AIRE

Viernes, 22 de mayo de 2020

El Tribunal Supremo determina cómo calcular la prorrata en el IVA en relación con determinadas operaciones realizadas por un holding con sus participadas y con la suscripción de derivados financieros

Dos sentencias de la Sala Tercera estiman parcialmente los recursos de casación presentados Telefónica Internacional, SAU, contra una sentencia de la Audiencia Nacional en relación con la liquidación de este impuesto en el periodo desde junio de 2006 a diciembre de 2007

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

En dos recientes sentencias de 18 de mayo de 2020 (de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero) y 19 de mayo de 2020 (de la que ha sido ponente el magistrado Nicolás Maurandi), ambas idénticas en su redacción, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha analizado la normativa europea y española, así como la jurisprudencia emanada del tribunal de Luxemburgo en relación con el concepto de “actividad principal” y “actividad accesoria” a efectos del cálculo del porcentaje de la prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido y para garantizar la neutralidad de dicho tributo.

Las sentencias estiman parcialmente los recursos de casación presentados por la entidad Telefónica Internacional, SAU contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que confirmó la resolución del Tribunal Económico Administrativo en relación con la liquidación del IVA por los periodos de junio de 2006 a diciembre de 2007.

El Tribunal señala, en primer lugar, que la venta de participaciones en empresas del grupo efectuada por una empresa holding no merece la calificación de accesoria en las específicas circunstancias del caso, pues, dadas las actividades que se realizan para las empresas participadas, ha de entenderse que dicha venta es prolongación directa, permanente y necesaria de la actividad principal de la compañía, “ sin que tal conclusión- que determina la corrección de la decisión administrativa recurrida- pueda enervarse atendiendo exclusivamente al escaso volumen de gasto sujeto a IVA en el ejercicio de esa actividad de venta de participaciones”.

La Sala argumenta que la tenencia, adquisición y transmisión de esas participaciones sociales tienen como función desarrollar las actividades de planificación estratégica, desarrollo y evaluación del grupo, que equivale a marcar las pautas directivas sobre el nivel y la modalidad de presencia en el mercado que deben tener las sociedades participadas. Por ello se traduce finalmente en una directa implicación en la organización y realización de las actividades económicas de prestación de servicios que las entidades participadas ponen a disposición de los consumidores en el mercado económico de producción y distribución de bienes y servicios.

La Sala añade que la vinculación existente entre las operaciones de adquisición y venta de las participaciones de que se viene hablando, y la estrategia empresarial del grupo, “permite apreciar esa nota de prolongación que la doctrina del TJUE utiliza como uno de los criterios válidos para descartar en una actividad empresarial la consideración de accesoria”.

En relación con las operaciones con derivados financieros, las sentencias señalan que no suponen la realización de operaciones sujetas a IVA y, por tanto, no deben incluirse en el cálculo de la prorrata, pues la suscriptora de esos productos (la empresa holding) no presta un servicio al contratar el derivado, sino que se limita a garantizar la cobertura de ciertos riesgos que pueden comprometer el buen fin de las actividades propias.

Fase 1 y Fase 0: abren bares y restaurantes, y se eliminan los horarios de paseos

22 mayo, 2020 uso.es

Una disposición en BOE para Fase 0 y Fase 1 permite el consumo en el interior de bares y restaurantes y flexibiliza los paseos en los municipios pequeños

A tres días de que toda España entre en la llamada Fase 1 de desescalada, y la mitad de la población pase a Fase 2, se amplían la movilidad y actividades hosteleras a quienes permanecen hoy, 22 de mayo, en Fase 0 y Fase 1.

La disposición publicada hoy en el BOE afecta a los municipios de hasta 10.000 habitantes. Eso sí, deben tener una densidad de población máxima de 100 habitantes por kilómetro cuadrado.

La orden recoge, no obstante, la exclusión de esta mayor apertura para las personas con síntomas compatibles con el coronavirus o efectivamente diagnosticadas con covid-19.

Reapertura de los locales de hostelería y restauración en Fase 0 y Fase 1

La disposición de ampliación de Fase 0 y Fase 1 prevé el consumo en locales hosteleros. Así, podrán reabrir al público los locales de hostelería y restauración, bares y restaurantes en general. Pero no podrán levantar la persiana las discotecas o bares de ocio. El consumo será en mesa y entre ellas habrá la distancia obligatoria de dos metros. No se puede superar el 40% del aforo habitual.

En cuanto a las terrazas, sigue vigente la posibilidad de abrirlas al 50% de su capacidad: tendrán que mantenerse las distancias de seguridad y solo podrá haber 10 personas por mesa o grupo de mesas.

Se eliminan las restricciones horarias en estos municipios, salvo las reservadas a mayores

En cuanto a la movilidad, la mayor novedad se da en cuanto a la eliminación de horarios para los paseos o hacer deporte. Así, en los municipios de hasta 10.000 habitantes, desaparecen las franjas horarias. Pero con una excepción: se respetarán los horarios reservados para las personas mayores más vulnerables, los de más de 70 años. Esas franjas eran de 10 a 12 horas por la mañana, y de 7 a 8 de la tarde, salvo cambios aprobados en las autonomías en función del clima. El resto del día, está permitido que toda la población menor de 70 años pasee o haga deporte aficionado, como correr.

Paseos de las familias: los menores ya podrán salir con ambos progenitores

La disposición también flexibiliza los paseos con menores. Los niños podrán ya pasear con ambos progenitores. También desaparece la relación de 3 niños por adulto. Ahora podrán pasear todos los convivientes, la familia al completo que viva en un mismo domicilio. Así, podrá pasear un solo menor de 14 años con ambos progenitores, o únicamente la madre o el padre con cuatro hijos pequeños, siempre que vivan bajo el mismo techo.

El deporte no profesional, también en el municipio vecino

Otra mejora en cuanto a la movilidad es la que se refiere a la práctica de deporte no profesional. A partir de hoy, se elimina la restricción del municipio y se referencia a una distancia máxima de 5 kilómetros. Eso sí, el municipio adyacente deberá ser de la misma unidad territorial. Ejemplo: quien salga a correr no podrá pasar al municipio de al lado, aunque esté a menos de 5 kilómetros, si pertenece a otra comunidad autónoma.

Las empresas con Erte pueden distribuir dividendos este año

El acuerdo con los interlocutores sociales se refiere a las cuentas de 2020 y no a las de 2019, que se aprueban ahora

Los minoritarios podrán ejercer su derecho de separación al acabar el estado de alarma

Xavier Gil Pecharromán

18/05/2020 eleconomista.es

Los socios minoritarios de las sociedades de capital que han solicitado Ertes podrán ejercitar el derecho de separación y recuperar su inversión este año.

Y podrán hacerlo por cualquier causa de las reguladas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), incluida la de falta de pago de dividendos del artículo 348 bis, puesto que el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 no ha anulado esta actuación, sino tan solo ha suspendido el derecho de separación de los socios durante la vigencia del estado de alarma.

Así, lo han constatado especialistas en derecho Mercantil de diversos bufetes de abogados a elEconomista. Además, destacan que este año, las empresas podrán repartir dividendo, puesto que el Decreto Ley 18/23020, de medidas sociales de defensa del empleo (texto ratificado en el acuerdo entre Gobierno, patronales (CEOE y Cepyme) y sindicatos (CCOO y UGT), en su artículo 5, se refiere a las cuentas del ejercicio fiscal correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo 2020 y no a las del 2019, que son las que se aprueban este año. Las de 2020 se aplicarán en 2021.

Problemas de interpretación

Las cuentas del ejercicio 2020, están afectadas por el artículo 5 del este RD-L y por la prohibición de distribuir dividendos, pero la regulación plantea problemas de interpretación en los despachos de abogados. Para empezar, explican que existe una manera fácil de burlar la norma, que es llevando el beneficio a reservas voluntarias, lo que permite su distribución posterior en cualquier momento.

Estas reservas voluntarias son de libre disposición, asignadas por la empresa sin que su origen esté determinado por precepto legal alguno, lo que permite que la sociedad pueda darles cualquier finalidad.

La separación de los socios minoritarios, se complica aún más, tal y como está redactado el texto del Real Decreto 8/2020, porque el redactor de la norma, se refiere al apartado 1 del artículo 348 bis de la LSC, pero omite el apartado 4 del mismo artículo, lo que supone que los socios minoritarios de las sociedades obligadas a consolidar (es decir, los grupos societarios) podrán ejercitar el derecho de separación cuando se cumplan los requisitos en cuentas consolidadas, porque carecen de limitación alguna.

El pacto de los Erte fuerza a presentar el preconcurso para poder despedir

Los especialistas consultados, también destacan que en el artículo 5 del acuerdo ratificado por los interlocutores sociales, se exonera a las sociedades con menos de 50 trabajadores, a pesar de que tengan Erte, de la limitación de distribuir dividendo, pero el legislador ha olvidado tener en cuenta en el RD-L, que estas pequeñas y medianas empresas siguen estando afectadas por el 348 bis, lo que supone que el socio minoritario sí que puede pedir el reembolso de su inversión, con el riesgo de descapitalizar la sociedad.

El derecho de separación se produce en sociedades con más de cinco años, que no hayan repartido el 25% de los beneficios del año previo, tras obtenerlos durante tres ejercicios anteriores.

Los expertos consultados también destacan que no queda nada claro si cuando depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, el registrador debe calificar o no si existe, infracción legal, y, por tanto, de existir, rechazarlas, con el consiguiente cierre registral y todos los problemas que ello conlleva.

19 de mayo de 2020

mineco.gob.es

El Gobierno activa un nuevo tramo de la Línea de Avales y destina 20.000 millones de euros íntegramente a pymes y autónomos

Se han liberado ya un total de 84.500 millones de euros, de los que 60.000 se destinan a garantizar préstamos de autónomos y pymes.

Las empresas ya han recibido más de 50.000 millones de euros de financiación garantizada con la Línea de Avales.

Se han aprobado casi 400.000 operaciones avaladas, de las que el 98% corresponden a pymes y autónomos.

Se mantienen las características, modo de tramitación, porcentaje de cobertura del aval (80%) y cuotas de reparto establecidos para los tramos anteriores.

19 de mayo de 2020. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo por el que se activa el cuarto tramo de la Línea de Avales para empresas y autónomos, adoptada por el Gobierno el pasado 17 de marzo por importe de hasta 100.000 millones de euros.

El nuevo tramo de 20.000 millones de euros se destinará de forma íntegra a garantizar operaciones de pymes y autónomos, al ser los que están recurriendo en mayor medida a la Línea de Avales y desempeñar un papel esencial en el sostenimiento de la actividad económica y el empleo.

Con la aprobación de este nuevo tramo se han puesto a disposición de empresas y autónomos 80.000 millones de euros para avalar la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico.

Adicionalmente, se han aprobado 4.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 millones de euros para reforzar el reaval que CERSA concede a las Sociedades de Garantía Recíproca.

Del volumen total de recursos aprobados, los autónomos y pymes se benefician ya de 60.000 millones de euros en avales para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante.

Un total de 123 entidades financieras han suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración y están distribuyendo la financiación con aval del Estado a los clientes que la necesiten.

La amplia cobertura e implantación territorial de las entidades de crédito, cajas rurales, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos garantizan la distribución de los avales entre las empresas y autónomos de todos los sectores de actividad y de cualquier lugar del país.

Más de 50.000 millones de euros en financiación

Las empresas españolas han recibido ya más de 50.000 millones de financiación garantizada con la Línea de Avales. Con datos a 17 de mayo, se han aprobado 394.543 operaciones de financiación, con un importe avalado de 38.631 millones de euros.

El mayor volumen de operaciones y financiación se concentra en pymes y autónomos, con 387.039 préstamos aprobados, el 98% del total, y un importe avalado de 26.992 millones de euros. Estos avales han permitido que estas empresas hayan recibido 33.804 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante.

Las empresas de mayor tamaño han recibido más de 17.000 millones de euros en financiación, a través de 7.504 operaciones avaladas con 11.638 millones de euros.

Características de la Línea de Avales

Podrán solicitar los avales de este cuarto tramo las pymes y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes y tiene una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.

Las pymes y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea, por Acuerdo de Consejo de Ministros.

La distribución de la línea de avales entre las entidades se llevará a cabo con los mismos criterios que los establecidos en los tramos anteriores, en función de la cuota de mercado comunicada por cada entidad financiera al Banco de España a cierre de 2019.

El volumen máximo asignado para cada entidad será válido hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de entidades, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta esa fecha.

El indicador de estrés de lños mercados de la CNMV alcanza su tercer mayor registro a consecuencia dee la crisis del coronavirus

21 de mayo de 2020 cnmv.es

La Nota sobre Estabilidad Financiera de la CNMV analiza trimestralmente los riesgos que afectan a los mercados españoles

Entre finales de febrero y los primeros días de mayo, el indicador de estrés ha aumentado desde 0,19 hasta 0,65, un valor que implica un nivel de estrés alto (por encima de 0,49)

Se observa un aumento del estrés en todos los segmentos del indicador y una mayor correlación entre ellos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho pública la Nota de estabilidad financiera correspondiente al mes de abril de 2020, en la que se refleja un aumento significativo del nivel de estrés en el sistema financiero a consecuencia de la crisis del coronavirus. En particular, el indicador aumentó de forma sustancial en marzo al pasar de 0,19 a 0,56. En abril y los primeros días de mayo siguió aumentando, con menos intensidad, situándose en 0,65, su tercer mayor registro desde que se realiza dicho indicador. Este valor implica un nivel de estrés alto (por encima de 0,49) y se debe a un aumento de la incertidumbre en todos los segmentos del sistema financiero contemplados que, además, muestran una mayor correlación entre sí.

En la nota se destaca el giro radical del contexto macroeconómico español a raíz de la crisis respecto a la tendencia de leve desaceleración económica que se observaba en 2019. Las medidas que ha habido que implementar, de aislamiento y, en consecuencia, de paralización de buena parte de la actividad económica, se han traducido de forma inmediata en aumentos del número de desempleados y del número de empresas en riesgo de cierre. Los pronósticos de las instituciones más relevantes sitúan la contracción del PIB para este año en un rango entre el 7% y el 14%, la mayor registrada en la historia. El resultado final depende de numerosos factores entre los que destacan la duración de la crisis sanitaria, la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno y por las instituciones europeas, el ritmo e intensidad de la recuperación de la actividad en sectores clave para el país como, por ejemplo, el turismo y, finalmente, la repercusión de los posibles cambios en los patrones de consumo de los agentes. Uno de los principales retos económicos reside en lograr conjugar la adopción de las medidas necesarias para paliar la crisis con la preservación de la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

Los mercados financieros nacionales experimentaron fuertes turbulencias en marzo, que tendieron a atenuarse en abril. En los mercados de renta variable se observaron caídas muy significativas en las cotizaciones y aumentos históricos de la volatilidad, que acabaron propiciando la adopción por parte de la CNMV de restricciones a la operativa en corto, que siguieron otras jurisdicciones europeas. Estas restricciones, que finalizaban el 18 de mayo, no fueron prolongadas. En los mercados de deuda se observó un tensionamiento de las primas de riesgo, que perdió intensidad tras las diferentes medidas adoptadas por el BCE. Estas turbulencias dieron lugar a un aumento de los reembolsos netos en los fondos de inversión que, no obstante, fueron atendidos sin problemas significativos. Concretamente, los reembolsos estimados en media en marzo-abril fueron de algo más del 2% de su patrimonio, aunque afectaron en mayor medida a algunos tipos de fondos y se concentraron especialmente en el mes de marzo. La CNMV, además de supervisar de forma especial a las gestoras con mayor exposición a activos menos líquidos o de peor calidad crediticia, está fomentando el uso de las distintas herramientas de gestión de la liquidez disponibles.

Las fuentes de riesgo existentes en el contexto actual son numerosas y de diferente naturaleza. Algunas de ellas ya se habían identificado en números anteriores de esta nota y se han intensificado a raíz de la crisis. Dentro del ámbito político destaca la incertidumbre relacionada con la falta de progreso en materia comercial y las dificultades para adoptar un enfoque común europeo frente a la crisis, si bien en esta última parcela se han conocido recientemente algunos avances. En el ámbito financiero las fuentes principales de preocupación están relacionadas con el riesgo de liquidez y con el de crédito, incluyendo la repercusión que pueda tener un aumento significativo de las rebajas en las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias de rating. Los riesgos operacionales también cobran una especial relevancia en este entorno de aumento de tareas no presenciales.

La Nota de Estabilidad Financiera presenta un amplio panel de indicadores, entre los que destacan el indicador de estrés de los mercados financieros españoles y los denominados mapas de color (también conocidos como mapas de calor). El primero proporciona una medida en tiempo real del riesgo sistémico en el sistema financiero español, que oscila entre 0 y 1 y se obtiene mediante agregación ponderada de los niveles de estrés estimados en los seis segmentos siguientes: renta variable, renta fija, intermediarios financieros, mercados monetarios, derivados y mercado de cambios Los mapas de color permiten visualizar la evolución de las categorías de riesgo.

13 de Mayo de 2020

La AEPD publica recomendaciones de privacidad en relación con la tecnología 5G

aepd.es

El documento tiene como objetivo presentar un primer análisis de los riesgos para la privacidad que puede implicar tanto esta tecnología como las que hagan uso de ella, y ofrecer recomendaciones

La nota está dirigida a los interesados en conocer las implicaciones que el 5G tiene para la privacidad, así como a los agentes involucrados en el desarrollo e implementación de esta tecnología

La AEPD insta a reflexionar acerca de las normativas y estándares relativos al tratamiento y conservación de datos de tráfico por los operadores de telecomunicaciones, en particular, con relación a la georreferenciación

(Madrid, 13 de mayo de 2020). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nota técnica en la que se presenta un primer análisis de los riesgos para la privacidad que puede entrañar el 5G y las tecnologías que hagan uso de ella, así como un conjunto de recomendaciones. El documento está dirigido a personas interesadas en conocer las implicaciones para la privacidad derivadas de su implantación generalizada pero también a fabricantes, proveedores, operadores de servicios, empresas de telecomunicaciones y desarrolladores de aplicaciones que establezcan modelos de negocio en 5G.

La quinta generación de comunicaciones móviles (5G), cuyo despliegue en Europa comenzó a principios de 2019, ofrece mejoras a los usuarios como alta velocidad de transferencia, mayor capacidad de conexión o baja latencia -el tiempo de respuesta que necesita un dispositivo para llevar a cabo la acción que le pedimos-, lo que permitirá la puesta en marcha de aplicaciones multimedia o de realidad aumentada, el despegue definitivo del internet de las cosas (IoT) o la cirugía remota asistida, entre otras. No obstante, la implantación de esta tecnología podría incrementar los riesgos para la privacidad que ya se asociaban a las anteriores generaciones de telefonía móvil, como la geolocalización, el perfilado o la toma de decisiones automatizadas sobre las personas.

La nota técnica de la AEPD repasa a la evolución de la tecnología móvil desde su implantación, expone las nuevas posibilidades de la tecnología 5G e identifica sus riesgos, proponiendo un decálogo de recomendaciones. Entre ellas, proporcionar información particularmente clara y comprensible a los usuarios de las nuevas aplicaciones y servicios basados en el 5G; definir cuidadosamente los roles y ámbitos de responsabilidad, delimitando de forma nítida las obligaciones de desarrolladores, fabricantes, operadores y agentes en materia de protección de datos; garantizar comunicaciones cifradas extremo a extremo; adecuar el uso de decisiones automatizadas a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, y establecer las necesarias garantías en el caso de transferencias internacionales de datos.

Finalmente, la AEPD insta a reflexionar acerca de las normativas y estándares relativos al tratamiento y conservación de datos de tráfico por los operadores de telecomunicaciones, en particular, con relación a la georreferenciación. Actualmente, las redes 4G proporcionan resoluciones con una media de 50 metros, pero con 5G se alcanzarán resoluciones inferiores a un metro en tres dimensiones.

Coronavirus COVID-19

España participa en el repositorio europeo de metadatos de investigación clínica sobre COVID-19

Lunes 18 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

La Plataforma Española de Ensayos Clínicos que financia el Instituto de Salud Carlos III forma parte de esta iniciativa para compartir información metodológica y de apoyo para el desarrollo de estudios clínicos relacionados con el nuevo coronavirus.

La Plataforma Española de Ensayos Clínicos (SCREN) que financia el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, participa en el repositorio de metadatos de investigación clínica que ha creado la infraestructura europea para Investigación Clínica (ECRIN) con el objetivo de compartir información de utilidad para el lanzamiento de ensayos clínicos relacionados con el COVID-19.

La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 requiere que los investigadores unan fuerzas en todo el mundo para mejorar diagnósticos, encontrar tratamientos y desarrollar una vacuna, por lo que compartir datos de investigación es un paso crítico en este esfuerzo de cooperación global. En este contexto, la ECRIN ha decidido crear un grupo de trabajo COVID-19 con sus socios nacionales y lanzar este repositorio de metadatos, que incluye información sobre esta enfermedad, entre ellos información fruto de estudios que se están desarrollando en centros clínicos y que pueden ser de utilidad para el lanzamiento y diseño de nuevos ensayos.

El repositorio de metadatos de investigación clínica servirá para conocer los estudios clínicos existentes y elementos relacionados, como son por ejemplo protocolos, hojas de información y formularios de consentimiento, planes de gestión de datos, planes de análisis estadístico, formularios de informes de caso, resultados, publicaciones y metadatos descriptivos, entre otros. Todos ellos son elementos importantes y que pueden servir para el diseño y ejecución de los estudios, según recuerda Gonzalo Arévalo, subdirector del Área de Internacional del ISCIII.

El repositorio está disponible gratuitamente para todos los investigadores científicos que trabajan en investigación clínica y es de especial utilidad para aquellos que trabajan en COVID-19. El sistema se actualiza periódicamente mediante la recopilación de datos de las fuentes de información más importantes del mundo, desde Nueva Zelanda hasta los Países Bajos y desde Japón hasta Líbano. El repositorio de metadatos de investigación clínica actual es la primera versión beta de la plataforma; ECRIN está actualizando el contenido de la plataforma regularmente mientras trabaja en nuevas versiones.

Grupo de trabajo ECRIN COVID-19

Por otro lado, ECRIN ha establecido un grupo de trabajo COVID-19 para administrar y desplegar herramientas y servicios que ayuden a la investigación científica sobre COVID-19. Se ha publicado información relacionada en el sitio web de ECRIN, por ejemplo, sobre revisiones de literatura de COVID-19, convocatorias de financiación, registros de ensayos internacionales y consideraciones normativas y éticas para ensayos en curso durante la pandemia. En la página de ECRIN se puede encontrar más información y recibir apoyo.

Esta iniciativa se encuadra dentro del esfuerzo que de manera coordinada están realizando las distintas infraestructuras paneuropeas para poner al servicio de la comunidad investigadora y clínica todos los recursos útiles en la investigación sobre COVID-19, que son a su vez parte integral del Plan Europeo contra el coronavirus (ERAvsCORONA Action Plan).

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 67 por ciento de su capacidad

Martes 19 de mayo de 2020 lamoncloa.gob.es

Mapa de España de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 67 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 37.280 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 138 hectómetros cúbicos (el 0,8 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 95,9%
•Cantábrico Occidental al 89,8%
•Miño-Sil al 84,9%
•Galicia Costa al 88,2%
•Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
•Duero al 88,2%
•Tajo al 66,9%
•Guadiana al 42,9%
•Tinto, Odiel y Piedras al 80,3%
•Guadalete-Barbate al 51,2%
•Guadalquivir al 49,8%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 58,9%
•Segura al 47,0%
•Júcar al 59,1%
•Ebro al 90,7%
•Cuencas internas de Cataluña al 94,5%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Cuenca con 83,6 mm (83,6 l/m2).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Coronavirus COVID-19

Salvador Illa: «El lunes toda España estará, al menos, en fase 1 y el 47% de la población en fase 2»

Viernes 22 de mayo de 2020 lamoncloa.gob.es

Mapa de provincias y zonas de salud en fase 1 y fase 2 a partir del 25 de mayo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que desde el próximo lunes ya toda España se encontrará como mínimo en fase 1. Así, ha señalado que el 53% de la población estará en dicha fase y el resto de España, el 47%, en fase 2.

Illa ha lanzado un mensaje de «felicitación sincera a todas las comunidades autónomas por el gran trabajo realizado» y ha asegurado que «no sólo estamos saliendo sino que lo estamos haciendo más fuertes». Además, ha recordado que la valoración del paso de fase se hace en función de las solicitudes recibidas que son valoradas en base a las peticiones realizadas y consensuadas a través de reuniones bilaterales.

El ministro de Sanidad ha hecho hincapié en que «hemos apostado por el camino de la prudencia, de la cautela y de la seguridad». Y ha insistido en que «nos hemos guiado siempre por una máxima, que el paso sea seguro».

Las medidas establecidas para los ciudadanos que están o pasarán a la fase 2 están publicadas en el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de mayo y las de fase 1 en el de fecha 9 de mayo. Mañana sábado se publicarán, no obstante, todas las especificaciones concretas respecto a ambas fases.

Territorios que pasan a la fase 1
•Castilla y León: Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Salamanca y Valladolid.
•Cataluña: zonas sanitarias de ciudad de Barcelona, Metropolitana Sud y Metropolitana Nord.
•Comunidad de Madrid

Territorios que pasan a la Fase 2
•Andalucía: Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla.
•Aragón: Huesca, Zaragoza y Teruel
•Asturias
•Islas Baleares: Ibiza, Menorca y Mallorca
•Canarias: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma
•Cantabria
•Castilla-La Mancha: Guadalajara y Cuenca
•Cataluña: zonas sanitarias de Campo de Tarragona, Alto Pirineo y Arán y Las Tierras del Ebro
•Extremadura: Cáceres y Badajoz
•Galicia: Lugo, La Coruña, Orense y Pontevedra
•Murcia
•Navarra
•País Vasco: Guipúzcoa, Vizcaya y Álava
•La Rioja
•Ceuta
•Melilla

El mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019

Enlace al Banco de España

En este trabajo se describen los principales rasgos de la evolución del mercado de la vivienda en España durante el último período de expansión (2014-2019) y se discuten dos aspectos relacionados con su situación reciente. Por una parte, se analiza la evidencia acerca de las posibles dificultades de acceso de los hogares a la vivienda, encontrando que estas se habrían agravado durante los últimos años, especialmente para determinados colectivos, como los jóvenes y las familias con rentas bajas, sobre todo en algunas zonas, como las grandes áreas metropolitanas. Seguidamente se revisan las implicaciones que de ello se derivan desde el punto de vista de la eficiencia económica y de los retos sociales y se analizan medidas públicas que podrían considerarse para aliviar estas dificultades. La última sección ofrece una valoración de los posibles riesgos sistémicos asociados al mercado inmobiliario residencial, y se concluye que estos eran, a finales de 2019, más limitados que los que había en los años anteriores a la crisis financiera iniciada en 2008.

21 de mayo de 2020

El Tesoro revisa su programa de financiación para hacer frente a la crisis del COVID-19

mineco.gob.es

La emisión bruta prevista asciende a 297.352 millones de euros y la emisión neta a 130.000 millones de euros.

El Tesoro ha acelerado las emisiones en los primeros meses del año, de manera que ya lleva ejecutado el 48,6% del nuevo objetivo total y el 55% de las emisiones a medio y largo plazo.

El Tesoro está haciendo frente a las nuevas necesidades de financiación de forma eficiente, incrementando el volumen de las subastas y con la realización de emisiones sindicadas.

Las emisiones continúan registrando records de demanda y la participación de inversores internacionales sigue siendo elevada, lo que pone de manifiesto su confianza en España.

El coste medio de la deuda emitida este año es del 0,3%, de forma que el coste de la deuda en circulación se sitúa en mínimos históricos del 2,02%.

La carga de intereses con relación al PIB y a los ingresos públicos se sitúa en niveles de 2004 pese al incremento de la deuda en circulación en los últimos años.

21 de mayo de 2020.- La crisis sanitaria global provocada por el virus COVID-19 está teniendo importantes consecuencias económicas que hacen necesario actualizar las necesidades de financiación del Tesoro. En particular, el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. Estas medidas suponen mayores costes de los previstos por el Estado a principios de año, a los que hay que sumar unos menores ingresos como consecuencia de la contracción económica.

Ante este nuevo escenario, el Tesoro Público estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prevé financiar mediante Bonos y Obligaciones y 111.688 a través de Letras del Tesoro.

Esta cifra se corresponde con unas necesidades de financiación en términos netos –descontando las amortizaciones del ejercicio en curso–­ de 130.000 millones de euros, de las que el 77,7% (101.000 millones) se obtendrán a través de emisiones a medio y largo plazo y el 22,3% (29.000 millones) con instrumentos a corto plazo.

Tan pronto como estalló la crisis sanitaria, el Tesoro comenzó a acelerar sus emisiones, de manera que ya ha financiado 143.491millones de euros en el mercado, el 48,6% del nuevo objetivo establecido para 2020, de los cuales 101.738 millones han sido a medio y largo plazo (54,9% del objetivo) y 41.753 millones de euros han sido en Letras (37,9% del objetivo). La rápida repuesta está permitiendo que la ejecución del nuevo programa de financiación del Tesoro, a medio y largo plazo, esté más avanzada que en 2019 en estas mismas fechas.

El Tesoro ha introducido distintas medidas para gestionar de la manera más eficiente este incremento en las necesidades de financiación, como aumentar el tamaño medio de las subastas y contemplando la posibilidad de convocar subastas especiales –fuera de calendario– de Bonos y Obligaciones. Por otro lado, se ha recurrido en mayor medida al procedimiento de sindicación bancaria para la emisión de los primeros tramos de nuevas referencias.

A este respecto, el Tesoro fue pionero con la emisión de una referencia a siete años el 24 de marzo, a la que han seguido posteriormente otros muchos emisores soberanos europeos. Destaca especialmente la sindicación realizada en abril, cuando se emitió un nuevo bono a 10 años por 15.000 millones de euros, el mayor importe emitido en una referencia en la historia del mercado de capitales. Además, se obtuvo el record de demanda recibida por cualquier emisor público o privado para una sola referencia, superando los 96.500 millones de euros. Esta Obligación se emitió con un cupón del 1,25%, 20 puntos básicos por debajo de la primera referencia a 10 años emitida en 2019, y obtuvo una participación de inversores no residentes del 79%.

A pesar del incremento en las necesidades de financiación y de la volatilidad financiera global, el coste medio de las nuevas emisiones en lo que va de año es del 0,31%, mientras que el coste medio de la deuda en circulación continúa contrayéndose y se sitúa en un mínimo histórico de 2,02%. Todo ello ha sido posible al tiempo que aumentaba la vida media de la cartera de Deuda del Estado a niveles máximos, situándose actualmente en 7,74 años.

La carga anual de intereses del conjunto de las Administraciones Públicas ha descendido en casi 7.000 millones de euros desde 2013, pasando de 35.405 millones a 28.450 millones de euros a finales de 2019.

En 2019, las ratios de carga de intereses con relación al PIB (2,2%) y con relación a los ingresos de las Administraciones Públicas (5,8%) se situaron en los mismos niveles que en 2004. Por tanto, y a pesar del mayor endeudamiento de los últimos 15 años, el esfuerzo requerido para atender el pago de intereses es el mismo.

El esfuerzo de los últimos años de ampliar y profundizar la base inversora ha dado frutos y los inversores no residentes ya ostentan el 50,4% de la Deuda del Estado en circulación. A pesar de la mayor emisión, la ratio de cobertura de las subastas ha subido, especialmente en los tramos más largos.

Derogación Reforma Laboral: USO pide legislación a largo plazo, no una contrarreforma de medianoche

uso.es

21 mayo, 2020

El sindicato se muestra muy crítico con el acuerdo de derogar la Reforma Laboral, rectificación posterior, no acuerdo y final reformilla

Al filo de medianoche, sin palabra alguna al respecto en un Congreso que había estado de pleno hasta minutos antes, con tachones de Tipp-Ex tras los tirones de orejas nocturnos y evidenciando que tiene más poder laboral la novena fuerza parlamentaria que el mal llamado Diálogo Social, que ni fue convocado para tomar la decisión de mayor calado en la materia desde la propia Reforma. Así se anunciaba la derogación de la reforma laboral de 2012, después matizada, y sin definir qué la sustituirá.

USO se muestra muy crítico con el anuncio de acuerdo, rectificación, reformilla y matización: “es un error hacer política con un tema tan trascendente para el futuro y del que depende el conjunto de la sociedad de manera tan fugitiva, precipitada, oculta, de poca calidad democrática, sin abrir debates, al margen del Congreso y de los principales partidos de la oposición. No se ha hecho un verdadero análisis de lo que está pasando y de sus posibles consecuencias. Aún no está resuelto lo urgente ni se han puesto en marcha medidas de reactivación y de apuesta por el empleo de calidad”, reprueba Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Legislar con parches es solo una situación de urgencia, no se puede acometer una reforma laboral exprés y sin reflexión

Para USO, no es el momento de construir una nueva legislación laboral exprés y sin reflexión. Los parches de estas semanas han buscado salvar una situación excepcional, pero no puede perpetuarse esa manera de hacer políticas de empleo dando bandazos para las grandes medidas que ya deberían haberse puesto en marcha. “Lo que necesitamos es un marco legal para el trabajo que recoja la protección de los trabajadores a largo plazo, porque esta crisis sociolaboral no finalizará con el estado de alarma. Al contrario, será en ese momento cuando empecemos a conocer sus consecuencias reales”, avisa Pérez.

“Es muy triste que no se hable de qué protección tendrán los trabajadores o de qué pasará con los ERTE, sino de con quién se acuerda la derogación. Se deja una vez más en evidencia que no existe el Diálogo Social, que es un teatrillo inservible en el que patronales y solo dos organizaciones sindicales se autoproclaman portavoces de toda la sociedad. Pero, a la hora de la verdad, son ninguneados para las decisiones de verdadero calado. Se quedan sin la foto más buscada de los últimos ocho años, acostumbrados a una mesa a la que llegan los acuerdos cocinados y en su punto para la firma”, recrimina el secretario general de USO.

Derogar la Reforma Laboral no puede ser volver a 1990, sino construir una nueva ley que proteja el empleo y regule nuevas realidades

En opinión de la Unión Sindical Obrera, “derogar no es volver a 1990, es construir una nueva ley. Una ley nueva en la que no pueden estar ni la preponderancia del convenio de empresa ni los despidos por baja ni la ultraactividad que USO ganó en la Audiencia Nacional tras ser el único sindicato en pelearla, por cierto. Pero es una ley que debe contemplar la protección de los trabajadores más allá del 30 de junio con políticas activas de empleo que permitan mantener los puestos de trabajo, tanto con medidas orientadas a los trabajadores como a la protección del pequeño empresario o autónomo que sustenta el grueso del tejido laboral”.

Además, “debe contemplar las nuevas realidades que nos han explotado en la cara, como el teletrabajo y la mejor conciliación. Pero, además, sin otra legislación complementaria, como la reindustrialización o la política fiscal ambiciosa, el marco legal laboral nacerá cojo”, recalca Joaquín Pérez.

21 may 2020

Comunicado CEOE y Cepyme ante el acuerdo para derogar la reforma laboral

ceoe.es

CEOE y Cepyme rechazamos con total rotundidad el acuerdo alcanzado entre la coalición PSOE y Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de su apoyo a la última de las prórrogas del estado de alarma.

Este pacto supone un desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales y, en este sentido, a las propias instituciones del Estado en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario.

Tanto es así, que desoye también las recomendaciones emitidas este miércoles por la Comisión Europea, en las que plantea la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los interlocutores sociales, tales como la flexibilización de las condiciones laborales.

El pacto alcanzado es de una irresponsabilidad mayúscula y tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional, que impactarán de forma profundamente negativa en el empleo.

En estos momentos, en los que el propio Gobierno aborda con patronal y sindicatos medidas de flexibilidad en el ámbito laboral para garantizar la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos, en los sectores más castigados por el COVID-19, es totalmente incoherente y contrario suscribir un acuerdo para dar un paso atrás e incrementar la rigidez en el mercado laboral.

De esta forma, se echarán por tierra todos los esfuerzos realizados para, a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lograr hibernar las plantillas y salvaguardar millones de puestos de trabajo.

Jueves, 21 de mayo de 2020

El Tribunal Supremo fija que los valores mobiliarios y las acciones deben excluirse del ajuar doméstico a efectos del Impuesto de Sucesiones

Considera que el ajuar doméstico comprende el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la vivienda familiar o al uso personal del causante

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija la interpretación del artículo 15 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) para determinar el concepto de ajuar doméstico y qué bienes deben ser incluidos en él para calcular dicho impuesto.

El artículo 15 de la citada ley dispone que el ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto del causante (bienes, derechos, acciones dejados por persona fallecida), salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje.

La Sala afirma que el artículo 15 no contiene un concepto autónomo de ajuar doméstico que sólo incluye una determinada clase de bienes y no un porcentaje de todos los que integran la herencia. En este sentido, considera que comprende el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la vivienda familiar o al uso personal del causante, conforme a las descripciones que contiene el artículo 1321 del Código Civil (ropa, mobiliario y enseres de la vivienda habitual común), en relación con el artículo 4, Cuatro de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, interpretados conforme a la realidad social.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Esperanza Córdoba Castroverde, explica que no es correcta la idea de que el tres por ciento del caudal relicto que, como presunción legal, establece el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, comprende la totalidad de los bienes de la herencia, sino sólo aquéllos que puedan afectarse, por su identidad, valor y función, al uso particular o personal del causante, con exclusión de todos los demás.

En consecuencia, las acciones y participaciones sociales, por no integrase en el concepto de ajuar doméstico, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de aplicar la presunción legal del 3 por ciento.
La Sala afirma que el contribuyente puede destruir tal presunción haciendo uso de los medios de prueba admitidos en Derecho, a fin de acreditar, administrativa o judicialmente, que determinados bienes, por no formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de inclusión en el ámbito del 3 por 100, partiendo de la base de que tal noción sólo incluye los bienes muebles corporales afectos al uso personal o particular.

Sobre el dinero, títulos, los activos inmobiliarios u otros bienes incorporales, -agrega la Sala- no se necesita prueba alguna a cargo del contribuyente, pues se trata de bienes que, en ningún caso, podrían integrarse en el concepto jurídico fiscal de ajuar doméstico, al no guardar relación alguna con esta categoría.

La sentencia incluye un voto particular de los magistrados José Díaz Delgado, Isaac Merino Jara y José Antonio Montero Fernández. En su voto, afirman que están parcialmente de acuerdo con los elementos o bienes incluidos en el concepto de ajuar doméstico a efectos de dicho impuesto, pero no comparten que se extienda a los bienes comprendidos en el artículo 1321 del Código Civil, ya que consideran que el concepto de ajuar doméstico que emplea el artículo 15 es más amplio que el de ajuar de vivienda habitual que se recoge en el Código Civil. De igual modo, discrepan de la nueva interpretación jurisprudencial que se hace del artículo 15 y sobre el alcance de las presunciones contenidas en el mismo.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Principado de Asturias y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la anulación de una liquidación relativa a este impuesto. La sentencia explica que el Tribunal Económico-Administrativo Regional permitió al contribuyente destruir la presunción legal establecida en el artículo 15 de la LISD para acreditar judicialmente que determinados bienes, por no formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de inclusión en el ámbito del 3 por 100, lo que se ha verificado mediante la aportación de un acta notarial y de un informe de valoración.

La supervisión de conducta: un compromiso con la sociedad.

bde.es

El Banco de España, debido a su compromiso con la sociedad, trabaja para reforzar la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario, preservando así la estabilidad financiera.

Por ello, supervisa la conducta de los bancos y de todas las entidades que prestan servicios bancarios y de pago para asegurar el cumplimiento de la normativa de transparencia y protección de la clientela.

El principal objetivo de esta normativa es que estas entidades faciliten una información clara y suficiente a sus clientes, para que estos entiendan tanto los costes como los beneficios de los productos que contratan.

Así, el Banco de España vigila que las entidades cuenten con unas reglas adecuadas de funcionamiento interno, que favorezcan el cumplimiento de esta normativa, y con un servicio de atención al cliente que funcione correctamente. Ambas piezas son fundamentales para que los bancos desarrollen una cultura que favorezca el mejor trato a su clientela.

Aunque el Mecanismo Único de Supervisión ha asumido la supervisión prudencial de los bancos desde su creación, en noviembre de 2014, el Banco de España sigue responsabilizándose de la supervisión de la conducta del mercado. Desde entonces, el supervisor español ha practicado 648 actuaciones supervisoras, ha enviado 469 escritos de recomendaciones, 218 requerimientos y ha incoado 26 expedientes sancionadores. Estas sanciones son públicas y pueden consultarse en su web oficial. El Banco de España vigila además la veracidad de la publicidad bancaria y en estos cinco años ha requerido 1.635 veces a las entidades el cese de piezas publicitarias o su rectificación.

En la memoria de Supervisión 2019, se puede consultar el detalle de las actuaciones que el Banco de España realizó durante ese año en materia de supervisión de la conducta, con detalle de las más relevantes.

Como parte de su compromiso con la sociedad, el Banco de España presta otros servicios relacionados con este área. Por ejemplo, en 2019 tramitó 14.641 reclamaciones de clientes bancarios y atendió 30.462 consultas.

La supervisión de conducta y los servicios de información y protección a la ciudadanía, como el Portal del Cliente Bancario y el servicio de reclamaciones del Banco de España, contribuyen a que el consumidor pueda contratar sus operaciones bancarias con mayor confianza.

Te lo contamos en dos minutos y medio

Maroto: «Los destinos turísticos inteligentes serán clave para el relanzamiento del turismo en nuestro país»

Miércoles 20 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

Fotos de algunos destinos turísticos inteligentes en España

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presidido la Comisión Ejecutiva de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI), ante la que ha expuesto las principales líneas de acción del Plan de Recuperación del Turismo en el que está trabajando el Ministerio para paliar el impacto del COVID-19 en el sector.

«El papel de los municipios es fundamental para promover y garantizar un turismo inteligente y seguro, y será protagonista en el relanzamiento de un sector clave, tanto por su peso económico como por su aportación a la cohesión social y territorial», ha señalado Reyes Maroto en su intervención.

La ministra ha anunciado la creación de un nuevo modelo de conocimiento para dotar a los municipios de elementos para la toma de decisiones de política turística: «Queremos conocer mejor las características del tejido productivo que forma la oferta española e identificar tendencias sociales que afectan al comportamiento de los viajeros, para poder adelantarnos a eventuales cambios en la demanda».

Incorporación de dieciséis nuevos destinos

La ministra Reyes Maroto durante la reunión por videoconferenciaLa Comisión Ejecutiva ha aprobado la incorporación de 16 nuevos destinos, con lo que el número de miembros de la Red se eleva a 121 (88 son destinos, 16 miembros institucionales y 16 empresas colaboradoras).

Los destinos que se han incorporado hoy a la Red son: Los ayuntamientos de Badajoz, Burgos, Cangas de Onís, Cullera, El Campello, Gijón, Guadalajara, Puebla de Sanabria, Puerto del Rosario, Rota, Vitoria-Gasteiz y Bollullos de la Mitación; las diputaciones de Ciudad Real y Lugo; y las mancomunidades de Campo de Gibraltar y Canal de Navarrés.

A la reunión telemática de hoy han asistido la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez, el director general de Red.es, David Cierco, y el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel Casares.

Acciones de la Red DTI

Según ha explicado Enrique Martínez, como consecuencia de la crisis del COVID19, se está trabajando para mejorar y adaptar la metodología de Diagnóstico de Destinos Turísticos Inteligentes y las recomendaciones del Plan de Acción, con el objetivo de incorporar cuestiones vinculadas a la situación sobrevenida, como futuras acciones de comunicación, reposicionamiento en mercados o apoyo al empleo.

Asimismo, se está diseñando un plan de formación y capacitación para sus miembros -centrado en herramientas digitales, cuestiones de higiene, análisis de segmentos y capacidades analíticas- que permita reforzar capacidades en el entorno post COVID-19. Durante las últimas semanas se ha creado un canal «Red DTI COVID-19» en Padlet para compartir información y buenas prácticas, organizado webinarios y tutoriales, entre otras acciones.

Sobre la RED DTI

La Red DTI, constituida el 27 de febrero de 2019, tiene como objetivo promover un nuevo marco de referencia para consolidar la competitividad del modelo turístico español. La comisión ejecutiva está presidida por la secretaria de Estado de Turismo y cuenta con tres vicepresidencias: Una de organización (presidente de SEGITTUR) y dos institucionales (FEMP y Red.es), así como con ocho vocalías representadas por ocho destinos (Benidorm, Calviá, Pontevedra, Arona, Palencia, Avilés y San Bartolomé de Tirajana y San Sebastián-Donostia).

Las constituciones de sociedades descendieron a la cuarta parte y las ampliaciones de capital se redujeron cerca de dos tercios

20/05/2020 | Notas de Prensa registradores.org

El Colegio de Registradores incluye en esta nota el análisis de la evolución de la actividad del Registro Mercantil, ofreciendo algunos indicadores básicos de confianza empresarial: constituciones y ampliaciones de capital; así como indicadores de dificultades financieras, a través de los concursos de acreedores. Esta información específica se elabora como avance de los informes trimestrales completos de la Estadística Mercantil que se elaboran habitualmente, atendiendo en este momento a la situación especial que vive el país.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el impacto del estado de alarma y la paralización de todas las actividades no esenciales han provocado una fuerte caída del 72,1% en las constituciones de sociedades a nivel nacional, que pasan de 8.782 en abril de 2019 a 2.454 en abril de este año. Destaca el dato de comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía, que apenas llegan a superar las 500 operaciones este año, cuando el año anterior, oscilaban entre las 1.400 y las más de 2.000 en el caso de Madrid.

Por CC.AA., la situación ha mostrado impactos bastante desiguales, dentro de una tendencia de descenso general muy acusada, como demuestra el dato de catorce CC.AA. con caídas superiores al 50%. Los mayores descensos, por encima del 80%, se producen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-88,9%), seguidas de Cataluña (-88,4%), Canarias (-86,9%) y Castilla La Mancha (-82,7%). En sentido contrario, el impacto de menor intensidad lo mostraron Navarra (-29%), Murcia (-32,5%) y Baleares (-36,9%).

Por CC.AA., la situación ha mostrado impactos bastante desiguales, dentro de una tendencia de descenso general muy acusada, como demuestra el dato de catorce CC.AA. con caídas superiores al 50%. Los mayores descensos, por encima del 80%, se producen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-88,9%), seguidas de Cataluña (-88,4%), Canarias (-86,9%) y Castilla La Mancha (-82,7%). En sentido contrario, el impacto de menor intensidad lo mostraron Navarra (-29%), Murcia (-32,5%) y Baleares (-36,9%).

Ampliaciones de capital inscritas en los RR.MM.

Las operaciones de ampliaciones de capital inscritas en los RR.MM., que reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios sobre sus proyectos empresariales, ofrecen una visión clara del fuerte impacto de la situación creada sobre la actividad empresarial, mostrando importantes caídas.

Como tendencia general, destacan los descensos del número de ampliaciones de capital por encima del 50% en catorce CC.AA., mismo número de las que cayeron en la misma proporción en el apartado anterior de constituciones. En términos de volumen, tal y como se muestra en la tabla anterior, desde las más de 2.500 ampliaciones realizadas en abril de 2019, hemos pasado a no llegar al millar en abril de este año. Las comunidades con mayor volumen de actividad, como son Cataluña y Madrid, ambas por encima de las 500 operaciones el año pasado, no han llegado este mes de abril a las 200 y 300, respectivamente.

Los mayores descensos, por encima del 70%, correspondieron a Canarias (-76%), seguida de Extremadura (-74,4%), País Vasco (-72,7%) y Aragón (-70,7%). Las menores caídas se produjeron en Baleares (-41,8%), Murcia (-43,3%) y Navarra (50%), que consiguieron ejecutar, como mínimo, la mitad de operaciones realizada el mismo mes del año anterior.

Los concursos de acreedores permiten ofrecer una visión significativa de las empresas que se encuentran en dificultades financieras importantes, y por ello se ha considerado de interés incluir su información en este avance especial de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores. En este sentido, el RD 16/2020, de 28 de abril, entre otros aspectos, amplia los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de este año, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de ayudar a las empresas que puedan presentar problemas financieros temporales como consecuencia del parón de la actividad económica provocado por el estado de alarma decretado para el control de la pandemia.

El primer avance ofrecido, tal y como muestra la tabla anterior, corresponde al mes de abril y refleja una caída generalizada de la inscripción de concursos, probablemente afectada por la ralentización de las comunicaciones internas propias del proceso concursal durante el inicio del estado de alarma. Por tanto, habrá que esperar a los meses sucesivos para ver la evolución de las declaraciones de concurso de acreedores y el efecto de las medidas legislativas recientemente adoptadas sobre la admisión a trámite de los mismos.

Así, en abril de este año, se muestra un descenso generalizado de las inscripciones de concursos de acreedores del 84,8%, descendiendo desde los 285 concursos anotados en abril de 2019 a los 44 concursos reflejados en abril de este año. Los concursos voluntarios sumaron este mes de abril 27 inscripciones, con un descenso del 86,4% sobre el mismo mes del año anterior y los concursos necesarios inscritos fueron 17, con un descenso del 80,2%. Consideramos, basándonos en los datos anteriores, que habrá que esperar a los próximos meses para poder obtener una visión paulatinamente más próxima a la realidad empresarial en relación con los concursos de acreedores declarados.

Coronavirus COVID-19

El BOE publica la Orden que regula el uso obligatorio de mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal de 2 metros

Miércoles 20 de mayo de 2020 – lamoncloa.gob.es

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Orden que regula el uso obligatorio de mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal de dos metros.

Se establece que las personas de seis años en adelante deberán llevarla cuando se dé esa circunstancia en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

La Orden señala que es también recomendable para los niños de entre 3 y 5 años y que preferentemente deberán usarse las mascarillas higiénicas y quirúrgicas, que cubran nariz y boca.

No será exigible su uso en las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso, las que tengan motivos de salud debidamente justificados o aquellas que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que lo hagan inviable. Además, el texto indica que no será exigible tampoco en el desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible su uso o si existe una causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Tampoco será obligatorio en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas.

UGT reclama una política en materia de residuos que reduzca su generación y su peligrosidad

16 Mayo 2020 – ugt.es

17 de mayo día mundial del reciclaje

► Demanda la necesidad de aplicar los principios de la economía cirular, como la prevención, la reutilización o la recuperación de materiales y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de separar residuos y reciclar.

► Exige una gestión sostenible de los recursos y una mayor participación de los trabajadores y las trabajadoras en la política medioambiental de la empresa, con el fin de impulsar centros de trabajo más sostenibles.

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra mañana, 17 de mayo, UGT reclama una política en materia de residuos inspirada en los principios de la prevención y minimización con el fin de reducir su generación y su peligrosidad. La gestión de residuos debe abordarse desde una concepción integral, empezando por la innovación y el ecodiseño y dando prioridad a la prevención, la preparación para su reutilización, la recuperación de materiales y el reciclado frente a la valoración energética o del despido en vertederos.

La generación de los residuos en nuestra sociedad está estrechamente relacionada con los patrones de producción y consumo y la eficiencia en el uso de los recursos. La población crece a un ritmo muy rápido, pero su producción de residuos lo hace a una velocidad aún mayor. Se trata de uno de los problemas más importantes de las sociedades modernas, tanto por las necesidades de gestión como por la contaminación que generan los residuos en el suelo, el agua y el aire, afectando a los ecosistemas y a la salud pública.

Gestionar el problema adecuadamente requiere en primer lugar disminuir la generación de residuos. No es posible mantener este ritmo actual de generación de residuos indefinidamente por lo que la minimización constituye un requisito obligatorio para establecer un modelo sostenible a medio y largo plazo. En segundo lugar, se ha de fomentar la reutilización de materiales y productos y en su defecto reciclar o posibilitar otros tipos de valorización, dejando como última instancia la eliminación en vertedero. En definitiva, se deben aplicar los principios de la economía circular.

Para UGT, es imprescindible la participación de los representantes de los trabajadores en la política medioambiental de la empresa, incluyendo la gestión de residuos. Y para que realmente esta participación sea efectiva, exigimos que se les dote de toda la información y formación necesaria.

En relación con las Administraciones Públicas, es necesario que se doten de suficientes medios materiales y humanos para garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental, ejerciendo las funciones de vigilancia, inspección y control previstas en la Ley de residuos y suelos contaminados. Por otro lado, se deben establecer instrumentos económicos y fiscales adecuados que incentiven las inversiones ambientales de la industria, las compras verdes de las administraciones y del sector privado, así como medidas impositivas que, bajo criterios de cohesión territorial y social, hagan efectivo el principio de quien contamina paga.

Estamos en el momento oportuno de impulsar una economía circular y desde UGT somos conscientes de ello y estamos plenamente comprometidos. Una de las líneas que estamos trabajando es impulsar centros de trabajo más sostenibles, que generen menos impacto en el medio ambiente. Para ello, entre otras acciones, hemos suscrito un convenio de colaboración con Ecoembes, mediante el cual ambas partes nos hemos comprometido a impulsar conjuntamente actividades e iniciativas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar. Actualmente estamos llevando a cabo un proyecto llamado “Centros de Trabajo Sostenibles” con el que realizamos talleres de sensibilización y formación en diferentes Comunidades Autónomas promoviendo el reciclaje en las empresas.

Residuos y la COVID-19

En la situación actual que estamos viviendo de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se ha incrementado espectacularmente el uso de mascarillas y guantes, con la problemática asociada del tratamiento que se debe hacer a los mismos una vez los desechamos. Por ello resulta imprescindible contar con instrucciones sobre la correcta gestión de los residuos.

Estos residuos deben gestionarse de manera específica dependiendo de las personas que los generen, especialmente si están contagiadas o en cuarentena. En caso de que hayan estado en contacto con personas que hayan dado positivo en coronavirus, se han de eliminar en una bolsa de plástico con cierre hermético (bolsa 1) que se tire en un cubo de basura situado dentro de la habitación. Dicha bolsa debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), que se situará a la salida de la habitación y se cerrará correctamente. La bolsa 2 se depositará en otra bolsa (bolsa 3), junto a los demás residuos generados en el domicilio destinados al contenedor de restos. Por último, la bolsa 3, conteniendo todos los residuos, se tirará en el contenedor para restos. De ninguna manera deberán separarse los distintos tipos de basura en los contenedores amarillo, azul, verde o cualquier otro, ni abandonarlos en la naturaleza o en medio de la ciudad.

Por otro lado, es recomendable no tocar las tapas de los contenedores. Si tienen el sistema de apertura por pedal, deberá utilizarse el pie para abrirlos. Si no es el caso, lo ideal es utilizar guantes que después se desecharán. En última instancia, lo más aconsejable es dejar la tapa abierta para que nadie se vea obligado a tocarla. En este caso, los posibles malos olores pasan a un segundo plano ya que la limpieza es más exhaustiva dada la situación excepcional.

El plan de apoyo al empleo de la UE podría llegar tarde para ayudar al 28% de los desempleados

13 Mayo 2020

ugt.es

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que UGT forma parte, ha advertido de que, si no se aprueba esta misma semana, el plan de apoyo al empleo de la Unión Europea, llegará demasiado tarde para ser verdaderamente efectivo, ya que los últimos datos señalan que el 28% de los trabajadores han perdido sus empleos temporal o permanentemente debido a la crisis del coronavirus.

Ha pasado más de un mes después desde que se propusiera por primera vez el esquema SURE, un paquete de cien mil millones de euros que debería enfrentar su último obstáculo en la reunión Coreper del Consejo Europeo de embajadores de los estados miembros que se celebra hoy.

Por eso, la CES ha hecho un llamamiento a los Estados miembro para que superen las divisiones y firmen el plan lo antes posible de manera que pueda iniciarse el 1 de junio, tal y como prometió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Para el sindicalismo europeo, el esquema debe enfocarse únicamente en apoyar el empleo, continuar durante la recuperación y cubrir todas las categorías de trabajadores. Mientras tanto, los Estados miembro deben acelerar el pago de la compensación salarial porque hay muchos trabajadores que aún no han recibido ninguna cantidad.

El llamamiento de la CES se produce tras hacerse pública una nueva encuesta de Eurofound que revela que:

•El 28% de los europeos dicen que ha perdido su trabajo de forma permanente o temporal desde que comenzó la crisis;

•La mitad (49,4%) de los europeos dicen que sus horas de trabajo han disminuido desde que comenzó la crisis;

• El 15% de los trabajadores europeos cree que es probable que pierdan sus empleos en los próximos 3 meses, con una cifra que aumenta hasta el 34% en Bulgaria, el 23% en Grecia y más del 20% en Italia, Portugal, Polonia y otros;

• El 6% de los europeos creen que es probable que tengan que abandonar su vivienda en los próximos seis meses porque ya no pueden permitírselo, aumentando hasta el 10% en los tres estados miembros: Chipre, Grecia y Malta.

Además, un nuevo informe del Instituto Sindical Europeo saca a la luz que se han realizado 42 millones de solicitudes de desempleo temporal, un dato significativamente superior al de la crisis financiera de 2008.

mjusticia.gob.es

Justicia constituye la comisión de expertos que elaborará el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa

Antonio Garrigues coordinará los trabajos, en los que participarán el jurista y ponente de la Constitución Española, Miquel Roca, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega

19 de mayo de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha firmado hoy la orden por la que se nombra a los integrantes de la comisión que elaborará el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa, uno de los compromisos adquiridos
por Campo al inicio de la legislatura. La comisión, presidida por el jurista Antonio Garrigues, deberá abordar la creación de una norma que integrará las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, un pilar esencial en la configuración de nuestro modelo de Justicia.
La composición de la comisión es la siguiente:

Antonio Garrigues Walker. Presidente de la comisión. Abogado. Presidente de honor de Abogados Garrigues. Presidente de la Fundación Garrigues y de la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de Navarra.

Miquel Roca i Junyent. Abogado. Ponente de la Constitución Española de 1978. Presidente de Roca Junyent Abogados. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Victoria Ortega Benito. Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Cantabria.

Ana María Ferrer García. Magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.

Isabel Rodríguez Mateo. Fiscal del Tribunal Supremo.

Begoña Castro Jover. Abogada. Vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Profesora Asociada de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid.

Mª Ángeles Jaime de Pablo. Abogada. Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Cristóbal Martell Pérez-Alcalde. Abogado. Socio-Director de Martell Abogados.

Eduardo García Peña. Abogado. Socio-director de García Peña & Andújar Abogados. Profesor Asociado de Derecho Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid.

Alicia González Alonso. Profesora Contratada Doctora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

José Miguel Bueno Sánchez. Abogado del Estado. Subsecretario de Justicia.

Paula Novo Cuba. Secretaria de la comisión. Abogada del Estado. Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia.

Javier Truchero Cuevas. Asesor del ministro de Justicia. Abogado. Socio-fundador de Ius Lab Estudio Legal.

La comisión de expertos para la elaboración del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa estará adscrita al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia.

Lunes, 18 de mayo de 2020

El Tribunal Supremo confirma la condena al notario y al contable de una notaría de Alcalá de Guadaira (Sevilla) por desviar fondos de los clientes

La sentencia de la Sala de lo Penal relata que no seguían un patrón contable adecuado, “existiendo un absoluto descontrol” en la gestión

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Penal ha confirmado las condenas a dos años y a un año de prisión impuestas a un notario y a un contable de una notaría de Alcalá de Guadaira (Sevilla), respectivamente, al haberse acreditado que desviaron fondos de las provisiones de fondos de los clientes durante doce años.

El tribunal desestima los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que impuso al notario, además de dicha pena de prisión, otra de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena por un delito de estafa y un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, con la atenuante muy calificada de reparación del daño y la atenuante analógica de dilaciones indebidas. Por su parte, el contable fue condenado a un año de prisión por este último delito. La sentencia recurrida absolvió a otros dos acusados (uno de ellos titular de una de las dos notarías de dicha localidad sevillana).

Los hechos probados recogen que el contable condenado, que trabajaba en las dos notarías de dicha localidad sevillana, y el notario, que era titular de una de ellas, no seguían un patrón contable adecuado, “existiendo un absoluto descontrol” en dicha gestión (no contaba con cuentas anuales ni con libro de caja para identificar facturas o minutas), que dio lugar a problemas de tesorería, y a que dejasen de gestionar escrituras que estaban provisionadas al destinar el dinero a fines distintos para los que habían sido entregados.

Según esos mismos hechos, los dos condenados realizaron el desvío de las provisiones de fondos desde1989 hasta 2001, fecha en la que fue despedido el trabajador. A partir de 1996 se empezaron a producir las primeras reclamaciones de los clientes de la notaría que se quejaban de la falta de inscripción de sus escrituras o de haber recibido requerimientos de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, reclamándoles el pago de los impuestos no declarados, o declarados fuera de plazo, con los correspondientes recargos, sanciones e intereses.

Para intentar solucionar las quejas de los clientes y encubrir el problema, según los hechos probados, los dos condenados destinaron parte del dinero de las provisiones para la gestión de nuevas escrituras, al pago de los gastos de inscripción y liquidaciones de impuestos de escrituras antiguas que habían sido provisionadas en su día pero que no se habían gestionado. El notario planteó siniestro, ocultando su participación en los hechos, y atribuyó toda la responsabilidad a su empleado. De este modo, consiguió que la compañía de seguros realizara un abono parcial del siniestro, pero se negó a hacerse cargo de la totalidad del mismo al sospechar de la implicación del notario en los hechos.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Susana Polo, rechaza el motivo en que el notario condenado alega que no se ha probado ni cuánto dinero se ha distraído, ni el fin que se le dio, por lo que ha sido condenado por tratar de solventar los problemas económicos de la notaría con su patrimonio propio.

La Sala recuerda que la sentencia recurrida concluyó que el acusado, como el empleado, no sólo conoció y consintió que los importes de las provisiones de fondos de clientes se destinaran a fines distintos de aquellas para la que se habían entregado, sino que fue el principal responsable de ello con la ayuda del otro acusado, ordenando a éste alterar los modelos 600 para evitar el pago de impuestos.

De los hechos probados, -señala la Sala- se desprenden todos los elementos integrantes del delito de apropiación indebida, ya que las provisiones de fondos que recibía eran para ser usadas solo en los gastos correspondientes, “no para ser apropiadas en beneficio del receptor, el cual tras recibir distintas provisiones de fondos las hizo suyas, es decir las incorporó a su patrimonio sin ejecutar nada de la actividad concreta contratada, de lo que se desprende, a diferencia de lo argumentado, que el dinero entró en el patrimonio del mismo o de un tercero, lo que resulta indiferente, es decir, que el mismo se apropió o incorporó el dinero a su patrimonio”.

De ello se deduce también -señala el tribunal- que las entregas posteriores de dinero realizadas por el notario a la mayoría de los clientes afectados constituyen precisamente un indicio de esa incorporación a su patrimonio, que deben ser interpretadas, tal y como lo hace la sentencia, como compensación cuando el delito ya se ha cometido, por lo que no puede eliminar la existencia del delito, sino, como se ponderó en la sentencia recurrida, como una atenuante de reparación del daño causado, posterior al hecho delictivo.

En cuanto al delito de estafa, la Sala considera que hubo engaño bastante por parte del notario, ya que pese a su participación en los hechos y con la finalidad de obtener fondos para poder hacer frente a las reclamaciones de los clientes de la notaría, planteó siniestro el 9 de abril de 2001 ocultando su participación en los hechos, atribuyendo toda la responsabilidad al otro condenado. Ese hecho, según la sentencia, provocó un desplazamiento patrimonial por parte de la compañía de seguros -que no fue total, ante la sospecha de la misma de que estaban implicados los notarios reclamantes-.

La Sala también rechaza el motivo del recurso del notario relativo a que los hechos probados de la sentencia de lo Social, que declaró procedente el despido del contable, constatan que la distracción de fondos por parte del señor X se habría realizado sin autorización ni conocimiento de los notarios, y que contradicen los de la sentencia recurrida. Respecto a esta cuestión, el tribunal recuerda su doctrina sobre el carácter no vinculante del contenido de otra sentencia dictada en el mismo u otro orden jurisdiccional, dejando a salvo los supuestos de cosa juzgada.

Por su parte, el contable de la notaría alegaba en su recurso que jamás actuó de manera autónoma y que fue engañado por el notario. La Sala rechaza esta alegación y afirma que del relato fáctico no se desprende que haya sido “instrumentalizado, dirigido y engañado” por el otro condenado. Del mismo modo, rechaza la alegación relativa a la condena del otro recurrente como responsable civil ante el notario absuelto. La Sala responde que ese motivo tampoco puede prosperar porque el recurrente no está legitimado para reclamar la responsabilidad civil de un tercero.

La economía española no recuperará el nivel de PIB previo a la crisis hasta 2023

Previsiones económicas de la Cámara de España

14 de Mayo 2020 cámara.es

El PIB se desplomará un 10,6 % este año con una tasa media de paro del 19,2 %
En 2021 se espera un rebote del crecimiento, pero la tasa media de paro aumentará hasta el 20,1 % y se seguirá destruyendo empleo

Madrid, 15/05/2020.- La Cámara de España prevé un desplome de la economía española del 10,6 % este año, que irá seguido de un rebote PIB del 4,3 % en 2021, insuficiente para compensar la contracción de la actividad como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Según las previsiones elaboradas por el Servicio de Estudios de la Cámara de España, el PIB español no recuperará los niveles previos a la crisis hasta 2023.

La intensidad de la crisis se refleja en el mercado laboral, que registrará un descenso del empleo del 8,7 % este ejercicio con una tasa de media de paro del 19,2 %. En 2021, a pesar de la recuperación de la actividad, la ocupación seguirá retrocediendo, un -1,8 %, y la tasa media de desempleo subirá hasta el 20,1 %.

La demanda interna experimentará este año un descenso del 11,1 %, lastrada por el consumo privado, que caerá un 12,6 %, y por la inversión, que bajará un 18,8 %, con agudos retrocesos tanto en bienes de equipo, un -20,1 %, como en construcción, un -22,7 %. Tanto el consumo de los hogares como la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo volverán a tasas positivas de crecimiento en 2021, pero insuficientes para compensar las caídas de este ejercicio.

Por el contrario, el consumo público registrará una fuerte subida este año, un 6,2 % y el siguiente, un 3,8 %, como resultado del fuerte crecimiento del gasto público y del endeudamiento para hacer frente a la crisis. Como consecuencia, las Administraciones Públicas cerrarán 2020 con un déficit del 10,1 % que se reducirá hasta el 7,4 % el año que viene.

El sector exterior, que también muestra fuertes descensos en este ejercicio, volverá a crecer el año próximo. Las exportaciones de bienes y servicios descenderán en 2020 un 20,1 % y las importaciones un 24,5 %. En 2021, las ventas al exterior crecerán un 13,6 % y la compra de bienes y servicios un 13,3 %.

El saldo superavitario de la Balanza de Pagos por cuenta corriente será en 2021 una décima superior al de este año: 1,2 % en 2020 y 1,3 % en 2021.