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viernes, 15 de mayo de 2020

Los juristas creen que el Gobierno camina hacia una ‘dictadura’ constitucional

viernes, 15 de mayo de 2020

Los juristas creen que el Gobierno camina hacia una ‘dictadura’ constitucional

Denuncian la suspensión de derechos fundamentales con el simple estado de alarma

Xavier Gil Pecharromán

6/05/2020 eleconomista.es

Los especialistas en Derecho Constitucional y Penal, ante el debate sobre la prórroga del estado de alarma en el Congreso, consideran que la violación de derechos fundamentales lleva a un camino peligroso en un Estado de Derecho.

Los expertos ven con preocupación tics autoritarios en las aptitudes del Gobierno de Pedro Sánchez, que han llevado a la violación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Esta superación del Estado del Derecho está llevando a que se comience a hablar de miedo a una dictadura constitucional, en la que es difícil distinguir la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Tics autoritarios
Así, José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, explica que «determinados comportamientos del Ejecutivo parecen avanzar en ese peligroso camino de generar una dictadura dentro de la Constitución por la suspensión de derechos fundamentales, tales como la libertad de circulación, reunión o manifestación) sin lacorrespondiente declaración del estado de excepción; limitaciones a las libertades de prensa y de expresión…»

Y añade que «todo ello, ejemplifica unos tics autoritarios de difícil justificación. Insisto en la falsedad del enfrentamiento teórico y práctico entre libertad y seguridad-sanidad solo planteada como excusa indigna para cercenar derechos civiles».

Prestigiosos juristas temen que el Gobierno mantenga restricciones sobre los derechos al acabar la alarma

«No estamos bajo una dictadura, de momento, pero lo estaremos en breve si los ciudadanos no reaccionamos y las instituciones democráticas obvian su papel de freno y contrapeso, que diría Montesquieu, de un Ejecutivo que se ha autofabricado un estado de excepción sin control del Parlamento», asegura.

Excesivas prórrogas
Eugenio Gay, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, revela que «el artículo 116 de la Constitución, que autoriza el estado de alarma, solo es aplicable en casos excepcionales y precisa del control parlamentario. Es un plazo máximo que no sobrepasa los 15 días y si el Parlamento no lo ratificara, pues no podría pasar de esos 15 días. Si estamos prorrogando y prorrogando cada 15 días, pasa de ser una cuestión excepcional a una situación peligrosa. A mi me da miedo que se pueda llegar a esta situación».

«La reacción de los Estados ha sido lenta y tardía, a pesar de que los epidemiólogos ya dejaron claro su peligro entre el 6 y el 8 de enero, pero no respondió la sociedad internacional, como ocurrió con nuestro país. A pesar de este retraso en la toma de decisiones, los derechos fundamentales deben ser siempre preservados, incluso en casos de pandemia».

Y concluye señalando que «estamos llegando a situaciones que son verdaderamente lamentables como no poder estar en el último momento con nuestros seres queridos. Son situaciones que precisarían de una explicación mucho más amplia, pero creo que es momento de plantarse, si esto debe de seguir mucho tiempo más, en la forma en que se está llevando…»

Suspender la Constitución
Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, estima que «está claro que sí, que estamos entrando en una dictadura. Ahora bien, conviene distinguir dos tipos de dictadura: la «dictadura soberana» y la «dictadura comisaria». Creo que en este momento tenemos, al menos transitoriamente, una «dictadura comisaria», pero no, o aún no, una «dictadura soberana».

A este efecto, cabe aclarar que el profesor se refiere a una dictadura, comisaria, que descansa en un órgano constituido —la Constitución —, pero la suspende para preservarla. La constitución se suspende sin dejar de ser válida. Por el contrario, la dictadura soberana, suprime la Constitución mediante su actuación al defender que es el origen del mal que quiere erradicar.

Peso excesivo del Ejecutivo
José Manuel otero Lastres, catedrático y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia Y Legislación, aunque descarta que estemos bajo una dictadura, si que considera que hay «un peso excesivo del poder ejecutivo, porque el poder legislativo está funcionando bajo mínimos y al poder judicial tardan en llegarle los asuntos y hasta hace bien poco había dificultades para presentar los escritos de recurso».

Sin embargo, manifiesta que había que «haber analizado jurídicamente lo que se pretendía conseguir y el cauce jurídico más adecuado para alcanzarlo. Todo parece indicar que convenía restringir, al menos parcialmente, la libertad de circulación del artículo 19 de la Constitución, pero si era necesario suspender ese derecho el artículo 55.1 de la Constitución exigía la declaración del estado de excepción o de sitio y no solo el estado de alarma, que es lo que se ha hecho».

Los juristas abogan por un mayor control parlamentario de las medidas contra el Covid-19 del Gobierno

Por otro lado explica que «lo que en modo alguno autoriza la neutralización del Covid-19 es recortar la libertad de expresión. No existe en nuestro derecho límites a la libertad de expresión consistentes en evitar el estrés social que producen los bulos que circulan por la red, ni tampoco en minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno», como declaró el general Jefe del Estado mayor de la Guardia Civil».

Una dictadura constitucional, más allá de las contradicciones conceptuales que entraña dicha expresión, implicaría que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, estarían controlados bajo una única unidad de mando, circunstancia que en nuestro país no se da.

Crisis democrática
Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), «afirmar que estamos bajo una dictadura, con estas palabras sería una exageración, pero estamos en una grave crisis democrática provocada por un ataque contra derechos fundamentales.

El profesor explica que «no conocemos cual será la magnitud de las demandas que se van a presentar en los juzgados, pero el Gobierno ha actuado con tal grado de irresponsabilidad e incompetencia en un asunto de tanta gravedad que es fácil predecir que van a haber querellas contra miembros del Gobierno por delitos de homicidio imprudente y violación de derechos fundamentales con ocasión del Estado de alarma».

Además, explica que «el estado de alarma sólo puede tener carácter temporal y por lo tanto sus efectos deben estar limitados en el tiempo. Cualquier medida de control de la población que se considere necesario mantener durante un tiempo más largo y que no esté prevista en la Ley debería adoptarse mediante Ley Orgánica, bajo la supervisión del Tribunal Constitucional, que efectúa el control de constitucionalidad de las leyes».

Respeto a la libertad
Antonio Durán Sindreu, profesor de la de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Socio Director de DS, explica que «personalmente pienso que sí, que estamos entrando en un tipo de dictadura. Creo que el estado de alarma mal se compagina con los derechos fundamentales y con el más elemental respeto a la libertad responsable del individuo. Lejos de crear el marco necesario que promueva la autorregulación ordenada del mercado,se está interviniendo a niveles difícilmente conciliables con la libertad de empresa y la libertad en general»

Para Durán Sindreu, el respeto al Estado de Derecho es una ‘condictio sine qua non’ del estado de alarma. Si no se respeta, nada garantiza una mejor gestión -más bien lo contrario- y, además, llevaría a un aumento de la corrupción y los abusos de poder de todo tipo, que se añadirían a los daños ocasionados por el coronavirus. Y, además, la información no dejaría de ser fiable en absoluto.

Comportamientos preocupantes
Para Fernando P. Méndez, miembro del Consejo Editorial de elEconomista, «Estado de Derecho y régimen de facto -eso es una dictadura- se excluyen mutuamente. Hay, eso si, actitudes y comportamientos preocupantes, pero nada de una dictadura de ningún tipo».

«No obstante, en mi opinión, hay un margen de graves daños de todo tipo que los afectados atribuirán a una mejorable calidad jurídica y técnica -dejando aparte la política- en la gestión de la crisis, por lo que probablemente, acabará habiendo reclamaciones de todo tipo, matiza Méndez..

Confianza en el Estado de Derecho
María Eugenia Gay, decana del Colegio de Abogados de Barcelona, se muestra más confiada en el buen funcionamiento del Estado ante posibles abusos. Así, razona que «en España, existe todo un sistema de pesos y contrapesos basado en el principio de legalidad que garantiza la descentralización de las decisiones y la distribución de poderes, permitiendo fiscalizar la gestión de las distintas autoridades gubernativas, que recordemos está sometida además a un mandato limitado en el tiempo».

«No olvidemos que somos un sociedad que se ha construido sobre los postulados de la democracia y como tal, estamos obligados a articular los equilibrios necesarios para que la adopción de toda medida excepcional, se haga salvaguardando los históricos logros que representan los derechos individuales y evitando que se produzca exceso alguno contra los mismos». Y cita las palabras Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional, «que defendió acertadamente que la censura, la discriminación, la detención arbitraria y las violaciones de derechos humanos no tienen cabida en la lucha contra la pandemia del coronavirus».

Y añade que «el hecho de que nuestros constitucionalistas hicieran previsión de los estados de alarma, excepción y sitio en el artículo 116 de la Constitución Española, y se hayan regulado de forma específica en una Ley Orgánica, concretamente la LO 4/1981 de 1 de junio, es una muestra más de que el Estado dispone de los mecanismos para atender, dentro de la más estricta legalidad, circunstancias extraordinarias que hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes, tal y como se recoge en el artículo primero de la citada norma».

Y concluye, que «la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el cual se declara el estado de alarma, exceptúa a la suspensión general de la actividad judicial, el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de las personas previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, quedando por tanto amparadas las libertades previstas en nuestra Constitución por el Poder Judicial».

Si duda el llamado «desescalamiento» no supone un salto del control al «descontrol». En función del tipo de medida que se pretenda adoptar, lo razonable sería mantener el estado de alarma, pero liberando determinadas limitaciones actuales, sobre todo las relativas a la movilidad, en cuyo caso deberían pasar a ser condicionadas, pero no limitadas, concluye la decana.

Medidas proporcionadas
Esaú Alarcón, profesor de Derecho de la Universidad Abat Oliba, comenta que «existe normativa sobre sanidad y seguridad a partir de la cual se podrían establecer medidas proporcionadas para eludir actividades que puedan generar un rebrote de la pandemia».

«Ahora bien, lo razonable sería que estas medidas las adoptaran las Cámaras legislativas y que el Gobierno no puede ir más allá del estado de alarma en medidas que menoscaban los derechos individuales, matiza.

Como dato anecdótico, el exjuez Baltasar Garzón, defensor público del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, en declaraciones a La Sexta TV, decía el pasado fin de semana que «el estado de alarma no se puede imponer de forma imperativa. Hay que convencer y dialogar. Es muy grave afirmar que no existen medidas alternativas».

La Audiencia de Tarragona anula por abusivo el IRPH en un contrato hipotecario y también los índices que lo sustituían

viernes, 15 de mayo de 2020

Jueves, 14 de mayo de 2020

La Audiencia de Tarragona anula por abusivo el IRPH en un contrato hipotecario y también los índices que lo sustituían

El tribunal aplica el criterio establecido por la sentencia del TSJUE de 3 de marzo

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona ha aplicado el criterio establecido por la sentencia del TSJUE de 3 de marzo en relación con la abusividad de la aplicación del índice IRPH en contratos hipotecarios. El tribunal ha estimado el recurso interpuesto por dos contratantes de una hipoteca en 2004 contra la aplicación por abusivo del índice IRPH, así como de los dos índices que lo sustituían por cuanto también son abusivos al alterar sustancialmente las condiciones del compromiso originalmente alcanzado.

Por tanto, el tribunal anula la condición del contrato que recogía la aplicación del índice IRPH y de otros dos que lo sustituían, y fija como índice de aplicación el tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. Asimismo, condena a la entidad financiera a la devolución de todo lo cobrado en aplicación del índice anulado por abusividad desde la constitución del contrato con los intereses legales correspondientes.

La salida de la crisis pasa por la empresa privada

viernes, 15 de mayo de 2020

La salida de la crisis pasa por la empresa privada

Artículo de opinión publicado por Gregorio Izquierdo, Director General del Instituto de Estudios Económicos, en Invertia el 9 de mayo

ieemadrid.es

Esta crisis está siendo brutal, no sólo en pérdidas de vidas humanas, sino también en términos de destrucción de actividad y empleo. Es fácil en este contexto entrar en situación de conmoción y parálisis, pero no nos lo podemos permitir. El mayor riesgo ahora es el de la destrucción de tejido productivo y la desaparición de empresas, tal y como se planteaba en el informe de Estrategia de Salida que ha presentado CEOE esta semana.

Cuanto mayor sea el deterioro de la actividad, y este año la contracción del producto puede ser de dos puntos, nuestras empresas tendrán mayores pérdidas y no pocas de ellas desaparecerán. La causa es que los ingresos caen en mayor proporción que los gastos con el consiguiente deterioro y contagio de las cadenas de liquidez. Desde la perspectiva de mantener lo más que se pueda nuestro tejido productivo, lo lógico sería se podía plantear mayores apoyos a nuestras empresas en términos de liquidez y ayudas.

Es verdad, que nosotros tenemos el condicionante de nuestro excesivo déficit estructural. Pero su solución pasa por mejorar la eficiencia y la austeridad en el uso de los recursos públicos, diseñando las medidas para poder reducir el gasto público estructural este año, para poder así bajar los impuestos a las empresas, o en el peor de los casos, no tener que subirlos, y no escatimar medidas públicas de apoyo a los niveles que han hecho otros países.

Para acelerar nuestra recuperación económica es obligado acometer un plan de choque de políticas de oferta centrado en reducciones de impuestos y mayor flexibilidad económica. Los aplazamientos de impuestos aprobados y los esquemas de avales son positivos, pero claramente insuficientes. En cualquier caso, estos avales con cobertura limitada, son solo ayudas a liquidez, y no una ayuda para cubrir pérdidas posibles, como podría ser, si su cobertura fuera total. Se puede dar la paradoja, de que parte de la financiación obtenida en los esquemas de avales se tenga que destinar a pagar impuestos.

Una fórmula especialmente eficiente y justa para inyectar recursos de forma directa al tejido empresarial, y que por ello, que no estaría de más valorar de alguna forma, sería la de carry back, esto es permitir a las empresas la compensación de pérdidas hacía atrás con el año anterior para compensar las pérdidas de 2020 con los beneficios de 2019, tal y como se permite, entre otros países, en Alemania, Francia, Reino Unido o Irlanda. En la anterior crisis ya se aprobaron incentivos fiscales que podríamos recuperar ahora, como la libertad de amortización para las nuevas inversiones. Como resultado, con este tipo de propuestas, el impuesto a pagar este año reforzaría los recursos propios de las empresas que han sufrido pérdidas cuando más se necesitan.

Después de esta crisis, las empresas necesitarán adaptarse a los nuevos retos futuro, como son los de la digitalización y la transición energética. Para ello, necesitamos que se apueste por la libertad de empresa y por la flexibilidad económica. A las empresas, se las ha impuesto prohibiciones, obligaciones y cargas, que en el extremo comprometen su propio futuro, cuando lo que necesitamos es lo contrario: más libertad de empresa. Por ejemplo, el Gobierno en su planteamiento de intervención máxima, pretende condicionar el acceso a sus limitadas ayudas, a que las empresas no repartan dividendos. Es verdad, que en este contexto puede ser prudente el reforzar la autofinanciación, pero no puede obligar a ello, ya que la casuística es múltiple, con no pocas empresas, que verán muy difícil cubrir nuevas ampliaciones de capital para recomponer su solvencia o financiar sus inversiones, ante la prohibición de reconocer dividendos a sus socios.

Una política como la de las suspensiones temporales de las relaciones de trabajo (Ertes) podía ser una medida razonable para una crisis corta y transitoria, pero resulta totalmente insuficiente para una crisis de este calado. Ante el desplome de la actividad e ingresos, resulta obligado el ajuste de capacidad de las empresas. La paradoja es que se ha prohibido a las empresas la posibilidad de realizar despidos por causas objetivas y se obliga a las empresas que han acudido a la figura limitada de los Ertes a mantener sus niveles de empleo previos. Lo que se requiere ahora es mayor flexibilidad laboral, para modificar las condiciones de trabajo, adaptar jornadas, etc. y si no queda, más remedio, poder acudir a la posibilidad, ahora prohibida, de los despidos por causas objetivas, para poder ajustar su capacidad productiva al escenario de menores ingresos. En ausencia de esta flexibilidad, tanto interna como externa, un número no desdeñable de empresas, que se podían haber salvado, tendrán que cerrar de manera irreversible.

A largo plazo no tengamos ninguna duda que cuanto más se defienda y apoye a la empresa privada, la situación será más llevadera para todos y más confianza y credibilidad despertaremos en terceros. Algunos piensan que la solución puede venir de Europa, pero la solidaridad europea de la que algunos hablan, de venir probablemente no será gratis, sino sólo tras un fuerte deterioro, y condicionada, a acometer las reformas estructurales, para el crecimiento y la sostenibilidad de nuestras finanzas, que no hemos sido capaces de hacer por nosotros mismos. Por qué en Europa, no pocos, y no sin cierta razón, piensan que el que no se quiere ayudar a sí mismo difícilmente puede exigir que le ayuden otros.

Sanidad amplía la recogida de datos epidemiológicos de las comunidades autónomas para hacer frente a la desescalada

viernes, 15 de mayo de 2020

Coronavirus COVID-19

Sanidad amplía la recogida de datos epidemiológicos de las comunidades autónomas para hacer frente a la desescalada

Martes 12 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

Los sistemas de recogida de datos incorporan nuevas variables sobre casos confirmados y sospechosos, así como el número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica dedicados a la respuesta al COVID-19.

El Ministerio de Sanidad ha impulsado una orden ministerial que regula las obligaciones y procedimientos de obtención y comunicación de información para la vigilancia epidemiológica relacionada con el COVID-19 durante el Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad o desescalada.

La vigilancia en la fase de transición exige sistemas de información epidemiológica que proporcionen diariamente datos completos y precisos para la toma de decisiones.

El texto, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como objetivo asegurar que esta información sea «relevante, oportuna, operativa y homogénea» a nivel de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas.

La orden obliga a todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, tanto del sector público como del privado, así como a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos, a facilitar todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 que le sean requeridos por la autoridad sanitaria competente. Los tendrán que aportar en el formato adecuado y en el tiempo oportuno, incluidos los datos necesarios para identificar de forma inequívoca a los ciudadanos.

También se establece que las comunidades y ciudades autónomas garantizarán que se realice una prueba PCR u otra técnica de diagnóstico molecular adecuada a cada caso sospechoso de COVID-19 en las primeras 24 horas desde el conocimiento de los síntomas. Los procedimientos que regulan la definición de cuadro sospechoso se aprobarán en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por otra parte, desde hoy, las unidades de salud pública de las comunidades autónomas deberán obtener a diario los datos de casos sospechosos y confirmados, del sistema público y del privado, así como de los servicios de prevención de riesgos laborales.

Recogida individualizada

Se mantendrán los dos sistemas de recogida de datos existentes. Por una parte, la información individualizada de casos se seguirá enviando al Ministerio de Sanidad a través de la herramienta de vigilancia SiViEs, que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Entre toda la información, se especificará el lugar de trabajo del personal sanitario contagiado, en qué ámbito se pudo producir el contagio y el aislamiento de casos y la identificación de contactos, entre otros. Antes de las 12.00 horas de cada día se incorporará toda la información acumulada y actualizada hasta las 24.00 horas del día anterior.

Información agregada

Por otra parte, las unidades de salud pública de las comunidades y ciudades autónomas seguirán remitiendo al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) la información epidemiológica agregada. A partir de ahora, se recogerá información más detallada.

Así, las comunidades y ciudades autónomas informarán a diario de los casos sospechosos atendidos, diferenciando los de atención primaria de los de hospitalizada. También se empezarán a recoger, semanalmente, los casos con infección resuelta acumulados.

Además, se recogerá el número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica dedicados a la respuesta de COVID-19 en relación al número de casos diarios detectados y a la población de referencia. Se deberá indicar el personal inicial y el nuevo personal de refuerzo incorporado.

Por otra parte, se recogerá el porcentaje de casos sospechosos de Covid-19 a los que se les ha realizado una PCR o similar. Las CCAA también deberán enviar el porcentaje de contactos estrechos que desarrollan síntomas durante el seguimiento y número de estos contactos que se confirman como casos.

Respecto a los profesionales sanitarios, se recogerá semanalmente el número de infectados, de infecciones resueltas, las bajas y las altas.

Laboratorios autorizados

Por su parte, los laboratorios autorizados para la realización de pruebas diagnósticas también deberán remitir diariamente información detallada al Ministerio de Sanidad con el identificador del paciente, si la prueba la indicó Atención Primaria o Especializada, el tipo de la prueba que se le ha realizado, la fecha de la realización y el resultado.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sus comisiones, subcomisiones, ponencias y grupos de trabajo, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en esta orden y por el correcto funcionamiento de los sistemas de información, de modo que la vigilancia epidemiológica que llevan a cabo las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla se realice de forma homogénea y las notificaciones al Ministerio de Sanidad se produzcan en el tiempo y la forma establecidos.