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miércoles, 22 de enero de 2020

Marinna Mouzo

El Tesoro presenta la estrategia de financiación para 2020

miércoles, 22 de enero de 2020

08 de enero de 2020

mineco.gob.es
El Tesoro presenta la estrategia de financiación para 2020

Imagen del artículo Se prevén unas necesidades de financiación inferiores a las anunciadas en 2019. Se estima que la emisión bruta vuelva a situarse por debajo de los 200.000 millones de euros y que la emisión neta sea de 32.500 millones de euros
El Tesoro tiene el objetivo de lanzar la primera emisión de un programa de bonos verdes para contribuir a la financiación de los compromisos de España con la transición ecológica

Se mantiene la confianza de los inversores en la economía española, que se tradujo en una mejora del rating por parte de Standard and Poor’s el pasado mes de septiembre, la reducción a la mitad de la prima de riesgo y un incremento de más de tres puntos de la participación de inversores internacionales durante 2019
El pasado año los costes de financiación registraron nuevos mínimos históricos y el 55,4% de la deuda emitida por el Tesoro se adjudicó a tipos negativos

El Tesoro Público ha presentado su estrategia de financiación para 2020, ejercicio en el que se estima que la emisión bruta se sitúe en 196.504 millones de euros, un 6,2 % inferior a la anunciada a principios de 2019. La emisión neta prevista será de 32.500 millones de euros, inferior también en un 7,1% a la propuesta el pasado año.

El programa de financiación para 2020 parte de un escenario conservador, que podría revisarse a lo largo del año. El compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal y la progresiva reducción del déficit permitirán seguir intensificando la reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB.

Cierre ejercicio 2019

Las favorables condiciones de financiación han permitido que el Tesoro Público haya completado su programa de financiación de 2019 con una emisión neta de 19.960 millones de euros, lo que supone una reducción del 41,8% sobre el cierre de 2018, constituyendo la menor emisión neta desde 2007. Esta importante disminución de la emisión neta ha sido posible gracias a la buena evolución de los costes de financiación, la progresiva recuperación de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y la gestión más eficiente de la tesorería del Estado.

La emisión bruta ha caído por debajo de 200.000 millones de euros por primera vez desde 2011, situándose en 192.814 millones de euros, un 9,5% menos que en 2018.

Durante todo el año se ha mantenido la confianza de los inversores en la economía española, lo que se traducido en una mejora de la calificación crediticia del Reino de España por parte de la agencia Standard and Poor’s, la reducción a la mitad de la prima de riesgo y el incremento en más de tres puntos porcentuales de la participación de inversores internacionales y de cuentas de calidad.

Asimismo, han continuado reduciéndose los costes de financiación del Tesoro, que han registrado mínimos históricos. El coste medio de las nuevas emisiones se ha situado en el 0,23%, lo que supone una disminución de 41 puntos básicos sobre el de 2018. El coste medio de la deuda en circulación se ha reducido hasta el 2,19%. Esta reducción ha sido posible porque más de la mitad de la deuda emitida por el Tesoro, el 55,4%, se ha adjudicado a tipos negativos.

Las menores necesidades de financiación han permitido un ahorro en el pago de intereses sobre la previsión de principios de año de 2.371 millones de euros. La carga financiera ha sido de 24.357 millones de euros en términos de contabilidad nacional y ha continuado reduciéndose su peso como porcentaje del PIB, que ha caído desde el 2,8% en 2014 hasta el 2%.

Estos descensos se han producido en un entorno de incremento de la vida media de la deuda del Estado en circulación que ha aumentado ligeramente hasta los 7,55 años, frente a los 7,45 de finales de 2018.

Estrategia Financiación 2020

Como principal novedad en 2020, el Tesoro tiene el objetivo de lanzar la primera emisión de un programa de bonos verdes, para contribuir a la financiación de los compromisos de España con la transición ecológica. Para esta emisión, el Tesoro seguirá las mejores prácticas del mercado en el diseño del Marco de Bonos Verdes y se apoyará en la experiencia de otros emisores soberanos y en la labor de armonización a nivel europeo. Asimismo, se garantizará la transparencia en la asignación de los fondos y en la comunicación del impacto de las inversiones.

Está previsto que toda la financiación neta se obtenga a través de la emisión de instrumentos a medio y largo plazo. Se hará frente a 84.969 millones de vencimientos a medio y largo plazo. De esta forma la emisión bruta a medio y largo plazo ascenderá a 117.469 millones de euros.

Por lo que respecta a las emisiones regulares de valores del Tesoro, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de Letras y de Bonos y Obligaciones del Estado. Como regla general, se realizarán dos subastas al mes de cada modalidad. La emisión esperada en estas subastas ordinarias se situará dentro del rango publicado, sin tener que alcanzar el máximo anunciado.

En 2020 el Tesoro Público recurrirá nuevamente a las sindicaciones bancarias para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado. Asimismo, podrá emitir Deuda del Estado mediante colocaciones privadas, que se ejecutarán en la medida en que contribuyan a la diversificación de la base inversora.

El Tesoro prevé continuar este año con su programa de Bonos y Obligaciones indexados a la inflación europea. Se trata de un programa que permite diversificar la base de inversores de la deuda española y que favorece la estabilización de la carga financiera de la deuda. En los cinco años de vigencia, el programa de Bonos y Obligaciones ligados a la inflación ha acumulado un volumen total de 52.921 millones de euros, lo que supone el 5,4% del total de la Deuda del Estado en circulación y convierte a España en uno de los emisores de referencia en este mercado, junto con Francia, Italia y Alemania.

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martes, 21 de enero de 2020

Marinna Mouzo

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)

martes, 21 de enero de 2020

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
Noviembre 2019. Datos provisionales
ine.es
En noviembre se inscriben en los registros de la propiedad 152.699 fincas, un 11,8% menos que en el mismo mes del año anterior
Las compraventas de viviendas inscritas disminuyen un 9,3% respecto a noviembre de 2018
El número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de noviembre es de 152.699, lo que supone un 11,8% menos que en el mismo mes de 2018.
En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de transmisiones es de 79.319, con una disminución anual del 8,0%.
Compraventas inscritas en los registros de la propiedad
El 86,5% de las compraventas registradas en noviembre corresponde a fincas urbanas y el 13,5% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 56,4% son compraventas de viviendas.
El número de compraventas de fincas rústicas baja un 8,8% en noviembre en tasa anual y el de fincas urbanas un 7,9%. Dentro de estas últimas, las compraventas de viviendas registran una disminución anual del 9,3%.

Compraventas de viviendas registradas según régimen de protección y estado
El 91,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en noviembre son libres y el 8,7% protegidas.
En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa disminuye un 8,3% y el de protegidas un 18,5%.
El 19,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en noviembre son nuevas y el 80,2% usadas.
El número de operaciones sobre viviendas nuevas baja un 3,6% y el de usadas un 10,5% respecto a noviembre de 2018.

Resultados por comunidades autónomas
En el mes de noviembre el número total de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad por cada 100.000 habitantes1 alcanza sus valores más altos en La Rioja (700), Castilla y León (662) y Aragón (588).
Región de Murcia (0,6%) registra la única tasa de variación anual positiva, mientras que Galicia (–0,2%) y Extremadura (–1,0%) registran las tasas de variación anuales menos negativas.
Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (–33,2%), Comunidad de Madrid (–25,1%) y País Vasco (–20,2%) presentan las tasas anuales más bajas.
Atendiendo a las compraventas de viviendas registradas, las comunidades con mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes1 son Comunitat Valenciana (151), Andalucía (126) y Aragón (114).

Las comunidades que presentan los mayores incrementos anuales en el número de compraventas de viviendas en noviembre son Extremadura (7,0%), Aragón (5,3%) y Andalucía (2,7%).
Por su parte, La Rioja (–25,5%), Comunidad de Madrid (–21,2%) y Canarias (–21,0%) registran los mayores descensos.

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lunes, 20 de enero de 2020

Marinna Mouzo

Medidas tributarias, catastrales y de Seguridad Social

lunes, 20 de enero de 2020

Medidas tributarias, catastrales y de Seguridad Social

Viernes 27 de diciembre de 2019

lamoncloa.gob.es

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que recoge medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social. El Gobierno utiliza este instrumento legal al no haber podido tramitar estas cuestiones por el cauce parlamentario ordinario al encontrarse en funciones y, por tanto, con sus competencias limitadas. La necesidad de aprobar estas medidas deriva de que, en caso de no hacerlo, algunas de ellas dejarían de estar en vigor al finalizar el año.

En materia tributaria, el Real Decreto-Ley prorroga para el período impositivo 2020 los límites cuantitativos de facturación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La legislación vigente hasta ahora recogía que para el próximo año se reducirían los umbrales a partir de los cuales un autónomo no puede tributar por el método de estimación objetiva. El Real Decreto-ley aprobado hoy modifica ese escenario y mantiene inalterables los límites de exclusión vigentes en la actualidad.

De esta forma, los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros. Si no se hubiera aprobado este Real Decreto-ley, los límites anteriores quedarían establecidos en 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente.

Además, los autónomos que adquieren bienes y servicios hasta 250.000 euros podrán mantenerse en el sistema de módulos. Estaba previsto que este límite se redujera a 150.000 euros en 2020.

A semejanza de la mencionada medida, se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio

El decreto también contempla la prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020, un tributo cuyo rendimiento está cedido en su totalidad a las Comunidades Autónomas, que tienen amplia competencia sobre el mismo.

La vigencia del impuesto sobre el patrimonio se ha ido prorrogando anualmente desde 2013.

Actualización de los valores catastrales

El Real Decreto-ley también incluye la aprobación de los coeficientes de actualización -al alza o a la baja- de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020 en los términos del artículo 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Esta medida se debe adoptar por Real Decreto-ley a consecuencia de la prórroga presupuestaria, ya que resulta necesario que los coeficientes se aprueben antes del 1 de enero de 2020 mediante decreto, tal y como ha venido sucediendo en los tres últimos ejercicios.

Con esta medida se contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha aprobado una Orden, que será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la relación de municipios en los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización al alza o a la baja.

Esta medida sólo afecta a inmuebles urbanos y se adopta en los términos que establece la Ley del Catastro Inmobiliario y que exige que exista una solicitud previa municipal. Previamente a la publicación de esta Orden ha sido evaluado el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la Ley, que, en esencia, consisten en que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor del último procedimiento de valoración colectiva de carácter general, y que existan diferencias sustanciales y homogéneas entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.

En total hasta 1.092 municipios se acogen a esta actualización, cuya aplicación se hará efectiva desde el 1 de enero de 2020. Las subidas y bajadas medias globales en conjunto alcanzan un 3%, respectivamente. El incremento máximo no supera el 5%.

Medidas en empleo y Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha aprobado también la prórroga del plazo de vigencia del Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre por el que se fijó el salario mínimo interprofesional para 2019. Dado que el citado Real Decreto dejará de producir efecto el próximo 31 de diciembre, concurren razones extraordinarias y de urgente necesidad que hacen ineludible mantener su vigencia a partir del 1 de enero, hasta que se apruebe el real decreto del salario mínimo interprofesional para el año 2020 en el marco del diálogo social y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros recoge la suspensión del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en el que se recoge una subida del 0,25%, ya que el Gobierno tiene previsto aplicar, en cuanto sea posible, una revalorización de las pensiones del 0,9%, con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2020, tal y como se recoge en el Plan Presupuestario para el próximo año enviado a la Comisión Europea.

Si no se suspendiera este artículo, se producirían dos revalorizaciones (del 0,25% primero y hasta el 0,9% posteriormente), lo que duplicaría los aplicativos informáticos y multiplicaría por dos el coste en la comunicación a las personas beneficiarias de las pensiones.

Por otra parte, el texto normativo aprobado hoy garantiza durante 2020 el mantenimiento de la normativa previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes de 2013. A la vista de que la prórroga de esta previsión -la denominada «cláusula de salvaguarda»- hasta el 31 de diciembre de 2019 recogida por el RDL 28/2018 no ha sido suficiente para paliar los efectos que la nueva regulación causaría a aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones, se hace necesario por razones de seguridad jurídica y de preservación de la igualdad su extensión hasta el final de 2020.

En el texto se prorrogan también algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 28/2018 en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, que garantice su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2020, dado el carácter temporal que tenía esta norma, circunscrita al año 2019.

Las Palmas de Gran Canaria. Club Náutico. Rueda de timón

domingo, 19 de enero de 2020

En diciembre de 2020 termina el plazo para canjear pesetas por euros

domingo, 19 de enero de 2020

Departamento de Comunicación
Nota de prensa bde.es
Madrid, 30 de diciembre de 2019
En diciembre de 2020 termina el plazo para canjear pesetas por euros

El Banco de España dejará de canjear pesetas por euros el próximo 31 de diciembre de 2020, 18 años después de que la peseta fuese sustituida por el euro como moneda de curso legal en España.
Hasta esa fecha, el cambio podrá realizarse en la sede del Banco de España en Madrid y en cualquiera de sus sucursales. El plazo para canjear en entidades financieras finalizó el 30 de junio de 2002. Todos los billetes de peseta posteriores al año 1939 son canjeables por euros. Los billetes emitidos entre 1936 y 1939 también pueden ser objeto de canje tras ser analizados por los expertos del Banco de España. En el caso de las monedas, solo se admiten las que estaban en circulación el 1 de enero de 2002, pues para las monedas anteriores se estableció un plazo de canje en el momento de su sustitución que expiró en 1997. También es la última oportunidad para cambiar por euros todas las monedas conmemorativas, de colección y especiales denominadas en pesetas.

Legalmente no se ha establecido ningún límite cuantitativo para canjear pesetas por euros, pero se aplica la normativa vigente en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, que establece unas obligaciones mínimas de identificación y comunicación de las operaciones con efectivo.

Evolución del canje

Según los últimos datos disponibles, el importe de los billetes y monedas en pesetas que quedaban por retirar a 30 de noviembre de 2019 era de 1.610 millones de euros. Esta cantidad representa, aproximadamente, un 3 % del saldo total en circulación a 31 de diciembre de 2001 (48.750 millones de euros). El importe de los billetes que todavía no han sido canjeados es de 819 millones de euros, apenas un 1,8 % del total en circulación a 31/12/01 (46.228 millones de euros). Respecto al valor de las monedas que faltan por canjear, asciende a 791 millones de euros, casi un 32 % del total en circulación a finales de 2001 (2.522 millones de euros).
La afluencia de ciudadanos durante las primeras semanas de enero de 2002 a las oficinas bancarias para canjear sus antiguos billetes y monedas sobrepasó las previsiones más optimistas. Como consecuencia, el 28 de febrero de 2002, al término del período de coexistencia del euro y la peseta, se había retirado de la circulación un 86 % del saldo en circulación a finales de 2001, es decir, el equivalente a más de 42.000 millones de euros.

Una vez finalizado el período de doble circulación, el ritmo de canje se fue estabilizando. En abril del 2002 ya habían vuelto al Banco de España un 93 % de los billetes y monedas en pesetas. Desde septiembre de 2002, se apreció una importante disminución del volumen de canje en las sucursales del Banco de España (si no en número de operaciones, sí en el importe medio de las mismas). La afluencia de público a las sucursales del Banco de España se redujo notablemente tras las Navidades de 2002. Desde el mes de enero de 2003, el número de operaciones y los importes mensuales canjeados se han mantenido más o menos constantes y en niveles muy bajos.

La peseta, la última moneda circulante en España hasta la implantación del sistema monetario único europeo, nació en 1868 por decreto del Gobierno Provisional tras el derrocamiento de Isabel II.

Desde la acuñación de la primera moneda de peseta en 1869, pasando por la primera emisión de billetes en 1874, hasta la introducción del euro el 1 de enero de 2002, la peseta circuló durante más de un siglo.

Más información sobre el proceso de canje en la sección Billetes y monedas en pesetas de la página web del Banco de España

Las Palmas de Gran Canaria. Club Náutico. Metopas

sábado, 18 de enero de 2020

La economía española creció un 0,4% en el tercer trimestre, según el INE

sábado, 18 de enero de 2020

30 de diciembre de 2019

La economía española creció un 0,4% en el tercer trimestre, según el INE

mineco.gob.es

España mantiene un crecimiento superior al de la zona euro, que se expandió el 0,2% de julio a septiembre
Se incrementa la aportación de la demanda nacional hasta el 1,8%, con una mayor contribución de sus principales componentes
La renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecen un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior
La tasa de ahorro de los hogares se sitúa en el 6,4%, eliminados los efectos estacionales y de calendario

El Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española ha registrado un crecimiento intertrimestral del 0,4% en el tercer trimestre del año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, España encadena 24 trimestres de crecimiento económico ininterrumpido.

Asimismo, sigue manteniendo un crecimiento por encima de la media de la zona euro. En términos intertrimestrales el crecimiento de la economía española duplicó el registrado en la eurozona (0,4% frente a 0,2%). En términos interanuales, el PIB creció el 1,9%, tasa superior en siete décimas a la registrada en la zona euro, que se situó en el 1,2%.

La contribución de la demanda nacional aumenta en el tercer trimestre y aporta 1,8 puntos al crecimiento interanual del PIB, con una mayor contribución de sus principales componentes. El gasto en consumo final se incrementa un 1,6% respecto al mismo trimestre de 2018 y la formación bruta de capital crece un 2,8% interanual.

En el tercer trimestre la demanda externa aportó 0,1 puntos al crecimiento del PIB, como resultado de una aceleración de las exportaciones de bienes y servicios, que registraron un incremento interanual del 3%, y de un crecimiento de las importaciones del 3,1%.

Los datos del INE muestran que en el tercer trimestre el empleo creció el 0,1% intertrimestral y el 1,8% interanual. Este aumento ha permitido la creación de 332.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el último año. La remuneración de los asalariados crece un 4,5% interanual como resultado del aumento del 2,3% del número de asalariados y un incremento del 2,2% de la retribución media por asalariado.

Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales

El INE ha publicado también las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales. De acuerdo con estos datos, la economía española registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 8.061 millones de euros en el tercer trimestre de 2019, según los datos publicados hoy por el INE. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la economía española se sitúa en el 1,7% del PIB.

La renta nacional bruta se incrementó un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior situándose en 305.519 millones de euros. Asimismo, la renta nacional disponible bruta alcanzó los 301.960 millones de euros, con un crecimiento del 3,4% interanual.

La tasa de ahorro de los hogares se sitúa en el tercer trimestre en el 6,4% de su renta bruta disponible, con series corregidas de efectos estacionales y calendario.

Las Palmas de Gran Canaria. Iglesia de Santa María del Pino

viernes, 17 de enero de 2020

El CGPJ considera por mayoría que Dolores Delgado reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado

viernes, 17 de enero de 2020

Jueves, 16 de enero de 2020

El CGPJ considera por mayoría que Dolores Delgado reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite previsto en el artículo 124.4 de la Constitución

Autor:Comunicación Poder Judicial

poderjudicial.es

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado hoy por 12 votos a 7 que la fiscal de la Audiencia Nacional y exministra de Justicia Dolores Delgado García reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesta el pasado martes por el Consejo de Ministros.

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Dolores Delgado se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y, según la certificación remitida por la Fiscalía General del Estado, tiene acreditados más de 28 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, desde su ingreso en febrero de 1990 hasta su nombramiento como ministra de Justicia en julio de 2018.

Su primer destino fue la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona, donde permaneció hasta 1993, fecha en la que fue destinada a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.

Entre abril de 2004 y septiembre de 2005 estuvo destacada temporalmente en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de junio a diciembre de 2006 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En enero de 2007 pasó a ocupar plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde ejerció sus funciones hasta que fue nombrada ministra.

Entre la documentación remitida al Consejo General del Poder Judicial figuran también la renuncia al escaño de diputada al Congreso por Madrid y la solicitud de reingreso a la Carrera Fiscal.

“A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el acuerdo adoptado según la propuesta presentada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Ángeles Carmona, Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Rafael Fernández Valverde.

Han votado en contra los vocales Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.

La vocal Nuria Díaz ha anunciado la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella, al considerar que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea para desempeñar el cargo y que las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía.

Además, han anunciado voto particular concurrente los vocales Concepción Sáez y Rafael Fernández Valverde –al que se adherirá Ángeles Carmona-.

Los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea no han asistido al Pleno. Pilar Sepúlveda ha intervenido por videoconferencia.

Estrasburgo. En Quai Saint Nicolas

jueves, 16 de enero de 2020

Declaración institucional de la Comisión Permanente

jueves, 16 de enero de 2020

miércoles, 15 de enero de 2020

Declaración institucional de la Comisión Permanente

En respuesta a las manifestaciones del vicepresidente segundo del Gobierno

Autor:Comunicación Poder Judicial poderjudicial.es

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad la siguiente declaración institucional en respuesta a las manifestaciones realizadas ayer a Antena 3 Televisión por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en las que afirmaba que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos:

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos.

En relación con los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017, solo existen dos pronunciamientos de estos tribunales:

  1. La sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español y que aclara la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios desde la perspectiva del Derecho europeo en un sentido contrario al sostenido hasta entonces por el propio tribunal europeo, por todos los Estados de la Unión, por la Comisión Europea y por el propio Parlamento Europeo. Una vez conocida la sentencia, el Tribunal Supremo acomodó sus resoluciones a la nueva doctrina y acordó la inhabilitación del procesado Oriol Junqueras, decisión que fue inmediatamente aceptada y ejecutada por el Parlamento Europeo, y solicitó a esta Cámara la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín.
  2. El pronunciamiento del TEDH que confirmó en todos sus extremos la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 y declaró que esa suspensión era “necesaria en una sociedad democrática” para “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”.

La Comisión Permanente también quiere recordar, en relación con la actuación de otros tribunales respecto de los que no existe subordinación alguna de la Justicia española, que ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont y Antoni Comín –que se encuentran suspendidas- ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí –que sigue tramitándose-; y que solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos.

Como ya ha hecho a lo largo del presente mandato del CGPJ con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

La declaración ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.

New York. Edificios en Manhattan

miércoles, 15 de enero de 2020

Planeta Hipotecas. Banco de España

miércoles, 15 de enero de 2020

Juan Carlos Campo toma posesión de su cargo como ministro de Justicia

martes, 14 de enero de 2020

Juan Carlos Campo toma posesión de su cargo como ministro de Justicia

13 de enero de 2020 mjusticia.gob.es

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, junto a su predecesora en el cargo, Dolores Delgado

Juan Carlos Campo ha tomado hoy posesión de su cargo como ministro de Justicia en un acto celebrado en el Palacio de Parcent, con la presencia de su predecesora, Dolores Delgado, quien le ha entregado la cartera del Ministerio de Justicia.

Durante su intervención, Juan Carlos Campo ha agradecido al presidente del Gobierno la confianza depositada en él y se ha comprometido a aunar esfuerzos con las administraciones competentes, órganos judiciales y la sociedad civil para alcanzar “un gran acuerdo” que permita “vertebrar un nuevo modelo de Justicia”. El objetivo, ha dicho el ministro, es ofrecer a la ciudadanía “lo que reclama”: una Justicia más cercana, “más entendible” y capaz de dar una respuesta “en tiempo razonable”. El esfuerzo de todos es el que nos va a llevar hacia una Administración de Justicia “pronta y eficaz”, ha subrayado.

Al acto de toma de posesión del nuevo ministro de Justicia han acudido, además de numerosas personalidades del mundo judicial, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Strasbourg. Catedral

martes, 14 de enero de 2020

El presidente del Tribunal Supremo remite al del Parlamento Europeo la solicitud de suplicatorio de Carles Puigdemont y Antoni Comín

martes, 14 de enero de 2020

Lunes, 13 de enero de 2020 poderjudicial.es

El presidente del Tribunal Supremo remite al del Parlamento Europeo la solicitud de suplicatorio de Carles Puigdemont y Antoni Comín

Acordada el pasado viernes por el magistrado del alto tribunal Pablo Llarena

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido hoy al del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, la solicitud de suplicatorio de suspensión de inmunidad relativa a los miembros de esta Cámara legislativa Carles Puigdemont y Antoni Comín instada por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’ en el alto tribunal, así como testimonio de distintas resoluciones acordadas en ese procedimiento y de la sentencia de la Sala Segunda dictada en la causa especial 20907/2017.

Las Palmas de Gran Canaria. En la Iglesia de Santo Domingo

lunes, 13 de enero de 2020

La Bolsa negocia 40.646 millones de euros en diciembre

lunes, 13 de enero de 2020

La Bolsa negocia 40.646 millones de euros en diciembre

bolsamadrid.es

•Es un 4,8% superior al del mismo mes de 2018 y el acumulado anual, de 469.626 millones, es un 18,1% inferior
•El volumen intermediado en Renta Fija registra un crecimiento del 66,4% en el año
•La negociación en Derivados Financieros aumenta un 3,3% en 2019

La Bolsa española negoció en Renta Variable en diciembre 40.646 millones de euros, en línea con el mes anterior y un 4,8% más que en el mismo periodo de 2018. La contratación en el conjunto del año ascendió a 469.626 millones de euros, un 18,1% menos que el ejercicio previo. El número de negociaciones acumuladas hasta diciembre descendió un 15,9%, hasta 37,2 millones, tras registrar en diciembre 2,8 millones de operaciones, un 10,0% por debajo de diciembre 2018 y un 11,4% menos que en el mes anterior.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 72,2% para el conjunto del año. La horquilla media del año fue de 4,91 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 12,9% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 6,88 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 34,3% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El índice IBEX35® registró en 2019 la mejor evolución desde el 2013, con una revaloración anual del 11,8%.

Los mercados de Renta Fija de BME cerraron el año con crecimientos en negociación, nuevas emisiones y saldos vivos. El volumen de contratación fue de 14.618 millones de euros en diciembre, con un incremento del 49,1% respecto al mismo periodo de 2018. La contratación acumulada en el año se situó en 333.958 millones de euros, un 66,4% más.

El volumen admitido a negociación en el mes fue de 28.327 millones, con una subida interanual del 11,5%. En el conjunto del año las admisiones alcanzaron los 326.575 millones, un 4,7% más que en 2018. El saldo vivo creció un 2,1%, hasta 1,6 billones.

El mercado de Derivados Financieros cerró 2019 con un incremento acumulado en la negociación del 3,3%. En esta evolución destacaron los Futuros sobre Acciones, con un aumento del 42,9%; los Futuros sobre Dividendos de Acciones, con un incremento del 60,9%, y los Futuros IBEX 35 Impacto Dividendo, cuya contratación creció un 104,8%. En comparación con el mes de diciembre del año anterior, la negociación aumentó un 5,1% en Futuros sobre IBEX35® y un 23,3% en Futuros sobre Acciones.

Estrasburgo. Desde el Pont du Corbeau

domingo, 12 de enero de 2020

La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestima la petición de Joaquim Torra de suspensión cautelarísima del acuerdo de la JEC que dejó sin efecto su acta de diputado del Parlament de Cataluña

domingo, 12 de enero de 2020

Viernes, 10 de enero de 2020 poderjudicial.es

La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestima la petición de Joaquim Torra de suspensión cautelarísima del acuerdo de la JEC que dejó sin efecto su acta de diputado del Parlament de Cataluña

El tribunal no aprecia las razones de especial urgencia que se requieren para un suspensión de este tipo

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado hoy la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central que dejó sin efecto la credencial de diputado autonómico del Parlamento de Cataluña del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, por causa de incompatibilidad derivada de la sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por delito de desobediencia.

El alto tribunal rechaza la petición de medida cautelarísima solicitada por Torra al no apreciar las razones de especial urgencia que se requieren para una suspensión de ese tipo, que se hace sin escuchar a la administración cuyo acuerdo se recurre, en este caso la Junta Electoral Central, ni al Ministerio Fiscal.

De hecho, la Sala recuerda que viene considerando en múltiples pronunciamientos que la posibilidad de adoptar esas medidas solo existe cuando concurren circunstancias de una urgencia de mayor intensidad que la que resulta exigible para adoptar medidas cautelares ordinarias (en las que sí se escuchan las alegaciones de la parte contraria).

Después de analizar el escrito del recurrente, la Sala indica que a pesar de su extensión, de 94 folios, no concreta qué circunstancias de especial urgencia concurren para adoptar en este momento la medida que se pide, en lugar de esperar a la resolución normal de esta pieza de medidas cautelares.

Además, añade que las alegaciones sobre el carácter arbitrario e ilegal o radicalmente nulo de la decisión de la Junta, son cuestiones que afectarían al fondo del recurso o en su caso a la resolución normal de esta pieza de suspensión, pero no justifican en ningún caso la adopción de una medida cautelarísima sin escuchar a las demás partes.

Ahora, la Sala estudiará si procede la medida cautelar ordinaria de suspensión del acuerdo de la JEC, que a diferencia de la cautelarísima abre un plazo para que la Junta Electoral y la Fiscalía aleguen lo que estimen pertinente. En este caso se ha reducido a 5 días, la mitad del plazo normal de 10 días que establece la Ley. Torra lo que reclama es que se suspenda el acuerdo de la JEC mientras se resuelve el fondo del recurso que tiene planteado en el Supremo contra dicho acuerdo.

Juan Carlos Campo Moreno, Ministro de Justicia

sábado, 11 de enero de 2020

Las Palmas de Gran Canaria. Playa de las Canteras. Embarcadero

sábado, 11 de enero de 2020

El instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín y ratifica la orden de detención en territorio español

sábado, 11 de enero de 2020

Viernes, 10 de enero de 2020 poderjudicial.es

El instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín y ratifica la orden de detención en territorio español

El magistrado Pablo Llarena señala que la inmunidad no sería aplicable en España al estar ya procesados y que no se requeriría suplicatorio

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’, ha acordado en sendos autos notificados este viernes mantener las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín, así como solicitar al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad como eurodiputados de ambos para continuar la tramitación de las euroórdenes de detención y entrega dictadas contra ellos. En este sentido, comunica a la autoridad de ejecución de dichas euroórdenes en Bélgica que deje sin efecto los plazos para resolver las entregas hasta que la Eurocámara decida sobre los suplicatorios.

Las decisiones del juez instructor se producen tras el periodo de alegaciones que dio a las partes para que se pronunciasen sobre la incidencia en Puigdemont y Comín de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del pasado 19 de diciembre, referida a la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras y al alcance de sus inmunidades.

En primer término, el juez estima los recursos de Puigdemont y Comín contra sus resoluciones de los pasados meses de octubre y noviembre que no les reconocían como eurodiputados basándose en acuerdos al respecto de la Junta Electoral Central. Ahora, de conformidad con la interpretación dada por el TJUE en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, reconoce a los recurrentes las inmunidades y privilegios recogidos en el artículo 9, del Protocolo 7 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), en su condición de miembros del Parlamento Europeo.

Sin embargo, desestima los recursos de ambos en lo que atañe a su pretensión de que se revocasen las correspondientes órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como las órdenes internacionales y europeas para su detención y entrega, que se mantienen vigentes.

Respecto del contenido material de la inmunidad, el juez Llarena recuerda que la sentencia del TJUE expone que los miembros del Parlamento Europeo disfrutan durante su mandato de los privilegios establecidos en párrafo primero del artículo 9 del Protocolo 7 del TFUE, esto es: a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país y b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. También gozarán de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este.

En relación a esta última inmunidad de desplazamiento, los autos indican que, a diferencia del procesado Oriol Junqueras, «la situación de prófugos de la justicia en que se encuentran Carles Puigdemont y Antoni Comín conduce a que sus desplazamientos a las sesiones parlamentarias se verifiquen por sí mismos y al margen de cualquier restricción de libertad de este instructor, de manera que ni deben adoptarse medidas judiciales orientadas a que el Parlamento Europeo pueda operar con plena capacidad a la hora de cumplir la función que tiene encomendada, ni resulta preciso interesar la suspensión de la inmunidad para posibilitar una privación de libertad que esté impidiendo la completa constitución de la Cámara».

Su detención e ingreso en prisión en España no requerirá suplicatorio

En segundo lugar, respecto de la inmunidad en lo que hace referencia a su operatividad en el territorio español, el Protocolo 7 del TFUE les atribuye los privilegios reconocidos a los miembros del Parlamento nacional. «Esta remisión –destaca el instructor– comporta la viabilidad de las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión adoptadas con posterioridad al procesamiento de los recurrentes, sin que las mismas estén condicionadas a la petición de suplicatorio o de alzamiento de la inmunidad que les afecta».

Los autos subrayan que tanto la Constitución Española como los reglamentos del Congreso y del Senado establecen que los diputados y senadores no podrán ser ‘inculpados ni procesados’ sin la previa autorización de la Cámara respectiva, lo que la Sala II del Tribunal Supremo ha interpretado, en auto del pasado 14 de mayo, en el sentido de que no es obligado recabar la autorización parlamentaria respecto de cualquier parlamentario que acceda al cargo después de su procesamiento.

Siguiendo aquella resolución, el instructor destaca que entender que la inmunidad opera más allá del momento procesal literalmente marcado en las normas anteriores supondría desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía, e «implicaría olvidar que la inmunidad protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar y perturbar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado, soportando el ejercicio de la acción penal desde un momento previo a la constitución de las cámaras y a su propia incorporación como miembro de cualquiera de ellas».

De este modo, indican los autos, puesto que los recurrentes fueron procesados por Auto de 21 de marzo de 2018, la inmunidad que alcanzaron el 13 de junio de 2019, con ocasión de su proclamación como miembros electos del Parlamento Europeo, «no impone la solicitud de suplicatorio para la adopción de las medidas adoptadas, menos aún cuando la sentencia del TJUE, en su parte dispositiva de la resolución, contempla la posibilidad de que tales medidas sean mantenidas».

Sin perjuicio, añade el magistrado, que como sugiere la propia Abogacía del Estado en el punto 3.2 de su escrito y así se deriva del contenido de la STJUE, en la hipótesis de que en un futuro los procesados fueran materialmente privados de libertad en España, de considerarse justificado y eficaz mantener su prisión, para realizar determinados actos judiciales cuya omisión imposibilite la prosecución del procedimiento o por otros motivos específicos, poder autorizar la asistencia a distintas reuniones parlamentarias (tal y como el TJUE contempla), siempre que no se hubiera suspendido su inmunidad conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo.

Suspensión de inmunidad para las euroórdenes

Sin embargo, el juez Llarena señala que en lo que atañe a los privilegios que ostentan los miembros del Parlamento Europeo en el territorio de cualquier otro Estado miembro, la letra b) del párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo 7 del TFUE, otorga inmunidad frente a toda medida de detención y frente a toda actuación judicial fuera de España, lo que afecta a las euroórdenes de detención y entrega.

En este aspecto, la inmunidad cuenta con un contenido material directamente definido en el ordenamiento comunitario, cuya superación exige, como se indica en la sentencia del TJUE, solicitar a la mayor brevedad que el Parlamento Europeo suspenda dicha inmunidad, conforme con el artículo 9, párrafo tercero, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, indican los autos.

En el auto en el que dirige el suplicatorio al Parlamento Europeo, el instructor defiende la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y Comín destacando un amplio relato de los hechos imputados a ambos. Destaca que esos hechos no guardan relación alguna con actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones como europarlamentarios, ya que los mismos, y los delitos que se consideran de aplicación, «se centran en su actuación en años muy anteriores en el tiempo a la adquisición de su condición de diputados al Parlamento Europeo», lo que haría decaer la finalidad de la inmunidad parlamentaria.

En ese marco, resalta que si la acción judicial que se ejerce en este procedimiento penal no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones de dichos diputados al Parlamento Europeo y no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias, «entonces no se vislumbran indicios de fumus persecutionis, entendidos como elementos de hecho que apunten a que el procedimiento judicial responda a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo».

Deber de cooperación leal recíproco de Eurocámara y Estados

El instructor pone de manifiesto que el principio de cooperación leal no solo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión, sino que impone también un deber recíproco de cooperación leal del Parlamento Europeo con el órgano jurisdiccional nacional que debe realizar la aplicación del derecho europeo, y destaca que “el procedimiento judicial no responde a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo”.

En su petición, que acompaña entre otros documentos del auto de procesamiento y de la sentencia a los otros acusados en la causa del ‘procés’ dictada por el Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre, el instructor indica precisamente que a la vista del enjuiciamiento de otros investigados que realizaron aportaciones equivalentes u homogéneas a las que se atribuyen a los parlamentarios procesados, los hechos que se les atribuyen pueden ser constitutivos, sin perjuicio de su enjuiciamiento definitivo, de un delito de sedición así como de un delito de malversación de fondos públicos.

Con todo ello concluye que los delitos objeto de investigación, conforme al ordenamiento jurídico español, tienen un plazo de prescripción más duradero que el periodo parlamentario para el que han sido nombrados los procesados, de suerte que no sólo puede concluirse que el procedimiento judicial no responde a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo, sino que la inmunidad podría observarse como un privilegio susceptible de instrumentalizarse para eludir eventuales responsabilidades penales ajenas a la actividad del Parlamento, y como un elemento que perjudica el principio de igualdad ante la ley, además del principio de operatividad judicial en un plazo razonable. Elementos de disfunción que se potencian si se considera que otro encausado que no eludió la actuación jurisdiccional y que alcanzó en las elecciones la facultad de asumir una representación parlamentaria, conforme al ordenamiento jurídico del país al que representa, ha visto imposibilitada su contribución al funcionamiento del Parlamento.

Rechazada de plano la recusación

Por otro lado, el juez Llarena inadmite de plano la recusación formulada contra él por Puigdemont y Comin, en dos de los motivos por ser extemporánea y además haber sido desestimados con anterioridad, y en el tercer aspecto, referido a la supuesta falta de imparcialidad del juez por no haber reconocido su inmunidad como eurodiputados en resoluciones de octubre y noviembre pasados, por no ser apreciable en supuestos en los que el instructor puede revisar su decisión como ha sido el caso.

Por último, el juez también contesta a la alegación de Puigdemont y Comin de que no es delictiva la actuación que se les atribuye y que las órdenes de detención no responden a ningún motivo legítimo, aduciendo que tratan de sancionar penalmente unos comportamientos que no son sino el reflejo del legítimo ejercicio de sus derechos. Denuncian que las órdenes carecen de justificación penal y que se asientan en motivos políticos, conclusión que extraen de que los órganos judiciales de los países que dieron curso a las euroórdenes no consideraran preciso abordar ninguna restricción de libertad y de que las euroórdenes se han retirado en dos ocasiones.

El instructor señala al respecto que, «sin perjuicio de que lo evaluado por los Estados de ejecución es el riesgo de que los recurrentes eludan la jurisdicción en sus respectivos territorios, y no el riesgo (ya materializado) de que sorteen la acción de la Justicia española, debe observarse que estas otras alegaciones no vienen referidas a la interpretación sobre la inmunidad parlamentaria que ha realizado el TJUE, sino que consisten en diversos fundamentos con los que reforzar, extemporáneamente, la improcedencia de la orden de detención que defendieron en sus recursos».

Strasbourg. Al lado del Pont du Corbeau

viernes, 10 de enero de 2020

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acuerda que no procede la libertad de Oriol Junqueras ni la petición de suplicatorio al Parlamento Europeo, una vez que ya está condenado en firme

viernes, 10 de enero de 2020

Jueves, 9 de enero de 2020

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acuerda que no procede la libertad de Oriol Junqueras ni la petición de suplicatorio al Parlamento Europeo, una vez que ya está condenado en firme

Los magistrados concluyen que la condena conlleva la exclusión de la condición de europarlamentario que le reconoció el TJUE

Autor:Comunicación Poder Judicial

poderjudicial.es

El Tribunal del “procés” ha rechazado autorizar el desplazamiento del Oriol Junqueras a la sede del Parlamento Europeo, así como acordar su libertad. La Sala entiende que no ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia por la que fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación, ni procede tampoco tramitar un suplicatorio ante el Parlamento Europeo.

La Sala ha dictado dos autos en los que proyecta la doctrina de la sentencia del TJUE sobre la situación actual de Junqueras, una vez que ya está condenado en firme a pena privativa de libertad. En el segundo auto el tribunal resuelve el recurso de súplica que planteó la defensa de Junqueras cuando el Tribunal le denegó el permiso de salida para jurar o prometer su cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central. Ese recurso, planteado en el marco de una pieza separada a la causa principal, motivó la cuestión prejudicial planteada por la Sala ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El tribunal concluye que la consecuencia de la condena en firme de prisión es, de acuerdo a la Ley Electoral, inhabilitar a Junqueras como eurodiputado, lo que acuerda comunicar tanto al Parlamento Europeo como a la Junta Electoral Central.

En su escrito los jueces explican que la sentencia por la que Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación por delitos de sedición y malversación de caudales públicos fue el desenlace jurisdiccional de un proceso penal iniciado el 12 de febrero de 2019 y que quedó “visto para sentencia” el 12 de junio del mismo año.

Un día después de que hubieran concluido todas las sesiones de juicio oral y ya iniciado el proceso de deliberación, el 13 de junio de 2019, Junqueras fue proclamado electo por la Junta Electoral Central. Con fecha de 14 de junio la Sala denegó a Junqueras el mencionado permiso de salida.

La Sala considera ineludible subrayar el marco procesal en el que se planteó la cuestión prejudicial para evitar el riesgo de desenfocar el análisis de las consecuencias que tiene la sentencia del TJUE sobre la causa principal que ha concluido en sentencia condenatoria.

Ni era ni es necesaria la autorización del parlamento

La Sala hace suya, y destaca que la aplicaría a futuras situaciones, la novedosa doctrina proclamada por el TJUE que ha fijado que con carácter general cualquier preso preventivo que adquiera la condición de eurodiputado, lo hace desde el momento de su proclamación como electo y ha de ser puesto en libertad para cumplimentar los trámites formales posteriores a esa designación.

El TS señala que la sentencia del TJUE admite, sin embargo, con carácter excepcional el mantenimiento de la medida cautelar de prisión, siempre que el órgano judicial lo considere necesario, después de un juicio ponderativo y justificado por la gravedad de los hechos imputados y por la persistencia de un evidente riesgo de fuga y reiteración delictiva, siempre que se active con la máxima celeridad la suspensión de la inmunidad.

Una vez analizada la doctrina jurisprudencial del TJUE, “aceptada en su literalidad, en su espíritu y en su integridad” analiza su incidencia desde la perspectiva de que la medida cautelar de prisión preventiva ha devenido respecto a Junqueras en pena de prisión en sentencia firme. La Sala considera que no procede formalizar la petición de suplicatorio ante el Parlamento Europeo, atribuyendo impropiamente a la suspensión de la inmunidad los efectos de una condición de procedibilidad para conseguir el enjuiciamiento:

“No es ahora procedente, una vez conocida la sentencia del TJUE, formalizar la petición de suplicatorio ante el Parlamento Europeo, atribuyendo impropiamente a la suspensión de la inmunidad los efectos de una condición de procedibilidad para proseguir el enjuiciamiento. Cuando el Sr. Junqueras fue proclamado electo en acuerdo de 13 de junio de 2019, el proceso penal que le afectaba había concluido y esta Sala había iniciado el proceso de deliberación”.

La Sala explica que si el electo adquiere tal condición cuando ya se ha procedido a la apertura del juicio oral, es obvio que decae el fundamento de la inmunidad como condición de la actuación jurisdiccional, “Aquel no es otro que preservar a la institución parlamentaria de iniciativas dirigidas a perturbar su libre funcionamiento. Lo que lógicamente no puede ocurrir si la iniciativa para proceder en el ejercicio de la actuación jurisdiccional es anterior a la elección de los componentes del Parlamento”.

“En definitiva -concluye la Sala- quien participa en un proceso electoral cuando ya- está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo primero a) del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades, no era ni es necesaria autorización del Parlamento.

No hay nulidad de los actos posteriores a su elección como eurodiputado

El tribunal explica que la defensa del Sr. Junqueras insta la nulidad de lo actuado desde el día 12 de junio de 2019, singularmente, de la sentencia dictada por esta Sala con fecha 14 de octubre del mismo año. “Esta petición -cuya legitimidad no se cuestiona- aspira a un efecto que sólo encuentra respaldo en la intensa carga de voluntarismo con el que aquella se formula. Y es que el escrito de alegaciones evidencia una llamativa confusión entre la inmunidad parlamentaria y lo que operaría como exención jurisdiccional. Este error conceptual lastra todo el argumentario y las conclusiones que la defensa obtiene de la sentencia dictada por el TJUE. El Sr. Junqueras no goza de ninguna exención jurisdiccional que se alce como obstáculo para impedir su enjuiciamiento”.

Frente a la naturaleza de mera condición de procedibilidad de la inmunidad, la exención -propia de la prerrogativa de inviolabilidad- sólo puede ser declarada por el órgano judicial, conforme al principio de exclusividad jurisdiccional (art. 117 de la Constitución), eso sí, una vez que la condición de procedibilidad haya sido colmada.

La Sala descarta que se puedan invalidar los actos procesales celebrados desde el inicio del juicio oral hasta su conclusión, el 12 de junio de 2019. “El Sr. Junqueras, en aplicación de la doctrina del TJUE, habría adquirido la condición de eurodiputado el mismo día de su proclamación como electo, que se produjo el 13 de junio de 2019, acuerdo publicado oficialmente el día siguiente a su adopción. Si ese día ya había terminado la actividad procesal desarrollada durante los cuatro meses de duración del juicio oral, mal se entiende qué eficacia invalidante habría tenido la adquisición sobrevenida de la condición de eurodiputado. La sentencia del TJUE, no afectó, por tanto, a su condición de procesado ni acusado ni, posteriormente, a la de condenado, pues tales situaciones se sucedieron en el marco de la pieza principal sobre la que el TJUE no se pronuncia, sino que remite al criterio de la Sala Segunda para decidir si su propia interpretación del art. 9 del Protocolo (núm. 7) tiene alguna incidencia en ese proceso principal”.

Añade que, aunque fuera parlamentario europeo, Junqueras no gozaba de inmunidad de jurisdicción, sino sólo de inmunidad de desplazamiento en los términos que fueron revelados por el Tribunal de Justicia. “Pero esa modalidad -conviene insistir en ello- en modo alguno liberaba a esta Sala de su deber de dictar sentencia, estuviera libre el acusado o, como era el caso, se hallara en situación de prisión provisional”, explica el auto.

En su auto, la Sala señala que la defensa centra su reivindicación de nulidad en la sentencia de 14 de octubre de 2019, que fue dictada cuando Junqueras ya había adquirido la condición de eurodiputado electo. “Pero quien así argumenta, -indica el auto- insistiendo en la necesidad de activar un suplicatorio, está postulando un nuevo entendimiento del principio de cosa juzgada, hasta el punto de que la intangibilidad de lo resuelto ya no fuera sólo rescindible a través del recurso de revisión, sino mediante el escrutinio popular al que se atribuiría la virtud de invalidar, sin más, lo resuelto por un órgano jurisdiccional. Si bien se mira, la línea argumental de la defensa, cuando alega que el Parlamento Europeo tiene la «…exclusiva facultad (…) de autorizar la tramitación de cualquier procedimiento penal», pretende resucitar una versión actualizada de la histórica «provocatio ad populum», con capacidad para condicionar la ejecución de lo resuelto -y ya firme- por un tribunal de justicia. Esa nostálgica visión es contraria a los principios que definen a cualquier sociedad democrática y por ello ha de ser rechazada de plano”.

Aun prescindiendo de su condición de penado, el TJUE dejaría en manos del Supremo mantener la medida de prisión

La Sala rechaza la petición de libertad “que se deduce por parte de la defensa del Sr. Junqueras y, de forma implícita, por la Abogacía del Estado, que sugiere una consulta al Parlamento Europeo con el fin de asegurar el equilibrio entre «…la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas» y la neutralización del riesgo de fuga y, con él del cumplimiento de la sentencia ya dictada”.

En primer lugar, el tribunal recuerda que Junqueras no está ya sometido a una medida cautelar de prisión, sino que está cumpliendo una pena impuesta por una sentencia firme, cuya validez y eficacia no han sido neutralizadas. “El esfuerzo argumental de la Abogacía del Estado quiebra cuando, tras reconocer la inatacabilidad de la sentencia dictada por esta Sala, sugiere que deje sin ejecución el cumplimiento de la pena de prisión y negocie con el Parlamento Europeo los términos de la libertad de movimientos a que podría acogerse el Sr. Junqueras”.

La Sala añade que, aun llevando a sus últimas consecuencias el razonamiento de la defensa y prescindiendo de la condición de penado Junqueras, la propia sentencia del TJUE no establece un mecanismo automático de libertad para el electo que se halla en prisión preventiva, sino que deja en manos del tribunal nacional la posibilidad de mantenimiento de esa medida, tramitando con celeridad un suplicatorio.

El tribunal rechaza así el argumento de la defensa de que la sentencia del TJUE haya declarado que es obligada la inmediata libertad de cualquier recluso y la autorización de su desplazamiento a Bruselas, y que sólo en el caso en que fuera autorizada la suspensión de la inmunidad, podría la Sala volver a activar la medida cautelar dejada sin efecto. “Ello supondría aceptar con normalidad que cualquier condenado por delitos de especial gravedad obtuviera una insólita oportunidad de eludir la pena de prisión en el momento exacto en que su condición de electo fuera acordada”, dice el auto.

La abogacía del estado, condicionada a la junta electoral

Por otra parte, el auto recuerda que la petición de la Abogacía del Estado estaba condicionada a que el mandato de Junqueras no fuese anulado por la Junta Electoral Central («en tanto no se produzca la anulación del mandato conforme al artículo 13 del Acta Electoral»), y el Supremo indica que se da la circunstancia de que esa anulación ya se ha producido, a raíz del acuerdo de fecha 3 de enero de 2020 de la Junta.

“Todos los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado para justificar la libertad controlada o supervisada del Sr. Junqueras -en un insólito y atípico ejercicio de funciones concertadas entre esta Sala y el Parlamento Europeo-, se subordinan a que la Junta Electoral Central no anule su nombramiento a raíz de la condena a la pena de 13 años de prisión e inhabilitación dictada en esta causa. Sin embargo, esa resolución ya ha sido dictada y comunicada a esta Sala y al Parlamento Europeo, desplegando la eficacia que le es propia”, dicen los magistrados.

“Se trata además –añade el auto– de una decisión cuyos efectos derivan directamente, no de su discutible carácter constitutivo, sino de lo previsto legalmente en los preceptos antes citados. La anulación del mandato no es consecuencia de la decisión de la Junta Electoral Central. A ella corresponde declarar, mediante la correspondiente resolución, ese efecto. Pero se trata del efecto de una condena a pena privativa de libertad que convierte al penado, ope legis, en incompatible para el ejercicio de la función parlamentaria. La resolución fechada el día 3 de enero no se adelanta a lo que debería haber declarado esta Sala. Por el contrario, el presupuesto determinante de la incompatibilidad hay que situarlo en el dictado de nuestra sentencia de 14 de octubre de 2017”.

La parte dispositiva de dicho auto señala que:

1.-“No ha lugar a autorizar el desplazamiento del Sr. Junqueras a la sede del Parlamento Europeo.

2.- No ha lugar a acordar su libertad.

3.- No ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019 dictada por esta Sala;

4.- No ha lugar a la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo.

5.- Dese cuenta en la pieza de ejecución a fin de proveer allí sobre el alzamiento de la suspensión de la pena de 13 años de inhabilitación impuesta al condenado. Practíquese liquidación de condena.

Comuníquese esta resolución a la Junta Electoral Central y al Parlamento Europeo a los efectos legales oportunos”.

Auto que resuelve el recurso de súplica: la inmunidad de desplazamiento no blinda frente a la sentencia

En el segundo auto, el Supremo resuelve, a la vista de la doctrina del TJUE, el recurso de súplica frente a la denegación del permiso penitenciario interesado por Junqueras, en cuyo marco fue promovida la presente cuestión prejudicial.

La Sala reconoce que Oriol Junqueras adquirió la condición de eurodiputado el día 13 de junio de 2019, con los efectos derivados del actual estado de tramitación de la ejecutoria de la causa especial y remite al auto en el que se pronuncia sobre la incidencia de la sentencia del TJUE en la causa principal.

En su auto, afirma que es ahora, obtenida la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas desde el momento en que la inmunidad de Junqueras fue alegada, no antes, “cuando podemos afirmar, sin quebranto de las previsiones del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, que la condición de miembro del Parlamento Europeo, se adquiere en el momento en que se proclama electo a un candidato oficialmente, en el específico caso del Sr. Junqueras, el 13 de junio de 2019. Y ello, aunque no hubiere cumplimentado los requisitos establecidos en la legislación interna para su consolidación y con independencia de los efectos que ello conlleve en el ámbito parlamentario. Se trata, por tanto, de la inmunidad concretada en la libertad que deben gozar los miembros del Parlamento Europeo para dirigirse al lugar en que debe celebrarse la primera reunión de la nueva legislatura para cumplir allí las formalidades requeridas por el acta electoral”.

La Sala concluye que “en definitiva, no existe en el derecho europeo un precepto que dé cobertura a una forzada conversión de la inmunidad -tal y como ha sido definida por el TJUE al interpretar el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo- en una exención jurisdiccional que blinde de forma inexorable a un acusado frente a la sentencia que ha de poner término al procedimiento que le afecta”.

Añade que el verdadero alcance de esta específica categoría conceptual de inmunidad no puede entenderse sin definir el espacio que le es propio y, a su vez, distinto de la inmunidad que el art. 9, párrafo primero, reconoce a los miembros del Parlamento Europeo cuando se encuentren «en su propio territorio nacional», que gozarán de «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país».

El tribunal indica que la acotación sirve para entender la coherencia del pronunciamiento del TJUE desde la perspectiva de la cuestión prejudicial elevada. “Y es que el derecho europeo, así como sienta de forma directa una inmunidad protectora de la libertad de movimientos, no perfila otros eventuales efectos de esas inmunidades, remitiéndose globalmente a los derechos internos cuando se trata de nacionales frente a sus propias autoridades judiciales. Ello es probablemente así porque ha querido respetarse la diversidad de las normativas nacionales en este punto: no se quiere distinguir en los respectivos ámbitos nacionales entre europarlamentarios de uno u otro país y parlamentarios nacionales”.

El tribunal afirma que “reconoce y valora todo criterio exegético que refuerce las esencias de la democracia representativa de la Unión. Pero constata también que la novedosa doctrina que ahora se proclama no solo interpreta una específica norma, sino que la deconstruye para configurarla con nuevos elementos que determinan la práctica inutilidad de una gran parte de la legislación interna de diversos Estados miembros”.

Strasbourg. Quai Saint Nicolas

jueves, 9 de enero de 2020

La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser considerada como declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española.

jueves, 9 de enero de 2020

Miércoles, 8 de enero de 2020 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la solicitud de renovación del pasaporte como declaración voluntad para conservar la nacionalidad española

La sentencia estudia el caso de una mujer, residente en Colombia, que había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación sobre la interpretación del art. 24.3 del Código Civil, que establece la pérdida de la nacionalidad española de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, que no declaren su voluntad de conservar dicha nacionalidad ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.

En este caso, la demandante, residente en Colombia, había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España antes de que transcurriera el plazo de tres años desde su mayoría de edad. La cuestión que se planteaba era si dicha solicitud debía ser considerada como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos del art. 24.3 CC.

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete Técnico


Sentencia 696/2019, de 19 de diciembre. Recurso (CAS) 3326/2017.
Pérdida de la nacionalidad. Artículo 24.3 CC (descendientes de españoles en el extranjero). La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser considerada como declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española.
La sentencia del Pleno de la Sala Primera 696/2019 resuelve un recurso de casación sobre la interpretación del art. 24.3 del Código Civil (CC), que establece la pérdida de la nacionalidad española de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, que no declaren su voluntad de conservar dicha nacionalidad ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.
En este caso, la demandante, residente en Colombia, había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España antes de que transcurriera el plazo de tres años desde su mayoría de edad. La cuestión que se planteaba era si dicha solicitud debía ser considerada como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos del art. 24.3 CC.
Frente a las resoluciones que acordaron la pérdida de la nacionalidad por incumplimiento de los requisitos de dicha norma, la interesada formuló la demanda que dio lugar a este procedimiento. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial, por el contrario, confirmando la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), entendió que la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad debía ser expresa y que ese requisito no concurría en este supuesto.
El Pleno de la Sala tiene en cuenta la finalidad del art. 24.3 CC, que trata de evitar la perpetuación de estirpes indefinidas de descendientes de españoles en el extranjero, a pesar de que no mantengan la menor vinculación con España. Para ello, se exige a los nietos de emigrados españoles, segunda generación nacida en el país de acogida, una declaración de voluntad dentro de cierto plazo para no perder la nacionalidad española. La pérdida de la nacionalidad se produce «ex lege» si no se realiza esa declaración. Sin embargo, no se exige que la declaración de querer conservar la nacionalidad esté sujeta a una forma solemne, por lo que no se ve inconveniente para admitir que la voluntad se manifieste de manera indirecta a través de un comportamiento concluyente.
En el caso que ha dado lugar a este recurso, la demandante compareció en el Consulado de España para solicitar la renovación de su pasaporte dentro del plazo de tres años previsto en el art. 24.3 CC. Aunque formalmente no declarara de manera expresa y directa su voluntad de conservar la nacionalidad española, esta solicitud debe ser tenida como tal, en atención a lo que significa habitual y socialmente en este ámbito la tenencia del pasaporte. La solicitud de renovación del pasaporte no es un mero uso de la nacionalidad española, sino una petición que se realizó ante el Consulado General y que comporta de manera inequívoca la voluntad de querer ser español.
Por todo ello, la Sala estima el recurso de casación y confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que había revocado la resolución de la DGRN y había declarado la nacionalidad española de origen de la demandante.
Gabinete Técnico, Área Civil
Diciembre, 2019