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CSIF exige al Gobierno que proteja la salud de los empleados públicos que se incorporan a sus puestos de trabajo

csif.es

• El sindicato exige que se amplíen los criterios para la realización de pruebas diagnósticas en los procedimientos frente al COVID 19
  05 de Mayo de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha exigido al Ministerio de Sanidad –como máxima autoridad competente en esta crisis- que se amplíe el criterio para hacer las pruebas PCR y test rápidos para hacer un diagnóstico completo a todos los empleados públicos que se incorporen físicamente a sus puestos de trabajo en las distintas fases y se incluya en los procedimientos establecidos para el COVID-19.

CSIF exige que se realicen los test a todas las empleadas y empleados públicos que se incorporen en cada una de las fases de desescalamiento, priorizando dichas pruebas a los que se incorporen tras una incapacidad temporal por contagio, hayan tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19 y aquellas que hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad, además de las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los colectivos definidos como grupos vulnerables para la COVID-19.

Ayer el Consejo Interterritorial del SNS ha consensuado una nueva estrategia de diagnóstico precoz, vigilancia y control, que se inscribe dentro del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y se realizará a través de la Atención Primaria. El objetivo consiste en dar respuesta a la capacidad de detección precoz, el aislamiento de nuevos casos sospechosos y confirmados, así como la vigilancia y diagnóstico de los contactos estrechos, que constituyen el eje central para poder acometer la fase de transición con las máximas garantías.

Tras la firma del acuerdo suscrito por CSIF en la Administración General del Estado sobre medidas organizativas para acometer con seguridad el proceso de desescalamiento, CSIF considera que es el momento de incluir al conjunto de profesionales que se incorporan a los centros de trabajo en este nuevo plan para ampliar la capacidad de detección precoz, garantizando así la seguridad y salud de las empleadas y empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía.

CEPYME insiste en la necesidad de prorrogar los ERTE más allá del fin del estado de alarma para preservar a las empresas y el empleo

Madrid, 28 de abril de 2020    cepyme.es

CEPYME hace hincapié en que los ERTE han ayudado a contener más de medio millón de empleos suspendidos, según los datos de la EPA, pero de nada servirá este esfuerzo si no se ponen las medidas para que las empresas, especialmente las de menor dimensión, puedan sobrevivir estos meses, porque sin empresas no hay empleo.

Por ello, CEPYME insiste en la urgente necesidad de prorrogar la duración de los ERTE más allá del fin del estado de alarma, adaptando la incorporación de los trabajadores a la situación de las empresas. Esta es la única manera de preservar la continuidad de las empresas y el mantenimiento del empleo en esta difícil coyuntura.

Asimismo, la Confederación solicita un plan realista y contundente de medidas que dé certidumbre ante la próxima fase de desescalada y facilite a las empresas, especialmente a las pymes, la reactivación de la actividad, evitando al máximo la destrucción del tejido productivo, que dificultaría la recuperación y provocaría un mayor incremento del paro en una crisis de una envergadura desconocida hasta estos momentos.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre conocida hoy revela una caída de la ocupación de 285.600 personas respecto del primer trimestre. Un dato muy negativo que, sin embargo, solo recoge parcialmente los efectos sobre la actividad económica y el empleo de la pandemia COVID-19, ya que el estado de alarma y la paralización de la actividad se activó a mediados de marzo.

Esta caída de la ocupación deja el peor dato desde 2013 y reduce en un solo trimestre el ritmo de crecimiento anual del empleo a la mitad (del 2% del trimestre precedente al 1%).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta cifra no incluye a los afectados por un ERTE con suspensión de empleo que superan los 500.000 ocupados. Sin embargo, la suspensión o la reducción de jornada de los trabajadores afectados por un ERTE, junto con la influencia de otros tipos de ausencias al trabajo, sí ha tenido reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 4,25% respecto al cuarto trimestre de 2019, en términos similares a los de la crisis 2009.

Por su parte, la tasa de ocupación tiene una reducción muy abultada pasando del 51% del último trimestre de 2019 al 49,8% de este trimestre.

El ajuste se produce sobre todo en el sector servicios y afecta especialmente al ámbito del empleo temporal, pero también al indefinido, lo que marca la importancia del efecto de la crisis.

En cuanto al desempleo, la tasa de paro se incrementa en seis décimas, del 13’8% del trimestre anterior al 14,4%. Este incremento está muy condicionado por el impacto de los ERTE en la segunda mitad del mes de marzo y por el paso de población ocupada a la inactividad, lo que puntualmente puede haber mitigado el efecto COVID-19.

Se ha de tener en cuenta que hubo un aumento de 563.000 ocupados en el trimestre que no han trabajado en el período de referencia debido al paro parcial por razones económicas o técnicas o por expedientes de regulación. Estas variaciones apenas llegan a 4.000 en promedio de los últimos años. Por tanto, es previsible que de mantenerse esta situación negativa haya un aumento del paro embalsado que dependerá de la resolución de esta crisis y su posterior desescalada.

El impacto de la crisis de la COVID-19 sobre el empleo se apreciará en toda su dimensión en la EPA del segundo trimestre, con los datos de los meses de abril y mayo, especialmente.

Una vez publicada la Orden Ministerial en el BOE y tras suscribir el convenio con el ICO para su gestión y concesión

Mitma pone en marcha el acceso a los préstamos avalados por el Estado para el pago del alquiler a arrendatarios vulnerables por el COVID-19

Viernes 1 de mayo de 2020

11/05/2015. Vivienda. lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto en marcha el proceso para el acceso a los préstamos avalados por el Estado para el pago del alquiler a arrendatarios vulnerables por el COVID-19. Lo hace tras publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden Ministerial que regula su concesión y después de suscribir el convenio con el ICO para su gestión.

El BOE ha publicado hoy la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Posteriormente, también en el día de hoy, el Ministerio ha suscrito con el ICO que lo pone en marcha de manera definitiva.

De resultas de todo ello los arrendatarios que como consecuencia del impacto social y económico del COVID-19 tengan problemas para atender el pago del alquiler de su vivienda habitual pueden acceder en los próximos días a préstamos de hasta 5.400 euros, con el límite de seis mensualidades del alquiler y de 900 euros por mensualidad.

Los préstamos, cuyo importe llegará al arrendador, serán sin intereses ni gastos a cargo del arrendatario (subvencionados por el Estado) y se devolverán en un plazo de hasta 10 años y serán concedidos por las Entidades de crédito con la mediación del ICO.

Se han habilitado 1.200 millones de euros que se estima serán suficientes para atender a todos los solicitantes. El Gobierno no quiere que ningún arrendatario vulnerable se quede atrás. Todos tendrán acceso a estos préstamos y por tanto a una solución transitoria para su problema.

La Orden Ministerial publicada hoy desarrolla el Real Decreto Ley 11/2020, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Esta disposición incorporó, entre otras, determinadas medidas para atender la problemática de aquellos arrendatarios que como consecuencia del impacto social y económico del COVID-19 tengan problemas para atender el pago del alquiler de su vivienda habitual.

En su artículo 9 contempló una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19. Esta línea se desarrolla mediante una Orden Ministerial que defina los criterios y requisitos para acceder a los préstamos y se ejecutará mediante un convenio del Ministerio con ICO.

Ayudas directas al alquiler

En paralelo, las Comunidades Autónomas ya están convocando y concediendo ayudas directas para el alquiler a estos arrendatarios vulnerables, en el marco del Plan Estatal de vivienda 2018-2021, con las mismas limitaciones e importes. Los que reciban estas ayudas habrán de destinarlas a la amortización del préstamo.

En el mes de abril, el Ministerio ha transferido a las Comunidades Autónomas y a Ceuta y Melilla más de 346 millones de euros para estas y otras ayudas estatales a la vivienda, y en la próxima semana se transferirán otros 100 millones de euros.

Coronavirus COVID-19

Científicos del CSIC buscan detectores de SARS-CoV2 más rápidos y baratos que las PCR con balizas moleculares

Sábado 2 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) proponen un método de detección del coronavirus SARS-CoV-2 alternativo a las PCR, más rápido, menos costoso y a gran escala, basado en balizas moleculares.

La técnica emplearía «sensores» de ADN que emiten fluorescencia en presencia del ARN diana (en este caso, el ARN del coronavirus). El objetivo es detectar la presencia de ARN viral en la muestra de una manera directa y sin necesidad de los costosos pasos intermedios de amplificación de ácidos nucleicos que requieren las PCR. El proyecto es de momento una prueba de concepto, pero se esperan obtener resultados preliminares de la sensibilidad y la especificidad de la técnica en dos meses. Según los investigadores, podría reducir los costes de procesamiento por muestra entre un 50-70%. Este es uno de los cinco proyectos sobre diagnóstico aprobados por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, en toda España.

En la actualidad, la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, también conocida como PCR, es el método de referencia que se emplea para el diagnóstico de Covid-19. Pese a que esta técnica permite detectar casos positivos en presencia de cargas virales muy pequeñas, existen dos cuellos de botella que limitan los tiempos de detección y su aplicabilidad a gran escala. El primero consiste en la purificación del ARN viral a partir de muestras humanas, y el segundo tiene que ver con la técnica de amplificación de los ácidos nucleicos, la cual requiere la conversión de la molécula de ARN viral en una molécula de ADN complementario para proceder con la técnica de PCR propiamente dicha.

Cada uno de estos pasos requiere unos tiempos de incubación determinados, que hacen que el proceso total se alargue en torno a las 2-4 horas. A esto hay que sumarle el elevado precio de los reactivos que se emplean en las distintas etapas de la reacción.

Los coordinadores de este proyecto, los investigadores del CSIC Mario Fernández Fraga y Juan Ramón Tejedor Vaquero, del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN – CSIC) y Agustín Fernández Fernández, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), explican: «El principio de esta técnica de detección está basado en el empleo de balizas moleculares (también conocidas como molecular beacons). Estos «sensores» están compuestos de una región emisora de fluorescencia integrada en una molécula de ADN. En condiciones normales esta señal está apagada. Sin embargo, estas balizas son capaces de activarse y emitir fluorescencia en presencia del ácido nucleico diana, lo cual permitiría detectar el ARN del virus en la muestra». Se trata de un método basado en una técnica conocida que ha sido utilizada en varias aplicaciones, incluyendo una modalidad de las propia PCR.

«Para ello se están poniendo a punto dos metodologías en paralelo: la primera iría enfocada a una captura dirigida del ARN viral mediante el empleo de nanopartículas, lo cual permitiría aumentar la eficiencia y reducir los tiempos que se emplean en el proceso de extracción de ARN de muestras humanas», explica Fernández Fraga.

«La segunda metodología estaría relacionada con la detección directa del ARN viral propiamente dicho, la cual estaría enfocada en el empleo de estas balizas moleculares acopladas a un sistema de amplificación de la señal de fluorescencia que funcionaría de manera independiente al uso de polimerasas y toda la batería de reactivos asociados», añade Tejedor Vaquero.

«Si todo esto funciona, esta tecnología tendría una alta capacidad de escalabilidad y una gran flexibilidad, pudiéndose adaptar a diferentes instrumentos de detección, ya sean los equipos de PCR cuantitativa o cualquier dispositivo dotado con un lector de señal de fluorescencia, con lo que se aumentaría considerablemente el número de muestras procesadas por día», augura Fernández Fraga.

«Además, al no depender los costes asociados a los reactivos necesarios para la amplificación de ácidos nucleicos, esta técnica podría reducir los costes de procesamiento por muestra, entre un 50-70% de manera aproximada. De resultar satisfactoria, esta técnica de diagnóstico facilitaría el cribado a gran escala de los pacientes con síntomas de Covid-19 de manera rápida, precisa y a bajo coste», indica Fernández Fernández.

En el proyecto colaboran el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER).