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miércoles, 18 de marzo de 2020

Consideraciones generales de la CNMV sobre las juntas generales de las sociedades cotizadas ante la situación sanitaria creada por el COVID-19

miércoles, 18 de marzo de 2020

Consideraciones generales de la CNMV sobre las juntas generales de las sociedades cotizadas ante la situación sanitaria creada por el COVID-19
10 de marzo de 2020 – cnmv.es
Ante la situación planteada por el virus COVID-19 y en respuesta a diferentes consultas recibidas en relación con las juntas generales ordinarias de accionistas de las sociedades cotizadas que está previsto tengan lugar en los próximos meses, la CNMV traslada las siguientes consideraciones:
1 – Se considera muy razonable en las actuales circunstancias, y acorde con las normas de derecho societario, estimular cuanto sea posible la asistencia de los accionistas a la junta general por representación en lugar de presencialmente. Se estima igualmente razonable maximizar la utilización de mecanismos de asistencia remota y voto a distancia de los accionistas, incluyendo mediante sistemas de telepresencia o conexión telemática en tiempo real o cualquier otro medio previsto en los estatutos o en el reglamento de la junta general de accionistas. Si estos medios están disponibles y resultan efectivos, puede incluso ser factible una junta general íntegramente telemática.
En este sentido, diversas compañías cotizadas han decidido no cursar este año invitaciones para asistir a empleados, proveedores y otras personas no accionistas, así como suprimir actividades sociales e incentivos menores que tradicionalmente fomentan la asistencia de accionistas o de invitados (cóctel o recepción previa o posterior, entrega de pequeños obsequios con ocasión de la junta, etc.).
2 – La CMNV entiende que en las circunstancias actuales debe reconocerse el máximo margen de flexibilidad a los consejos de administración de las compañías cotizadas para adoptar medidas y soluciones que contribuyan a preservar la salud de las personas y a evitar la propagación del virus, aunque no estén expresamente contempladas en los estatutos, el reglamento de la junta o en las convocatorias realizadas, siempre que se garantice de modo efectivo el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto de los accionistas y la igualdad de trato entre aquellos que se hallen en la misma posición.
Por ejemplo, se considera razonable posibilitar la asistencia telefónica o por videoconferencia de los administradores u otras personas obligadas a estar presentes en la junta general que, por motivos de salud o eventuales restricciones de viaje, no puedan asistir personalmente.
Dado que la situación es cambiante, deberán seguirse las instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias en cada momento, adaptando en lo que proceda estas consideraciones.
La Dirección General de Mercados de la CNMV queda a disposición de las sociedades cotizadas para aclarar posibles dudas que surjan respecto a esta cuestión

Transición Ecológica y la FEMP emiten recomendaciones sobre gestión de residuos domésticos procedentes de personas en cuarentena por COVID-19

miércoles, 18 de marzo de 2020

Coronavirus COVID-19

Transición Ecológica y la FEMP emiten recomendaciones sobre gestión de residuos domésticos procedentes de personas en cuarentena por COVID-19

Viernes 13 de marzo de 2020 lamoncloa.gob.es

Las recomendaciones afectan tanto al manejo domiciliario de los residuos, siguiendo lo aconsejado por el Ministerio de Sanidad, como a la gestión de la bolsa con los residuos del paciente.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comunicado a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que a su vez ha dado traslado a las entidades locales, unas recomendaciones sobre la gestión de residuos domésticos procedentes de hogares con personas aisladas/en cuarentena por COVID -19. Dado que la gestión de residuos es competencia autonómica y de entidades locales, se trata de unas directrices de buenas prácticas, que han sido debatidas previamente con todas las autoridades competentes, incluidas las administraciones autonómicas y la FEMP, atendiendo al principio de precaución.

Las recomendaciones afectan tanto al manejo domiciliario de los residuos, siguiendo lo aconsejado por el Ministerio de Sanidad, como a la gestión de la bolsa con los residuos del paciente.

Manejo domiciliario de los residuos

Para el primer caso, el material desechable utilizado por la persona enferma y sus cuidadores (guantes, pañuelos, mascarillas), el equipo de protección individual (EPI) del personal sanitario (excepto gafas y mascarilla) y cualquier otro residuo del paciente, se ha de eliminar en el cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura. La bolsa de plástico donde se deposite debe tener cierre hermético y cerrarse antes de sacarse de la habitación.

La mascarilla y las gafas se deben retirar fuera de la habitación del paciente, donde también habrá un recipiente a tal efecto, de características similares a las descritas anteriormente y con bolsa de plástico de cierre hermético. Después de cada depósito de residuos en estas bolsas (bolsa 1) éstas deberán cerrarse y descartarse conforme a lo indicado a continuación.

La bolsa 1, con los residuos anteriores, se introducirá en la bolsa de basura destinada a contener la fracción resto (bolsa 2), que también se cerrará herméticamente.

Gestión de la bolsa con los residuos del paciente

La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto, estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno.

La fracción resto recogida:
•Se destinará directamente a vertedero o incineración sin proceder a la apertura manual de las bolsas, si ello es posible.
•En caso de que sea necesario el tratamiento previo, dicho tratamiento se realizará de forma automática evitando la apertura manual de las bolsas.

La recuperación de materiales solo se realizará de forma automática; para extremar la seguridad, las autoridades competentes podrán acordar que los materiales queden almacenados durante al menos 72 h.

Tanto para la recogida de residuos como en todas las plantas que reciban esas bolsas se desarrollarán protocolos específicos para la protección de los trabajadores o se revisarán los existentes con el mismo objetivo y se dotará de los equipos de protección individual (EPI) necesarios para los trabajadores.

Se podrán establecer recogidas diferenciada de las bolsas (tipo 2) procedentes centros/lugares donde se dé un elevado nivel de afectados por COVID19 (residencias, hoteles hospitalizados, etc.) mientras dure la crisis. Estas bolsas se identificarán externamente y de manera fácil (por ejemplo mediante cinta aislante o similar) y se depositarán conforme a la forma que establezcan las autoridades responsables de la recogida de residuos. Estas bolsas se gestionarán de la misma forma que se ha mencionado anteriormente.

Residuos hospitalarios y similares

En relación con la gestión de residuos procedentes de hospitales, ambulancias, centros de salud, laboratorios, etc en contacto con COVID 19 se atenderá a lo dispuesto para los mismos en la regulación autonómica sobre residuos sanitarios, como viene haciéndose habitualmente.

El juez ante el que un consumidor haya invocado que determinadas cláusulas contractuales son abusivas está obligado a verificar de oficio otras cláusulas del contrato siempre que estén vinculadas al objeto del litigio del que conoce

miércoles, 18 de marzo de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 27/20
Luxemburgo, 11 de marzo de 2020
Sentencia en el asunto C-511/17
Györgyné Lintner/UniCredit Bank Hungary Zrt.
El juez ante el que un consumidor haya invocado que determinadas cláusulas contractuales son abusivas está obligado a verificar de oficio otras cláusulas del contrato siempre que estén vinculadas al objeto del litigio del que conoce

curia.europa.eu


Si fuera preciso, deberá adoptar diligencias de prueba con el fin de obtener los elementos de hecho y de Derecho necesarios para llevar a cabo esa verificación


En diciembre de 2007, la Sra. Györgyné Lintner celebró con UniCredit Bank Hungary, un banco húngaro, un contrato de préstamo hipotecario denominado en divisas. Dicho contrato contenía determinadas cláusulas que conferían a UniCredit Bank el derecho a modificar posteriormente su contenido. Más adelante, la Sra. Lintner presentó una demanda ante los tribunales húngaros para que se declarara con efectos retroactivos la invalidez de esas cláusulas en virtud de la Directiva sobre las cláusulas abusivas.(1) Esta establece, en particular, que las cláusulas abusivas incorporadas a los contratos celebrados entre un consumidor y un profesional no vinculan al consumidor.


En 2014, el legislador húngaro adoptó una normativa que regula la declaración del carácter abusivo de las cláusulas que confieren a los bancos el derecho a modificar unilateralmente los contratos de préstamo celebrados con los consumidores, así como las consecuencias que deben deducirse de su carácter abusivo, por lo que los tribunales húngaros ya no tienen que pronunciarse sobre la compatibilidad de esas cláusulas con la Directiva.


Sin embargo, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), que conoce de la demanda de la Sra. Lintner, se pregunta, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si, aun así, no debe pronunciarse sobre la compatibilidad con la Directiva de otras cláusulas del contrato de préstamo controvertido que no eran objeto de la demanda. Estas últimas cláusulas se refieren, en el caso de autos, a la certificación notarial de los hechos, a los motivos de resolución del contrato y a determinados gastos a cargo del consumidor. Dicho órgano jurisdiccional considera que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en los asuntos relativos a contratos celebrados con consumidores, el juez nacional debe examinar de oficio –esto es, por su propia iniciativa– el carácter abusivo de las cláusulas que figuran en dichos contratos si dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto.
Dadas estas circunstancias, el Fővárosi Törvényszék pregunta al Tribunal de Justicia si está obligado, en virtud de la Directiva, a examinar de oficio el carácter abusivo de todas las cláusulas del contrato de préstamo controvertido, aun cuando, por una parte, la compatibilidad de esas cláusulas con la Directiva no haya sido cuestionada por el consumidor en su demanda y, por otra, el examen de las mismas no sea necesario para pronunciarse sobre esa demanda.


En su sentencia pronunciada hoy, el Tribunal de Justicia precisa que el juez ante el que un consumidor alega que determinadas cláusulas incluidas en un contrato celebrado con un profesional son abusivas no está obligado a examinar de oficio e individualmente el posible carácter abusivo de todas las demás cláusulas de ese contrato que no hayan sido impugnadas por el consumidor.


No obstante, debe efectuar ese examen de las cláusulas que, aun cuando no hayan sido impugnadas por el consumidor, estén vinculadas al objeto del litigio tal como haya sido definido por las partes, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto. De este modo, si el expediente que tiene entre manos le plantea serias dudas sobre el carácter abusivo de esas cláusulas, el juez debe completarlo solicitando a las partes que le faciliten las aclaraciones y los documentos necesarios para ello.


En cambio, so pena de exceder los límites del objeto del litigio tal como haya sido definido por las partes en sus pretensiones, el juez no está obligado, en virtud de la Directiva, a examinar de oficio el carácter eventualmente abusivo de otras cláusulas que no estén vinculadas al objeto de dicho litigio.


Además, el Tribunal de Justicia recuerda que los Estados miembros son libres de establecer en su Derecho interno, con vistas a garantizar al consumidor un nivel de protección más elevado, un examen de oficio más amplio que el que debe efectuarse en virtud de la Directiva.


Por lo que respecta a las consecuencias de estas apreciaciones para el presente asunto, el Tribunal de Justicia señala que el Fővárosi Törvényszék parece considerar que las cláusulas respecto de las que formuló su petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia no están vinculadas al objeto de la demanda inicialmente presentada por la Sra. Lintner para que se declarara la invalidez de las cláusulas que permitían a su banco modificar posteriormente su contrato de préstamo. De ello se deduce que dicho órgano jurisdiccional no parece estar obligado, en virtud de la Directiva, a examinar de oficio el carácter abusivo de esas primeras cláusulas.
Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que el juez nacional que debe examinar el carácter abusivo de una cláusula contractual objeto de una demanda de la que conoce deberá tener en cuenta todas las demás cláusulas del contrato de que se trate si para llevar a cabo ese examen es necesario evaluar el efecto acumulativo de dichas cláusulas. No obstante, el Tribunal de Justicia subraya que de ello no se deduce que, en el marco de la apreciación de la invalidez de la cláusula objeto de la demanda del consumidor, el juez nacional esté obligado a examinar de oficio todas esas otras cláusulas de manera autónoma en cuanto a su posible carácter abusivo.

1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).