIFT (también conocido como BIC, del inglés Bank Identifier Code) permite identificar al banco beneficiario de una transferencia y completa la información proporcionada por el código IBAN. Desde febrero de 2016, ya no es necesario en las operaciones de los países que integran la zona SEPA, para los que el IBAN es suficiente. Si no conoces el código SWIFT de tu cuenta, podrás consultarlo generalmente junto con el número de cuenta (IBAN) o preguntárselo a tu banco.
Recuerda que para que una transferencia intracomunitaria esté sometida a la misma comisión que una nacional de idéntico importe, el ordenante debe facilitar al banco los códigos IBAN y SWIFT del beneficiario.
El código normalmente consta de 11 caracteres, aunque en ocasiones pueden ser solamente ocho. Veamos un ejemplo



Cuatro letras que sirven para identificar al banco.
Dos letras que identifican el país, en este caso España (ES).
Dos letras que indican la localidad de la entidad bancaria. Por ejemplo, Madrid (MM) o Barcelona (BB).
Los últimos tres dígitos, que son opcionales, identifican la oficina o sucursal bancaria. Si se indica XXX significa que la oficina realiza la liquidación de manera centralizada.
¿Sabías qué…? SWIFT son las siglas de la Society for World Interbank Financial Telecommunication (Sociedad de Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial), una sociedad cooperativa con sede en Bélgica que fue fundada en 1973. Unas 12.000 instituciones (financieras y no financieras) de más 200 países están conectadas entre sí a través de SWIFT. Como tal, no es un sistema de pagos, es decir, no envía ni recibe dinero de un banco a otro, sino que se trata de una empresa privada que proporciona un sistema de mensajería. Estos mensajes agilizan las transferencias internacionales al permitir identificar a las partes implicadas de una manera estandarizada, segura y sin errores. Para que te hagas una idea de su volumen, cada día se intercambian unos 32 millones de mensajes de media.


Marcas e apodos das familias da Guarda

sábado, 23 de noviembre de 2019

El Gobierno concede 140 millones de euros en ayudas al despliegue de banda ancha de muy alta velocidad

sábado, 23 de noviembre de 2019

15 de noviembre de 2019 mineco.gob.es

El Gobierno concede 140 millones de euros en ayudas al despliegue de banda ancha de muy alta velocidad

Imagen de la noticia El Ministerio de Economía y Empresa aprueba proyectos de 41 operadores para frenar la brecha digital en la España rural
Con estas ayudas el Plan de Extensión de Banda Ancha proporcionará acceso a más de 100 Mbps a otros 706.000 hogares y empresas

El Ministerio de Economía y Empresa ha publicado la resolución de la convocatoria del año 2019 del Programa Nacional de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA). Este programa, gestionado por la Secretaría de Estado para el Avance Digital, está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tras la evaluación de las propuestas recibidas, se han estimado favorablemente la concesión de ayudas a 125 proyectos de 41 operadores diferentes por un valor de 140,15 millones de euros. Esto supone conceder el 93,43% de los fondos disponibles anualmente para el Programa PEBA, un 14,25% más que en la convocatoria anterior. Con las aportaciones que realizarán los operadores beneficiarios, la inversión total en los proyectos adjudicatarios ascenderá a 199,79 millones de euros.

El objetivo del PEBA-NGA es acelerar la extensión de la cobertura de las redes de banda ancha de muy alta velocidad (más de 100 Mbps), facilitando su despliegue en las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos tres años, denominadas ‘zonas blancas’. Las zonas blancas se sitúan principalmente en áreas rurales y dispersas, siendo por tanto este programa un instrumento clave para cerrar la brecha digital geográfica, hacer frente al reto demográfico y construir una sociedad más inclusiva.

El apoyo de PEBA-NGA al esfuerzo inversor de los operadores privados ha contribuido a que la cobertura de banda ancha de 100 Mbps alcance ya al 81% de los ciudadanos españoles (datos a 31 de junio de 2018). El despliegue de este tipo de redes se realiza principalmente en nuestro país con tecnología de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).

Se estima que las nuevas infraestructuras que serán desplegadas con el apoyo de la presente convocatoria de PEBA-NGA facilitarán cobertura de banda ancha de muy alta velocidad a 706.000 hogares y empresas situadas en 13.650 entidades singulares de población distintas. Una vez desplegados los proyectos subvencionados, en el año 2021, la cobertura de banda ancha de muy alta velocidad alcanzará al 93,45% de la ciudadanía.

Isla Lobeira. Ría de Corcubión. A Coruña

viernes, 22 de noviembre de 2019

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de Datos, ejercicios 2016 y 2017

viernes, 22 de noviembre de 2019

Tribunal de Cuentas
Oficina de prensa

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de Datos, ejercicios 2016 y 2017
20/11/19 tcu.es

Fiscalización a iniciativa del Tribunal

El Tribunal de Cuentas aprueba el informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de Datos, ejercicios 2016 y 2017

La Institución recomienda a la AEPD que solicite a las autoridades presupuestarias que modifiquen su sistema de presupuestación y financiación, de forma que la Agencia se financie con una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado y sea el Tesoro Público el que se encargue de los cobros de las sanciones impuestas por la AEPD en periodo voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 2019.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas y realizado por iniciativa de la Institución, ha tenido como objetivo la fiscalización de toda la actividad de la Agencia Española de Protección de Datos, durante los ejercicios 2016 y 2017. De esta forma, la fiscalización se ha realizado sobre el funcionamiento y organización de la AEPD, en la financiación y gestión presupuestaria, y en la aplicación del nuevo régimen jurídico administrativo y en materia contractual. Asimismo, ha llevado a cabo los análisis sobre los sistemas y procedimientos aplicados por la Agencia, tanto sobre la automatización de los procesos y sistemas informáticos, como en el control interno de la tramitación y tiempos de los procedimientos, y la gestión y cobro de las sanciones.

Por otra parte, esta actividad fiscalizadora se ha realizado sobre la aplicación de la normativa que rige la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en materia de transparencia, y sobre el cumplimiento que la AEPD ha dado a las recomendaciones formuladas en el anterior Informe de fiscalización de la AEPD, y a los acuerdos de la resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativa a dicho Informe.

Tras la actividad fiscalizadora, el Informe recoge los resultados de la misma, así como las conclusiones, entre ellas:

En relación con la representatividad de las cuentas anuales de la AEPD, el Informe señala que las correspondientes a los dos ejercicios fiscalizados reflejan adecuadamente, en sus aspectos más significativos, su situación financiera y patrimonial, el resultado del ejercicio y la liquidación de su presupuesto, y contienen la información necesaria y suficiente para su correcta interpretación y comprensión, de acuerdo con los principios, criterios y normas contables que le eran de aplicación, excepto por algunas salvedades, entre otras, las relacionadas con algunas partidas del inmovilizado y de los deudores.

Por otra parte, la fiscalización observa que, a partir de octubre de 2016 la Agencia pasó a reconocer contablemente los derechos de cobro derivados de sanciones en el momento en que notificaba los acuerdos de inicio de cada procedimiento sancionador. Este incorrecto criterio contable generó una sobrevaloración de los derechos reconocidos por sanciones.

En cuanto al control interno contable, la fiscalización ha puesto de manifiesto una serie de debilidades, que se concretan, fundamentalmente, en: las diferencias de conciliación entre el importe de las cuentas de inmovilizado registrado en contabilidad y el importe que figura en el inventario; el insuficiente detalle de determinados elementos patrimoniales en el inventario; la falta de depuración del inventario de los elementos obsoletos; la ausencia de una planificación y gestión adecuada de la tesorería; la inexistencia de un plan o protocolo de inversión para rentabilizar los saldos de tesorería; la ausencia de conciliaciones periódicas entre las cuentas bancarias y la contabilidad; la falta de control interno en los arqueos de caja; y los retrasos en las comunicaciones a las entidades financieras de las autorizaciones y bajas de firmas de las personas para la disposición de fondos de las cuentas bancarias.

En relación con la gestión presupuestaria, este Informe pone de manifiesto la existencia de una serie de incumplimientos y debilidades, entre ellos que los ingresos presupuestados en los dos ejercicios fiscalizados no se previeron adecuadamente. Se hicieron coincidir con los gastos para equilibrar el presupuesto, pero los ingresos reales por las sanciones impuestas superaron ampliamente, cada año, a las previsiones realizadas.

Actualmente, la actividad de la Agencia se financia con los ingresos derivados de las sanciones que impone, que han excedido ampliamente a los gastos presupuestados, de modo que sus saldos de tesorería fueron crecientes y muy importantes y su rentabilidad muy pequeña. Como la entidad fiscalizada tiene unos excedentes de tesorería muy relevantes de los que apenas obtiene rentabilidades financieras, mientras el Tesoro Público se debe financiar a costes mucho más elevados, el Tribunal de Cuentas considera que una posible alternativa sería una modificación de su financiación, consistente en que la AEPD pase a financiarse con una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado (compatible con la posibilidad de generar una reserva con un porcentaje de los ingresos que genere) y se ingrese en el Tesoro Público el importe de las sanciones.

En relación a la aplicación del nuevo régimen jurídico administrativo, la fiscalización señala que la AEPD no introdujo todas las novedades legislativas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), ni aplicó al funcionamiento del consejo consultivo todas las novedades normativas de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Destaca, asimismo, que pese a haber expirado el mandato de la Directora en julio de 2019, a fecha de las aprobación de este Informe, ni siquiera se había publicado en el BOE la convocatoria pública de candidatos; pese a que la ley exige que esta publicación se efectúe dos meses antes de producirse la expiración del mandato.

En relación con la gestión de personal la fiscalización ha puesto de manifiesto una serie de incidencias, como las observadas en la relación de puestos de trabajo (RPT), en la que la AEPD no refleja la formación y titulación exigida para cada puesto de cada funcionario, ni los méritos de los puestos de trabajo de los laborales. Asimismo, la organización formal de la Agencia descrita en la RPT no reflejaba la organización real ni el contenido de los puestos de trabajo concretos desarrollados por muchas personas durante el periodo.

Por otra parte, en el caso de los nombramientos realizados por libre designación no se ha elaborado documentación justificativa de la selección de los nombrados; y en cuanto al programa de teletrabajo, el Informe señala que la AEPD precisa desarrollar los criterios de control y los sistemas de evaluación del desempeño del trabajo por las personas acogidas al programa de teletrabajo.

En relación con la actividad contractual el Informe desglosa determinados incumplimientos que se concretan, principalmente, en que la AEPD: no ha incluido en las dos relaciones certificadas de contratos remitidas al Tribunal de Cuentas, en 2016 y 2017, los contratos patrimoniales, ni los tres convenios de contenido económico, ni las dos encomiendas de gestión celebrados en esos ejercicios. Asimismo, que los expedientes de contratación no incluyeron, entre las actuaciones preparatorias del contrato, informes económicos, estudios de costes o estudios de mercado que avalen razonadamente los importes presupuestados para la contratación.

En materia de transparencia, la fiscalización observa que el portal de transparencia de la Agencia no permite verificar las condiciones de accesibilidad de su página web, ni tampoco que el ciudadano pueda conocer las normas sobre las formas de acceso a la información y sobre los distintos medios para su solicitud. Por otra parte, en el citado portal, no se publican los mecanismos necesarios para que el solicitante pueda conocer el estado en que se encuentra la tramitación de sus solicitudes y descargar documentos relacionados con las mismas. Además la información publicada presenta algunas deficiencias en materia de contratación, cuentas anuales, marco normativo, ejecución presupuestaria y derechos reales sobre bienes.

En relación con los sistemas y procedimientos empleados por la Agencia, la fiscalización ha realizado el análisis de la automatización de los procesos y sistemas informáticos, así como de la tramitación de los procedimientos y la gestión y cobro de las sanciones impuestas.

En este punto, la fiscalización observa una serie de deficiencias en relación con el funcionamiento y la información que proporciona la principal aplicación informática de la Agencia, SIGRID, que se utiliza para gestionar la inspección e instrucción de los procedimientos sancionadores y para obtener información sobre las reclamaciones presentadas, los documentos generados durante la tramitación de los expedientes administrativos, y las notificaciones y sanciones impuestas.

Por otra parte, el Informe señala retrasos relevantes en la asignación de los procedimientos a los inspectores; y, sobre todo, en la asignación de cada procedimiento sancionador a un instructor. Los tiempos medios de instrucción de los procedimientos superaron el plazo de caducidad (180 días) en 2016. En 2017, aunque estos tiempos medios de instrucción disminuyeron, el 23% de los procedimientos analizados resueltos en este ejercicio habían excedido el tiempo de instrucción de 180 días. Así como, una serie de deficiencias en el control, elaboración y periodicidad de los listados de deudores remitidos a la AEAT para la gestión de su cobro en vía ejecutiva.

En relación con el seguimiento de recomendaciones del Informe de fiscalización sobre la actividad de la AEPD, ejercicio 2009, en el que se formularon cuatro recomendaciones (suscritas, posteriormente, por la Comisión Mixta en sus resoluciones), una se considera cumplida, otra cumplida parcialmente, la tercera no cumplida, y la cuarta ha perdido vigencia tras un cambio de régimen jurídico.

El Informe finaliza proponiendo una serie de recomendaciones dirigidas a la AEPD, para subsanar las deficiencias que se ponen de manifiesto a lo largo del mismo. Entre ellas, que la Agencia inste a las autoridades presupuestarias a modificar su sistema de presupuestación y financiación para que la AEPD se financie con una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado (que sea compatible con la posibilidad de reservar para la Agencia un porcentaje de los ingresos que esta genere), y que sea el Tesoro Público quien se encargue de cobrar las sanciones impuestas por la AEPD, en periodo voluntario.

También le recomienda que introduzca cambios en su sistema de contabilización de los derechos de cobro por sanciones, y que mejore los tiempos de asignación de los expedientes a los inspectores e instructores, así como la periodicidad e información de las comunicaciones con la AEAT y el control de los plazos de prescripción de las infracciones.

El contenido del presente Informe (nº 1.340) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Oropesa

jueves, 21 de noviembre de 2019

La inflación se mantiene en octubre en el 0,1%

jueves, 21 de noviembre de 2019

14 de noviembre de 2019

La inflación se mantiene en octubre en el 0,1%

mineco.gob.es


El diferencial de inflación favorable a España respecto a la zona euro se sitúa en 0,5 puntos porcentuales

La tasa interanual del IPC general se mantuvo en octubre de 2019 en el 0,1%.

Los precios de los productos energéticos apenas alteraron su ritmo de caída interanual, que fue del -6,5%. Esto se ha debido, principalmente, a que el mayor descenso de los precios de carburantes y lubricantes de casi dos puntos hasta el -3,7% y del gas, de más de seis puntos hasta el -11,3%, compensaron la menor caída de los precios de la electricidad, que se redujeron el -11,1%, caída seis puntos más moderada que la del mes previo.

Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 1,8% interanual, medio punto más que en septiembre, destacando en esta evolución el crecimiento del 1,8% de los precios de las frutas frescas tras el descenso del -4,6% del mes anterior.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos), se ha mantenido en octubre en el 1%, debido a la práctica estabilidad de todos sus componentes. La tasa interanual de servicios se reduce una décima, hasta el 1,4%, mientras que las de alimentación elaborada y bienes industriales no energéticos aumentan una décima, hasta el 0,7% y el 0,5%, respectivamente.

En octubre, la tasa interanual del IPC aumentó en seis comunidades autónomas, se mantuvo en siete y disminuyó en las cuatro restantes. Los mayores aumentos se registraron en Extremadura (medio punto hasta el 0,1%), Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Asturias (dos décimas en cada caso). El mayor descenso correspondió a Navarra, dos décimas hasta el 0,5%, seguida de Madrid, Canarias y Cantabria, en las que la inflación se redujo una décima.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en octubre en el 0%, una décima por debajo de la registrada por el IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de octubre, cuya tasa interanual se mantiene en el 0,2%. La inflación adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en el mismo periodo en el 0,7%, resultando un diferencial favorable para España de 0,5 puntos porcentuales, inferior en una décima al del mes anterior.

Gaviota en el puerto de Corcubión

miércoles, 20 de noviembre de 2019

Molins García-Atance, Bodas Martín y Díaz Fraile toman posesión como magistrados del Tribunal Supremo

miércoles, 20 de noviembre de 2019

Martes, 19 de noviembre de 2019

Molins García-Atance, Bodas Martín y Díaz Fraile toman posesión como magistrados del Tribunal Supremo

Nombrados por el Pleno del CGPJ el pasado 26 de septiembre, los dos primeros se incorporan a la Sala Cuarta y Díaz Fraile lo hará en la Sala Primera

Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha acogido este martes el acto de toma de posesión de Juan Molins García-Atance, Ricardo Bodas Martín y Juan María Díaz Fraile como nuevos magistrados del alto tribunal.

Molins García-Atance se incorpora a la Sala Cuarta -de lo Social-, y ocupará plaza correspondiente al turno de especialistas, vacante por la reciente jubilación de Milagros Calvo. También a la Sala de lo Social se incorporará Ricardo Bodas Martín, cuya plaza correspondiente al turno general quedó vacante por la jubilación de Fernando Salinas Molina.
Por su parte, Juan María Díaz Fraile ejercerá la jurisdicción en la Sala Primera -de lo Civil-, quien ocupará la vacante producida tras la renuncia del anterior titular, Francisco Javier Orduña.

En la ceremonia de toma de posesión, que ha estado presidida por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la Sala de Gobierno, Molins García-Atance ha sido apadrinado por Jesús Gullón, presidente de la Sala Cuarta, y María Luisa Segoviano, magistrada de la misma Sala. Gullón ha ejercido también de padrino de Ricardo Bodas, acompañado de la magistrada de la Sala Segunda Ana Ferrer. Por último, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, han ejercido de padrinos de Juan María Díaz Fraile.

Monte Pindo visto desde el Faro de Cee

martes, 19 de noviembre de 2019

El Banco Mundial publica el informe Doing Business que analiza las condiciones para realizar negocios en 190 países

martes, 19 de noviembre de 2019

24 de octubre de 2019

mineco.gob.es

El Banco Mundial publica el informe Doing Business que analiza las condiciones para realizar negocios en 190 países

España se mantiene en el puesto 30 y experimenta una ligera mejoría hasta los 77,9 puntos, aproximándose al nivel de referencia situado en 100
En el último año España ha registrado un avance en el indicador de protección de inversores minoritarios

El Banco Mundial ha publicado el informe Doing Business que analiza las condiciones para realizar negocios en 190 países, otorgando una nota final global y una nota por cada área analizada, siendo 100 el valor de referencia. España se mantiene entre los 30 mejores países del mundo para hacer negocios, con una puntuación de 77,9 puntos.

En el periodo analizado, que corresponde a los meses comprendidos entre el 2 de mayo de 2018 y el 1 de mayo de 2019, España ha mejorado la distancia al valor de referencia, pasando de 77,68 a 77,9 puntos, el mejor resultado desde 2008.

El Doing Business pone el foco en 10 áreas regulatorias que influyen en el clima de negocios de un país. Durante el último año, España ha mejorado la puntuación y subido dos puestos en el indicador de protección de inversores minoritarios gracias a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se produce una ligera mejora o mantenimiento de la puntuación en relación al valor de referencia en el resto de indicadores analizados. Sin embargo, se produce una caída en el ránking en los indicadores de apertura de una empresa, obtención de crédito y obtención de la electricidad debido a la mejora de la puntuación de otros países.

En la comparativa con las economías europeas mejor posicionadas, España se mantiene en la decimoprimera posición.

Entrada al Parador de Oropesa

lunes, 18 de noviembre de 2019

Castilla y León comienza a desarrollar la mediación judicial contencioso-administrativa

lunes, 18 de noviembre de 2019

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

Castilla y León comienza a desarrollar la mediación judicial contencioso-administrativa

El CGPJ celebra una jornada en Valladolid para explicar y analizar el protocolo que fomenta el acuerdo entre los ciudadanos y la administración

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, ha inaugurado este miércoles en Valladolid una jornada sobre mediación en el orden Contencioso-Administrativo para dar a conocer esta iniciativa que comienza en Valladolid y que se extenderá por el resto de provincias.

Concepción ha destacado la importancia de «procurar una solución entre las partes previa a la judicialización de una controversia en aquellos casos en los que pueda conseguirse, con lo que obtendremos la satisfacción de esas partes y evitaremos el colapso de los tribunales».

La magistrada Ana Carrascosa, letrada del CGPJ y coordinadora de la jornada, ha defendido la importancia de fomentar la mediación en aquellos casos en los que la Administración responde con el silencio administrativo a la reclamación de los ciudadanos.

«Cuando hay silencio administrativo no hay una decisión previa que condicione la postura de la Administración porque simplemente no ha dicho nada», ha afirmado Carrascosa, quien ha asegurado que alrededor del 50 por ciento de las demandas de los particulares contra la Administración son estimadas.

«Creo que la Administración haría muy bien en repensarse lo de no ir a mediación porque en la jurisdicción no le va precisamente bien», ha recalcado la magistrada.

La jornada ha servido para presentar el protocolo de mediación intrajudicial en el ámbito administrativo en Valladolid, que a modo de experiencia piloto se empezará a aplicar con el objetivo de reducir la litigiosidad en este orden jurisdiccional y acortar el tiempo de respuesta de un año a dos meses.

Por su parte, la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL en Valladolid, Ana Martínez Olalla, ha defendido las posibilidades de la mediación en las primeras fases del proceso judicial, especialmente en casos de reclamaciones respondidas con el silencio administrativo en materias como la reclamación de cantidades por responsabilidad patrimonial, las cuestiones de personal o justiprecio.

A este respecto, ha señalado que «en casos en las que varias soluciones justas son posibles el intercambio entre el ciudadano y la administración de una forma próxima permite que se llegue a una solución satisfactoria para ambas partes dentro del marco de la legalidad; es importante forzar a la Administración a que llegue a un acuerdo, a que oiga al ciudadano y que no le diga ‘vaya usted a lo Contencioso’, como un castigo».

La jornada está organizada conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, y cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León. Jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, abogados, procuradores, juristas y empresarios han podido participar en este foro.

Campanario de la Basílica de Santa María la Mayor. Pontevedra

domingo, 17 de noviembre de 2019

Gráfico de la semana: La economía informal mundial: Grande, pero ya no tanto

domingo, 17 de noviembre de 2019

Gráfico de la semana: La economía informal mundial: Grande, pero ya no tanto

Por Thomas F. Alexander

blog-dialogoafondo.imf.org

La economía informal, que es una actividad económica que cae fuera de la economía regulada y del sistema tributario, como los vendedores ambulantes o los conductores de taxis no registrados, es difícil de medir.

Las personas y empresas que participan en la economía informal suelen operar en pequeña escala. Por eso no hay estadísticas oficiales sobre la economía informal o paralela, como a veces se denomina, de modo que los economistas deben estimar su tamaño. Algunas técnicas comunes son las encuestas o indicadores indirectos, como la demanda de dinero.

Los economistas también analizan las causas de la informalidad para inferir su tamaño. Por ejemplo, es probable que una carga tributaria elevada incentive a que una mayor actividad económica permanezca en la economía informal. Del mismo modo, las altas tasas de desempleo pueden indicar un funcionamiento deficiente de los mercados de trabajo, y que la mano de obra no es absorbida por el sector formal.

Nuestro gráfico de la semana, basado en una versión actualizada de anteriores estudios realizados por el FMI , muestra que el tamaño de la economía informal —medida como proporción del PIB— ha disminuido gradualmente en todas las regiones. Si bien se están llevando a cabo reformas para reducir la informalidad, como disminuir los obstáculos al registro de empresas, la transición de la informalidad a la formalidad toma tiempo.

Nuestro gráfico de la semana, basado en una versión actualizada de anteriores estudios realizados por el FMI , muestra que el tamaño de la economía informal —medida como proporción del PIB— ha disminuido gradualmente en todas las regiones. Si bien se están llevando a cabo reformas para reducir la informalidad, como disminuir los obstáculos al registro de empresas, la transición de la informalidad a la formalidad toma tiempo.

Las regiones con una mayor proporción de informalidad en el período 2010–17 son África subsahariana y América Latina y el Caribe, ambas en el 34% del PIB, en comparación con el 9% del PIB en América del Norte. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el sector informal equivale a casi el 15% del PIB.

La economía informal está asociada generalmente con baja productividad, pobreza, desempleo elevado y crecimiento económico más lento. También es más frecuente en los países de bajo ingreso porque, a medida que los países se desarrollan, es más fácil que los trabajadores realicen la transición al sector formal. Al mismo tiempo, proporciona empleo e ingresos a personas que de otro modo no encontrarían trabajo, o complementa sus ingresos laborales en el sector formal regulado.

Águila real americana

sábado, 16 de noviembre de 2019

Renovarse o morir

sábado, 16 de noviembre de 2019

Renovarse o morir

1 Oct 2019

ugt.es

Artículo de Isabel Araque, Secretaria Confederal de UGT, en Radio Córdoba (Cadena SER)

Leía recientemente en un artículo, como es el ciclo vital del águila real americana.

Narraba el autor, que cuando esta rapaz cumple 40 años de vida, debe decidir si renovarse o morir. Un poderoso animal, portador de unas alas y de una agudeza visual, que lo hace dueño de cielos y tierras; pero a pesar de su potencia, el paso de los años, deforman su pico y sus garras, densa y maltrecha sus plumas hasta hacer de todo ello algo inservible.

Llegado ese momento, el águila decide, si se abandona y muere por inanición o asegurar su vida en un nido de montaña y desprenderse a golpes de su pico para que crezca fuerte, eficaz y arrancarse cada una de sus garras para verlas nacer de nuevo como auténticas armas cazadoras. En ese tiempo, mudará hasta sus viejas plumas; y todo ello en apenas 5 meses.

Esa catarsis en la que decide vivir y esos sacrificios que le permiten no morir, le proporcionan 30 años más de vida. Es la pervivencia y la continuidad vital de un animal que dicen “irracional”, pero con una inteligencia admirable, que le hace reconocer cuáles son las prioridades de su mundo.

Mientras lo leía, pensaba si tendremos el gusto de ver en este país la catarsis de la clase política en la que sacrifiquen las plumas del ego de sus traseros y sitúen las prioridades de las personas como eje fundamental del estado de bienestar

Por favor, despójense de esas garras deformadas y trasnochadas que son las encuestas, estadísticas y tuits. Olvídense del postureo mediático que ha terminado por deformar su pico hasta llevarlos, en un día no muy lejano, a una muerte segura por inanición de realidad y fijen de una vez, el norte de prosperidad y derechos que todos y todas estamos esperando.

Si no hacen esa catarsis, si no es renovarse, será morir, cual Águila Real Americana que decidió no hacer nada.

Muden su pico, cambien sus garras y comiencen la importantísima labor que tienen encomendada: Representarnos en el poder ejecutivo y legislativo en las Cortes para asegurarnos un futuro de esperanza.