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Archivo del 13 de mayo de 2020

Punta de Galera. Ría de Corcubión

miércoles, 13 de mayo de 2020

El Gobierno nombra director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia a Aitor Cubo Contreras

miércoles, 13 de mayo de 2020

Consejo de Ministros
El Gobierno nombra director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia a Aitor Cubo Contreras

mjusticia.gob.es

• Con amplia experiencia en el sector público, ha participado en el lanzamiento de proyectos como el Portal de Transparencia del Estado, el Sistema para la Facturación Electrónica de las Administraciones Públicas o la Carpeta Ciudadana

12 de mayo de 2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha acordado hoy nombrar director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia a Aitor Cubo Contreras.

El nuevo director general es ingeniero informático y psicólogo y pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado.

Ha desarrollado su carrera, fundamentalmente, en el sector público, donde ha ejercido como subdirector general de Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano y subdirector general de Programas, Estudios e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda. Anteriormente, desempeñó los puestos de director de la División de Sistemas de Información y Comunicaciones, jefe de Coordinación Informática y jefe de Área de Sistemas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Desde estas unidades se han puesto en marcha proyectos tecnológicos como el Portal de Transparencia del Estado, el Sistema para la Facturación Electrónica de las Administraciones Públicas, la Oficina de Registro Virtual de las Administraciones Públicas, el Punto Único de Notificaciones, la Gestión Fondos Estatales o la Carpeta Ciudadana.
En la actualidad, Aitor Cubo estaba integrado en la división de Innovación de Servicios Ciudadanos del Banco Interamericano de Desarrollo y ejercía como especialista de Gobierno Digital en proyectos de transformación tecnológica en América Latina y el Caribe.

El número de licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de Castilla-La Mancha en abril de 2020 aumenta un 159,6 % respecto al mismo mes del año anterior

miércoles, 13 de mayo de 2020

Martes, 12 de mayo de 2020

El número de licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de Castilla-La Mancha en abril de 2020 aumenta un 159,6 % respecto al mismo mes del año anterior

Según los datos que constan hasta el momento en el TSJCLM, se han tramitado en la región 3.832 licencias de enterramiento cuando en abril de 2019 se produjeron 1.476 defunciones. De las 3.832 licencias de enterramiento, en 2.674 aparece como causa del fallecimiento COVID o supuestos donde existen sospechas de esta infección, lo que supone el 69,8 % del total

Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

En el marco del expediente gubernativo abierto por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los Registros Civiles de la región como servicio esencial judicial establecido durante el estado de alarma, y en ejercicio de las funciones inspectoras que corresponden a la Presidencia sobre los Registros Civiles, se actualizan los datos relativos a la expedición de licencias de enterramiento en Castilla-La Mancha durante el mes de abril.

Dicha información se ha remitido por la totalidad de los Registros Civiles de las cabeceras de Partidos Judiciales y una buena parte de las Agrupaciones y Juzgados de Paz. Los datos que faltan de estos últimos se irán incorporando a dicho expediente gubernativo.

Las defunciones en Castilla-La Mancha en abril de 2020 se han incrementado un 159,6 % con respecto a las inscritas en el mismo periodo del año anterior. Los registros civiles de Castilla-La Mancha han expedido el pasado mes de abril 3.832 licencias de enterramiento cuando en el mismo mes de 2019 se registraron 1.476 defunciones.

Y de ese número de 3.832, en 2.674 licencias de enterramiento, el 69,8 %, se recoge como causa del fallecimiento COVID o sospecha compatible con COVID, referenciando como sospecha aquellos supuestos en los que se recoge dicha probabilidad o sospecha en la certificación médica o existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa.

El expediente gubernativo de la Presidencia del TSJ de Castilla-La Mancha se abrió en el mes de abril tras constatar con datos el incremento sustancial de licencias de enterramiento y defunciones durante el mes de marzo, que estaba provocando, según informaciones recibidas por el Presidente del TSJ, dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.

De igual modo, se pusieron de manifiesto, desde un primer momento, dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el Virus. Todo ello debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma.

Como consecuencia de estos datos, el Acuerdo dictado por la Presidencia del TSJCLM dirigía prevención a los Jueces Encargados de los Registros Civiles para que, en lo sucesivo, se velara por hacer una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el Coronavirus Covid. Solicitando, si se considera necesario, dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y acudiendo si fuera preciso al forense de guardia en el Partido Judicial. Y que, a su vez, auxilien en sus dudas a los Juzgados de Paz y personal de las Agrupaciones en este tipo de cometidos.

En ese sentido, y siguiendo el Protocolo aprobado al efecto, médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, están colaborando con los Registros Civiles en la revisión de las licencias de enterramiento y defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020, a los efectos de que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en aquellos casos en los que aparezcan sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID 19, y se están visando todas las certificaciones de defunción que se producen en lo sucesivo a solicitud de los Registros Civiles.

En los siguientes cuadros se reflejan los datos de licencias de enterramiento expedidas durante el pasado mes de abril en los registros civiles de Castilla-La Mancha, con su desglose por provincias y por capitales de provincia, incorporando datos de defunciones del mes de abril de 2019 y 2018 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La crisis del COVID19 ampliará la brecha en el empleo de las mujeres, que además se ocupan de manera mayoritaria del cuidado de la familia

miércoles, 13 de mayo de 2020

La crisis del COVID19 ampliará la brecha en el empleo de las mujeres, que además se ocupan de manera mayoritaria del cuidado de la familia

  • CSIF reclama al Gobierno y partidos políticos que incluya en los planes de reconstrucción medidas específicas contra la situación de desigualdad de las mujeres, la brecha salarial y la violencia de género
  • Comercio, hostelería, actividades inmobiliarias y servicios, sectores que perdieron más empleo, cuentan con mayoría de mujeres
  • Nueve de cada diez reducciones de jornada para el cuidado de la familia las piden las mujeres

11 de Mayo de 2020

csif.es

CSIF presenta un análisis sobre el impacto del covid con enfoque de género, coincidiendo con el inicio de la Fase 1 de desescalada en gran parte del territorio español.

La crisis del COVID 19 no solo ha supuesto un problema social, sanitario y económico a gran escala, sino que también ha afectado de forma específica al equilibrio entre vida y trabajo entre hombres y mujeres, agravando la de por sí elevada brecha salarial y cebándose con ellas el desempleo de manera singular.

Aunque la información disponible todavía es muy preliminar (la EPA solo recoge 15 días de la alerta sanitaria), ya hay algunos datos en la última Encuesta de Población Activa que nos indican la situación de especial vulnerabilidad que sufren las mujeres, también en esta circunstancia excepcional por la pandemia del coronavirus.

Si miramos las cifras del paro, vemos como se han ido a las listas del SEPE más de 63.000 mujeres en el último trimestre, frente a los 58.100 hombres, siendo la tasa global del 12,23 por ciento para ellos y del 15,55 por ciento para ellas. La diferencia respecto al primer trimestre también es mayor para las mujeres (0,69 frente al 0,56 por ciento más).

En el análisis realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, nos ha llamado la atención el dato de parados por estado civil.

Según este indicador, hay 791.500 mujeres casadas en paro frente a 490.100 hombres (17.600 más y 6.600 más, respectivamente respecto a finales del año pasado). Esto significa que el paro ha crecido el triple en las mujeres de este espectro.

Sin duda, las mujeres se van a ver especialmente afectadas porque trabajan más en la economía sumergida (ahora no tienen trabajo ni prestaciones), sufren mayor precariedad en los contratos de obra y servicios (los primeros que extinguen las empresas al ‘no renovar), trabajan más a tiempo parcial y además los sectores como servicios y hostelería (los más golpeados en esta crisis) están fuertemente feminizados.

Según la EPA del primer trimestre del 2020, casi el 75% de los contratos parciales fueron cubiertos por mujeres frente al 25% que cubrieron los hombres y del total de personas que redujeron su jornada por el cuidado de menores u otras obligaciones familiares, el 92,4% fueron mujeres frente al 7,5% que fueron hombres.

Todo esto nos lleva a remarcar la importancia de fomentar la corresponsabilidad también en esta situación de crisis en la que nos encontramos, con campañas específicas de concienciación. En esta etapa en la que comienza la desescalada, CSIF pide a Administración y empresas privadas que estén comprometidas y tengan en cuenta la conciliación de cara a la reincorporación a los puestos de trabajo.

Corremos el riesgo de que muchas mujeres se vean obligadas a solicitar reducciones de jornada o incluso dejar sus puestos de trabajo para cuidar niños/as y personas mayores. No podemos permitir que todo lo que se ha avanzado en los últimos años, se pierda por culpa de no tener medidas que favorezcan la conciliación; medidas que CSIF lleva años pidiendo: teletrabajo, horarios flexibles, jornadas intensivas, turnos, etcétera.

Son considerables las consecuencias que tiene para una mujer que se ve presionada a coger una reducción de jornada o a dejar su trabajo: reducción de salario, cotización y jubilación, merma de las posibilidades de promoción profesional, dependencia económica de la pareja, etc. Todas estas circunstancias condicionan la brecha salarial, así como en la futura pensión.

CSIF rinde homenaje de manera singular a las mujeres que, con todas las dificultades añadidas que suponen las tradicionales desigualdades y situaciones de discriminación, están en primera línea luchando en esta crisis y velando por la salud, las prestaciones y los servicios que recibe la ciudadanía: profesionales de la sanidad (perfil mayoritariamente femenino), maestras, administrativas, cajeras de supermercado, trabajadoras del campo, trabajadoras de todos y cada uno de los sectores productivos que se han visto golpeados… Gracias por vuestro trabajo.

Además, tal y como ha señalado el Instituto de la Mujer, la violencia de género no ha cesado ni mucho menos durante la cuarentena. Es más, como consecuencia del confinamiento ha mostrado una vez más su rostro más duro, cruel y asesino. Por todo ello, pedimos que en la comisión por la reconstrucción, recientemente constituida en la Congreso de los Diputados, también se realice un diagnóstico y se implanten medidas específicas.

Indicadores analizados por CSIF en la EPA

Parados y tasas de paro por sexo.
Parados por estado civil, sexo y grupo de edad.
Ocupados por tipo de jornada, sexo y sector económico.
Ocupados a tiempo parcial por motivo de la jornada parcial, sexo y grupo de edad.

La Justicia inicia mañana la desescalada sin garantías de seguridad para la plantilla

miércoles, 13 de mayo de 2020

La Justicia inicia mañana la desescalada sin garantías de seguridad para la plantilla

csif.es

  • CSIF exige test y provisión de mascarillas para todo el personal de la Justicia: la desescalada comienza sin evaluación de riesgo ni protocolos para autopsias, manejo de muestras biológicas, diligencias o salas de vistas
  • El sindicato dirige una protesta a Sanidad: ¿Por qué hay provincias y comunidades que entran en fase 1 en la justicia pese a seguir en fase 0?
    11 de Mayo de 2020

La Administración de Justicia comienza mañana, martes 12 de mayo el proceso de desescalada sin las debidas garantías de seguridad para la plantilla. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Justicia, ha trasladado su rechazo al departamento de Juan Carlos Campo.

CSIF se ha dirigido por escrito tanto al Ministro de Justicia como al de Sanidad para que expliquen por qué hay provincias y Comunidades autónomas que, mañana martes, entrarán en la fase 1 en Justicia mientras permanecen en la fase 0 conforme a los criterios sanitarios.

CSIF exige una evaluación de riesgos o niveles de riesgo específicos en determinadas actividades como (diligencias de calle, salas de vistas, autopsias, manejo de muestras biológicas, archivos con mala ventilación o personas en grupos de riesgo cuando les toque reincorporarse etc…). Para CSIF esta evaluación debería realizarse con carácter previo al inicio de la Fase 1 de desescalada pues, en caso contrario, carecería de sentido y se estaría exponiendo al personal de Justicia en riesgo.

CSIF comparte la necesidad de reactivar la Administración de Justicia, pero las medidas de seguridad laboral que se plantean junto con esta desescalada no son suficientes para proteger la salud del personal de Justicia que se deba incorporar a su puesto de trabajo porque:

ni garantizan test fiables previos a la reincorporación que el CGPJ sí que prevé para jueces y magistrados,y que la CA de Andalucía a requerimiento de CSIF, también va a hacer a sus funcionarios de Justicia.
ni garantizan la provisión efectiva de EPIS (mascarillas) para todo el personal que se reincorpore y que han brillado por su ausencia desde que comenzó la crisis. No bastan con meros anuncios de que se van a repartir suficientes EPIS, lo que hacen falta son hechos que refrenden ese compromiso como está sucediendo en algunas CCAA.
ni garantizan la posibilidad de que un funcionario pueda cesar en su actividad en el caso de que no haya EPIS hasta que se le faciliten.
CSIF recuerda que, el 22 de abril, remitió un escrito al Ministro de Justicia para que se iniciara un plan de realización de test fiables a través de la MUGEJU del que todavía no tenemos respuesta.

Además, se da la circunstancia de que el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma de Andalucía sí van a hacer test a todo el personal de justicia. Esto demuestra la situación de desigualdad que se va a producir en lo que se refiere de medidas de protección. Por ello, CSIF vuelve a reclamar la realización de test a todo el personal que se reincorpore a sus puestos de trabajo.

El Ministerio plantea una desescalada al margen del plan general del Gobierno y centrada, únicamente, en la reactivación de los plazos procesales (la misma denominación de las fases es muy gráfica a este respecto) y no en criterios sanitarios y de salud pública que son, a juicio de CSIF, los que deberían regir la vuelta a la normalidad en una crisis de salud pública y en un estado de alarma por emergencia sanitaria.

En este sentido, el Ministro de Justicia anunció, a las Asociaciones Judiciales que los Jueces estarían trabajando a final de mes y que los plazos se iban a levantar antes de esa fecha, es decir, al margen de todo criterio sanitario y al margen de las fases establecidas en la desescalada general y en Función Pública.

Por su parte, la propuesta de desescalada del Ministerio de Justicia ha ido cambiando en los últimos días. Hemos pasado de cinco fases a cuatro y de unos porcentajes fijos a unas horquillas e incluso en los últimos días se incorporaban nuevas condiciones a las propuestas que han perjudicado la negociación. Hasta el miércoles a las 10 de la noche no tuvimos un primer documento completo para negociar.

El último plan de desescalada presentado por el Ministerio plantea cuatro fases:

Fase 1 llamada “Inicio de la reincorporación programada” que, en realidad, se produjo ya con la resolución del Ministro del 13 de abril cuando, el Gobierno aún no había planteado la desescalada general, y que llevó a incorporar al 20-22% de la plantilla de Justicia.
Según el Ministerio se iniciará el 11 o 12 de mayo con la incorporación de entre el 30 o 40% (a decidir por cada Administración y sin consulta a los sindicatos) de la plantilla de cada centro de destino, en régimen de jornada ordinaria o, excepcionalmente, en algunos casos sin precisar cuales, en turnos de mañana y tarde.

En el caso del Registro civil la incorporación es del 100%, sin desescalada y sin haber dejado sin efecto los turnos de mañana y tarde en fin de semana y festivos establecidos el 23 de marzo y que ya no tienen sentido.

Fase 2 llamada de “Preparación para reactivación de los plazos procesales” que se iniciará cuando, al menos, haya transcurrido una semana desde el inicio de la fase I y a la que acudirían a su puesto de trabajo entre el 60 y el 70% de los efectivos de cada centro de destino.
Fase 3 llamada de “Actividad ordinaria, con plazos procesales activados”, que se iniciará cuando, al menos hayan transcurrido dos semanas desde el inicio de la fase II y que incorporaría al 100% de los efectivos de cada centro de destino en turno de mañana y tarde.
Fase 4 llamada de “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”: con el 100% de los efectivos en jornada ordinaria y que se iniciaría en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias cosa que, es previsible que no ocurra hasta que no haya una vacuna o tratamiento efectivo. Es decir, el Ministerio quiere mantener la Fase 3 con la aplicación de las medidas del Real Decreto Ley más allá de los tres meses fijados en el mismo.
Por otro lado, el Ministerio se guarda la posibilidad de incrementar estos porcentajes si lo exigen las “necesidades del servicio”. Una forma de poder acelerar el proceso de reincorporación sin atender a los criterios sanitarios y, además, sin establecer ningún mecanismo de consulta a los representantes sindicales.

El Ministerio se ha equivocado imponiendo unas medidas mediante un Real Decreto Ley

A pesar de ello, en los últimos días, CSIF ha hecho un enorme esfuerzo por acercar posturas con el Ministerio hasta el último momento para intentar buscar un acuerdo de desescalada organizada y coherente con la prioridad de proteger la salud del personal que se incorpore a su puesto de trabajo.

Tras tres semanas desde la solicitud sindical de negociación y sin respuesta por parte del Ministerio, en la reunión con el Ministro del pasado 23 de abril se nos exigió a los sindicatos que firmáramos un cheque en blanco sobre las medidas que iban en un Real Decreto Ley cuyo borrador se negó a facilitarnos, ni siquiera ese mismo día ni dar plazo para que pudiéramos presentar unas mínimas alegaciones. Evidentemente, lo rechazamos.

Unas medidas que, para CSIF, son más efectistas, especialmente con el polémico tema del mes de agosto que ha servido para aclarar que los Juzgados están abiertos los doce meses del año, que efectivas.

La realidad es que estas medidas no sirven para atajar el previsible “atasco judicial” provocado por el parón ocasionado por el coronavirus que ha puesto en evidencia los denominados “males de la Justicia” tras años de instrumentalizarla políticamente y no resolver sus problemas reales.

Para CSIF hace falta mayor transparencia en el diseño, implantación y seguimiento del plan de agilización que el Ministro lleva anunciando desde hace semanas y que aún no ha sido trasladado a las organizaciones sindicales de Justicia cuando, sin duda, va a afectar a las condiciones laborales del personal al que representamos. De hecho, CSIF ya ha presentado al Ministerio medidas concretas sin recibir respuesta alguna.

No obstante, CSIF va a seguir siendo el sindicato que antepone el diálogo y la negociación en defensa, únicamente, de los derechos laborales de los empleados/as públicos/as de Justicia y con el objetivo de mejorar el servicio público de la Administración de Justicia. Eso sí, CSIF no va a ser el sindicato que vaya a comulgar con “ruedas de molino” porque así le interese al Gobierno de turno.