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Archivo de febrero de 2020

El Bodón. Valverde. León

miércoles, 26 de febrero de 2020

Detenidas 47 personas en 15 provincias por la importación, manipulación y venta de medicamentos sin control sanitario

miércoles, 26 de febrero de 2020

Operación conjunta de Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil contra el tráfico ilegal de medicamentos

Detenidas 47 personas en 15 provincias por la importación, manipulación y venta de medicamentos sin control sanitario

Martes 25 de febrero de 2020

lamoncloa.gob.es

Efectivos de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo conjuntamente la primera fase de una importante operación contra el tráfico ilegal de medicamentos en la que han sido detenidas 47 personas, todas de nacionalidad española, excepto un súbdito portugués.

La operación se ha llevado a cabo en Madrid, Alicante, Gerona, Barcelona, Tarragona, Valencia, Almería, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga, León, Salamanca, Valladolid y Canarias. Se les imputan delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, estafa, contrabando y blanqueo de capitales.

El cabecilla de esta organización delictiva, el ciudadano español A.D.G., ha sido detenido en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), desde donde dirigía la misma, a la vez que se ocultaba con tres órdenes de detención internacionales en vigor por distintos delitos, todo ello gracias a la rápida coordinación de la Agregaduría de Interior de España y a las autoridades emiratíes, que ha permitido su inmediata extradición.

La investigación comenzó hace más de un año, a raíz de la colaboración ciudadana mediante una denuncia anónima, a partir de la cual se comenzaron a seguir distintos envíos aduaneros procedentes de Malasia que pudiesen contener principios activos de medicamentos sin ser declarados como tales.

Tadalafilo y Sildenafilo como complementos alimentarios

EstaMinisterio de Hacienda organización criminal importaba fármacos en grandes cantidades desde Malasia, siempre declarados falsamente como complementos alimentarios y plantas naturales para sortear los controles aduaneros y comercializados posteriormente como vigorizantes 100% naturales, cuando en realidad se trataba, como ha quedado constatado en distintos análisis, de potentes fármacos como el Tadalafilo y el Sildenafilo, vasodilatadores destinados al tratamiento de la disfunción eréctil.

La ingesta de estos productos sin la supervisión médica puede provocar infarto de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebro vascular e incluso muerte súbita.

A la vista de los resultados de estos análisis, la Agencia Española del Medicamento retiró del mercado determinados productos declarados como ‘naturales’, cuyo contenido no se correspondería con su composición, pudiendo ser altamente peligrosos para la salud de los consumidores.

Los cabecillas de esta organización, plenos conocedores de los efectos de estos productos debido a las quejas de clientes y a las continuas retiradas del mercado por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, se limitaban a cambiar los nombres comerciales y los empaquetados, continuando con su distribución y venta en una amplia red de establecimientos tipo herbolarios, sex shops y gimnasios, y también por internet. Entre las marcas intervenidas se encuentran 150 presentaciones diferentes.

500.000 euros en efectivo y 59 páginas web intervenidas

De manera global, esta primera fase de la operación se ha saldado con actuaciones en 15 provincias, destacando 12 registros domiciliarios y 55 inspecciones en locales y naves, que han llevado consigo la intervención de más de 500.000 euros en efectivo, 39 cuentas corrientes -dos de ellas en el extranjero-, siete vehículos de alta gama valorados en más de 300.000 euros y dos armas de fuego.

Igualmente se realizó el bloqueo de 59 páginas web dedicadas a la venta de este tipo de productos, quedando constatado por los investigadores que se ha surtido de este tipo de productos a todo el territorio nacional, así como a países como Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Rusia.

También se ha intervenido más de 200.000 cajas o empaquetados de diferentes presentaciones, todos ellos con nombres e inscripciones relativos a productos 100% naturales, así como 400.000 cápsulas de productos pendientes de analizar y varias etiquetadoras.

Más de 400 funcionarios y agentes

Hay que resaltar la estrecha colaboración de los investigadores de los tres cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria), en la que finalmente han participado más de 400 funcionarios y agentes de los tres cuerpos participantes, coordinados por el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante.

Calle Virgen de los Peligros. Madrid

martes, 25 de febrero de 2020

Salvador Illa anuncia una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

martes, 25 de febrero de 2020

Salvador Illa anuncia una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Lunes 24 de febrero de 2020

lamoncloa.gob.es

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado la convocatoria, mañana a partir de las 16.30 horas, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de ofrecer la información disponible y coordinar medidas con las comunidades autónomas.

El ministro ha hecho este anuncio tras la reunión habitual del Comité de seguimiento y evaluación del coronavirus. Asimismo, esta tarde, se celebra una reunión del Centro Europeo de Control de Enfermedades en la que se unificarán criterios con los países de la Unión Europeo. «Es importante coordinarse con las comunidades autónomas y a nivel europeo y reforzar las medidas de sensibilización y detección precoz», ha subrayado el ministro.

Illa también ha informado que, desde ayer, se han evaluado en España 9 posibles casos, 6 de los cuales han sido descartados y 3 se encuentran en estudio. Por lo tanto, «en estos momentos no hay ningún caso de coronavirus confirmado en nuestro país».

El ministro de Sanidad ha transmitido un mensaje de tranquilidad y confianza en el Sistema Nacional de Salud y sus profesionales y ha recordado que se sigue trabajando bajo los cuatro criterios marcados inicialmente: seguimiento diario de la situación, tomar decisiones basadas en la evidencia científica, coordinación con las comunidades autónomas y Europa y total transparencia informativa.

Más información: Ministerio de Sanidad .

El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas

martes, 25 de febrero de 2020

Miércoles, 12 de febrero de 2020

El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas

La Sala de lo Penal destaca la importancia de este tipo de denuncias en las que el autor opta por el anonimato

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “notitia criminis” en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también denominado ‘whistleblowing’, ha sido incluido en la reciente directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión.

En su sentencia, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Tercera, que condenó por un delito de estafa a cinco de los acusados a la pena de dos años de prisión y a nueve meses de prisión a un sexto como cómplice.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, ha rechazado el recurso interpuesto por los condenados que propugnaban su absolución, así como el de la acusación particular en cuanto a la responsabilidad civil fijada en la sentencia.

Los hechos probados recogen que tres trabajadores de una empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector de chatarrería.

De esta manera, los trabajadores, encargados de clasificar la chatarra por categorías y de establecer el porcentaje de descuento por estériles mezclados con la chatarra útil para la transformación en acero, cuando llegaba la carga de chatarra a la empresa transformadora efectuaban un descuento por estériles muy inferior a la cantidad que realmente estaba mezclada con la chatarra útil de manera que su propia empresa pagaba por chatarra convertible estériles inservibles para la transformación.

Ello ocasionó un fraude tasado en la responsabilidad civil de 456.340’27 euros, en el caso de un grupo de condenados, y otra de 340.650’66 euros, en otro grupo.

La Sala destaca que el origen de la investigación surge de una denuncia anónima recibida en el departamento de recursos humanos de la empresa que advertía de que se estaban realizando maniobras fraudulentas en las entregas y clasificación de la chatarra, lo que dio pie a una investigación interna que acabó en el descubrimiento de los hechos.

Destaca el Tribunal Supremo y valida el uso de las “denuncias anónimas” para la detección de ilícitos penales que sea corroborada, como aquí ocurrió, con la posterior investigación interna en la empresa y policial. Así, apunta La sala Penal que: “Importancia tiene la denuncia llevada a cabo y en la que, con la inexistencia de un programa de cumplimiento normativo interno, sí que resulta notablemente interesante que en el periodo de los hechos probados se lleve a cabo una mecánica de actuación ‘ad intra’ en el seno de la empresa que ha sido recientemente regulada en el denominado “canal de denuncias interno” o, también denominado ‘whistleblowing’, y que ha sido incluido en la reciente Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”.

Sobre esta necesidad de implantar estos canales de denuncia, y que se vio en este caso con una alta eficacia al constituir el arranque de la investigación como “notitia criminis” se recoge por la doctrina a este respecto que la Directiva se justifica en la constatación de que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas infracciones denuncia.

En definitiva, añade la sentencia, se busca reforzar la protección del whistleblower y el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información reconocida en el art. 10 CEDH y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y con ello incrementar su actuación en el descubrimiento de prácticas ilícitas o delictivas, como en este caso se llevó a cabo y propició la debida investigación policial y descubrimiento de los hechos. Debe destacarse, en consecuencia, que la implantación de este canal de denuncias, forma parte integrante de las necesidades a las que antes hemos hecho referencia del programa de cumplimiento normativo, ya que con el canal de denuncias quien pretenda, o planee, llevar a cabo irregularidades conocerá que desde su entorno más directo puede producirse una denuncia anónima que determinará la apertura de una investigación que cercene de inmediato la misma.

“En el caso ahora analizado una denuncia interna -señala la sentencia-, al modo del canal de denuncias aquí expuesto, provoca la apertura de la investigación que desemboca en el descubrimiento de las operaciones que estaban realizando los recurrentes durante el periodo de tiempo indicado en los hechos probados, y que causó el perjuicio económico que se ha considerado probado”.

“Resulta, pues, necesaria -añaden los magistrados- la correlación entre el programa de cumplimiento normativo en la empresa para evitar y prevenir los delitos cometidos por directivos y empleados ‘ad intra’, como aquí ocurrió con los tres empleados, a fin de potenciar el control interno y el conocimiento de directivos y empleados de la posibilidad de que dentro de su empresa, y ante el conocimiento de alguna irregularidad, como aquí ocurrió perjudica a la propia empresa, y, al final, a los propios trabajadores, si el volumen de la irregularidad podría poner en riesgo y peligro hasta sus propios puestos de trabajo, pero más por el propio sentimiento de necesidad de la honradez profesional y evitación de actividades delictivas, o meras irregularidades en el seno de la empresa, circunstancia que de haber existido en este caso hubiera cortado la comisión de estos hechos, aunque sin que por su ausencia, por falta de medidas de autoprotección, derive en una exención de responsabilidad penal, como se propone en este caso por el recurrente.”

Con ello, la Sala penal valida la utilidad y eficacia de las denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de una empresa, o entidades, prácticas delictivas sin necesidad de que se identifique el autor de la denuncia anónima, sino que tendrá eficacia con la puesta en conocimiento del hecho para permitir la investigación interna.

Calle de la Abada

lunes, 24 de febrero de 2020

Un juzgado exime al Ayuntamiento de Llanes de pagar a los propietarios de un hotel los 19 millones de euros que les ha costado la demolición de su ampliación

lunes, 24 de febrero de 2020

Viernes, 21 de febrero de 2020

Un juzgado exime al Ayuntamiento de Llanes de pagar a los propietarios de un hotel los 19 millones de euros que les ha costado la demolición de su ampliación

La sentencia, que no es firme, considera, según jurisprudencia, que la solicitud de la reclamación patrimonial al consistorio está fuera de plazo

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo ha dictado una sentencia por la que desestima el recurso presentado por la representación legal de los propietarios del Hotel Kaype de Llanes contra el Ayuntamiento de la misma localidad, por silencio administrativo a su reclamación de responsabilidad patrimonial, donde se solicitaba una indemnización de 19 millones de euros por los daños y perjuicios derivados de la demolición de la ampliación del establecimiento hotelero.

El derribo de la ampliación del hotel, situado en la playa de Barro del concejo llanisco, se produjo como consecuencia de la anulación judicial, tanto del permiso para agrupar varias fincas como de la licencia de obras posterior. Esta última fue declarada ilegal de manera firme por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 28 de mayo de 2015 y, como consecuencia de la misma, indica la jueza en esta sentencia, “era ineludible la demolición de lo edificado” y los propietarios «lo sabían».

Para la magistrada, “no es necesario esperar al derribo de la edificación cuya licencia ha sido objeto de anulación para conocer el alcance, la trascendencia e importancia de los daños que pueden ser objeto de reclamación”. De esta forma, el plazo para presentar cualquier reclamación de responsabilidad patrimonial habría comenzado ese 28 de mayo de 2015, prolongándose durante un año. Sin embargo, no fue hasta el 14 de diciembre de 2018 cuando lo presentaron, con lo que, de acuerdo a la jurisprudencia existente, su recurso “se encontraría totalmente fuera de plazo”.

Contra la sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de apelación para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Instituto Valle Inclán. Pontevedra

domingo, 23 de febrero de 2020

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley para el establecimiento de un marco seguro de pruebas (sandbox) para la innovación tecnológica en el ámbito financiero

domingo, 23 de febrero de 2020

18 de febrero de 2020

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley para el establecimiento de un marco seguro de pruebas (sandbox) para la innovación tecnológica en el ámbito financiero
mineco.gob.es
Imagen del artículo El proyecto normativo establece un marco de regulación y supervisión adecuados al nuevo contexto digital, garantizando que la innovación es segura y beneficia a los ciudadanos
El sandbox, o espacio controlado de pruebas, estará sometido a la vigilancia de los supervisores, se articulará bajo un esquema que garantiza la seguridad y proporciona flexibilidad, y permitirá mejorar la supervisión e informar posibles cambios en materia de política financiera
España se suma a otros países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero, en línea con las recomendaciones de las instituciones internacionales

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley para la creación de un sandbox, o espacio controlado de pruebas, para acompañar la transformación digital del sistema financiero. El proyecto, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, establece un entorno jurídico adecuado para garantizar que el proceso innovador en el ámbito financiero se desarrolla de forma eficaz y segura para los usuarios.

El sandbox permitirá llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero con pleno acomodo en el marco legal y supervisor.

Esta iniciativa responde a la necesidad de impulsar la innovación como elemento esencial para un desarrollo económico sostenible y equitativo. Asimismo, se garantiza que el cambio tecnológico protege al consumidor de servicios financieros, mantiene la estabilidad financiera y la integridad de los mercados e impide la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

España se suma a otros países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero y da respuesta a las recomendaciones de diversas instituciones y foros internacionales.

Condiciones seguras para pruebas de innovación financiera

El sandbox introduce condiciones seguras para que puedan probarse innovaciones financieras de base tecnológica bajo la vigilancia de los supervisores y con máximas garantías para los participantes. De esta forma, se establece que los participantes en las pruebas tendrán que prestar su consentimiento expreso, los promotores del proyecto deberán disponer de garantías para cubrir posibles daños o perjuicios y el proyecto contará con el seguimiento y diálogo continuo con la autoridad supervisora.

Otro de los rasgos principales del sandbox es que se articula mediante un esquema jurídico ley-protocolo. El marco general se establece en la ley, garantizando la seguridad, y el protocolo acordado entre el promotor y los supervisores proporciona flexibilidad, estableciendo el alcance, la duración y otros aspectos concretos de cada prueba.

Asimismo, este espacio controlado de pruebas permitirá mejorar las capacidades supervisoras y acompasar la legislación financiera con la transformación digital. Se contempla también una pasarela de acceso, para la implantación del proyecto mediante un procedimiento abreviado de autorización, siempre que las autoridades estimen que la información y el conocimiento adquiridos durante la realización de las pruebas permitan un análisis simplificado del cumplimiento de los requisitos.

Por lo que respecta a los proyectos elegibles, únicamente podrán acceder al espacio de pruebas aquellos que aporten una innovación de base tecnológica al sector financiero, estén suficientemente avanzados y demuestren que aportan valor añadido en aspectos como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la clientela, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

El texto normativo establece un sistema de rendición de cuentas, mediante el envío de un informe anual a las Cortes Generales sobre la transformación digital del sistema financiero. Este informe no solo hará posible comunicar las actuaciones de las distintas autoridades en la materia, incrementando así la transparencia, sino que será una valiosa fuente de información para la actualización permanente de la legislación a la luz de la incidencia de los nuevos desarrollos.

Otras medidas del proyecto normativo

La propuesta normativa incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, que garantice que los requisitos exigidos sean proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando la igualdad de trato a todas las entidades.

Se impulsa la comunicación ágil con las autoridades y la seguridad jurídica, a través de un canal de comunicación directa entre empresas y autoridades financieras y un mecanismo de consulta sobre dudas en la aplicación de la legislación.

Finalmente, se aumentan los mecanismos de cooperación internacional de España en la materia, contemplándose la posibilidad de establecer convenios entre autoridades de distintas jurisdicciones para utilizar en común los mecanismos que la ley prevé.

Beatriz Corredor Sierra, Presidenta de Red Eléctrica de España

sábado, 22 de febrero de 2020

Ocho operadores de sistemas eléctricos europeos lanzan una plataforma para gestionar el equilibrio entre la generación y la demanda

sábado, 22 de febrero de 2020

Ocho operadores de sistemas eléctricos europeos lanzan una plataforma para gestionar el equilibrio entre la generación y la demanda

10.01.2020 ree.es

Esta nueva plataforma multilateral de servicios de balance permitirá una gestión aún más eficiente de las energías de balance, contribuyendo a reducir el precio final de la energía y a optimizar la integración de la generación renovable en Europa.
Su implementación en España sustituirá al actual mercado nacional de gestión de desvíos y al sistema bilateral de servicios transfronterizos de balance utilizado con Francia y con Portugal, desde junio de 2014.
Ocho operadores de sistemas eléctricos (TSOs) europeos han lanzado la plataforma europea de energías de balance TERRE que permite gestionar de forma coordinada en el ámbito europeo el equilibrio entre la generación y la demanda de electricidad, tras los ajustes de los programas en el mercado intradiario.
La plataforma TERRE, apoyada en el uso del sistema informático LIBRA y de las interconexiones internacionales, permitirá una gestión aún más eficiente de las energías de balance, al sustituir los mercados nacionales de balance y los mecanismos bilaterales de intercambio de energías de balance entre sistemas interconectados vecinos, por un sistema multilateral de ámbito europeo.
Su uso contribuirá a reducir el precio final de la energía y optimizará la integración de la generación renovable en Europa. Supone así, un paso decisivo en la implantación del mercado interior de la electricidad en Europa.
La puesta en marcha de esta plataforma es el resultado de un esfuerzo conjunto de los operadores de los sistemas eléctricos de España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suiza. Además, su aplicación dará cumplimento a los requerimientos recogidos en el artículo 19 del Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión Europea, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el balance eléctrico (Reglamento EB).
El TSO checo CEPS ha sido el primero en utilizar esta nueva plataforma TERRE. España, que gestiona desde junio de 2014 servicios transfronterizos de balance de manera bilateral con Francia y con Portugal, comenzará a utilizar esta plataforma transnacional en el primer trimestre del 2020. El resto de operadores tienen previsto hacerlo a lo largo del 2020 y 2021.

CEOE y Cepyme piden armonizar la política fiscal con la UE para evitar pérdidas de competitividad de las empresas españolas

sábado, 22 de febrero de 2020

CEOE y Cepyme piden armonizar la política fiscal con la UE para evitar pérdidas de competitividad de las empresas españolas
Madrid, 19 de febrero de 2020
cepyme.es
La Junta Directiva de CEOE ha valorado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de los proyectos de Ley sobre las tasas que prevén gravar determinados servicios digitales y las transacciones financieras.
En lo que se refiere al impuesto digital para que grandes compañías tributen en el mercado español, en CEOE y Cepyme, como parte de la patronal europea Business Europe, consideramos que debe abordarse de forma armonizada desde la UE para evitar que afecte a la competitividad de España.
Advertimos también de la necesidad de que, en todo caso, se evite que acabe afectando a empresas españolas que ya pagan impuestos y que se encontrarían en una situación de doble imposición.
Del mismo modo, la segunda de las tasas impulsadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, la conocida como Tasa Tobin, castiga de forma clara a las empresas españolas que operan en mercados regulados dentro del país.
Por ello, estimamos que este nuevo impuesto puede acabar expulsando muchas inversiones hacia otros países o hacia mercados no regulados, y es por ello por lo que volvemos a reclamar una armonización con el resto de los países europeos.
CEOE y Cepyme, a través de nuestra Vicepresidencia de la patronal europea Business Europe, ofrecemos la necesaria colaboración para transitar ese camino de armonización fiscal.

Edificio Castro Monteagudo. Pontevedra

viernes, 21 de febrero de 2020

Campo pide a las asociaciones de jueces y fiscales su cooperación para sacar adelante el Plan Justicia 2030

viernes, 21 de febrero de 2020

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
mjusticia.gob.es
Reunión con los representantes de los colectivos
Campo pide a las asociaciones de jueces y fiscales su cooperación para sacar adelante el Plan Justicia 2030
• El ministerio se compromete a contar con las aportaciones de los profesionales para avanzar en la reforma del servicio público
19 de febrero de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido esta tarde con los representantes de las ocho asociaciones de jueces y fiscales para retomar el diálogo con estos colectivos en el arranque de la XIV legislatura. El ministro les ha pedido cooperación y voluntad de acuerdo para llevar a cabo el Plan Justicia 2030 que marcará la actuación del Ministerio de Justicia en esta legislatura para la transformación del servicio público.
El plan tiene como objetivos consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio. Campo les ha pedido un esfuerzo conjunto y les ha ofrecido toda la colaboración del ministerio para sacar adelante este programa cuyo fin es colocar la Administración de Justicia a un nivel de desarrollo equiparable al de otros servicios públicos avanzados.
Con objeto de recabar sus aportaciones, el ministerio remitirá a las asociaciones profesionales un cuestionario en el que deberán recoger aquellas líneas estratégicas concretas que, según su criterio, deberían contemplarse en el plan. Posteriormente, se celebrarán reuniones de trabajo para definir las actuaciones y trazar la hoja de ruta del plan. Campo se ha comprometido a aprobarlo en el Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha.
Además del ministro, han asistido a esta reunión el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente; la directora del Gabinete del Ministro, Amaya Arnáiz y la directora general para el servicio público de Justicia, Concepción López-Yuste.
Por parte de los colectivos, han acudido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar; el portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega; el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández; la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez; la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato; el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago; y el presidente de la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos, Carlos Ballesteros.

La inflación sube hasta el 1,1% en enero por la energía

viernes, 21 de febrero de 2020

14 de febrero de 2020

mineco.gob.es

La inflación sube hasta el 1,1% en enero por la energía

Imagen del artículo Se mantiene el diferencial favorable para España respecto a la zona euro y se sitúa en 0,3 puntos porcentuales

La tasa interanual del IPC general aumentó tres décimas en enero de 2020 respecto a la del mes anterior, hasta el 1,1%.

Los precios de los productos energéticos se estabilizaron en enero tras los descensos de los meses precedentes, debido principalmente a la menor reducción de los precios de la electricidad (casi 4 puntos hasta el -12,5%) y, en menor medida a la aceleración de los precios de carburantes y combustibles, que crecieron el 5,2%, frente al 4,1% del mes anterior.

Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 3,5% interanual, seis décimas más que en diciembre de 2019, debido fundamentalmente al incremento de los precios del pescado fresco o refrigerado, que crecieron el 9,4% frente al 2,2% el mes anterior.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos), se mantiene en el 1% por quinto mes consecutivo, debido a la práctica estabilidad de las tasas de crecimiento de sus principales componentes. Las de los precios de bienes industriales no energéticos y de alimentación elaborada aumentaron una y dos décimas, hasta el 0,3% y el 1%, respectivamente, y la de los servicios disminuyó dos décimas, hasta el 1,4%.

En enero, la tasa interanual del IPC aumentó respecto a la de diciembre en todas las comunidades autónomas, menos en la Comunidad de Madrid en la que se mantuvo en el 0,9% y en Navarra, dónde disminuyó una décima, hasta el 1,2%. Los mayores aumentos se produjeron en Canarias, seis décimas hasta el 1,1%, y cinco décimas en Andalucía, hasta el 1%, Asturias, 0,9%, Castilla-La Mancha, 1,4%, Galicia,1,2%, y Murcia, 1,2%.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en enero en el 1,1%, igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de enero, cuya tasa interanual ha aumentado tres décimas, hasta situarse en el 1,1%. La inflación adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en el mismo periodo en el 1,4%, resultando un diferencial favorable para España de 0,3 puntos porcentuales.

Museo de Historia Natural de New York. Ballena Azul. Milstein Hall of Ocean Life

jueves, 20 de febrero de 2020

La CNMC inicia un expediente sancionador contra siete empresas vinculadas al mercado de intermediación inmobiliaria

jueves, 20 de febrero de 2020

La CNMC inicia un expediente sancionador contra siete empresas vinculadas al mercado de intermediación inmobiliaria

19 Feb 2020

cnmc.es

◦Analiza la posible coordinación de precios y otras condiciones comerciales en sus actividades.
◦Algunas de ellas especializadas en servicios informáticos y que habrían diseñado los software de gestión inmobiliaria de las franquicias y sus algoritmos.
◦El uso de algoritmos habría tenido especial relevancia en la conducta ilícita que se investiga.

La CNMC ha incoado un expediente sancionador contra siete empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de la intermediación inmobiliaria. Esta decisión se adopta tras las inspecciones llevadas a cabo en noviembre de 2019 (nota de prensa relativa a las inspecciones).

Tales prácticas consistirían en la coordinación de precios y otras condiciones comerciales por parte de intermediarios inmobiliarios. Esta coordinación se habría instrumentado, entre otros medios, a través del uso de software y de plataformas informáticas y habría sido facilitada por empresas especializadas en soluciones informáticas a través del diseño del programa informático de gestión inmobiliaria y de sus algoritmos.

En concreto las actuaciones se realizan contra CDC Franquiciadora Inmobiliaria SA; Look & Find primera red inmobiliaria SA; Aplicaciones Inmovilla SL; Idealista SA; Witei Solutions SL; Anaconda Services and Real Estate Technologies SL; y Servicio Multiple de Exclusivas Inmobiliarias SL (MLS). El motivo es la existencia de posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC), así como en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Se inicia así un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia. Puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.

Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de Clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.

Además, la CNMC dispone de una plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles mediante la aportación de información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.

Asimismo, se recuerda, respecto de la prohibición de contratar establecida en el artículo 71 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia, que el artículo 72.5 de la misma Ley recoge una excepción para las empresas solicitantes de clemencia.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsará mejoras tecnológicas para ampliar las funcionalidades del servicio 112

jueves, 20 de febrero de 2020

14 de febrero de 2020

mineco.gob.es

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsará mejoras tecnológicas para ampliar las funcionalidades del servicio 112

Se inicia el proceso de consulta pública para la revisión de la normativa de telecomunicaciones reguladora del acceso a los servicios de emergencia
La actualización de la normativa vigente permitirá a los ciudadanos disponer de un servicio 112 de atención pública más efectivo
Se podrán desarrollar sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha iniciado la revisión de la normativa reguladora del acceso a los servicios de comunicaciones de emergencia 112. La actualización de la normativa permitirá a los ciudadanos disponer de un servicio 112 de atención pública con más funcionalidades y efectivo para situaciones de necesidad personal o colectiva.

La reforma legal forma parte del proceso de transposición de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Con este objetivo, se ha iniciado una consulta pública para modificar el Real Decreto 903/1997 de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112. La modificación normativa prevé la incorporación de nuevas soluciones técnicas para servicios de emergencias, así como la revisión del encaje regulatorio.

Los elementos centrales de la nueva normativa facilitarán una sustancial mejora en la atención a los ciudadanos ante situaciones de emergencia. España, con el lanzamiento de la presente consulta pública, aspira a un alineamiento temprano siendo pionero dentro de Europa en la implantación de servicios públicos de atención a los ciudadanos en situaciones de crisis.

Se prevé introducir modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112 en aquellos casos que pueda ser facilitada por los dispositivos desde los que realice la llamada. La ubicación del ciudadano en situación de emergencia con una mayor precisión facilitará una intervención más rápida de los servicios públicos y mayores garantías de éxito en la misma.

La revisión permitirá también el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias. Así, dentro de la consulta pública, se recogerán también aportaciones para el desarrollo de un marco legal para la implantación de un sistema de envío de alertas a la población, servicio 112 inverso. Este sistema permitirá el envío a través del móvil de alertas a todos los usuarios presentes en una zona determinada en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes en curso.

Los sistemas de alerta públicos están previstos que sean implementados por los proveedores de servicios móviles de comunicaciones, en coordinación con Protección Civil, con el fin de que las autoridades públicas puedan emitir mensajes a la población afectada.

Casa de América. Madrid

miércoles, 19 de febrero de 2020

El CGPJ y el Colegio de Registradores firman un convenio que permitirá a los jueces conocer la titularidad real de las sociedades mercantiles

miércoles, 19 de febrero de 2020

Lunes, 17 de febrero de 2020

El CGPJ y el Colegio de Registradores firman un convenio que permitirá a los jueces conocer la titularidad real de las sociedades mercantiles

El acuerdo cumple la normativa comunitaria y supone un avance en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El CGPJ y el Colegio de Registradores firman un convenio que permitirá a los jueces conocer la titularidad real de las sociedades mercantiles

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, María Emilia Adán García, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los juzgados y tribunales acceder a datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles a través de dos sistemas alternativos ofrecidos por el Colegio de Registradores. La firma de este acuerdo, que ha tenido lugar hoy en la sede del CGPJ, supone un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En cumplimiento de la normativa comunitaria para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Directiva 205/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo), el Ministerio de Justicia aprobó en 2018 los nuevos modelos que las sociedades mercantiles debían cumplimentar al presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

La principal novedad consistió en la inclusión de una “Declaración de identificación del titular real” mediante la cual las sociedades mercantiles deben identificar ante el registro a los titulares últimos o reales de los capitales. La directiva comunitaria obliga también a todos los Estados miembros a crear, desarrollar y gestionar un registro nacional que permita conocer la titularidad real del capital y a asegurar la cooperación internacional a través de una plataforma europea administrada por las autoridades que en cada país tengan encomendada la función de registro mercantil.

De acuerdo con esta previsión legislativa de la UE, el Colegio de Registradores ha desarrollado un servicio web que permite a los órganos judiciales acceder, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, a los datos sobre las titularidades reales que las sociedades hayan depositado en los registros mercantiles.

Hasta ahora, existía una base de datos notarial de titularidades reales a la que los órganos judiciales tenían acceso, pero no respondía a las previsiones contenidas en la normativa europea.

El convenio firmado entre el CGPJ y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España tiene como finalidad determinar las características técnicas y condiciones del servicio de acceso de juzgados y tribunales a los datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles. El acuerdo señala que el Colegio de Registradores dispondrá de dos sistemas alternativos: un servicio web y un portal de titularidades reales.

Acceso a través del Punto Neutro Judicial

Con el primero de los sistemas, jueces y magistrados podrán realizar consultas y recibir la información a través de servicios web a los que accederán desde el Punto Neutro Judicial, la red de comunicaciones gestionada por el CGPJ que permite interconectar a los órganos judiciales con otras entidades y administraciones y mejorar así la tramitación de los asuntos. El órgano de gobierno de los jueces deberá acometer en sus equipos y sistemas las adaptaciones y desarrollos necesarios para garantizar el acceso a la información de los registros y la seguridad de las comunicaciones.

El portal de titularidades reales se utilizará excepcionalmente, cuando no sea posible obtener una determinada información a través del servicio web. Previa identificación mediante certificado digital y una vez que el CGPJ haya autorizado el alta del usuario, se podrá acceder al citado portal para realizar consultas individuales.

La firma del convenio permitirá a los juzgados y tribunales realizar tres tipos de consultas: mediante el NIF de la sociedad mercantil, tendrán acceso a la información de los titulares reales que consten en el registro mercantil competente durante el ejercicio al que se refiera la consulta; introduciendo la identidad del titular real, se obtendrán los datos de las sociedades en las que figura como tal; mediante el nombre de la sociedad, se accederá a la información sobre las sociedades en las que aquella aparece como interviniente en la cadena de control.

Plaza de la Cibeles ..

martes, 18 de febrero de 2020

Juan Carlos Campo anuncia su proyecto de reforma de la Justicia y llama al consenso de todo el sector

martes, 18 de febrero de 2020

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa – mjusticia.gob.es
Comparecencia en la Comisión de Justicia
Juan Carlos Campo anuncia su proyecto de reforma de la Justicia y llama al consenso de todo el sector
• El ministro de Justicia plantea a los grupos parlamentarios un gran acuerdo para orientar el servicio público al ciudadano con el Plan Justicia 2030
• Uno de los hitos de la legislatura será la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación antes de que finalice 2020
• Justicia ofertará este año un incremento de plazas para jueces y fiscales
• La Conferencia Sectorial de Justicia se convocará con carácter inmediato para estrechar la cooperación y coordinación con las administraciones autonómicas
17 de febrero de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido hoy altura de miras para alcanzar un gran acuerdo en la XIV legislatura que convierta la Justicia “en un verdadero servicio público” que los ciudadanos perciban como algo “propio y cercano”. Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia para explicar las líneas generales de la política de su departamento, Campo ha pedido un esfuerzo conjunto en torno al Plan Justicia 2030 que permitirá colocar la Administración de Justicia a un nivel de desarrollo equiparable al de otros servicios públicos avanzados, como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
El ministro ha subrayado que, a pesar del consenso en torno al diagnóstico del funcionamiento de la Justicia, es necesario desmitificar algunas ideaspreconcebidas y equívocos que todavía persisten. Campo se ha referido a los informes de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, que revelan, en sus análisis comparativos, que tanto la inversión como los recursos humanos que dedica España a la Justicia son homologables a los países de nuestro entorno.
Se trata, por lo tanto, ha señalado el ministro, de un “claro problema de ineficiencia” y de una mejor asignación de recursos y ha llamado a desterrar la “lógica del incrementalismo” como único eje de las políticas de Justicia.
Plan justicia 2030
El ministro de Justicia se ha comprometido a someter al consenso de operadores jurídicos y grupos parlamentarios la hoja de ruta del Plan Justicia 2030 que pretende llevar al Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha. Sus objetivos son consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.
El programa tiene un horizonte temporal de 10 años con planes “medibles y adaptables” para cada ejercicio y se abordará con metodologías de análisis y diagnóstico para la toma de decisiones racionales y contrastadas.
En aras de una mayor eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, el objetivo del ministro es completar los proyectos de modernización iniciados durante el mandato de Francisco Caamaño y que quedaron interrumpidos en 2011. Entre ellos, culminar la implantación de la Oficina Judicial y del expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal. Otro hito será la puesta en marcha de los tribunales de instancia.
Justicia apostará también durante esta legislatura por potenciar las soluciones extrajudiciales de resolución de conflictos e introducir reformas procesales para afrontar los pleitos en masa mediante el mecanismo conocido como ‘sentencia testigo o modelo’.
Reforma de ley de enjuiciamiento criminal y otros proyectos legislativos
La norma de 1882 no admite más parches y es necesario acabar con los “desfases e incoherencias” acumuladas a lo largo del tiempo. El objetivo del ministro de Justicia es actualizar nuestro sistema de enjuiciamiento criminal mediante una regulación moderna y justa que garantice un proceso penal democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales. Un proceso penal que “deslinde las funciones instructoras de los juzgadores” al otorgar la dirección de la investigación a los fiscales. Campo se ha comprometido a llevar el anteproyecto de reforma de la norma al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año.
Entre otros proyectos legislativos, el ministro confía también en que en esta legislatura pueda culminarse también la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, así como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Atención a las víctimas
Juan Carlos Campo ha explicado que se reforzarán los mecanismos de protección de los colectivos más vulnerables, como las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, y se renovará el firme compromiso del Ministerio de Justicia con las mujeres que sufren la violencia machista, mediante el cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Una de las novedades en esta materia será la convocatoria de subvenciones para ONG’s cuya actividad esté dedicada a la atención a las víctimas. Los fondos procederán de lo recaudado por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), lo que permitirá devolver a la sociedad civil parte de lo sustraído por actividades criminales.
Convocatoria de plazas para jueces y fiscales
Durante su comparecencia, el ministro de Justicia ha anunciado que la oferta de empleo público de 2020 para el ingreso en la carrera judicial y fiscal incluirá este año un incremento de plazas. El objetivo es reducir la interinidad, estabilizar numéricamente la oferta de empleo público de ambos cuerpos y atender las demandas de la Justicia a medio y largo plazo.
Conferencia sectorial de justicia
El ministro de Justicia convocará próximamente la Conferencia Sectorial de Justicia que no se reúne desde septiembre de 2018. Su objetivo es establecer con las administraciones autonómicas mecanismos que mejoren la cohesión y coordinación territorial y que permitan garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones en todo el Estado.
Dos de los asuntos que se someterán a consenso en este foro serán la agrupación de partidos judiciales y la interoperabilidad de los sistemas informáticos de Justicia de todo el Estado.

El BCE homologa como «elegible» el enlace entre Iberclear y el Depositario portugués, Interbolsa

martes, 18 de febrero de 2020

El BCE homologa como «elegible» el enlace entre Iberclear y el Depositario portugués, Interbolsa

13 de febrero de 2020 bolsasymercados.es

•Las entidades participantes de la filial de BME y sus clientes podrán utilizar los valores elegibles portugueses en operaciones de política monetaria

El Banco Central Europeo (BCE) ha homologado como “elegible” el enlace entre el depositario central de valores español, Iberclear, filial de BME, y el depositario central de valores portugués, Interbolsa, y lo ha incluido en la “List of eligible Links”.

El enlace entre Iberclear e Interbolsa está operativo desde el pasado 25 de marzo. En este enlace, Iberclear actúa como depositario central de valores inversor, por lo que las entidades participantes y sus clientes podrán utilizar los valores elegibles portugueses incluidos en el mismo en operaciones de política monetaria.

De este modo, se extiende a los valores elegibles portugueses el marco de los valores que pueden emplear las entidades participantes de Iberclear como garantía en operaciones de política monetaria, a favor del Banco de España, del Banco Central Europeo o de otros Bancos Centrales Nacionales de la Unión Europea.

Además de Portugal, también están disponibles en el servicio de liquidación y custodia transfronteriza de Iberclear, denominado Cross-Border Services (CBS), los mercados de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Austria. Gracias a este servicio, las entidades financieras españolas pueden registrar y liquidar valores internacionales en estos mercados a través de Iberclear, como punto de acceso único a la plataforma Target2-Securities (T2S), facilitando así una reducción en los costes y procesos al simplificar la cadena de custodia.

Vista del Cabo de Finisterre desde el mirador

lunes, 17 de febrero de 2020

Golpe de la Policía Nacional al mercado negro de tarjetas bancarias en Internet a nivel mundial

lunes, 17 de febrero de 2020

El fraude es uno de los principales delitos cometidos a través de la Red y uno de los más lucrativos

policia.es

Golpe de la Policía Nacional al mercado negro de tarjetas bancarias en Internet a nivel mundial

La investigación ha permitido desarticular una organización internacional responsable de un fraude millonario, con víctimas en todo el mundo y que operaba desde Madrid, donde 36 personas han sido arrestadas

Internet era su campo de actuación, comerciaban con tarjetas bancarias de terceros en la deepweb y la darknet, punto de partida para los ciberinvestigadores

Sólo durante el año pasado, la Policía Nacional ha llevado a cabo diversas operaciones relacionadas con esta misma tipología delictiva, con un resultado de 32 organizaciones o grupos delictivos desarticulados y más de 300 detenidos

Atención a falsos resultados en los buscadores, no enviar fotografías de tu DNI o pagar a través de plataformas seguras son algunas de las pautas básicas de la Policía para proteger nuestro dinero en la Red

15-febrero-2020.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal de origen nigeriano especializada en la falsificación de tarjetas bancarias, fraude a través de Internet, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Sus 36 integrantes han sido detenidos por un fraude que sobrepasa el millón y medio de euros y cuyos afectados residen en un total de 37 países.

Esta investigación es fruto de la estrategia diseñada por la Policía Nacional para luchar contra las redes criminales dedicadas a la comisión de todo tipo de delitos contra el patrimonio a través de Internet y que, unida al resto de las investigaciones llevadas a cabo durante el año 2019, ha permitido desarticular 32 organizaciones o grupos delictivos, con más de 300 detenidos en todo el territorio español.

La operación Market se inició tras un exhaustivo análisis de operaciones con tarjetas bancarias vendidas en foros especializados de carding, que es como se denomina al uso ilegítimo de las tarjetas de crédito pertenecientes a otras personas con el fin de obtener bienes realizando fraude con ellas. Este mismo análisis también se llevó a cabo en los mercados clandestinos darkweb, que es como se conoce al contenido que se puede encontrar en las diferentes redes a las que sólo se puede acceder con programas específicos.

Se expidieron más de 70 tarjetas bancarias fraudulentas

Los investigadores dieron con un punto de compromiso coincidente en la plataforma online de un conocido supermercado. De forma sistemática, el establecimiento soportaba actuaciones ilícitas al haber sido vulnerados todos sus procedimientos de solicitud, verificación y emisión de las tarjetas bancarias y, como consecuencia, se habían expedido más de 70 tarjetas bancarias fraudulentas, con las que se había llevado a cabo un fraude de más de 1.500.000 euros.

En una primera fase, se aportaba documentación con distintas identidades falsas para la emisión de las tarjetas bancarias a la financiera emisora de las tarjetas de pago. Posteriormente, una vez recibidas en los domicilios bajo el control de los investigados, se producía el uso fraudulento de las tarjetas agotando el crédito existente en ellas.

Finalmente, los delincuentes abonaban la deuda generada de forma online aportando numeraciones de tarjetas bancarias extranjeras de origen fraudulento obtenidas en foros privados de internet, así como en la deep web y la darknet. Así es como ciudadanos de 37 países tan dispares como Panamá, Malasia, China o Colombia se han visto afectados por este fraude.

Para vender en el mercado secundario estos productos disponían de perfiles en las principales redes sociales y plataformas de venta entre particulares, en los que los ofertaban a precios sensiblemente inferiores a los originales.

Importantes medidas de seguridad para evitar ser detectados

Entre las medidas interpuestas por la organización para evitar ser detectados por los investigadores se encuentran la utilización de documentos de identidad falsos, diferentes técnicas para hacer anónimas sus actividades por internet o la realización de las compras desde el extranjero. Todo ello en un intento de hacer prácticamente imposible el rastreo de sus actividades por los agentes de la autoridad.

El órgano judicial instructor dispuso la entrada y registro de forma simultánea en los seis domicilios de los principales investigados, repartidos por toda la provincia de Madrid, así como la detención y puesta a disposición judicial de los principales colaboradores, llevándose a cabo un total de 36 detenciones. En los registros efectuados se han recuperado numerosos productos tecnológicos de alta gama comprados fraudulentamente, así como dinero en efectivo, documentos falsificados y material informático dedicado a esta faceta delictiva. También se han intervenido documentos de contabilidad interna empleados por los miembros de la organización.

Durante el año pasado, la Policía Nacional llevó a cabo diversas operaciones relacionadas con esta misma tipología delictiva, con un resultado de 32 organizaciones o grupos delictivos desarticulados y más de 300 personas detenidas.

Pautas básicas de seguridad

Los expertos de la Policía Nacional han elaborado unas pautas básicas de seguridad que permitirán un uso más seguro de Internet y de los medios de pago:

  1. Comprueba que los enlaces patrocinados del buscador te redirigen a la página web oficial y no a otra (aunque sea muy similar)
  2. Desconfía de webs que ofrezcan productos con descuentos increíbles, ofertas relámpago y que se anuncian a través de enlaces patrocinados y plataformas de compra-venta
  3. Asegúrate que en la web están visibles los datos fiscales de la empresa y comprueba que existe, busca en Internet opiniones y referencias
  4. Lee los términos y condiciones, el aviso legal… la “letra pequeña”
  5. Realiza tus pagos a través de plataformas seguras y duda si los métodos de pago de confianza tienen un gran sobrecoste o si no hay teléfono de atención al cliente,
  6. No envíes fotografías de tu documentación personal a desconocidos ni facilites tus datos bancarios por teléfono
  7. En caso de duda, contacta con los perfiles oficiales de la Policía Nacional en Twitter (@policia) y en Facebook (@policianacional)

Times Square. New York.

domingo, 16 de febrero de 2020

La CNMC autoriza en primera fase la toma de control exclusivo de BME por SIX

domingo, 16 de febrero de 2020

La CNMC autoriza en primera fase la toma de control exclusivo de BME por SIX

13 Feb 2020

cnmc.es

La CNMC ha autorizado la adquisición del control exclusivo de Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros (BME) por parte de SIX Group AG (SIX).

La concentración se articula mediante una Oferta Pública voluntaria de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de las acciones de BME, que están admitidas a cotización.

Esta operación fue notificada a la CNMC el pasado 25 de noviembre. La autorización de la CNMC se limita al control de concentraciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia y, por tanto, se entiende sin perjuicio de otras autorizaciones regulatorias que puedan ser preceptivas para la OPA.

Las partes de la operación autorizada son, esencialmente, proveedores de servicios de infraestructura de mercados financieros:
◦La principal actividad de SIX es operar la infraestructura de los mercados de valores de Suiza (el “Six Swiss Exchange”).
◦Por su parte, BME opera infraestructuras similares en España. Da servicio a lo largo de toda la cadena de valor de los mercados de valores españoles, desde la admisión a cotización y la contratación de cualquier instrumento financiero cotizado hasta su compensación y efectiva liquidación y custodia.

De acuerdo con los precedentes de la CNMC y de la Comisión Europea, los mercados de producto en los que operan las partes se delimitan atendiendo a cada tipo de instrumento financiero (valores negociables de renta fija o variable, repos o derivados) y diferenciando en función de la fase de la cadena de valor en la que se ofrecen los servicios (admisión a cotización, contratación, y servicios de post-contratación, esto es, compensación, liquidación y custodia).

La actividad de SIX en estos mercados en el Espacio Económico Europeo, del que Suiza no forma parte, está condicionada por las particularidades de la regulación financiera. Su presencia en el Espacio Económico Europeo es limitada y en España marginal. SIX y BME son fundamentalmente operadores nacionales en sus respectivos países de origen.

Por tanto, la adición de cuotas de mercado resultante de la operación en España y en Europa sería muy modesta, en la medida en que uno y otro grupo operan en ámbitos geográficos esencialmente diferentes. Por su parte, el refuerzo de la integración vertical resultante de la operación, tomando como referencia España y el Espacio Económico Europeo, sería también muy limitado.

Teniendo en cuenta, entre otras, estas consideraciones, la CNMC estima que no cabe esperar que la operación suponga una amenaza para la competencia en los mercados analizados. En consecuencia, ha autorizado la operación a los efectos del control de concentraciones.

Normas y procedimientos de control de las concentraciones.

La CNMC evalúa y autoriza todas las concentraciones y adquisiciones en las que participen empresas con un volumen de negocios o cuota de mercado que supere determinados umbrales (artículo 8 de la Ley de Defensa de la Competencia) para impedir concentraciones que obstaculicen de forma significativa la competencia.

De acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, dichos umbrales se establecen en función de:

Si la empresa resultante adquiere o incrementa una determinada cuota de mercado (art. 8.1 a la Ley 15/2007), que en el supuesto general es del 30% del mercado relevante (de producto y geográfico).

Si supera un determinado volumen de negocios (art. 8.1 b), de forma que la suma de la facturación de ambas en el último ejercicio supere los 240 millones, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente un volumen de negocios superior a 60 millones de euros en España.

La Ley DC contempla también una serie de exenciones en algunos supuestos para el control de las concentraciones. Desde el momento en que se notifica la operación, la CNMC dispone, en general de 1 mes para decidir si la aprueba (fase I) o inicia una investigación pormenorizada (fase II).

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su reunión con miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

sábado, 15 de febrero de 2020

BME reúne en Fráncfort a 17 Mid &Small Caps españolas con inversores europeos

sábado, 15 de febrero de 2020

BME reúne en Fráncfort a 17 Mid &Small Caps españolas con inversores europeos

•Suman un valor de mercado de más de 14.665 millones de euros

bolsamadrid.es

Hoy comienza la décimo tercera edición del Frankfurt European Midcap Event, un encuentro anual en el que BME es patrocinador por tercera vez. El evento tiene como objetivo poner en contacto a compañías de mediana y pequeña capitalización de distintos países europeos con más de 47 inversores interesados en este perfil de emisores.

En total son 17 las compañías asistentes, 4 de ellas, del MAB: Solaria, Indra, CAF, Grenergy, Solarpack, Talgo, Aedas Homes, Audax Renovables, Ebro Foods, Global Dominion, Rovi, Pharma Mar, Neinor Homes, Atrys Health, Kompuestos, Lleida.net y Greenalia. Entre todas suman un valor de mercado superior a los 14.665 millones de euros.

Con esta iniciativa, BME pretende aumentar la visibilidad de los datos fundamentales de estas compañías y su gobierno corporativo en el mercado y facilitar a analistas e inversores el acceso directo a su management, lo que redundará en una mayor liquidez y capacidad de financiación.

Este encuentro internacional complementa las acciones habituales de BME para apoyar a las empresas cotizadas en el mercado español, dándoles en esta ocasión acceso a inversores europeos, principalmente alemanes.

El evento se desarrolla en el marco del proyecto BME 4Companies, cuyo objetivo es facilitar los servicios y herramientas necesarios para que las compañías cotizadas consigan sus objetivos de crecimiento y financiación en el entorno de transparencia y eficacia del mercado de valores.

El Tribunal de Cuentas podrá acceder a la titularidad real de las entidades mercantiles

viernes, 14 de febrero de 2020

El Tribunal de Cuentas podrá acceder a la titularidad real de las entidades mercantiles

13 febrero 2020 – registradores.org

◾ El convenio permitirá al órgano de control consultar la información de los titulares reales de las sociedades mercantiles, las sociedades en las que una persona física es titular real y las sociedades que se encuentran en la cadena de control de otra sociedad

◾Esta vía de comunicación permitirá agilizar el desarrollo de las competencias de la institución, tanto la de fiscalización como la de enjuiciamiento contable, permitiendo, en el caso de la primera, el acceso a información sobre terceros que contraten con el sector público y sobre perceptores de subvenciones públicas; y, en el segundo, una información especialmente útil para la ejecución de las sentencias y para la adopción de medidas cautelares

Esta mañana, María José de la Fuente, presidenta del Tribunal de Cuentas, y María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, han suscrito un convenio de colaboración entre ambas instituciones para el acceso, por parte del Tribunal, a la información contenida en la denominada Declaración de identificación del titular real, un documento mediante el cual las sociedades mercantiles deben identificar ante el Registro Mercantil la titularidad real de las mismas.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España es una Corporación de Derecho público que tiene entre sus fines los de coordinar el ejercicio de la actividad profesional de los registradores, velando por la ética y dignidad profesional y por el correcto ejercicio de sus funciones y procurar con todos los medios a su alcance la permanente mejora de las actividades profesionales de los registradores, promoviendo las medidas que sean necesarias para su progreso y colaborando con Administraciones e Instituciones Públicas en beneficio del interés general.

El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo fiscalizador de la actividad económico-financiera del sector público, así como de los partidos políticos y de las fundaciones y de las demás entidades vinculadas o dependientes de ellos. Esta institución tiene, asimismo, entre sus competencias, el enjuiciamiento de las responsabilidades contables en el que puedan incurrir quienes sean gestores de fondos públicos o perceptores de subvenciones.

En el marco de las citadas competencias y para su adecuada ejecución, el Tribunal de Cuentas necesita tener un acceso ágil y eficiente al Registro Mercantil para la consulta de las titularidades reales de las entidades inscritas. A estos efectos, el Colegio de Registradores ha desarrollado un servicio web que permite la comunicación de las aplicaciones de gestión del Tribunal de Cuentas con los registros mercantiles para, a través de él, acceder, de forma centralizada a la consulta de titularidades reales. También se ha desarrollado como alternativa un portal web para, de forma más sencilla e individualizada, formular las indicadas consultas.

Este acceso resulta de especial interés para el Tribunal de Cuentas ya que, en el caso de su actividad fiscalizadora, favorece, entre otros aspectos, el control de la rendición de cuentas y de la actividad económico-financiera de las sociedades mercantiles públicas; así como el acceso a información relevante sobre terceros que contraten con el sector público, de perceptores de subvenciones públicas y de sociedades mercantiles que se hayan relacionado con entidades que conforman dicho sector.

Por otra parte, este acceso a la titularidad real de las sociedades mercantiles tendrá, en el marco de la función jurisdiccional, una especial utilidad, tanto para la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas, como para la adopción de medidas cautelares derivadas de posibles liquidaciones positivas en la instrucción de los expedientes de responsabilidad contable.