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jueves, 5 de marzo de 2020

El Gobierno adopta un anteproyecto de ley que mejora el gobierno corporativo de las empresas cotizadas y su acceso a la financiación

jueves, 5 de marzo de 2020

03 de marzo de 2020

mineco.gob.es

El Gobierno adopta un anteproyecto de ley que mejora el gobierno corporativo de las empresas cotizadas y su acceso a la financiación

El anteproyecto de ley de Fomento de la Implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas recoge medidas que facilitarán el acceso de las empresas españolas a los mercados de capitales y contribuirán a su sostenibilidad y a su capacidad de crear empleo
La norma establece que las empresas puedan conocer la identidad de sus inversores, regula por primera vez la figura de los asesores de voto y adapta la norma española al entorno internacional permitiendo las “acciones de lealtad”

El Consejo de Ministros ha validado el anteproyecto de ley de Fomento de la Implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, que modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La norma transpone la Directiva 828/2017, dirigida a mejorar el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y de esa forma aumentar sus posibilidades de financiación y su sostenibilidad a largo plazo.

La nueva norma permitirá que las empresas tengan un mayor acceso a la financiación de los mercados, puedan crecer de manera más sostenible, crear empleo de calidad y aportar mayor valor a la economía.

Para ello, el anteproyecto de ley mejora el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en España, aumenta la competitividad del mercado español de capitales manteniendo la protección de los inversores y adapta la publicación de información a la normativa europea.

Así, con el fin de mejorar el gobierno corporativo y para que las sociedades puedan fomentar la participación a largo plazo de sus accionistas se establecen mecanismos para su identificación. Asimismo, se obliga a las instituciones de inversión colectiva a elaborar y hacer pública su estrategia de inversión en las sociedades en las que invierten, explicando cómo estas estrategias contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas.

En el mismo sentido, se regula por primera vez la figura de los asesores de voto o “proxy advisors”, entidades que prestan servicio de asesoramiento a inversores en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de acciones, estableciendo la obligación de publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos. Se incrementa también la transparencia de las operaciones vinculadas con el fin de evitar posibles conflictos de interés.

El anteproyecto incluye otras modificaciones legislativas adicionales a lo establecido en la Directiva y que tienen como objetivo mejorar el acceso a la financiación. Entre estas medidas destaca la introducción de las acciones de lealtad, que establece que los accionistas puedan otorgar un voto adicional por cada acción que se mantenga durante dos años como mínimo. Las acciones de lealtad refuerzan la vinculación a largo plazo de los accionistas, que es el objetivo general de esta norma.

Se suprime también, en línea con lo establecido en otros países de la Unión Europea, la exigencia de elaborar informes financieros trimestrales a las sociedades cotizadas, ya que esta obligación podría incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones.

Finalmente, se adapta a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la elaboración y publicación de folleto informativo, manteniéndose algunas excepciones dirigidas a proteger a los inversores.

Coronavirus. Comunicado CEOE y Cepyme

jueves, 5 de marzo de 2020

04 mar 2020
Coronavirus
Comunicado CEOE y Cepyme
ceoe.es
CEOE y Cepyme consideramos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social comete un grave error al dar difusión a una guía de actuación en el ámbito laboral en relación con el coronavirus que genera alerta y confusión al no corresponder con la valoración del riesgo realizada por el Ministerio de Sanidad.
Además, no ha contado con la participación de las empresas y los sindicatos, a pesar de que ya se lo habíamos solicitado previamente, contribuyendo con ello a una mayor incertidumbre.
Los empresarios venimos desde hace semanas trabajando en la prevención y contención del riesgo de contagio de la mano del Ministerio de Sanidad y en perfecta coordinación con el resto de los interlocutores sociales y otros agentes necesarios a lo largo del territorio nacional, en tanto que se trata de un asunto de salud pública.
Con esta iniciativa, que entendemos que responde al ritmo político, el ministerio desoye a los interlocutores sociales y deja al margen la necesaria protección de las empresas en un momento trascendente, publicando un documento durante la tarde sin ni siquiera habérselo comunicado previamente a las organizaciones que conforman el diálogo social.
Así, el documento del Ministerio de Trabajo no aporta ninguna novedad para garantizar la salud de las personas trabajadoras ni para minimizar el impacto en la actividad económica.
Se limita a la transcripción de normas y procedimientos poco adecuados para hipotéticas situaciones de urgencia por razones de riesgo de salud pública. Tampoco responde a los supuestos de caída repentina de la actividad o falta de suministros que ya están afectando a numerosos sectores y empresas, por lo que pedimos urgentemente que se tomen medidas excepcionales para la protección de las empresas en esta situación en el marco del diálogo social y en coordinación con todos los ministerios competentes.

El Vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea desestima la demanda de medidas provisionales formulada por el Sr. Junqueras i Vies

jueves, 5 de marzo de 2020

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal General de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 24/20 Luxemburgo, 3 de marzo de 2020
Auto del Vicepresidente del Tribunal General en el asunto T-24/20 R
Junqueras i Vies/Parlamento
El Vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea desestima la demanda de medidas provisionales formulada por el Sr. Junqueras i Vies
Mediante sentencia del Tribunal Supremo dictada el 14 de octubre de 2019, el Sr. Oriol Junqueras i Vies fue condenado a una pena de trece años de prisión y a una pena otros tantos años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos sus honores, empleos y cargos públicos, incluidos los electivos, e incapacidad para obtener o ejercer otros nuevos. Se le había reprochado en particular el haber participado en un proceso de secesión como vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña en el momento de la celebración del referéndum de autodeterminación de esta comunidad autónoma. Durante el desarrollo del proceso, el Sr. Junqueras i Vies fue elegido miembro del Parlamento Europeo el 26 de mayo de 2019, resultado proclamado por la Junta Electoral Central española mediante acuerdo de 13 de junio de 2019. No obstante, al no haber sido autorizado para prestar el juramento o promesa de acatar la Constitución española que exige la ley nacional a los electos al Parlamento Europeo, la Junta Electoral Central declaró vacante su escaño. (1) Por tanto, el Sr. Junqueras i Vies no asistió a la primera sesión del Parlamento Europeo el 2 de julio de 2019.
Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2019, (2) el Tribunal de Justicia respondió a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo relativas a la inmunidad prevista en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.(3) (4) El 20 de diciembre de 2019, la Sra. Riba i Gener, diputada europea, solicitó al presidente del Parlamento Europeo que adoptara medidas urgentes para confirmar la inmunidad del Sr. Junqueras i Vies.
Mediante acuerdo de 3 de enero de 2020, la Junta Electoral Central declaró la inelegibilidad del Sr. Junqueras i Vies por haber sido condenado a una pena privativa de libertad. Este solicitó al Tribunal Supremo la suspensión de la ejecución de dicho acuerdo.
Mediante auto de 9 de enero de 2020, el Tribunal Supremo se pronunció sobre los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2019 en el proceso penal relativo al Sr. Junqueras i Vies. El Tribunal Supremo consideró que no procedía autorizar el desplazamiento del Sr. Junqueras i Vies a la sede del Parlamento Europeo, ni acordar su libertad, ni declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019, ni tramitar el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria ante el Parlamento Europeo. Acordó asimismo comunicar dicho auto a la Junta Electoral Central y al Parlamento Europeo. Observó que, cuando el Sr. Junqueras i Vies fue proclamado electo, el proceso penal que le afectaba había concluido y se había iniciado el proceso de deliberación. Así, en la medida en que el Sr. Junqueras i Vies había obtenido la condición de diputado europeo con el proceso ya en fase de juicio oral, no podía ampararse en la inmunidad para obstaculizar la prosecución de su enjuiciamiento.
En la sesión plenaria de 13 de enero de 2020, el Parlamento Europeo, por una parte, en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2019, tomó nota de la elección al Parlamento Europeo del Sr. Junqueras i Vies con efectos desde el 2 de julio de 2019 y, por otra parte, habida cuenta del acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020 y tras el auto del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2020, hizo constar la vacante de su escaño con efectos desde el 3 de enero de 2020.
El Sr. Junqueras i Vies interpuso entonces, ante el Tribunal General de la Unión Europea, un recurso con objeto de que se anule la decisión del Parlamento Europeo de 13 de enero de 2020 de hacer constar la vacante de su escaño con efectos desde el 3 de enero de 2020 y la desestimación por esta institución de la solicitud de medidas urgentes tendentes a proteger su inmunidad parlamentaria, presentada el 20 de diciembre de 2019. También presentó una demanda de medidas provisionales.
Mediante su auto de 3 de marzo de 2020, el Vicepresidente del Tribunal General desestima la demanda de medidas provisionales formulada por el Sr. Junqueras i Vies.
El Sr. Junqueras i Vies solicitaba la suspensión de la desestimación de la solicitud de 20 de diciembre de 2019. El Vicepresidente del Tribunal General estima que esta solicitud de suspensión es inadmisible, puesto que no parece que el Parlamento Europeo haya adoptado una decisión desestimatoria de la solicitud de 20 de diciembre de 2019.
El Sr. Junqueras i Vies solicitaba asimismo que se ordenara al Parlamento Europeo adoptar todas las medidas necesarias para proteger y hacer efectivos sus privilegios e inmunidades, así como su derecho fundamental a ejercer plenamente su condición de miembro del Parlamento Europeo, hasta el momento en que se dicte sentencia en el recurso de anulación. Ahora bien, esta solicitud parece conculcar el sistema de reparto de competencias establecido en el artículo 266 TFUE, en virtud del cual el juez de la Unión Europea no puede sustituir al Parlamento Europeo para adoptar en su lugar decisiones en materia de ejecución de una sentencia que anula un acto de dicha institución. El Vicepresidente del Tribunal General estima que la solicitud es inadmisible por esta razón.
El Sr. Junqueras i Vies solicitaba que se ordenara a España que le liberase inmediatamente a fin de que se le permitiera ejercer plenamente sus funciones de miembro del Parlamento Europeo, hasta el momento en que se dicte sentencia sobre el recurso de anulación. El Vicepresidente del Tribunal General subraya que, en principio, el juez de medidas provisionales no puede dirigir órdenes conminatorias a entidades que no sean parte en el litigio, como las autoridades españolas en este caso. Por tanto, esta solicitud también es inadmisible.
El Sr. Junqueras i Vies solicitaba, por último, que se suspendiera la decisión de 13 de enero de 2020, mediante la que se hizo constar la vacante de su escaño. El Vicepresidente del Tribunal General considera que el Sr. Junqueras i Vies no ha logrado demostrar que, a primera vista, la concesión de las medidas provisionales solicitadas esté material y jurídicamente justificada (fumus boni iuris). En efecto, en virtud del Acta electoral, (5) la anulación del mandato de un diputado, derivada de la aplicación de la legislación nacional, implica automáticamente la expiración del mandato del diputado de que se trate, así como la vacante del escaño de ese diputado. El Parlamento Europeo es simplemente informado de la expiración del mandato por las autoridades nacionales, y de la fecha de conclusión de este por su presidente. Así pues, esta institución no resulta competente para poner en cuestión la regularidad de la vacante delescaño dimanante de la anulación del mandato, puesto que es simplemente informada de esta situación, que resulta exclusivamente de una decisión de las autoridades nacionales competentes. El 13 de enero de 2020, el Parlamento Europeo se limitó, esencialmente, a hacer constar la vacante del escaño del Sr. Junqueras i Vies con efectos desde el 3 de enero de 2020, sin poder controlar la regularidad del procedimiento nacional que condujo a la anulación de su mandato y, por tanto, a la vacante de su escaño. NOTA: El Tribunal General dictará una sentencia definitiva sobre el fondo de este asunto en una fecha posterior. Un auto de medidas provisionales no prejuzga el resultado de la acción principal. Contra los autos del Vice-Presidente del Tribunal General puede interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante la Vice-Presidenta del Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación del auto.
1 Para una descripción más detallada de los hechos, v. CP 139/19.
2 Sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C-502/19, v. CP 161/19).
3 Protocolo (n.o 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO 2012, C 326, p. 266).
4 El Tribunal de Justicia declaró que debe considerarse que goza de inmunidad en virtud del Protocolo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión. El Tribunal de Justicia precisó que esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a la persona de que se trate, al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Por último, el Tribunal de Justicia indicó que, si el tribunal nacional competente estimara, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por esa persona de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad.
5 Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976 (DO 1976, L 278, p. 1), modificada, por última vez, por la Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002 (DO 2002, L 283, p. 1).