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Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra. Escultura en la fachada

domingo, 17 de mayo de 2020

¿Qué pasa cuando fallece el titular de una cuenta? Resolvemos tus dudas

domingo, 17 de mayo de 2020

¿Qué pasa cuando fallece el titular de una cuenta? Resolvemos tus dudas

05/05/2020 bde.es Portal del cliente bancario

Cuando fallece uno de nuestros seres queridos, nos toca la inopinada tarea de poner en orden sus últimas voluntades. Y también sus finanzas, incluido, en su caso, el destino del dinero que tuviera depositado en cuentas bancarias.

Si somos sus herederos, debemos obtener información sobre dichas cuentas (movimientos, recibos cargados, etc.) y realizar la adjudicación de su saldo. Lo normal es que en estos azarosos momentos nos surjan todo tipo de dudas. Intentaremos resolver las más frecuentes:

¿Cómo sé cuántas cuentas tenía el fallecido?
Lo más fiable es acudir a la Administración Tributaria, que dispone de los rendimientos financieros que se le hubieran imputado, comunicados por la entidad o entidades donde tuviera cuentas. El Banco de España no tiene capacidad para establecer un registro de las cuentas bancarias que mantienen los clientes de las entidades de crédito.

¿Cómo se acredita la condición de heredero?
Lo habitual es presentar certificados de defunción y del Registro de Actos de Última Voluntad y, además, una copia autorizada del último testamento o, si no lo hubiera, de la declaración de herederos. Para la disposición de los fondos, además, tendrá que aportarse la documentación justificativa de la aceptación, partición y adjudicación de la herencia.

¿Cuánto tiempo suele tardar el banco en gestionar la testamentaría?
Aunque no existe plazo predeterminado, las entidades deben actuar en estos casos con la máxima diligencia, sin incurrir en retrasos injustificados.

¿Qué información de la cuenta puedo obtener?
Los herederos tienen derecho a conocer las posiciones a la fecha del fallecimiento, así como los movimientos que se realizaron con posterioridad. Respecto a los que tuvieron lugar antes de la muerte del titular, resulta acorde a las buenas prácticas bancarias que se te facilitaran los realizados un año antes, salvo que constara oposición expresa del cotitular o cotitulares.

¿Me pueden cobrar por el certificado de posiciones del fallecido?
No, puesto que es un documento que resulta necesario para el cumplimiento de una obligación legal para los herederos, como es la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

¿Qué ocurre con los autorizados en cuenta?
Su poder de disposición se extingue tras el fallecimiento del titular, por lo que, desde entonces, no podrán seguir haciendo uso de este.

¿Puede el banco bloquear la cuenta?
Sí, en determinados casos, en caso de que el contrato así lo previera o porque estallara un conflicto entre los titulares sobrevivientes y los herederos del titular fallecido, si bien deberá informar previamente a los interesados acerca de esta decisión.
Después del fallecimiento, ¿pueden seguir cargándose recibos en la cuenta?
Sí, siempre y cuando no exista orden expresa de lo contrario dada por todos los herederos y se trate de operaciones ordenadas en vida del titular que impliquen el mantenimiento de la herencia. Es el caso de los recibos de compañías de suministro eléctrico, telefonía, impuestos, seguros y gastos de sepelio, cuya devolución podría suponer recargos e inconvenientes a todas luces innecesarios.

¿Se puede disponer del saldo tras el fallecimiento del titular? Dependerá del tipo de cuenta…
Si el fallecido era el único titular, se requiere autorización de todos sus herederos.
Si la cuenta es conjunta, desde el fallecimiento de un titular, los demás titulares no podrán disponer del dinero que hay en ella, salvo que tengan el consentimiento expreso de todos los herederos del titular fallecido.
Si la cuenta es indistinta, el titular sobreviviente podrá seguir disponiendo del dinero después del fallecimiento de uno de los titulares.
En todo caso, previamente a la disposición, las entidades pueden exigir a los herederos la justificación del pago del Impuesto sobre Sucesiones, o su exención, para salvar de este modo su responsabilidad subsidiaria. En este caso, la entidad no puede bloquear el saldo total de la cuenta, pero sí retener la suma correspondiente para el pago del impuesto.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Justicia

domingo, 17 de mayo de 2020

Estado de alarma / Covid-19

mjusticia.gob.es

El Congreso convalida el Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Justicia

• El ministro Campo defiende en su intervención ante el pleno que la norma “no es un decreto del Gobierno sino de todo el sector Justicia”

13 de mayo de 2020.- El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril. La norma se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Durante su intervención ante el pleno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido a la Cámara un ejercicio de “responsabilidad colectiva” en la convalidación de la norma que “no es un decreto del Gobierno sino de todo el sector Justicia”.

El Real Decreto-ley aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la progresiva vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales priorizando la salud de los operadores jurídicos.

La disposición incluye medidas en cinco ámbitos que estarán vigentes durante el estado de alarma y los tres meses posteriores al levantamiento del confinamiento. En relación con la salud laboral, se establecen una serie de limitaciones que deberán contemplarse en los órganos judiciales para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal, que podrá acogerse a jornadas de mañana o tarde.

Entre las actuaciones encaminadas al impulso de la recuperación de la actividad judicial se prevé la creación de juzgados Covid-19 para atender temporalmente los asuntos derivados de la crisis. Además, se habilita excepcionalmente parte del mes de agosto para agilizar la tramitación pendiente y se establecerán refuerzos con jueces de adscripción territorial y letrados de la Administración de Justicia en prácticas. Se prevé también la movilidad de funcionarios entre órganos judiciales de la misma jurisdicción y localidad.

En el bloque tecnológico, el Real Decreto Ley prevé impulsar el teletrabajo, la mejora en el uso de los sistemas de firma digital así como la potenciación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las vistas y demás actos procesales.

En cuarto lugar, se establecen una serie de medidas procesales para atender el incremento de asuntos en determinados ámbitos y restablecer los plazos que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma. Por último, el decreto contiene un quinto paquete de medidas para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil.

Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas acuerdan mantener la fase 1 de la desescalada en la administración de Justicia

domingo, 17 de mayo de 2020

Estado de alarma / Covid-19

mjusticia.gob.es

Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas acuerdan mantener la fase 1 de la desescalada en la administración de Justicia

• La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 decide consensuadamente deciden continuar en el primer estadio de la reincorporación para seguir evaluando las medidas de seguridad necesarias en cada sede

14 de mayo de 2020.- La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha acordado en su reunión de esta mañana mantener la fase 1 de la desescalada en la Administración de Justicia. La decisión, que supone continuar con la prestación del servicio con entre un 30% y un 40% de la plantilla, se ha adoptado ante la necesidad de seguir analizando en cada sede judicial y resto de servicios las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios.

Tanto el ministerio, como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas –las administraciones que, junto con el Consejo General de la Abogacía Española, conforman la Comisión de Coordinación- han transmitido durante el encuentro que los primeros cuatro días de reincorporación programada de los funcionarios judiciales han transcurrido con normalidad y sin incidentes reseñables.

Sin embargo, la mayoría de las administraciones que tienen atribuida la gestión tanto de los medios como del personal en los juzgados, tribunales, fiscalías y el resto de servicios (el Ministerio de Justicia y las comunidades con competencias transferidas) han expuesto la necesidad de continuar en la fase actual, iniciada el pasado martes, ante la necesidad de evaluar de manera sosegada las medidas de seguridad colectivas y personales precisas para evitar los contagios en cada sede.

La Orden del Ministerio de Justicia por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19, publicada el pasado 9 de mayo, prevé que la fase 1, denominada “Inicio de la reincorporación programada”, se prolongue durante al menos una semana, siempre en función de los cambios de escenario en la lucha contra el coronavirus que establezca el Gobierno y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

La disposición recoge otras tres fases hasta la vuelta a la nueva normalidad. La fase 2, denominada “Preparación para la reactivación de los pasos procesales”, prevé la reincorporación de entre el 60% y el 70% de los funcionarios. La fase 3, “Actividad ordinaria con plazos procesales activados”, establece la vuelta al trabajo del 100% de la plantilla para el momento en que se levante la suspensión de actuaciones. Por último, la fase 4, “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”, comenzará en el momento en que se supriman las recomendaciones sanitarias permitiendo el retorno al funcionamiento ordinario de cada órgano.

La norma, también consensuada en la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19, busca conjugar el retorno escalonado al trabajo en los órganos judiciales, fiscalías, institutos de medicina legal e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el máximo rigor en las medidas de seguridad laboral para garantizar la salud de todos los operadores jurídicos y los usuarios del servicio público de la justicia.

Durante la reunión, a la que ha asistido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los participantes se han comprometido a compartir en próximos encuentros sus propuestas para la creación de juzgados especializados en asuntos derivados de la crisis del Covid-19 que prevé el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, convalidado por el Congreso de los Diputados ayer.

La Cámara de España pide liquidez, rebajas fiscales y flexibilidad laboral para la recuperación del sector turístico

domingo, 17 de mayo de 2020

La Cámara de España pide liquidez, rebajas fiscales y flexibilidad laboral para la recuperación del sector turístico

Ante la crisis del COVID-19

13 de Mayo 2020 camara.es

A medio plazo, la Comisión de Turismo de la Cámara de España pide rebajar al 7% el tipo de IVA aplicable al sector y aplicar incentivos fiscales tanto a los clientes turísticos como al conjunto de la cadena de valor
Propone la puesta en marcha de un Plan específico para el sector que refuerce la seguridad sanitaria y una campaña de reposicionamiento de España en el exterior

Madrid, 08/05/2020.- El turismo es un sector estratégico para la economía española que se ha visto especialmente afectado por las medidas de confinamiento aplicadas para luchar contra la pandemia del COVID-19. Por ello, la Cámara de Comercio de España, con el impulso de la Comisión de Turismo y consultadas las empresas y las Cámaras de Comercio territoriales, ha elevado al Gobierno una serie de medidas específicas y urgentes para la actividad turística con el fin de garantizar la supervivencia de este sector que supone el 11,8% del PIB, genera el 13,5% del empleo y tiene una capacidad tractora esencial para la recuperación del conjunto de la actividad económica del país.

Para la Cámara de Comercio de España, favorecer la salvaguardia de la liquidez de las empresas del sector debe ser una acción prioritaria en estos momentos. Para ello propone adoptar a corto plazo las siguientes medidas:
Aliviar las cargas fiscales mediante la suspensión y/o aplazamiento y sin intereses del pago de impuestos nacionales, autonómicos y locales vinculados al sector para todas las empresas independientemente del volumen de negocio.
Aplazamiento del pago de las cuotas de la seguridad social, sin coste financiero para todas las empresas.
Eliminación de costes derivados del pago de impuestos por la realización de actividades que ayuden a la lucha contra la pandemia: pago de IVA asociado a donaciones, gastos de remodelación de instalaciones turísticas para su conversión en hospitales o las inversiones que están realizando las empresas para que sus instalaciones sean seguras para los turistas. Estos importes deberían ser deducibles en el Impuesto de Sociedades.
Ampliación del plazo de aplicación de los actuales ERTE por fuerza mayor, una vez terminado el estado de alarma para permitir una reincorporación escalonada; facilitar la adecuación de los ERTE a la reducción o incremento de la actividad, reduciendo la burocracia asociada a la aprobación de esos expedientes. En relación con las bonificaciones de las cotizaciones sociales, adecuar la exigencia de mantenimiento del empleo actualmente fijada, a la generación efectiva de una demanda que contribuya a sostener dichos costes.
Dotar líneas de financiación ágiles y favorables a tipos de interés cero y periodos de carencia suficientes que sean específicas para el sector y que permitan aliviar la situación de tesorería de empresas solventes. Ampliar las garantías y avales del sector público a las empresas y proyectos del sector turístico.
Favorecer las renegociaciones de las financiaciones hipotecarias y de los alquileres de los activos empresariales afectos la actividad turística.
Poner a disposición de las aerolíneas líneas de crédito con la garantía del Estado, para obtener la financiación necesaria que permita mantener su viabilidad hasta que se recuperen la demanda y los ingresos.

Propuestas a medio plazo
Una vez reiniciada la actividad turística y para estimular la llegada de turistas a España, la Cámara de España propone:
Reducción del tipo de IVA aplicable a los servicios prestados por el sector turístico, situándolo en el 7%.
Incentivos fiscales que fomenten el destino de España para los viajes privados de negocios y convenciones, a través de incentivos a turistas, empresas de la cadena de valor o turoperadores.
Plan específico para el sector turístico (en línea con lo aprobado por la UE) para establecer la seguridad sanitaria hacia trabajadores y consumidores, basado en una colaboración público-privada efectiva. El Plan debería contemplar la elaboración de protocolos de actuación bien definidos y que permitan a las empresas planificar su actividad de acuerdo con esas especificaciones.
Impulsar la promoción y el reposicionamiento de España a partir de una completa campaña promocional que cubra todos los mercados emisores y que logre reforzar la imagen de España como destino turístico seguro y con un sistema de salud eficaz. Para el diseño de esta campaña, la Cámara de España propone crear, en el seno del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un Observatorio regulatorio y de mercados emisores que cuente con agentes del sector privado. Asimismo, debería incluir planes específicos relativos a acontecimientos de especial relevancia o sectores concretos.
Creación de una Comisión de conectividad aérea cuyo objetivo sea el análisis de la conectividad aérea con mercados emisores clave durante los meses siguientes a la reactivación de la actividad y la definición de un plan de colaboración público-privada para recuperar las rutas aéreas perdidas.
Constitución de un Grupo de Trabajo de expertos en el Consejo Español de Turismo (CONESTUR), integrado por representantes de los ministerios competentes y los principales actores del sector.
La Cámara de Comercio de España, órgano consultivo y de colaboración con la Administración General de Estado por Ley, está elaborando diferentes documentos de propuestas económicas para para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19.

El Pleno de la Cámara de Comercio aprobó la semana pasada unas Propuestas para la Recuperación y la Reconstrucción Económica y Social de España de carácter transversal. En paralelo, las diferentes comisiones de la Cámara de España están trabajando en documentos de propuestas sectoriales de los que el primero en remitirse al Gobierno ha sido este relativo al sector turístico.