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Archivo del 26 de marzo de 2020

Ría de Corcubión desde Las Hortenias

jueves, 26 de marzo de 2020

Declaración de la Directora Gerente del FMI Kristalina Georgieva tras una conversación ministerial del G-20 sobre la emergencia del coronavirus

jueves, 26 de marzo de 2020

Declaración de la Directora Gerente del FMI Kristalina Georgieva tras una conversación ministerial del G-20 sobre la emergencia del coronavirus

23 de marzo de 2020 imf.org

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgievarealizó hoy la siguiente declaración tras una teleconferencia de losministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20:

“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables yes preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a lagente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar consolidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron hoy losministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20.

Hice hincapié en tres aspectos en particular:

En primer lugar, las perspectivas de crecimiento mundial, que para 2020son negativas: se prevé como mínimo una recesión tan aguda como durante lacrisis financiera mundial o peor, pero esperamos una recuperación en 2021.Para llegar a ese punto, es fundamental que demos prioridad a la contencióny al fortalecimiento de los sistemas sanitarios, en todo el mundo. Elimpacto económico es y será grave, pero cuanto antes se logre frenar elvirus, más rápida y vigorosa será la recuperación.

Respaldamos firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya hantomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a lostrabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de losprincipales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria. Estosvalerosos esfuerzos redundan no solo en interés de cada país sino de laeconomía mundial en su conjunto. “Se requerirá aún más, especialmente en elplano fiscal.

En segundo lugar, las economías avanzadas se encuentran en general enmejores condiciones de responder a la crisis, pero muchos países demercados emergentes y de bajo ingreso confrontan importantes desafíos. Seven muy afectados por la salida de capitales, y la actividad económicainterna sufrirá un grave impacto a medida que los países respondan a laepidemia. Desde el inicio de la crisis, los inversionistas ya han retiradoUSD 83.000 millones de los mercados emergentes, la mayor salida decapitales jamás registrada. Nos preocupa especialmente la situación de lospaíses de bajo ingreso agobiados por la deuda, una cuestión sobre la queestamos trabajando en estrecha colaboración con el Banco Mundial.

En tercer lugar, ¿qué podemos hacer desde el FMI para proporcionarrespaldo a nuestros países miembros?

•Nos estamos concentrando en la supervisión bilateral y multilateralsobre esta crisis y en las medidas de política económica paraatemperar su impacto.

•Incrementaremos de forma masiva el financiamiento de emergencia,del que ya hemos recibido solicitudes de casi 80 países, y estamostrabajando en estrecha colaboración con las otras institucionesfinancieras internacionales para brindar una sólida respuestacoordinada.

•Estamos reponiendo los recursos de nuestro Fondo Fiduciario paraAlivio y Contención de Catástrofes a fin de ayudar a los países máspobres. Agradecemos los recursos ya comprometidos e instamos aotras partes a sumarse a este esfuerzo.

•Estamos preparados para desplegar la totalidad de nuestra capacidadprestable, de USD 1 billón.

•Y estamos analizando todas las opciones disponibles. Varios paísesde bajo y mediano ingreso han solicitado que el FMI realice unaasignación de DEG, como lo hicimos durante la crisis financieramundial, y analizaremos esta opción con nuestros países miembros.

•Los principales bancos centrales ya han establecido líneasbilaterales de swap con países de mercados emergentes. A medida quela compresión de la liquidez mundial se agudice, es necesariosuministrar a los países miembros proporcionen nuevas líneas deswap. También a este respecto analizaremos con el DirectorioEjecutivo y los países miembros la posibilidad de una propuesta quecontribuya a facilitar una red más amplia de líneas de este tipo,entre otras formas mediante un servicio financiero similar a unalínea de swap del FMI.

Estas son circunstancias extraordinarias. Muchos países ya están tomandomedidas que no tienen precedentes. En el FMI, trabajando estrechamente conlos países miembros, haremos lo mismo. Luchemos juntos para sobrellevaresta emergencia ofreciendo apoyo a la gente en todo el mundo”.

Comunicado CEOE CEPYME

jueves, 26 de marzo de 2020

Madrid, 24 de marzo de 2020

Comunicado ceoe cepyme

Una vez conocidas las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros de este 24 de marzo para la concesión de un primer tramo de avales por importe de 20.000 millones de euros a empresas y autónomos, CEOE y CEPYME valoramos este nuevo paso dado por el Gobierno para facilitar la financiación bancaria de muchos negocios.

Se trata de unas medidas que veníamos demandando con carácter urgente los empresarios españoles, pues consideramos que son clave para la recuperación de la economía, ya que permitirán mantener aquellos negocios que están sufriendo un descenso drástico de su actividad con motivo del COVID-19 y que requieren de estos recursos para evitar en muchos casos el cierre.

A la espera de conocer en todo caso el detalle de estas condiciones, también valoramos positivamente que el Gobierno haya atendido a la necesidad de retroactividad de estos avales con fecha del 18 de marzo, y en especial el refuerzo que se contempla de las garantías que deben ofrecer la pequeña empresa y los autónomos para el acceso a la financiación, para los que este respaldo público alcanzará el 80% del importe solicitado

El Gobierno pone en marcha la Línea de Avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas

jueves, 26 de marzo de 2020

24 de marzo de 2020

mineco.gob.es

El Gobierno pone en marcha la Línea de Avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas

La Línea de Avales, con un importe máximo de 100.000 millones de euros, tiene como objetivo apoyar a las empresas y autónomos españoles, garantizando el acceso a la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo
El Consejo de Ministros ha aprobado las características del primer tramo de la Línea, por importe de 20.000 millones de euros, el 50% del cual se empleará para garantizar préstamos de autónomos y pymes
La Línea, que es retroactiva para operaciones concedidas desde el 18 de marzo, permite afrontar financiación para pago de salarios, facturas, circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de obligaciones financieras o tributarias
La garantía cubre, en el caso de autónomos y pymes, el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación
Para el resto de empresas, se garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% de las operaciones de renovación

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo.

Con este objetivo, la Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con las entidades financieras.

Características de la Línea de Avales

La Línea de Avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de euros. El primer tramo activado en el acuerdo de hoy tiene un importe de 20.000 millones de euros, de los cuales el 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y pymes.

Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18de marzo.

El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60 de las renovaciones.

El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras.

Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19.

También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.

La Audiencia de Sevilla impone condenas de entre 12 y 21 meses de cárcel a tres acusados de estafar en la obtención de préstamos por medio de la financiación de vehículos

jueves, 26 de marzo de 2020

Jueves, 27 de febrero de 2020

La Audiencia de Sevilla impone condenas de entre 12 y 21 meses de cárcel a tres acusados de estafar en la obtención de préstamos por medio de la financiación de vehículos

La sentencia relata que los perjudicados, “además de sin dinero y vehículo, quedaban obligados al abono de las cuotas de los respectivos contratos de financiación”

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de entre 12 y 21 meses de cárcel a tres acusados de estafar a un total de siete personas que necesitaban obtener financiación en dinero en efectivo y a las que indujeron a suscribir contratos de financiación de vehículos con entidades de crédito para luego poder vender dichos vehículos y obtener el dinero en efectivo, pero finalmente los perjudicados, “además de sin dinero y vehículo, quedaban obligados al abono de las cuotas de los respectivos contratos de financiación”.

En la sentencia, la Sección Primera condena a dos de los acusados a un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 1.620 euros por un delito continuado de estafa en concurso con un delito de falsedad, mientras que a la tercera acusada le impone seis meses de cárcel por el delito de estafa y otros seis meses de prisión y multa de 1.080 euros por el delito de falsedad, concurriendo en todos ellos la atenuante simple de dilaciones indebidas, ya que, incoadas las diligencias en 2013, “se ha producido una demora significativa durante la fase de investigación y también de enjuiciamiento”.

Asimismo, y de forma conjunta y solidaria, deberán indemnizar a los perjudicados en distintas cantidades por las cuotas abonadas por los préstamos concedidos. La Audiencia, además, absuelve a un cuarto encausado de un delito de receptación, según la sentencia dictada el día 17 de febrero y contra la que cabe interponer recurso de casación.

El tribunal considera probado que, “ante la necesidad que tenían personas físicas de obtener financiación en dinero efectivo y la dificultad de acceder a la misma por no cumplir las exigencias de las entidades de crédito”, los perjudicados contactaron con los acusados, aunque en el caso de uno de los investigados únicamente se ha probado su intervención en una de las operaciones de préstamo.

Respecto a los otros dos acusados, la Audiencia precisa que uno de ellos se dedicaba a colaborar con empresas de compra y venta de vehículos, mientras que el segundo era comercial de una empresa que, además de ser concesionario de vehículos de una concreta marca, desempeñaba funciones de intermediación financiera con varias entidades.

La Audiencia señala que, “aprovechando” que el segundo acusado era comercial de una empresa, “de común acuerdo ofrecieron a algunas de estas personas la posibilidad de suscribir un contrato de financiación con una entidad de crédito, pero que en vez de un contrato de préstamo personal tendría que ser para la adquisición de un vehículo, pidiéndoles que aportaran la documentación necesaria”. En uno de los casos, con la documentación remitida para estudiar la viabilidad de la concesión de un préstamo, ambos condenados “procedieron sin su consentimiento a tramitar este tipo de contrato”.

En este sentido, el tribunal indica que, una vez aprobada la financiación por las entidades de crédito y que éstas remitían el importe de los vehículos a la empresa vinculada al comercial, los dos acusados referidos utilizaron “distintos procedimientos” para disponer en su beneficio de los mismos, todo ello “sin hacer entrega a los solicitantes de los préstamos de las cantidades de dinero acordadas”, de forma que los perjudicados, “además de sin dinero y vehículo, quedaban obligados al abono de las cuotas de los respectivos contratos de financiación”, tras lo que desgrana cada una de las operaciones llevadas a cabo por los acusados.

La Audiencia asevera que, “si bien frente a las entidades de crédito resulta cuestionable la conducta de algunos de los perjudicados de tratar de obtener dinero en efectivo a través de un contrato de financiación de vehículos, ya que las entidades de crédito, además de poder percibir un menor beneficio, podían verse privadas, como de hecho ha sucedido en algunas de las operaciones, de una garantía adicional si no tuvieron la precaución de efectuar la correspondiente reserva de dominio, ello no exonera a los acusados de su responsabilidad en la maquinación fraudulenta orquestada para quedarse con los vehículos y poder disponer luego de ellos en su beneficio”.

A su juicio, las propuestas que los acusados efectuaron, en una de ellas con la participación “también principal” de la mujer condenada, “no dejan de ser maniobras engañosas suficientes, en cuanto revestidas de una apariencia de credibilidad, para conseguir el objetivo de poder disponer de los vehículos adquiridos con el dinero concedido, causándoles a los que a ellos recurrieron el doble perjuicio de no sólo no minorar sus problemas económicos, al no percibir el dinero prometido, sino incrementar los mismos al quedarse obligados a satisfacer las cuotas del préstamo”.

Según señala la Audiencia, “resulta indudable que no hubieran accedido a suscribir los préstamos que han originado un desplazamiento patrimonial en su perjuicio y un correlativo beneficio para los acusados, y menos a consentir su posterior trasmisión fraudulenta, resultando significativo que les ocultaron estas últimas suponiendo su intervención y por tanto sin su consentimiento”.

El tribunal destaca “la apariencia de viabilidad de las propuestas de financiación que les permitía obtener liquidez, y ello aunque pudieran derivarse de las mismas un coste soportado más gravoso, pues junto a los costes financieros, también asociados a un préstamo personal pero que no les concedían, asumían las comisiones de los acusados y la inevitable depreciación que implica la posterior venta de los vehículos una vez matriculados y por tanto como no nuevos”.

Al hilo de ello, la Audiencia subraya que los acusados, “aprovechándose en algunas de las operaciones fraudulentas de la privilegiada situación que como comercial tenía” uno de los acusados, “no dudaron en inducir a los perjudicados, acuciado por sus necesidades, a suscribir los contratos de financiación de los vehículos para que, una vez abonado su precio, poder disponer de ellos en su beneficio simulando su intervención en operaciones que no resulta razonable que hubieran consentido en cuanto ninguna contraprestación recibieron o las cantidades entregadas han sido en general irrisorias frente a las obligaciones asumidas”.