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Archivo del 5 de mayo de 2020

La Braña. Asturias

martes, 5 de mayo de 2020

Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la formulación y depósito de las cuentas anuales de los emisores de valores en formato electrónico único europeo.

martes, 5 de mayo de 2020

Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la formulación y depósito de las cuentas anuales de los emisores de valores en formato electrónico único europeo.

30 de abril de 2020 – cnmv.es

A partir del ejercicio anual 2020, los emisores de valores admitidos a negociación en cualquier mercado regulado de la Unión Europea deberán elaborar y presentar su informe financiero anual, compuesto por las cuentas anuales auditadas, individuales y, en su caso, consolidadas, los informes de gestión y las declaraciones de responsabilidad de sus administradores sobre su contenido, de acuerdo con un formato electrónico único europeo (FEUE), tal y como requiere el Reglamento Delegado (UE) 2019/815, de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, formato que a su vez implica el etiquetado en iXBRL (inline Extensible Business Reporting Language) de los estados financieros principales de las cuentas anuales consolidadas.

En este contexto, algunos emisores y sus auditores han planteado dudas en relación con el órgano responsable de la elaboración y formulación del informe financiero anual, así como con el depósito de las cuentas anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, en el Registro Mercantil.

1.- Por lo que se refiere al órgano responsable, la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece en su artículo 253 que los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

En el ámbito del mercado de valores, el artículo 124 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, establece, en su apartado
1, que la responsabilidad por la elaboración y publicación del informe financiero anual y la información financiera semestral deberá recaer, al menos, sobre el emisor y sus administradores, de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

En este sentido, el artículo 10.1 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, en desarrollo de determinados preceptos de la LMV, señala que serán responsables del informe financiero anual la entidad emisora de valores y sus administradores, en cuanto sujetos obligados a formular y firmar (i) las cuentas anuales y (ii) el informe de gestión individuales de la entidad y, en su caso, de su grupo consolidado, y (iii) la declaración de responsabilidad sobre su contenido.

El artículo 4.7 de la Directiva 2004/109/CE, de transparencia, de 15 de diciembre, tras su modificación mediante la Directiva 2013/50/CE, de 22 de octubre, establece que a partir del 1 de enero de 2020 todos los informes financieros anuales se elaborarán en un formato electrónico único para presentar la información, de acuerdo con las especificaciones técnicas que serán elaboradas por ESMA (Autoridad Europea de los Mercados de valores).

El artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) 2019/815, antes citado, señala que su principal objetivo no es otro que especificar el formato electrónico único al que se refiere la Directiva 2004/109/CE, a efectos de exigir su utilización en la elaboración del informe financiero anual por parte de los emisores de valores. Sus artículos 3 y 4 especifican que los emisores elaborarán sus informes financieros anuales en el formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) y que adicionalmente, cuando los informes financieros anuales incluyan estados financieros consolidados conforme a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), los emisores procederán al marcado o etiquetado de dichos estados financieros consolidados en iXBRL.

Se deduce por lo tanto que el informe financiero anual se debe elaborar íntegramente de acuerdo con un determinado formato, en concreto, el citado formato XHTML, formato único que aplica al informe financiero anual en su conjunto, que es el que será objeto de formulación por el órgano de administración.

En la medida en que son los miembros del órgano de administración los responsables de formular y publicar las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto individuales y consolidados, junto con la declaración de responsabilidad sobre su contenido, que en su conjunto conforman el informe financiero anual, esta formulación no puede sino referirse al informe financiero anual elaborado siguiendo el formato obligatorio, exigido por el Reglamento Delegado (UE) 2019/815, formato que a su vez se extiende al etiquetado en iXBRL de las cuentas anuales consolidadas.

Debe tenerse en cuenta a estos efectos que el formato único es un elemento esencial e indisociable del propio contenido del informe financiero anual, por lo cual se concluye que corresponde al órgano de administración la formulación del informe financiero anual y su correlativa responsabilidad, tanto por su contenido como por el formato en el que se presentan, formato que incluirá el etiquetado de los estados financieros principales en iXBRL, cuando éste sea preceptivo.

2.- En relación con el depósito de las cuentas anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, en el Registro Mercantil.
Respecto al informe financiero anual de los emisores de valores, se considera que son los miembros del órgano de administración de la entidad emisora los responsables de su elaboración y formulación, que se referirá tanto a su contenido como al formato electrónico único (XHTML) en el que se debe elaborar y presentar.

Dado que el informe financiero anual debe ser elaborado y formulado por sus administradores en formato electrónico, los emisores deberían depositar dicho informe anual en el Registro Mercantil en formato electrónico, en vez de a través de una copia impresa en papel, siempre que no haya dificultades técnicas insalvables.

En aquellos casos en que el depósito del informe financiero anual se lleve a cabo por medios electrónicos, las firmas por parte de los administradores y auditores, salvo que no sea factible por alguna causa justificada, deberán ser igualmente electrónicas.

Si no obstante lo anteriormente señalado, el informe financiero anual se presenta para su depósito mediante una copia en papel, se permitirá sustituir las firmas electrónicas de los administradores por un certificado del secretario del órgano de administración, con el visto bueno de su presidente, en el que conste que los administradores hanformulado dichas cuentas anuales e informe de gestión, individuales y, en su caso, consolidados que forman parte del informe financiero anual, en el formato electrónico único, debiéndose asociar el certificado al archivo XHTML de las cuentas e informes de gestión, por medio de un código inequívoco de identificación que vincule la certificación al
Este tipo de certificado será también posible cuando el informe financiero anual auditado se presente electrónicamente para su depósito registral, pero no incluya las firmas electrónicas de todos sus administradores.

Por lo que respecta al auditor, se recomienda que adapten su informe de auditoría al formato de elaboración de las cuentas anuales auditadas, emitiendo su informe también en un formato electrónico, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 22/2015, de 22 de julio, de Auditoría de Cuentas.

El TSXG permite que más jueces y juezas trabajen de forma presencial en los órganos judiciales gallegos

martes, 5 de mayo de 2020

Lunes, 4 de mayo de 2020

El TSXG permite que más jueces y juezas trabajen de forma presencial en los órganos judiciales gallegos

Quienes decidan optar por esta modalidad de trabajo deben cumplir las indicaciones que se recogen en la Guía de buenas prácticas del CGPJ aprobada el 29 de abril

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La evolución de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha provocado que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deje sin efecto el sistema de turnos presencial aprobado el 15 de marzo y que se permita a todos los jueces y juezas que así lo deseen la posibilidad de trabajar de forma presencial. En este sentido, cabe destacar que no se trata de ninguna obligación y quien decida seguir teletrabajando, como se ha hecho desde el inicio del confinamiento, puede hacerlo, siempre que cumpla con las exigencias de presencialidad derivadas de los servicios esenciales.

La Sala de Gobierno ha facultado a los jueces/zas decanos/as, a los presidentes de las Audiencias Provinciales y al presidente/a de las salas del TSXG para organizar el proceso de incorporación en régimen presencial de los jueces/zas y magistrados/as. Quienes opten por trabajar de forma presencial deben cumplir las indicaciones y prevenciones sanitarias que se recogen en la Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales, aprobada por el Consejo General del Poder Judicial el 29 de abril. Estas normas deberán observarse también en todos los actos procesales. Además, las deliberaciones en los órganos colegiados se harán, siempre que sea posible, de modo telemático, y la firma de las resoluciones se hará a través del portasinaturas.

A partir de hoy, y mientras se mantenga el estado de alarma, se tramitarán y resolverán de forma preferente los siguientes asuntos:

-Los procedimientos en los supuestos de servicios esenciales.

-La impugnación de los ERTEs a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 17 de marzo, que se tramitará conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo.

-El procedimiento especial y sumario en materia de familia regulado en los artículos 3-5 del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril (que se mantendrá con este carácter preferente hasta tres meses después de la finalización del estado de alarma).

-Los incidentes concursales y demás actuaciones previstas en el artículo 14 del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril (que se mantendrá con este carácter preferente hasta que transcurra un año desde la declaración del estado de alarma).

Durante este periodo temporal, según ha resuelto la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, se tramitarán y resolverán los demás procedimientos en la medida que no lo impida la suspensión de los plazos procesales.

La Comisión de Seguimiento del COVID-19 prohíbe la colocación de elementos para evitar contagios que no estén avalados por la autoridad sanitaria

martes, 5 de mayo de 2020

Jueves, 30 de abril de 2020

La Comisión de Seguimiento del COVID-19 prohíbe la colocación de elementos para evitar contagios que no estén avalados por la autoridad sanitaria

Entendiendo que su instalación se ha hecho con la mejor voluntad, considera que este tipo de material puede incluso aumentar los riesgos, al no existir control sobre su procedencia o instalación, ni garantías sobre su limpieza

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Comisión de Seguimiento de la crisis sanitaria COVID-19 del TSXG ha acordado en su reunión de hoy recordar que no está permitida la colocación de plásticos en las salas de vistas de la comunidad, como ha trascendido que se ha realizado en un partido judicial gallego. Estas instalaciones, que ya se han ordenado retirar, no están avaladas por la autoridad sanitaria, por lo que no hay ningún tipo de garantía sobre la protección que pueden ofrecer. Entendiendo que su instalación se ha hecho con la mejor voluntad, la Comisión considera que este tipo de material puede incluso aumentar el riesgo de contagio, al no existir control sobre su procedencia o instalación, ni garantías sobre su limpieza.

Todos los partidos judiciales de la comunidad han recibido guantes, mascarillas y geles hidroalcohólicos para que el trabajo en los juzgados se pueda realizar con garantías sanitarias. Este material de protección se suma a los 170 paneles de metacrilato que ya han sido instalados en servicios que tienen atención al público.

La Dirección Xeral de Xustiza ha dado hoy cuenta a la comisión de que, de forma inmediata, se repartirán pantallas faciales individuales a los funcionarios/as que realizan tareas de atención al público en los juzgados de guardia, registros civiles y aquellos otros donde pueda registrarse presencia de ciudadanía.

La Cámara de España prevé un desplome de la economía entre el 7 y el 11 por ciento en 2020 como consecuencia del COVID-19

martes, 5 de mayo de 2020

Avance Contabilidad Nacional Trimestral. Primer Trimestre 2020

La Cámara de España prevé un desplome de la economía entre el 7 y el 11 por ciento en 2020 como consecuencia del COVID-19

La economía española registra en el primer trimestre un descenso sin precedentes en las últimas décadas que, no obstante, podría incluso ser la antesala de un desplome aún mayor en el segundo trimestre del año

La tasa de paro podría situarse en el 26% de media anual, en el peor de los escenarios.

camara.es

Madrid, 30/4/20.- De acuerdo al avance de la Contabilidad Trimestral del INE, durante el primer trimestre de 2020, la economía española experimentó un retroceso que se estima en el -4,1% en tasa interanual, frente al crecimiento del 1,8% registrado en el trimestre precedente. Respecto al trimestre anterior, la caída del PIB fue del -5,2%. Sin embargo, el propio INE advierte en una nota técnica de que las revisiones que se llevarán a cabo de este dato probablemente serán de una “magnitud mayor que la habitual”.

Obviamente, el comportamiento del PIB durante este trimestre ha quedado determinado por la propagación de la pandemia de COVID-19 y el parón económico derivado de la situación. Primero, por la interrupción de las cadenas de suministro internacionales que provocó una ralentización o paralización de algunos procesos productivos en España y, luego, por las medidas de confinamiento decretadas tanto en España como en los principales países desarrollados, lo que ha causado una caída de la demanda sin precedentes.

La parálisis de la actividad también se ha trasladado al mercado de trabajo. El número de ocupados, en términos de empleo equivalente a tiempo completo, aún no refleja en toda su magnitud el impacto de la pandemia. Su reducción interanual es del -0,6%, lo que representa una disminución de 102.000 empleos en un año. Una variable que refleja de manera más clara, según el INE, los efectos de la pandemia y de las restricciones de movilidad y de actividad adoptadas en el mercado de trabajo, es el número de horas efectivamente trabajadas, que se redujeron un -4,2% en términos interanuales durante el primer trimestre de 2020.

Por sectores, todos ellos redujeron el número de horas efectivamente trabajadas, aunque el impacto del brote de COVID-19 fue más intenso en los servicios, con una caída del -5,5% y, sobre todo, en la construcción, (-9,8%). El número de horas efectivamente trabajadas en la industria se redujo un -2,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Perspectivas

Si bien parece claro que la economía española experimentará en 2020 una profunda recesión nunca antes vista, existe incertidumbre sobre su magnitud. El posible rango de variación de la tasa de crecimiento del PIB es muy amplio. Según las previsiones de la Cámara de Comercio de España, en 2020, la caída del PIB podría oscilar entre el -7% en el mejor de los escenarios posibles dada la situación actual, y el -11% si se tardara en
restaurar la normalidad y se produjera una destrucción intensa del tejido empresarial. En este último escenario, la caída interanual del PIB durante el segundo y tercer trimestre del año podría superar el -15%.

En paralelo, el mercado de trabajo recibirá todo el impacto de la recesión. La evolución de la tasa de paro podría alcanzar el 30% de la población activa a lo largo del segundo y tercer trimestre del año, en el peor de los escenarios, registrando para el conjunto de 2020 una tasa media del 26%. En el caso de tomar las medidas adecuadas para contener la destrucción de empresas y para incentivar la recuperación de la actividad productiva, la caída del empleo podría acotarse y la tasa de paro en 2020 situarse en el entorno del 22% de media anual.

Cuanto antes se levante el confinamiento de la población y se recupere la actividad productiva, más acotado será el impacto; aunque hay que tener en cuenta que sectores claves en la estructura productiva de la economía española como el comercio, el turismo o el trasporte de viajeros, podrían tardar en recuperar la normalidad necesaria. Además, hay que destacar los problemas de liquidez a los que se están enfrentando una mayoría de las empresas, sobre todo pymes y autónomos, cuyos ingresos son nulos mientras que buena parte de los gastos fijos se mantienen. El resultado podría ser una destrucción sin precedentes del tejido empresarial, de no tomarse medidas adicionales a las ya anunciadas por el Ejecutivo.

Este desplome económico excepcional exige medidas contundentes, capaces de generar confianza y dispuestas a aprovechar el potencial que supone la colaboración público-privada.

En este sentido, el Pleno de la Cámara de España, aprobó ayer un Documento de Propuestas para la recuperación y reconstrucción social y económica de España con el ánimo de contribuir al diálogo constructivo para superar el impacto en el tejido productivo de la pandemia del COVID-19. Estas propuestas parten de la consideración de la empresa como la figura esencial del sistema económico, generadora de empleo y riqueza para el conjunto de la sociedad.

Sobre esta base, la Cámara de España insta al diseño en paralelo y a la articulación efectiva de medidas transversales en dos sentidos: actuaciones a corto plazo, orientadas a la fase de recuperación económica; y otras reformas estructurales para la fase de reconstrucción, con un horizonte a 10 años.

Como complemento a estas medidas horizontales, la Cámara de España trabaja también en la concreción de propuestas para sectores relevantes de la economía española y que están sufriendo un impacto significativo como consecuencia de la pandemia.

El marco de aplicación de esta batería de medidas debería ser un gran Acuerdo Nacional de recuperación y para la reconstrucción, fruto del consenso entre los agentes políticos, económicos, empresariales y sociales.