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domingo, 9 de febrero de 2020

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que transpone las directivas de Distribución de Seguros y de Supervisión de Fondos de Pensiones de Empleo

domingo, 9 de febrero de 2020

04 de febrero de 2020

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que transpone las directivas de Distribución de Seguros y de Supervisión de Fondos de Pensiones de Empleo

mineco.gob.es

Imagen del artículo La incorporación al ordenamiento jurídico español de ambas normas comunitarias es fundamental para garantizar la protección de los asegurados y los ahorradores y la competencia

El Real Decreto-ley ordena aspectos elementales para el adecuado funcionamiento del mercado de seguros como la tipología y requisitos que han de cumplir los distribuidores, normas de conducta para garantizar la protección de los clientes y el régimen y control de su actividad
La norma introduce medidas dirigidas a mejorar la supervisión, transparencia y competitividad de los Fondos de Pensiones de Empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley (RDL) que transpone la Directiva 2016/97, sobre la distribución de seguros, y la Directiva 2016/2341, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo.

El RDL atiende a la necesidad de cumplir con el mandato europeo pues el plazo de transposición de ambas directivas está ya vencido, al tiempo que se garantiza la protección de los usuarios de seguros y de los partícipes de los fondos de pensiones.

Distribución de Seguros

La transposición de la Directiva de distribución de Seguros refuerza la protección de los asegurados incluyendo obligaciones de transparencia y conducta para los distribuidores. Se garantiza el máximo nivel de protección a los clientes de seguros, cualquiera que sea el canal comercial a través del cual adquiera un producto de seguro, y se mejora la transparencia en la comercialización de estos productos.

El cliente deberá ser informado de todos los costes, gastos y riesgos que asume en los productos de inversión basados en seguros y se establece la obligación de proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión. Se endurecen las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de información.

Además, se regulan en el ámbito asegurador las prácticas de ventas combinadas y vinculadas. Cuando un contrato de seguro forme parte de un paquete en que se ofrezcan otros servicios o productos, el distribuidor de seguros informará al cliente de si los distintos componentes pueden adquirirse separadamente y ofrecerá una descripción adecuada de los diferentes productos y de sus costes. Antes de la contratación de los productos, el distribuidor informará al usuario de manera expresa y comprensible de los efectos que la no contratación o la cancelación anticipada del seguro o de cualquiera de los productos vinculados causaría sobre el coste conjunto del seguro y el resto de los productos.

La nueva normativa se aplica a todos los distribuidores de seguros, incluyendo a todas las entidades de seguros y sus empleados que distribuyen seguros directamente, a más de 3.300 corredores de seguros y 72.000 agentes de seguros sujetos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a los 1.740 corredores de seguros sujetos a la supervisión de las Comunidades Autónomas.

El RDL ordena aspectos fundamentales para el adecuado funcionamiento del mercado de seguros como la tipología y requisitos que han de cumplir los distribuidores para acceder a la actividad y mantener la autorización, normas de conducta para garantizar la protección de los clientes y el régimen y control de su actividad.

En este sentido, se mejora la estructura del mercado de distribución de seguros, con el objetivo de establecer unas condiciones de competencia equitativa para todos los operadores de la intermediación en seguros. Para ello, se considera como distribuidores de seguros y reaseguros no solo a los mediadores, como hasta ahora, sino también a las entidades aseguradoras y reaseguradoras cuando venden los seguros directamente a través de sus empleados, así como a otros participantes en el mercado que distribuyan productos con carácter auxiliar (como las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles), que tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios.

Asimismo, para reforzar la protección de los usuarios de seguros cuando se informen a través de internet, se incluye en la regulación la actividad desarrollada a través de los ‘comparadores de seguros’ que proporcionan al cliente información comparando precios o coberturas de un número determinado de productos de seguros de distintas compañías. Se regulan también dentro de la categoría de agentes a los operadores de banca-seguros que venden seguros a través de las redes bancarias.

Como garantía adicional, los mediadores de seguros deberán usar cuentas separadas para gestionar las cantidades recibidas de sus clientes o a abonar a éstos. Estas cuentas serán distintas de las que utilicen para el resto de su actividad profesional.

Fondos de Pensiones de Empleo

El RDL transpone también la Directiva europea que regula las actividades y supervisión de los Fondos de Pensiones de Empleo, que son aquellos en los que los promotores son empresas y los partícipes sus trabajadores. Estos fondos de pensiones de empleo articulan los compromisos por pensiones para la jubilación que las empresas tienen con sus trabajadores en virtud de los acuerdos colectivos en esta materia.

La norma incorpora novedades dirigidas a mejorar los sistemas de gobierno, información, supervisión y transparencia de los fondos de pensiones. Se incluyen también medidas encaminadas a impulsar la competitividad y la creación de un mercado único, mediante la regulación de la actividad y las transferencias transfronterizas de fondos.

Por otra parte, se mejora y especifica la información que deben recibir los partícipes y beneficiarios, antes y después de su incorporación a un fondo de pensiones de empleo. Este aspecto se desarrollará reglamentariamente.

Se articulan también los aspectos relacionados con la supervisión prudencial, en especial los relativos a la transparencia, los procedimientos de inspección, el deber de secreto profesional y el intercambio de información.

Con el objetivo de crear un mercado interior de previsión social de empleo en la Unión Europea se regula el procedimiento de la actividad y transferencias transfronterizas de los fondos de pensiones. Con este fin se mejora el procedimiento de comunicación para la integración en un mismo fondo de pensiones de planes de pensiones de empleo de diferentes estados de la Unión Europea. Además, como novedad, se regulan las transferencias transfronterizas, que permitirán la movilización de un plan de pensiones entre distintos fondos de pensiones domiciliados en diferentes países.

Adicionalmente el RDL aprobado hoy por el Consejo de Ministros incorpora la transposición parcial de la Directiva 2017/828, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, únicamente en los aspectos referidos a las entidades aseguradoras y reaseguradoras. La transposición aportará mejoras en el gobierno corporativo de las aseguradoras y en la transparencia de sus políticas de inversión.

El juez pide a Reino Unido que continúe el trámite de la euroorden contra la exconsejera de la Generalitat Ponsatí al carecer de inmunidad tras el Brexit

domingo, 9 de febrero de 2020

Lunes, 3 de febrero de 2020

El juez pide a Reino Unido que continúe el trámite de la euroorden contra la exconsejera de la Generalitat Ponsatí al carecer de inmunidad tras el Brexit

Acuerda pedir su suplicatorio al Parlamento Europeo en relación a las euroórdenes en el territorio de la Unión y mantiene la orden nacional de detención

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, como instructor de la causa del procés, ha dictado hoy un auto en el que solicita al Reino Unido continuar el trámite de la euroorden contra la exconsejera de Educación de la Generalitat catalana Clara Ponsatí, al entender que, tras el Brexit, su inmunidad como parlamentaria europea no alcanza al territorio de dicho país. El magistrado pide además a las autoridades de Reino Unido que valoren reforzar las medidas sobre Ponsatí para evitar su salida a otro país.

En el mismo auto, el juez reconoce a Ponsatí su inmunidad como europarlamentaria y acuerda por ello pedir suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda dicha inmunidad, para poder continuar con la ejecución de las euroórdenes de detención y entrega en los países de la Unión Europea.

Sin embargo, en lo que afecta al procedimiento de ejecución de la euroorden que está tramitándose actualmente en Reino Unido, el juez señala que debe continuarse ya que, tras la entrada en vigor el pasado sábado 1 de febrero del Acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE, la inmunidad de los parlamentarios europeos no es una norma aplicable en el territorio de dicho país.

El auto añade que ello no comporta, sin más, que deba transformarse de inmediato el proceso de euroorden en uno de extradición regulado por el Tratado bilateral al repecto entre España y el Reino Unido, ya que el acuerdo del Brexit precisa que las eurórdenes de detención ya iniciadas, como es la de Ponsatí, deben seguir tramitándose, dentro de la cooperación judicial en materia penal, con independencia de que la autoridad judicial de ejecución (en este caso Reino Unido) decida que la persona buscada deba seguir detenida o quedar en libertad provisional.

En este sentido, el magistrado plantea a la autoridad judicial de Reino Unido un posible reforzamiento de las medidas cautelares sobre Ponsatí si entiende que concurre un mayor riesgo de que la procesada eluda el procedimiento de cooperación que se está tramitando, “no sólo porque el procedimiento de entrega por el Reino Unido (y las medidas de aseguramiento que le son inherentes) no está sujeto a que el Parlamento Europeo preserve o suspenda la inmunidad descrita en el artículo 9, del Protocolo 7, del TFUE, cuanto porque pudiera confluir el riesgo de que la encausada abandone el territorio del Reino Unido para establecerse en un país de la Unión en el que la inmunidad le alcance”.

En cuanto a las euroórdenes para los países de la UE, el auto declara la pertinencia de mantenerlas solicitando al mismo tiempo del Parlamento Europeo que levante la inmunidad, ya que la suspensión en el cumplimiento de esas euroórdenes sería de directa e inmediata aplicación en esos casos.

En relación a España, el juez mantiene la orden nacional de detención y recuerda que, al haber sido procesada Ponsatí el 21 de marzo de 2018, casi dos años antes de su proclamación como eurodiputada electa, no se debe solicitar suplicatorio para actuar contra ella en territorio español.