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Fases de la desescalada, ¿cuándo vuelve al trabajo mi sector? ¿Sigo teletrabajando? ¿Puedo viajar?

uso.es

Las fases de la desescalada anunciadas por el Gobierno se aplican al trabajo, a la vuelta a algunas actividades laborales y a la vida personal

El plan de desescalada y vuelta a la llamada “nueva normalidad” prevé un proceso de cuatro fases que afectan a la vuelta al trabajo y a cómo nos desplazamos a él. El paso de una fase a otra no es homogéneo en todo el territorio, sino que se hará por provincias, en función del nivel de contagios y la evolución de la pandemia. Es decir, la Fase II implica los mismos límites y permisos para todo el territorio nacional, pero una provincia puede entrar en Fase II el 11 de mayo y otra no llegar a ella hasta el 8 de junio, por ejemplo.

El Gobierno incide, además, en la importancia de cumplir a rajatabla los límites interprovinciales, y muy especialmente cuando una provincia esté en una fase avanzada por encontrarse más “limpia” y en la nuestra haya una fase inicial por tener aún demasiados contagios. El objetivo es acabar con los focos de infección, no extenderlos.

Medidas comunes a todas las actividades laborales y personales durante la desescalada

Sea cual sea la fase en la que estemos y la actividad que realicemos, el anexo del Ministerio de Sanidad prevé unas medidas comunes:
•Cualquier actividad permitida deberá desarrollarse en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social. El uso de las mascarillas fuera del hogar es conveniente y altamente recomendable cuando no pueda garantizarse el distanciamiento social. Igualmente, se deberá facilitar la disponibilidad y el acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente.
•En actividades permitidas, todos los locales y demás establecimientos, así como su equipamiento, deberán ser periódicamente desinfectados e higienizados.
•Con carácter general, hasta alcanzar la nueva normalidad que se consigue al superar la fase III, no se permitirá viajar a provincias diferentes a aquella en la que se resida, salvo por las causas justificadas (tener el puesto de trabajo en la provincia limítrofe a la del domicilio es una de esas causas justificadas). Una vez en la etapa de nueva normalidad, se podrá viajar entre provincias cuando ambas hayan superado la fase III.
•Todas las actividades y sus limitaciones se mantendrán en las fases sucesivas de la desescalada, salvo que se señalen otras limitaciones diferentes.
•Los viajes que se efectúen, cualquiera que sea el medio de transporte, deberán hacerse para la realización de las actividades permitidas.

Y desde USO te recordamos las medidas básicas que debemos tomar en nuestro centro de trabajo frente al coronavirus.

Fase 0: actividad laboral genérica

Todas las provincias están actualmente en la Fase 0 de la desescalada hasta el 4 de mayo. En ese momento, las provincias que cumplan los requisitos de Sanidad podrán situarse en una fase más avanzada.

En el ámbito laboral, el teletrabajo sigue siendo la opción preferente para todos los puestos y empresas donde sea posible. En los que sea imprescindible el factor presencial, se escalonará la entrada y salida de los centros de trabajo para evitar al máximo el contacto.

Si teletrabajas, desde USO te recomendamos que tengas en cuenta estos consejos:
•Teletrabajo: ¿qué es? ¿Cómo podemos prevenir los riesgos laborales?
•Recomendaciones y claves del teletrabajo durante la crisis del coronavirus

Y, en el caso de que vuelvas a tu puesto de trabajo físico, esta es la actualización de medidas de prevención frente al covid-19 en el retorno a algunas actividades.

Fase 0: actividades específicas
•Servicios sociales: completarán la incorporación de los trabajadores sociales dada su importancia en la protección de colectivos especialmente vulnerables.
•Educación y universidades: se fomentará la educación on line o a distancia.
•Comercio minorista y actividad de prestación de servicios: apertura de locales y establecimientos con cita previa para atención individual. Los locales deberán contar con mostrador, mampara u otros métodos para garantizar la protección individual. Se establecerá un horario de atención preferente para las personas mayores de 65 años. Cuando el servicio requiera tener contacto con el cliente, serán obligatorios la mascarilla y los guantes.
•Hostelería, restaurantes y cafeterías: apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para llevar. Sigue prohibido el consumo en el local.
•Hoteles y alojamientos turísticos: sigue sin permitirse la actividad, salvo las excepciones ya reguladas (hoteles medicalizados, por ejemplo).
•Actividades culturales y de ocio: apertura de archivos.
•Deporte profesional y federado: entrenamientos individuales de profesionales y federados; entrenamiento básico de ligas profesionales; actividad deportiva sin contacto con otras personas.
•Deporte no profesional: actividad deportiva sin contacto, siempre que se haga de forma individual. Se llevará la protección adecuada: mascarilla, salvo en deportes acuáticos, y distancia mínima.
•Movilidad urbana y periurbana: incremento progresivo de las frecuencias del transporte público, sobre todo en hora punta; preparación de planes de movilidad reforzada; preparar espacios habilitados para las personas con discapacidad.
•Movilidad terrestre de media y larga distancia (ferroviario y bus): limitación de servicios al 30% del período normal. También es obligatorio buscar espacios seguros habilitados específicamente para personas con discapacidad.
•Transporte marítimo: se mantienen las condiciones actuales de restricciones y frecuencias, y se habilitarán espacios para las personas con discapacidad.
•Transporte aéreo: no se contempla ningún cambio en ninguna fase. Los avances se harán en función del acuerdo europeo o internacional en materia de seguridad.

Fase I: actividad laboral genérica

Se analizarán las exigencias en Prevención de Riesgos Laborales necesarias para cada actividad. Estas exigencias deben haber sido adaptadas al escenario del covid-19.

Fase I: actividades específicas
•Servicios sociales: reactivación progresiva de los servicios sociales, con atención prioritaria a colectivos más desfavorecidos, según las recomendaciones sanitarias: personas con discapacidad, terapias de atención temprana, ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales. Atención domiciliaria y seguimiento continuo a personas mayores que no vivan en residencias.
•Educación y universidades: los centros educativos abrirán para su desinfección; acondicionamiento; trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar. Apertura de universidades para su desinfección, acondicionamiento y para gestiones administrativas y de investigación. Apertura de laboratorios universitarios.
•Ciencia e innovación: reapertura gradual de instalaciones científico-técnicas que se cerraron en la primera fase de la pandemia por no considerarse esenciales a corto plazo. Podrán celebrarse seminarios y congresos científicos o innovadores, respetando la distancia social de más de 2 metros y de menos de 30 asistentes, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
•Comercio minorista y actividad de prestación de servicios: apertura generalizada de locales y establecimientos comerciales que no tengan carácter de centro o parque comercial (esto no altera la actividad de los establecimientos situados en centros comerciales que han podido seguir abiertos al público durante el estado de alarma). Aforo limitado al 30% y se garantizará una distancia mínima de dos metros entre clientes. Si esto no es posible, solo se permitirá la permanencia de un cliente. Se establecerá horario de atención preferente a mayores de 65 años. Cuando lo proponga el ayuntamiento correspondiente, se pueden reiniciar los mercados al aire libre en la vía pública. Se regulará el distanciamiento entre puestos y la delimitación de aforo. Se limitará al 25% de los puestos habituales o se aumentará la superficie.
•Hostelería, restaurantes y cafeterías: apertura de terrazas. Se limitarán al 30% las mesas permitidas sobre los años anteriores. Pueden ponerse más mesas si el ayuntamiento permite ampliar el espacio, respetando la proporción del 30% entre superficie y mesas, y con el correspondiente incremento proporcional del espacio peatonal en el tramo de vía pública.
•Hoteles y alojamientos turísticos: apertura sin utilización de zonas comunes y con restricciones en actividades como restauración. Desinfección y refuerzo de normas de salud e higiene.
•Agricultura: apertura de actividades del sector agroalimentario y pesquero que mantenía las restricciones. Nota: las actividades comerciales agrícolas y ganaderas se regirán por las reglas de comercio minorista (vino envasado, animales vivos). Los mercados de proximidad se regulan en el apartado de comercio minorista.
•Actividades culturales y de ocio: ◦bibliotecas: préstamos y lectura con limitación de aforo.
◦actos y espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados (con un tercio de aforo).
◦actos y espectáculos culturales al aire libre de menos de 200 personas (siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria).
◦museos. Solo visitas, no actividades culturales, a un tercio de aforo y con control de aglomeraciones en salas.
◦turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas.
◦producción audiovisual y rodaje de cine y series.

•Deporte profesional y federado: apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos. Entrenamiento medio en ligas profesionales.
•Deporte no profesional: instalaciones deportivas al aire libre sin público (solo para practicar deportes en los que no exista contacto, como atletismo o tenis). Actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.
•Lugares de culto religioso: limitación de un tercio del aforo.
•Movilidad urbana y periurbana: el transporte público en entornos urbanos e interurbanos a niveles de oferta de servicios del 80-100%. Medidas de gestión de la demanda de viajeros. Se establecerá un factor de ocupación de referencia.
•Movilidad terrestre de media y larga distancia (ferroviario y bus): mantenimiento de las condiciones actuales (limitación de número de servicios-oferta de servicios al 30%). Limitación de ocupación al 50% de los vehículos. Prohibición de catering en trenes.
•Transporte marítimo: se mantienen las condiciones actuales, salvo que se acuerde en el grupo de trabajo algo diferente con las comunidades y ciudades autónomas afectadas. Ocupación: 50% en butaca o separación de butacas a más de 2 metros. 100% en camarotes, siempre que sean ocupados por personas que residan en el mismo domicilio.

Fase II: actividad laboral genérica y actividades específicas

La Fase II no contempla cambios genéricos. En cuanto a actividades específicas:
•Servicios sociales: visitas de un familiar a personas con discapacidad en residencias y viviendas tuteladas (salvo en el caso de residencias de mayores).
•Educación y universidades: ◦apertura de infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización, y siempre con límite de aforo.
◦con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales de ciclo, desde 4º de la ESO, comenzarán con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos.
◦se permite la apertura de los centros de Educación Especial y la asistencia de los alumnos tendrá carácter voluntario.
◦EBAU.
◦los centros educativos prepararán programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente.

•Ciencia e innovación: seminarios científicos o innovadores, respetando la distancia social de dos metros y menos de 50 participantes. Se garantizará el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Se abrirán las residencias para investigadores, supeditado a las condiciones establecidas para los establecimientos hoteleros. Apertura al público de los museos de Ciencia y Tecnología, y las casas de la Ciencia, bajo las mismas normas vigentes para los demás museos y centros culturales.
•Comercio minorista y actividad de prestación de servicios: ◦apertura al público de los centros o parques comerciales, con prohibición de permanecer en las zonas comunes o áreas recreativas.
◦aforo limitado al 40% y con garantía de dos metros de distancia entre clientes.
◦donde no sea posible esa distancia, únicamente un cliente permanecerá dentro del local.
◦horario de atención preferente a mayores de 65 años.
◦en venta no sedentaria/mercados al aire libre, podrá ampliarse el número de puestos que pueden operar a un tercio de los habituales, o distancia de separación similar con aumento de superficie, como se señala en la Fase I.
◦apertura de los centros educativos y de formación (autoescuelas, academias, etc.), que no estén incluidos en Educación y Ciencia. Se establecerán las medidas de distanciamiento, higiene y protección oportunas.

•Hostelería, restaurantes y cafeterías: para locales, consumo en el local con servicio de mesa con garantía de separación entre clientes en mesa y entre mesas, excepto discotecas y bares nocturnos. Limitación a un tercio de aforo. Solo consumo sentados o para llevar.
•Hoteles y alojamientos turísticos: apertura de zonas comunes limitadas a un tercio de aforo, excepto hostelería, restaurantes y cafeterías, que se sujetarán a las restricciones de este sector.
•Agricultura: reanudación de caza y pesca deportiva.
•Actividades culturales y de ocio: ◦cines, teatros, auditorios y espacios similares (con butaca preasignada), con una limitación de aforo de un tercio.
◦monumentos y otros equipamientos culturales (solo visitas, no actividades culturales) a un tercio de aforo.
◦salas de exposiciones, salas de conferencias y salas multiuso: un tercio de aforo y control de aglomeraciones.
◦actos y espectáculos culturales y de ocio al aire libre de menos de 400 personas, siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria.
◦turismo activo y de naturaleza para grupos más amplios de personas.

•Deporte profesional y federado: entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas; entrenamiento total en ligas profesionales; reapertura de campeonatos profesionales mediante partidos a puerta cerrada o con limitación de aforo, que puedan ser retransmitidos.
•Deporte no profesional: espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo limitado, en términos similares a las actividades culturales y de ocio de esta Fase.
•Lugares de culto religioso: limitado a la mitad de aforo.
•Movilidad y transporte: en esta fase, no hay cambios en ninguna de sus categorías.

Fase III: actividad laboral genérica

Protocolos de reincorporación presencial a las empresas para la actividad laboral (uso de EPI y/u otras medidas de seguridad), con horario escalonado y garantías de conciliación.

En este sentido, desde USO te recomendamos que leas las siguientes informaciones que pueden resultarte de utilidad:
•¿Qué hacer si no me entregan los EPI o equipos de protección individual?
•Riesgo grave e inminente, ¿puedo abandonar mi puesto de trabajo?
•Regulación excepcional de la reducción de jornada.
•Asistencia al trabajo de embarazadas, diabéticos, enfermos de cáncer y otros colectivos vulnerables.

Fase III: actividades específicas
•Servicios sociales: previsión de desescalada y revisión modelo de residencias de mayores.
•Ciencia e innovación: seminarios, congresos y ferias científicas o de innovación, respetando distancia social de más de dos metros y menos de 80 personas. Se garantizará el cumplimiento de protocolos de seguridad. Actividades de divulgación científico-técnica y talleres informativos, con las restricciones necesarias.
•Comercio minorista y actividad de prestación de servicios: se levanta la prohibición de utilización de zonas comunes y recreativas de los centros comerciales. Aforo limitado al 50% y distancia de seguridad mínima de dos metros. Los mercados al aire libre/venta no sedentaria podrán aumentar su actividad hasta alcanzar el 50% de los puestos o aumento de la superficie que permita distancia similar entre puestos, a criterio de los ayuntamientos, que deben garantizar la distancia de seguridad de dos metros entre las personas.
•Hostelería, restaurantes y cafeterías: para locales, se extenderá el aforo de un máximo de mitad de su capacidad que garantice la separación de clientes. Se permite gente de pie con separación mínima de 1,5 metros entre los clientes de la barra. En terrazas: se limitará al 50% de las mesas permitidas en años anteriores con base en la licencia municipal. Podrían tener mesas si el ayuntamiento permite más espacio, respetando la proporción mesas/superficie del 50%. Discotecas y bares nocturnos, con aforo máximo de un tercio.
•Hoteles y alojamientos turísticos: apertura de zonas comunes limitadas a la mitad de aforo, excepto hostelería, restaurantes y cafeterías, que se sujetarán a las restricciones previstas para este sector.
•Actividades culturales y de ocio: ◦las actividades con un tercio de aforo en Fase II pueden pasar a la mitad de aforo.
◦salas de artes escénicas y musicales, con limitación de aforo a un tercio.
◦actos y espectáculos culturales de menos de 80 personas en lugares cerrados (un tercio de aforo).
◦plazas, recintos e instalaciones taurinas, con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados.
◦actos y espectáculos culturales, parques temáticos y de ocio al aire libre de menos de 800 personas (siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria).
◦turismo activo y de naturaleza.
◦playas, en condiciones de seguridad y distanciamiento.

•Deporte profesional y federado: entrenamiento medio en ligas no profesionales federadas.
•Deporte no profesional: espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo menos limitado, en términos similares a actividades culturales y de ocio de esta fase. Espectáculos y actividades deportivas en espacios cerrados (solo para practicar deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea moderado, como una pista de patinaje. Público limitado a una persona por cada 20 metros cuadrados. Partidos con un máximo de un tercio de aforo, garantizando la separación de seguridad entre los espectadores. Actividades deportivas al aire libre o con un máximo de un tercio del aforo de gimnasios, sin uso de vestuarios.
•Movilidad urbana y periurbana: todos los servicios de transporte público al 100%.
•Movilidad terrestre de media y larga distancia (ferroviario y bus): posible incremento de la ocupación de los vehículos (autobuses y trenes).
•Transporte marítimo: se elimina la limitación normativa de no embarcar pasajeros en los ferries, en función de la evolución de los parámetros sanitarios. Se autorizan las actividades náuticas de recreo.

Ante la desescalada, lo primero protección

29 Abr 2020 ugt.es

Para UGT, la deshibernación de la economía tiene que estar presidida por la seguridad de las personas trabajadoras, la preservación del empleo y la protección a los más vulnerables

• Para UGT, una vez esté controlada la pandemia, es imprescindible proceder a la vuelta de la actividad económica sin dejar a nadie atrás.

• Tres objetivos deben presidir esta desescalada: la seguridad de las personas trabajadoras, el mantenimiento del empleo y la protección a las personas desempleadas y más vulnerables.

• El diálogo social debe desarrollar todos los procesos de reactivación económica en las empresas y centros de trabajo.

• UGT exigirá al Gobierno un sello de seguridad y salubridad para que las empresas de los sectores de comercio, hostelería y restauración generen confianza entre sus personas trabajadoras y entre la población.

La Unión General de Trabajadores considera que, una vez amaine la magnitud de la crisis sanitaria en la que estamos envueltos, como así parece durante los últimos días, se debe ir procediendo a la vuelta de la actividad en aquellos procesos productivos que se encuentren aún paralizados, con el fin de paliar, en la medida de lo posible, los daños que, a nivel económico, está produciendo esta pandemia.

Para el sindicato, ante los planes de desescalada anunciados por el Gobierno, los objetivos fundamentales que deben presidir este periodo de deshibernación de la economía son: la protección de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras durante su reincorporación a la actividad productiva; la protección del empleo, especialmente a través de la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con el objetivo fundamental de preservar el empleo y evitar los despidos; la protección de las personas más vulnerables, a través de una renta mínima extraordinaria hasta que se apruebe la ley de ingreso vital mínimo, así como el resto de medidas acordadas para dar cobertura a los colectivos de trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo, y que se tienen que mantener, al menos, a lo largo del proceso de desescalada.

Hasta ahora, las medidas del Gobierno han ido en la dirección de mantener un cierto equilibrio entre las medidas de protección de la salud y el sostenimiento de la actividad económica. Para UGT, es fundamental que, teniendo en cuenta que el Gobierno es el encargado máximo de velar por que no se produzca una relajación prematura de las medidas de confinamiento, debe ser el responsable primero de realizar las pruebas oportunas para verificar el estado de la pandemia entre la población. Esto quiere decir que, lo primero es que se realicen las pruebas de detección del Covid19 de manera masiva y coordinada para realizar, de manera previa, un “mapa” de la enfermedad entre la población y poder discriminar adecuadamente la vuelta a la actividad por colectivos y sectores.

Además, el Gobierno estatal y los de las Comunidades Autónomas son los responsables de facilitar a las empresas, en esta situación excepcional, el acceso al material de prevención adecuado de manera previa a la vuelta de la actividad, para que no se generen asimetrías que deriven en injusticias. Y a nivel de ciudadanía, la intervención de los precios de los medios de protección y el aseguramiento de su justo reparto es imprescindible y urgente.

Diálogo social para la vuelta al trabajo en condiciones de seguridad

Para UGT, la vuelta al trabajo exige una serie de medidas preventivas extremas derivadas del riesgo para la salud de los trabajadores. De esta forma, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de obligaciones a los empresarios para que garanticen la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras. También, es necesario que los sindicatos participen de la negociación de cómo acometer el proceso ordenado de vuelta a la actividad. En este sentido, el diálogo social a nivel de empresa y sector es esencial para asegurar el éxito de este proceso.

En el ámbito de las empresas públicas, también resulta imprescindible esta necesidad de diálogo social, tanto desde el punto de vista del camino de vuelta a la normalidad, como también en relación con la situación de las contratas y subcontratas que debe ser objeto también de diálogo con las organizaciones sindicales.

Por ello, es esencial que el retorno a la actividad se produzca, no solo teniendo en cuenta las necesidades de la actividad productiva, sino esencialmente la situación de las personas. En este sentido, UGT reclama al Gobierno un certificado o sello dirigido especialmente para las empresas de los sectores de comercio, hostelería y restauración, que certifique la salubridad y la seguridad de esas instalaciones y empresas y generen confianza y seguridad entre los consumidores y los trabajadores y trabajadoras.

Preservación del empleo y protección a los más vulnerables

Para UGT, esta crisis no finalizará con el fin del Estado de Alarma. Por ello, resulta imprescindible continuar aplicando medidas económicas y laborales que protejan a las personas que han perdido el empleo, no pueden acceder a uno o se han visto afectados por una reducción de ingresos.

En este sentido, es fundamental sostener el apoyo a las empresas, en especial a las pymes, con el fin de evitar la destrucción del tejido productivo y del empleo. Por ello, el sindicato exige la extensión y favorecimiento de las medidas de ajuste temporal (ERTE) para salvaguardar la existencia de nuestras empresas y empleos durante la desescalada. Si no es así, todo el esfuerzo realizado se irá por el sumidero y se destruirá el empleo que hemos conseguido preservar y las empresas desaparecerán.

Asimismo, es urgente poner en marcha una renta mínima coyuntural y extraordinaria que dé cobertura a los cientos de miles de familias que se han quedado fuera del escudo de protección social y hasta que se haga realidad una Ley de Ingreso Mínimo Vital.

Además, UGT considera que el diálogo social debe avanzar en el diseño de un plan de reconstrucción para el impulso económico y social, que considere la recuperación como una oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo y de bienestar social, tomando como marco el pilar europeo de derechos sociales y los objetivos de desarrollo sostenibles.

Medidas concretas en la empresa o centro de trabajo

Para UGT, la reincorporación no debe efectuarse tan solo teniendo en cuenta las actividades económicas como tal, sino también las condiciones psicofísicas, de salud, de las personas. Así, sea cual sea la actividad, los grupos especialmente sensibles deben reincorporarse en último lugar, cuando tengan el mínimo riesgo controlado. Para ello:

1. Es preciso que se elaboren, desde el diálogo social, guías prácticas y concretas para los diversos sectores en los que se determinan las medidas preventivas a seguir para asegurar la salud de las personas trabajadora en el retorno al trabajo.
2. Es imprescindible que en cada empresa se elabore un plan de contingencia, sobre la base de la modificación de la evaluación de riesgos por el Servicio de Prevención. En el Plan de Contingencias se deben detallar las medidas concretas que cada empresa va adoptar para impedir al máximo posible los riesgos de contagio del COVID-19. Esta actividad preventiva debe ser obligatoriamente previa a la vuelta a la actividad.

No se debe exigir un documento complejo, sino un documento práctico con la exposición clara y real de las medidas y compromisos que asume la empresa para evitar el riesgo de contagio a las personas trabajadoras. En este sentido, algunas de las medidas que debe contener ese plan de contingencia serían un protocolo para garantizar la distancia entre las personas trabajadoras en la empresa; mantener el teletrabajo en aquellos puestos en los que sea posible; extremar la higiene de manos lo máximo posible; dotar de EPI a los trabajadores y trabajadoras antes de proceder al retorno a la actividad productiva; o tomar las medidas oportunas, en caso de contagio, de protección y auxilio lo más inmediatamente posible para los empleados y empleadas.

El Plan de desescalada no ofrece certezas y tenemos que estar preparados para una posible oleada de nuevos contagios

• CSIF exige el refuerzo de sectores estratégicos como la Sanidad y las residencias, entre otros
• Ofrecemos nuestra colaboración a Gobierno y CC.AA
• CSIF pide plenas garantías de seguridad ante la inminente reincorporación a los puestos de trabajo en las administraciones y empresa Privada: los planes de reincorporación tienen serias carencias

29 de Abril de 2020

csif.es

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado hoy al Gobierno que se dote de plenas garantías sanitarias a los/as empleados públicos y trabajadores de la empresa privada que en los próximos días se van a ir reincorporando de maneral presencial a sus puestos de trabajo.

Desde esta premisa, CSIF considera que el plan de desescalada anunciado ayer, tal y como reconoce el propio Gobierno, no ofrece certezas sobre la evolución del coronavirus, por lo que tenemos que estar preparados para una posible oleada de nuevos contagios.

En este sentido, desde CSIF planteamos analizar los recursos humanos de las administraciones públicas, para que puedan responder a las necesidades de la ciudadanía ante cualquier eventualidad en la evolución del virus. No podemos repetir los mismos errores y por tanto, debemos reforzar sectores estratégicos, empezando por la Sanidad, Servicios Sociales, pero también Administración General del Estado, Educación, Ciencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…

Las últimas cifras de la EPA nos indican que durante los primeros meses del año –coincidiendo con la llegada del coronavirus y posterior propagación—España prescindió de más de 34.000 puestos de trabajo en las actividades sanitarias y residencias, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto no puede volver a ocurrir y ya estamos viendo que comunidades autónomas se están planteando prescindir de los refuerzos contratados estos meses en la sanidad.

Además, durante los últimos años se ha desmantelado el Estado del Bienestar, por lo que el refuerzo de estos sectores también puede ser un estímulo económico para la creación de empleo de calidad que redunde en el bienestar de los/as ciudadanos.

Protección a trabajadores/as

Desde CSIF exigimos equipos de protección para todos los trabajadores/as, tanto en sus puestos de trabajo como en los desplazamientos, así como la realización de test masivos a todo el personal, incluidos los asintomáticos, y una desinfección regular de los centros de trabajo. Lamentablemente, hemos visto que los planes de reincorporación en la Administración General del Estado o en la Justicia, siendo ámbitos de gran afluencia de personas, tienes serias carencias.

En este sentido, siendo conscientes de que aún carecemos de test para el conjunto de la población, sería preciso establecer prioridades y realizar pruebas a la población más vulnerable, al personal de la sanidad, a los profesionales de las administraciones públicas en general.

La tasa de paro sube hasta el 14,4%, aunque la EPA recoge solo parcialmente el impacto de la crisis del coronavirus

El paro ha aumentado en 121.000 personas en el primer trimestre, aunque el aumento real puede ser superior

Los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año que hemos conocido hoy no son buenos: la ocupación baja en 285.600 personas y el paro aumentó en 121.000 personas. Estos datos, peores que los del año anterior, recogen parcialmente el impacto de la crisis derivada del COVID19, ya que el estado de alarma solo afectó en el primer trimestre a la segunda quincena de marzo. “El 90 por cien del empleo perdido en el primer trimestre se concentra en los empleos más precarios, lo que vuelve a poner de relieve la necesidad de derogar la reforma laboral para asentar una recuperación que beneficie a la población trabajadora y reduzca la desigualdad”, señala la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, “y evitar que el impacto de la crisis derivada del COVID19 puede disparar de nuevo el riesgo de pobreza y vulnerabilidad de la población”.

28/04/2020. ccoo.es

Gráfico Sube el paro y cae la ocupación

Según señala el Gabinete Económico confederal de CCOO, la pérdida de empleo atribuible al Covid-19 en el primer trimestre se sitúa en torno a 200.000 empleos. El resto, hasta completar la pérdida de empleo producida, se correspondería a la pérdida de empleo esperable en el primer trimestre del año: en 2019 se perdieron 93.400 empleos en el primer trimestre y la semana santa igualmente fue en abril. Previsiblemente la crisis provocada por el COVID-19 tendrá un impacto superior en los datos del segundo trimestre

El descenso de la ocupación en el primer trimestre no incluye a los afectados por un ERTE con suspensión de empleo, ya que según la metodología de la EPA, se consideran ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses. Sin embargo, la suspensión o reducción de la jornada de los trabajadores afectados por un ERTE, junto con otros motivos de ausencia al trabajo, sí ha tenido un reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas que caen un 4,3% respecto al cuarto trimestre de 2019. Los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia aumentan en 510.000 personas este trimestre y las principales razones de este incremento son el paro parcial por razones técnicas o económicas (+384.600 personas), la suspensión por expediente de regulación de empleo (+178.300 personas) y enfermedad, accidente o incapacidad temporal (+51.700 personas).

En el primer trimestre el descenso de la ocupación se concentra mayoritariamente en los servicios (-275.900), seguido a gran distancia por agricultura (-9.100) y construcción (-6.200).En cambio la industria aumenta sus ocupados en 5.600 personas. El descenso de la ocupación se concentra en el sector privado (-280.300 personas) y en mucha menor medida en el sector público (-5.400).

El 90 por cien del empleo perdido en el primer trimestre se ha concentrado entre la población asalariada temporal, con una pérdida de 255.000 personas asalariadas con contrato temporal, lo que evidencia claramente de nuevo por donde se ha producido el ajuste laboral en este inicio de crisis.

El paro subió en 121.000 personas en el primer trimestre, aunque, advierte CCOO, el aumento real puede ser superior debido a que un número relevante de personas que han perdido su empleo se hayan clasificado como población inactiva al no cumplir con los requisitos de la definición de paro EPA (búsqueda activa de empleo). La población inactiva ha repuntado en 119.000 personas más que en el primer trimestre del año pasado, por lo que es probable que el aumento real del paro EPA se sitúe en torno a 240.000 personas en el primer trimestre de 2020. La tasa de paro repunta hasta el 14,4% en el primer trimestre, aunque posiblemente esté ya en el 15% si se suma el aumento de la población inactiva que posiblemente sean desempleados reales.

Para CCOO, los datos de la EPA ponen en evidencia que es necesario un consenso político y social, que tiene que abordar medidas en el corto plazo para seguir salvaguardando el empleo mediante ERTE, continuar protegiendo a las personas que han perdido el empleo o han visto reducidos drásticamente sus ingresos; también con las medidas precisas para inyectar liquidez en las empresas, sobre todo las PYMES, para evitar su desaparición y destrucción de empleo.

“Se tiene que preparar de manera inmediata un plan de impulso económico, en aquellos sectores que durante más tiempo van a sufrir la paralización de la actividad, y que son muy relevantes en nuestra economía. De forma paralela hay que impulsar un cambio en nuestro tejido productivo -el sector industrial debe recuperar protagonismo ante las necesidades de suministros básicos que está quedando patente en la crisis-, así como un impulso a los servicios públicos” propone la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana.

El Defensor pide a las CCAA mejorar la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos

defensordelpueblo.es

24/04/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha enviado recomendaciones a CCAA residencias de mayores COVID 19 a todas las Comunidades Autónomas para que mejoren la atención sanitaria de los residentes en centros de mayores, la información que se proporciona a sus familias y la protección de sus derechos.

La Institución ha recibido un número considerable de quejas en las que los familiares de los residentes ponen de manifiesto carencias en su asistencia sanitaria y falta de información y transparencia por parte de los centros. Asimismo, expresan su desesperación por no poder despedirse en caso de fallecimiento y la inseguridad con respecto a sus derechos en estos momentos.

El Defensor del Pueblo, tras el análisis de las quejas recibidas y dados los dramáticos datos de afectados y fallecidos en residencias que se van conociendo, estima preciso incidir en el refuerzo de las medidas de atención sanitaria en los centros y en la atención a otros derechos de las personas que se encuentran confinadas en centros residenciales, postergados frente a la urgencia de proteger la vida.

Recomendaciones

Así, en un escrito dirigido a todas las consejerías de políticas sociales autonómicas, la Institución recomienda que se refuerce en los centros residenciales la debida asistencia sanitaria a los enfermos por covid-19 sin indicación de hospitalización.

Para ello, apunta que debe mejorar la coordinación con las consejerías responsables de la atención sanitaria e insta a que las residencias obtengan el adecuado soporte médico y de enfermería, al menos mediante la adscripción presencial y provisional de personal sanitario de refuerzo, la entrega del equipamiento sanitario preciso para la función asistencial, el suministro de equipos de protección individual para el personal y la realización de pruebas diagnósticas a todos los residentes y al personal del centro.

La Institución también considera urgente que se suplan las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores desde los proveedores de servicios (o, en su defecto, desde la autoridad correspondiente) para poder garantizar el cuidado adecuado (higiene, alimentación, movilización, etc.) de las personas mayores.

El Defensor considera necesario mejorar la información que reciben las familias. En esta línea, ha pedido que se adopten las medidas precisas para garantizar la información continua y completa, y al menos diaria, a la persona designada por la familia del residente sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés, sin perjuicio de procurar herramientas de comunicación directa o telemática.

Para el Defensor también es necesario que se comunique a las familias los traslados de residentes dentro del centro o las derivaciones a otro centro residencial u hospitalario.

Además, recomienda mantener informado regularmente al representante de la familia de la situación general en que se encuentra la residencia en cuanto a usuarios afectados por covid-19 (fallecidos, confirmados y con síntomas compatibles), recursos disponibles e incidencias de personal.

Respecto a los derechos de los residentes, la Institución ha instado a las CCAA a que permitan que los mayores no contagiados puedan, de forma voluntaria y temporal, volver con sus familias durante esta crisis del coronavirus, sin pérdida de plaza, y siempre que sea posible de conformidad con los requisitos para la protección de la salud pública que se establezcan.

Por último, el Defensor ha reclamado que, en los casos de estado clínico terminal, se adopten protocolos que permitan facilitar la despedida al menos a un miembro de la familia. En opinión de la Institución, el proceso de muerte debe ser lo más humanizado y digno que sea posible, cumpliendo igualmente las necesidades de salud pública para garantizar la seguridad del resto de usuarios, trabajadores y del propio familiar. Igualmente, se debe procurar, si así lo solicita el enfermo, atención espiritual al residente según sus creencias.

Actuación de oficio

Estas recomendaciones se han dirigido a todas las CCAA, dado que conservan las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma, conforme establece el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Las resoluciones de la Institución se unen a las actuaciones generales ya emprendidas con el Ministerio de Sanidad y a la actuación de oficio abierta con todas las consejerías de sanidad y políticas sociales de las comunidades autónomas, para conocer de forma más estructurada la respuesta en cada territorio a esta emergencia sanitaria, y a determinar aspectos de mejora que permitan fortalecer la adopción de medidas coordinadas ante nuevas amenazas epidémicas.

En un contexto en el que la prioridad absoluta es defender el derecho a la vida y detener la propagación de la pandemia del Covid-19 para salvar el mayor número de vidas posible, la Institución es consciente del esfuerzo que realiza, hasta el máximo de sus fuerzas y capacidades y en primera línea, todo el personal de los servicios sanitarios y de emergencias, y los trabajadores que atienden a las personas más vulnerables en centros residenciales.

Revisión profunda del modelo

El Defensor del Pueblo viene examinando desde hace tiempo la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el territorio nacional y alertando de las carencias de medios y personal en muchos de ellos.

En el informe correspondiente a 2018 se plasmaron unas conclusiones de carácter general, tras recabar y analizar información de las consejerías competentes sobre la situación de la atención residencial en todas las comunidades autónomas.

Dicho análisis continuó a lo largo de 2019 y así se refleja en el informe correspondiente a dicho año que se entregará próximamente a las Cortes Generales.

Las carencias de medios y personal en muchos de los centros residenciales son problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis

Ante la pandemia, la dramática situación que se vive en muchos centros refleja las dificultades del modelo para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción, al tratarse de un modelo puramente asistencial, con medios escasos y que se apoya para toda la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

Por ello, a juicio del Defensor del Pueblo, el modelo en su conjunto requiere una revisión profunda.

Consejo de Ministros. Coronavirus COVID-19

El Gobierno aprueba un plan de desescalada que se prolongará hasta finales de junio

La Moncloa, Madrid, martes 28 de abril de 2020

lamoncloa.gob.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado, tras el Consejo de Ministros, que cada provincia avanzará a un ritmo diferente, pero coordinado. El plan constará de cuatro fases y pasar de una a otra dependerá de la capacidad del sistema sanitario, situación epidemiológica, medidas de protección en espacios públicos, datos de movilidad y socioeconómicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido que el propósito del plan es «poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los ciudadanos y manteniendo a salvo nuestro sistema de salud».

Pedro Sánchez ha insistido en que la desescalada será gradual, asimétrica y coordinada y que no se recuperará de golpe toda la actividad y la movilidad, sino que se hará en cuatro fases. Además, ha aclarado que la provincia o la isla será el espacio territorial donde se desarrollarán las actividades permitidas: «No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad».

Desescalada gradual, asimétrica y coordinada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl presidente ha explicado que la desescalada se hará en función del control de la epidemia en cada provincia y a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, de acuerdo con criterios objetivos. El paso de una fase a otra en cada lugar se determinará en función de las capacidades estratégicas de su sistema sanitario de atención primaria y hospitalario; su situación epidemiológica; la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier espacio público, y en los datos de movilidad y económicos.

Estos marcadores serán públicos, ha anunciado Sánchez, «para que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones políticas que van a determinar la vuelta a la nueva normalidad en cada territorio».

«El proceso no será uniforme, sino asimétrico y con distintas velocidades, pero coordinado, para que se rija por unas mismas reglas», ha remarcado el presidente. Esta coordinación recaerá en el Gobierno de España, y el ministro de Sanidad asumirá las decisiones necesarias como autoridad delegada. No obstante, se tendrá muy en cuenta el parecer de las autoridades autonómicas y locales, a los que corresponderá gran parte de la gestión. De hecho, podrán tomarse medidas en territorios no coincidentes con las provincias si así lo motivan las comunidades autónomas.

Fases de la desescalada

En la actual fase preparatoria o fase cero, el presidente ha anunciado que, además de la medidas proyectadas para que los menores salgan una hora a la calle y los adultos a hacer ejercicio, se incluye la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes, así como de los restaurantes con servicio de comida para llevar, sin consumo en el local.

Los deportistas profesionales y federados podrán empezar a entrenar de forma individual.

En la fase uno o inicial, el jefe del Ejecutivo ha señalado que se permitirá la apertura del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros comerciales, donde son más probables las aglomeraciones.

En restauración se podrán abrir terrazas con limitaciones de ocupación del 30% y, en hostelería, hoteles y alojamientos turísticos, excluyendo las zonas comunes. El sector agroalimentario y pesquero reanudará las actividades que mantenía con restricciones. Los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio de su capacidad.

En el ámbito deportivo, el presidente ha avanzado la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y el permiso para el entrenamiento medio en ligas profesionales. Para los ciudadanos que utilizan el transporte público, el uso de la mascarilla estará «altamente recomendado».

En la fase dos o intermedia se abrirá el espacio interior de los locales solo para el servicio de mesas, con separación entre ellas y un tercio de aforo.

Sánchez ha concretado que el curso escolar comenzará en septiembre con carácter general, si bien se podrán reabrir antes los centros educativos con el propósito de garantizar las actividades de refuerzo, que los menores acudan en el caso de que ambos progenitores trabajen presencialmente y para celebrar las pruebas de la EBAU.

Los cines, teatros y auditorios reabrirán un tercio de su aforo con butacas preasignadas. Las salas de exposiciones, conferencias y visitas a monumentos también abrirán con un tercio de su ocupación habitual. Los actos y espectáculos al aire libre estarán permitidos cuando se congreguen menos de 400 personas sentadas. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50%.

En la fase tres o avanzada, el presidente ha indicado que se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos.

El comercio limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros entre personas. En restauración, se suavizarán algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público.

Pedro Sánchez ha señalado que el Ministerio de Sanidad dictará órdenes que detallarán todos los supuestos.

Plazo mínimo de dos semanas por fase

La duración mínima de cada una de las fases de desescalada se ha fijado en dos semanas. En el mejor de los casos, ha señalado Sánchez, la duración del proceso será de mes y medio y, como máximo, se plantean ocho semanas, «por lo que a finales de junio estaríamos en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos los territorios».

A partir de esa fecha terminarán las restricciones sociales y económicas, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, las medidas de higiene y protección personal hasta que haya una vacuna.

Primeros territorios en Fase 1, a partir del 4 de mayo

Si la evolución de la pandemia se mantiene en los parámetros actuales, el próximo fin de semana, se permitirá en toda España la actividad física individual y paseos con las personas con las que se convive.

Del mismo modo, y atendiendo a su incidencia mínima de contagios, las islas de Formentera en Baleares y La Gomera, Hierro y La Graciosa en Canarias, se situarán en la fase 1 a partir del 4 de mayo. El 11 de mayo lo harán aquellas provincias que cumplan los requisitos.

A partir de esa fecha, se evaluará quincenalmente el cumplimiento de los marcadores para cada una de las provincias o islas.

Responsabilidad individual y disciplina social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl presidente del Gobierno ha explicado que en la confección del plan se ha analizado las principales experiencias internacionales e identificado las mejores prácticas para recuperar la vida cotidiana y la actividad económica sin poner en riesgo la salud colectiva. Asimismo, se han contemplado las aportaciones de las comunidades autónomas y las entidades locales.

Pedro Sánchez considera que los verdaderos protagonistas en esta etapa de desescalada serán los ciudadanos y ha apelado, de nuevo, a su responsabilidad individual y a la disciplina social. «Con nuestro comportamiento podemos salvar vidas y recuperar nuestro país». Por el contrario, «cualquier conducta irresponsable se vuelve contra quien la protagoniza, pero perjudica a todos», ha dicho.

El presidente ha advertido que el proceso va a ser «más peligroso y más difícil» que el confinamiento, puesto que va a requerir combinar el respeto de las reglas de higiene y distancia social con la recuperación de espacios de movilidad y actividad social. «El virus no se ha ido», ha recordado y, hasta que no haya una vacuna, ha reiterado la necesidad de ser cautos y prudentes, y no poner en riesgo por impaciencia lo conseguido con «muchos sacrificios en estas seis semanas».

En este punto ha agradecido el «trabajo abnegado de los sanitarios» y el «esfuerzo y sacrificio» de todos los ciudadanos, lo que han permitido salvar miles de vidas.

Coronavirus COVID-19

Plan de desescalada

Martes 28 de abril de 2020

lamoncloa.gob.es

La pandemia de COVID-19 representa una de las crisis más importantes de nuestra historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario, social y económico. Con el fin de frenar su expansión y de evitar el desbordamiento de los sistemas sanitarios los distintos países han ido adoptando un conjunto creciente de medidas centradas en reforzar la respuesta en el ámbito de la salud y reducir las tasas de contagio mediante la contención de la movilidad de las personas y la separación física en el ámbito social y económico.

En el caso de España, la expansión de la enfermedad obligó a la adopción de medidas por parte de las autoridades sanitarias y, posteriormente, llevó a la aprobación del Real Decreto, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma, con importantes medidas restrictivas de la movilidad y la actividad económica, y que, por el momento, ha sido prorrogado en tres ocasiones, hasta el 9 de mayo de 2020.

Las medidas de contención adoptadas, tanto a nivel nacional como en el resto del mundo, se han mostrado efectivas en el control de la epidemia, pero están teniendo un impacto muy negativo sobre la actividad económica global y sobre grupos sociales vulnerables, con una incidencia especial en determinados sectores y países.

En línea con otros países, y con el fin de mitigar el impacto negativo de esta situación excepcional, en España se han ido adoptando sucesivos paquetes de medidas de apoyo social y económico, orientados a mantener el tejido productivo, impulsar la ciencia e investigación y proteger las rentas de trabajadores y familias durante este periodo de ralentización, generando así una base firme para la recuperación económica y garantizando que nadie se quede atrás.

Las posibles soluciones para hacer frente con efectividad a la enfermedad, como la vacuna, el tratamiento o la alta inmunización de la sociedad, no están disponibles en la actualidad, ni previsiblemente lo estarán en los próximos meses. No es posible esperar tanto tiempo para comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es necesario abordar la transición hacia una nueva normalidad que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad.

Con fecha 16 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los principios a tener en cuenta a la hora de plantear el desconfinamiento:
•Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número de casos posible, tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a los enfermos como a las personas que han estado en contacto con ellos.
•Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder rápidamente ante los casos detectados y, en especial, para poder atender los casos más graves.
•Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como son los centros sanitarios y de cuidados, los lugares cerrados y los lugares públicos donde se produce una gran concentración de personas.
•Establecer medidas preventivas en los lugares de trabajo y promover medidas como teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que reduzcan los contactos personales.
•Gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras fronteras, para lo que recomienda la implementación de medidas de control y aislamiento para personas contagiadas o que provengan de zonas de riesgo.
•Asumir la importancia de que todos los ciudadanos se muestren comprometidos con las limitaciones que se están adoptando y comprendan, que, en buena medida, la contención de la pandemia depende de ellos.

El objetivo fundamental del Plan de desescalada es conseguir que, manteniendo como referencia la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud puedan verse desbordas. Es decir, la máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del bienestar social y económico.

Para ello, se identifican los mecanismos de toma de decisiones por parte de los responsables públicos, en el corto y medio plazo, siempre partiendo de la guía que proporciona el conocimiento científico y técnico.

Ningún país ha culminado el proceso de desescalada o está exento de riesgos de rebrote. No existe un referente comparable en el que España pueda inspirarse más allá de lo aprendido en los meses precedentes y de la necesaria cooperación a nivel internacional para combatir la COVID-19. La transición deberá ser gradual, asimétrica, de forma coordinada con las comunidades autónomas, y adaptativa.

La salida gradual del actual estado de confinamiento exige continuar reforzando las capacidades en cuatro ámbitos: vigilancia epidemiológica; identificación y contención de las fuentes contagios; asistencia sanitaria; y medidas de protección colectiva, tanto de dimensión tanto nacional como autonómica y local.

Los parámetros cuyos valores son necesarios para avanzar en la desescalada, y de los que es necesario un seguimiento continuo, se plasmarán en un cuadro de mandos integral único que ayudará a la gradación de la intensidad y velocidad del desconfinamiento, incluyendo parámetros fundamentales para la toma de decisiones:
•De salud pública, a partir de los datos que evalúan las cuatro capacidades estratégicas ya señaladas y la evolución de la situación epidemiológica.
•De movilidad (tanto interna como internacional), muy vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio.
•De la dimensión social (impacto de la enfermedad, el confinamiento y la desescalada en los colectivos sociales más vulnerables, en particular los mayores).
•De actividad económica (evaluación de la situación por sectores, en especial aquellos con más capacidad de arrastre y los más duramente afectados por la crisis).

A modo de resumen, las fases de la desescalada serían las siguientes:

Fase 0 o de preparación de la desescalada

Es la situación a fecha de hoy, caracterizada por el establecimiento de medidas de alivio comunes para todo el país una vez doblegada la curva de contagios, permitiendo la movilidad fuera del domicilio, fundamentalmente en el ámbito privado, y medidas con un riesgo asociado de contagio muy bajo o nulo, siempre que se cumplan las indicaciones de seguridad, en base a la responsabilidad y autoprotección de los ciudadanos (actividad deportiva individual sin contacto y paseos, atención de huertos familiares, algunas actividades económicas con control de aforo, etc.).Para ello se proyectan medidas como el próximo 2 de mayo permitir salidas y ejercicios individuales de los adultos y se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes como pudiera ser la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio, sin consumo en el local. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales.

A lo largo de esta fase, de la Fase 0, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la Fase I

Durante esta fase se podrán adoptar medidas que afecten exclusivamente a determinados territorios. En particular, islas sin movilidad exterior y con tasas de contagio prácticamente nulas, en consecuencia, la isla de Formentera en las Islas Baleares y las islas La Gomera, El Hierro y La Graciosa en Canarias anticiparán unos días, al cuatro de mayo su desescalada, situándose en la Fase 1.

Fase I o inicial

En función del cumplimiento de los indicadores del cuadro de mandos en los diferentes territorios, se permitirá la apertura parcial de actividades, en particular, actividades económicas como pudieran ser la apertura del pequeño comercio; en restauración, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%; en hostelería, la apertura de hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones; actividades en el ámbito agrario, actividades deportivas profesionales con las medidas de higiene necesarias y los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio.

Fase II o intermedia

En esta fase se plantea la apertura parcial de actividades que se mantienen restringidas en la fase I. Con limitaciones de aforo, en restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación y sólo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre, ahora bien, en esta Fase II se establecen algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos: las actividades de refuerzo, el garantizar que los niños menores de seis años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y la celebración de la EBAU. Asimismo, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva, la reapertura de los cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada; las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias, todo ello con un tercio de su aforo habitual. Se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con 1/3 de aforo; y si es al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas sentados. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50% en esta segunda fase.

Fase III o avanzada

En esta fase, la última se flexibiliza la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. En el ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada con la restauración se suavizan algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público.

Nueva normalidad

Terminan las restricciones sociales y económicas, pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección de la ciudadanía.

Las fechas concretas y la evolución real dependerán del comportamiento y el control de la pandemia, así como de la capacidad para ir superando las diferentes fases, en las condiciones establecidas en el Plan. El tiempo entre cada una de las fases tendrá una duración mínima de dos semanas, que es el periodo medio de incubación del virus.

Medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras el COVID-19

Martes 28 de abril de 2020

lamoncloa.gob.es

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. La norma, que aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento, tiene como principal prioridad la salud de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores y el resto de funcionarios y profesionales que desarrollan su labor en este ámbito. También trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo provocado por las medidas excepcionales de contención de la pandemia.

El texto nace del diálogo constante y reforzado que el Ministerio de Justicia ha mantenido con todas las administraciones y colectivos con intervención en la Justicia que se ha mantenido a lo largo de todo el estado de alarma. Desde las semanas previas a que el Consejo de Ministros lo decretara, el ministerio ha sostenido una constante interlocución con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en esta materia para abordar de forma consensuada todas las medidas excepcionales que en el ámbito de la Justicia se han puesto en marcha durante la crisis de la pandemia. El contenido de este Real Decreto-ley también se ha coordinado escuchando las propuestas de esas instituciones y organismos.

Su contenido se articula en cinco bloques de medidas. El primero de ellos recoge las relacionadas con la seguridad en el trabajo y tiene como finalidad garantizar la salud de los funcionarios y operadores para evitar nuevos contagios. Se trata de una serie de limitaciones que deberán contemplarse en los juzgados y tribunales durante lo que quede de estado de alarma y en los tres meses posteriores al levantamiento de las medidas excepcionales. Son las siguientes:
•Para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal se regula la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde.
•La atención al público será telefónica o por correo electrónico y solo en caso necesario, presencialmente, pero siempre con cita previa.
•Los actos procesales y las deliberaciones serán preferentemente con presencia telemática, salvo en el ámbito penal, en el que será el juez quien decida. Siempre será necesaria la presencia física del acusado en delitos graves.
•Se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en atención a las características y tamaño de las mismas.
•Se dispensará a los abogados de usar las togas.
•Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, se harán a la vista de la documentación médica.

El segundo de estos bloques está encaminado al impulso a la recuperación de la actividad judicial, contempla las siguientes medidas:
•Posibilidad de convertir órganos judiciales en todo o parte en órganos asociados temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del Covid-19.
•Habilitación, en los ámbitos en que sean inhábiles, de los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto.
•Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia.
•Habilitar a los letrados de administración de Justicia en prácticas, aquellos que han aprobado la oposición, pero todavía no se han incorporado como titulares a los juzgados, realicen labores de sustitución y refuerzo.
•Posibilidad de que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía desempeñen sus funciones en otra unidad de la misma localidad y el mismo orden jurisdiccional.

El tercer bloque recoge algunas medidas de transformación digital. Con dos reformas concretas:
•Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital en la administración de Justicia.
•Establecer una obligación general tanto para el Ministerio de Justicia como para las comunidades autónomas con competencias en la materia de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales de todas las comunidades autónomas permitan el teletrabajo.

En cuarto lugar, se establecen una serie de medidas procesales con la finalidad de evitar confusiones en el cómputo de plazos tras el estado de alarma y atender al incremento de asuntos en determinados ámbitos.
•Los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero. Si son plazos para presentar recursos, se amplían por un periodo igual al previsto por la ley.
•Se regula un procedimiento especial, preferente y sumario para cuestiones de familia derivadas de la pandemia relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas, así como a ajustes en las pensiones para progenitores en situación de vulnerabilidad por el Covid-19.
•En el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), se permite que los que no alcancen los umbrales del despido colectivo (en particular los de las Pymes) se puedan regir por un proceso más simple y rápido como es el del conflicto colectivo, sin privar al trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual.
•Se introduce una disposición para que el Registro Civil no tenga que tramitar de nuevo los expedientes de matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento. Se trata de que las personas que hayan planificado su boda y no hayan podido celebrarla no se enfrenten a nuevos retrasos.
•Se dará preferencia a cuatro tipos de actuaciones: las que tengan que ver con la protección de los menores; los casos en los que una entidad financiera o un arrendador no reconozca la moratoria de las hipotecas o en los contratos de alquiler; los recursos contra las administraciones por la denegación de ayudas para paliar los efectos económicos del Covid-19, y los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción de contratos de trabajo y los derivados de la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido establecido durante la crisis.

Por último, el decreto contiene un quinto paquete de medidas para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil. Estas medidas tienen una triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación. También buscan potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez y evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil debido a la gran afluencia de casos que se espera tras la reanudación de los plazos procesales. Estas son las más importantes:
•Se recupera la figura del reconvenio: durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma la empresa o autónomo concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de incumplimiento
•Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el deber de deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio.
•Se permite a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
•Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde el estado de alarma.

Estado de alarma / Covid-19

Justicia expone a abogados, procuradores y graduados sociales las medidas urgentes que aprobará el Gobierno para la reactivación judicial

mjusticia.gob.es

El ministerio pide su colaboración para consensuar un protocolo de salud laboral que permita la vuelta a la actividad en condiciones de máxima seguridad

24 de abril de 2020.- El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, se han reunido hoy por videoconferencia con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón. El encuentro ha servido para poner sobre la mesa las líneas generales del Real Decreto-Ley que aprobará el Gobierno para responder de manera urgente, eficiente y ordenada a un escenario de reactivación judicial en el que esté garantizada la seguridad laboral de todos los profesionales.

Las medidas contenidas en la norma tienen un ámbito temporal limitado a la vigencia del estado de alarma y los tres meses siguientes. Su objetivo es sentar las bases normativas para la vuelta a la actividad judicial que se apoye en un protocolo de seguridad laboral consensuado que el ministro adelantó ayer a las centrales sindicales.
El planteamiento de partida es habilitar los juzgados como centros de trabajo limitados y restringidos al acceso exterior, y adoptar medidas extraordinarias de movilidad y jornada laboral que permitan asegurar la distancia de seguridad interpersonal. La propuesta pasa porque los funcionarios puedan acogerse de forma voluntaria a turnos de mañana otarde durante un tiempo determinado y, si fuera necesario, autorizar su movilidad entre órganos judiciales del mismo orden jurisdiccional y misma localidad.

Además, los servicios que prestan las sedes judiciales al público y profesionales se deberán adaptar a las restricciones que determinen las autoridades sanitarias, con el fin de garantizar un clima de trabajo que genere confianza en los trabajadores y asegure la prestación de la actividad de forma segura, progresiva y eficiente.

“Garantizar la seguridad laboral en la Administración de Justicia es un desafío importante”, ha subrayado el secretario. En un sector con las competencias en salud laboral muy fragmentadas, el objetivo es poder disponer de un instrumento común o con contenidos alineados que ofrezca plenas garantías a todos los profesionales en un escenario de ampliación de la actividad. Este protocolo deberá estar apoyado por suficientes recursos de protección personal.

Como ya hicieron la semana pasada, los altos cargos del ministerio han revisado con los representantes de los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales, la hoja de ruta consensuada que prepara Justicia tras el estado de alarma. El plan contendrá las ideas aportadas por los operadores jurídicos y las administraciones competentes a quienes Justicia ha pedido colaboración en las últimas semanas para afrontar la reactivación judicial con criterios de seguridad y eficiencia.

Finalmente, durante el encuentro se ha valorado positivamente la reanudación la semana pasada de los servicios de LexNET que está permitiendo recuperar la normalidad en la presentación de escritos y notificaciones.

Medidas adoptadas en el Sector Postal en el marco del COVID19

27 Apr 2020 | cnmc.es

Todos los operadores postales están actuando conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma. Este Real Decreto permite el transporte de mercancías y las actividades del comercio electrónico. Adicionalmente, suspende temporalmente todos los plazos administrativos hasta que se restaure la situación normal.

El art. 22.1.c de la Ley Postal (principio de continuidad en la prestación del servicio postal universal) indica que el operador designado no puede interrumpir/suspender el servicio, excepto en caso de fuerza mayor y Correos deberá comunicarlo previamente a la CNMC, que lo puede denegar.

El operador designado ha informado a la autoridad supervisora y la CNMC sigue de cerca todas las medidas adoptadas por éste, instando al operador a que restablezca la continuidad del servicio y la calidad requerida como operador designado tan pronto como la situación vuelva a la normalidad.

Correos está solo abriendo las oficinas postales 3 horas al día y limita su personal a lo estrictamente necesario para prestar el servicio postal universal (22% del personal según sus notas de prensa).

Las restricciones en el transporte aéreo están afectando los flujos internacionales de envíos postales.

Las compañías activas en el transporte de pasajeros y/o mercancías están recogiendo mascarillas adquiridas por el Gobierno en las oficinas postales de Correos de acuerdo a la Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre.

España propone en el G20 trabajar en medidas homogéneas para crear destinos seguros que contribuyan a recuperar el turismo

Viernes 24 de abril de 2020

lamoncloa.gob.es

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido en la reunión del G20 la necesidad de trabajar de forma conjunta y coordinada a nivel mundial en medidas homogéneas para crear destinos seguros que contribuyan a recuperar el turismo.

La ministra trasladó a sus homólogos la dimensión del impacto de la crisis sanitaria en el sector turístico y en el conjunto de la economía española, e incidió en la necesidad de que las medidas que se adopten en el periodo de transición sean homogéneas o al menos compatibles entre los distintos países para que la recuperación sea exitosa.

En su intervención mencionó los paquetes de medidas de apoyo aprobadas e implementados por el Gobierno de España a fin de minimizar los efectos sobre el sector turístico y establecer las bases de la futura recuperación. Así, explicó que el Ministerio está trabajando en el desarrollo de un ‘cuadro de mando’ basado en el conocimiento turístico -a través de la recopilación y tratamiento de datos e indicadores para prever escenarios y comportamientos e implementar las políticas públicas adecuadas-, así como en la promoción del destino España, que será escalonada y a medida, en función de la recuperación de los mercados emisores.

En el encuentro han participado ministros de Turismo de los países miembros del G20 y países invitados, además de representantes de diferentes organizaciones internacionales.

Coronavirus COVID-19

Campo avanza a las comunidades autónomas, CGPJ y Fiscalía su catálogo consensuado de medidas urgentes para reactivar la Justicia

Viernes 24 de abril de 2020

lamoncloa.gob.es

La Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia se ha reunido para seguir avanzando en la hoja de ruta consensuada que ultima Justicia para la salida de la crisis del Covid-19. El ministro Juan Carlos Campo ha confirmado que el Gobierno dará el primer paso con la aprobación de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes que recoge «el esfuerzo conjunto del sector» para la reactivación del trabajo en juzgados y tribunales garantizando la salud laboral de los profesionales.

La norma comprende un conjunto de actuaciones urgentes en los ámbitos procesal, concursal, organizativo y tecnológico, orientadas a reanudar la actividad judicial desde criterios de seguridad y flexibilidad y durante un tiempo limitado a la vigencia del estado de alarma y los tres meses posteriores.

Entre las medidas organizativas, el ministro ha explicado que el borrador del Real Decreto-Ley contempla que los funcionarios puedan acogerse de forma voluntaria a turnos de mañana y tarde, lo que redundará en un incremento de la actividad y en la salvaguarda de la distancia interpersonal que deberá seguir manteniéndose. Además, se plantea autorizar la movilidad del personal entre órganos judiciales de la misma jurisdicción y localidad. Son medidas destinadas a incrementar progresivamente la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia y contribuir así a superar la crisis.

Las medidas tecnológicas facilitarán el teletrabajo, la atención a distancia del público y la realización de actos procesales de manera telemática, en la línea de impulso tecnológico que sigue el ministerio. Además, se ampliarán de manera extraordinaria los plazos procesales para facilitar el progresivo restablecimiento de la actividad judicial.

Las medidas urgentes y extraordinarias previstas han obtenido un amplio consenso en la Comisión de Coordinación e incluyen propuestas del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas y los colegios profesionales. Como ha destacado el ministro, el real decreto ley constituirá la primera pieza del acuerdo para la reconstrucción en el sector Justicia.

El plan integral de Justicia para combatir los efectos de la crisis, dentro del proyecto #Justicia2030, incluye también una ley de impulso y agilización procesal que contendrá medidas a medio y largo plazo para avanzar hacia una mejor gestión en los órganos judiciales y en su transformación digital. El ministerio ya está recibiendo las propuestas de las administraciones competentes para la mejora del texto, con objeto de poder contar con un primer esqueleto normativo a lo largo del mes de mayo.

El tercer instrumento de la hoja de ruta es la puesta en marcha consensuada de planes de choque en las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y mercantil, los ámbitos en los que se prevé una mayor afluencia de asuntos tras el parón de la actividad económica. Como quedó recogido en la disposición 19ª del Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, el Gobierno activará estos planes en los 15 días posteriores al fin de las medidas de confinamiento.

Junto a estas herramientas, Justicia apuesta por disponer de un esquema de seguridad laboral, apoyado por recursos suficientes, en el que todas las administraciones estén alineadas. Se trata de superar la fragmentación competencial actual y avanzar hacia un marco conjunto común validado por las autoridades sanitarias que permita garantizar la seguridad del personal de los juzgados con la desescalada de las medidas de contención. Al mismo tiempo, se perseguirá un empleo eficiente y seguro de los espacios físicos y se buscará ampliar la capacidad telemática de los profesionales.

A partir de la próxima semana, llegará a las sedes judiciales una nueva remesa de equipos de protección personal que se suman a los que ya ha distribuido el ministerio desde el inicio de la crisis. Además, Justicia trabaja para dar respuesta a las necesidades futuras que, en materia de protección sanitaria, va a plantear la reanudación progresiva de la actividad judicial asegurando, al mismo tiempo, su uso eficiente.

El ministro se ha referido también a la buena acogida que ha tenido en el conjunto del sector la reactivación de LexNET y la reanudación de las notificaciones a las partes de los procesos en curso durante el estado de alarma, lo que está permitiendo la vuelta a la normalidad en estas actuaciones.

Consejo de Ministros Extraordinario. Coronavirus COVID-19

El Gobierno aprueba prolongar el estado de alarma hasta el 10 de mayo

La Moncloa, Madrid , viernes 24 de abril de 2020

lamoncloa.gob.es

El Ejecutivo considera esperanzadores los datos de evolución del COVID-19 pero pide «no bajar la guardia». Además, ha mostrado su confianza en llegar a acuerdos en España y Europa para la reconstrucción económica y social tras la crisis provocada por la pandemia.

El Consejo de Ministros ha aprobado, tras recibir el pasado miércoles la autorización del Congreso de los Diputados, el Real Decreto por el que se prorroga el estado de alarma, por tercera vez desde que fue declarado el 14 de marzo para la gestión de la situación de crisis sanitaria. El nuevo plazo concluirá a las cero horas del 10 de mayo.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el contexto en el que se produce esta nueva prórroga es «esperanzador» a tenor de los datos de la evolución de la pandemia a nivel epidemiológico y sanitario.

A pesar de estos buenos datos, «no hay que bajar la guardia», ha dicho Montero, quien ha pedido a la ciudadanía que siga respetando la distancia social y las medidas de higiene: «El ejemplar esfuerzo colectivo de la sociedad española, su disciplina y civismo nos está permitiendo progresar cada día en la lucha contra el virus».

Más personas curadas que contagiadas

EEl ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su intervenciónFotos: Pool Moncloa/JM Cuadradol ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha resaltado que los datos conocidos hoy reflejan que, por primera vez, el número de personas curadas en las últimas 24 horas -3.105- supera al de contagiadas en el mismo periodo -2.796-. «Al tener más curados que contagiados, esta vez sí que estamos doblegando la curva», ha reiterado.

El ministro ha recordado que el 14 de marzo, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma, el porcentaje de incremento de nuevos contagiados era superior al 35% y hoy se sitúa en el 1,4%. También ha señalado que se ha reducido el número de fallecidos, que ayer fue de 367 personas, el más bajo en un mes.

Salvador Illa ha indicado que en nueve comunidades autónomas -Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja y Canarias- han fallecido menos de diez personas en las últimas 24 horas.

Aun así, el ministro ha pedido «prudencia y cautela» porque aún hay muchos aspectos del virus desconocidos y sería una irresponsabilidad no actuar con la máxima prudencia.

Desescalado asimétrico

El ministro ha avanzado que esta tarde planteará a los responsables de sanidad de las comunidades autónomas los criterios y marcadores del Gobierno para la vuelta a la normalidad: nivel de capacidad asistencial, vigilancia epidemiológica, identificación precoz del tratamiento de posibles nuevos casos y medidas de protección colectiva para evitar nuevos contagios.

En base a esos criterios y a las sugerencias de las autonomías, ha afirmado, el Ejecutivo afrontará la fase de transición, en la que se tomará en consideración la distinta situación epidemiológica de los distintos territorios del país. «El proceso va a ser asimétrico, no necesariamente por unidades territoriales iguales a las comunidades autónomas», ha subrayado.

Respecto al inicio de esa fase de desescalada, Salvador Illa ha manifestado que no puede anticipar ninguna fecha, ni ningún periodo temporal.

Medidas de alivio al confinamiento

El titular de Sanidad ha recordado que a partir del domingo, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, los niños menores de 14 podrán salir a dar un paseo de, como máximo, una hora, acompañados de un adulto y sin alejarse más de un kilómetro de su domicilio.

Salvador Illa ha afirmado que no están previstas medidas de alivio para otros colectivos o sectores, pero se valorará, en función de la evolución de la epidemia, si se pueden adoptar, dado que el decreto del estado de alarma lo permite.

Precio máximo de las mascarillas

El ministro ha señalado que el Boletín Oficial del Estado publicó ayer una orden que fija el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 0,96 céntimos de euro por unidad (IVA incluido) y también el de determinados geles y soluciones hidroalcohólicas. Al respecto, ha avanzado que el Gobierno hará un seguimiento de la evolución de los precios para evitar abusos. Su regulación podría modificarse si fuera necesario.

Estudio de seroprevalencia

El ministro ha señalado que el estudio de seroprevalencia para detectar el número real de infectados por el coronavirus en España, y el grado de inmunidad de la población, comenzará este lunes en casi todas las comunidades autónomas y que no será necesario esperar a los resultados finales para iniciar la fase de transición.

Gasto autonómico y local

María Jesús Montero y Salvador Illa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Pool Moncloa/JM CuadradoLa ministra de Hacienda ha señalado que el Gobierno ha autorizado a las comunidades autónomas a contraer los compromisos de gasto que sean necesarios para atender las necesidades sanitarias derivadas de la pandemia. También podrá ser utilizado en la lucha contra el coronavirus el superávit de las entidades locales, en la forma que defina el Ejecutivo conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Montero también ha manifestado el deseo del Gobierno de presentar, en el mes de mayo, el Ingreso Mínimo Vital, «una garantía de renta innovadora, por primera vez en nuestro país, que podrá llegar en torno a un millón de personas».

Acuerdo para la reconstrucción social y económica

La portavoz del Gobierno ha asegurado que la colaboración y la responsabilidad de todos son imprescindibles para superar esta pandemia. En este sentido, ha encomiado la disposición de partidos políticos, comunidades autónomas, entidades locales y agentes sociales para impulsar un pacto por la reconstrucción social y económica, constatada por el presidente del Gobierno en las reuniones que ha mantenido con ellos desde el pasado día 16 de abril.

El Gobierno ha planteado, como puntos de partida, el refuerzo del sistema sanitario, el fortalecimiento del sistema de protección social y el Estado del Bienestar, la reactivación de la economía y el consenso de la posición española en Europa. «Creemos que son las medidas sobre las que puede haber un mayor grado de consenso y donde necesitamos alianza», ha manifestado Montero.

La ministra ha insistido en que estos asuntos no son excluyentes y habrán de ser «enriquecidos» con las propuestas de todos los participantes: «El acuerdo solo logrará ver la luz si de verdad conseguimos que todos nos veamos representados en los resultados, por lo que cada uno tendremos que ceder un poco para que el país gane».

Montero ha invitado a «dejar atrás lo que nos separa para centrarse en lo que nos une», que debe ser la búsqueda del interés general y el bienestar colectivo.

Más Europa

Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, en la que algunos miembros participan de forma telemática y otros, presencialPool Moncloa/JM CuadradoLa portavoz del Gobierno ha reclamado, asimismo, acuerdos en la esfera internacional y, concretamente, en la Unión Europea, para paliar los efectos de la crisis económica: «Hoy, más que nunca, necesitamos más Europa».

La ministra ha explicado que el Consejo Europeo, reunido ayer en sesión extraordinaria, ha acogido favorablemente la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de creación de un fondo para la reconstrucción europea dotado con 1 ó 1,5 billones de euros. La cifra concreta será propuesta por la Comisión el próximo mes de mayo.

España defiende, ha continuado la ministra, que ese dinero llegue a los Estados miembros a través de transferencia y no de préstamos porque «se evitaría el sobreendeudamiento de algunos países y se facilitaría una salida mucho más justa de esta crisis».

Asimismo, el Gobierno es partidario de crear, en palabras de Montero, «una triple red de seguridad» para trabajadores, empresas y a autónomos a través de un seguro de desempleo europeo dotado con 100.000 millones, la movilización de 200.000 millones del Banco Europeo de Inversiones y las líneas de liquidez del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Montero ha expresado su confianza en que la Unión Europea aborde un plan «ambicioso» de reconstrucción «a la altura de lo que merecen los ciudadanos» y ha comprometido el trabajo «sin descanso» del presidente Pedro Sánchez y del Ejecutivo con este fin.

Estado de alarma / Covid-19
La presentación de escritos iniciadores por LexNET se incrementó un 15% respecto a 2019 con la reactivación del servicio

mjusticia.gob.es

Entre el 15 y el 22 de abril se presentaron 60.641 demandas, un 812% más que en el periodo en que el servicio estuvo limitado

Desde la declaración del estado de alarma las comunicaciones electrónicas con los órganos judiciales habían descendido un 87%

23 de abril de 2020.- En la primera semana tras el levantamiento de las limitaciones establecidas en LexNET por el estado de alarma, se presentaron 60.641 escritos iniciadores de trámite, lo que supone un incremento del 15% respecto a una semana equivalente de 2019 y un aumento del 812% respecto a los escritos registrados durante el periodo en el que la presentación estuvo limitada. A pesar de este incremento en la primera semana de reactivación del servicio, LexNET ha funcionado con normalidad.
Son datos de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital que ha monitorizado el uso del sistema de comunicaciones electrónicas desde que el 15 de abril se alzaron las restricciones a la presentación de escritos a los juzgados fijadas el 18 de marzo. Los periodos seleccionados para establecer las comparativas de datos entre 2019 y 2020 abarcan de martes a miércoles de las semanas del mes de abril previas al inicio de la Semana Santa.

Según su informe, la declaración del estado de alarma supuso un descenso del 87% en las comunicaciones electrónicas con los órganos judiciales, pero lo datos de esta última semana confirman que la actividad judicial ha comenzado a recuperarse, si bien no estamos todavía en un escenario de desescalada de las medidas de contención en la Administración de Justicia.
Atendiendo al orden jurisdiccional al que pertenecen los escritos iniciadores presentados, se ha registrado un aumento del 43% en la jurisdicción civil, mientras que en el orden penal (-37%), social (-23%) o contencioso administrativo (-33%) se han presentado menos que antes de la declaración de estado de alarma. Se estima que será en una fase posterior cuando se refleje en estos dos últimos ámbitos el impacto laboral y económico de la crisis sanitaria. En previsión de este escenario, el Gobierno presentará en el plazo máximo de 15 días tras el fin del estado de alarma, planes de choque para la agilización de la actividad en los juzgados de lo social, contencioso-administrativo y mercantil.

Por territorios, el incremento es mayor en Madrid (+33%), Canarias (+32%), Comunidad Valenciana (+31%), Murcia (+26%), Andalucía (+24%) y Baleares (+13%). Otras comunidades autónomas como Galicia (-28%), Ceuta (-29%) o Melilla (-8%), además del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional (-44%) todavía no han recuperado las cifras de presentación ordinarias. Por último, Castilla la Mancha (0%), Extremadura (+1%), Castilla León (-2%) Rioja (+1%) y Asturias (-1%), arrojan cifras de presentación prácticamente idénticas a las que tienen durante una semana normal.En cuanto a los escritos de trámite, en la semana del 15 al 21 de abril se presentaron 220.359, un 25% menos que en 2019.

Por otro lado, en este periodo se realizaron 357.879 notificaciones, un 81% menos que en una semana ordinaria de 2019, como consecuencia de la suspensión de los plazos procesales y del descenso del número de funcionarios que pueden prestar servicios por las limitaciones de movilidad establecidas. Se estima que a raíz de la circular del Ministerio de Justiciadel 20 de abril por la que se recomienda a los letrados de la Administración de Justicia que notifiquen lo que se vaya tramitando, se empezará a corregir el desfase entre las presentaciones y las notificaciones.

La decisión sobre las titulaciones no puede dejarse en manos de las CCAA: CSIF estudia acciones jurídicas para evitar desigualdades y agravios

Las condiciones de promoción y titulación son competencias exclusivas del Estado

En algunas Comunidades se podrá obtener el título de Bachillerato sin aprobar todas las materias; en otras, no.

24 de Abril de 2020

csif.es

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, estudia acciones jurídicas que eviten agravios comparativos entre el alumnado de las distintas comunidades autónomas.

La Orden que regula el final de curso deja en manos de las CCAA la promoción y titulación y no establece criterios objetivos, lo que puede dar lugar a una grave situación de desigualdad.

El Estado ostenta competencias exclusivas en la promoción y titulación del alumnado. Por ello, CSIF considera que esta Orden, que publica hoy el BOE, contraviene la Ley Orgánica, que marca un número máximos de materias suspensas para poder promocionar y titular.

Es prioritario que los criterios sean iguales para toda España y se fijen de una manera objetiva para todo el profesorado.

CSIF critica, además, que esta Orden no contemple criterios objetivos para la evaluación del tercer trimestre y la finalización del curso y cargue toda la responsabilidad al profesorado, aumentando la presión social hacia ellos. En el caso de la titulación de Bachillerato, esta situación agravará las diferencias en el acceso a la Universidad.

También intensificará los agravios que ya se producen entre el alumnado con las pruebas de acceso a la Universidad, diferentes según las CCAA.
Puede darse la situación de que algunas Comunidades otorguen el título de Bachillerato y por tanto se permita el acceso a la Universidad a alumnos/as con materias suspensas, mientras que en otras no será posible por tener criterios de titulación diferentes.

Desde CSIF, hemos advertido de que la crisis por el coronavirus va a agravar los problemas de la Educación en España, por lo que sería deseable que los partidos políticos incluyeran también este asunto en sus negociaciones para alcanzar el pacto de Estado que siempre ha reclamado el sindicato.

UGT reclama que las medidas aprobadas en materia de vivienda debido al Coronavirus sean permanentes

19 Abr 2020 ugt.es

El sindicato las reclama desde mucho antes de esta crisis sanitaria, social, laboral y económica

• El sindicato considera que se han incluido buena parte de las propuestas de UGT en esta materia.

• Echa en falta alguna medida, como una regulación normativa referida a las viviendas sociales propiedad de las distintas Administraciones Públicas, o la agilización de los trámites para hacer efectiva la moratoria hipotecaria para los deudores en situación de especial vulnerabilidad.

• Reclama que estas medidas no sean coyunturales, solo hasta que acabe esta crisis, sino estructurales, con el fin de hacer efectivo el derecho básico a una vivienda digna y adecuada.

La Unión General de Trabajadores valora las medidas en materia de vivienda contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, cuyo contenido lo conforman todo un conjunto de medidas que, en líneas generales, pretenden responder a la situación de vulnerabilidad en la que se puedan encontrar los arrendadores. El Gobierno ha dictado una Orden (TMA/336/2020) dirigida a determinados personas vulnerables, para lo que se hace necesaria la readaptación y ajuste del vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, implementando ayudas para soluciones habitacionales más rápidas y fomentando el incremento del parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión de uso.

Igualmente, ha aprobado en su último Consejo de Ministros (pendiente aún de su publicación) una línea de créditos por valor de 1.200 millones con la cobertura del Estado a través del ICO, para favorecer al menos a 450.000 familias, para que puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual.

Se trata de toda una serie de medidas sociales demandadas insistentemente desde nuestra organización mucho antes de esta crisis sanitaria, social, laboral y económica que está siendo provocada por el COVID-19. Máxime si se tienen en cuenta los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referidos al último cuatrimestre de 2019, donde se constata que el 67,5% de los lanzamientos (un total de 36.467 familias afectadas), tuvieron como causa la imposibilidad de poder hacer frente al alquiler.

Para el sindicato, estas medidas tienen que ayudar a paliar el problema de un derecho básico a una vivienda digna y adecuada, máxime en una situación de incertidumbre como la que vivimos. Sin embargo, una vez superada esta crisis coyuntural, este derecho básico a la vivienda se tiene que seguir garantizado. En este sentido, UGT presentó recientemente una “Iniciativa Sindical por el derecho a la vivienda”, con toda una serie de medidas estructurales tales como: la necesidad de una mayor inversión pública en vivienda (1% del PIB); limitación del precio de los alquileres en zonas tensionadas; la creación de un potente Parque de viviendas públicas, preferentemente en alquiler; asimilar el régimen de VPO para las viviendas públicas de alquiler y su carácter de no descalificables; regulación jurídica de una auténtica segunda oportunidad para aquellos deudores de buena, entre otras muchas.

Positivo, pero aún insuficiente

UGT recuerda que, recientemente, el Gobierno aprobó la suspensión del pago de la cuota hipotecaria para aquellos deudores en situación de especial vulnerabilidad. Se hacía necesaria también, una regulación para aquellas familias que viven en alquiler. Bien es cierto que las partes en conflicto son distintas, pues si en el pago de la hipoteca el acreedor es un banco, en el caso de los alquileres el arrendador (acreedor), suele ser en más del 85% de los casos una persona física. Y aquí, el sindicato considera que el Gobierno ha sabido conjugar de manera ponderada los intereses de ambas partes.

El sindicato valora también que este RD-Ley concrete los requisitos y detalle el periodo para poder acceder a la moratoria del pago de la hipoteca. Cuestiones ambas que fueron puestas de manifiesto como injustas por parte del sindicato, y que, si bien se detallan ambos extremos, en el caso de los requisitos que han de cumplir lo deudores, estos se exigen de manera acumulativa. Para UGT, esta decisión es injusta, pues va a conllevar el que miles de deudores hipotecarios se queden fuera de esta moratoria y se vean abocados, en el mejor de los casos, a una solución unilateral por parte de las entidades bancarias. Por ello, el sindicato propone que para poder acceder a la citada moratoria, sea exigible el cumplimiento de, únicamente, uno de los requisitos.

En este sentido, hay que tener en cuenta también el papel que van a jugar las Comunidades Autónomas en esta crisis pues son las destinatarias, como administraciones competentes en vivienda, de los fondos públicos del vigente Plan Estatal de Vivienda y por tanto quienes van a tener que publicar las ayudas, determinar los supuestos de vulnerabilidad económica y social y por último adjudicar las mismas. Es por ello que, desde UGT, el sindicato exige la mayor celeridad posible en su publicación, tramitación y adjudicación, con suficiencia económica, evitando la concurrencia competitiva en favor de la adjudicación directa a las familias vulnerables que en estos momentos lo necesitan.

Para UGT, también hay medidas que se echan en falta en el RD-Ley, como una regulación normativa referida a las viviendas sociales propiedad de las distintas Administraciones Públicas (alrededor de un 2% del total de las alquiladas), pues en estos supuestos debería de aplicarse una condonación total de la deuda, dado el carácter de personas vulnerables que residen en las mismas.

21 de abril de 2020

mineco.gob.es

Nuevo paquete de medidas de apoyo en la crisis del COVID-19: el Gobierno refuerza la respuesta económica y social al COVID-19 con más de 30 medidas adicionales para apoyar a ciudadanos y empresas

Imagen del artículo Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo.
Se ajustan las bases imponibles de los impuestos a la situación económica, liberando 1.100 millones de euros de liquidez para las empresas, en particular pymes y autónomos.
Se reduce al 0% el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, con un ahorro de más de 1.000 millones de euros.
Se reduce también el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlo con el aplicable a los de papel.
La Línea de Avales del ICO de 100.000 millones de euros permitirá cubrir pagarés de empresa y reforzar las sociedades de garantía recíproca de las Comunidades Autónomas.
Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito, lo que reforzará la canalización de recursos para el crédito comercial.
Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para cubrir caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
Se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
Se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio.
Se reducen los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios.
Se adoptan medidas de flexibilidad para ajustar a la situación actual la regulación relativa a determinados sectores y actividades, incluyendo las relativas a puertos, investigación universitaria, centros tecnológicos, trabajadores agrarios y cooperativas.
Se crea una Fundación deportiva dotada con fondos provenientes de la venta de derechos audiovisuales del fútbol para contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federativo, al deporte olímpico y paralímpico.

21 de abril de 2020.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas económicas y sociales centradas en el apoyo a las empresas y a los trabajadores que refuerza, complementa y amplía las decisiones adoptadas desde la segunda semana de marzo para contrarrestar el impacto del COVID-19.

Todas estas medidas tienen por objetivo responder a las necesidades de apoyo derivadas de la prolongación de esta situación excepcional, proteger y dar soporte al tejido productivo y social, minimizar el impacto de la crisis, evitar que la epidemia deje cicatrices permanentes en la sociedad y en la economía española y facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir la situación de emergencia de salud pública.

El nuevo paquete se articula a través de un Real Decreto-Ley que incorpora más de 30 medidas que refuerzan la financiación de las empresas, ofrecen apoyo en el ámbito fiscal, facilitan el ajuste de la economía y protegen el empleo y a los ciudadanos.

Las medidas adoptadas supondrán una inyección de liquidez adicional para el conjunto de la economía, que beneficiará especialmente a los autónomos y las pymes, y contribuirá a preservar la actividad económica y el empleo.

Medidas para proteger a los ciudadanos y el empleo

Con el fin de seguir protegiendo y dando cobertura a personas que en el contexto actual no tengan acceso a la protección por desempleo, se amplía la cobertura de la prestación a los trabajadores cuyos contratos hayan sido extinguidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que haya decaído.

Se modifica también la regulación de los ERTEs por causa de fuerza mayor, para cubrir las reducciones significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales, pero que se han visto afectados por las medidas de reducción de la movilidad y han visto mermados sus ingresos.

Se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos y se amplía la cobertura establecida en el Real Decreto-ley 8/2020 a los trabajadores que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas como consecuencia del COVID-19 y que no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o no pueden acceder a la prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario.

Con el fin de facilitar el ajuste de la economía a la situación actual y proteger el empleo se han adoptado diferentes medidas, entre las que destaca la suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, se refuerzan los mecanismos de control y sanción para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones, regulándose las sanciones y estableciéndose una responsabilidad empresarial que implica la devolución por parte de la empresa de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores.

Se flexibiliza con carácter extraordinario el Fondo de promoción y educación de las cooperativas para que pueda destinarse a cualquier actividad que contribuya a frenar o paliar los efectos del COVID-19, mediante acciones propias, donaciones a otras entidades públicas o privadas o dotación de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

También se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada. Se adaptan de forma temporal y extraordinaria algunos de los requisitos que permiten a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada la calificación de sociedad laboral.

Finalmente, se aprueba la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020 o se simplifica del procedimiento para el aplazamiento de deuda de la Seguridad Social.

En el ámbito de protección de los ciudadanos, se establecen los términos para el rescate de fondos de pensiones, definiéndose, entre otras cuestiones, la acreditación de las circunstancias que dan derecho a la disponibilidad de los planes, el plazo al que se vinculan dichas circunstancias y el importe máximo del que se puede disponer. Se reducen, asimismo, un 50% los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios.

Para poner en marcha las medidas relativas a la moratoria de arrendamientos para familias vulnerables por el COVID-19, se habilita que la Línea de Avales aprobada en el Real Decreto-ley 11/2020 tenga una dotación de hasta 1.200 millones de euros, para garantizar los préstamos concedidos por las entidades financieras.

Medidas para reforzar la financiación empresarial

Con el fin de aliviar los costes operativos de las pymes y autónomos que hayan visto reducirse significativamente sus ingresos como consecuencia del COVID-19, se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio a grandes tenedores o empresas públicas.

En el caso de que el propietario sea distinto a los anteriores, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.

Con el objetivo de reforzar la financiación empresarial, se amplía la cobertura de la Línea de Avales del ICO para cubrir pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija, fomentando así el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales. Asimismo, se aumenta la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas, mediante un reforzamiento de los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafinanzamiento, S.A. (CERSA) y se garantiza que la línea podrá liberarse hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito, lo que reforzará la canalización de recursos para el crédito comercial, garantizará la continuidad de las transacciones económicas y aportará seguridad a las operaciones comerciales.

Por otro lado se permite el aplazamiento de las cuotas de los préstamos concedidos por el IDAE en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables.

Medidas fiscales

En el ámbito fiscal se incluyen diferentes medidas dirigidas a alinear las bases imponibles de los impuestos a la situación actual, lo que permitirá liberar más de 1.100 millones de euros de liquidez para las empresas, especialmente autónomos y pymes.

Con este objetivo, los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido con el método de estimación objetiva, lo que permitirá, durante el periodo afectado por el estado de alarma, ajustar el pago a los ingresos reales.

Asimismo, se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y del IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los días en que ha habido estado de alarma. Las empresas podrán también adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para 2020 y se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a través de la Línea de Avales.

Finalmente, se reduce al cero por ciento el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, en línea con la reducción de aranceles de la Unión Europea y así garantizar la igualdad de trato y el suministro rápido y efectivo, con un ahorro de más de 1.000 millones de euros. Se reduce también el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlo con el aplicable a los de papel.

Otras medidas

En materia científica y de investigación, se aprueban medidas de apoyo financiero para Parques científicos y tecnológicos, mediante el aplazamiento y fraccionamiento de cuotas de préstamos para evitar su paralización como consecuencia del COVID-19. Adicionalmente, se posibilita la prórroga de los contratos pre doctorales para personal investigador en formación suscritos en el ámbito de la investigación y se autoriza el endeudamiento del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación para posibilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con el proyecto EuroHPC.

Adicionalmente se incluyen otras medidas complementarias, entre las que se incluye la modificación de las condiciones de las ayudas de convocatorias públicas en el ámbito universitario, para garantizar la continuidad de proyectos o la reducción de los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios. En este ámbito, se establece también una moratoria en el pago de las cuotas de marzo a diciembre 2020 de préstamos universitarios que se hayan suscrito ligados a la posesión de una renta futura.

Para mitigar en el ámbito portuario estatal el impacto económico del COVID-19, se establecen una serie de medidas excepcionales y transitorias que den respuesta al mismo. Las medidas responden a una eventual reducción de la actividad mínima comprometida en los títulos habilitantes otorgados en los puertos y permitirán a las Autoridades Portuarias alterar los tráficos mínimos establecidos en dichos títulos. Asimismo, se aprueban reducciones o exenciones en diversas tasas portuarias, siempre que se justifique el cese o reducción significativa de su actividad.

Asimismo, con el fin de apoyar al deporte en un contexto de paralización de su actividad y no generación de ingresos por el estado de alarma, se crea una Fundación, que estará dotada con fondos provenientes de la venta de derechos audiovisuales del fútbol, con el fin de contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federativo, al deporte olímpico y paralímpico en la antesala de los Juegos Olímpicos.

Esta Fundación estará adscrita a la Administración General del Estado a través del Consejo Superior de Deportes y contará con la participación de la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y de representantes de las restantes federaciones deportivas españolas, así de las competiciones oficiales y no oficiales.

Esta nueva Fundación será la única que podrá asumir la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las federaciones deportivas y competiciones distintas al fútbol, siempre que no quieran asumirlos por sí mismas.

Viernes, 17 de abril de 2020

Cuatro años de prisión para el presidente del Racing de Santander entre 2006 y 2011 por administración desleal 

La Audiencia de Cantabria considera que “ha habido una ordenada y orquestada actividad delictiva de apropiación de dinero” y una “gestión desleal del patrimonio del club al que a sabiendas ocasionó un perjuicio económico”

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años de prisión al que fuera presidente del Real Racing Club de Santander entre los años 2006 y 2011 por un delito continuado de administración desleal.

En una sentencia que ha sido dada a conocer en el día de hoy, el tribunal condena además a los socios de una mercantil de consultoría que giró una serie de facturas a la entidad deportiva entre los años 2007 y 2008 por un importe total de 60.684 euros. En su caso, les considera autores de un delito de apropiación indebida para el que establece una pena de un año y medio de prisión.

Además de las penas de cárcel, los tres deberán pagar una multa: 3.600 euros en el caso del presidente del club, y 3.240 euros en el caso de otros dos condenados.

En concepto de responsabilidad civil, deberán indemnizar al Racing de Santander conjuntamente en 60.840 euros, la cantidad recibida irregularmente por la empresa de la que eran socios dos de los condenados.

Además, el que fuera presidente del club deberá afrontar una indemnización de 127.357 euros en favor de la entidad deportiva.

La sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria no es firme y contra la misma cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ordenada y orquestada actividad delictiva

La sentencia relata una sucesión de hechos ejecutados por el que fuera presidente del Racing de Santander y que, a juicio de la sala, constituyen una “ordenada y orquestada actividad delictiva de apropiación de dinero”.

Se trata de operaciones que supusieron “una gestión desleal del patrimonio del club al que a sabiendas ocasionó un perjuicio económico derivado del uso abusivo e injustificado de los fondos sociales”.

Así, se refiere en primer lugar la sentencia al proyecto Escuela de Fútbol Racing Primavera, “iniciativa fruto de la decisión personal” del presidente de la entidad deportiva “sin autorización” del Consejo de Administración.

De este proyecto, consistente en el establecimiento de una escuela en Brasil para formar jugadores que luego se incorporaran al Racing, “no hay constancia escrita ni de la inversión presupuestada ni de su desarrollo”, y la única documentación que existe son las transferencias efectuadas para abonar sus costes entre 2007 y 2011, por un importe global de 956.065 euros.

Además, en 2009 una suma cercana a los 43.000 euros fueron abonados personalmente por el que fuera presidente del club mediante una tarjeta de crédito del Racing a una mercantil brasileña, entidad que no tenía vinculación alguna con la escuela.

Junto a ello, entre 2007 y 2008 los otros dos condenados, socios de una empresa dedicada a la consultoría, giraron una serie de facturas al Racing por un importe global de 60.684 euros, que fueron pagadas por el club “con el conocimiento y el consentimiento expreso” de su presidente, “sin que hubiera justificación para ello derivada de los costes o de su intervención en la gestión de la escuela y sin que conste cual fuere su destino”.

Otro de los hechos también enjuiciados se refiere al acuerdo verbal al que llegó el presidente del Racing con uno de los miembros del Consejo de Administración, que era titular de una empresa y con el que acordó la realización de servicios de gestión y relaciones públicas.

Describe la sentencia que tal relación supuso el abono de 124.900 euros, y que concluyó por decisión del titular de la mercantil por “desencuentros continuos”. Cesada la relación, el presidente de la entidad “procedió a entregar de forma injustificada y sin causa ninguna” al que fuera miembro del Consejo de Administración la suma de 100.000 euros.

El último de los hechos que se sometieron a juicio fue la adquisición, en 2010, de un vehículo de alta gama para uso del presidente, lo que supuso un gasto para la entidad de 100.316 euros.

Relata la resolución que el presidente ya disponía de un vehículo de alta gama adquirido en 2007, “sin que conste acreditado ni la razón de su venta ni qué destino se dio al precio percibido por la transmisión”.

Además, incide el tribunal en que el ahora condenado lo hizo “pese a conocer la difícil situación económica del club” y que existía un convenio con un concesionario de vehículos por el que el Racing disponía de una flota de seis coches y dos furgonetas a cambio de publicidad.

Una operación irracional

Tras relatar los hechos que considera probados, el tribunal valora los mismos hasta concluir la comisión de un delito continuado de administración desleal.

Entiende que la Escuela de Fútbol Racing Primavera “fue un proyecto carente de un planteamiento serio, de estudios escritos y de un plan de inversión y desarrollo fundamentado y documentado”.

A juicio de la sala, se trató de una operación “cuanto menos irracional y que supuso un gasto excesivo y desproporcionado para la situación económica del Racing”.

En cuanto a las facturas derivadas de tal operación en favor de la empresa de consultoría y que ascienden a 60.684 euros, entienden los magistrados que “carecen de causa que pudiera justificar el pago de sus importes”.

“Que esto es así se revela además de por la ausencia de prueba de operaciones que pudieran soportarlo, por la evidencia derivada de la propia literalidad de las mismas de que no responden a una realidad de un débito por un servicio, trabajo o adelanto realizado por la mercantil”, indica la sentencia.

Sobre los pagos realizados por el presidente con una tarjeta de crédito del club en favor de una mercantil brasileña, señala la sentencia que no existe “vinculación ninguna” con la escuela de fútbol, dado que aquella se dedica a la venta de recambios de vehículos.

Así, “hay prueba más que suficiente del desvío injustificado de este dinero mediante su efectiva entrega a un tercero sin causa que lo pudiera amparar”.

Infracción de los deberes de lealtad

Finalmente, el tribunal se refiere a dos hechos más que constituyeron un desvío de dinero y un perjuicio económico para la sociedad.

En primer lugar, sobre la compra de un vehículo de alta gama en 2010, considera el tribunal que fue una adquisición “injustificada” en un momento “en el que la situación económica del Racing era ya más que difícil”, y es que en el ejercicio 2010/2011 ya presentaba pérdidas contables de 16 millones de euros y no podía pagar a la plantilla.

Así, “adquirir un coche como el que compró cuyo coste económico total financiado fue de 100.316 euros es una actuación que a juicio de la sala supone una infracción de los deberes de lealtad que como consejero delegado debía tener hacia la sociedad dándole un destino al dinero distinto al que le correspondía e incompatible e incongruente con la situación que estaba viviendo el club”.

Sobre el abono de 100.000 euros a uno de los miembros del Consejo de Administración para resolver el acuerdo que habían alcanzado por el que éste prestaba servicios de relaciones públicas a la entidad, el tribunal entiende que, de nuevo, fue “una decisión injustificada que, una vez más, implicó un desvío de dinero en perjuicio de la sociedad”.

Preguntas y respuestas sobre la prohibición temporal de fecha 16/03/2020 de posiciones cortas netas en acciones admitidas a cotización en centros de negociación para las que la CNMV es autoridad competente

17/04/2020 cnmv.es

Las respuestas a las cuestiones que se recogen a continuación sobre el alcance del Acuerdo de 16/03/2020 (de prohibición temporal del incremento de posiciones cortas netas en acciones en centros de negociación para los que la CNMV es autoridad competente) han sido elaboradas por la Dirección General de Mercados de la CNMV.

En todo caso, se recuerda que la normativa sobre las ventas en corto está contenida en el Reglamento (UE) No 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago (Reglamento (UE) No 236/2012) (en adelante, ‘el Reglamento’) y en su normativa de desarrollo.

La lista de preguntas y respuestas que sigue podrá ser actualizada y ampliada.

1. ¿Quién está sujeto a la prohibición?

La prohibición alcanza a toda persona física y jurídica (en adelante “inversores”) independientemente de su país de residencia, salvo en los supuestos exceptuados, sin importar si la transacción u operación tiene lugar en España o en otros países, o en un mercado regulado o no o fuera de un centro de negociación (OTC).

1. ¿A qué emisores e instrumentos financieros alcanza la prohibición? Actualizado 17 abril

La prohibición es de aplicación a los instrumentos financieros, además de las acciones, cuya exposición confiere una ventaja financiera en caso de que disminuya el precio de la acción. El Anexo I, parte I del Reglamento Delegado 918/2012 contiene una lista de dichos instrumentos.

La prohibición se refiere a las acciones admitidas a cotización en los centros de negociación españoles (Bolsas de Valores y Mercado Alternativo Bursátil, MAB) para las que la CNMV sea autoridad competente de acuerdo al Reglamento. Para la identificación de aquellas acciones cotizadas en centros de negociación españoles para las que la CNMV no es la autoridad competente (como IAG o Arcelor) se recomienda consultar la base de datos FIRDS disponible diariamente en el Registro de ESMA, disponible en su sitio web www.esma.europa.eu.

La prohibición tampoco aplicará a las acciones de una sociedad admitidas a negociación en un centro de negociación de la Unión si el centro principal de negociación de dichas acciones está situado en un tercer país. ESMA publica una lista con las acciones de sociedades que se negocien en un centro de negociación de la Unión y cuyo centro principal de negociación está situado en un tercer país.

Conforme al Acuerdo de la CNMV de 16/03/20, están temporalmente prohibidas las operaciones sobre instrumentos financieros que permitan crear o incrementar una posición corta neta sobre las acciones referidas en el párrafo anterior. Por el contrario, los instrumentos de deuda corporativa o de gestión del riesgo de crédito (CDS) no están sujetos a la prohibición.

La creación o incremento de posición corta neta mediante instrumentos financieros distintos de las propias acciones incluye, entre otros, futuros, opciones (incluso si no están admitidos a negociación en la UE), ADRs, GDRs y swaps OTC. Respecto a certificados representativos de acciones como los ADR, es importante aclarar que la prohibición no prohíbe posiciones cortas sobre los ADR como tales o aisladamente considerados, sino únicamente en tanto supongan posiciones cortas sobre la acción subyacente, teniendo en cuenta la posición total del tenedor del ADR. Por ejemplo, si una entidad tiene una posición larga sobre 10 acciones sujetas a la prohibición y vende en corto 10 ADRs sobre esa misma acción no tendría una posición corta neta sobre la acción sujeta a la prohibición sino una posición neutral, no afectada por la prohibición.

La prohibición incluye asimismo productos estructurados que contienen derivados cuyo efecto es crear una posición corta neta en el capital de las acciones sujetas a la prohibición.

1. ¿Está permitida la creación o incremento de posiciones cortas netas intradiarias?

No, la creación o el incremento de posiciones cortas netas durante la sesión están también prohibidos, incluso si el participante de mercado se plantea cerrarlas al final de la misma.

1. ¿Qué operaciones están exceptuadas de la prohibición? Actualizado 17 abril

Tal y como señala el anuncio publicado por la CNMV el 16/03/2020, quedan exceptuadas de la prohibición las siguientes operaciones:

La creación o incremento de posiciones cortas netas cuando el inversor que adquiere un bono convertible tiene una posición neutral en términos de delta entre la posición en el elemento de renta variable del bono convertible y la posición corta que se toma para cubrir dicho elemento.

La creación o incremento de posiciones cortas netas cuando la creación o incremento de la posición corta en acciones esté cubierta con una compra equivalente en términos de proporción en derechos de suscripción.

La creación o incremento de posiciones cortas netas a través de instrumentos financieros derivados sobre índices o cestas ponderadas de instrumentos financieros cuando el peso de los valores afectados por la prohibición no suponga más de la mitad de la ponderación total del índice o cesta.

Las actividades de creación de mercado en los términos previstos en el citado Reglamento europeo (artículos 2.1.k y 17). A la creación de mercado se refieren más específicamente las preguntas 7 y 8.

1. ¿Qué operativa se puede desarrollar a través de instrumentos financieros derivados? ¿Qué precauciones deben ser tomadas en relación con dichos instrumentos?

En relación con los derivados sobre índices o cestas de instrumentos financieros, no está permitido que los inversores utilicen derivados para crear o incrementar una posición corta neta, únicamente los pueden utilizar para crear, ampliar o cubrir una posición larga. Las posiciones cortas netas tomadas a través de derivados antes de la entrada en vigor de la prohibición no se encuentran afectadas.

Posiciones cortas sobrevenidas

Los inversores cuya posición corta neta pre-existente se incremente exclusivamente como resultado de la variación de la volatilidad no están obligados a reducir su exposición; mantener una posición corta neta inalterada no infringe la prohibición.

Roll – over de posicion corta neta

Los inversores con posiciones cortas en derivados, tomadas con antelación a la prohibición temporal acordada por la CNMV pueden realizar el roll-over de su posición, incluso si ello produce una creación de posición corta neta con una nueva fecha de ejercicio futura siempre que al realizar el roll-over no se aumente la posición corta neta pre-existente.

Expiración de derivados que cubren una posición corta

Sensu contrario, un inversor puede tener una posición larga a través de un derivado que sirve de cobertura a una posición corta sobre las acciones objeto de la prohibición. Como resultado, la posiciónn corta neta del inversor sería cero. Si, tras la entrada en vigor de la prohibición, dejase expirar el derivado que sirve de cobertura a la posición corta sobre las acciones sin cancelar simultáneamente ésta última, el inversor estaría creando una posición corta neta. En este supuesto, no puede entenderse que esta creación es sobrevenida, puesto que al no deshacer el inversor sus dos posiciones opuestas que formaban parte de una misma estrategia, está conscientemente adoptando una nueva de posicionarse en corto sobre las acciones. Por lo tanto, para no infringir la prohibición debería mantener la posición larga y su cobertura o bien deshacer ambas.

Lo anterior no será de aplicación cuando todas las transacciones que sirven de cobertura o formen parte de una estrategia, hayan sido realizadas antes de la entrada en vigor de la prohibición.

Cobertura imperfecta mediante derivados de una posición larga

Un inversor puede estar largo en una cartera de acciones que no replica exactamente un índice como el IBEX-35 y cubrir esa posición mediante venta de futuros/opciones sobre el índice. Esta estrategia puede suponer una posición corta neta respecto de las acciones subyacentes del derivado que no tengan reflejo en la cartera del inversor.

Esta actuación sería aceptable para la CNMV sólo si el inversor está en condiciones de demostrar que para la posición larga que se quiere cubrir vendiendo derivados referenciados al índice no existe un mercado líquido de futuros/opciones y además hay correlación clara entre la cartera y el índice.

1. ¿Están permitidas las posiciones cortas en acciones mediante transacciones en derivados sobre índices o cestas ponderadas de instrumentos financieros cuando el peso de los valores del índice o cesta afectados por la prohibición no alcanza más de la mitad de la ponderación total del índice o cesta? Actualizado 17 abril

Sí, pero solamente cuando se trata de derivados (como futuros u opciones) que se negocien en un centro de negociación y no aquellos que únicamente se negocian OTC.

En cuanto a los ETF, en la medida en que son instrumentos financieros cuyo objetivo es replicar la evolución de un índice o de una cesta de valores, la creación o incremento de posiciones cortas netas a través de ETF también estaría permitida siempre que el peso en el fondo de los valores afectados por la prohibición no alcance más de la mitad del ponderación total del fondo.

1. ¿Se considera creadores de mercado a los miembros de un mercado por el hecho de tener un acuerdo de miembro o participante con la rectora del mercado?

No, se requiere también notificación a la autoridad competente. La definición de las actividades de creación de mercado es la recogida en el artículo 2.1.k del Reglamento (UE) No 236/2012. Únicamente se considera creador de mercado a aquellas entidades que hayan solicitado a su Autoridad Nacional Competente la exención para la actividades de creación de mercado con relación a las acciones afectadas por la prohibición de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) No 236/2012. ESMA mantiene una lista de creadores de mercado disponible en su web a estos efectos. El inversor debe asegurarse de que, además de estar en esa lista, la notificación se realizó para los instrumentos sujetos a la prohibición.

1. ¿Se aplica la excepción de creación de mercado a entidades domiciliadas en terceros países?

Los creadores de mercado definidos en el artículo 2.1.k) del Reglamento están exceptuados de la prohibición de la CNMV incluso si están domiciliados fuera de la Unión Europea y no han sido autorizados en la UE, siempre que hayan notificado su intención de realizar actividades de creación de mercado a la Autoridad Competente del principal centro de negociación de la UE donde negocien. En tal caso habrán sido incluidos en la mencionada lista de ESMA de creadores de mercado.

Dicha notificación debería incluir las acciones sobre las cuales la entidad va a llevar a cabo su actividad de creación de mercado. Las directrices o guías de ESMA1, sobre actividades de creación de mercado en relación al Reglamento, proporcionan detalles sobre el procedimiento de notificación para entidades domiciliadas fuera de la UE (párrafos 37-41). Esto implica que las entidades domiciliadas en terceros países que estén incluidas en la lista de ESMA pueden beneficiarse de la excepción de la prohibición de la CNMV en las mismas condiciones que los creadores de mercado de la UE.

1. ¿Se pueden generar posiciones cortas dentro de un grupo en una entidad que no realiza creación de mercado, como consecuencia de reasignaciones intra-grupo (back- to-back trades)?

Si una entidad del grupo que está reconocida por una autoridad competente europea toma posiciones cortas como consecuencia directa de sus actividades de creación de mercado (según la definición del art 2.1.k del Reglamento) y, posteriormente, esas posiciones se trasladan o cubren mediante operaciones back-to-back a otras entidades del grupo que no son creadores de mercado reconocidos, por motivos de gestión centralizada del riesgo, en línea con el Reglamento Delegado de la UE no 2017/2294, dicha práctica no se considera un incumplimiento de la prohibición siempre que no se realice para vulnerar la prohibición y pueda demostrarse la correspondencia entre ambos flujos de operaciones.

1. ¿Se pueden vender acciones sujetas a la prohibición que sean componentes de un índice pero cuya exclusión del mismo ha sido ya publicada (con el objeto de anticiparse a dicha salida del índice)?

Teniendo en cuenta el probable impacto del cambio en la composición de los índices (cuyos derivados cotizan en centros de negociación) en el precio de los acciones excluidas, la CNMV admitirá que los inversores que replican el rendimiento de los índices cuya composición va a variar puedan vender los valores, incluso si el resultado de dichas ventas es la creación durante un corto espacio de tiempo de una posición corta neta. Esta tolerancia solo se aplicará durante la última sesión de negociación antes de que el cambio en la composiciónn se produzca.

Para beneficiarse de la exención, los inversores deberán estar en condiciones de demostrar a la CNMV que sus actuaciones están debidamente justificadas y que la eventual posición corta neta se cierre como muy tarde en la sesión anterior a la del cambio efectivo de los componentes del índice.

Miles de funcionarios, preocupados por el futuro de sus pensiones tras el traspaso sorpresivo del reconocimiento y la gestión de sus prestaciones a la Seguridad Social

El Gobierno aprovecha un decreto económico frente al Covid-19 para modificar la gestión de las pensiones de los funcionarios

CSIF reclama a los grupos parlamentarios que frenen el traspaso a la Seguridad Social del reconocimiento y la gestión de prestaciones de los funcionarios y exige una reunión urgente para aclarar la medida

23 de Abril de 2020

csif.es

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado exige una reunión urgente a los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios a este último departamento. El sindicato ha recibido centenares de llamadas entre ayer y hoy de personal funcionario preocupados por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones (657.118 pensionistas a marzo de 2020).

Y es que el Gobierno ha aprovechado el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por el Covid-19 para modificar de extranjis la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo.

En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar este traspaso, mediante la tramitación del decreto como proyecto de Ley, con el fin de que se pueda eliminar esta modificación.

Si prospera este Real Decreto Ley la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, pasa a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas, de una forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera durante un breve periodo transitorio.

Por otro lado, la competencia para el reconocimiento de nuestras pensiones corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que pasa a ser la entidad gestora competente para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas. El complemento por maternidad pasa a depender asimismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General.

La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva.

Duración del ERTE, prestaciones por desempleo y dudas que aclara o no el nuevo real decreto

28 marzo, 2020 uso.es

Análisis del nuevo Real Decreto-ley que regula ERTE, despidos y prestaciones por desempleo

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto de medidas laborales excepcionales a causa de la crisis del coronavirus. Hoy se publica en BOE como Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo. Sus medidas entran en vigor el mismo día de su publicación, 28 de marzo, y estará vigente durante todo lo que duren el estado de alarma y sus posibles prórrogas.

Mantenimiento de la actividad en centros sanitarios y centros de atención a personas mayores

Los centros sanitarios y centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, cualquiera que sea su titularidad –pública o privada- y el régimen de gestión, se considerarán servicios esenciales durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. Por lo tanto, deben mantener su actividad y solo podrán reducirla o suspenderla en los términos permitidos por las autoridades competentes.

El incumplimiento de las órdenes de las autoridades competentes será sancionado según lo establecido en la L.O. 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Prohibición de los despidos por causa del covid-19

Esta medida extraordinaria de protección del empleo está recogida en el artículo 2 de este RD. Plantea que no se podrá justificar la extinción del contrato o un despido por causa de fuerza mayor y las causas técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan la suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los arts. 22 y 23 del R.D.-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Este decreto regulaba cuándo las empresas podrían justificar un ERTE por causas directamente derivadas de la crisis sanitaria.

Prestaciones por desempleo en ERTE

En este RD, se modifica y amplía lo referente a las prestaciones por desempleo como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada regulados en los artículos. 22 y 23 del RD-Ley 8/2020. Todo lo relativo a prestaciones por desempleo está regulado en el artículo 3 y Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y Cuarta y Disposición Final Primera.

¿Cómo se tramitan las solicitudes de desempleo?
1.El procedimiento se inicia mediante solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en representación de las personas trabajadoras afectadas (modelo proporcionado por la entidad gestora).
2.La comunicación, además de la solicitud colectiva, debe incluir determinada información por cada uno de los centros de trabajo (artículo 3.2). De esta información, podemos destacar, además de datos meramente estadísticos (razón social, NIF, representante legal), la siguiente: 1.La especificación de las medidas a adoptar, así como la fecha de inicio en que cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.
2.Porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, en el supuesto de reducción de jornada.
3.Una declaración responsable en la que se hará constar que se ha obtenido la autorización de las personas trabajadoras para su presentación.

3.La empresa tiene la obligación de comunicar cualquier variación en los datos inicialmente comunicados y, en todo caso, cuando se refieran a la finalización de la duración de la medida.
4.La comunicación debe realizarse a través de medios electrónicos y en la forma que determine el SEPE. En su página, las empresas pueden descargarse las instrucciones y el modelo de listados.

¡OJO! Si no has estado nunca dado de alta en el SEPE, sí debes darte tú de alta. La empresa solo comunica quién está afectado por el ERTE, pero no puede tramitar tu inscripción inicial.

¿Qué plazo tiene la empresa para realizar la comunicación de las personas incluidas en el ERTE?

Se dispone de un plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE en los casos de fuerza mayor (art. 22 RD-Ley 8/2020) o desde la fecha en la que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en los casos de los procedimientos basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (art. 23 DR-Ley 8/2020). Si la solicitud se ha producido con anterioridad a la entrada en vigor de este RD-ley (28 de marzo), el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.

¿Qué ocurre si la empresa no realiza la comunicación al SEPE de los afectados por el ERTE?

Si esta comunicación no se transmite, la empresa incurrirá en una infracción grave prevista en el artículo 22.13 de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

Las solicitudes que contengan falsedades o incorrecciones serán objeto de sanción, especialmente cuando den lugar a prestaciones que no deberían haberse producido; así como cuando las medias no fuesen necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina.

En estos casos, la prestación se revisará de oficio y la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora. Tendrá que deducirlas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de tales salarios, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda.

Esta obligación será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en la LISOS que resulten de aplicación de conformidad con las reglas específicas y de vigencia expresa previstas en este RD-ley.

¿Qué fecha cuenta como día de inicio de la situación legal de desempleo?

En los supuestos de fuerza mayor, contará como fecha de inicio cuando se comunica esta situación; es decir, la fecha del hecho causante de la situación legal de desempleo.

En el resto de los supuestos, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberá ser coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada. La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deben figurar en el certificado de empresa (documento válido para su acreditación).

¿Se establece cómo calcular la cuantía de la prestación?

No. En este RD, desde USO echamos en falta que se regule algún mecanismo de cálculo para agilizar este procedimiento y acelerar el proceso. Sobre todo, tras la denuncia de USO sobre una anticipación de instrucción que circulaba entre la plantilla del SEPE en la que se planteaba que no se computaran los hijos a cargo para facilitar la mecanización, pero sin establecer como compensar ese recorte en la prestación.

Colaboración de la entidad gestora con de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Si la entidad gestora aprecia indicios de fraude para obtener las prestaciones por desempleo, lo comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quien comprobará la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de ERTE basados en las causas de los arts. 22 y 23 del RD-ley 8/2020. Para ello, contará con el apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Cuánto duran las medidas extraordinarias de prestación por desempleo y cotización a la Seguridad Social?

Las medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 del RD-ley 8/2020, se aplicarán a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este RD-ley, siempre que deriven directamente del covid-19.

¿Cuánto pueden durar los ERTE por fuerza mayor?

La vigencia de los ERTE por causa de fuerza mayor (art. 22 RD-ley 8/2020) estará limitada a la duración de la situación extraordinaria derivada del covid-19; es decir, mientras dure el estado de alarma y sus posibles prórrogas, tanto si los expedientes se han resuelto expresamente como si han sido resueltos por silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta.

¿Cómo afecta la suspensión a los contratos temporales?

La suspensión de los contratos temporales (incluidos los formativos, de relevo e interinidad) por las causas previstas en los arts. 22 y 23 del RD-ley 8/2020 supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los períodos de referencia equivalentes al período suspendido respecto de las personas trabajadoras afectadas.

¿Qué ocurre si no puede celebrarse la Asamblea General en las Sociedades Cooperativas?

Si la Asamblea General no puede celebrarse por medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación en los términos de los arts. 22 y 23 del RD-ley 8/2020.

Nuevas medidas en contratación pública

En la Disposición Final Segunda, se da una nueva redacción al artículo 16 del RD-ley 7/2020, de 12 de marzo que, a su vez, fue modificado por la Disposición Adicional Sexta del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo. Establece las siguientes medidas:
•Se justifica la actuación inmediata para adaptar cualquier medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al covid-19.
•A los contratos para atender a las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros en relación con el covid-19, se les aplicará la tramitación de emergencia.
•Posibilidad de realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias realizadas por el contratista sin aplicar las garantías previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El órgano de contratación determinará esta circunstancia y dejará constancia en el expediente.
•El libramiento de fondos para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas de protección a la salud podrá realizarse a justificar.
•Contratación realizada en el exterior porque los contratos se formalicen o ejerciten total o parcialmente en el extranjero: ◦la formalización se realizará por el Jefe de la Misión o Representación Permanente, con sujeción a las condiciones pactadas por la Administración con el contratista extranjero cuando su actuación sea indispensable y así se acredite en el expediente.
◦se formalizarán por escrito.
◦normas sobre el libramiento de fondos.
◦se podrán anticipar total o parcialmente los pagos al contratista con anterioridad a la prestación de los servicios cuando fuera imprescindible, de acuerdo con la situación del mercado y el tráfico comercial del Estado con el que la contratación se lleve a cabo.
◦se excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas emitidas por proveedores no nacionales, radicados en el exterior, cuando se trate de esos expedientes.

El Ministerio de Industria y la Cámara de España ponen en marcha un portal informativo de oferta y demanda de equipos de protección personal

22 de Abril 2020

camara.es

A través del portal todosprotegidos.camara.es, las empresas fabricantes y/o distribuidoras podrán informar de los productos que ofertan, así como de su capacidad de producción y/o distribución y los plazos de entrega estimados.

Por su parte, las empresas demandantes de estos elementos de protección podrán informar de sus necesidades en cada momento.

El objetivo es facilitar el abastecimiento de productos sanitarios

Madrid, 22/4/2020. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Industria y Pyme, y la Cámara de Comercio de España ponen en marcha el portal informativo todosprotegidos.camara.es que reflejará la oferta y demanda de elementos y equipos de protección (mascarillas, guantes, protectores visuales, batas y soluciones hidroalcohólicas) en toda España.

Para el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, “el objetivo de esta iniciativa es facilitar el abastecimiento de este tipo de productos, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, para facilitar su regreso a la actividad”.

El presidente de la Cámara de España. José Luis Bonet, ha subrayado que “a través de este portal las empresas podrán consultar y acceder de forma gratuita a información útil sobre oferta y demanda de elementos de protección”.

La paulatina vuelta a la actividad económica a medida que se vayan produciendo avances en la superación de la emergencia sanitaria, debe realizarse con las máximas garantías de seguridad para todos los ciudadanos, razón por la cual la utilización de equipos de protección individual será de obligado cumplimiento, no solo a corto, sino también a medio plazo.

La producción de esos equipamientos estaba hasta ahora deslocalizada fuera de España prácticamente en su totalidad. Una circunstancia que deberá cambiar en el futuro para asegurar el aprovisionamiento de estos elementos de protección para el conjunto de la ciudadanía y muy particularmente para los trabajadores y trabajadoras.

A través del portal, las empresas fabricantes y/o distribuidoras podrán informar de los productos que ofertan, así como de su capacidad de producción y/o distribución y los plazos de entrega estimados.

Por su parte, las empresas demandantes de estos elementos de protección podrán informar de sus necesidades en cada momento.

A través de un mapa interactivo, el portal ofrecerá información agregada del número de oferentes y demandantes en cada una de las provincias y ciudades autónomas.

Las empresas podrán acceder asimismo a toda la información publicada por la Secretaría General de Industria y Pyme relacionada con las especificaciones técnicas requeridas para la fabricación de elementos y equipos de protección personal.

16 de abril de 2020

El Gobierno avanza en nuevas herramientas de análisis de la movilidad para apoyar la lucha contra el COVID-19

mineco.gob.es

Los datos completos del estudio del INE agregados y anonimizados han sido puestos a disposición de las CCAA
El Gobierno está impulsando un conjunto de estudios de movilidad para disponer de datos durante la emergencia sanitaria del COVID-19 que contribuyan a la toma de decisiones
La información de los estudios, elaborados por el INE y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ya está disponible en sus páginas web correspondientes
Estos análisis emplean datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, de forma anónima y agregada, garantizando el estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos y la privacidad de los usuarios
Según el INE, más del 85% de los españoles permanece en su zona de residencia durante el estado de alarma, cifra que supera el 90% durante la vigencia del permiso retribuido recuperable

El Gobierno está desarrollando un conjunto de estudios sobre la movilidad de la población con el objetivo de disponer de datos de los desplazamientos a lo largo del territorio nacional y contribuir a la toma de decisiones en el actual escenario derivado de la pandemia del COVID-19.

Entre dichos análisis se encuentra el estudio de movilidad impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, DataCOVID, que está siendo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya información puede consultarse desde hoy en su página web.

La información refleja que, con carácter general, desde que se decretó el estado de alarma, el 85% de los ciudadanos no se ha movido desde su zona de residencia hacia otros lugares. Esa cifra supera el 90% en las semanas en las que estuvo en vigor el permiso retribuido recuperable.

Los datos completos agregados y anonimizados han sido puestos a disposición de todas las comunidades autónomas y son ya 11 las que están haciendo uso de los mismos (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Madrid y Castilla y León).

Asimismo, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha hecho pública también en su página web una herramienta de análisis de movilidad durante el periodo de aplicación de las medidas de contención.

Estos estudios de movilidad, que proporcionan información complementaria, tienen por objetivo conocer y caracterizar la movilidad a lo largo del territorio nacional durante la emergencia sanitaria del COVID-19, analizar las variaciones de la movilidad derivadas de aplicación de las medidas de contención, así como identificar zonas con más desplazamientos o con una mayor concentración de población.

El estudio del MITMA parte de los datos de muestra de un único operador y se eleva a una proyección estadística sobre el conjunto de la población, mientras que en el del INE se dispone de datos de los tres principales operadores del país.

Los ámbitos y objetivos de ambos estudios son distintos, de modo que la lectura de los resultados se debe hacer de forma complementaria y tras un análisis de sus notas metodológicas (INE / MITMA).

En ese sentido, la utilización de distintas metodologías, así como su contraste con otros modos de medición directa de la movilidad, pretenden aportar una imagen lo más completa posible.

El empleo de datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, de forma anónima y agregada, garantiza el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Estudios similares sobre la movilidad de las personas se están llevando a cabo en otros países europeos, caso de Alemania, Italia o Austria.

DataCOVID, datos agregados sobre posicionamiento de dispositivos móviles desarrollado por el INE

El estudio de movilidad desarrollado por el INE y llamado DataCOVID permite realizar una estimación de la movilidad de la población española durante el periodo de aplicación de las medidas de contención en relación con una situación de normalidad.

Con los datos proporcionados por los operadores móviles, el INE obtiene el número total de teléfonos móviles que se desplazan de una zona a otra y los que se mantienen en sus mismas áreas. Los resultados permiten conocer si, tras la entrada en vigor de las medidas de contención, aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios, si hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia, o si hay zonas con una alta concentración de población en relación a su capacidad sanitaria.

Se tienen resultados para todo el territorio nacional, que se divide en unas 3.200 áreas de movilidad. Esta información permite una buena aproximación a la movilidad o inmovilidad de la población. El modelo de obtención de datos es idéntico al que utilizó este organismo en el estudio que realizó el pasado noviembre.

No obstante, a diferencia de otros análisis que se puedan realizar a partir de la telefonía móvil, este proyecto no analiza el número de viajes realizados ni los trayectos realizados ni la distancia recorrida durante ellos.

Análisis de la movilidad en España durante el estado de alarma del MITMA

En el análisis realizado por el MITMA se compara la movilidad diaria con la de una semana tipo equivalente previa a la crisis. Esta se fijó en la semana del 14 al 20 de febrero de 2020, que tuvo un comportamiento normal de movilidad, al no tener ningún día festivo en ninguna comunidad autónoma.

El Ministerio ha aprovechado en este estudio la experiencia adquirida en el trabajo ya realizado en 2018 por el Ministerio sobre la utilización de la tecnología big data para la definición y cuantificación de la movilidad interprovincial a nivel nacional.

Las principales conclusiones del estudio se centran en la fuerte reducción de la movilidad que se ha producido durante el estado de alarma, en línea con los datos ya obtenidos a través de los medios tradicionales de aforo de carreteras, medición de viajeros en los distintos modos de transporte etc., de los que se dispone en el conjunto del Ministerio.

Los resultados del estudio serán actualizados diariamente durante el estado de alarma y durante todo el periodo de desescalado de las medidas para control de la pandemia del COVID-19.