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Archivo del 28 de mayo de 2020

Playa en As Galeras

jueves, 28 de mayo de 2020

Nota sobre el cese por supuesta “pérdida de confianza” del Coronel de la Guardia Civil D. Diego Pérez de los Cobos.

jueves, 28 de mayo de 2020

Asociación Profesional de la Magistratura

Nota sobre el cese por supuesta “pérdida de confianza” del Coronel de la Guardia Civil D. Diego Pérez de los Cobos.

Ante las noticias surgidas con ocasión del cese del coronel de la Guardia Civil D. Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministerio del Interior, por una supuesta “pérdida de confianza”, seguida hace escasos momentos de la dimisión del Director Adjunto de la Guardia Civil Teniente General D. Laurentino Ceña, que refleja la gravedad de lo ocurrido, la Asociación Profesional de la Magistratura se ve en la triste obligación de recordar el contenido de los arts. 117 y 126 de la Constitución, que el propio Ministro, juró o prometió guardar y hacer guardar en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera profesional, primero como Juez y Magistrado, y más tarde en su condición de Vocal del Consejo General del Poder Judicial y después Ministro del Gobierno de España.

El art. 117 CE establece en sus apartados 1 y 2 los principios de división de poderes y de estricta sujeción a la propia norma constitucional y a la ley, básicos en un Estado de Derecho: la Justicia se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, a los que se atribuye en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Mientras la Ley de Enjuiciamiento Criminal siga en vigor, la instrucción de las causas penales corresponde exclusivamente a los Jueces de Instrucción determinados en las leyes, y, para el desarrollo de sus funciones se valen de los miembros integrados en las Unidades de Policía Judicial, que el art. 126 CE sitúa bajo la dependencia de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Y esa ley no es otra que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo art. 31.1 dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación.

El art. 34 de la misma Ley precisa y blinda esa dependencia funcional al señalar que los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente (apartado 1) y que, en las diligencias o actuaciones que lleven a cabo, por encargo y bajo la supervisión de los Jueces, Tribunales o Fiscales, los funcionarios integrantes de las Unidades de Policía Judicial tendrán el carácter de comisionados de dichos Jueces, Tribunales y Fiscales, y podrán requerir el auxilio necesario de las Autoridades y, en su caso, de los particulares (apartado 2).
Finalmente, el art. 35 concreta las facultades de los Jueces y Tribunales de lo Penal y el Ministerio Fiscal tendrán, respecto los funcionarios integrantes de Unidades de Policía Judicial: a) Les darán las órdenes e instrucciones que sean necesarias, en ejecución de lo dispuesto en las normas de Enjuiciamiento Criminal y Estatutos del Ministerio Fiscal. b) Determinarán, en dichas órdenes o instrucciones, el contenido y circunstancias de las actuaciones que interesen a dichas Unidades. Y, c) Controlarán la ejecución de tales actuaciones, en cuanto a la forma y los resultados.

El art. 11 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, dispone que los funcionarios policiales comisionados por la Autoridad Judicial o Fiscal para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales inmediatos puedan contradecir las primeras.

El art. 12 del mismo RD 769/1987 prevé que los funcionarios policiales informarán de la evolución de sus investigaciones y rendirán cumplida cuenta del resultado final de su actuación a la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal que la hubiere ordenado, en los términos y forma que la misma haya dispuesto.

Por último, el art. 15 del RD ordena a los funcionarios “guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”, pudiendo incurrir en responsabilidad disciplinaria en caso de infracción, sin perjuicio de posible responsabilidad penal. Y, si bien esta obligación de reserva no impedirá el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios, ello es “salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal competentes”.

Quiere esto decir, primero, que la dependencia de los agentes es, desde el punto de vista funcional, exclusiva y excluyente, en el sentido de que, en el ejercicio de sus funciones, únicamente han de responder frente al Juez Instructor y actuar conforme a sus instrucciones; segundo, esa dependencia incluye la reserva sobre las investigaciones encomendadas, con la única excepción de que sea expresamente autorizada por el Juez o el Fiscal; tercero, por ese mismo motivo, cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido, a través de la prevalencia orgánica inherente a la cadena de mando, puede suponer una interferencia en la función judicial que puede llegar a afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido; y, cuarto, de acreditarse una actuación tal, el sistema judicial dispone de medios para su depuración.

La profesionalidad, saber hacer, dedicación y absoluta lealtad de los agentes, probada día a día y en las circunstancias más complejas, es lo que permite a los Jueces realizar nuestra labor, instruir la causas, esclarecer los delitos y facilitar el enjuiciamiento de los presuntos delincuentes. Desde miembros de la realeza hasta ex ministros, presidentes de Comunidades Autónomas o banqueros. Introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza y a eventuales intentos de controlar la actuación del Poder Judicial.

No queremos pensar que en el cese del coronel D. Diego Pérez de los Cobos confluyan otras circunstancias que las apuntadas de “pérdida de confianza”, porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal, pero precisamente por esta razón y para evitar cualquier asomo de duda en los verdaderos motivos de la decisión, toda vez que aparece íntimamente relacionada con una instrucción penal en curso, solicitamos:

1º Se expliquen los motivos de la afirmada pérdida de confianza o, al menos, que se asuma públicamente que son ajenos a la instrucción penal en curso.

2º Se restituya al coronel D. Diego Pérez de los Cobos en su puesto hasta que finalice la instrucción que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción de Madrid o se adopte la decisión oportuna por la Magistrada titular.

Madrid, 26 de mayo de 2020.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura

Comunicado de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

jueves, 28 de mayo de 2020

Comunicado de la Comisión Ejecutiva.

asociaciondefiscales.es

La Asociación de Fiscales quiere expresar el malestar que le ha causado el reciente cese del coronel D. Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministro del Interior, en la medida en lo que ello pueda afectar a la imagen de independencia e imparcialidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, y de la Guardia Civil en particular, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones de Policía Judicial en el marco de una investigación penal.

Desde la A.F apostamos firmemente por la independencia del Instituto Armado respecto de cualquier injerencia del poder Ejecutivo siempre que actúe como Policía Judicial en el marco de una investigación criminal abierta por un Juzgado –como es el caso- o en unas diligencias de investigación de la Fiscalía. En estos casos ha de actuar siempre con sujección estricta a las órdenes y directrices de Jueces y Fiscales.

Tal es el modelo reconocido en la Constitución y en nuestras leyes procesales, como garantía de una real y efectiva separación de poderes, principio básico de nuestro proceso penal y del propio sistema democrático. Este cese supone a nuestro juicio una intromisión ilegítima del Gobierno en la actuación de la Guardia Civil, y sienta un inquietante precedente y un ataque a la independencia de criterio e imparcialidad, de la que la Guardia Civil siempre ha hecho gala.

En Madrid, a 26 de mayo de 2020.

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.

Sanidad recomienda extremar las medidas de distanciamiento social y la higiene en las playas

jueves, 28 de mayo de 2020

Coronavirus COVID-19

Sanidad recomienda extremar las medidas de distanciamiento social y la higiene en las playas

Domingo 24 de mayo de 2020

2/09/2019. lamoncloa.gob.es

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento con recomendaciones para la apertura al público de las playas y zonas de baño. En las playas, los riesgos asociados al COVID 19 están relacionados con la interacción entre personas.

En aguas continentales, como pozas, remansos y cauces de agua dulce con escaso caudal, se desaconseja el baño y los usos recreativos para esta temporada 2020.

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento con recomendaciones para la apertura al público de las playas y zonas de baño. En las playas, los riesgos asociados al COVID 19 están relacionados con la interacción entre personas.

El documento, disponible en la página web del Ministerio de Sanidad, recuerda que no se dispone de información científica sobre la capacidad del virus para permanecer infeccioso en agua salada; además, se ha identificado la sal como agente biocida eficaz. En el caso de la arena, la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar (UVB) y la alta temperatura que puede alcanzar ésta son favorables para la desactivación de los agentes patógenos.

Por todo ello, el documento insiste en la necesidad de la concienciación colectiva en el respeto al distanciamiento social. Así, se aconseja limitar el aforo de las zonas de baño marítimas donde se prevé gran afluencia de personas. El acceso a las zonas de baño se realizará respetando las medidas de distanciamiento social, que se deberán recordar mediante cartelería, así como las normas de higiene.

Además, se deberá prestar atención a la distancia entre tumbonas, sombrillas y otros elementos. A efectos indicativos, los ejes de las sombrillas no se instalarán a distancias inferiores de 4 metros. El gestor de la playa podrá sectorizar la misma para asegurar el distanciamiento social.

Por su parte, las personas que realicen paseos en la orilla respetarán al menos dos metros de distanciamiento social.

Tampoco se recomienda la realización de deportes colectivos ni las reuniones de más de 15 personas o de miembros de la misma familia o que no convivan en el mismo domicilio y la utilización de todo tipo de infraestructuras de playa (parques de juego e instalaciones deportivas).

Limpieza y desinfección

Para prevenir la transmisión del virus los usuarios y los trabajadores deben, además de cumplir las medidas de distancia social, cumplir las normas de higiene y aplicar los criterios técnicos de mantenimiento, limpieza y desinfección.

Se recomienda la limpieza diaria de la arena de la zona de baño, haciendo especial hincapié en la retirada de los residuos orgánicos e inorgánicos. No es aconsejable la desinfección de la arena de la playa.

Por otra parte, se recomienda la limpieza y desinfección diaria del mobiliario playero (duchas, lavapiés, papeleras), las superficies, las zonas comunes y las zonas de tránsito como las pasarelas de madera para evitar la propagación del virus.

Los chiringuitos de playa deberán seguir los protocolos establecidos para los establecimientos de hostelería. También se deberán ventilar, limpiar y desinfectar los espacios cerrados como los puestos socorristas de la Cruz Roja, los vestuarios y los servicios. Por su parte, en las instalaciones deportivas y parques de juego, se garantizará la limpieza y desinfección previa a la apertura de la playa; no pudiendo hacer uso de estas instalaciones hasta que se abra la zona de baño.

Cada playa deberá disponer de un protocolo de limpieza y desinfección del mobiliario susceptible de uso por los bañistas, de forma que se indiquen los pasos a seguir a los operarios. También, cada ayuntamiento elaborará o actualizará el protocolo con todas las medidas en materia de prevención de riesgos laborales, conforme al procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales.

CCOO valora la orden ministerial sobre renovaciones automáticas de los permisos de los extranjeros en España

jueves, 28 de mayo de 2020

CCOO valora la orden ministerial sobre renovaciones automáticas de los permisos de los extranjeros en España

Para el sindicato es imprescindible la continuidad por parte del Gobierno de una política de migración realista y proactiva

CCOO se congratula por esta orden, que debe ser considerada como un primer paso para la plena asunción y desarrollo de las competencias en materia migratoria del Gobierno por parte de la Secretaria de Estado de Migraciones para atender las necesidades específicas de una parte de la población – en torno a un 10%- que vive en España.

20/05/2020

ccoo.es

En opinión de CCOO, la orden responde a las necesidades de los más de cuatro millones de personas extranjeras que viven en nuestro país, haciendo valer también para ellos la máxima de NO SE VA A DEJAR A NADIE ATRÁS; y, en concreto, atiende el problema de las personas extranjeras que tuvieran su autorización en fase de renovación /prórroga, de la cual depende no sólo el acceso al empleo, sino también el acceso a prestaciones y derechos sociales y, sobre todo, su seguridad jurídica y estabilidad documental y personal, facilitando una renovación/prórroga sin mayores retrasos ni inconvenientes burocráticos, ni sobrecarga de los servicios correspondientes posterior al periodo de alarma.

En concreto, la orden:

1.- Prorroga o renueva, según corresponda, de manera automática las autorizaciones de residencia y/o trabajo así como las estancias por motivo de estudio (y sus correspondientes tarjetas). Dicha prórroga se extenderá desde la fecha de caducidad hasta 6 meses después de la finalización de la alarma para todas las autorizaciones que caduquen dentro del periodo de alarma o en los 90 días previos al decreto que lo declaró.

2.- Prorroga igualmente las tarjetas del régimen especial de familiares de ciudadanos UE, las de aquellos que ostentan el estatuto de residentes de larga duración y la de aquellos que dispusieran de una estancia por motivos turísticos de hasta 90 días.

3.- Se autoriza expresamente la entrada en territorio español de extranjeros con situación legal en España, pero cuyo documento hubiera caducado, lo que va a permitir solventar la dramática situación de algunos extranjeros «atrapados» fuera de España desde hace meses y que requerirá una profunda coordinación con el Ministerio del Interior y con MAAEEYC.

CCOO siempre ha respaldado una política migratoria ordenada, legal, ágil y eficaz que respete los derechos de los trabajadores y trabajadoras y garantice la seguridad y dignidad de los mismos, en este caso, los trabajadores extranjeros, mucho más vulnerables en el mercado de trabajo debido, precisamente, a la dependencia de su actividad laboral de su estatuto jurídico – su estabilidad documental, su legalidad administrativa-, lo cual les hace mucho más explotables y les coloca en los tiempos de pandemia que vivimos en una situación crítica.

En este sentido, el sindicato recuerda que, inmediatamente a la declaración del estado de alarma, CCOO propuso al Gobierno una extensa batería de medidas realistas y proactivas en diversos ámbitos de la cuestión migratoria (CIE, sector sanitario, sector agrícola, trabajadores transfronterizos, CETI…), a fin de incorporar la especificidad de las personas extranjeras en nuestro país a la agenda política de la gestión de la crisis, reclamando al Gobierno una acción política razonada e imprescindible.

CCOO también ha solicitado YA al Gobierno anticipar respuestas políticas para evitar lo que en la crisis de 2008 se denominó «irregularidad sobrevenida», esto es, personas extranjeras que se hallan legalmente en España y que como consecuencia de la crisis, pierden o pueden perder su estatuto legal; para ello, se han de flexibilizar los requisitos de renovación de autorizaciones con posterioridad al periodo de alarma y evitar situaciones por todos indeseadas.