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sábado, 2 de mayo de 2020

España remite a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas

sábado, 2 de mayo de 2020

01 de mayo de 2020

España remite a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas

mineco.gob.es

De acuerdo con las directrices comunitarias, la información remitida incluye las perspectivas macroeconómicas y fiscales para 2020 y 2021 y el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia y contrarrestar los efectos económicos y sociales del COVID-19.

El Programa de Estabilidad recoge el nuevo escenario macroeconómico y fiscal derivado de las medidas establecidas en el estado de alarma y de las actuaciones aprobadas para mitigar el impacto del COVID-19 en familias, trabajadores, autónomos y empresas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado el nuevo escenario macroeconómico.

El impacto de la pandemia provoca un aumento del gasto público por las medidas adoptadas para paliar los efectos sociales, laborales y económicos de la crisis y una caída de los ingresos por el menor consumo y actividad empresarial.

La crisis derivada del coronavirus provoca una revisión al alza de la previsión del déficit público en 2020.

1 de mayo de 2020. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos actualizó ayer el Programa de Estabilidad 2020-2021 y el Programa Nacional de Reformas de 2020 para su remisión a la Comisión Europea. El envío se efectúa en cumplimiento de la obligación de todos los Estados miembros de presentar cada año en el mes de abril ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad, en el marco del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas.

Siguiendo las nuevas directrices comunitarias, la información remitida incluye las perspectivas macroeconómicas y fiscales para 2020 y 2021 y el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia y contrarrestar los efectos del COVID-19 en la economía.

Programa de Estabilidad 2020-2021

El Programa de Estabilidad recoge el escenario macroeconómico para 2020 y 2021 apoyado en la última información económica y sanitaria disponible y consistente con el escenario epidemiológico que sirve de base al plan de desescalada y reactivación de la economía.

La economía española venía registrando en los últimos años tasas positivas de crecimiento, superiores en los últimos trimestres a la media de la zona euro. La irrupción del COVID-19 y su incidencia en la economía han ocasionado que se haya frenado de forma abrupta el ciclo de crecimiento iniciado en 2014.

El Programa de Estabilidad incluye el nuevo escenario derivado de las medidas establecidas en el estado de alarma tendentes a reducir la movilidad para frenar la expansión de la pandemia, así como las actuaciones aprobadas para mitigar el impacto del COVID-19 en familias, trabajadores, autónomos y empresas.

El nuevo cuadro macroeconómico, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, presenta un impacto muy elevado en el corto plazo y una vuelta a la normalidad progresiva. Así, se prevé una especial incidencia de los efectos del COVID-19 en la economía en los dos primeros trimestres de 2020 y el comienzo de la recuperación de la actividad en el segundo semestre de este año. Como consecuencia, se estima una caída del Producto Interior Bruto del 9,2% en el conjunto del año y una importante recuperación en 2021, con una tasa de crecimiento prevista del 6,8%.

Las medidas de protección de los trabajadores y de flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo adoptadas consiguen reducir el impacto en la actividad y el empleo. Se prevé que la tasa de paro se sitúe en el 19% en 2020, para reducirse en 2021 hasta el entorno del 17%.

Todas las iniciativas de apoyo a familias, trabajadores y empresas han permitido mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, si bien están suponiendo un gran esfuerzo en términos de apoyo presupuestario, de forma que se prevé que el déficit público en 2020 se sitúe en el 10,3% y la deuda pública en el 115,5%.

Programa Nacional de Reformas

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó también ayer la remisión a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas (PNR).

El documento se ha elaborado en un contexto extraordinario determinado por la crisis del COVID-19 y, siguiendo las orientaciones de la Comisión Europea, se ha reorientado su contenido para incorporar las medidas adoptadas para afrontar los retos socioeconómicos derivados de pandemia.

El Gobierno español ha adoptado sucesivos paquetes de medidas que conforman una respuesta decidida a la expansión del virus en tres ámbitos: el sanitario, el económico y el social. Las medidas económicas y sociales adoptadas tienen como objetivo tejer una red de seguridad que proteja a los ciudadanos y preservar la actividad económica y el empleo.

En el plano económico se han adoptado medidas para proteger el tejido productivo, prestando especial atención a las pymes y los autónomos. En el plano social se han puesto en marcha medidas para sostener las rentas de las familias y de los trabajadores, amortiguando el impacto de la crisis sobre los colectivos más vulnerables y apoyando también el mantenimiento de las rentas y la demanda interna.

Asimismo, en este marco de excepcionalidad se han abordado también importantes reformas estructurales, cuyo impacto positivo se extenderá en el futuro una vez controlada la crisis sanitaria. Entre las medidas adoptadas cabe destacar, entre otras, el establecimiento de un régimen ágil de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado laboral español y la eficiencia de las empresas; la puesta en marcha de un sistema de gestión de información eficiente en el ámbito sanitario, el fomento del teletrabajo; el impulso de la digitalización en el ámbito educativo, en las empresas, particularmente en las pymes, en la justicia y en el Servicio Público de Empleo; el desarrollo de un sistema de gestión eficaz de las prestaciones de la Seguridad Social a través de las mutuas profesionales y el desarrollo de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial para la gestión de la movilidad.

Consolidación fiscal

El compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas queda de manifiesto con los datos de consolidación fiscal previos a la pandemia del COVID-19. En concreto, España cerró 2019 con un déficit del 2,8%, lo que implica cumplir por segundo año consecutivo con el Pacto de Estabilidad de la UE después de que en 2018 abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo por primera vez desde el inicio de la crisis de 2008.

El esfuerzo de consolidación destaca en el caso de la Administración Central y la Seguridad Social, que en conjunto lograron reducir su déficit un 3,2% en 2019 en un contexto de doble prórroga presupuestaria en el que no se pudieron aprobar nuevos ingresos y se adoptaron importantes medidas sociales como la revalorización de las pensiones un 1,6%; la subida de las pensiones mínimas y no contributivas un 3%; la subida de las pensiones de viudedad un 7%; el aumento del SMI un 22,3%; la recuperación del subsidio de mayores de 52 años; el aumento de 5 a 8 semanas del permiso de paternidad; o la devolución del IRPF de maternidad.

Además, a pesar de la aprobación de esas medidas con un presupuesto prorrogado, el Estado logró un superávit primario de 8.486 millones de euros en 2019.

Los datos en el primer trimestre de 2020 mostraban que la tendencia positiva se mantenía con una reducción del déficit del 13,9% por parte de la administración central, a pesar de que en marzo se notaron los primeros efectos de la pandemia.

Previsiones de ingresos y gastos

En este sentido, es evidente que la crisis provocada por el COVID-19 también impacta en las cuentas públicas como consecuencia de un significativo mayor gasto generado por las medidas sociales, sanitarias, laborales y económicas adoptadas para mitigar el impacto de la crisis en las familias, los trabajadores y colectivos más vulnerables, además de para proteger el tejido productivo, especialmente, pymes y autónomos. A esto se suma una fuerte caída de los ingresos provocada por el contundente descenso del consumo y la actividad empresarial.

En concreto, el Gobierno estima que el gasto público se situará en el 51,5% del PIB, lo que supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto al gasto público de 2019.

Por su parte, la previsión es que los ingresos públicos se reducirán en 25.711 millones y se situarán en el 41,2% del PIB. Este porcentaje es más elevado que el del año anterior debido a que la mayor contracción del PIB afecta al cálculo de esta ratio, pero en términos absolutos se produce una caída importante de ingresos públicos.

De esta forma, la previsión es que el déficit público en 2020 se incremente hasta los 115.671 millones, lo que equivale al 10,34% del PIB. Supondría del mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%.

Impacto de medidas aprobadas

El aumento del déficit denota el esfuerzo de las administraciones públicas por paliar los efectos de la pandemia. En concreto, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas con el objetivo de que la salida de la crisis no genere más desigualdades y evitar lo ocurrido con la salida de la crisis de 2008.

En este sentido, las decisiones adoptadas por el Gobierno en el ámbito, sanitario, social, laboral, económico y tributario tienen un impacto total de más de 139.000 millones de euros.

En concreto, las medidas adoptadas mediante reales decretos implican un aumento directo del gasto de 28.400 millones y una minoración de los ingresos de 6.119 millones. Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo;

Facilitar los ERTE en empresas para asegurar que los trabajadores siguen percibiendo al menos el 70% de su salario y al mismo tiempo se exonera a las empresas de las cotizaciones sociales. Ambas cuestiones suponen un impacto de 20.000 millones de euros.

Abonar una prestación extraordinaria a los autónomos afectados por el cese de actividad o que hayan vista reducida un 75% su facturación supondrá 3.700 millones en beneficio de este colectivo.

Establecer un IVA del 0% para la adquisición de productos sanitarios cuando el destinatario sea un hospital, entidad pública o privada sin ánimo de lucro tendrá un impacto de 1.022 millones.

Medidas de flexibilidad tributaria como la posibilidad de que los autónomos cambien del sistema de tributación por módulos al sistema de estimación directa sin la exigencia de permanecer tres años en la nueva tributación o que las pymes puedan cambiar el sistema del cálculo del pago fraccionado para hacerlo en función de los beneficios reales trimestrales. Ambas medidas suponen un coste de 1.100 millones de euros.

Transferir a las CCAA los 2.867 millones por la actualización de las entregas a cuenta. Unas entregas a cuenta que han sido calculadas con una previsión de crecimiento del 1,6% y no con la caída del PIB provocada tras la pandemia. Esta inyección permitirá a la CCAA recibir este año la mayor financiación de su historia con 115.000 millones de euros, un 7,3% más que en 2019.

A estas medidas hay que sumar los programas de avales del Estado como los 100.000 millones de líneas ICO dirigidas principalmente a dotar liquidez a pymes y autónomos. Además, de los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para atender costes de carácter social.

El Gobierno considera que estas medidas van en la dirección de mitigar el impacto de la crisis en las familias, trabajadores y empresas con el objetivo de evitar un aumento de las desigualdades y la pobreza.

Las previsiones muestran que a partir de 2021 se producirá un rebote de la economía con un fuerte incremento del PIB que permitirá volver a la senda de reducción del déficit a partir de ese momento.

La crisis sanitaria contagia al mercado laboral

sábado, 2 de mayo de 2020

La crisis sanitaria contagia al mercado laboral

Encuesta de Población Activa. Primer trimestre 2020

28 de Abril 2020 camara.es

La EPA avanza el profundo perjuicio económico de la pandemia y su negativo y generalizado efecto en mercado laboral español, a pesar de que el impacto previsiblemente está aún infraestimado por cuestiones metodológicas
Solo desde la unidad y la colaboración entre los poderes públicos y el sector privado podremos acometer la recuperación y la reconstrucción económica y social que España necesita

La crisis sanitaria contagia al mercado laboral – Fuente INE –

Madrid, 28/4/2020. La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al primer trimestre de 2020 constata los primeros resultados negativos del efecto de la pandemia sobre el mercado laboral español. Ello, a pesar de que, de las trece semanas de referencia de este trimestre, únicamente a partir de la 11ª se estuvo bajo el estado de alarma decretado.

En términos de empleo, los datos presentan la mayor caída desde 2013, con una destrucción de 285.600 puestos de trabajo respecto al trimestre anterior, lo que representa un descenso del 1,4% en relación con el trimestre anterior. Y ello sin considerar a las personas afectadas por un ERTE con suspensión de empleo que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupadas mientras esta suspensión sea inferior a tres meses.

La suspensión o reducción de jornada de los trabajadores afectados por un ERTE, sumada a la limitación de la actividad económica durante las últimas semanas del trimestre, se ha visto reflejada en el descenso del 4,3% en el volumen de horas trabajadas, en relación con el trimestre anterior. Para encontrar un descenso del tiempo de trabajo superior en un primer trimestre hay que retroceder a 2009.

El número de personas en situación de desempleo sube en 121.000 personas en este trimestre, llegando al total de 3.313.000 parados, un 3,8% más que en el trimestre anterior y un 1,2% menos que hace 12 meses. Con ello, la tasa de paro se sitúa en el 14,4% de la población activa, por encima del 13,8% registrada a finales de 2019.

Y es posible que estas cifras también estén subestimadas, dado que muchos trabajadores que hayan perdido su empleo se pueden haber clasificado como inactivos (su número ha crecido en 257.500 este trimestre) debido a la definición de paro utilizada en la EPA.

Perspectivas

La pandemia ha impactado en un momento coyuntural especialmente delicado para la economía española, caracterizado por la desaceleración de la actividad que ya se estimaba para el conjunto del ejercicio. Además, esta crisis sanitaria se ha desencadenado al comienzo de la temporada alta en algunos sectores clave, como el turismo o la agricultura. Circunstancias que determinan un efecto particularmente negativo de la pandemia sobre el mercado de trabajo español.

Las perspectivas no son optimistas, dada la incertidumbre sobre la duración de la crisis sanitaria y del efecto de las medidas adoptadas para su resolución, cuyo impacto sobre la paralización de una parte relevante de la actividad económica es palmario. En este escenario, las previsiones para 2020 avanzan un empeoramiento del mercado de trabajo español, con un marcado incremento en el paro y un significativo descenso de la ocupación.

Cumplida la sexta semana de alarma, nos encontramos en la fase de supervivencia, tanto en el ámbito sanitario como en el económico. Pero, en paralelo a la urgencia sanitaria, es el momento de comenzar a pensar en el medio plazo, es decir, en la etapa de recuperación cuando dobleguemos la curva de la enfermedad, y en el largo plazo, en la imprescindible reconstrucción económica y social de España.

En este sentido, desde la Cámara de Comercio de España se vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de una respuesta de la política económica basada en la sanidad, la empresa y el Estado. La Administración tiene que amparar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y a las empresas que están inmersas en graves dificultades, ya que son la clave para encarar con éxito las fases posteriores de recuperación y reconstrucción.

En este contexto, la Cámara de Comercio de España viene apoyando desde el primer momento la necesidad de alcanzar un gran Acuerdo Nacional de recuperación y para la reconstrucción basado en tres premisas: confianza, contundencia y colaboración público-privada. Un consenso con la participación no solo de los partidos políticos, sino de los agentes económicos, empresariales y sociales, y representantes de la sociedad civil.

El foco de ese Acuerdo debe estar puesto en la empresa, que ha de ser el centro de las políticas de recuperación y reconstrucción, ya que es la pieza clave de nuestro sistema económico, generadora de empleo y riqueza para el conjunto de la sociedad.

Batería de propuestas

En este marco, desde la Cámara de España se está trabajando en una batería de propuestas, tanto sectoriales como transversales, que serán remitidas al Gobierno, desde la perspectiva del interés general y desde el profundo conocimiento de cada uno de los sectores.

Uno de los ejes de estas medidas es el relativo a la formación y el empleo. La relación inversa entre el desempleo y el nivel formativo de los trabajadores es una evidencia contrastada: mayor capacitación supone menor riesgo de desempleo. Por ello, la economía española necesita vincular estrechamente al sistema educativo con las necesidades competenciales que las empresas buscan en el mercado de trabajo. Lo cual pasa por la educación en valores (como el espíritu emprendedor, la cultura del esfuerzo, la formación continua o la adaptación al cambio), la relación entre la Universidad y la empresa, o el impulso de la Formación Profesional, entre otros ámbitos de atención necesaria.

La CNMC publica los informes sobre el cierre de las centrales de carbón de Compostilla II y La Robla en León

sábado, 2 de mayo de 2020

La CNMC publica los informes sobre el cierre de las centrales de carbón de Compostilla II y La Robla en León

28 Abr 2020

cnmc.es

La CNMC ha emitido los informes en los que analiza las propuestas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para autorizar el cierre de los grupos 3, 4 y 5 de la Central Térmica de Compostilla II, en el término municipal de Cubillos del Sil (León), (INF/DE/014/20), y los de grupos 1 y 2 de la Central Térmica de la Robla, en el término municipal de la Robla (León), (INF/DE/156/19).

El proceso de cierre y, en su caso, desmantelamiento de una central de generación exige una serie de trámites previos, entre ellos el informe de Red Eléctrica de España (REE) en su calidad de operador del sistema eléctrico, antes de su autorización por el MITECO, cuando como en este caso la competencia corresponde a la administración estatal.

Además, la CNMC emite un informe preceptivo en el que analiza la propuesta de resolución del Ministerio y puede o no realizar observaciones a la misma. Para la clausura de cualquier central de generación eléctrica, las empresas titulares deben presentar un plan ordenado de cierre y la justificación económica para ello.

Cierre de la central de Compostilla II

Se plantea cerrar 3 grupos de generación, que tienen suponen un total de 1.051,7 MW de potencia instalada y fueron puestos en marcha en la década de los 70 y los 80. En 2007 y 2015 ya se autorizó el cierre de otros dos grupos más antiguos.

En el año 2000 la central inició la co-combustión de carbón con coque de petróleo y la incorporación de carbones de importación. Además, progresivamente ha ido reduciendo el uso de carbón autóctono, cuya calidad ha empeorado en términos de contenido en azufre y cenizas. La central, a partir del 1 de julio de 2020, incumplirá los límites legales de emisiones y, por tanto, no podrá seguir en funcionamiento. Para adaptarla técnicamente, se tendrían que realizar fuertes inversiones.

Como consecuencia de las restricciones ambientales, la reducción de márgenes y el aumento de la generación mediante energías renovables, las instalaciones han tenido una escasa producción en los últimos años, según confirma el operador del sistema.

Central térmica de la Robla

Por su parte, el Grupo 1 de la La Robla entró en servicio en 1971 con una potencia neta de 264 MW y el Grupo 2 en 1979 con una potencia neta de 355 MW. Entre los años 2000-2004 la central operaba, de promedio, 6.450 horas equivalentes a plena carga. Sin embargo, durante los últimos cinco años, ha tenido un factor de utilización promedio de solo 2.780 horas equivalentes. En particular, en 2018, el Grupo 2 ha registrado 2.307 horas equivalentes de funcionamiento a plena carga (el Grupo 1 ninguna), lo que ha supuesto una producción de 819 GWh.

Según el análisis del operador del sistema, el funcionamiento de la central no se considera necesario para cubrir ninguna contingencia previsible ni en la red de transporte ni en la de distribución.

Conclusiones de la CNMC

Por todo ello, la CNMC señala en sus informes que no plantea observaciones a sendas propuestas de Resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para autorizar a Naturgy Generación, S.L.U. el cierre de los Grupos 1 y 2 de la Central Térmica de La Robla, en el término municipal de La Robla (León) y a Endesa Generación, S.A. al cierre de los Grupos 3, 4 y 5 de la Central Térmica de Compostilla II, en el término municipal de Cubillos del Sil (León).