AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 26 de mayo de 2020

Puente de Brooklyn . New York

martes, 26 de mayo de 2020

El CGPJ acuerda que los servicios declarados esenciales durante el estado de alarma sigan tramitándose de modo preferente una vez se reanude la actividad judicial

martes, 26 de mayo de 2020

Sábado, 23 de mayo de 2020

El CGPJ acuerda que los servicios declarados esenciales durante el estado de alarma sigan tramitándose de modo preferente una vez se reanude la actividad judicial

La Comisión Permanente dispone que, a partir del próximo 4 de junio, tengan una consideración análoga a la de las actuaciones declaradas preferentes y urgentes por las leyes procesales. El objetivo es que su tramitación no se vea pospuesta en el tiempo ante el elevado número de asuntos que habrán de reanudarse tras el levantamiento de la suspensión de las actuaciones judiciales

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy que una vez que el próximo 4 de junio se produzca el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales y hasta el restablecimiento de la plena normalidad de funcionamiento de la Administración de Justicia, los servicios considerados esenciales durante la vigencia del estado de alarma se sitúen “en un plano análogo” al de las actuaciones declaradas preferentes y urgentes por las leyes procesales.

“El alzamiento de la suspensión de los plazos procesales habrá de operar sobre una situación en la que los órganos judiciales no dispondrán de la totalidad de sus medios personales, por razón de las necesidades derivadas de las medidas sanitarias y de seguridad que deben mantenerse durante la prórroga del estado de alarma, e incluso después de su finalización –sin que se descarten ulteriores prórrogas-, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, permanecen, aun después del alzamiento de la suspensión de los plazos procesales, aunque de forma más limitada y en menor medida, las razones que llevaron a exceptuar de la regla de suspensión a las actuaciones consideradas esenciales”, señala el órgano de gobierno de los jueces.

La Comisión Permanente añade que, de no situarse en un plano análogo en cuanto a su tramitación unas y otras actuaciones, “se produciría el indeseable efecto de que, por virtud del elevado número de asuntos que habrán de reanudarse y/o tramitarse tras el alzamiento de la suspensión, estos asuntos esenciales se verían indefectiblemente pospuestos en el tiempo, más allá del que ordinariamente llevaría su despacho, tramitación y resolución”.

Por ello se dispone que a los efectos de la aplicación de los planes de reanudación de la actividad judicial que lleven a cabo las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia según los criterios generales aprobados por la Comisión Permanente el pasado 11 de mayo “se tendrán en cuenta, junto con las actuaciones declaradas preferentes y urgentes por las leyes procesales, las actuaciones consideradas esenciales” en los distintos acuerdos dictados al efecto por este órgano del CGPJ entre los pasados días 13 de marzo y 11 de mayo y en el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma.

Alzamiento de la suspensión de plazos y actuaciones procesales a partir del 4 de junio

A la vista del contenido del Real Decreto 537/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 y se dispone el levantamiento el próximo 4 de junio de la suspensión de plazos procesales, la Comisión Permanente también ha acordado hoy lo siguiente:

  • A partir del 4 de junio se alzará la suspensión de plazos y actuaciones procesales establecida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020. El cómputo de los plazos se reiniciará desde esa fecha en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. Asimismo, se estará a lo dispuesto en dicho artículo en lo que concierne a la ampliación de los plazos para recurrir.
  • Hasta esa fecha se mantiene la suspensión de plazos y actuaciones procesales y la vigencia y eficacia de los acuerdos y las medidas adoptadas por la Comisión Permanente en las sesiones de fecha 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30 y 31 de marzo de 2020; 2, 8, 13, 16, 20 y 29 de abril de 2020; y 7 y 11 de mayo de 2020. Durante este periodo, por tanto, se mantiene la suspensión de todas las actuaciones judiciales, salvo en los supuestos de servicios esenciales, suspensión que no comporta la inhabilidad de los días para el dictado de las resoluciones ni afecta al normal funcionamiento de la Administración de Justicia en la forma y en el modo que se determine por los órganos de gobierno del Poder Judicial.
  • Las actuaciones procesales ya señaladas a partir del 4 de junio se practicarán siempre y cuando sea posible, atendidas las exigencias de índole sanitaria y las organizativas y/o procesales derivadas del acuerdo aprobado hoy.

Comunicado acerca de los criterios de notificación de operaciones con acciones propias cuando el emisor tiene formalizados equity swaps o instrumentos financieros similares

martes, 26 de mayo de 2020

Comunicado acerca de los criterios de notificación de operaciones con acciones propias cuando el emisor tiene formalizados equity swaps o instrumentos financieros similares
22 de mayo de 2020
cnmv.es


La obligación de las sociedades cotizadas de notificar la operativa con sus propias acciones (autocartera) está regulada en el artículo 126 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y se desarrolla en los artículos 40 y 41 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre.

El artículo 40 del citado Real Decreto 1362/2007 establece que la sociedad cotizada “comunicará a la CNMV la proporción de derechos de voto que quede en su poder, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente, cuando adquiera acciones propias que atribuyan derechos de voto, en un solo acto o por actos sucesivos, bien por sí mismo, a través de una entidad controlada o por persona interpuesta, y dicha adquisición alcance o supere el 1 % de los derechos de voto…”.

El propio Real Decreto, en su artículo 24.2.b), contiene una definición de “persona interpuesta” que es de aplicación a efectos del régimen de notificaciones de autocartera: “aquella que en nombre propio, adquiera, transmita o posea acciones por cuenta de otra persona física o jurídica”. Asimismo, se establece se presumirá tal condición, salvo prueba en contrario, cuando se deje total o parcialmente a cubierto de los riesgos inherentes a las adquisiciones, transmisiones o a la posesión de las acciones.

También a efectos de notificaciones de autocartera, el artículo 40.3 del Real Decreto señala que “no tendrán la consideración de persona interpuesta aquellas entidades que, actuando como contraparte del emisor, realicen operaciones que tengan como finalidad específica la cobertura del riesgo de mercado de un plan de opciones sobre acciones, concedido por el emisor a sus administradores o empleados y que se formalice mediante instrumentos financieros que se liquiden únicamente por diferencias”.

De las normas que acaban de citarse se deriva que la obligación de notificar las operaciones con las propias acciones afecta exclusivamente a la operativa que el emisor, directamente, indirectamente o por persona interpuesta, realice con acciones, y no se extiende, en principio, a la operativa que realice con otros instrumentos financieros, que la sociedad cotizada pueda contratar y cuyo subyacente sean acciones de la propia entidad. Todo ello sin perjuicio de que, en determinados supuestos, las operaciones que realice la contraparte del instrumento financiero sobre las acciones de la sociedad cotizada puedan ser consideradas como autocartera de la propia sociedad cotizada, por considerarse persona interpuesta del emisor (a cuyo efecto debe tenerse en cuenta la presunción antes señalada). De ser este el caso, la operativa que realice la contraparte con acciones de la sociedad cotizada deberá ser declarada por la sociedad cotizada en la correspondiente notificación de autocartera.
En última instancia, determinar si la contraparte actúa como persona interpuesta en el sentido indicado será una cuestión de juicio a resolver caso por caso, teniendo en cuenta la presunción mencionada y las necesidades de la sociedad cotizada a las que responda el producto o instrumento financiero y sus concretas características.

Sin perjuicio de ello y ante la posibilidad de que puedan surgir dudas acerca de cómo debe jugar la presunción en ciertas situaciones en las que la entidad cotizada ha contratado un instrumento financiero con una contraparte, la cual puede mantener en algún momento la titularidad de determinadas acciones de la cotizada, a efectos meramente ilustrativos se incluyen una serie de factores, indicativos y no limitativos, en relación con instrumentos financieros cuyo subyacente sean las acciones de la sociedad cotizada, que las sociedades cotizadas deben tener en cuenta a efectos de determinar que la contraparte no actúa como persona interpuesta y, por tanto, que las operaciones que realice con acciones de la cotizada no deben tener la consideración de acciones propias, a efectos de la notificación de la autocartera:

(i) Que la liquidación del instrumento financiero, a su vencimiento, sea únicamente en efectivo; o, cuando existe la opción de liquidar por entrega física, que corresponda exclusivamente a la contraparte la decisión, en su caso, de liquidar mediante entrega física.
En aquellos casos en que la opción de liquidación por entrega física corresponda a la sociedad cotizada, se debería llevar a cabo un análisis adicional del resto de factores antes de concluir que el intermediario actúa como persona interpuesta.

(ii) Que el intermediario que actúe como contraparte no esté obligado a mantener, ni total ni parcialmente, las acciones subyacentes del instrumento financiero en cartera en ningún momento a lo largo de la vida del instrumento. Ello implica que la contraparte tenga plena capacidad de gestión de las acciones que eventualmente tenga en propiedad y completa discrecionalidad con respecto a las diferentes posibilidades de cobertura, en su caso, de los riesgos asociados al instrumento financiero a lo largo de su vigencia, pudiendo libremente determinar cubrirse, en su caso, con acciones u otros instrumentos financieros.

(iii) Que con respecto a las acciones de las que eventualmente sea titular la contraparte, ésta tenga plena libertad de disposición frente a la sociedad cotizada y no esté obligada a seguir instrucciones o recomendaciones de la cotizada, pudiendo libremente adquirir, transmitir, ceder o prestar las acciones subyacentes del instrumento financiero a un tercero, así como poder transmitir todos los derechos inherentes a dichas acciones.

(iv) Que la contraparte tenga plena discrecionalidad para decidir el sentido del voto atribuido a las acciones de las que, en su caso, pueda ser titular en cada momento.

Parece por lo tanto razonable asumir que el intermediario no actúa como persona interpuesta en el supuesto de que el instrumento financiero se liquide solamente en efectivo, o, cuando exista opción, que la opción mediante entrega física corresponda exclusivamente al intermediario y que, adicionalmente, éste no esté obligado a mantener, total ni parcialmente, las acciones subyacentes del instrumento financiero en ningún momento a lo largo de toda la vida del instrumento.

En todo caso, para valorar si concurren los factores descritos, y en definitiva, para determinar si la contraparte del instrumento financiero debe ser considerada persona interpuesta a efectos del régimen de comunicación de las operaciones con acciones propias, deberán tenerse en cuenta en su integridad el acuerdo existente entre las partes y no sólo, en su caso, los pactos que hayan quedado formalizados por escrito entre ellas.

En caso de concluirse, teniendo en cuenta los criterios anteriores, que el intermediario debe ser considerado como persona interpuesta a efectos de los deberes de notificación, toda la operativa que el intermediario realice sobre acciones de la sociedad cotizada con base en el instrumento financiero contratado se entenderá realizada por la propia sociedad cotizada y deberá incluirse en la propia notificación de operaciones con acciones propias que, cuando corresponda, realice la sociedad cotizada.

En este caso, se considera importante que la sociedad cotizada incorpore en el contrato con el intermediario una cláusula por la que este último deba informar puntualmente de la operativa que realice con acciones de la cotizada con base al contrato, para que la sociedad cotizada pueda cumplir con sus obligaciones de notificación en plazo.

Es importante destacar que, en este caso, lo que se deben reportar son las operaciones realizadas con las acciones de la sociedad cotizada ligadas a ese instrumento y no el instrumento financiero en sí mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, la CNMV considera de utilidad que, en todo caso, se haya considerado o no al intermediario como persona interpuesta a efectos del deber de notificar las operaciones sobre acciones propias, se informe públicamente de la existencia del instrumento y de sus principales características, con la finalidad de asegurar la adecuada transparencia de estos instrumentos financieros.

En primer lugar, parece recomendable que, salvo en aquellos supuestos en que el instrumento financiero se considere poco significativo por su cuantía, se informe públicamente mediante una comunicación de otra información relevante, de conformidad con el artículo 227 de la LMV, o, en su caso, de información privilegiada, de conformidad con el artículo 226 de la LMV.

Asimismo, cabría informar de estos instrumentos financieros en la propia comunicación de acciones propias, cuando dicha comunicación resulte de aplicación y el intermediario haya sido considerado persona interpuesta. En concreto, se informaría de ello en el apartado “8. Información Adicional” del modelo de IV de la Circular 8/2015, de 22 de diciembre, de la CNMV.

Finalmente, se recuerda que, en función de su materialidad, es preceptivo que la sociedad cotizada informe con detalle suficiente de estos instrumentos financieros, y acerca de su impacto económico y financiero, tanto en las cuentas anuales como en la información pública periódica semestral, pudiendo incluirse asimismo información equivalente en el informe anual de gobierno corporativo.

La CNMC publica el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

martes, 26 de mayo de 2020

La CNMC publica el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

20 Mayo 2020

Nota de prensa Energía – cnmc.es

• La CNMC recomienda aclarar si el nuevo sistema de retribución a las renovables propuesto, basado en un precio fijo por la energía generada, es compatible con el actual, basado en la potencia instalada.
• Considera muy positivo que los Grupos REE y Enagás tengan que comunicar a CNMC sus adquisiciones en actividades de diversificación (no reguladas) o internacionales.
• Solicita incluir a la CNMC en el grupo de organismos que elaborarán informes sobre el riesgo que para el sistema financiero y energético español representa el cambio climático.

La CNMC ha publicado el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que analiza los cambios normativos propuestos por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por España en la materia. (IPN/CNMC/004/20).

El texto alude a la diversificación del mix energético (estrictamente referido a fuentes renovables) y la regulación del sector energético, así como a la sostenibilidad en los transportes y la movilidad (terrestre, marítima y aérea). Además, se contemplan medidas de transición hacia nuevos escenarios económicos derivados del cambio climático.

Retribución de renovables

La CNMC considera positivo que se mantenga un sistema basado en la competencia entre las distintas empresas para impulsar el desarrollo de instalaciones de generación renovables. Sin embargo, explica que es demasiado rígido fijar un volumen mínimo de puesta en servicio de al menos 3.000 MW cada año y hacerlo además a través de una ley.

En cuanto al sistema de retribución propuesto, que dejará de tomar como referencia la capacidad instalada para tener en cuenta un precio fijo por la energía generada, la CNMC señala que no está claro si estos procedimientos de concurrencia competitiva o subastas son compatibles o mutuamente excluyentes con los previstos en la vigente Ley del Sector Eléctrico.

La CNMC considera positivo que el nuevo sistema retributivo tenga en cuenta las distintas tecnologías y sus diversos costes de producción. De lo contrario, tecnologías complementarias a la eólica y la fotovoltaica a gran escala podrían no encontrar incentivos a su instalación.

Además, es importante que las subastas que se convoquen se analicen siempre bajo la normativa europea de ayudas de Estado, que solo permite retribuir las instalaciones renovables que no sean competitivas solo con la venta a mercado.

Obligación de comunicación a la CNMC

Por otra parte, considera muy positivo que el texto contemple que se imponga a los grupos de sociedades designados como gestor de la red de transporte de electricidad o gas natural (como Red Eléctrica de España, Enagás Transporte y Reganosa), la obligación de comunicar a la CNMC las adquisiciones que realicen en actividades de diversificación y de internacionalización.

La CNMC recuerda que se trata de grupos empresariales cuya cifra de negocios procede en su mayoría de la sociedad que desempeña actividades reguladas. Esto significa que su actividad y las funciones que le han sido legalmente atribuidas revisten una extraordinaria importancia estratégica para el sector eléctrico o gasista.

Además, la CNMC propone ampliar la redacción de la disposición final segunda del anteproyecto para impedir que las sociedades que ejercen actividades reguladas puedan otorgar directamente préstamos a otras sociedades de su mismo grupo empresarial.

Asimismo, la CNMC propone que se le incluya en el grupo de organismos (Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) que, cada dos años, tendrán que elaborar informes sobre el riesgo para el sistema financiero y energético español derivado del cambio climático y de las políticas llevadas a cabo para combatirlo.

Almacenamientos de energía

En cuanto a la titularidad de las instalaciones de almacenamiento, sería oportuno transponer los aspectos de la Directiva (UE) 2019/944 que establecen que los gestores de redes de distribución o de transporte no poseerán, desarrollarán, gestionarán o explotarán instalaciones de almacenamiento de energía, salvo excepciones autorizadas.

Además, considera que conviene aclarar si la modificación introducida en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, podría conllevar perder, como ingresos del sistema eléctrico, todos o parte de los procedentes de las subastas de derechos de emisión.

Puntos de recarga eléctrica y contratación pública

Por otra parte, sobre la obligación para los titulares de estaciones de servicio de instalar puntos de recarga del coche eléctrico, la CNMC señala que se debería permitir, como alternativa a que ellos mismos realizaran la inversión, que fuera un tercero (contrato de hospitalidad) el que utilizara el espacio de la estación de servicio e instalara y gestionara el punto de recarga.

Finalmente, la CNMC recuerda que al utilizar la contratación pública como un instrumento para luchar contra el cambio climático, se debe tener en cuenta que los criterios medioambientales estén relacionados con el objeto del contrato, ser objetivos, respetuosos con los principios de contratación pública y figurar, junto con la valoración que se les atribuya, en el pliego correspondiente.

Las aseguradoras de las mutuas niegan a funcionarios las pruebas PCR que realizan los centros de salud a la población general

martes, 26 de mayo de 2020

Las aseguradoras de las mutuas niegan a funcionarios las pruebas PCR que realizan los centros de salud a la población general

  • Más de 2 millones de personas, acogidas al sistema de mutualismo administrativo, no acceden al test PCR aunque tengan síntomas de COVID, en contra de la nueva estrategia de diagnóstico

22 de Mayo de 2020 csif.es

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas se ha dirigido por escrito a las mutualidades (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) exigiendo que se establezca un procedimiento que garantice a los mutualistas y beneficiarios, en todo el territorio nacional, la realización de la prueba PCR u otra técnica de diagnóstico molecular adecuada a cada caso sospechoso de COVID-19 en las primeras 24 horas desde el conocimiento de los síntomas tal y como se establece en la Orden SND/414/2020 de 11 de mayo.

Los mutualistas de MUFACE, MUJEGU e ISFAS, están desatendidos y se encuentran con el rechazo de las compañías de realización de dichas pruebas de diagnóstico, aun presentando cuadros clínicos y síntomas acordes a patología COVID-19 y prescritos por médicos de sus entidades médicas. En este sentido, CSIF reclama al Gobierno una adecuada financiación de las mutuas.

Y es que esta situación contraviene lo establecido en la citada Orden y la estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, consensuada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para ampliar la capacidad de detección precoz, y de seguimiento y vigilancia de los contactos estrechos de los casos confirmados.

Al día de hoy, tras 10 días desde su aprobación, no se ha establecido un protocolo de coordinación entre las mutualidades con Salud Pública para la comunicación, asistencia sanitaria y vigilancia epidemiológica según indica la Estrategia de Diagnóstico, vigilancia y control en la Fase de Transición de la Pandemia de COVID-19 según el Ministerio de Sanidad.

Además, CSIF reitera que para garantizar una desescalada segura debe incluirse con carácter general la realización de pruebas PCR, ya que para garantizar la salud y romper la cadena de contagios es necesario hacer pruebas diagnósticas a todas las empleadas y empleados públicos que se incorporen en cada una de las fases de desescalamiento, por ello seguiremos exigiendo al Ministerio de Sanidad que se establezcan dichas pruebas en los manuales de procedimiento.