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Archivo de febrero de 2020

In memoriam. Ayo Garvalena

sábado, 29 de febrero de 2020

La deuda de las Administraciones Públicas se redujo hasta el 95,5% del PIB en 2019, mejorando holgadamente su objetivo previsto en el Plan Presupuestario

sábado, 29 de febrero de 2020

18 de febrero de 2020

La deuda de las Administraciones Públicas se redujo hasta el 95,5% del PIB en 2019, mejorando holgadamente su objetivo previsto en el Plan Presupuestario

mineco.gob.es

Gráfico con el Ratio de deuda de las Administraciones Públicas sobre el PIB

El compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal ha permitido que la ratio deuda PIB se haya reducido cuatro décimas más que lo previsto en el Plan Presupuestario
En 2019 la reducción de la ratio deuda PIB fue de 2,1 puntos porcentuales; sumados al punto que se redujo en 2018 suponen una disminución en dos años muy superior a la lograda en el periodo 2014-2017

Según los datos del Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas se redujo en 2019 hasta el 95,5 del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone una reducción de 2,1 puntos porcentuales sobre el cierre de 2018 y la cifra más baja desde 2012.

El proceso de consolidación fiscal impulsado por el Gobierno está permitiendo la reducción sostenida de la ratio de deuda pública sobre el PIB. Así, la disminución en 2019 ha sido cuatro décimas superior al objetivo remitido en octubre por el Gobierno a la Comisión Europea en el Plan Presupuestario de 2020, que era del 95,9% del PIB.

El esfuerzo en la reducción de la deuda de 2,1 puntos porcentuales en 2019 se suma al registrado en 2018, en el que la disminución fue de 1 punto. La reducción lograda en estos dos años, de 3,1 puntos porcentuales, es muy superior a la del periodo 2014-2017, en el que la ratio bajó 2,1 puntos, de 100,7% a 98,6%.

Esta disminución ha sido posible gracias al importante descenso de la emisión neta del Tesoro, que se situó el pasado año por debajo de los 20.000 millones de euros, la menor cifra desde 2007, a la confianza de los inversores en la economía española, que se está traduciendo en una reducción sostenida de la prima de riesgo, y a la gestión más eficiente de la tesorería de las Administraciones Públicas.

En diciembre de 2019 la deuda de las Administraciones Públicas, según el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), alcanzó un saldo de 1.188.893 millones de euros.

Las Palmas de Gran Canaria. Vista panorámica desde el extremo de la playa de las Canteras

viernes, 28 de febrero de 2020

CEOE y Cepyme advierten de que la reforma de la subcontratación de Trabajo desborda lo laboral e impactará en el modelo productivo

viernes, 28 de febrero de 2020

19 feb 2020
Comunicado
CEOE y Cepyme advierten de que la reforma de la subcontratación de Trabajo desborda lo laboral e impactará en el modelo productivo
Asuntos Legislativos
ceoe.es
La Junta Directiva de CEOE, reunida este miércoles, ha abordado varias cuestiones muy relevantes de la esfera laboral que, trascendiendo a este ámbito, pueden incidir de forma directa y grave en el propio funcionamiento de la economía de nuestro país y de Europa.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto la modificación inminente de algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el que regula la subcontratación de obras y servicios (artículo 42), pese a que este punto no fue objeto de la última reforma laboral.
Las empresarias y los empresarios españoles siempre hemos defendido el valor de las personas trabajadoras como elemento clave para la competitividad de las empresas. Sin embargo, esta propuesta, en sus actuales términos, podría aparejar graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo, y por ello no podemos secundarla.
En la actualidad, la economía española y europea se basan en un modelo ya consolidado de descentralización y colaboración, en el que la mayor parte de las empresas y sectores delegan en diferentes niveles de subcontratación tareas y servicios especializados, logrando una mayor eficiencia y adaptación al entorno. Esto ha generado un tejido empresarial muy sólido.
Sin embargo, una reforma que limite las opciones de descentralización hará prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas españolas.
Concretamente, si el Ministerio de Trabajo aprobara su propuesta para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo.
A esto se añade que no sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo que generan estas empresas, máxime en el actual contexto de desaceleración. Por tanto, vemos claramente que la solución planteada por el Ministerio podría generar riesgos no medidos.
Con todo, después de un profundo análisis, efectivamente existen unos efectos no deseados de la reforma laboral de 2012 que se circunscriben a la posibilidad de regular por convenio de empresa los salarios de los trabajadores. Esto ha dado lugar a que un reducido número de estos convenios establezca salarios por debajo del convenio sectorial, que ni amparamos ni compartimos.
Para eliminar este efecto no deseado y no hacer desaparecer de nuestro ordenamiento una figura clave como es la subcontratación, desde CEOE y Cepyme proponemos que las condiciones salariales y de jornada de las personas trabajadoras se regulen en estos casos a través de la negociación colectiva sectorial, legitimando al convenio de empresa a regular las cuestiones que conciernen a su organización interna.
Efectos del Salario Mínimo
Por otro lado, como ya habían anunciado ambas organizaciones, tras analizar los efectos de la última subida del salario mínimo (SMI) hasta los 950 euros, han corroborado que está teniendo un impacto negativo en el sector de las empresas que prestan servicios a la Administración, al no estar indexados los contratos públicos al SMI.
También en el empleo del sector agrario, en el que esta subida ahonda en los problemas de costes que arrastra el campo desde hace años.
Por ello, CEOE y Cepyme han vuelto a mostrar toda su solidaridad y apoyo en estos dos ámbitos.

Estatua de la Libertad

jueves, 27 de febrero de 2020

Dolores Delgado toma posesión de su cargo de fiscal general del Estado

jueves, 27 de febrero de 2020

Miércoles, 26 de febrero de 2020

Dolores Delgado toma posesión de su cargo de fiscal general del Estado

En el acto celebrado en el Salón del Plenos del Tribunal Supremo, ha sido apadrinada por el magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha acogido este miércoles el acto de toma de posesión de Dolores Delgado García como fiscal general del Estado, que ha sido presidido por el presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Delgado ha sido apadrinada por el exfiscal general del Estado, exmagistrado del Tribunal Supremo y magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido.

La nueva fiscal general se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e ingresó en la Carrera Fiscal en febrero de 1990, teniendo como primer destino la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona, donde permaneció hasta 1993, fecha en la que fue destinada a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.

Entre abril de 2004 y septiembre de 2005 estuvo destacada temporalmente en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de junio a diciembre de 2006 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En enero de 2007 pasó a ocupar plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde ejerció sus funciones hasta que en julio de 2018 fue nombrada ministra Justicia.

El pasado 16 de enero, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial consideró por 12 votos a 7 que Delgado reunía los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado, cargo para el que había sido propuesta dos días antes por el Consejo de Ministros.

El órgano de gobierno de los jueces cumplía así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Gobierno aprueba un proyecto de ley que refuerza la seguridad jurídica en el uso de servicios electrónicos de confianza

jueves, 27 de febrero de 2020

18 de febrero de 2020

El Gobierno aprueba un proyecto de ley que refuerza la seguridad jurídica en el uso de servicios electrónicos de confianza

mineco.gob.es

Foto Ministerio Economía, Industria y Competitividad La norma se refiere a servicios como el sello electrónico de personas jurídicas, la entrega electrónica certificada o la autenticación de sitios web
Entre otros aspectos, regula la comprobación de la identidad de los solicitantes de un certificado cualificado por parte de los prestadores, el tiempo máximo de vigencia de los certificados y los efectos jurídicos de los documentos electrónicos
Complementa el reglamento comunitario y adapta el ordenamiento jurídico nacional a la normativa europea, reforzando la seguridad jurídica y la confianza en este ámbito

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, por el que adapta el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario. Se refuerza así la seguridad jurídica y se da un paso más en la ordenación del proceso de digitalización de la economía y la sociedad, en beneficio de los ciudadanos.

En concreto, este proyecto se refiere a servicios electrónicos de confianza como la firma y sello electrónicos de personas físicas y jurídicas, o el sello de tiempo electrónico, que son utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y Administraciones públicas.

Su objetivo es complementar al Reglamento de la UE nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios electrónicos, en aplicación desde el 1 de julio de 2016. Este reglamento prevé que determinados aspectos técnicos y de organización interna se establezcan por parte del legislador nacional.

De esta manera, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno regula, entre otros aspectos:
La comprobación de la identidad y atributos de los solicitantes de un certificado cualificado
El régimen de responsabilidad y de previsión de riesgo de los prestadores de servicios
El tiempo máximo de vigencia de los certificados
El tiempo de conservación de los datos de prestación de servicio
Los efectos jurídicos de los documentos electrónicos, cuando se haya utilizado un servicio de confianza cualificado.
Un nuevo régimen sancionador ampliado al conjunto de los servicios de confianza y adecuado al reglamento europeo

Además, designa al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como organismo responsable de la supervisión de los prestadores de servicios de confianza y de la construcción de la Lista de Servicios de Confianza.

España es el país de la UE con mayor número de prestadores de servicios cualificados, entre los que están la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la Dirección General de la Policía

El Bodón. Valverde. León

miércoles, 26 de febrero de 2020

Detenidas 47 personas en 15 provincias por la importación, manipulación y venta de medicamentos sin control sanitario

miércoles, 26 de febrero de 2020

Operación conjunta de Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil contra el tráfico ilegal de medicamentos

Detenidas 47 personas en 15 provincias por la importación, manipulación y venta de medicamentos sin control sanitario

Martes 25 de febrero de 2020

lamoncloa.gob.es

Efectivos de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo conjuntamente la primera fase de una importante operación contra el tráfico ilegal de medicamentos en la que han sido detenidas 47 personas, todas de nacionalidad española, excepto un súbdito portugués.

La operación se ha llevado a cabo en Madrid, Alicante, Gerona, Barcelona, Tarragona, Valencia, Almería, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga, León, Salamanca, Valladolid y Canarias. Se les imputan delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, estafa, contrabando y blanqueo de capitales.

El cabecilla de esta organización delictiva, el ciudadano español A.D.G., ha sido detenido en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), desde donde dirigía la misma, a la vez que se ocultaba con tres órdenes de detención internacionales en vigor por distintos delitos, todo ello gracias a la rápida coordinación de la Agregaduría de Interior de España y a las autoridades emiratíes, que ha permitido su inmediata extradición.

La investigación comenzó hace más de un año, a raíz de la colaboración ciudadana mediante una denuncia anónima, a partir de la cual se comenzaron a seguir distintos envíos aduaneros procedentes de Malasia que pudiesen contener principios activos de medicamentos sin ser declarados como tales.

Tadalafilo y Sildenafilo como complementos alimentarios

EstaMinisterio de Hacienda organización criminal importaba fármacos en grandes cantidades desde Malasia, siempre declarados falsamente como complementos alimentarios y plantas naturales para sortear los controles aduaneros y comercializados posteriormente como vigorizantes 100% naturales, cuando en realidad se trataba, como ha quedado constatado en distintos análisis, de potentes fármacos como el Tadalafilo y el Sildenafilo, vasodilatadores destinados al tratamiento de la disfunción eréctil.

La ingesta de estos productos sin la supervisión médica puede provocar infarto de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebro vascular e incluso muerte súbita.

A la vista de los resultados de estos análisis, la Agencia Española del Medicamento retiró del mercado determinados productos declarados como ‘naturales’, cuyo contenido no se correspondería con su composición, pudiendo ser altamente peligrosos para la salud de los consumidores.

Los cabecillas de esta organización, plenos conocedores de los efectos de estos productos debido a las quejas de clientes y a las continuas retiradas del mercado por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, se limitaban a cambiar los nombres comerciales y los empaquetados, continuando con su distribución y venta en una amplia red de establecimientos tipo herbolarios, sex shops y gimnasios, y también por internet. Entre las marcas intervenidas se encuentran 150 presentaciones diferentes.

500.000 euros en efectivo y 59 páginas web intervenidas

De manera global, esta primera fase de la operación se ha saldado con actuaciones en 15 provincias, destacando 12 registros domiciliarios y 55 inspecciones en locales y naves, que han llevado consigo la intervención de más de 500.000 euros en efectivo, 39 cuentas corrientes -dos de ellas en el extranjero-, siete vehículos de alta gama valorados en más de 300.000 euros y dos armas de fuego.

Igualmente se realizó el bloqueo de 59 páginas web dedicadas a la venta de este tipo de productos, quedando constatado por los investigadores que se ha surtido de este tipo de productos a todo el territorio nacional, así como a países como Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Rusia.

También se ha intervenido más de 200.000 cajas o empaquetados de diferentes presentaciones, todos ellos con nombres e inscripciones relativos a productos 100% naturales, así como 400.000 cápsulas de productos pendientes de analizar y varias etiquetadoras.

Más de 400 funcionarios y agentes

Hay que resaltar la estrecha colaboración de los investigadores de los tres cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria), en la que finalmente han participado más de 400 funcionarios y agentes de los tres cuerpos participantes, coordinados por el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante.

Calle Virgen de los Peligros. Madrid

martes, 25 de febrero de 2020

Salvador Illa anuncia una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

martes, 25 de febrero de 2020

Salvador Illa anuncia una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Lunes 24 de febrero de 2020

lamoncloa.gob.es

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado la convocatoria, mañana a partir de las 16.30 horas, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de ofrecer la información disponible y coordinar medidas con las comunidades autónomas.

El ministro ha hecho este anuncio tras la reunión habitual del Comité de seguimiento y evaluación del coronavirus. Asimismo, esta tarde, se celebra una reunión del Centro Europeo de Control de Enfermedades en la que se unificarán criterios con los países de la Unión Europeo. «Es importante coordinarse con las comunidades autónomas y a nivel europeo y reforzar las medidas de sensibilización y detección precoz», ha subrayado el ministro.

Illa también ha informado que, desde ayer, se han evaluado en España 9 posibles casos, 6 de los cuales han sido descartados y 3 se encuentran en estudio. Por lo tanto, «en estos momentos no hay ningún caso de coronavirus confirmado en nuestro país».

El ministro de Sanidad ha transmitido un mensaje de tranquilidad y confianza en el Sistema Nacional de Salud y sus profesionales y ha recordado que se sigue trabajando bajo los cuatro criterios marcados inicialmente: seguimiento diario de la situación, tomar decisiones basadas en la evidencia científica, coordinación con las comunidades autónomas y Europa y total transparencia informativa.

Más información: Ministerio de Sanidad .

El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas

martes, 25 de febrero de 2020

Miércoles, 12 de febrero de 2020

El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas

La Sala de lo Penal destaca la importancia de este tipo de denuncias en las que el autor opta por el anonimato

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “notitia criminis” en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también denominado ‘whistleblowing’, ha sido incluido en la reciente directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión.

En su sentencia, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Tercera, que condenó por un delito de estafa a cinco de los acusados a la pena de dos años de prisión y a nueve meses de prisión a un sexto como cómplice.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, ha rechazado el recurso interpuesto por los condenados que propugnaban su absolución, así como el de la acusación particular en cuanto a la responsabilidad civil fijada en la sentencia.

Los hechos probados recogen que tres trabajadores de una empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector de chatarrería.

De esta manera, los trabajadores, encargados de clasificar la chatarra por categorías y de establecer el porcentaje de descuento por estériles mezclados con la chatarra útil para la transformación en acero, cuando llegaba la carga de chatarra a la empresa transformadora efectuaban un descuento por estériles muy inferior a la cantidad que realmente estaba mezclada con la chatarra útil de manera que su propia empresa pagaba por chatarra convertible estériles inservibles para la transformación.

Ello ocasionó un fraude tasado en la responsabilidad civil de 456.340’27 euros, en el caso de un grupo de condenados, y otra de 340.650’66 euros, en otro grupo.

La Sala destaca que el origen de la investigación surge de una denuncia anónima recibida en el departamento de recursos humanos de la empresa que advertía de que se estaban realizando maniobras fraudulentas en las entregas y clasificación de la chatarra, lo que dio pie a una investigación interna que acabó en el descubrimiento de los hechos.

Destaca el Tribunal Supremo y valida el uso de las “denuncias anónimas” para la detección de ilícitos penales que sea corroborada, como aquí ocurrió, con la posterior investigación interna en la empresa y policial. Así, apunta La sala Penal que: “Importancia tiene la denuncia llevada a cabo y en la que, con la inexistencia de un programa de cumplimiento normativo interno, sí que resulta notablemente interesante que en el periodo de los hechos probados se lleve a cabo una mecánica de actuación ‘ad intra’ en el seno de la empresa que ha sido recientemente regulada en el denominado “canal de denuncias interno” o, también denominado ‘whistleblowing’, y que ha sido incluido en la reciente Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”.

Sobre esta necesidad de implantar estos canales de denuncia, y que se vio en este caso con una alta eficacia al constituir el arranque de la investigación como “notitia criminis” se recoge por la doctrina a este respecto que la Directiva se justifica en la constatación de que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas infracciones denuncia.

En definitiva, añade la sentencia, se busca reforzar la protección del whistleblower y el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información reconocida en el art. 10 CEDH y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y con ello incrementar su actuación en el descubrimiento de prácticas ilícitas o delictivas, como en este caso se llevó a cabo y propició la debida investigación policial y descubrimiento de los hechos. Debe destacarse, en consecuencia, que la implantación de este canal de denuncias, forma parte integrante de las necesidades a las que antes hemos hecho referencia del programa de cumplimiento normativo, ya que con el canal de denuncias quien pretenda, o planee, llevar a cabo irregularidades conocerá que desde su entorno más directo puede producirse una denuncia anónima que determinará la apertura de una investigación que cercene de inmediato la misma.

“En el caso ahora analizado una denuncia interna -señala la sentencia-, al modo del canal de denuncias aquí expuesto, provoca la apertura de la investigación que desemboca en el descubrimiento de las operaciones que estaban realizando los recurrentes durante el periodo de tiempo indicado en los hechos probados, y que causó el perjuicio económico que se ha considerado probado”.

“Resulta, pues, necesaria -añaden los magistrados- la correlación entre el programa de cumplimiento normativo en la empresa para evitar y prevenir los delitos cometidos por directivos y empleados ‘ad intra’, como aquí ocurrió con los tres empleados, a fin de potenciar el control interno y el conocimiento de directivos y empleados de la posibilidad de que dentro de su empresa, y ante el conocimiento de alguna irregularidad, como aquí ocurrió perjudica a la propia empresa, y, al final, a los propios trabajadores, si el volumen de la irregularidad podría poner en riesgo y peligro hasta sus propios puestos de trabajo, pero más por el propio sentimiento de necesidad de la honradez profesional y evitación de actividades delictivas, o meras irregularidades en el seno de la empresa, circunstancia que de haber existido en este caso hubiera cortado la comisión de estos hechos, aunque sin que por su ausencia, por falta de medidas de autoprotección, derive en una exención de responsabilidad penal, como se propone en este caso por el recurrente.”

Con ello, la Sala penal valida la utilidad y eficacia de las denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de una empresa, o entidades, prácticas delictivas sin necesidad de que se identifique el autor de la denuncia anónima, sino que tendrá eficacia con la puesta en conocimiento del hecho para permitir la investigación interna.

Calle de la Abada

lunes, 24 de febrero de 2020

Un juzgado exime al Ayuntamiento de Llanes de pagar a los propietarios de un hotel los 19 millones de euros que les ha costado la demolición de su ampliación

lunes, 24 de febrero de 2020

Viernes, 21 de febrero de 2020

Un juzgado exime al Ayuntamiento de Llanes de pagar a los propietarios de un hotel los 19 millones de euros que les ha costado la demolición de su ampliación

La sentencia, que no es firme, considera, según jurisprudencia, que la solicitud de la reclamación patrimonial al consistorio está fuera de plazo

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo ha dictado una sentencia por la que desestima el recurso presentado por la representación legal de los propietarios del Hotel Kaype de Llanes contra el Ayuntamiento de la misma localidad, por silencio administrativo a su reclamación de responsabilidad patrimonial, donde se solicitaba una indemnización de 19 millones de euros por los daños y perjuicios derivados de la demolición de la ampliación del establecimiento hotelero.

El derribo de la ampliación del hotel, situado en la playa de Barro del concejo llanisco, se produjo como consecuencia de la anulación judicial, tanto del permiso para agrupar varias fincas como de la licencia de obras posterior. Esta última fue declarada ilegal de manera firme por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 28 de mayo de 2015 y, como consecuencia de la misma, indica la jueza en esta sentencia, “era ineludible la demolición de lo edificado” y los propietarios «lo sabían».

Para la magistrada, “no es necesario esperar al derribo de la edificación cuya licencia ha sido objeto de anulación para conocer el alcance, la trascendencia e importancia de los daños que pueden ser objeto de reclamación”. De esta forma, el plazo para presentar cualquier reclamación de responsabilidad patrimonial habría comenzado ese 28 de mayo de 2015, prolongándose durante un año. Sin embargo, no fue hasta el 14 de diciembre de 2018 cuando lo presentaron, con lo que, de acuerdo a la jurisprudencia existente, su recurso “se encontraría totalmente fuera de plazo”.

Contra la sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de apelación para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Instituto Valle Inclán. Pontevedra

domingo, 23 de febrero de 2020

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley para el establecimiento de un marco seguro de pruebas (sandbox) para la innovación tecnológica en el ámbito financiero

domingo, 23 de febrero de 2020

18 de febrero de 2020

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley para el establecimiento de un marco seguro de pruebas (sandbox) para la innovación tecnológica en el ámbito financiero
mineco.gob.es
Imagen del artículo El proyecto normativo establece un marco de regulación y supervisión adecuados al nuevo contexto digital, garantizando que la innovación es segura y beneficia a los ciudadanos
El sandbox, o espacio controlado de pruebas, estará sometido a la vigilancia de los supervisores, se articulará bajo un esquema que garantiza la seguridad y proporciona flexibilidad, y permitirá mejorar la supervisión e informar posibles cambios en materia de política financiera
España se suma a otros países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero, en línea con las recomendaciones de las instituciones internacionales

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley para la creación de un sandbox, o espacio controlado de pruebas, para acompañar la transformación digital del sistema financiero. El proyecto, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, establece un entorno jurídico adecuado para garantizar que el proceso innovador en el ámbito financiero se desarrolla de forma eficaz y segura para los usuarios.

El sandbox permitirá llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero con pleno acomodo en el marco legal y supervisor.

Esta iniciativa responde a la necesidad de impulsar la innovación como elemento esencial para un desarrollo económico sostenible y equitativo. Asimismo, se garantiza que el cambio tecnológico protege al consumidor de servicios financieros, mantiene la estabilidad financiera y la integridad de los mercados e impide la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

España se suma a otros países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero y da respuesta a las recomendaciones de diversas instituciones y foros internacionales.

Condiciones seguras para pruebas de innovación financiera

El sandbox introduce condiciones seguras para que puedan probarse innovaciones financieras de base tecnológica bajo la vigilancia de los supervisores y con máximas garantías para los participantes. De esta forma, se establece que los participantes en las pruebas tendrán que prestar su consentimiento expreso, los promotores del proyecto deberán disponer de garantías para cubrir posibles daños o perjuicios y el proyecto contará con el seguimiento y diálogo continuo con la autoridad supervisora.

Otro de los rasgos principales del sandbox es que se articula mediante un esquema jurídico ley-protocolo. El marco general se establece en la ley, garantizando la seguridad, y el protocolo acordado entre el promotor y los supervisores proporciona flexibilidad, estableciendo el alcance, la duración y otros aspectos concretos de cada prueba.

Asimismo, este espacio controlado de pruebas permitirá mejorar las capacidades supervisoras y acompasar la legislación financiera con la transformación digital. Se contempla también una pasarela de acceso, para la implantación del proyecto mediante un procedimiento abreviado de autorización, siempre que las autoridades estimen que la información y el conocimiento adquiridos durante la realización de las pruebas permitan un análisis simplificado del cumplimiento de los requisitos.

Por lo que respecta a los proyectos elegibles, únicamente podrán acceder al espacio de pruebas aquellos que aporten una innovación de base tecnológica al sector financiero, estén suficientemente avanzados y demuestren que aportan valor añadido en aspectos como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la clientela, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

El texto normativo establece un sistema de rendición de cuentas, mediante el envío de un informe anual a las Cortes Generales sobre la transformación digital del sistema financiero. Este informe no solo hará posible comunicar las actuaciones de las distintas autoridades en la materia, incrementando así la transparencia, sino que será una valiosa fuente de información para la actualización permanente de la legislación a la luz de la incidencia de los nuevos desarrollos.

Otras medidas del proyecto normativo

La propuesta normativa incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, que garantice que los requisitos exigidos sean proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando la igualdad de trato a todas las entidades.

Se impulsa la comunicación ágil con las autoridades y la seguridad jurídica, a través de un canal de comunicación directa entre empresas y autoridades financieras y un mecanismo de consulta sobre dudas en la aplicación de la legislación.

Finalmente, se aumentan los mecanismos de cooperación internacional de España en la materia, contemplándose la posibilidad de establecer convenios entre autoridades de distintas jurisdicciones para utilizar en común los mecanismos que la ley prevé.

Beatriz Corredor Sierra, Presidenta de Red Eléctrica de España

sábado, 22 de febrero de 2020

Ocho operadores de sistemas eléctricos europeos lanzan una plataforma para gestionar el equilibrio entre la generación y la demanda

sábado, 22 de febrero de 2020

Ocho operadores de sistemas eléctricos europeos lanzan una plataforma para gestionar el equilibrio entre la generación y la demanda

10.01.2020 ree.es

Esta nueva plataforma multilateral de servicios de balance permitirá una gestión aún más eficiente de las energías de balance, contribuyendo a reducir el precio final de la energía y a optimizar la integración de la generación renovable en Europa.
Su implementación en España sustituirá al actual mercado nacional de gestión de desvíos y al sistema bilateral de servicios transfronterizos de balance utilizado con Francia y con Portugal, desde junio de 2014.
Ocho operadores de sistemas eléctricos (TSOs) europeos han lanzado la plataforma europea de energías de balance TERRE que permite gestionar de forma coordinada en el ámbito europeo el equilibrio entre la generación y la demanda de electricidad, tras los ajustes de los programas en el mercado intradiario.
La plataforma TERRE, apoyada en el uso del sistema informático LIBRA y de las interconexiones internacionales, permitirá una gestión aún más eficiente de las energías de balance, al sustituir los mercados nacionales de balance y los mecanismos bilaterales de intercambio de energías de balance entre sistemas interconectados vecinos, por un sistema multilateral de ámbito europeo.
Su uso contribuirá a reducir el precio final de la energía y optimizará la integración de la generación renovable en Europa. Supone así, un paso decisivo en la implantación del mercado interior de la electricidad en Europa.
La puesta en marcha de esta plataforma es el resultado de un esfuerzo conjunto de los operadores de los sistemas eléctricos de España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suiza. Además, su aplicación dará cumplimento a los requerimientos recogidos en el artículo 19 del Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión Europea, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el balance eléctrico (Reglamento EB).
El TSO checo CEPS ha sido el primero en utilizar esta nueva plataforma TERRE. España, que gestiona desde junio de 2014 servicios transfronterizos de balance de manera bilateral con Francia y con Portugal, comenzará a utilizar esta plataforma transnacional en el primer trimestre del 2020. El resto de operadores tienen previsto hacerlo a lo largo del 2020 y 2021.

CEOE y Cepyme piden armonizar la política fiscal con la UE para evitar pérdidas de competitividad de las empresas españolas

sábado, 22 de febrero de 2020

CEOE y Cepyme piden armonizar la política fiscal con la UE para evitar pérdidas de competitividad de las empresas españolas
Madrid, 19 de febrero de 2020
cepyme.es
La Junta Directiva de CEOE ha valorado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de los proyectos de Ley sobre las tasas que prevén gravar determinados servicios digitales y las transacciones financieras.
En lo que se refiere al impuesto digital para que grandes compañías tributen en el mercado español, en CEOE y Cepyme, como parte de la patronal europea Business Europe, consideramos que debe abordarse de forma armonizada desde la UE para evitar que afecte a la competitividad de España.
Advertimos también de la necesidad de que, en todo caso, se evite que acabe afectando a empresas españolas que ya pagan impuestos y que se encontrarían en una situación de doble imposición.
Del mismo modo, la segunda de las tasas impulsadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, la conocida como Tasa Tobin, castiga de forma clara a las empresas españolas que operan en mercados regulados dentro del país.
Por ello, estimamos que este nuevo impuesto puede acabar expulsando muchas inversiones hacia otros países o hacia mercados no regulados, y es por ello por lo que volvemos a reclamar una armonización con el resto de los países europeos.
CEOE y Cepyme, a través de nuestra Vicepresidencia de la patronal europea Business Europe, ofrecemos la necesaria colaboración para transitar ese camino de armonización fiscal.

Edificio Castro Monteagudo. Pontevedra

viernes, 21 de febrero de 2020

Campo pide a las asociaciones de jueces y fiscales su cooperación para sacar adelante el Plan Justicia 2030

viernes, 21 de febrero de 2020

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
mjusticia.gob.es
Reunión con los representantes de los colectivos
Campo pide a las asociaciones de jueces y fiscales su cooperación para sacar adelante el Plan Justicia 2030
• El ministerio se compromete a contar con las aportaciones de los profesionales para avanzar en la reforma del servicio público
19 de febrero de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido esta tarde con los representantes de las ocho asociaciones de jueces y fiscales para retomar el diálogo con estos colectivos en el arranque de la XIV legislatura. El ministro les ha pedido cooperación y voluntad de acuerdo para llevar a cabo el Plan Justicia 2030 que marcará la actuación del Ministerio de Justicia en esta legislatura para la transformación del servicio público.
El plan tiene como objetivos consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio. Campo les ha pedido un esfuerzo conjunto y les ha ofrecido toda la colaboración del ministerio para sacar adelante este programa cuyo fin es colocar la Administración de Justicia a un nivel de desarrollo equiparable al de otros servicios públicos avanzados.
Con objeto de recabar sus aportaciones, el ministerio remitirá a las asociaciones profesionales un cuestionario en el que deberán recoger aquellas líneas estratégicas concretas que, según su criterio, deberían contemplarse en el plan. Posteriormente, se celebrarán reuniones de trabajo para definir las actuaciones y trazar la hoja de ruta del plan. Campo se ha comprometido a aprobarlo en el Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha.
Además del ministro, han asistido a esta reunión el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente; la directora del Gabinete del Ministro, Amaya Arnáiz y la directora general para el servicio público de Justicia, Concepción López-Yuste.
Por parte de los colectivos, han acudido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar; el portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega; el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández; la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez; la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato; el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago; y el presidente de la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos, Carlos Ballesteros.

La inflación sube hasta el 1,1% en enero por la energía

viernes, 21 de febrero de 2020

14 de febrero de 2020

mineco.gob.es

La inflación sube hasta el 1,1% en enero por la energía

Imagen del artículo Se mantiene el diferencial favorable para España respecto a la zona euro y se sitúa en 0,3 puntos porcentuales

La tasa interanual del IPC general aumentó tres décimas en enero de 2020 respecto a la del mes anterior, hasta el 1,1%.

Los precios de los productos energéticos se estabilizaron en enero tras los descensos de los meses precedentes, debido principalmente a la menor reducción de los precios de la electricidad (casi 4 puntos hasta el -12,5%) y, en menor medida a la aceleración de los precios de carburantes y combustibles, que crecieron el 5,2%, frente al 4,1% del mes anterior.

Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 3,5% interanual, seis décimas más que en diciembre de 2019, debido fundamentalmente al incremento de los precios del pescado fresco o refrigerado, que crecieron el 9,4% frente al 2,2% el mes anterior.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos), se mantiene en el 1% por quinto mes consecutivo, debido a la práctica estabilidad de las tasas de crecimiento de sus principales componentes. Las de los precios de bienes industriales no energéticos y de alimentación elaborada aumentaron una y dos décimas, hasta el 0,3% y el 1%, respectivamente, y la de los servicios disminuyó dos décimas, hasta el 1,4%.

En enero, la tasa interanual del IPC aumentó respecto a la de diciembre en todas las comunidades autónomas, menos en la Comunidad de Madrid en la que se mantuvo en el 0,9% y en Navarra, dónde disminuyó una décima, hasta el 1,2%. Los mayores aumentos se produjeron en Canarias, seis décimas hasta el 1,1%, y cinco décimas en Andalucía, hasta el 1%, Asturias, 0,9%, Castilla-La Mancha, 1,4%, Galicia,1,2%, y Murcia, 1,2%.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en enero en el 1,1%, igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de enero, cuya tasa interanual ha aumentado tres décimas, hasta situarse en el 1,1%. La inflación adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en el mismo periodo en el 1,4%, resultando un diferencial favorable para España de 0,3 puntos porcentuales.

Museo de Historia Natural de New York. Ballena Azul. Milstein Hall of Ocean Life

jueves, 20 de febrero de 2020

La CNMC inicia un expediente sancionador contra siete empresas vinculadas al mercado de intermediación inmobiliaria

jueves, 20 de febrero de 2020

La CNMC inicia un expediente sancionador contra siete empresas vinculadas al mercado de intermediación inmobiliaria

19 Feb 2020

cnmc.es

◦Analiza la posible coordinación de precios y otras condiciones comerciales en sus actividades.
◦Algunas de ellas especializadas en servicios informáticos y que habrían diseñado los software de gestión inmobiliaria de las franquicias y sus algoritmos.
◦El uso de algoritmos habría tenido especial relevancia en la conducta ilícita que se investiga.

La CNMC ha incoado un expediente sancionador contra siete empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de la intermediación inmobiliaria. Esta decisión se adopta tras las inspecciones llevadas a cabo en noviembre de 2019 (nota de prensa relativa a las inspecciones).

Tales prácticas consistirían en la coordinación de precios y otras condiciones comerciales por parte de intermediarios inmobiliarios. Esta coordinación se habría instrumentado, entre otros medios, a través del uso de software y de plataformas informáticas y habría sido facilitada por empresas especializadas en soluciones informáticas a través del diseño del programa informático de gestión inmobiliaria y de sus algoritmos.

En concreto las actuaciones se realizan contra CDC Franquiciadora Inmobiliaria SA; Look & Find primera red inmobiliaria SA; Aplicaciones Inmovilla SL; Idealista SA; Witei Solutions SL; Anaconda Services and Real Estate Technologies SL; y Servicio Multiple de Exclusivas Inmobiliarias SL (MLS). El motivo es la existencia de posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC), así como en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Se inicia así un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia. Puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.

Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de Clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.

Además, la CNMC dispone de una plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles mediante la aportación de información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.

Asimismo, se recuerda, respecto de la prohibición de contratar establecida en el artículo 71 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia, que el artículo 72.5 de la misma Ley recoge una excepción para las empresas solicitantes de clemencia.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsará mejoras tecnológicas para ampliar las funcionalidades del servicio 112

jueves, 20 de febrero de 2020

14 de febrero de 2020

mineco.gob.es

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsará mejoras tecnológicas para ampliar las funcionalidades del servicio 112

Se inicia el proceso de consulta pública para la revisión de la normativa de telecomunicaciones reguladora del acceso a los servicios de emergencia
La actualización de la normativa vigente permitirá a los ciudadanos disponer de un servicio 112 de atención pública más efectivo
Se podrán desarrollar sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha iniciado la revisión de la normativa reguladora del acceso a los servicios de comunicaciones de emergencia 112. La actualización de la normativa permitirá a los ciudadanos disponer de un servicio 112 de atención pública con más funcionalidades y efectivo para situaciones de necesidad personal o colectiva.

La reforma legal forma parte del proceso de transposición de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Con este objetivo, se ha iniciado una consulta pública para modificar el Real Decreto 903/1997 de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112. La modificación normativa prevé la incorporación de nuevas soluciones técnicas para servicios de emergencias, así como la revisión del encaje regulatorio.

Los elementos centrales de la nueva normativa facilitarán una sustancial mejora en la atención a los ciudadanos ante situaciones de emergencia. España, con el lanzamiento de la presente consulta pública, aspira a un alineamiento temprano siendo pionero dentro de Europa en la implantación de servicios públicos de atención a los ciudadanos en situaciones de crisis.

Se prevé introducir modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112 en aquellos casos que pueda ser facilitada por los dispositivos desde los que realice la llamada. La ubicación del ciudadano en situación de emergencia con una mayor precisión facilitará una intervención más rápida de los servicios públicos y mayores garantías de éxito en la misma.

La revisión permitirá también el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias. Así, dentro de la consulta pública, se recogerán también aportaciones para el desarrollo de un marco legal para la implantación de un sistema de envío de alertas a la población, servicio 112 inverso. Este sistema permitirá el envío a través del móvil de alertas a todos los usuarios presentes en una zona determinada en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes en curso.

Los sistemas de alerta públicos están previstos que sean implementados por los proveedores de servicios móviles de comunicaciones, en coordinación con Protección Civil, con el fin de que las autoridades públicas puedan emitir mensajes a la población afectada.

Casa de América. Madrid

miércoles, 19 de febrero de 2020

El CGPJ y el Colegio de Registradores firman un convenio que permitirá a los jueces conocer la titularidad real de las sociedades mercantiles

miércoles, 19 de febrero de 2020

Lunes, 17 de febrero de 2020

El CGPJ y el Colegio de Registradores firman un convenio que permitirá a los jueces conocer la titularidad real de las sociedades mercantiles

El acuerdo cumple la normativa comunitaria y supone un avance en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El CGPJ y el Colegio de Registradores firman un convenio que permitirá a los jueces conocer la titularidad real de las sociedades mercantiles

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, María Emilia Adán García, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los juzgados y tribunales acceder a datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles a través de dos sistemas alternativos ofrecidos por el Colegio de Registradores. La firma de este acuerdo, que ha tenido lugar hoy en la sede del CGPJ, supone un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En cumplimiento de la normativa comunitaria para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Directiva 205/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo), el Ministerio de Justicia aprobó en 2018 los nuevos modelos que las sociedades mercantiles debían cumplimentar al presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

La principal novedad consistió en la inclusión de una “Declaración de identificación del titular real” mediante la cual las sociedades mercantiles deben identificar ante el registro a los titulares últimos o reales de los capitales. La directiva comunitaria obliga también a todos los Estados miembros a crear, desarrollar y gestionar un registro nacional que permita conocer la titularidad real del capital y a asegurar la cooperación internacional a través de una plataforma europea administrada por las autoridades que en cada país tengan encomendada la función de registro mercantil.

De acuerdo con esta previsión legislativa de la UE, el Colegio de Registradores ha desarrollado un servicio web que permite a los órganos judiciales acceder, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, a los datos sobre las titularidades reales que las sociedades hayan depositado en los registros mercantiles.

Hasta ahora, existía una base de datos notarial de titularidades reales a la que los órganos judiciales tenían acceso, pero no respondía a las previsiones contenidas en la normativa europea.

El convenio firmado entre el CGPJ y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España tiene como finalidad determinar las características técnicas y condiciones del servicio de acceso de juzgados y tribunales a los datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles. El acuerdo señala que el Colegio de Registradores dispondrá de dos sistemas alternativos: un servicio web y un portal de titularidades reales.

Acceso a través del Punto Neutro Judicial

Con el primero de los sistemas, jueces y magistrados podrán realizar consultas y recibir la información a través de servicios web a los que accederán desde el Punto Neutro Judicial, la red de comunicaciones gestionada por el CGPJ que permite interconectar a los órganos judiciales con otras entidades y administraciones y mejorar así la tramitación de los asuntos. El órgano de gobierno de los jueces deberá acometer en sus equipos y sistemas las adaptaciones y desarrollos necesarios para garantizar el acceso a la información de los registros y la seguridad de las comunicaciones.

El portal de titularidades reales se utilizará excepcionalmente, cuando no sea posible obtener una determinada información a través del servicio web. Previa identificación mediante certificado digital y una vez que el CGPJ haya autorizado el alta del usuario, se podrá acceder al citado portal para realizar consultas individuales.

La firma del convenio permitirá a los juzgados y tribunales realizar tres tipos de consultas: mediante el NIF de la sociedad mercantil, tendrán acceso a la información de los titulares reales que consten en el registro mercantil competente durante el ejercicio al que se refiera la consulta; introduciendo la identidad del titular real, se obtendrán los datos de las sociedades en las que figura como tal; mediante el nombre de la sociedad, se accederá a la información sobre las sociedades en las que aquella aparece como interviniente en la cadena de control.

Plaza de la Cibeles ..

martes, 18 de febrero de 2020

Juan Carlos Campo anuncia su proyecto de reforma de la Justicia y llama al consenso de todo el sector

martes, 18 de febrero de 2020

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa – mjusticia.gob.es
Comparecencia en la Comisión de Justicia
Juan Carlos Campo anuncia su proyecto de reforma de la Justicia y llama al consenso de todo el sector
• El ministro de Justicia plantea a los grupos parlamentarios un gran acuerdo para orientar el servicio público al ciudadano con el Plan Justicia 2030
• Uno de los hitos de la legislatura será la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación antes de que finalice 2020
• Justicia ofertará este año un incremento de plazas para jueces y fiscales
• La Conferencia Sectorial de Justicia se convocará con carácter inmediato para estrechar la cooperación y coordinación con las administraciones autonómicas
17 de febrero de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido hoy altura de miras para alcanzar un gran acuerdo en la XIV legislatura que convierta la Justicia “en un verdadero servicio público” que los ciudadanos perciban como algo “propio y cercano”. Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia para explicar las líneas generales de la política de su departamento, Campo ha pedido un esfuerzo conjunto en torno al Plan Justicia 2030 que permitirá colocar la Administración de Justicia a un nivel de desarrollo equiparable al de otros servicios públicos avanzados, como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
El ministro ha subrayado que, a pesar del consenso en torno al diagnóstico del funcionamiento de la Justicia, es necesario desmitificar algunas ideaspreconcebidas y equívocos que todavía persisten. Campo se ha referido a los informes de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, que revelan, en sus análisis comparativos, que tanto la inversión como los recursos humanos que dedica España a la Justicia son homologables a los países de nuestro entorno.
Se trata, por lo tanto, ha señalado el ministro, de un “claro problema de ineficiencia” y de una mejor asignación de recursos y ha llamado a desterrar la “lógica del incrementalismo” como único eje de las políticas de Justicia.
Plan justicia 2030
El ministro de Justicia se ha comprometido a someter al consenso de operadores jurídicos y grupos parlamentarios la hoja de ruta del Plan Justicia 2030 que pretende llevar al Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha. Sus objetivos son consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.
El programa tiene un horizonte temporal de 10 años con planes “medibles y adaptables” para cada ejercicio y se abordará con metodologías de análisis y diagnóstico para la toma de decisiones racionales y contrastadas.
En aras de una mayor eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, el objetivo del ministro es completar los proyectos de modernización iniciados durante el mandato de Francisco Caamaño y que quedaron interrumpidos en 2011. Entre ellos, culminar la implantación de la Oficina Judicial y del expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal. Otro hito será la puesta en marcha de los tribunales de instancia.
Justicia apostará también durante esta legislatura por potenciar las soluciones extrajudiciales de resolución de conflictos e introducir reformas procesales para afrontar los pleitos en masa mediante el mecanismo conocido como ‘sentencia testigo o modelo’.
Reforma de ley de enjuiciamiento criminal y otros proyectos legislativos
La norma de 1882 no admite más parches y es necesario acabar con los “desfases e incoherencias” acumuladas a lo largo del tiempo. El objetivo del ministro de Justicia es actualizar nuestro sistema de enjuiciamiento criminal mediante una regulación moderna y justa que garantice un proceso penal democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales. Un proceso penal que “deslinde las funciones instructoras de los juzgadores” al otorgar la dirección de la investigación a los fiscales. Campo se ha comprometido a llevar el anteproyecto de reforma de la norma al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año.
Entre otros proyectos legislativos, el ministro confía también en que en esta legislatura pueda culminarse también la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, así como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Atención a las víctimas
Juan Carlos Campo ha explicado que se reforzarán los mecanismos de protección de los colectivos más vulnerables, como las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, y se renovará el firme compromiso del Ministerio de Justicia con las mujeres que sufren la violencia machista, mediante el cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Una de las novedades en esta materia será la convocatoria de subvenciones para ONG’s cuya actividad esté dedicada a la atención a las víctimas. Los fondos procederán de lo recaudado por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), lo que permitirá devolver a la sociedad civil parte de lo sustraído por actividades criminales.
Convocatoria de plazas para jueces y fiscales
Durante su comparecencia, el ministro de Justicia ha anunciado que la oferta de empleo público de 2020 para el ingreso en la carrera judicial y fiscal incluirá este año un incremento de plazas. El objetivo es reducir la interinidad, estabilizar numéricamente la oferta de empleo público de ambos cuerpos y atender las demandas de la Justicia a medio y largo plazo.
Conferencia sectorial de justicia
El ministro de Justicia convocará próximamente la Conferencia Sectorial de Justicia que no se reúne desde septiembre de 2018. Su objetivo es establecer con las administraciones autonómicas mecanismos que mejoren la cohesión y coordinación territorial y que permitan garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones en todo el Estado.
Dos de los asuntos que se someterán a consenso en este foro serán la agrupación de partidos judiciales y la interoperabilidad de los sistemas informáticos de Justicia de todo el Estado.

El BCE homologa como «elegible» el enlace entre Iberclear y el Depositario portugués, Interbolsa

martes, 18 de febrero de 2020

El BCE homologa como «elegible» el enlace entre Iberclear y el Depositario portugués, Interbolsa

13 de febrero de 2020 bolsasymercados.es

•Las entidades participantes de la filial de BME y sus clientes podrán utilizar los valores elegibles portugueses en operaciones de política monetaria

El Banco Central Europeo (BCE) ha homologado como “elegible” el enlace entre el depositario central de valores español, Iberclear, filial de BME, y el depositario central de valores portugués, Interbolsa, y lo ha incluido en la “List of eligible Links”.

El enlace entre Iberclear e Interbolsa está operativo desde el pasado 25 de marzo. En este enlace, Iberclear actúa como depositario central de valores inversor, por lo que las entidades participantes y sus clientes podrán utilizar los valores elegibles portugueses incluidos en el mismo en operaciones de política monetaria.

De este modo, se extiende a los valores elegibles portugueses el marco de los valores que pueden emplear las entidades participantes de Iberclear como garantía en operaciones de política monetaria, a favor del Banco de España, del Banco Central Europeo o de otros Bancos Centrales Nacionales de la Unión Europea.

Además de Portugal, también están disponibles en el servicio de liquidación y custodia transfronteriza de Iberclear, denominado Cross-Border Services (CBS), los mercados de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Austria. Gracias a este servicio, las entidades financieras españolas pueden registrar y liquidar valores internacionales en estos mercados a través de Iberclear, como punto de acceso único a la plataforma Target2-Securities (T2S), facilitando así una reducción en los costes y procesos al simplificar la cadena de custodia.