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jueves, 20 de febrero de 2020

La CNMC inicia un expediente sancionador contra siete empresas vinculadas al mercado de intermediación inmobiliaria

jueves, 20 de febrero de 2020

La CNMC inicia un expediente sancionador contra siete empresas vinculadas al mercado de intermediación inmobiliaria

19 Feb 2020

cnmc.es

◦Analiza la posible coordinación de precios y otras condiciones comerciales en sus actividades.
◦Algunas de ellas especializadas en servicios informáticos y que habrían diseñado los software de gestión inmobiliaria de las franquicias y sus algoritmos.
◦El uso de algoritmos habría tenido especial relevancia en la conducta ilícita que se investiga.

La CNMC ha incoado un expediente sancionador contra siete empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de la intermediación inmobiliaria. Esta decisión se adopta tras las inspecciones llevadas a cabo en noviembre de 2019 (nota de prensa relativa a las inspecciones).

Tales prácticas consistirían en la coordinación de precios y otras condiciones comerciales por parte de intermediarios inmobiliarios. Esta coordinación se habría instrumentado, entre otros medios, a través del uso de software y de plataformas informáticas y habría sido facilitada por empresas especializadas en soluciones informáticas a través del diseño del programa informático de gestión inmobiliaria y de sus algoritmos.

En concreto las actuaciones se realizan contra CDC Franquiciadora Inmobiliaria SA; Look & Find primera red inmobiliaria SA; Aplicaciones Inmovilla SL; Idealista SA; Witei Solutions SL; Anaconda Services and Real Estate Technologies SL; y Servicio Multiple de Exclusivas Inmobiliarias SL (MLS). El motivo es la existencia de posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC), así como en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Se inicia así un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia. Puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.

Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de Clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.

Además, la CNMC dispone de una plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles mediante la aportación de información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.

Asimismo, se recuerda, respecto de la prohibición de contratar establecida en el artículo 71 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia, que el artículo 72.5 de la misma Ley recoge una excepción para las empresas solicitantes de clemencia.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsará mejoras tecnológicas para ampliar las funcionalidades del servicio 112

jueves, 20 de febrero de 2020

14 de febrero de 2020

mineco.gob.es

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsará mejoras tecnológicas para ampliar las funcionalidades del servicio 112

Se inicia el proceso de consulta pública para la revisión de la normativa de telecomunicaciones reguladora del acceso a los servicios de emergencia
La actualización de la normativa vigente permitirá a los ciudadanos disponer de un servicio 112 de atención pública más efectivo
Se podrán desarrollar sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha iniciado la revisión de la normativa reguladora del acceso a los servicios de comunicaciones de emergencia 112. La actualización de la normativa permitirá a los ciudadanos disponer de un servicio 112 de atención pública con más funcionalidades y efectivo para situaciones de necesidad personal o colectiva.

La reforma legal forma parte del proceso de transposición de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Con este objetivo, se ha iniciado una consulta pública para modificar el Real Decreto 903/1997 de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112. La modificación normativa prevé la incorporación de nuevas soluciones técnicas para servicios de emergencias, así como la revisión del encaje regulatorio.

Los elementos centrales de la nueva normativa facilitarán una sustancial mejora en la atención a los ciudadanos ante situaciones de emergencia. España, con el lanzamiento de la presente consulta pública, aspira a un alineamiento temprano siendo pionero dentro de Europa en la implantación de servicios públicos de atención a los ciudadanos en situaciones de crisis.

Se prevé introducir modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112 en aquellos casos que pueda ser facilitada por los dispositivos desde los que realice la llamada. La ubicación del ciudadano en situación de emergencia con una mayor precisión facilitará una intervención más rápida de los servicios públicos y mayores garantías de éxito en la misma.

La revisión permitirá también el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias. Así, dentro de la consulta pública, se recogerán también aportaciones para el desarrollo de un marco legal para la implantación de un sistema de envío de alertas a la población, servicio 112 inverso. Este sistema permitirá el envío a través del móvil de alertas a todos los usuarios presentes en una zona determinada en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes en curso.

Los sistemas de alerta públicos están previstos que sean implementados por los proveedores de servicios móviles de comunicaciones, en coordinación con Protección Civil, con el fin de que las autoridades públicas puedan emitir mensajes a la población afectada.