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Carlos III. Madrid. Puerta del Sol ..

viernes, 31 de enero de 2020

El Tribunal Supremo desestima los incidentes de nulidad de los doce condenados contra la sentencia del ‘procés’

viernes, 31 de enero de 2020

Miércoles, 29 de enero de 2020

El Tribunal Supremo desestima los incidentes de nulidad de los doce condenados contra la sentencia del ‘procés’

La Sala también rechaza el incidente de nulidad planteado por VOX como acción popular

Autor:Comunicación Poder Judicial poderjudicial.es

El tribunal del ‘procés’ ha desestimado los incidentes de nulidad que plantearon por vulneración de derechos fundamentales los doce condenados contra la sentencia del pasado 14 de octubre. La Sala también rechaza el incidente de nulidad planteado por VOX como acción popular.

El tribunal reitera que en este proceso no se han criminalizado ideas ni vulnerado la libertad de reunión o expresión. Destaca que las penas impuestas son proporcionadas a las graves comisiones delictivas de los condenados que, como autoridades autonómicas y líderes asociativos, buscaban implementar una normativa antidemocrática e inconstitucional, un bloque jurídico aprobado con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas del Parlamento catalán y con la última finalidad de transitar hacia la independencia.

En sus escritos las defensas alegaban que se había vulnerado el principio de legalidad por la redacción inconcreta del tipo penal de la sedición por el que han resultado condenados. La Sala rechaza este argumento y destaca que el delito de sedición define el comportamiento punible a través de términos que son comprensibles, pertenecen al lenguaje común y es un delito que se acomoda a la norma constitucional.

El tribunal, en un auto con ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, también rechaza que se haya realizado una interpretación extensiva o contraria al reo del delito de sedición, como sostienen los recurrentes, y considera infundado el reproche de una distorsionadora ampliación del concepto típico de alzamiento tumultuario.

Añade que la sentencia, conjurando todo riesgo de interpretación laxa, también se cuida de reducir lo tipificado mediante la exigencia de medios empleados con ocasión del comportamiento del penado. “Aunque sin derogar la voluntad expresa del legislador que ha querido castigar, no solamente el uso de la fuerza, sino también el extravío fuera del cauce legal, subrayando que el tipo no exige la caracterización del alzamiento como violento”. En cualquier caso, explica la Sala, “para satisfacer las exigencias del tipo penal de sedición, acomodándonos al principio de legalidad, es suficiente el extravío -actuar fuera de las vías legales-, del procedimiento ordenado a los ilícitos e inconstitucionales objetivos”.

La Sala, basándose en algunos de los argumentos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía que habían solicitado la desestimación de los incidentes, asegura que tampoco es aceptable “la miniaturización de la trascendencia de los hechos que, para tratar de sustraerlos al alcance del tipo penal, se intenta por el incidente. Ni en la interpretación del tipo la sentencia criminalizaría como sedición supuestos de actos colectivos de ciudadanos intentando el incumplimiento de órdenes judiciales, cuya acotada dimensión en modo alguno pone en cuestión el Estado democrático. Ni cabe ignorar en el que hemos juzgado que al extravío del procedimiento seguido se une el ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se integran los movilizados”.

En este sentido, indica que “el programa delictivo de los penados preveía -como se proclama en el hecho probado 3- la estrategia de utilizar a multitudes de ciudadanos para «neutralizar cualquier manifestación de poder emanada de las autoridades judiciales y gubernativas del Estado». En definitiva, a la ilicitud de la finalidad perseguida por los autores se une el extravío del procedimiento diseñado como medio. Se decidió actuar con desafío del ordenamiento jurídico que fue declarado derogado, sustituido y suplantado por las Leyes de referéndum y desconexión 6 y 7 de septiembre de 2017. Y en la medida que para esto era un óbice lo que habían ordenado el Tribunal Constitucional y derivadamente los juzgados núm. 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llamaron a los ciudadanos a hacer imposible su cumplimiento”.

La Sala subraya que “a esa actuación extraviada o fuera de cauce legal, se añadió un modo que implicaba el uso de «fuerza», entendiendo por tal el despliegue de una capacidad física de imponer que las cosas ocurran como decide el que la usa y no como pretendía el que la sufre. Con la extensión e intensidad que se estimaron necesarias. Criterio éste el único que determinó los momentos y lugares de su empleo. Las defensas han pretendido equiparar lo que la sentencia califica como «abierta hostilidad», descrita en el hecho probado 9, y «enfrentamientos», de que da cuenta el hecho probado 12, con el modo de los comportamientos de mera resistencia pacífica, o no violencia activa”.

No vulneración derechos reunión, manifestación, libertad expresión

La Sala concluye que la actuación de los procesados no estaba amparada por el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión e ideológica y participación política, cuyos márgenes fueron ampliamente desbordados por los acusados, tal y como se explica con detalle en la sentencia dictada.

Recuerda que la jurisprudencia del TEDH advierte que el amparo del derecho de reunión, que interpreta de forma conjunta con la libertad de expresión, no puede tutelarse cuando conlleve una llamada a la violencia, al levantamiento o a cualquier otra forma de rechazo a los principios democráticos.

Añade que, conforme a la jurisprudencia del TEDH, el reconocimiento del derecho de reunión exige que su ejercicio “no implique un recurso a la violencia, un desprecio a los principios que definen a una sociedad democrática o un levantamiento”.

El tribunal insiste en que los hechos por los que se ha dictado sentencia condenatoria fueron “algo más que una reunión de ciudadanos que con libertad expresan sus reivindicaciones ideológicas. No hemos criminalizado opiniones y protestas. Los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre buscaban implementar, en connivencia con las autoridades autonómicas y los líderes asociativos que han resultado condenados, una normativa antidemocrática e inconstitucional. Un bloque jurídico- hay que insistir en ello- aprobado con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas con representación en la Cámara, de los mandatos y advertencias del Tribunal Constitucional”.

Los magistrados afirman que las manifestaciones convocadas por las asociaciones civiles el día 1 de octubre de 2017, “no se circunscribían a la mera reivindicación de un legítimo mensaje político. Tampoco eran la expresión de protestas que, pese a su hostilidad, tienen indudable encaje constitucional. Antes al contrario, eran acciones ejecutadas en un indisimulado lenguaje performativo. Simultáneamente a su desarrollo se implementaban apartados del Decreto dictado por el Govern en desarrollo de la inconstitucional normativa de secesión aprobada por el Parlament. Se trataba así de conferir una efectividad a esa ilegal norma de cobertura, con desprecio de su invalidez, posibilitando la celebración de un referéndum que eludía la eficacia de cualquier resolución judicial tendente a impedirlo. Se lograba de esta forma la realización simultánea por los convocantes de la acción evocada, celebración del ilegal referéndum, en cuanto contrario a la normativa electoral y estatuaria”.

Así, explica que “cuando se afirma en defensa de la nulidad de nuestra sentencia el hecho de que se han condenado ideas, se prescinde de una realidad incontrovertida, a saber, que la independencia como aspiración política nunca ha sido objeto de procedimiento penal. No lo fue cuando, como cada anualidad, el 11 de septiembre se celebró la Diada, con asistencia -según las fuentes que se consulten- de entre trescientas cincuenta mil y un millón de personas. Una reunión pacífica que incluía, entre otros lemas, la afirmación de que «votaremos, quieran o no quieran», en directa alusión al deseo colectivo de ignorar la prohibición de la celebración del referéndum que tuvo lugar unos días después. Tampoco hubo persecución penal cuando, una y otra vez, se proclamaba la insumisión a los tribunales y gobiernos «…que sólo quieren preservar la indivisible unidad de la patria»”.

Actuaron fuera de la ley amparados por un desleal gobierno autonómico

El tribunal recuerda que su sentencia, cuya nulidad se plantea, relata cómo los condenados actuaron fuera de la ley, “con el amparo de un desleal Gobierno autonómico que desarrollaba normativas antidemocráticas y conculcaba la distribución de competencias estatales y autonómicas. Se incurría así en una flagrante usurpación de la soberanía nacional, con la última finalidad de transitar hacia la independencia y con el inmediato objetivo de presionar a las autoridades estatales, valiéndose así de una vía coactiva para lograr concesiones que facilitaran el tránsito hacia aquella lejana meta”.

La Sala añade que los condenados actuaron “con la efectividad – que no validez – de un cuerpo normativo que permitía a los acusados su invocación como aparente y engañosa cobertura de los actos de relevancia penal que fueron ejecutados, pese a los reiterados requerimientos del Tribunal Constitucional para impedir su vigencia. Se rebasaron los límites de una mera interpretación formal del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien jurídico desde una perspectiva genuinamente constitucional”.

Penas proporcionales a la gravedad de los hechos

La Sala también desestima la alegación de que la sentencia ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas. En este sentido, explica que las conductas fueron de la máxima gravedad al propiciar un levantamiento que dificultaba o hacía ineficaces resoluciones judiciales, implementar una normativa autonómica anticonstitucional adoptada y lograr que un referéndum ilícito se celebrara a pesar de la prohibición judicial.

“Tal fue la ostensible gravedad del ilícito cometido -destaca el auto-, que el mando jerárquicamente superior de Mossos d’Esquadra llegó a manifestar en el juicio oral que tenía preparado un operativo específico para la previsible detención del President que, consciente de las consecuencias de su actuación, huyó al extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal”.

En relación a la concreta individualización de la pena de Oriol Junqueras -13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación-, el auto recuerda que la sentencia detalló que el exvicepresidente de la Generalitat era “la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso”, justificando así una pena más elevada que la impuesta a los exconsellers Romeva, Turull y Bassa.

En cualquier caso, el tribunal explica que la pena impuesta a los cuatro citados, condenados por delito de sedición en concurso medial con delito de malversación, se halla muy por debajo del máximo legal posible atendiendo a las reglas del artículo 77.3 del Código Penal que regula ese tipo de concursos entre delitos.

En la respuesta al incidente planteado por Dolors Bassa, el tribunal incide en que la pena de prisión por el concurso medial entre el delito de sedición y el de malversación agravada apreciado, habría podido ser muy superior a la impuesta. Y recuerda que el delito de malversación, cuando es castigado individualmente, permite una pena entre 6 y 12 años, que podría llegar a superar ese tope por aplicación de la fórmula concursal.

Rectifica error que identificó a Dolors Bassa como consejera de Enseñanza

La Sala rectifica el error material de la sentencia del ‘procés’ que en un apartado de los hechos probados (al final del 9.1) identificó a Dolors Bassa como titular del Departamento de Enseñanza, además de Trabajo.

Los argumentos detallados que se exponen al analizar el juicio de autoría de la Sra. Bassa -explica el auto- revelan la falta de trascendencia de este extremo y ponen de manifiesto, entre otros aspectos, la prueba documental existente sobre la intervención decisiva de aquella para garantizar la disponibilidad de los locales para el referéndum. Agrega que tampoco resulta afectada el resto de la prueba practicada de la que se infiere la existencia del concierto ya descrito entre todos los miembros del Govern, y en el que descansa la condena de quienes han sido considerados coautores de un delito de sedición del art. 544 CP y 545.1 CP.

La Sala destaca que “de la radical irrelevancia” de ese error material habla el hecho de que, al analizar el juicio de autoría sobre el que descansa la condena de la exconsejera, la Sala se refiere a ella como Consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

El tribunal explica que las continuas referencias a la condenada a lo largo de la sentencia no repiten esa titularidad de la Consejería de Enseñanza. “Antes al contrario, identifican su cargo con exactitud. Ninguno de los hechos imputados a la Sra. Bassa y, por supuesto, ninguno de los argumentos inculpatorios ponderados por esta Sala, se apoyan en esa errónea -y aislada- extensión funcional. La pretensión de que esa equívoca frase conlleve la nulidad de la sentencia y la absolución de la Sra. Bassa, es interpretada por la Sala, no como un argumento técnico-jurídico, sino como una consigna que tiene otros destinatarios”, concluyen los magistrados.

El tribunal del ‘procés’ rechaza el recurso de Oriol Junqueras contra la decisión de no pedir suplicatorio ni autorizar su desplazamiento al Parlamento Europeo

viernes, 31 de enero de 2020

Miércoles, 29 de enero de 2020

El tribunal del ‘procés’ rechaza el recurso de Oriol Junqueras contra la decisión de no pedir suplicatorio ni autorizar su desplazamiento al Parlamento Europeo

La Sala recuerda que en el auto de 9 de enero dio cumplimiento exacto, en sus estrictos términos, a la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al momento en que los eurodiputados adquieren la inmunidad

Autor:Comunicación Poder Judicial poderjudicial.es

El tribunal del ‘procés’ ha desestimado el recurso de súplica planteado por Oriol Junqueras contra el auto del 9 de enero que rechazó autorizar su desplazamiento al Parlamento Europeo o tramitar su suplicatorio a la Eurocámara, al haber perdido la condición de eurodiputado por la sentencia firme del 14 de octubre que le condenó a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación, dictada en la pieza principal de la causa.

La Sala recuerda que en el auto de 9 de enero dio cumplimiento exacto, en sus estrictos términos, a la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al momento en que los eurodiputados adquieren la inmunidad. Pero señala que la parte recurrente sigue obviando, a la hora de valorar las consecuencias de esa decisión, que la respuesta debe darse en el contexto en el que se planteó la cuestión prejudicial.

Ahora, explica el auto, Junqueras ya no está en prisión preventiva, sino que fue condenado por sentencia firme de 14 de octubre de 2019 a una pena de prisión de trece años y a una de inhabilitación absoluta por el mismo plazo, y esas penas se están ejecutando. Por ello, ha incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad y ha perdido la condición de europarlamentario, y ya no goza de la inmunidad del artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea.

En consecuencia, como dijo el auto recurrido, no procede su libertad, ni procede solicitar autorización para la suspensión de una prerrogativa funcional de la que Junquera ya no es titular, en virtud de sentencia firme.

El ministro de Justicia visita la sede del Colegio de Registradores

jueves, 30 de enero de 2020

29 de enero de 2020

mjusticia.gob.es

El ministro de Justicia visita la sede del Colegio de Registradores

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha visitado esta mañana la sede del Colegio de Registradores junto a su decana, Mª Emilia Adán. El ministro se ha reunido con su Junta de Gobierno y ha presidido la apertura de la Asamblea Territorial de Decanos del colegio, en la que se ha sido la primera toma de contacto del titular de Justicia con los representantes de este colectivo.

El ministro de Justicia visita la sede del Consejo General del Notariado

jueves, 30 de enero de 2020

El ministro de Justicia visita la sede del Consejo General del Notariado

29 de enero de 2020

mjusticia.gob.es

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su visita a la sede del Consejo General del Notariado

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido hoy con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y su vicepresidente, José Luis Lledó González, durante la primera visita a la sede del Consejo desde su nombramiento como titular de Justicia. Durante el encuentro se han puesto sobre la mesa los principales retos y necesidades que afronta el sector.

Sofía Puente Santiago. Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

miércoles, 29 de enero de 2020

El Ministerio de Justicia renueva su estructura para avanzar en la transformación del servicio público

miércoles, 29 de enero de 2020

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Consejo de Ministros
28 enero 2020 mjusticia.gob.es
El Ministerio de Justicia renueva su estructura para avanzar en la transformación del servicio público
• El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales que introduce cambios en la organización de Justicia
• La Dirección General de los Registros y del Notariado pasa a depender de la Secretaría de Estado de Justicia bajo la denominación de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
• Además, el Gobierno ha aprobado los nombramientos de Pablo Zapatero como secretario de Estado de Justicia, Paula Novo, que será secretaria general técnica, y Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública
28 de enero de 2020.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales que introduce cambios en la organización del Ministerio de Justicia para avanzar en la transformación de este servicio público. Entre ellos, el que afecta a la Dirección General de los Registros que pasa a depender de la Secretaría de Estado de Justicia –antes dependía de la Subsecretaría -, bajo la denominación de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
De acuerdo con este Real Decreto, el Ministerio de Justicia se estructura en tres órganos: la Secretaría de Estado de Justicia; la Subsecretaría de Justicia, de la que depende la Secretaría General Técnica, y la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de subsecretaría.
De la Secretaría de Estado dependen los siguientes órganos directivos: la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, con rango de subsecretaría, y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos. Por su parte, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público dependen la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Quedan suprimidas la Secretaría General de la Administración de Justicia, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Dirección General para la Memoria Histórica y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos.
Además, el Gobierno ha aprobado los nombramientos de Pablo Zapatero como secretario de Estado de Justicia, en sustitución de Manuel Jesús Dolz; de Paula Novo, quien será secretaria general técnica en lugar de José Amérigo, y de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.


Secretario de Estado de Justicia. Pablo Zapatero
Pablo Zapatero es profesor doctor en Derecho Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2016 y hasta su nombramiento como secretario de Estado de Justicia, ha desempeñado el puesto de secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía Española.
Previamente, entre 2009 y 2011, ejerció como director de gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia y responsable de la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Ministerio de Justicia. Asimismo, fue director técnico de los informes de las Comisiones de Demarcación y Planta y Modernización del Lenguaje Jurídico, encargados por el Consejo de Ministros.
Ha sido también responsable de estudios jurídicos del Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas y observador de largo plazo en Nepal con el Centro Carter.
Además, es autor de numerosos artículos en materia de políticas públicas, derecho e innovación regulatoria en diversas revistas científicas y, en el ámbito académico, ha sido investigador en la Universidad de Columbia, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, la Organización Mundial del Comercio y las Universidades de Lancaster o Arizona, entre otras. En 2003 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III y el Premio a la Excelencia para investigadores menores de 45 años de su Consejo Económico y Social.


Secretaria General Técnica. Paula Novo Cuba
Paula Novo es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogada del Estado. Hasta su nombramiento como secretaria general técnica, desempeñaba el puesto de abogada del Estado adjunta en la Secretaría de Estado de Hacienda.
Ha ejercido en el Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en distintas unidades de la Abogacía General del Estado- Servicio Jurídico del Estado, así como en el Departamento de Penal y en el Ministerio del Interior.
También ha sido secretaria general y del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Red.es y secretaria del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Ciberseguridad entre los años 2017-2019.
En el ámbito docente, ha impartido clases de Derecho Civil y Derecho de la empresa en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Sofía Puente Santiago
Sofía Puente es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid.
Ingresó en la carrera fiscal en 1996 ejerciendo en las fiscalías de Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid. Ha sido también fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer y vocal del Consejo Fiscal entre los años 2014- 2018. Entre los años 2010 y 2012 fue directora del Centro de Estudios Jurídicos.

New York Public Library

martes, 28 de enero de 2020

UGT plantea cinco retos para poder alcanzar el objetivo de una educación de calidad en 2030

martes, 28 de enero de 2020

UGT plantea cinco retos para poder alcanzar el objetivo de una educación de calidad en 2030

ugt.es

23 enero 2020

Ante la celebración el 24 de enero del Día Internacional de la Educación, el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT quiere recordar que solo la Educación es capaz de garantizar una sociedad formada y concienciada para lograr construir un mundo más justo y sostenible.

El cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas, centrado en la Educación, persigue garantizar “una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Los docentes reclaman que las políticas educativas existentes sean examinadas con ojo crítico para garantizar que contribuyan al logro de los ODS. El nuevo Gobierno ha incluido la Agenda 2030 dentro de sus objetivos y la consecución de muchas de las aspiraciones del colectivo docente. FeSP-UGT apuesta porque esa decisión se convierta en un compromiso firme que garantice la inversión necesaria para poder abordar con garantías el desafío de lograr, para el año 2030, una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

FeSP-UGT propone cinco retos para alcanzar el objetivo de una Educación de calidad para todos y todas el año 2030:
•Garantizar unas condiciones de trabajo y empleo dignas para todo el profesorado. Lograr erradicar las condiciones de trabajo precario que aún existen y contribuir a mejorar el estatus del profesorado y su valoración por parte de la sociedad.
•Lograr que las leyes educativas y que todas las normas que regulan las condiciones de trabajo del profesorado sean fruto de la negociación con los sindicatos representativos del sector.
•Consolidar los sistemas de educación pública. Lograr una educación como Servicio público, libre de especulaciones o comercialización.
•Conseguir que el sistema educativo no discrimine y que incluya a los más vulnerables. Fomentar el desarrollo de los Programas de Atención a la Diversidad y establecer mecanismos de supervisión para garantizar la equidad y evitar la segregación.
•Garantizar la inclusión en los contenidos curriculares de la educación para el desarrollo sostenible y, dentro de ella, el cambio climático. Lograr que la comunidad educativa tome conciencia de la importancia de los mismos y que participe como motor del cambio global.

Para UGT resulta fundamental conseguir una Educación de calidad, al ser un objetivo clave en la consecución de otros muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible, para salir del ciclo de la pobreza, combatir y reducir las desigualdades y lograr la igualdad de género.

Es difícil conciliar los recortes de inversión en materia educativa con la consecución del logro de una Educación de calidad, inclusiva y equitativa. Por ello, FeSP-UGT reclama un compromiso firme que apueste por una mayor inversión educativa que permita alcanzar los objetivos propuestos por Naciones Unidas.

8 Hook & Ladder. New York

lunes, 27 de enero de 2020

Las amenazas a la seguridad cibernética exigen una respuesta mundial

lunes, 27 de enero de 2020

Las amenazas a la seguridad cibernética exigen una respuesta mundial

Por David Lipton
blog.dialogoafindo.imf.org

En marzo del año pasado, la Operación Taiex llevó a la detención del jefe de la banda que estaba detrás de los ataques contra más de 100 instituciones financieras de todo el mundo a través de los programas maliciosos Carbonak y Cobalt. En esta operación policial participaron la policía nacional española, la Europol, el FBI y las autoridades de Rumania, Moldova, Belarús y Taiwan, así como empresas privadas de seguridad cibernética. Los investigadores descubrieron que los ciberpiratas estaban operando en al menos 15 países.

Todos sabemos que el dinero se mueve rápidamente por todo el mundo. Como muestra la Operación Taiex, los ciberdelincuentes están haciendo lo mismo, y son cada vez más capaces de colaborar con rapidez a través de las fronteras.

Para crear un mundo cibernético seguro, debemos ser tan rápidos e integrados a escala mundial como los delincuentes. Hacer frente a una amenaza mundial con recursos locales no será suficiente. Los países deben redoblar sus esfuerzos en el plano interno y a escala internacional para coordinar sus actividades.

Cómo trabajar conjuntamente de manera óptima

En primer lugar, el sector privado ofrece muchos buenos ejemplos de cooperación. Este sector merece reconocimiento por tomar la iniciativa en muchos ámbitos, por ejemplo, en elaborar normas técnicas y de gestión de riesgos, convocar foros de intercambio de información y destinar recursos considerables. Diversos órganos internacionales, como el Grupo de Expertos Cibernéticos del Grupo de los Siete y el Comité de Basilea, están creando conciencia e identificando prácticas sólidas para los supervisores. Esta labor es importante.

Pero aún queda mucho por hacer, sobre todo si adoptamos una perspectiva mundial. La comunidad internacional puede trabajar conjuntamente e impulsar la labor que se está llevando a cabo a nivel nacional en los cuatro ámbitos siguientes:

En primer lugar, debemos comprender mejor los riesgos: la fuente y la naturaleza de las amenazas y cómo podrían incidir en la estabilidad financiera. Necesitamos más datos sobre las amenazas y sobre el impacto de los ataques ejecutados con éxito para comprender mejor los riesgos.

Segundo , es necesario mejorar la colaboración en materia de información sobre amenazas, comunicación de incidentes y prácticas óptimas de resiliencia y respuesta. Es preciso mejorar el intercambio de información entre el sector público y el privado; por ejemplo, mediante la reducción de los obstáculos a la presentación de informes por parte de los bancos a los supervisores y la aplicación eficaz de la ley.

Los diferentes organismos públicos dentro de un país deben comunicarse de manera fluida. Y lo que es más arduo: debemos mejorar el intercambio de información entre los países.

Tercero, y en relación a este tema, es necesario que los enfoques regulatorios tengan una mayor coherencia. Actualmente, los países tienen normas, regulaciones y terminología diferentes. La reducción de esta incoherencia facilitará una mayor comunicación.

Por último, sabiendo que habrá ataques, los países deben estar preparados. Deberían elaborarse protocolos de preparación y respuesta a las crisis tanto a nivel nacional como entre países, a fin de poder responder y reanudar las operaciones lo antes posible. Los ejercicios de simulación de crisis han pasado a ser cruciales para fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta, al revelar brechas y deficiencias en los procesos y en la toma de decisiones.

Establecer conexiones a escala mundial

Como un ciberataque puede provenir de cualquier lugar del mundo, o de muchos lugares a la vez, los protocolos de respuesta a las crisis deben articularse dentro de las regiones y a escala mundial.

Es decir, las autoridades pertinentes deben saber a “quién llamar” durante una crisis, en países cercanos y, en una situación óptima, también en países lejanos. Para los países pequeños o en desarrollo, se trata de un desafío que requiere atención internacional. Para sus conexiones financieras muchos se basan en los servicios financieros o líneas de corresponsalía que proporcionan los bancos internacionales. Los protocolos de respuesta transfronteriza ayudarán a los países a comprender sus respectivas funciones en una crisis y a garantizar una respuesta coordinada en caso de crisis.

Los países del Grupo de los Siete han comenzado de manera excelente a fortalecer la colaboración en materia de ciberseguridad, pero esta iniciativa debe ampliarse a todos y cada uno de los países.

En este ámbito el FMI puede desempeñar un papel importante. Con una representación mucho más amplia que la mayoría de las instituciones normativas, el FMI tiene la capacidad de plantear las inquietudes de los países de mercados emergentes y en desarrollo a nivel mundial. Dado que cualquier lugar es bueno para iniciar un ataque, en última instancia redunda en beneficio de las economías avanzadas colaborar con otros países para intercambiar información, coordinar medidas y fortalecer las capacidades.

El FMI colabora con los países que necesitan fortalecer sus capacidades, desarrollando las aptitudes y los conocimientos especializados necesarios para reconocer y combatir eficazmente las amenazas a la ciberseguridad. Nuestros socios internacionales están haciendo lo mismo, y trabajamos con regularidad con una gran variedad de partes interesadas en los sectores público y privado.

Un ataque cibernético eficaz puede obstaculizar el desarrollo financiero al crear desconfianza, especialmente si se ponen en peligro datos personales y financieros.

Si queremos aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías que pueden desarrollar los mercados y ampliar la inclusión financiera, tenemos que preservar la confianza y garantizar la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el ámbito de la seguridad cibernética, siempre queda más por hacer simplemente porque el ritmo del cambio es asombrosamente rápido.

Edificio en la Puerta del Sol. Madrid

domingo, 26 de enero de 2020

El Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables se prorroga hasta enero de 2021

domingo, 26 de enero de 2020

22 de enero de 2020

El Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables se prorroga hasta enero de 2021

mineco.gob.es

Imagen del artículo El Fondo cuenta con 9.951 viviendas a las que pueden acceder personas que hayan perdido su vivienda habitual y tienen un alquiler reducido entre 150 y 400 euros al mes
El objetivo del Fondo Social de Vivienda es proteger y ofrecer cobertura a las personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social

El Fondo Social de Vivienda (FSV), destinado a facilitar el acceso a una vivienda a familias vulnerables, se ha prorrogado hasta enero de 2021. Este fondo se puso en marcha en enero de 2013 con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras.

La prórroga ha sido acordada por los ministerios firmantes del Convenio, la Asociación Española de Banca, la Asociación Hipotecaria de España, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

En la actualidad el Fondo cuenta con 9.951 viviendas, propiedad de las entidades de crédito, destinadas a personas y familias que han perdido su vivienda habitual, mediante un arrendamiento a precios reducidos, entre 150 y 400 euros al mes.

El Fondo Social de Vivienda se creó con el objetivo de ofrecer cobertura a aquellas personas desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago, y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social.

Al Fondo pueden acceder las personas físicas que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que en el momento de la solicitud los ingresos familiares no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, ni dispongan de otra vivienda en propiedad o en usufructo.

Asimismo, los solicitantes deberán encontrarse en uno de los siguientes supuestos de especial vulnerabilidad:
1.Unidad familiar con hijos menores de edad
2.Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo
3.Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite
4.Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado sus prestaciones
5.Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género
6.Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para su inclusión social
7.Personas mayores de sesenta años
8.Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos
9.Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las mencionadas

Las Palmas de Gran Canaria. Vista al Atlántico

sábado, 25 de enero de 2020

El ICO otorgó más de 4.780 millones de euros para financiar la actividad de autónomos y empresas españolas a través de sus líneas en 2019

sábado, 25 de enero de 2020

09 de enero de 2020

mineco.gob.es

El ICO otorgó más de 4.780 millones de euros para financiar la actividad de autónomos y empresas españolas a través de sus líneas en 2019

Imagen del artículo Este volumen representa un incremento del 92% respecto a los préstamos concedidos en 2018 y ha permitido la financiación de 63.500 operaciones
La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa preside la firma de los convenios de colaboración con las entidades financieras de las Líneas ICO 2020

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha presidido el acto de firma de los convenios de colaboración de las Líneas ICO 2020 entre el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, y los representantes de las principales entidades financieras colaboradoras.

En este acto han participado las diez entidades de crédito más activas en la concesión de Líneas ICO durante el ejercicio anterior: Santander, Bankia, Bankinter, Banco Sabadell, ABANCA, BBVA, BCC (Grupo Cajamar), Unicaja, Caixabank, e Ibercaja.

Las Líneas ICO están diseñadas para financiar la actividad de autónomos, pymes, empresas y emprendedores de cualquier sector tanto en España – Línea ICO Empresas y Emprendedores; Línea ICO Crédito Comercial; Línea ICO Garantía SGR- como en el exterior -Línea ICO Internacional; Línea ICO Exportadores; Línea ICO Canal Internacional-.

En 2019, las Líneas ICO han financiado más de 63.500 operaciones por importe de 4.788 millones de euros.

Esta cifra representa un crecimiento acumulado del 92% con respecto al importe alcanzado en el ejercicio de 2018, lo que reafirma el compromiso del ICO en la financiación de la actividad de las empresas españolas, tanto en España como en el exterior.

Del volumen total de financiación concedida, 3.290 millones han promovido la actividad de las empresas y proyectos de inversión en España y 1.525 millones de euros se han destinado a potenciar la actividad exportadora de las compañías y su expansión en terceros mercados.

En el marco de la estrategia del ICO de impulsar el proceso de internacionalización de las empresas españolas, cabe señalar que la financiación concedida a través de las Líneas ICO Internacional -1.525 millones de euros- ha registrado un incremento del 47% respecto a las cifras de 2018.

Las Líneas ICO, comercializadas a través de la intermediación de las entidades financieras, destacan por su alta capilaridad. El 65% de los préstamos concedidos en 2019 han sido suscritos por pymes de menos de 10 trabajadores y el 90% por empresas de hasta 50 empleados. Según el importe de las operaciones, el préstamo medio concedido se situó en 69.500 millones de euros.

Por Comunidades Autónomas, las regiones que han presentado una mayor actividad han sido Cataluña (19%), Madrid (13%), la Comunidad Valenciana (12,33%) y Andalucía (12,02%).

Línea ICO 2020

En 2020 el ICO apuesta por la estabilidad y la continuidad en la comercialización de las Líneas y continuará adaptándose de forma eficiente y flexible a las necesidades de financiación de las empresas:
Se financiarán actividades empresariales, tanto inversión como liquidez, a plazos comprendidos entre 1 y 20 años.
Se continuará simplificando la tramitación de las Líneas y la gestión con el cliente final.
Se adaptarán a los planes comerciales y de expansión de las empresas: se mantienen los periodos de carencia al cliente para operaciones formalizadas a largo plazo.

Las Palmas de Gran Canaria. En el extremo de la Playa de las Canteras.

viernes, 24 de enero de 2020

El presidente del TS y del CGPJ afirma que la mediación contribuye a garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia y a mejorar su calidad

viernes, 24 de enero de 2020

Martes, 21 de enero de 2020

El presidente del TS y del CGPJ afirma que la mediación contribuye a garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia y a mejorar su calidad

Durante la clausura del acto conmemorativo del Día Europeo de la Mediación, Lesmes destaca la implicación del órgano de gobierno de los jueces en el impulso de este procedimiento alternativo de solución de conflictos

Autor:Comunicación Poder Judicial poderjudicial.es

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado que a lo largo de los últimos años la mediación ha contribuido a la modernización de la justicia y a la mejora de su calidad, consagrando el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Lesmes ha clausurado el acto conmemorativo del Día Europeo de la Mediación celebrado hoy en la sede del órgano de gobierno de los jueces.

La mediación, ha explicado Lesmes, es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que contribuye a promover la “cultura de la paz” proclamada por Naciones Unidas “al permitir a las partes darse la oportunidad de dialogar”; y mediante el diálogo contribuye también a “reducir la intensidad de conflictos de difícil resolución”. Entre otras ventajas, el recurso a la mediación permite ahorrar costes y reducir los tiempos de respuesta. “La mediación representa una apuesta sólida por la mejora de la justicia y de la convivencia”, ha afirmado.

El funcionamiento de los sistemas nacionales de mediación, ha señalado el presidente del TS y del CGPJ, presenta aún muchas dificultades derivadas en gran medida de la falta de “una cultura de la mediación”, lo que ha llevado a la Comisión Europea a recomendar a los estados miembros que realicen un esfuerzo extra con el fin de aumentar el número de asuntos en los que los órganos jurisdiccionales proponen a las partes acudir a la mediación para la resolución del litigio.

El Consejo General del Poder Judicial, siguiendo la recomendación de las autoridades europeas, sigue adelante con su labor de apoyo e impulso de la mediación. Para ello, ha explicado Carlos Lesmes, trabaja en el desarrollo de tres grandes estrategias de actuación: la colaboración institucional, la difusión y la formación.

Colaboración entre administraciones

En el primero de estos tres ámbitos, el CGPJ participa activamente en la potenciación de la colaboración con otras administraciones y entidades para impulsar nuevos proyectos mediante la firma de convenios, así como en el mantenimiento de los acuerdos y actividades ya en marcha. En esta línea, son numerosos los proyectos de mediación que están plenamente consolidados en los ámbitos civil, penal y familiar, y ya están en marcha distintos proyectos piloto de mediación social y contencioso-administrativa.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha anunciado que este mes se va a iniciar un nuevo plan en colaboración con Instituciones Penitenciarias para poner en marcha mecanismos de justicia restaurativa en fase de ejecución de penas.

Difusión y formación

Conscientes de la importancia de dar visibilidad a la mediación, el CGPJ está prestando una atención especial al aspecto de la difusión. “Apostar por la mediación intrajudicial –ha afirmado Lesmes- implica y exige dar a conocer el modelo y difundir sus ventajas”. De ahí que se promueva la intervención de los miembros del grupo de mediación del CGPJ en foros organizados por otras administraciones públicas, universidades, cámaras de comercio y colegios profesionales.

El tercero de los ejes de la estrategia diseñada para potenciar la mediación es la formación de los jueces. En este ámbito, la Escuela Judicial ha preparado un programa de mediación para los alumnos del próximo curso con el que se pretende aumentar la propuesta formativa y “profundizar en el papel del juez en la detección de situaciones mediables, en los tipos y técnicas de mediación o en las ventajas y efectos de los acuerdos a los que se llegue”.

El CGPJ trabaja también, junto con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, en el diseño de cursos específicos para los distintos cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.

Las Palmas de Gran Canaria. Entrada al puerto

jueves, 23 de enero de 2020

El ministro de Justicia aborda con la presidenta de la Abogacía los principales retos del colectivo

jueves, 23 de enero de 2020

El ministro de Justicia aborda con la presidenta de la Abogacía los principales retos del colectivo

mjusticia.gob.es

• Entre otros asuntos, Juan Carlos Campo y Victoria Ortega han tratado las reclamaciones de los abogados sobre el turno de oficio
22 de enero de 2010.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mantenido hoy un encuentro con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, que ha permitido poner sobre la mesa el interés del Ministerio de Justicia por atender las principales cuestiones que atañen y preocupan al colectivo.
En esta primera toma de contacto oficial entre ambos desde la toma de posesión de Juan Carlos Campo como ministro de Justicia y la revalidación de Victoria Ortega al frente del CGAE, el ministro se ha comprometido a impulsar el Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa y trabajar conjuntamente en el desarrollo del Estatuto General de la Abogacía Española.
Durante la reunión se han abordado también las reclamaciones del colectivo relativas al funcionamiento del turno de oficio. Asimismo, para la mejora de la prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita, esencial en un Estado de Derecho, ambos han mostrado su interés en acometer las reformas precisas en relación con la ley que lo regula y el reglamento que la desarrolla.

Bronx 3

miércoles, 22 de enero de 2020

Marinna Mouzo

El Tesoro presenta la estrategia de financiación para 2020

miércoles, 22 de enero de 2020

08 de enero de 2020

mineco.gob.es
El Tesoro presenta la estrategia de financiación para 2020

Imagen del artículo Se prevén unas necesidades de financiación inferiores a las anunciadas en 2019. Se estima que la emisión bruta vuelva a situarse por debajo de los 200.000 millones de euros y que la emisión neta sea de 32.500 millones de euros
El Tesoro tiene el objetivo de lanzar la primera emisión de un programa de bonos verdes para contribuir a la financiación de los compromisos de España con la transición ecológica

Se mantiene la confianza de los inversores en la economía española, que se tradujo en una mejora del rating por parte de Standard and Poor’s el pasado mes de septiembre, la reducción a la mitad de la prima de riesgo y un incremento de más de tres puntos de la participación de inversores internacionales durante 2019
El pasado año los costes de financiación registraron nuevos mínimos históricos y el 55,4% de la deuda emitida por el Tesoro se adjudicó a tipos negativos

El Tesoro Público ha presentado su estrategia de financiación para 2020, ejercicio en el que se estima que la emisión bruta se sitúe en 196.504 millones de euros, un 6,2 % inferior a la anunciada a principios de 2019. La emisión neta prevista será de 32.500 millones de euros, inferior también en un 7,1% a la propuesta el pasado año.

El programa de financiación para 2020 parte de un escenario conservador, que podría revisarse a lo largo del año. El compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal y la progresiva reducción del déficit permitirán seguir intensificando la reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB.

Cierre ejercicio 2019

Las favorables condiciones de financiación han permitido que el Tesoro Público haya completado su programa de financiación de 2019 con una emisión neta de 19.960 millones de euros, lo que supone una reducción del 41,8% sobre el cierre de 2018, constituyendo la menor emisión neta desde 2007. Esta importante disminución de la emisión neta ha sido posible gracias a la buena evolución de los costes de financiación, la progresiva recuperación de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y la gestión más eficiente de la tesorería del Estado.

La emisión bruta ha caído por debajo de 200.000 millones de euros por primera vez desde 2011, situándose en 192.814 millones de euros, un 9,5% menos que en 2018.

Durante todo el año se ha mantenido la confianza de los inversores en la economía española, lo que se traducido en una mejora de la calificación crediticia del Reino de España por parte de la agencia Standard and Poor’s, la reducción a la mitad de la prima de riesgo y el incremento en más de tres puntos porcentuales de la participación de inversores internacionales y de cuentas de calidad.

Asimismo, han continuado reduciéndose los costes de financiación del Tesoro, que han registrado mínimos históricos. El coste medio de las nuevas emisiones se ha situado en el 0,23%, lo que supone una disminución de 41 puntos básicos sobre el de 2018. El coste medio de la deuda en circulación se ha reducido hasta el 2,19%. Esta reducción ha sido posible porque más de la mitad de la deuda emitida por el Tesoro, el 55,4%, se ha adjudicado a tipos negativos.

Las menores necesidades de financiación han permitido un ahorro en el pago de intereses sobre la previsión de principios de año de 2.371 millones de euros. La carga financiera ha sido de 24.357 millones de euros en términos de contabilidad nacional y ha continuado reduciéndose su peso como porcentaje del PIB, que ha caído desde el 2,8% en 2014 hasta el 2%.

Estos descensos se han producido en un entorno de incremento de la vida media de la deuda del Estado en circulación que ha aumentado ligeramente hasta los 7,55 años, frente a los 7,45 de finales de 2018.

Estrategia Financiación 2020

Como principal novedad en 2020, el Tesoro tiene el objetivo de lanzar la primera emisión de un programa de bonos verdes, para contribuir a la financiación de los compromisos de España con la transición ecológica. Para esta emisión, el Tesoro seguirá las mejores prácticas del mercado en el diseño del Marco de Bonos Verdes y se apoyará en la experiencia de otros emisores soberanos y en la labor de armonización a nivel europeo. Asimismo, se garantizará la transparencia en la asignación de los fondos y en la comunicación del impacto de las inversiones.

Está previsto que toda la financiación neta se obtenga a través de la emisión de instrumentos a medio y largo plazo. Se hará frente a 84.969 millones de vencimientos a medio y largo plazo. De esta forma la emisión bruta a medio y largo plazo ascenderá a 117.469 millones de euros.

Por lo que respecta a las emisiones regulares de valores del Tesoro, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de Letras y de Bonos y Obligaciones del Estado. Como regla general, se realizarán dos subastas al mes de cada modalidad. La emisión esperada en estas subastas ordinarias se situará dentro del rango publicado, sin tener que alcanzar el máximo anunciado.

En 2020 el Tesoro Público recurrirá nuevamente a las sindicaciones bancarias para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado. Asimismo, podrá emitir Deuda del Estado mediante colocaciones privadas, que se ejecutarán en la medida en que contribuyan a la diversificación de la base inversora.

El Tesoro prevé continuar este año con su programa de Bonos y Obligaciones indexados a la inflación europea. Se trata de un programa que permite diversificar la base de inversores de la deuda española y que favorece la estabilización de la carga financiera de la deuda. En los cinco años de vigencia, el programa de Bonos y Obligaciones ligados a la inflación ha acumulado un volumen total de 52.921 millones de euros, lo que supone el 5,4% del total de la Deuda del Estado en circulación y convierte a España en uno de los emisores de referencia en este mercado, junto con Francia, Italia y Alemania.

Bronx 2

martes, 21 de enero de 2020

Marinna Mouzo

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)

martes, 21 de enero de 2020

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
Noviembre 2019. Datos provisionales
ine.es
En noviembre se inscriben en los registros de la propiedad 152.699 fincas, un 11,8% menos que en el mismo mes del año anterior
Las compraventas de viviendas inscritas disminuyen un 9,3% respecto a noviembre de 2018
El número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de noviembre es de 152.699, lo que supone un 11,8% menos que en el mismo mes de 2018.
En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de transmisiones es de 79.319, con una disminución anual del 8,0%.
Compraventas inscritas en los registros de la propiedad
El 86,5% de las compraventas registradas en noviembre corresponde a fincas urbanas y el 13,5% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 56,4% son compraventas de viviendas.
El número de compraventas de fincas rústicas baja un 8,8% en noviembre en tasa anual y el de fincas urbanas un 7,9%. Dentro de estas últimas, las compraventas de viviendas registran una disminución anual del 9,3%.

Compraventas de viviendas registradas según régimen de protección y estado
El 91,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en noviembre son libres y el 8,7% protegidas.
En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa disminuye un 8,3% y el de protegidas un 18,5%.
El 19,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en noviembre son nuevas y el 80,2% usadas.
El número de operaciones sobre viviendas nuevas baja un 3,6% y el de usadas un 10,5% respecto a noviembre de 2018.

Resultados por comunidades autónomas
En el mes de noviembre el número total de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad por cada 100.000 habitantes1 alcanza sus valores más altos en La Rioja (700), Castilla y León (662) y Aragón (588).
Región de Murcia (0,6%) registra la única tasa de variación anual positiva, mientras que Galicia (–0,2%) y Extremadura (–1,0%) registran las tasas de variación anuales menos negativas.
Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (–33,2%), Comunidad de Madrid (–25,1%) y País Vasco (–20,2%) presentan las tasas anuales más bajas.
Atendiendo a las compraventas de viviendas registradas, las comunidades con mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes1 son Comunitat Valenciana (151), Andalucía (126) y Aragón (114).

Las comunidades que presentan los mayores incrementos anuales en el número de compraventas de viviendas en noviembre son Extremadura (7,0%), Aragón (5,3%) y Andalucía (2,7%).
Por su parte, La Rioja (–25,5%), Comunidad de Madrid (–21,2%) y Canarias (–21,0%) registran los mayores descensos.

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lunes, 20 de enero de 2020

Marinna Mouzo

Medidas tributarias, catastrales y de Seguridad Social

lunes, 20 de enero de 2020

Medidas tributarias, catastrales y de Seguridad Social

Viernes 27 de diciembre de 2019

lamoncloa.gob.es

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que recoge medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social. El Gobierno utiliza este instrumento legal al no haber podido tramitar estas cuestiones por el cauce parlamentario ordinario al encontrarse en funciones y, por tanto, con sus competencias limitadas. La necesidad de aprobar estas medidas deriva de que, en caso de no hacerlo, algunas de ellas dejarían de estar en vigor al finalizar el año.

En materia tributaria, el Real Decreto-Ley prorroga para el período impositivo 2020 los límites cuantitativos de facturación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La legislación vigente hasta ahora recogía que para el próximo año se reducirían los umbrales a partir de los cuales un autónomo no puede tributar por el método de estimación objetiva. El Real Decreto-ley aprobado hoy modifica ese escenario y mantiene inalterables los límites de exclusión vigentes en la actualidad.

De esta forma, los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros. Si no se hubiera aprobado este Real Decreto-ley, los límites anteriores quedarían establecidos en 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente.

Además, los autónomos que adquieren bienes y servicios hasta 250.000 euros podrán mantenerse en el sistema de módulos. Estaba previsto que este límite se redujera a 150.000 euros en 2020.

A semejanza de la mencionada medida, se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio

El decreto también contempla la prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020, un tributo cuyo rendimiento está cedido en su totalidad a las Comunidades Autónomas, que tienen amplia competencia sobre el mismo.

La vigencia del impuesto sobre el patrimonio se ha ido prorrogando anualmente desde 2013.

Actualización de los valores catastrales

El Real Decreto-ley también incluye la aprobación de los coeficientes de actualización -al alza o a la baja- de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020 en los términos del artículo 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Esta medida se debe adoptar por Real Decreto-ley a consecuencia de la prórroga presupuestaria, ya que resulta necesario que los coeficientes se aprueben antes del 1 de enero de 2020 mediante decreto, tal y como ha venido sucediendo en los tres últimos ejercicios.

Con esta medida se contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha aprobado una Orden, que será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la relación de municipios en los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización al alza o a la baja.

Esta medida sólo afecta a inmuebles urbanos y se adopta en los términos que establece la Ley del Catastro Inmobiliario y que exige que exista una solicitud previa municipal. Previamente a la publicación de esta Orden ha sido evaluado el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la Ley, que, en esencia, consisten en que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor del último procedimiento de valoración colectiva de carácter general, y que existan diferencias sustanciales y homogéneas entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.

En total hasta 1.092 municipios se acogen a esta actualización, cuya aplicación se hará efectiva desde el 1 de enero de 2020. Las subidas y bajadas medias globales en conjunto alcanzan un 3%, respectivamente. El incremento máximo no supera el 5%.

Medidas en empleo y Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha aprobado también la prórroga del plazo de vigencia del Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre por el que se fijó el salario mínimo interprofesional para 2019. Dado que el citado Real Decreto dejará de producir efecto el próximo 31 de diciembre, concurren razones extraordinarias y de urgente necesidad que hacen ineludible mantener su vigencia a partir del 1 de enero, hasta que se apruebe el real decreto del salario mínimo interprofesional para el año 2020 en el marco del diálogo social y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros recoge la suspensión del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en el que se recoge una subida del 0,25%, ya que el Gobierno tiene previsto aplicar, en cuanto sea posible, una revalorización de las pensiones del 0,9%, con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2020, tal y como se recoge en el Plan Presupuestario para el próximo año enviado a la Comisión Europea.

Si no se suspendiera este artículo, se producirían dos revalorizaciones (del 0,25% primero y hasta el 0,9% posteriormente), lo que duplicaría los aplicativos informáticos y multiplicaría por dos el coste en la comunicación a las personas beneficiarias de las pensiones.

Por otra parte, el texto normativo aprobado hoy garantiza durante 2020 el mantenimiento de la normativa previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes de 2013. A la vista de que la prórroga de esta previsión -la denominada «cláusula de salvaguarda»- hasta el 31 de diciembre de 2019 recogida por el RDL 28/2018 no ha sido suficiente para paliar los efectos que la nueva regulación causaría a aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones, se hace necesario por razones de seguridad jurídica y de preservación de la igualdad su extensión hasta el final de 2020.

En el texto se prorrogan también algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 28/2018 en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, que garantice su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2020, dado el carácter temporal que tenía esta norma, circunscrita al año 2019.

Las Palmas de Gran Canaria. Club Náutico. Rueda de timón

domingo, 19 de enero de 2020

En diciembre de 2020 termina el plazo para canjear pesetas por euros

domingo, 19 de enero de 2020

Departamento de Comunicación
Nota de prensa bde.es
Madrid, 30 de diciembre de 2019
En diciembre de 2020 termina el plazo para canjear pesetas por euros

El Banco de España dejará de canjear pesetas por euros el próximo 31 de diciembre de 2020, 18 años después de que la peseta fuese sustituida por el euro como moneda de curso legal en España.
Hasta esa fecha, el cambio podrá realizarse en la sede del Banco de España en Madrid y en cualquiera de sus sucursales. El plazo para canjear en entidades financieras finalizó el 30 de junio de 2002. Todos los billetes de peseta posteriores al año 1939 son canjeables por euros. Los billetes emitidos entre 1936 y 1939 también pueden ser objeto de canje tras ser analizados por los expertos del Banco de España. En el caso de las monedas, solo se admiten las que estaban en circulación el 1 de enero de 2002, pues para las monedas anteriores se estableció un plazo de canje en el momento de su sustitución que expiró en 1997. También es la última oportunidad para cambiar por euros todas las monedas conmemorativas, de colección y especiales denominadas en pesetas.

Legalmente no se ha establecido ningún límite cuantitativo para canjear pesetas por euros, pero se aplica la normativa vigente en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, que establece unas obligaciones mínimas de identificación y comunicación de las operaciones con efectivo.

Evolución del canje

Según los últimos datos disponibles, el importe de los billetes y monedas en pesetas que quedaban por retirar a 30 de noviembre de 2019 era de 1.610 millones de euros. Esta cantidad representa, aproximadamente, un 3 % del saldo total en circulación a 31 de diciembre de 2001 (48.750 millones de euros). El importe de los billetes que todavía no han sido canjeados es de 819 millones de euros, apenas un 1,8 % del total en circulación a 31/12/01 (46.228 millones de euros). Respecto al valor de las monedas que faltan por canjear, asciende a 791 millones de euros, casi un 32 % del total en circulación a finales de 2001 (2.522 millones de euros).
La afluencia de ciudadanos durante las primeras semanas de enero de 2002 a las oficinas bancarias para canjear sus antiguos billetes y monedas sobrepasó las previsiones más optimistas. Como consecuencia, el 28 de febrero de 2002, al término del período de coexistencia del euro y la peseta, se había retirado de la circulación un 86 % del saldo en circulación a finales de 2001, es decir, el equivalente a más de 42.000 millones de euros.

Una vez finalizado el período de doble circulación, el ritmo de canje se fue estabilizando. En abril del 2002 ya habían vuelto al Banco de España un 93 % de los billetes y monedas en pesetas. Desde septiembre de 2002, se apreció una importante disminución del volumen de canje en las sucursales del Banco de España (si no en número de operaciones, sí en el importe medio de las mismas). La afluencia de público a las sucursales del Banco de España se redujo notablemente tras las Navidades de 2002. Desde el mes de enero de 2003, el número de operaciones y los importes mensuales canjeados se han mantenido más o menos constantes y en niveles muy bajos.

La peseta, la última moneda circulante en España hasta la implantación del sistema monetario único europeo, nació en 1868 por decreto del Gobierno Provisional tras el derrocamiento de Isabel II.

Desde la acuñación de la primera moneda de peseta en 1869, pasando por la primera emisión de billetes en 1874, hasta la introducción del euro el 1 de enero de 2002, la peseta circuló durante más de un siglo.

Más información sobre el proceso de canje en la sección Billetes y monedas en pesetas de la página web del Banco de España

Las Palmas de Gran Canaria. Club Náutico. Metopas

sábado, 18 de enero de 2020

La economía española creció un 0,4% en el tercer trimestre, según el INE

sábado, 18 de enero de 2020

30 de diciembre de 2019

La economía española creció un 0,4% en el tercer trimestre, según el INE

mineco.gob.es

España mantiene un crecimiento superior al de la zona euro, que se expandió el 0,2% de julio a septiembre
Se incrementa la aportación de la demanda nacional hasta el 1,8%, con una mayor contribución de sus principales componentes
La renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecen un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior
La tasa de ahorro de los hogares se sitúa en el 6,4%, eliminados los efectos estacionales y de calendario

El Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española ha registrado un crecimiento intertrimestral del 0,4% en el tercer trimestre del año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, España encadena 24 trimestres de crecimiento económico ininterrumpido.

Asimismo, sigue manteniendo un crecimiento por encima de la media de la zona euro. En términos intertrimestrales el crecimiento de la economía española duplicó el registrado en la eurozona (0,4% frente a 0,2%). En términos interanuales, el PIB creció el 1,9%, tasa superior en siete décimas a la registrada en la zona euro, que se situó en el 1,2%.

La contribución de la demanda nacional aumenta en el tercer trimestre y aporta 1,8 puntos al crecimiento interanual del PIB, con una mayor contribución de sus principales componentes. El gasto en consumo final se incrementa un 1,6% respecto al mismo trimestre de 2018 y la formación bruta de capital crece un 2,8% interanual.

En el tercer trimestre la demanda externa aportó 0,1 puntos al crecimiento del PIB, como resultado de una aceleración de las exportaciones de bienes y servicios, que registraron un incremento interanual del 3%, y de un crecimiento de las importaciones del 3,1%.

Los datos del INE muestran que en el tercer trimestre el empleo creció el 0,1% intertrimestral y el 1,8% interanual. Este aumento ha permitido la creación de 332.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el último año. La remuneración de los asalariados crece un 4,5% interanual como resultado del aumento del 2,3% del número de asalariados y un incremento del 2,2% de la retribución media por asalariado.

Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales

El INE ha publicado también las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales. De acuerdo con estos datos, la economía española registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 8.061 millones de euros en el tercer trimestre de 2019, según los datos publicados hoy por el INE. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la economía española se sitúa en el 1,7% del PIB.

La renta nacional bruta se incrementó un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior situándose en 305.519 millones de euros. Asimismo, la renta nacional disponible bruta alcanzó los 301.960 millones de euros, con un crecimiento del 3,4% interanual.

La tasa de ahorro de los hogares se sitúa en el tercer trimestre en el 6,4% de su renta bruta disponible, con series corregidas de efectos estacionales y calendario.

Las Palmas de Gran Canaria. Iglesia de Santa María del Pino

viernes, 17 de enero de 2020