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Archivo del 11 de mayo de 2020

Las Palmas de Gran Canaria. Desde el Club Náutico

lunes, 11 de mayo de 2020

Justicia, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan iniciar la fase I de la desescalada judicial a partir del próximo martes.

lunes, 11 de mayo de 2020

Estado de alarma / Covid-19

mjusticia.gob.es

Justicia, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan iniciar la fase I de la desescalada judicial a partir del próximo martes

• La reincorporación de funcionarios comenzará con la vuelta del 30% o 40% de plantilla en cada órgano judicial, fiscalía y el resto de servicios para priorizar la seguridad y salud del personal

8 de mayo de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha firmado hoy la Orden por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19. La nueva disposición, que prevé la puesta en marcha de la reincorporación escalonada de funcionarios judiciales al servicio a partir del próximo martes, ha sido consensuada en la reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis en la Administración de Justicia -el órgano que reúne al Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas competentes en la materia y la Abogacía- en su reunión semanal de esta mañana.

La orden prevé cuatro fases de desescalada que se adaptarán en función de los cambios de escenario en la lucha contra el coronavirus que establezca el Gobierno y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias conforme a la evolución de la pandemia.

– Fase 1. Se inicia el próximo martes. Denominada “Inicio de la reincorporación programada”, implica la vuelta al servicio del 30% o 40% de la plantilla tanto en los órganos judiciales y fiscalías, como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta primera escala tendrá una duración de al menos una semana.

– Fase 2, llamada “Preparación para la reactivación de los plazos procesales”. Prevé que el personal reincorporado ascienda al 60% o  70% en cada órgano o servicio. En ella, el trabajo de los funcionarios podrá distribuirse en turnos de mañana y tarde. Tendrá una duración de al menos dos semanas.

– Fase 3, “Actividad ordinaria con plazos procesales activados”. Contempla la vuelta al trabajo del 100% de las plantillas.

– Fase 4, “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”. Comenzará en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, permitiendo que se retome al funcionamiento ordinario de cada órgano.

La disposición establece, además, los criterios para la cobertura de los turnos de tarde establecidos por el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para lo que reste de estado de alarma y los tres meses siguientes. La participación en esos turnos, creados para asegurar la distancia de seguridad entre las plantillas y evitar contagios, será, con carácter general, voluntaria.

El turno de mañana será de seis horas entre las 7.30 y las 14.00 y a él asistirá entre el 70 y el 80% de la plantilla. Al de tarde, de cuatro horas y media entre las 15.00 y las 20.00, asistirá entre el 20 y el 30% del personal que deba acudir según cada fase de la desescalada. Entre ambos se establece el período de una hora para proceder a la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo y los espacios comunes. Durante la tarde no se prestará servicio de atención al público o a profesionales.

La disposición recoge de forma muy pormenorizada las medidas de seguridad laboral que deben desplegarse durante todo el proceso hacia la nueva normalidad. Entre las medidas de protección colectiva se establece con carácter general una distancia mínima de seguridad de dos metros en todos los espacios de trabajo modificando si es preciso la disposición de los puestos y la organización de la circulación de personas. En caso de que no se pueda garantizar esa seguridad, se utilizarán barreras físicas como mamparas o paneles.

Respecto a la atención al público, se realizará generalmente por vía telefónica o a través de correo electrónico. Si es necesario un trámite presencial, se organizará necesariamente a través de cita y manteniendo la distancia de seguridad y respetando un aforo máximo para garantizarla.

La orden recoge, además, indicaciones muy concretas en materia de limpieza y desinfección de las superficies y espacios de trabajo, la ventilación de las instalaciones y la distribución de soluciones hidroalcohólicas.

En cuanto al uso de Equipos de Protección Individual, la disposición los prevé para trabajadores con atención directa al público. El uso de mascarilla se considera una medida de seguridad complementaria, pero no un reemplazo de otras medidas preventivas colectivas. Tanto las mascarillas como los guantes deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por otros medios de protección.

La orden se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado

Comunicado de CEOE y CEPYME sombre los ERTE

lunes, 11 de mayo de 2020

cepyme.es

Madrid, 8 de mayo de 2020 El Comité Ejecutivo de CEOE, reunido este viernes con carácter extraordinario, ha decidido aceptar la última propuesta planteada sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) tras las reuniones mantenidas en los últimos días en la mesa de diálogo social. CEOE hubiese deseado vislumbrar un acuerdo a más largo plazo que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras, para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad. Sin embargo, dentro de los márgenes temporales y presupuestarios del Gobierno, los miembros del Comité entienden que este acuerdo, aunque no es el deseado, mejora la propuesta inicial, por lo que se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica. En cualquier caso, los empresarios españoles instamos al Gobierno a que se reúna ya, desde mañana mismo, con los sectores más afectados para negociar las medidas necesarias y específicas de cada uno de ellos.

Valoración de la actualización del Programa de Estabilidad y Programa Nacional de Reformas 2020

lunes, 11 de mayo de 2020

Valoración de la actualización del Programa de Estabilidad y Programa Nacional de Reformas 2020

ieemadrid.es

El Gobierno ha presentado la actualización del Programa de Estabilidad 2020 y el Programa Nacional de Reformas 2020 (PNR 2020). La crisis sanitaria del Covid19 y su repercusión sobre la actividad económica centran el análisis, las previsiones y las actuaciones aquí contempladas.

El Gobierno reconoce en su cuadro de previsiones un impacto negativo de la actividad para los próximos años, que está teniendo sus primeros efectos recogidos en la caída del PIB del primer trimestre del 5,2%, pudiendo alcanzar hasta un 20% en el segundo. Se reconoce, también, el importante impacto que va a tener esta crisis sobre las cuentas públicas, pasando el déficit público del 2,8% al 10,3% en el periodo 2019 -2020. Este punto de partida presenta, aunque con retraso, un nuevo escenario de previsiones para el 2020 que resulta bastante compatible con las grandes instituciones nacionales e internacionales (FMI, Banco de España, CEOE, etc) y debe valorarse positivamente.

El problema es que, si bien es cierto que, la pandemia puede servir de justificación material al deterioro de la actividad y las finanzas públicas, es posible que algunas acciones planteadas han podido agravar y no amortiguar su impacto económico y presupuestario. De partida, la duración de las restricciones a la movilidad y a la actividad empresarial, que se están llevando a cabo como medidas sanitarias, van inexorablemente a un deterioro económico superior, que en la medida que se traduzca en una mayor destrucción de empresas, más tarde y dificultosa será la recuperación.

En principio, este es un choque transitorio pero especialmente intenso, ya que combina oferta y demanda que, sólo debería ocasionar, salvo excepciones muy limitadas, aumentos cíclicos (temporales) del gasto público y no del gasto estructural. Pues bien, según el Programa de Estabilidad la mayor variación del gasto debida al Covid que es la de los Erte -y que consideramos necesario prolongar en el tiempo más allá del estado de alarma- es de cuantía inferior a los aumentos pasados y no corregidos del gasto corriente estructural en el último año. De cualquier modo, con un aumento tan intenso del peso del gasto público en términos de PIB, cifrado en diez puntos porcentuales entre 2019 y 2020, se echan en falta más medidas directas de apoyo a la actividad productiva, porque las medidas de avales que son hasta ahora la otra pata de apoyo, aunque insuficientes, han resultado muy positivas y no tienen efecto sobre el déficit ya que son sólo un pasivo contingente.

Los ingresos públicos, que no dejan de ser la contribución o carga que soporta la actividad productiva para financiar las necesidades públicas, no van a tener el comportamiento que uno esperaría en esta situación. Al no haber apenas acometido reducciones de impuestos sobre las empresas, para ayudarlas a compartir las pérdidas de esta crisis, las medidas de aplazamiento de liquidaciones resultan por si solas insuficientes para aliviar esta carga. De hecho, a pesar del juego de los estabilizadores automáticos, se plantea una subida de la presión fiscal nominal recaudatoria (peso de los ingresos públicos respecto al PIB) de dos puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Esta disfunción retrasará y dificultará el escenario de salida. El plantear un déficit superior al 10% para este año sin acompañar de un plan integral y contundente de la mejora de la eficiencia del gasto público multiplica el riesgo de subida de impuestos a futuro, cuyos efectos negativos se manifiestan ya por la vía del deterioro de las expectativas. Un compromiso creíble de que no se van a subir los impuestos ni cotizaciones sociales sobre las empresas puede ser una importante e inmediata medida de oferta sin efectos sobre el déficit.

Por otra parte, debe mantenerse el impulso de las reformas estructurales que forman parte del PNR 2020, sin que en ningún momento se produzca un retroceso de las reformas ya realizadas o comprometidas. Ésta es la garantía del aumento del crecimiento potencial de la economía y, por lo tanto, de sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. De esta forma, se echa en falta que este Programa Nacional de Reformas asuma una mayor responsabilidad en reformas estructurales que garanticen un entorno que permita una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de las empresas ante situaciones adversas como las actuales. Es importante, actuar a corto plazo, pero ello no es incompatible con planificar las acciones para que nuestra salida de la situación no sólo sea lo más rápida posible, sino también encaminada a hacer un país más moderno y competitivo para afrontar, entre otros, los retos de la digitalización, transición energética y envejecimiento demográfico.

Una línea prioritaria y esencial en la estrategia de normalización y reactivación es configurar un clima y entorno que genere expectativas positivas para la inversión y la actividad empresarial, ya que cada semana cuenta. Esta es la garantía para promover la actividad empresarial y para que los efectos coyunturalmente negativos que la crisis ha tenido sobre el empleo no tengan un carácter permanente en una economía, como la española, que ya presentaba elevadas y persistentes tasas de paro. Como la presente crisis sanitaria ha evidenciado, es mucho más fácil y menos costoso prevenir que curar, es decir, evitar la desaparición de empresas, reduce y limita el desempleo y sus cuantiosos costes sociales, esto es, un efecto neto menor y por lo tanto, más sostenible, sobre las cuentas públicas.

Los desafíos planteados por su importancia son del país en su conjunto, ya que nos jugamos mucho. Por ello, el Gobierno debe utilizar obligadamente palancas de consenso como el dialogo social y plantear medidas técnicas bien enfocadas y ortodoxas, ya que esto facilitaría los consensos políticos y sociales y aceleraría la implementación y eficacia de los obligados planes de normalización e impulso de la actividad económica.

España trabaja a nivel nacional y europeo para la interoperabilidad de las aplicaciones de prevención de contagios frente al COVID-19

lunes, 11 de mayo de 2020

06 de mayo de 2020

mineco.gob.es

España trabaja a nivel nacional y europeo para la interoperabilidad de las aplicaciones de prevención de contagios frente al COVID-19

La vicepresidenta tercera del Gobierno participa en el Consejo Europeo de ministros de Telecomunicaciones En el Consejo Europeo informal de ministros de telecomunicaciones, España ha destacado la necesidad de garantizar la interoperabilidad en las aplicaciones de prevención de contagios.
Se ha compartido con las comunidades autónomas la posición de España a nivel europeo sobre estas aplicaciones y se ha acordado la creación de grupos de trabajo específicos sobre funcionalidad, privacidad e interoperabilidad.
La adopción de estas herramientas dependerá de la decisión de las autoridades sanitarias en base a los resultados de los proyectos piloto que se puedan lanzar en las próximas semanas.

6 de mayo de 2020. España está trabajando a nivel nacional y europeo para la interoperabilidad de las aplicaciones de prevención de contagios frente al COVID-19 que contribuyan a la transición hacia una nueva normalidad.

Así se trasladó en la reunión del Consejo Europeo informal de ministros de Telecomunicaciones que tuvo lugar ayer para abordar las implicaciones de la emergencia sanitaria en el sector digital y de telecomunicaciones.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, junto a los secretarios de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, participaron en este encuentro para buscar una posición europea común que permita aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología para contribuir a la gestión de la pandemia y a la posterior recuperación a nivel europeo.

Entre dichas soluciones digitales se puso el foco en las aplicaciones de prevención de contagios. En ese sentido, España destacó la importancia de encontrar un enfoque coordinado a nivel europeo para estas aplicaciones que garantice la interoperabilidad y permita realizar una salida conjunta de la emergencia sanitaria.

Además, se señaló la necesidad de aprovechar el potencial que ofrece la economía digital para contribuir a la gestión de la pandemia, siendo necesario encontrar un equilibrio entre los beneficios derivados de estas innovaciones y la privacidad, la seguridad y las cuestiones éticas.

Grupo de trabajo a nivel nacional

También se celebró ayer la primera reunión del grupo de trabajo nacional sobre las aplicaciones móviles de prevención de contagios, principalmente centrado en los protocolos de interoperabilidad.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, compartió con las autonomías la posición de España a nivel europeo, así como los avances que prepara la Comisión Europea sobre estas herramientas digitales.

El objetivo es aunar esfuerzos y compartir puntos de vista sobre las posibilidades existentes en torno al desarrollo de estas aplicaciones y su interoperabilidad, buscando respuestas coordinadas en base a las necesidades de los diferentes territorios.

En esta primera reunión, se han analizado los modelos existentes, los retos y las oportunidades que presentan, así como cuestiones tecnológicas y epidemiológicas que son necesarias para que el modelo que se implemente atienda a las necesidades de la ciudadanía y las autoridades sanitarias. Por ello, se ha acordado la creación de grupos de trabajo específicos sobre funcionalidad, privacidad e interoperabilidad.

La posición de España respecto a las herramientas digitales de prevención de contagios se alinea con la de la Comisión Europea y el Comité Europeo de Protección de Datos que abogan por la implementación de un modelo de uso voluntario, compatible con el Reglamento General de Protección de Datos, centrado en la protección de la privacidad de las personas, e interoperable a nivel transfronterizo.

Los representantes de todas las CCAA en materia de digitalización, transformación digital o políticas de innovación han compartido los desarrollos autonómicos y su visión sobre la necesidad de incorporar estas herramientas tecnológicas en el proceso de transición hacia la nueva normalidad.

Herramienta para el proceso de desescalada

Las aplicaciones de prevención de contagios pueden convertirse en una herramienta útil y complementaria a las medidas sanitarias para el proceso de desescalada.

El funcionamiento se basa en la instalación de una aplicación en los dispositivos móviles que, a través del Bluetooth, emite y observa identificadores anónimos que cambian periódicamente. Cuando dos móviles han estado en proximidad durante un determinado periodo de tiempo, ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro y, si un usuario da positivo en el test COVID-19, es posible alertar a los móviles que hayan estado en contacto, siempre preservando la privacidad de los individuos.

Estos sistemas digitales que se están considerando a nivel europeo utilizan el Bluetooth de los dispositivos móviles, sin emplear datos personales y respetando la privacidad de la ciudadanía.

De esta forma, es posible disponer de una herramienta de prevención de contagios digital que complemente a las acciones manuales y contribuya a la transición hacia una nueva normalidad.

La adopción de estas herramientas dependerá de la decisión de las autoridades sanitarias en base a los resultados de los proyectos piloto que se puedan lanzar en las próximas semanas.