AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo de junio de 2020

Santander. Mesa zodiacal

martes, 30 de junio de 2020

El número de empresas concursadas aumenta un 14% en 2019

martes, 30 de junio de 2020

El número de empresas concursadas aumenta un 14% en 2019

29/06/2020 | Notas de Prensa registradores.org

•El importe total de pasivos afectados repunta y se sitúa por encima de los 7.700 millones de euros.

•Casi el 70% de las concursadas sigue sin tener ninguna posibilidad de reducir su deuda.

En 2019 el número de concursos analizados, según la fecha del auto de declaración, repunta un 14%, superando los 4.100, claramente por encima del suelo de aproximadamente 3.500 concursos que aparentemente se había establecido durante los últimos años. Consecuentemente, los pasivos incursos en el procedimiento concursal también aumentan, un 12,7% sobre 2018, aunque tan sólo supone un 3,7% de incremento respecto a 2017. La concursada típica continúa perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con doce años de edad, tiene contratados más de 6 empleados y un pasivo que supera ligeramente los 400.000 euros (frente a los casi 600.000€ de 2015, o los 900.000€ de 2014).

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del Anuario Concursal elaborado por el Colegio de Registradores, con el asesoramiento científico de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles.

La situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 94,2% de los casos) sigue estando bastante deteriorada: dos tercios reflejan pérdidas netas (resultado del ejercicio negativo) y más de la mitad de ellas ni tan siquiera se puede plantear la devolución de la deuda por su falta de recursos generados (el resultado del ejercicio más amortizaciones y provisiones ofrecen también resultado negativo).

De nuevo, tan solo alrededor de un 15% tendría capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites habituales de la Ley concursal.

En 2019 la proporción de concursos de sociedades del ciclo de la construcción sigue disminuyendo; un 23,1%, frente al 30,1% en 2016, 27,3% en 2017 y 25,8% en 2018, muy lejos ya del 48,3% de 2008. Del total de concursadas, pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 61,7% de las sociedades.

Reasignación de recursos y recuperación del crédito

En 2019, y ya como característica estructural del procedimiento, de las 2.067 fases sucesivas iniciadas (convenio o liquidación), un 83,8% fueron liquidaciones directas, y un 9,7% liquidaciones procedentes de intentos fallidos de reestructuración. En más de 1.500 casos, se produce incluso la conclusión del concurso simultáneamente a su apertura, por insuficiencia de recursos del deudor concursado para costear el procedimiento concursal.

En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana en 2019 ha sido sensiblemente mejor que los últimos años, el 49,1% del pasivo (47,6% en 2018, 47,1% en 2017, y 46,2% en 2016), ascendiendo al 92,1% (75,8% en 2018) en el caso de propuestas anticipadas de convenio, esto es, sin necesidad de celebración de junta de acreedores.

En 2019, de los 94 casos analizados, en tan solo uno de ellos se ofreció a los acreedores la posibilidad de participar del riesgo del capital, por medio de un crédito participativo.

Duración del concurso

Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en más de dos tercios de los casos (62,3% en 2018, 61,6% en 2017 y 57,6% en 2016), mientras que en los ordinarios ese plazo solo lo cumplen el 42%. Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en aquellos concursos solicitados por el deudor, es decir, voluntarios.

En 2019 se ha estimado que el concurso típico abreviado tarda 716 días en concluir (937 en 2018 y 990,5 en 2017), mientras que los ordinarios requieren de 2.077 días (2.009 en 2018 y 1.698 en 2017). La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales.

En este anuario se observa de nuevo que existe una asociación positiva entre la dimensión de la concursada y la duración de la fase común (previa al convenio o la liquidación, por tanto tiempo atribuible enteramente al procedimiento y no a operaciones societarias como la liquidación). Y es el indicador de pasivo exigible el que refleja diferencias más claras, con más de 962.000 euros en el grupo de mayor duración (el 25% que tarda más en concluir la fase común) frente a los poco más de 680.000 euros registrados en el extremo opuesto (25% que tarda menos).

Ciclo de la construcción

Con un repunte en el número de sociedades concursadas, el ciclo de la construcción representó el 23,1% de la muestra, cifra inferior a las de los años anteriores (25,8% en 2018, 27,3% en 2017, 30,1% en 2016, 32,8% en 2015, 35% en 2014, 41,1% en 2013). Del total de pasivos afectados en 2019 (más de 7.700 millones, frente a los 6.800 de 2018 o 7.500 de 2017), la construcción mantiene el 40% de ese importe.

De forma similar a ejercicios anteriores las sociedades inmobiliarias reflejan los peores niveles de viabilidad: caso de generar recursos positivos (40% de los casos) requerirían 33 años para atender la totalidad de sus pasivos, siendo esta perspectiva incluso peor a la de 2018 (28 años). La sociedad típica del subsector de la Construcción con recursos generados positivos (48% del total) tardaría 15 años.

Acuerdos Extrajudiciales de Pagos

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un procedimiento de renegociación preconcursal, pensado para deudores insolventes con pasivo estimado inicial no superior a los cinco millones de euros.

Durante 2019 se registraron un total de 25 solicitudes de Acuerdos Extrajudiciales de Pago realizadas por personas jurídicas. Así pues, se puede decir que es un número muy reducido, especialmente si se tienen en cuenta los 4.421 nuevos expedientes que afectaron a 5.313 personas físicas a lo largo de ese mismo año.

Las personas jurídicas solicitantes del Acuerdo Extrajudicial de Pagos en 2019 ofrecieron una imagen financiera similar a las concursadas (el 70% registran pérdidas, un 27% poseen fondos propios negativos, y la mitad no podrían reducir su deuda en ningún caso).

Un año más se confirma con los datos anteriores que el Acuerdo Extrajudicial de Pago, en lo que se refiere a sociedades mercantiles, se configura más como medio para retrasar el inicio del concurso que como mecanismo alternativo al mismo.

Entrega del Premio Pyme del Año 2019

martes, 30 de junio de 2020

Entrega del Premio Pyme del Año 2019

Maroto: «El Marco Estratégico en Política Pyme 2030 debe ser la hoja de ruta a seguir en la etapa de reactivación económica y social en la que nos encontramos»

Lunes 29 de junio de 2020

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que tenems que prepararnos para la reconstrucción económicay social, donde las pequeñas y medianas empresas tendrán un papel protagonista.

lamoncloa.gob.es

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presidido el acto de entrega del Premio Nacional Pyme del Año 2019, que ha recaído en la empresa ‘Señorío de Montanera’.

Para la ministra, «una vez hemos dejado atrás los meses más duros de la pandemia, debemos prepararnos para la reconstrucción económica y social, y las pymes deben ser protagonistas de esta Nueva Economía; es un trabajo colectivo, un camino que debemos construir entre todos, en el que Europa va a ser una aliada. Esta vez Europa debe salvar a Europa».

La ministra ha recordado la aprobación en abril de 2019 del Marco Estratégico en Política Pyme 2030, cuyo objetivo es mejorar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas de cara a los retos de globalización, digitalización, además de contribuir a crear un clima adecuado para favorecer su crecimiento. El Marco estratégico se organiza en siete palancas: Emprendimiento, Gestión empresarial y Talento, Marco regulatorio, Financiación, Innovación y Digitalización, Sostenibilidad, e Internacionalización. En su opinión, «este marco debe ser la hoja de ruta a seguir en la etapa de reactivación económica y social en la que nos encontramos; ahora más que nunca, la colaboración público-privada cobra mayor relevancia con el fin de identificar las medidas más adecuadas y apoyar al máximo a nuestras empresas con el objetivo de relanzar la economía y recuperar el empleo perdido».

La ministra ha recordado el papel de ICEX, de CESCE, ENISA y de las Oficinas Económicas y Comerciales distribuidas en cien países para acompañar a las pymes en su financiación e internacionalización: «La reactivación del comercio y la inversión directa debería ser un factor dinamizador de la recuperación económica, tal como ocurrió en 2008. Es más necesario que nunca un nuevo impulso al enfoque multilateral y la retirada de las medidas proteccionistas de los últimos años. En el contexto de la UE, España tiene que defender más que nunca un marco multilateral con reglas claras y transparentes».

El resto de Premios Pyme del Año 2019 -convocados por Banco de Santander y Cámara de Comercio de España, con la colaboración de PRISA- han recaído en las empresas IDE Electric (Internacionalización), Zennio Avance y Tecnología (Digitalización e Innovación), Joselín Sobaos y Quesadas (Formación y Empleo), y División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas (Empresa Responsable).

El Ministerio de Justicia presenta sus planes de choque a las CCAA, a los sindicatos y a los colectivos de jueces, fiscales y letrados

martes, 30 de junio de 2020

Plan de actuación tras COVID-19

mjusticia.gob.es

El Ministerio de Justicia presenta sus planes de choque a las CCAA, a los sindicatos y a los colectivos de jueces, fiscales y letrados

• El departamento que dirige Juan Carlos Campo despliega a todos sus altos cargos en una ronda de consultas para explicar las medidas de refuerzo en las jurisdicciones de lo social, contencioso-administrativa y mercantil que tendrán un estricto sistema de control y seguimiento.

• Se establece una actuación en dos fases a partir del 1 de septiembre en los órganos judiciales más afectados por el incremento de asuntos derivados de la crisis.

26 de junio de 2020.- El ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo, ha iniciado hoy una ronda de consultas para presentar a las comunidades autónomas, sindicatos y operadores jurídicos el plan de actuación comprometido en la disposición adicional decimonovena del real decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Dicho plan debe ser aprobado en el Consejo de Ministros, probablemente, el próximo 7 de julio.

Justicia ha desplegado hoy a todos sus altos cargos en distintas reuniones sectoriales para explicar las medidas de refuerzo de los órganos de las jurisdicciones social y contencioso-administrativa y de los juzgados de lo mercantil que se activarán en dos fases a partir del 1 de septiembre.
El reto más significativo para la Administración de la Justicia, a día de hoy, es hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad derivado de la ralentización de la actividad durante la crisis, así como de las medidas extraordinarias que se han tenido que adoptar y las consecuencias de la coyuntura económica.

Se pretende, por lo tanto, reforzar aquellos órganos judiciales que afrontarán el mayor incremento de entrada de asuntos, con el objetivo de que recuperen, de forma paulatina, la normalidad en su actuación, reduciendo en lo posible la pendencia acumulada.

El plan de refuerzo establece una actuación en dos fases diferenciadas:

  • Primera fase: Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020 los apoyos se concentrarán en los órganos judiciales de los órdenes social y mercantil con una carga de trabajo superior al 130% del módulo establecido por el CGPJ.
  • Segunda fase: A partir del 1 de enero de 2021 se contará con datos más completos del impacto de la crisis, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar en esta fase que afectarán a las tres jurisdicciones.

Se adoptarán, por un lado, medidas de autorrefuerzo que consistirán en el establecimiento de un programa concreto de actuación por objetivos para personal destinado en el propio órgano que percibirá por ello una retribución extraordinaria. Podrán participar el titular del órgano judicial, un letrado de la Administración de Justicia, dos gestores/tramitadores y un auxilio judicial por órgano. A priori, esta medida está destinada a dar cobertura a 229 órganos de lo social (64,31% del total) y a 86 órganos mercantiles (86% del total de la jurisdicción).
Además, mediante medidas de refuerzo externo, se apoyará al órgano judicial con personal que no está destinado en la sede. Se nombrará para ello a un juez, un letrado de la Administración de Justicia (social) o uno por cada dos jueces (mercantil), dos gestores y dos tramitadores por órgano, y un auxilio judicial por cada cuatro equipos. Se reforzarán con estas actuaciones 57 órganos de lo social (16,01%) y 66 juzgados de lo mercantil (66%) pero se podrá extender su aplicación a otros órganos en función de su pendencia.

Finalmente, se establecen medidas estructurales, consistentes en la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, cuya creación estaba prevista con anterioridad al estado de alarma. Ello contribuirá de manera natural a absorber y minimizar el impacto del incremento de asuntos.

En el ámbito de la jurisdicción social, el objetivo a conseguir será la resolución de, al menos, 145 procedimientos mensuales. Si se trata de refuerzos externos, el objetivo consistirá en la realización de las actuaciones procesales debidas para el señalamiento y resolución de más de un centenar de procedimientos mensuales de carácter preferente.

En el ámbito de lo mercantil, el objetivo de la primera fase será la resolución de los procedimientos de menor complejidad pero que suponen un elevado porcentaje en la carga de trabajo del juzgado. Con las medidas de autorrefuerzo se tratará de incrementar la resolución de los asuntos por reclamaciones aéreas en un 20%. El objetivo de las medidas de refuerzo externo consistirá en la realización de las actuaciones para la resolución de, al menos, 180 procedimientos mensuales en materia de reclamaciones aéreas.

Al frente de la reunión celebrada con las CCAA, el secretario de Estado, Pablo Zapatero, ha abundado en la cogobernanza y la coordinación como una fórmula de éxito ya comprobada durante la gestión de la crisis y que el Ministerio pretende mantener más allá de la pandemia. En ese sentido, el secretario de Estado ha pedido hoy a los representantes de las CCAA un esfuerzo común como punto de partida, que pasa por “compartir datos para hablar un mismo lenguaje”. Zapatero les ha planteado la posibilidad de trabajar conjuntamente en un sistema de información abierta que permita una gestión eficiente por parte de todos.

Zapatero pretende acordar este protocolo de actuación con las CCAA para ir encaminando ya los trabajos que se desarrollarán al hilo de la Conferencia Sectorial que se celebrará a finales de julio.

La directora general para el Servicio Público de la Justicia, Concha LópezYuste, ha explicado que se trata de un plan “dinámico y sujeto al cumplimiento de objetivos”, por lo que cada quince días se realizará un control y evaluación de su funcionamiento “por responsabilidad en la rendición de cuentas ante la ciudadanía”. Ello permitirá- entiende López Yuste- adaptar las medidas a las circunstancias del momento y anticipar las actuaciones que se pondrán en marcha en la segunda fase.

La reunión con las asociaciones de jueces y fiscales ha estado presidida por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concha López-Yuste. Han asistido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar; el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, Ignacio González; el representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Riestra; la presidenta del Foro Judicial Independiente; Concepción Rodríguez; la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato y el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada.

Por su parte, el subdirector general de Acceso y Promoción del Personal al servicio de la Administración de Justicia, José Ramón Crespo, ha destacado la receptividad y clima constructivo mostrados por los representantes sindicales con los que se ha reunido, entre ellos, Javier Jordán, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF); Emilia Rubio, del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ); Javier Hernández, de Comisiones Obreras (CCOO); Victoria Carrero, de la Unión General de Trabajadores (UGT), Xosé Barreiro, de la Confederación Intersindical Galega (CIG); e Imanol Oyarzabal, de Euskal Sindikatua (ELA).

Con posterioridad a la reunión con las CCAA, el subdirector general de Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal, Francisco Cabo, mantendrá hoy también un encuentro con representantes de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia.

El Gobierno acuerda con GSMA la ampliación del Mobile World Congress hasta 2024

martes, 30 de junio de 2020

23 de junio de 2020

El Gobierno acuerda con GSMA la ampliación del Mobile World Congress hasta 2024

mineco.gob.es

El Consejo de Ministros autoriza el acuerdo con GSMA relativo a las consecuencias derivadas de la cancelación del MWC de 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19Con este acuerdo, se da el impulso necesario a la celebración de las próximas ediciones del MWC, reafirmando así la posición de Barcelona como capital mundial del móvil

El impacto económico y laboral de la última edición, celebrada en 2019, se estima en unos 470 millones de euros y 13.000 empleos

23 de junio de 2020.- El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Entidad Pública Empresarial Red.es a llegar a un acuerdo con GSMA, entidad organizadora del Mobile World Congress, para resolver las consecuencias derivadas de la cancelación del MWC 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria de la COVID-19. De esta forma se impulsa la celebración de las próximas ediciones y se amplía la celebración del evento hasta 2024.

La autorización, en forma de Real Decreto, permite resolver de forma transaccional los efectos de la suspensión del MWC. Por un lado, Groupe Special Mobile Association (GSMA) ofrece a la Administración General del Estado una tarifa muy reducida y en condiciones ventajosas para la edición del MWC de 2021 en compensación por los gastos a los que hubo que hacer frente en 2020 y se amplía el período de celebración del congreso en Barcelona un año más hasta 2024.

Por otro lado, la Fundación Barcelona Mobile World Capital, que integra a las administraciones públicas e instituciones que respaldan la celebración del congreso, hará frente a sus compromisos financieros con GSMA en 2020. Esta aportación será devuelta en caso de que finalmente no pueda celebrarse la próxima edición en Barcelona en 2021.

El MWC tiene un importante impacto económico y social, y supone la mayor referencia a nivel mundial en el sector de la telefonía móvil. La edición de 2019 reunió a más de 109.000 visitantes de 198 países y contó con más de 2.400 compañías participantes, con un impacto económico estimado de unos 470 millones de euros y 13.000 empleos

La Coruña en el horizonte desde Oleiros

lunes, 29 de junio de 2020

Campo retoma, con una reunión en la Real Academia Española, los trabajos de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico

lunes, 29 de junio de 2020

Campo retoma, con una reunión en la Real Academia Española, los trabajos de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico

Miércoles 24 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mantenido un encuentro con el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz, para iniciar una línea de colaboración con la institución dirigida a avanzar en mecanismos que permitan materializar el derecho a comprender.

Campo ya anunció a primeros de marzo su compromiso para reanudar durante su mandato los trabajos de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. Un órgano que impulsó en su etapa como secretario de Estado en 2011 y cuyas conclusiones apenas tuvieron desarrollo tras el cambio de Gobierno.

Con esta reunión, el ministro retoma ese objetivo de su departamento para la consecución de un lenguaje jurídico que sea comprensible, «que permita un diálogo fluido entre la ciudadanía y la Administración de Justicia».

La idea compartida con el director de la RAE es potenciar la colaboración y establecer equipos conjuntos que permitan ir normalizando textos y plantillas para el sector Justicia.

Las recomendaciones dirigidas tanto a instituciones como a profesionales del sector y a medios de comunicación que, en su día, realizaron los expertos de la Comisión son hoy el punto de partida para el trabajo de campo que el Ministerio pretende desarrollar de ahora en adelante.

El futuro de la modernización del lenguaje jurídico pasa, según entiende el ministro de Justicia, por ir marcando directrices claras fundamentalmente en el ámbito legislativo a la hora de elaborar las normas, pero también en vectores como la formación universitaria o las escuelas de prácticas, entre otros.

La AEPD publica un listado con los equívocos más comunes relacionados con el uso de la biometría y cómo afectan a la protección de datos

lunes, 29 de junio de 2020

23 de Junio de 2020

La AEPD publica un listado con los equívocos más comunes relacionados con el uso de la biometría y cómo afectan a la protección de datos

El documento ha sido desarrollado en colaboración con el Supervisor Europeo de Protección de Datos

Está dirigido a responsables, encargados o delegados de protección de datos, entre otros, con el objetivo de explicitar las implicaciones de este tipo de tratamientos

aepd.es

(Madrid, 23 de junio de 2020). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nota técnica que incluye catorce equívocos relacionados con el uso de la biometría y cómo afectan a la protección de datos. El documento, dirigido a responsables, encargados y Delegados de Protección de Datos, entre otros, tiene como objetivo ofrecer información acerca de las confusiones e imprecisiones más comunes que suelen asociarse al empleo de esta tecnología, de forma que estos colectivos puedan comprender las implicaciones de un tipo de tratamiento tan complejo.

La nota técnica ha sido desarrollada junto al Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS, por sus siglas en inglés) en el marco de la colaboración que mantiene la AEPD en el ámbito tecnológico con diversas instituciones nacionales e internacionales. La colaboración con el EDPS se materializó por primera vez en el desarrollo de la nota técnica Introducción al hash como técnica de seudonimización de datos personales.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) define en su artículo 4 los datos biométricos como aquellos “datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. Asimismo, cuando los datos biométricos se usan como medio de identificación, el RGPD establece en su artículo 9 que se trata de categorías especiales de datos y prohíbe expresamente su tratamiento dirigido a identificar de manera unívoca a una persona física.

Entre los equívocos más comunes relacionados con la biometría se encuentra la afirmación de que los sistemas de identificación y autenticación biométrica son más seguros para los usuarios. En este sentido, la Agencia advierte de que el acceso no autorizado a datos biométricos en un sistema permitiría o facilitaría el acceso en el resto de los sistemas que utilicen dichos datos biométricos. Esto tendría el mismo efecto que usar la misma contraseña en muchos sistemas distintos y, a diferencia de los sistemas basados en contraseñas, una vez que la información biométrica ha sido comprometida, esta no se puede cancelar. También alerta de que la información biométrica se almacena cada vez en más entidades y dispositivos, lo que aumenta exponencialmente la probabilidad de una brecha de seguridad de información biométrica.

Otro ejemplo de los catorce puntos que componen el listado es el referido a que la identificación y autenticación biométrica es un sistema fuerte. Por definición, se considera que utilizar únicamente biometría constituye un proceso débil de identificación y autenticación. Aunque en muchas ocasiones la autenticación biométrica requiere un proceso previo de identificación, la Agencia alerta de que si tras el proceso de identificación la autenticación es solo biométrica, seguiría siendo un sistema débil.

La Seguridad Social efectúa el primer pago del Ingreso Mínimo Vital

lunes, 29 de junio de 2020

Protección social

La Seguridad Social efectúa el primer pago del Ingreso Mínimo Vital

Viernes 26 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

Se abonan un total de 32 millones de euros a 74.119 hogares beneficiarios, reconocidos de oficio procedentes de la prestación por hijo a cargo. En los hogares que han cobrado hoy viven más de 250.000 personas, más de la mitad de ellas menores. Desde la entrada en vigor, el pasado 15 de junio, se han registrado 344.585 solicitudes, la mayoría por vía telemática.

La Seguridad Social abona hoy viernes el primer pago del Ingreso Mínimo Vital a 74.119 hogares de toda España. Se trata de quienes venían recibiendo la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33% y que han sido reconocidos de oficio como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En total, la Seguridad Social ha destinado 32 millones de euros a este pago en el mes de junio, lo que supone una ayuda media por hogar de más de 430 euros al mes.

Los hogares reconocidos de oficio son aquellos de los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tenía información suficiente sobre la composición del hogar para poder realizar la reconversión. La Seguridad Social les avisó, previamente, por SMS y carta para que no tuvieran que solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

El resto de los beneficiarios de la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor al 33% que puedan ser beneficiarios de la nueva prestación deberán solicitarlo, ya que no constaba información suficiente para reconvertir de oficio la prestación.

En el cuadro inferior, se detalla el número de hogares que percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital por provincias:

Número de hogares que percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital por provincias

Número de hogares que percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital por provincias

En los 74.119 hogares que recibirán este viernes el Ingreso Mínimo Vital viven más de 250.000 personas, de las que más de la mitad son menores de edad.

En el cuadro inferior, se desglosan el número de personas (adultas y menores) de los hogares que están percibiendo ya la prestación:

Número de personas (adultas y menores) de los hogares que están percibiendo ya la prestación:

Número de personas (adultas y menores) de los hogares que están percibiendo ya la prestación

Solicitudes

En los primeros diez días desde el inicio del plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, se han registrado en el INSS 344.585 solicitudes, la mayoría presentadas por vía telemática, ya que la atención presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) se ha retomado ayer.

Solicitudes del Ingreso Mínimo Vital acumulado a 23 de junio de 2020

Solicitudes del Ingreso Mínimo Vital acumulado a 23 de junio de 2020

Los ciudadanos se pueden informar sobre el Ingreso Mínimo Vital a través de la página web de la Seguridad Social y mediante el nuevo asesor virtual, ISSA. También disponen de una herramienta de simulación, donde pueden comprobar si cumplen los requisitos, y de una línea de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que funciona de 8.30 a 20.30 horas.

El Ingreso Mínimo Vital fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. Completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, distribuida en doce pagas.

Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 830.000 hogares podrían ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En ellos viven unos 2,2 millones de personas de los que la mitad son menores.

Requisitos

El primer requisito para acceder al Ingreso Mínimo Vital será el de la vulnerabilidad económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho. Habrá un titular por unidad de convivencia, que deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en los que no habrá requisito de edad.

Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos doce meses.

Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud. Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar. Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.

Por último, de manera excepcional se ha adelantado a hoy el pago de la prestación familiar por hijo a cargo semestral que correspondía abonar en el mes de julio.

El CGPJ convoca las subvenciones destinadas a financiar la organización, funcionamiento y actividades de las asociaciones judiciales

lunes, 29 de junio de 2020

Lunes, 22 de junio de 2020

El CGPJ convoca las subvenciones destinadas a financiar la organización, funcionamiento y actividades de las asociaciones judiciales

El órgano de gobierno de los jueces destina a este fin una partida que asciende a un importe máximo de 426.100 euros. En el presente mandato del Consejo, las asociaciones judiciales han recibido más de 2,6 millones de euros en subvenciones

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado abrir la convocatoria anual para la concesión de subvenciones a las asociaciones judiciales. Esta ayuda económica, cuyas bases reguladoras aprobó el CGPJ en abril de 2017, tiene como finalidad facilitar el funcionamiento general de dichas asociaciones, fomentar el asociacionismo judicial y lograr un mayor dinamismo en la realización de actividades.

Las subvenciones se financiarán con cargo al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces, que en esta convocatoria destinará un importe máximo de 426.100 euros a este fin.

Las asociaciones podrán solicitar la subvención en atención a cuatro capítulos objeto de financiación: gastos de organización y funcionamiento; realización de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa; efectiva implantación en la Carrera Judicial; y resultados de las últimas elecciones a las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia.

La decisión sobre la concesión de las ayudas corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos, que elaborará una propuesta de resolución basándose en los criterios de distribución fijados en las bases reguladoras. Una vez sea firme, la propuesta se elevará a la Comisión Permanente para su aprobación definitiva, que será recurrible en vía administrativa o directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La subvención por gastos de organización y funcionamiento se distribuirá en función del porcentaje de representación de la Carrera Judicial que tenga cada asociación; la dirigida a las actividades de interés se distribuirá de acuerdo con la puntuación atribuida a cada solicitud, según el catálogo y baremo fijados en la normativa aplicable; la subvención por grado de implantación de la asociación se distribuirá de forma proporcional al número de afiliados acreditados y, por último, la subvención en función de los resultados de las últimas elecciones a las salas de gobierno se distribuirá según los votos recibidos por los candidatos afiliados o avalados por cada asociación.

Durante este mandato, el Consejo General del Poder Judicial ha destinado un total de 2.682.831€ a subvencionar a las cuatro asociaciones judiciales que han acreditado tener un grado de implantación en la Carrera Judicial de más del 3 por ciento, que es uno de los requisitos que deben cumplir para poder optar a las ayudas.

Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que actualmente cuenta con 1.349 afiliados (lo que supone un 25,2 % del total de jueces y magistrados en activo que integran la Carrera Judicial); Francisco de Vitoria (AJFV), con 838 afiliados (15,7 %); Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), con 463 afiliados (8,7 %) y Foro Judicial Independiente (FJI), con 334 afiliados (6,2 %).

En la última convocatoria de subvenciones, resuelta en 2019, la APM recibió un total de 140.604 euros, que equivale al 33,23 % de sus ingresos totales; AJFV percibió 120.914 euros, equivalente al 30,8 % de sus ingresos; JJpD 105.498 euros, que representa el 44,25 % sus ingresos; y FJI 85.917 euros, que equivale al 51,89 % de sus ingresos.

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUDICIALES 2014-2019

201420152016201720182019TOTAL
APM148.732141.016132.123130.738132.422140.605825.639
AJFV122.002116.025109.505118.636120.533120.914707.618
JJpD122.417111.741103.995104.498100.299105.498648.451
FJI89.91986.85676.59980.60581.22385.917501.121
Total485.084457.655424.240436.496436.497454.9552.682.831

Catedral de León .Solsticio de verano

domingo, 28 de junio de 2020

Comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económicade España tras el Covid-19 / Congreso de los Diputados

domingo, 28 de junio de 2020

Los principales retos de la economía española tras el Covid-19

Comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económicade España tras el Covid-19 / Congreso de los Diputados

Pablo Hernández de Cos

Gobernador

23.06.2020 bde.es

1 Introducción

Señorías, comparezco en esta Comisión para presentar las líneas maestras que, en opinión del Banco de España, constituyen las prioridades estratégicas de la política económica de nuestro país en este momento.
Antes de desarrollar estas prioridades, permítanme que dedique unas palabras de elogio y agradecimiento a la ciudadanía española por el comportamiento ejemplar que está demostrando en las circunstancias -especialmente duras- que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Naturalmente, quiero tener también palabras de apoyo para todas aquellas personas que han perdido a algún ser querido como consecuencia de esta pandemia.
Señorías, la crisis ha generado una disrupción de la actividad económica de una magnitud elevadísima. Hasta tal punto, que, de acuerdo con todas las previsiones disponibles, este año se producirán los retrocesos del PIB más abultados que se hayan registrado en tiempos de paz.
Como defendí en mi comparecencia del pasado mes de mayo en la Comisión de Economía del Congreso, la severidad, la temporalidad y la globalidad de esta perturbación justifican, en una primera fase, acciones de política económica contundentes, acotadas en el tiempo y coordinadas a escala internacional.
Los objetivos de esta terapia de choque deben ser reducir la incidencia de la pandemia en el corto plazo y facilitar la salida de la hibernación de estos últimos meses con el menor daño económico posible. Con carácter general, puede decirse que la respuesta de las autoridades -con medidas que ya describí y valoré en esa comparecencia- ha sido significativa.
Tras la etapa de hibernación, se inicia ahora una segunda fase, en la que la economía está empezando a reactivarse de forma gradual, a medida que avanza el proceso de desescalada.
Esta segunda fase presenta algunas características relevantes.
En primer lugar, la incertidumbre es todavía muy elevada, dado que son numerosas las incógnitas acerca de la evolución que tendrá la enfermedad. Esta incertidumbre afectará negativamente a las decisiones de consumo e inversión y al comercio internacional.
En segundo lugar, minimizar el riesgo de un rebrote de la enfermedad exigirá mantener durante algún tiempo algunas limitaciones y medidas de seguridad sanitaria. Estas circunstancias condicionarán el normal desempeño de la actividad económica y afectarán de forma heterogénea a las distintas ramas productivas.
En tercer lugar, en esta fase también podremos apreciar en qué medida, a pesar de las acciones de política económica aplicadas, la crisis está produciendo daños de carácter más permanente en los diferentes sectores, empresas y grupos de población.
Finalmente, empiezan a aparecer indicios de que la pandemia puede generar algunos cambios estructurales, aunque estos sean difíciles de delimitar en estos momentos.
En esta segunda fase, la respuesta de política económica tiene que combinar dos objetivos: apoyar la recuperación –lo que aconseja no efectuar una retirada prematura de las medidas de apoyo, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos- y facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia.
Este contexto extraordinariamente complejo hace necesaria también la definición de una agenda de reformas dirigida a afrontar los desafíos estructurales de nuestra economía, que con esta crisis se han hecho más apremiantes.
Finalmente, tampoco podemos olvidar que, tras la pandemia, nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Por ello, debemos aceptar que la necesaria expansión fiscal en el corto plazo debe venir de la mano de un plan de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo.
Permítanme que les exponga las razones que, a mi juicio, justifican la puesta en marcha, de manera urgente, de una estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal.
La estrategia deberá ser ambiciosa. La magnitud de los retos a los que se enfrenta la economía española demanda esa ambición, si verdaderamente se aspira a sentar las bases de un crecimiento sostenible y equilibrado.
El diseño y la implementación de las reformas deberían acelerarse, dado que su formulación creíble puede generar efectos positivos sobre las decisiones de gasto, inversión y contratación incluso en el muy corto plazo. Por su parte, la consolidación fiscal ha de aplicarse una vez que la economía recupere una senda de crecimiento sólido, pero su definición y comunicación tempranas tendrían importantes beneficios para la credibilidad de nuestra política económica.
La estrategia debe presentar un carácter integral, de modo que se tengan en cuenta las múltiples interacciones que existen entre los desafíos que debemos abordar; desafíos que, en muchos casos, requieren acciones a escala internacional y, en particular, europea. Debemos tener la ambición de influir de manera decisiva sobre dichas acciones.
La estrategia debería desplegarse con vocación de permanencia. Por ello, resulta fundamental que alcance un alto grado de consenso. En mi intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, a la que antes aludí, hice mención a la necesidad de un acuerdo político que abarcara varias legislaturas. Me reafirmo hoy en esa necesidad.
Finalmente, toda estrategia concebida con un horizonte de medio plazo tendría que ser cuidadosamente evaluada. Adoptar esta cultura de evaluación en el diseño de la política económica debería ser uno de sus pilares.
Permítanme que ofrezca ahora unas breves pinceladas sobre el impacto de la pandemia sobre la actividad económica. Con posterioridad, abordaré brevemente el contenido de la estrategia de política económica que acabo de esbozar. Su contenido detallado se encuentra, en todo caso, en un documento que he hecho llegar al presidente de esta Comisión para el reparto entre sus miembros.

2 La crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus

La pandemia ha tenido un impacto de extraordinaria intensidad. En China, el primer trimestre del año se saldó con el mayor retroceso de su PIB de la historia. En Estados Unidos se ha producido un aumento de la tasa de paro hasta máximos históricos. Y el PIB del área del euro se redujo un 3,6 % en el mismo período. En España, a pesar de que las medidas de confinamiento solo afectaron a las dos últimas semanas del primer trimestre, el PIB disminuyó un 5,2 %, lo que también supone la mayor caída intertrimestral de nuestra historia reciente.
El hecho de que la práctica totalidad de las restricciones vinculadas al estado de alarma hayan estado vigentes durante más de la mitad del segundo trimestre implicará, necesariamente, una caída significativamente más intensa de la actividad en este período. De acuerdo con las estimaciones del Banco de España, esta contracción del PIB podría situarse entre un 16 % y un 22 % con respecto a su nivel del primer trimestre.
La severidad de la crisis se ha hecho particularmente visible en el empleo, cuyo ajuste desde mediados de marzo y hasta finales de mayo alcanzó a más del 26 % del total. En paralelo, el número de empresas dadas de alta en los registros de la Seguridad Social ha sufrido la mayor caída de su historia.
Es cierto, no obstante, que la actividad económica habría comenzado a recobrar el pulso a medida que se ha avanzado en el plan de desescalada. De mantenerse, esto daría paso a un comportamiento más favorable en la segunda mitad del año. Sin embargo, esta evolución está sometida a una considerable incertidumbre.
Como reflejo de esta incertidumbre, las últimas proyecciones del Banco de España incorporan varios escenarios. El primero, de “recuperación temprana”, describe una situación en la que no se materializarían nuevos obstáculos relevantes en los próximos trimestres. En este escenario, el producto retrocedería un 9 % en 2020. El segundo escenario, de “recuperación gradual”, incorpora un impacto más persistente de la caída de la actividad durante la fase de confinamiento e incluye la posibilidad de nuevos brotes de la enfermedad de intensidad moderada. Todo ello llevaría la caída del PIB este año al 11,6 %.
En los dos casos, nos encontraríamos ante la mayor caída de la actividad en un solo año, y ello a pesar de que el PIB crecería a tasas intertrimestrales muy intensas en la segunda mitad del ejercicio. Estas previsiones apuntan también a efectos persistentes en el medio plazo. En 2022, el nivel del PIB se situaría, respectivamente, unos 4 y 6 puntos porcentuales por debajo del nivel que se proyectaba en diciembre de 2019; la tasa de paro permanecería por encima del 17 % y la ratio de deuda pública sobre el PIB se situaría entre el 115 % y el 120 %.
Además, no podemos descartar otros escenarios más negativos, como resultado, por ejemplo, de una evolución más adversa de la enfermedad o de un mayor daño de la crisis sobre el tejido productivo. Las proyecciones del Banco de España incluyen un tercer escenario, en el que la materialización de algunos de estos riesgos podría dar lugar a caídas del PIB para este año del 15 %.

3 La política económica en la segunda fase de la crisis

Las magnitudes principales de estas previsiones ilustran los retos a los que nos enfrentamos y la necesidad de articular una respuesta de política económica contundente. Paso ahora a detallar los principales elementos que, en mi opinión, debería incluir esta respuesta.
Como indicaba en la introducción, en esta segunda fase de la crisis, la política económica debe combinar dos objetivos: apoyar la recuperación y facilitar el ajuste estructural de la economía.
Permítanme que, en primer lugar, discuta las políticas relativas a los ámbitos monetarios y financieros, a cuyas decisiones a escala europea contribuye el Banco de España como integrante del Banco Central Europeo (BCE). En este caso, la prioridad debe seguir siendo dar apoyo a la recuperación y mantener la estabilidad financiera. Como señalé en mi comparecencia ante la Comisión de Economía, creo que todos debemos compartir el objetivo de evitar que la crisis actual venga acompañada de un endurecimiento generalizado de las condiciones de financiación o que dañe gravemente nuestro sistema financiero.
Para ello, en relación con la política monetaria, en el Consejo de Gobierno del BCE hemos reiterado nuestro compromiso de hacer lo que sea necesario para apoyar a todos los ciudadanos de la zona del euro en estos momentos extremadamente difíciles. Esto incluye asegurar que nuestra política monetaria se transmita a todos los sectores de la economía y a todos los países, y evitar que surjan problemas de fragmentación financiera como los vividos en el pasado. En definitiva, seguimos preparados para ajustar todos los instrumentos según proceda.
En materia supervisora, es evidente que el sector bancario afronta esta crisis desde una situación más saneada que en la anterior. En todo caso, deberemos seguir ejerciendo una doble vigilancia. Primero, sobre las entidades y mercados financieros, para que sigan facilitando la transmisión de la financiación. Segundo, sobre los riesgos para la estabilidad financiera.
En relación con el primer objetivo, más allá del papel de la política monetaria, los supervisores hemos permitido que las entidades puedan hacer uso de los colchones de capital disponibles y el Gobierno aprobó un programa de avales públicos a los préstamos a empresas que ha mitigado la posible reticencia de los intermediarios financieros a incurrir en mayores riesgos en un contexto como el actual. Todas estas medidas han sido efectivas. Los datos más recientes, correspondientes al mes de abril, evidencian un repunte interanual de casi el 90 % del flujo de nuevo crédito concedido por las entidades bancarias a las empresas.
En todo caso, la información analizada por el Banco de España muestra que las empresas de menor tamaño y las que se han visto más afectadas por la crisis podrían encontrar dificultades para acceder a la financiación, especialmente en ausencia de instrumentos de apoyo público. A la vez, resultaría necesario restablecer paulatinamente los incentivos para que los recursos financieros se reasignen hacia aquellas empresas y sectores que pueden contribuir en mayor medida a la recuperación de la actividad y del empleo. Todo ello aconseja estudiar la posibilidad, en función de cómo evolucione la actividad económica, deextender los mecanismos de garantía pública, en cuyo rediseño debe primar el acceso a estos recursos de las empresas con perspectivas sólidas de viabilidad.
Por otro lado, la crisis tendrá un impacto significativo sobre la calidad de la cartera crediticia de las entidades. Las caídas del PIB proyectadas para 2020 en los escenarios que anteriormente he esbozado superan a las de cualquier prueba de estrés realizada en el pasado, si bien es cierto que, si se materializara el repunte de la actividad previsto para 2021 y 2022, esta severidad se mitigaría de forma significativa. Además, la crisis afectará de forma diferenciada a las entidades en función de su modelo de negocio y de la distribución de sus exposiciones a los sectores y las geografías más afectados por la pandemia. Por todo ello, deberemos seguir ejerciendo una vigilancia estrecha para evitar los riesgos para la estabilidad financiera derivados de esta crisis, y estar dispuestos para dar una respuesta contundente, a escala europea, en caso de que estos se materialicen.
En segundo lugar, en el ámbito nacional, deberían extenderse temporalmente y recalibrarse algunas de las medidas ya aplicadas.
Así, parece apropiado mantener algunos de los instrumentos de apoyo a las rentas de los hogares más vulnerables, si bien es fundamental que se mantenga su carácter focalizado, con un diseño que no distorsione las decisiones, por ejemplo, de participación laboral.
Igualmente tendría sentido extender los ERTE en algunos sectores o empresas que seguirán muy afectados por las medidas de distanciamiento social. Y, en paralelo, debe asegurarse el correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos de flexibilidad disponibles para las empresas, cuyo papel es especialmente útil para permitir potenciales ajustes estructurales derivados de la crisis.
En tercer lugar, deben incorporarse nuevas medidas en varios ámbitos, como los relativos a las políticas activas de empleo y de formación para desempleados y trabajadores suspendidos temporalmente. Estas medidas tendrían como objetivo mantener su empleabilidad y facilitar su recolocación en aquellos sectores o empresas con mayor capacidad de crecimiento.
Asimismo, la suspensión de la educación presencial tiene el riesgo de generar un impacto negativo sobre el rendimiento académico de los estudiantes, particularmente en los hogares de menor renta. En consecuencia, debe dotarse al sistema educativo de mecanismos que permitan a los alumnos adquirir las cualificaciones necesarias aun en ausencia de educación presencial.
Del mismo modo, resulta urgente revisar los procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de la carga financiera de las empresas. Deben establecerse procedimientos administrativos ágiles y simplificados. Concretamente, las empresas deudoras con dificultades financieras deberían tener la capacidad de acceder a un marco preventivo que les permitiese continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables.
En cuarto lugar, debe añadirse un impulso fiscal en las primeras fases de la recuperación, que permita también apoyar la reestructuración de nuestro tejido productivo. Para ello, sería recomendable priorizar el uso del eventual fondo de recuperación europeo en determinadas inversiones que se contraen más en tiempos de incertidumbre y dificultades financieras. Este es el caso de la inversión en capital tecnológico y en formación. También es elmomento de agilizar los proyectos que contribuyan a la transición hacia una economía más sostenible. El tamaño de este fondo europeo debería ser proporcional a las necesidades de financiación del gasto público generadas por la pandemia, y su aprobación y ejecución deberían agilizarse.

4 El diseño de una agenda ambiciosa de reformas estructurales

Más allá de estas actuaciones de corto plazo, se hace necesaria la definición de una agenda ambiciosa de reformas estructurales, dirigida a aumentar el crecimiento potencial de la economía. Permítanme que enumere brevemente cuál debería ser, en mi opinión, el contenido de esta agenda.
4.1 Mejorar la dinámica de la productividad
En primer lugar, el principal factor explicativo del bajo crecimiento potencial de la economía española es el escaso crecimiento de la productividad. En los veinte últimos años, la productividad total de los factores ha crecido en España a una tasa anual promedio del 0,2 %, muy por debajo de la registrada en Alemania o Estados Unidos. Resulta prioritario, por tanto, mejorar la dinámica de esta variable. Permítanme que me centre en tres aspectos que, de forma transversal, determinan esas ganancias en productividad.
Fomentar la dinámica y el crecimiento empresarial, e incrementar el grado de competencia sectorial
En primer lugar, la economía española se caracteriza por el reducido tamaño de sus empresas. Y precisamente en las pymes españolas se observa un diferencial de productividad negativo elevado con respecto a las europeas. Potenciar su crecimiento permitiría no solo aumentar la productividad, sino también mejorar la solidez financiera del tejido empresarial.
Para ello, habría que asegurar que los objetivos buscados por todas las regulaciones que introducen una cierta discriminación empresarial por razón de su tamaño sean compatibles con la competencia y no planteen obstáculos al crecimiento empresarial.
Además, habría que profundizar en las mejoras del marco regulatorio para converger con las mejores prácticas de las economías de nuestro entorno. Los indicadores disponibles muestran que existe margen de mejora en relación con los trámites de creación de empresas, con la regulación de algunos sectores -como el comercio minorista y algunos segmentos del transporte o de los servicios profesionales -, y con el funcionamiento del sistema judicial.
En un país tan descentralizado como España, resultaría también conveniente que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales pusieran en común sus diferentes prácticas, para reducir las actuales trabas a la unidad de mercado.
Mejorar el capital humano
Incrementar la productividad requiere, adicionalmente, mejorar el capital humano. En esta materia seguimos teniendo retos importantes, como los derivados de la existencia deniveles educativos promedio de trabajadores y empresarios inferiores a los de la UE, del elevado abandono escolar y de la brecha negativa en los indicadores de calidad educativa.
Estas deficiencias, junto con la necesidad de afrontar los retos que plantean la globalización, el progreso tecnológico y la automatización de tareas, apuntan a la conveniencia de replantearse el diseño institucional del sistema educativo, así como el contenido del currículo y el propio sistema de aprendizaje. Los objetivos serían favorecer la orientación individualizada y temprana del alumno; en el ámbito universitario, mejorar la selección del personal docente e investigador y vincular la financiación del sistema a objetivos de excelencia; y respecto a la formación profesional, dedicar recursos a su rediseño para lograr una combinación óptima entre formación general y experiencia práctica en empresas.
Incrementar el capital tecnológico
El capital tecnológico es otro pilar fundamental sobre el que debe descansar cualquier estrategia de crecimiento. La economía española tampoco sale bien parada en esta dimensión. La proporción de empresas innovadoras en España se sitúa muy lejos de los porcentajes observados en Francia, Italia o Alemania, y el peso sobre el PIB de la inversión pública y privada en I+D es un 26 % y un 54 %, respectivamente, inferior al promedio europeo.
Las posibles actuaciones públicas en ese ámbito no pueden reducirse a dotar una mayor partida presupuestaria. También serían deseables modificaciones en el sistema de promoción y de carrera investigadora para favorecer la entrada y el desarrollo de nuevos investigadores con elevado potencial. Asimismo, podría considerarse una reestructuración del conjunto de las organizaciones públicas que desarrollan innovación para tratar de explotar sus sinergias y reforzar los mecanismos de asignación de recursos entre centros sobre criterios de excelencia académica.
4.2 Reducir el desempleo y la precariedad del empleo
El segundo objetivo de la agenda de reformas debería ser atender a los desafíos del mercado de trabajo, cuyas deficiencias son evidentes, como muestra que, desde 1980, la tasa de paro promedio en España se ha situado en casi el 17 %.
Reducir la temporalidad del empleo
Uno de los aspectos diferenciales de nuestro mercado laboral es su elevada tasa de temporalidad, que en el promedio de la última década se ha situado en el 25,2 %, frente al 13,9 % registrado en la UEM.
Son precisamente los trabajadores con contrato temporal los que han venido soportando, de manera desproporcionada, los flujos de destrucción de empleo en nuestra economía, lo que genera efectos muy negativos sobre la desigualdad, las carreras laborales y la productividad. Sin olvidar que la excesiva temporalidad condiciona decisiones tan relevantes como las relativas a la emancipación o la fecundidad.
Por todos estos motivos, reducir la dualidad es ineludible. Para ello, los mecanismos de protección al empleo deberían ser revisados bajo el prisma de compatibilizar la necesariaprotección de los trabajadores con la flexibilidad de las empresas. Por tanto, considero conveniente explorar figuras como la de contratos con costes de despido crecientes. También merecen atención aquellos modelos mixtos que combinan la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo mientras el trabajador mantiene el empleo con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente con la experiencia acumulada.
Mejorar las políticas activas de empleo
Otra de las características de nuestro mercado laboral es la elevada persistencia de las situaciones de desempleo. Por ejemplo, a finales de 2019, cerca del 43 % de los parados llevaba más de un año buscando un empleo. Esta situación se agravará ahora, dado que los trabajadores más afectados por esta crisis muestran, en promedio, una menor formación.
Por ello, deben reforzarse las políticas activas de empleo. En particular, resulta necesario habilitar mecanismos que permitan un seguimiento y orientación individualizada de los desempleados, basados en técnicas de perfilado estadístico de los parados y de las vacantes disponibles. Los posibles cambios en la estructura sectorial de la ocupación hacen aconsejable también reforzar la formación continua. Asimismo, sería deseable mantener la posibilidad de celebrar contratos de formación, con la mayor flexibilidad posible, para jóvenes y empresas. Finalmente, es importante revisar el sistema actual de bonificaciones a la contratación y priorizar las dirigidas a los colectivos de mayor edad y con menor formación, y analizar continuamente su efectividad.
4.3 Afrontar el reto del fenómeno del envejecimiento poblacional
El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la economía española, como ilustra la evolución prevista de la tasa de dependencia, que se sitúa en el 29,5 % en la actualidad y que aumentará en más de 25 puntos porcentuales en los próximos 25 años. Entre los factores que explican este fenómeno, destacan una de las esperanzas de vida más altas del planeta y una tasa de fecundidad muy baja.
Esto sugiere la conveniencia de introducir medidas que favorezcan la conciliación, incrementen el apoyo a las familias y aumenten las oportunidades en el mercado laboral, especialmente las de las mujeres jóvenes con hijos. Son precisamente ellas las que, con frecuencia, resultan afectadas económicamente en mayor medida por la decisión de ser madres. Asimismo, debería adaptarse la política migratoria para tratar de acompasarla a las necesidades del mercado de trabajo.
Los efectos del envejecimiento poblacional serán particularmente notorios en las cuentas públicas. La Comisión Europea proyecta para España que el gasto sanitario y de cuidados de larga duración será, en 2050, casi 2 puntos porcentuales del PIB superior al registrado en 2016.
Afrontar la reforma del sistema de pensiones
La presión al alza sobre el gasto será incluso superior en la partida de pensiones. En este caso, tras la suspensión de la aplicación de los mecanismos compensatorios incluidos enla reforma de 2013, serán precisas medidas adicionales para garantizar su sostenibilidad futura.
El debate en este ámbito debería iniciarse con la fijación del nivel de prestaciones que debe proveer el sistema público de pensiones y asegurar la movilización de los recursos suficientes para sufragarlas, estableciendo unos parámetros básicos de equidad intergeneracional. En este sentido, algunos países (como Alemania, Suecia o Italia) han optado por incorporar mecanismos de ajuste entre la esperanza de vida y el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación para estabilizar el sistema. Además, sería conveniente aumentar su transparencia y reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando siempre un nivel de suficiencia. También sería deseable la introducción de incentivos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la legal.
4.4 Reforzar las políticas de inclusión
En cuarto lugar, debe abordarse el reto que supone el incremento de la desigualdad. Iniciamos el actual episodio recesivo con un nivel de desigualdad superior al que se registraba a finales del anterior ciclo expansivo, y todo apunta a que esta crisis supondrá un incremento adicional, dado que está afectando en mayor proporción a colectivos que, en general, percibían rentas relativamente bajas.
Las medidas ya aprobadas de protección del empleo y de apoyo a las rentas de los hogares deberían contribuir a reducir la vulnerabilidad de los hogares más afectados. Asimismo, muchas de las medidas estructurales destinadas a mejorar la productividad o a reducir el desempleo y la precariedad del empleo son también fundamentales para disminuir las desigualdades.
Completar un diseño y aplicación adecuados del ingreso mínimo vital
Por su parte, el recientemente aprobado ingreso mínimo vital podría contribuir, en coordinación con los esquemas existentes en las Comunidades Autónomas, a reducir el nivel de pobreza extrema. Para ello será importante evaluar su aplicación práctica y, en particular, si los requisitos de elegibilidad establecidos son eficaces para apoyar a los colectivos más vulnerables, y si su diseño produce suficientes incentivos para que los beneficiarios se incorporen al mercado de trabajo y no se ocasione un desplazamiento a sectores informales.
Reforzar las políticas de acceso a la vivienda
Una cuestión adicional es la relativa a los problemas de accesibilidad a la vivienda de alquiler por parte de ciertos colectivos. Se trata de un fenómeno global que se observa, especialmente, en las áreas metropolitanas de las economías avanzadas.
La evidencia internacional muestra que las políticas dirigidas a incrementar la oferta de vivienda en alquiler son las más efectivas para abordar estos problemas. En particular, muchos países han optado por combinar la introducción de garantías públicas con incentivos fiscales sobre el sector privado promotor de vivienda en alquiler. Asimismo, resulta crucial garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.
4.5 Favorecer la transición hacia una economía más sostenible
Combatir el cambio climático y facilitar la transición hacia una economía más sostenible constituyen otros desafíos fundamentales a los que se enfrenta nuestra sociedad. La política fiscal deberá desempeñar un papel preponderante en la estrategia necesaria para alcanzar los objetivos marcados en este terreno, tanto para desincentivar las actividades más perjudiciales para el medio ambiente, a través de un sistema impositivo armonizado a escala internacional, como para impulsar las inversiones públicas y privadas necesarias para desarrollar tecnologías más limpias, y para paliar los costes sociales de la transición.
El sector financiero está llamado también a desempeñar un papel fundamental. Para ello, es crucial que incorpore los riesgos asociados al cambio climático en su toma de decisiones. El desarrollo por parte de los supervisores de pruebas de resistencia medioambientales será un instrumento útil en este sentido, como también la armonización internacional de una taxonomía que aporte transparencia acerca de las actividades que contribuyen a la transición hacia una economía baja en carbono.
4.6 Mantener un sector financiero saneado
Dediqué mi última intervención ante la Comisión de Economía del Congreso a analizar los retos que esta crisis genera para el sector financiero. En todo caso, me gustaría volver a enfatizar hoy que, desde el punto de vista del medio plazo, la actual crisis supondrá una presión adicional a la baja sobre su rentabilidad, lo que pone de manifiesto la necesidad de que las entidades aborden con urgencia algunos de los desafíos asociados a la digitalización y a la gestión de los riesgos de ciberseguridad, junto con otros de carácter reputacional. Esto requerirá esfuerzos adicionales para reducir los costes de explotación y lograr aumentos de eficiencia, invertir en tecnología y mejorar su conducta y reputación.
4.7 Afrontar los nuevos retos estructurales tras el Covid-19
Todos los desafíos que he mencionado eran previos a la irrupción de la pandemia. Pero también están surgiendo otros como consecuencia de esta crisis.
El proceso de globalización de la producción
Así, la crisis ha puesto de manifiesto algunas de las vulnerabilidades asociadas al proceso de globalización y los riesgos derivados del proteccionismo. Frente a esto, nuestro país debe desempeñar un papel de liderazgo en la defensa de un modelo comercial global, basado en las reglas multilaterales y la libre competencia. No hay que olvidar que España ha aumentado de manera muy significativa su apertura al exterior, lo que ha resultado esencial para nuestro crecimiento, pero también nos hace más sensibles a un eventual repliegue del comercio internacional.
El proceso de digitalización
La crisis también podría acelerar el proceso de digitalización de la economía. Por una parte, ha demostrado las posibilidades del teletrabajo, cuya utilización en España era reducidacon anterioridad a esta crisis. Su desarrollo exigirá potenciar sus aspectos positivos y tratar de mitigar sus inconvenientes. En particular, existe evidencia de que, si no se dan las condiciones adecuadas, la productividad del teletrabajo podría ser inferior a la del presencial. Por tanto, exigirá políticas de formación que permitan aprovechar las oportunidades de empleo que se generen como consecuencia de un uso más intenso de esta forma de trabajar.
Por otra parte, el avance del comercio electrónico durante el confinamiento, que se añade a su extraordinario desarrollo en los últimos años, podría intensificarse en el futuro. En este caso, será fundamental entender las implicaciones de este proceso en términos de las dinámicas de competencia empresarial y de precios, y, si fuera necesario, desarrollar actuaciones que minimicen eventuales efectos adversos.
4.8 Impulsar la reforma de la gobernanza europea
Esta crisis ha demostrado también que, a pesar de los avances de los últimos años, se hace necesario seguir profundizando en la mejora de la gobernanza de la UEM. En concreto, debería aprovecharse el impulso de los acuerdos recientes para crear un mecanismo fiscal de estabilización macroeconómico europeo, de carácter permanente, que permita una mayor compartición de riesgos como, por ejemplo, un seguro de desempleo europeo. Resulta también prioritario culminar la Unión Bancaria, con la aprobación de un Fondo de Garantía de Depósitos europeo plenamente mutualizado. Y debe avanzarse en la reducción de las barreras que impiden que exista una verdadera Unión de Mercados de Capitales.

5 Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas

Permítanme finalizar enfatizando la importancia de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Como señalaba con anterioridad, tras la pandemia nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Pues bien, la persistencia en el tiempo de estos niveles de deuda pública reduciría los márgenes de la política fiscal para hacer frente a perturbaciones adversas, expondría a la economía a una situación de vulnerabilidad crónica ante cambios en el sentimiento de los mercados financieros y lastraría nuestra capacidad de crecimiento.
Por tanto, es necesario que en el medio plazo se acometa un programa de reducción gradual del déficit y del endeudamiento públicos.
Si tomamos como ancla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y asumimos que, una vez que los efectos de la crisis se hayan disipado, se aplica una reducción anual del déficit estructural del 0,5 % del PIB hasta alcanzar un saldo equilibrado, puede estimarse que, bajo determinados supuestos, la deuda pública sobre el PIB tendería a reducirse progresivamente. Es decir, reducir el importante volumen de deuda pública que surgirá como consecuencia de esta crisis de forma gradual es factible, siempre y cuando se articule un programa de consolidación adecuado.
Este programa debería incluir una definición clara de los objetivos presupuestarios y de sus plazos, así como el detalle de las medidas necesarias para su consecución. Debería también estar basado en una previsión prudente de la evolución macroeconómica e incorporar una respuesta adecuada ante posibles desviaciones.
Los detalles de este programa deben decidirse en el ámbito político, de forma que incorporen las preferencias sociales sobre el nivel y la composición de los gastos y los ingresos públicos. En todo caso, debería ser compatible con una mejora de la calidad de las finanzas públicas.
En este sentido, por el lado de los gastos, resultaría prioritario someter a una revisión exhaustiva las distintas partidas, con el objetivo de identificar aquellas áreas en las que existe margen para mejorar la eficiencia. Es importante que las recomendaciones proporcionadas por las evaluaciones de la AIReF se tomen en cuenta lo antes posible.
Debe realizarse también una revisión integral del sistema impositivo, con el fin de mejorar su capacidad recaudatoria y su eficiencia. La comparación con el resto de los países europeos puede servir aquí de guía. Y, de nuevo, los resultados del proceso de revisión de los beneficios fiscales que está llevando a cabo la AIReF supondrán una contribución importante.
Finalmente, en un país tan descentralizado como España, resulta crucial contar con la colaboración de las Administraciones Territoriales en el diseño y ejecución del programa de consolidación. Además, debería abordarse la reforma de su sistema de financiación, con el propósito de adecuar sus ingresos a una estimación objetiva previa de sus necesidades de gasto, garantizar un reparto transparente e incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal.

6 Conclusiones

Termino esta comparecencia insistiendo en los cinco atributos que, en mi opinión, deberían caracterizar la estrategia de crecimiento que necesita nuestro país en este momento: urgente, ambiciosa, integral, evaluable y basada en consensos amplios.
Urgente, por la coyuntura extraordinariamente compleja en la que nos encontramos y por la envergadura de los retos que deben abordarse. La inacción juega en nuestra contra, puesto que la falta de respuesta ante estos desafíos incrementa el calibre de su amenaza.
Ambiciosa, porque la complejidad de la situación y el alcance de los desafíos exigen la implementación de un amplio paquete de reformas, en muchos casos disruptivas, y no de pequeños ajustes aislados.
Integral, porque los distintos retos que condicionan las perspectivas de crecimiento de la economía y el bienestar de nuestra sociedad están estrechamente relacionados entre sí. Tratar de resolver alguno de ellos de forma aislada no es ni factible ni deseable.
Además, la estrategia deberá ser evaluada periódicamente, con el objetivo de identificar áreas de mejora en su diseño o en su aplicación.
Finalmente, deberá estar basada en consensos amplios, para que pueda tener vocación de permanencia y resultar creíble. Los retos estructurales exigen respuestas estructurales, que perduren en el tiempo. Por ello, en una sociedad democrática como la nuestra, las líneas maestras de esta estrategia deberían gozar de un alto grado de consenso entre los distintos agentes políticos, económicos y sociales, de forma que las bases sobre las que se asiente nuestro crecimiento sean estables.

Muchas gracias.

El Rey Felipe VI ha clausurado las jornadas ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’, en presencia de Nadia Calviño y Pablo Isla

domingo, 28 de junio de 2020

24 junio 2020

El Rey Felipe VI ha clausurado las jornadas ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’, en presencia de Nadia Calviño y Pablo Isla

La geopolítica y la visión de las Comunidades Autónomas protagonizan la última jornada de la cumbre empresarial de CEOE

El presidente de Inditex, Pablo Isla, presentará junto con el presidente de CEOE las conclusiones, mañana jueves, a las 12:00h, durante la Asamblea General de la organización

Economía y Fiscalidad Economía y Fiscalidad

ceoe.es

En la última jornada de la cumbre ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’ ha sido el turno de la geopolítica y la visión de las Comunidades Autónomas a través de la participación de las organizaciones empresariales que se integran en CEOE.

S.M. el Rey Felipe VI ha clausurado las jornadas, en presencia de la ministra de Economía y vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, y el presidente de Inditex, Pablo Isla, tras nueve días dando voz a representantes del mundo empresarial español al más alto nivel para exponer su visión sobre la situación actual y sobre la estrategia de salida de la crisis por el COVID-19.

Durante su intervención, S.M. El Rey Felipe VI ha agradecido “la labor y el empuje” del sector empresarial para afrontar y superar la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19. También ha valorado la “apuesta decidida de los empresarios por defender nuestra economía, el bienestar de nuestros ciudadanos y el porvenir de España, asumiendo siempre una actitud proactiva y comprometida”. “Estas iniciativas han sido una clara expresión del compromiso de los empresarios, con responsabilidad y con solidaridad, aportando lo mejor de vosotros mismos”, ha añadido.

S.M. el Rey ha afirmado además que “juntos siempre podremos llegar más lejos y en mejores condiciones”. “Este Foro de CEOE ha sido un importante instrumento cargado de mensajes de futuro orientados a construir confianza y favorecer la competitividad, la inversión y la creación de puestos de trabajo”, ha concluido.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado: “Durante dos semanas hemos sido el altavoz de las empresas” en unas jornadas que ha calificado de “cumbre sin precedentes en la historia de CEOE y de España en el ámbito empresarial”, asumiendo “la obligación de ser la locomotora que saque a la economía de esta crisis, manteniendo la actividad y el empleo”. En este contexto, ha establecido como prioridades “la sostenibilidad y la inclusión”, porque, según Antonio Garamendi, “el empleo es la clave en la lucha contra la pobreza”.

El panel dedicado a la geopolítica ha dado comienzo con la intervención de Javier Solana, presidente del Center for Global Economy and Geopolitics de Esade, quien ha calificado de “interesantísima contribución al país” la realización de esta cumbre, y ha puesto el énfasis en la internacionalización de las empresas como “el camino que hay que seguir”, para lo cual “hay que conocer el mundo”. En su opinión, “es imprescindible tener una Europa más cohesionada”, y en ese sentido, ha añadido que “aunque van despacio, las cosas van en la buena dirección”, destacando la ayuda que suponen “los préstamos de la UE”.

A continuación, Josep Piqué, editor de política exterior, ha centrado su intervención en el papel de las empresas en este nuevo escenario político, donde “China y Estados Unidos son los grandes protagonistas”, y hay “actores de reparto muy relevantes, como “Rusia, India, Irán o Turquía”. “La gran incógnita -según él- es qué papel juega Europa”. “No hay solidaridad sin asunción de responsabilidad”, ha afirmado, al tiempo que ha identificado como las “dos grandes tendencias”: la globalización, que tiene “un grave problema de gobernanza” porque “la pugna es tecnológica”, y la revolución digital”, en la que se abre “un debate ético” a cerca de “las relaciones entre las empresas y la sociedad, la RSC”.

Ya en el panel dedicado a las organizaciones empresariales de ámbito territorial, Miguel Garrido, presidente de CEIM Madrid, ha afirmado que “el principal escudo social es el empleo”, “es la verdadera prioridad”, y para ello hay que “ayudar a las empresas”. Entre las medidas que necesitan las empresas para salir de la crisis, ha mencionado la “flexibilidad, sobre todo laboral”, “un marco fiscal incentivador de la actividad” o luchar “contra el fraude y la economía sumergida”, así como “contra la morosidad”.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, considera que “son momentos de tejer complicidades”. Ha pedido “un gobierno que escuche y actúe”, porque según él, “el único camino es la concertación y el consenso”, y ha añadido que “es fundamental la colaboración de lo público con lo privado”. Considera también necesaria una “reindustrialización de la economía española”, reiterando que se necesita “generar confianzas y complicidades”. Según Sánchez Llibre, “las conclusiones de estas jornadas tendrían que incorporarse a la hoja de ruta de reconstrucción que elabore el Gobierno”.

Por su parte, Salvador Navarro, presidente de CEV, considera que “acelerar la recuperación y mantener el máximo nivel de empleo” debe ser el objetivo de todos, y ha reclamado al Gobierno una “reforma de la financiación”, porque, ha asegurado: “Los valencianos nos sentimos ciudadanos de segunda”. Además, ha señalado que debido al importante peso que tiene el turismo en la Comunidad Valenciana, la recuperación “será más complicada” en la región. Navarro ha llamado a priorizar el diálogo social y a que el plan de salida de la crisis sea “fruto del mayor consenso posible”.

Javier González de Lara, presidente de CEA, ha señalado que “esta crisis y su origen son ajenos al mundo empresarial”, por lo que no hay que “cambiar el modelo productivo, sino hacer más productivo el modelo”, situando “a la empresa en el eje de la toma de decisiones”. Ha pedido también “altura de miras y visión de largo alcance”, “en un escenario de seguridad y confianza”.

Santiago Aparicio, presidente de CECALE, ha puesto el foco en “el desafío de la digitalización y la apuesta por la economía verde” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Repasando la situación por sectores en la región, Aparicio ha afirmado que “hay que llevar la digitalización al sector agrario”, potenciar la I+D+i en el sector del automóvil, “muy potente en Castilla y León”, al tiempo que ha destacado también la importancia del sector turístico, “con cuatro ciudades Patrimonio de la Humanidad”. Ha mencionado, asimismo, que “la financiación autonómica debe cambiar”, añadiendo que necesitan una armonización fiscal “que impida la sangría de empresas de esta región”. “Empezar a utilizar la ley de unidad de mercado”, en su opinión “ahorraría más de 45.000 millones a las CCAA españolas”.

Eduardo Zubiaurre, presidente de CONFEBASK, ha relatado que el impacto de la crisis en Euskadi está siendo muy importante, sobre todo en la industria por su peso en el PIB de este territorio. La crisis “está afectando tanto a la oferta como a la demanda” y preocupa el “frenazo de la actividad” en distintos sectores. Entre sus propuestas para remediarlo, “aumentar la inversión pública y el endeudamiento”.

Ángel Nicolás, presidente de CECAM, ha asegurado no entender “el apoyo al trabajador si previamente no hay un apoyo a la empresa”, “se están haciendo las cosas al revés”, ha añadido. En su opinión ha funcionado tan bien el teletrabajo durante la pandemia “porque no estaba regulado”. “Muchas personas se han librado de ir al ERTE porque han teletrabajado”, ha afirmado, añadiendo que “apoyando a la empresa se apoya al trabajador”, y que “a menor presión fiscal, mayor expansión de la economía”.

Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, ha pedido “extremar las medidas de prudencia” para “no desandar lo andado”. En Aragón, en este periodo se han perdido, “entre empresas y autónomos” alrededor de 4.000. “Salvar empresas es salvar empleos”, ha afirmado, por lo que “es imprescindible la prórroga de los ERTES mientras dure este escenario excepcional”. Mur ha puesto sobre la mesa “el carácter pactista aragonés”, ensalzando el papel del diálogo social, y ha avisado de que “Europa va a ayudar, pero esa ayuda no va a ser gratis”.

Antonio Fontenla, portavoz de CEG Galicia, ha resaltado que en su territorio tienen un “problema muy grave de demografía”, y ha puesto en valor el “esfuerzo extraordinario” del Gobierno gallego para ayudar a las empresas de la región en esta crisis. Según Fontenla, es un “problema enorme” que la región “solo tiene el 14% de su PIB en la industria”, y ha llamado la atención sobre la situación de Alcoa, que supone “el 40% de la industria de la provincia de Lugo”, y o el hecho de que “el AVE no llega”, por lo que están “cansados de incumplimientos”. Ha constatado que allí puesto “donde la industria es fuerte, no hay paro”.

Agustín Manrique de Lara, presidente de CCE Las Palmas, ha expresado su “agradecimiento a la Corona”, ya que los Reyes iniciaron ayer su visita a las CCAA tras la pandemia por esta región. Según Manrique “la crisis sanitaria ha sido leve en Canarias”, pero prevé que la economía “va a verse seriamente afectada”. Para 2021 esperan que la recuperación lleve a un crecimiento del PIB de “entre el 14% y el 16%”, y ha lamentado la pérdida de “tres millones de visitantes en los primeros cinco meses del año”, por lo que considera esencial la prórroga de los ERTEs hasta “la plena recuperación turística”.

José Carlos Francisco, presidente de CEOE Tenerife, ha planteado medidas a corto plazo, como los “ERTEs hasta diciembre”, líneas de liquidez “que se han mostrado importantes” y “el incremento de deuda pública para cubrir los gastos de la pandemia y que no se paren las inversiones públicas”. A futuro, le preocupa que se esté creando “un ecosistema que sea agresivo para el empresario”, en referencia sobre todo a la fiscalidad, algo que sería “contraproducente para lo que el país necesita en su salida de esta crisis”.

Pedro Castro, presidente de CREEX Extremadura, ha comentado algunas debilidades que ya tenía la región con anterioridad a la crisis, como el paro, la falta de infraestructuras, el envejecimiento o la despoblación de las zonas rurales. En esta Comunidad, según Castro, han apostado por el diálogo social y un “espíritu de concertación” que ha arrojado importantes logros para las empresas. Para salir de la crisis “necesitamos que el gobierno se implique con decisión generando seguridad jurídica”, “diálogo”, “eficacia”, ha indicado. Pide “vertebrar un territorio” que camina hacia la despoblación a medio plazo, y ha pedido también al Gobierno “una estrategia de recuperación consensuada”.

Carmen Planas, presidenta de CAEB Baleares, ha traído a su intervención “mensajes positivos”, como el “orgullo de que Baleares haya podido liderar a nivel nacional una desescalada modélica”. “Nuestro deseo -ha asegurado- no era otro que el de generar confianza” para un sector que es “vital para Baleares”, pero también para el PIB nacional, y ha valorado en “35 millones de euros” el mensaje de confianza que se ha traslado. Pero también ha advertido de que debe “mantenernos en alerta” la contracción sin precedentes del PIB de Baleares, que ha sido “de un 4,5%”, lo que, a su parecer, les sitúa “a las puertas de la recesión económica, que va ser muy grave y sin ser agorera muy difícil de superar”, ha vaticinado. “En esta crisis Baleares es muy vulnerable”, lamenta, añadiendo que en mayo “prácticamente se ha duplicado el desempleo” en las islas.

Juan Miguel Sucunza, presidente de CEN Navarra, ha asegurado que se trata de una Comunidad “muy singular”, en la que “la industria supone el 30% del PIB”, así como “muy exportadora”, pero se está notando “de forma seria la paralización de la economía”. Considera que las ayudas europeas son “totalmente necesarias” para reactivar la economía. “No podemos permitir que cierren empresas viables”, ha afirmado. Además, ha destacado la responsabilidad que supone “dejar como herencia una enorme deuda pública”, por lo que ha pedido una “correcta administración de esos fondos”. Sucunza ha hecho también un llamamiento al diálogo y a la “reconciliación”.

Enrique Conde, presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, asegura que tenemos la “oportunidad de transformar la economía a una de alto valor productivo”, y ha puesto en el foco del corto plazo a los sectores del comercio, hostelería y turismo, mientras que ha situado en el medio plazo para la salida de la crisis a la construcción. Ha hecho también una “apuesta por la industria”, poniendo de manifiesto algunas “desventajas competitivas en Cantabria”, entre las que ha mencionado el coste de la energía, las exigencias medioambientales o “la lentitud de la Administración autonómica”. Asimismo, ha pedido apostar por “las empresas más intensivas en tecnología”, “la digitalización del tejido productivo”, “más obra pública en 2020-2021” o “una transición ecológica justa”.

Jaime García Calzada, presidente de FER La Rioja, ha vaticinado que habrá que “lidiar con una crisis económica inédita”. La Rioja la ha sufrido “de forma muy virulenta”, ha afirmado, y ha adelantado que “su economía se contraerá entre un 8% y un 10%”. Ha pedido “poner encima de la mesa todas las herramientas para salvar el máximo de empresas y autónomos posibles y el máximo empleo”. Con un tejido empresarial de “11.000 empresas y 130.000 trabajadores, de las que 4.500 han estado en ERTE” y “quedan por incorporarse 12.500 trabajadores”, por lo que considera que “la adaptación ha sido rápida, menos en aquellos sectores que están en la UVI”. En cuanto al comercio exterior de la región, ha calculado que se perderán “más de 500 millones de los 1.900 millones alcanzados en 2019 por las exportaciones riojanas”, que ha calificado como “una de las fortalezas” de esa Comunidad.

José María Albarracín, presidente de CROEM Murcia, ha reclamado que no se legisle “de espaldas a los empresarios”, y ha puesto en valor su labor durante la crisis, en especial los considerados esenciales, “como el sector primario y el transporte”, pero también “la de aquellos que se vieron obligados a cerrar”. Ha pedido mirar “al empresario como ese caballo que tiene que tirar del carro”, al tiempo que ha dicho que “hay que aprender mucho de lo que ha sucedido” para “no cometer errores del pasado”. Albarracín ha reclamado “colaboración público-privada en lo sanitario, pero también en el sistema educativo”, “que hay que adaptar” a las necesidades actuales. Ha hecho también un reconocimiento “al sector bancario que ha estado al lado de los empresarios”.

Pepe Dhanwani, presidente de CECE Ceuta, ha pedidodiálogo, a nivel de la Ciudad Autónoma, sobre la desescalada, porque, ha asegurado, “entre todos debemos reactivar la actividad económica y social de la ciudad”. Según Dhanwani, las “relaciones comerciales con el vecino Marruecos se han caído”, por lo que “ha llegado el momento de que Ceuta se plantee un nuevo escenario”, ingresando en la unión aduanera “para que Ceuta esté en el mundo y el mundo cuente con nosotros”, ha demandado.

Margarita López Armendáriz, presidenta de CEME Melilla, ha recordado que esta Ciudad Autónoma “es una de las fronteras de Europa con Marruecos”, país con el que “históricamente” han mantenido “relaciones de buena vecindad”, pero de un tiempo a esta parte “se han visto debilitadas”, según la presidenta de los empresarios melillenses desde el cierre de la aduana comercial a mediados de 2018 “decretado de manera unilateral” por el Gobierno marroquí. Por ello, ha reclamado “su reapertura”, así como “una bonificación al transporte de mercancías”, la entrada de Melilla en la unión aduanera o una simplificación administrativa. Ahora “nos tratan de tercer país”, ha lamentado.

Belarmino Feito, presidente de FADE Asturias, ha apoyado el diálogo social, porque “no se debe gobernar por decreto, sino por consenso”. Feito ha comentado que con carácter previo a la pandemia, desde la organización empresarial propusieron un nuevo eslogan para la región, en lugar del conocido ‘Asturias, paraíso natural’: “Sin empresas, no hay paraíso”, “hoy más vigente que nunca”, a su parecer. Ha afirmado que “la industria es un pilar fundamental de la economía asturiana”, y sobre ella se ciernen muchas amenazas que pueden ponerla “en grave riesgo”. Ha recordado la “problemática del sector siderúrgico”, considerando un “grave error la desprotección de la UE al acero”, al tiempo que también ha puesto en valor el importante papel del turismo en la región.

Conclusiones de la cumbre en la Asamblea General de CEOE

CEOE celebra mañana jueves, 25 de junio, su Asamblea General, que contará con la presencia del presidente de Inditex, Pablo Isla, quien presentar junto a Antonio Garamendi las conclusiones de la cumbre ‘Empresas Españolas Liderando el Futuro’.

Este evento, que organiza CEOE con carácter anual, será en esta ocasión el broche final a esta Cumbre Empresarial que se ha venido celebrando desde el pasado 15 de junio.

El Gobierno publica recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19

domingo, 28 de junio de 2020

Coronavirus COVID-19

El Gobierno publica recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19

Lunes 22 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

El Gobierno de España ha publicado una guía, dirigida a profesionales del sector, con recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales comerciales.

El documento establece una serie de criterios técnicos para proteger la salud pública, con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 en espacios y locales públicos con ventilación o climatización mecánica, como pueden ser oficinas, centros comerciales, instalaciones deportivas o culturales, entre otras.

La guía ha sido coordinada por técnicos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con la participación de expertos en salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación. Se ha tenido en cuenta las recomendaciones de las agencias internacionales, organizaciones profesionales y sociedades científicas.

Enlace a la guía

Las recomendaciones son las siguientes:

1- La guía enfatiza que la renovación de aire es el parámetro más importante. Si es posible, se recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo (l/s) y ocupante, que es el valor que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad. Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación de los espacios.

2- Es aconsejable verificar que los equipos encargados de la renovación de aire trabajen, al menos, en sus condiciones nominales de diseño y que las posibles pérdidas de carga, especialmente internas al sistema sean mínimas (filtros con colmatación, etc.).

3- Si el sistema dispone de controles específicos de calidad de aire (sondas de CO2, etc.) se recomienda desconectarlos, dando prioridad al caudal del sistema (por horario). En concreto, en horario laboral, se aconseja trabajar con el caudal máximo que permita el sistema desde dos horas antes de la apertura y hasta dos horas después del cierre. En las horas restantes de la semana, incluido fines de semana, es preferible que el sistema continúe funcionando a bajo caudal, pero nunca a nivel inferior del 25% del caudal de aire nominal.

4- En aquellos dispositivos que lo posibiliten, la guía recomienda eliminar o reducir la recirculación del aire siempre que las condiciones de operación lo permitan.

5- En cuanto a los recuperadores de calor rotativos, se aconseja realizar una inspección antes de ponerlos en funcionamiento. En los recuperadores de placas, por su parte, se recomienda verificar las posibles fugas.

6- Si existe un sistema de extracción específico para la zona de aseos u otras zonas anexas a la oficina -como, por ejemplo, vestuarios-, es recomendable mantenerlos activos de forma permanente.

7- Cuando el edificio, en origen, no disponga de sistemas de ventilación mecánica, la guía recomienda la apertura de ventanas accesibles, favoreciendo la ventilación cruzada. Se aconseja realizar una ventilación regular con ventanas incluso en edificios con ventilación mecánica.

8- Se recomienda no modificar la temperatura de consigna ni de calefacción ni de refrigeración.

9- Los rangos reglamentarios sobre humedad relativa -entre el 30% y el 70%- se consideran adecuados, por lo que la guía aconseja mantener los puntos de consigna previamente establecidos en el edificio.

10- En el caso de que en el edificio haya «fancoils», «splits» inductores u otro tipo de unidades interiores de expansión directa, es aconsejable que estos dispositivos funcionen de manera acompasada y solidaria con las unidades exteriores. La guía recomienda aumentar, tanto como sea técnicamente posible, la filtración del aire recirculado si el equipo lo permite, y siempre y cuando se garantice el caudal de aire nominal del equipo.

11- Si el local presenta dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se aconseja el uso de unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA, ubicadas en los espacios a tratar. Es preciso que mantengan un índice de movimientos hora significativo. La eficacia de estos equipos depende de su correcta selección y dimensionamiento, por lo que se debe realizar por técnico competente.

Particularmente, la guía recuerda que no se pueden usar equipos basados en la generación de ozono en locales con presencia de personas y que la Organización Mundial de la Salud advierte contra la utilización de las lámparas UV-C para desinfectar las manos o cualquier otra superficie de la piel. Por tanto, no se recomienda su uso en ambientes en los que haya presencia de personas.

12- El documento considera las labores de mantenimiento tan relevantes como las de operación del sistema. Así, en el supuesto de aquellos edificios y establecimientos que hayan cerrado o cesado su actividad, es recomendable realizar una revisión general de la instalación de climatización antes de la reapertura, limpiando rejillas, difusores, filtros y baterías. Y si la instalación es de ventilación, es conveniente realizar un proceso de purga del aire interior tanto del edificio como del sistema, para lo que bastaría con el arranque del sistema de ventilación para ofrecer un número de renovaciones del aire interior adecuado.

13- La guía no considera preceptivo realizar la limpieza de los conductos si se siguen las recomendaciones anteriores sobre el aumento del aporte de aire exterior, ausencia de recirculación y parada de recuperadores rotativos. Esta recomendación no exime de la preceptiva revisión, una vez por temporada, de la red de conductos según los criterios de la norma UNE 100012.

14- Es aconsejable reemplazar los filtros de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento ya establecido en cada edificio. Si el ventilador del equipo lo permite, se recomienda mejorar la eficacia del filtro, siempre que se garantice el caudal de aire nominal del equipo.

15- El documento también estima conveniente revisar y limpiar las unidades de impulsión y retorno.

16- Las labores de mantenimiento deben realizarse de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas en los protocolos de cada empresa y según las directrices del Ministerio de Sanidad. En concreto, la guía enfatiza la necesidad de actuar de forma segura en el caso de cambios de filtro. Las medidas de protección serán las habituales, incluyendo protección respiratoria obligatoria y guantes para todas ellas.

17- Ante un posible caso positivo de COVID-19, se recomienda que el espacio donde se haya alojado la persona sea ventilado durante, al menos, cuatro horas. La ventilación debe comenzar al menos dos horas antes de iniciar las labores de desinfección. Dentro del protocolo de limpieza y desinfección del espacio, se recomienda incluir las rejillas de impulsión y retorno de aire; la extracción, la limpieza y desinfección del filtro de la unidad interior si la hubiera (fancoil, split); y la limpieza y desinfección de la unidad interior, si existe, pulverizando una solución desinfectante.

Santander. Parque de la Marga –

sábado, 27 de junio de 2020

La CNMV aprueba la reforma del código de buen gobierno de las sociedades cotizadas

sábado, 27 de junio de 2020

26 de junio de 2020

cnmv.es

La CNMV aprueba la reforma del código de buen gobierno de las sociedades cotizadas

• Los cuatro ejes de la reforma son:
o fomento de la presencia de mujeres en los consejos de administración
o mayor relevancia de la información no financiera y la sostenibilidad
o más atención a los riesgos reputacionales y en general no financieros
o clarificación de aspectos relativos a la remuneración de consejeros

La CNMV ha aprobado la revisión parcial prevista del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas.

La revisión actualiza y adapta varias recomendaciones del Código a diversas modificaciones legales aprobadas desde su publicación y aclara el alcance de otras que habían suscitado ciertas dudas; asimismo, supone novedades relevantes en áreas como la diversidad de género en los consejos de administración, la información y riesgos no financieros, la atención a aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, o las remuneraciones.

Cinco años después de su aprobación, la reforma, que se ha completado tras un amplio proceso de consulta pública, tiene como objetivo mantener el Código de buen gobierno español y, por lo tanto, el gobierno corporativo de las sociedades españolas alineado con los más altos estándares internacionales.

En fase de consulta se han recibido más de 40 escritos de entidades e interesados que se han tenido muy en cuenta para determinar el alcance final de las modificaciones introducidas.

En el texto final se ha revisado, con distinto grado de intensidad, la redacción de 20 recomendaciones de las 64 que integran el Código. En concreto, han sido objeto de modificación las recomendaciones 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 24, 37, 39, 41, 42, 45, 53, 54, 55, 59, 52 y 64, lo que ha supuesto también revisar la redacción de los principios 2, 4, 10, 19, 20 y 24.

Modificaciones más destacadas

Recomendación 4. Política general de comunicación.

Las sociedades deberán contar, como novedad, con una política general de comunicación de información económico-financiera y corporativa a través de los canales que consideren adecuados (medios de comunicación, redes sociales u otras vías) que contribuya a maximizar la difusión y la calidad de la información a disposición del mercado, de los inversores y demás grupos de interés.

El Código se convierte, al incluir esta recomendación, en el primer texto de este tipo que recoge este aspecto.

Recomendación 7. Voto y asistencia telemáticas.

La situación provocada por el Covid-19, unida a la tendencia a favorecer la implicación a largo plazo de los accionistas, ha aconsejado modificar la Recomendación 7 del Código, añadiendo que las entidades tengan previstos sistemas para que los accionistas puedan ejercer su derecho de voto por medios telemáticos, ya sea de manera directa o a través de delegación, e incluso que, al menos las entidades de elevada capitalización, prevean mecanismos que permitan la asistencia y la participación telemática en la junta, en la medida en que resulte proporcionado. Hasta ahora solo se recomendaba la retransmisión de las juntas generales.

Recomendaciones 14 y 15. Diversidad de género.
En la Recomendación 15 se señala que antes de que finalice 2022 los consejos de administración deberán contar con al menos un 40% de consejeras. Hasta esa fecha, el porcentaje no deberá ser inferior al 30%.
En la Recomendación 14 se plantea que las sociedades fomenten el aumento del número de altas directivas, dada la importancia de ello para reforzar a largo plazo la diversidad de género en los consejos de administración.
Recomendaciones 22 y 24. Circunstancias de un consejero que puedan dañar la reputación de la sociedad y transparencia del cese.

Esta Recomendación se refiere al caso de que un consejero se vea afectado por circunstancias que puedan dañar el crédito y reputación de la sociedad. Se modifica, entre otros aspectos, al objeto de que el consejo tenga que analizar la situación, y en su caso tomar medidas, sin esperar a que se produzcan ciertas decisiones formales de los tribunales (como el auto de procesamiento o el de apertura de juicio oral).
También se refuerzan los criterios de transparencia en lo que se refiere al cese de consejeros por dimisión o por acuerdo de la junta, tanto a través del informe anual de gobierno corporativo como en el momento mismo del cese.

Recomendación 37. Comisión Ejecutiva.
Se recomienda que en la comisión ejecutiva haya como mínimo dos consejeros no ejecutivos, uno de los cuales al menos deberá ser independiente. Hasta ahora se recomendaba que la composición replicara la del consejo.
Recomendaciones 39, 41, 42 y 45. Riesgos e información no financiera.
Se realizan ajustes técnicos en la redacción para recoger la supervisión de la información y de los sistemas de control y gestión de riesgos tanto de naturaleza financiera como no financiera, o sobre cuestiones como los canales de denuncia utilizables por empleados o por otros grupos de interés.

Recomendaciones 53, 54 y 55. Sostenibilidad.
Se realizan algunos ajustes técnicos y se sustituye el término responsabilidad social corporativa por el más amplio y utilizado actualmente de sostenibilidad en relación con aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

Recomendaciones 59, 62 y 64. Remuneraciones de consejeros.
Se aclara el contenido y alcance de estas recomendaciones, relativas a remuneraciones de los consejeros.

Un punto a destacar es que se aclara que la retribución variable solo debe pagarse cuando se ha comprobado suficientemente que se han cumplido las condiciones de rendimiento o de otro tipo establecidas. Las sociedades deberán informar en sus informes anuales de remuneraciones sobre los criterios de comprobación que aplican. Además, se aconseja que las sociedades valoren el establecimiento de cláusulas “malus” en relación con la retribución variable (aplazamiento significativo de la percepción de una parte).

La recomendación 62 era una de las que más dudas suscitaba. Se aclara en ella el alcance de la regla según la cual el consejero debe mantener la titularidad de las acciones, opciones o instrumentos financieros que le sean entregados como remuneración al menos durante tres años.

Por último, en la Recomendación 64 se precisa que entre los pagos por resolución o extinción contractual, que en conjunto no deben superar la retribución de dos años, se incluyen también, entre otros, los importes derivados de sistemas de ahorro a largo plazo y de pactos de no competencia post-contractual.

El satélite español INGENIO, que ofrecerá imágenes terrestre de alta resolución, se lanzará desde Kourou a finales de agosto

sábado, 27 de junio de 2020

El satélite español INGENIO, que ofrecerá imágenes terrestre de alta resolución, se lanzará desde Kourou a finales de agosto

Lunes 15 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

La Misión SEOSAT-Ingenio del Ministerio de Ciencia e Innovación español ya se encuentra preparada para ser trasladada al puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, desde donde será lanzada a bordo de un cohete Vega, a las 02:53 hora española del 25 de agosto, una vez que la nueva fecha sea confirmada por Arianespace.

Tras el éxito obtenido en las últimas pruebas y la reciente revisión final, la Misión SEOSAT-Ingenio del Ministerio de Ciencia e Innovación español ya se encuentra preparada para ser trasladada al puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, desde donde será lanzada a bordo de un cohete Vega a las 23:52 horas del 24 de agosto de 2020 (02:53 hora española del 25 de agosto), una vez que la nueva fecha sea confirmada definitivamente por Arianespace tras la reciente cancelación de la anterior fecha prevista debido a las restricciones impuestas por la COVID-19.

esaSEOSAT – Ingenio es una misión nacional española del Ministerio de Ciencia e Innovación, gestionada y financiada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que ha sido desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) en el contexto de la Arquitectura Europea de Observación de la Tierra como resultado de un esfuerzo de colaboración internacional.

El satélite Ingenio supone un hito en el ámbito de la observación de la Tierra, ya que proporcionará imágenes pancromáticas y multiespectrales en alta resolución de la superficie terrestre cuyo beneficio para la sociedad se traducirá en aplicaciones civiles de relevancia crítica como cartografía, agricultura, silvicultura, desarrollo urbano, monitorización del uso del suelo, gestión del agua, riesgos y desastres naturales, costas o movilidad de población, entre otras. En este último caso, entre las aplicaciones más relevantes de Ingenio también se encuentra la posibilidad de monitorización de densidades de población en el caso de pandemias.

La información de SEOSAT – Ingenio será utilizada por diferentes usuarios civiles, institucionales y gubernamentales españoles pero también, potencialmente, por otros usuarios europeos en el marco del programa Copérnico de la Unión Europea y del Sistema de Sistemas Globales de Observación de la Tierra del Grupo de Observaciones de la Tierra. Las áreas de observación de Ingenio serán el territorio español, Europa, Iberoamérica y el norte de África.

Gracias a la era de los satélites, estamos en mejores condiciones para comprender y monitorizar las complejidades de nuestro planeta, particularmente con respecto al cambio climático global. A medida que el uso de datos de satélites de observación de la Tierra se va convirtiendo en una actividad más común, también lo hace la demanda de imágenes ccon mayor detalle. Este tipo de imágenes de alta resolución se consideran un producto esencial en el núcleo de una amplia gama de aplicaciones científicas y comerciales y SEOSAT-Ingenio está listo para servir a la nueva era digital.

El satélite Ingenio

SEOSAT-Ingenio es un satélite óptico basado en una cámara dual de última generación con capacidad de imagen de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y que puede obtener imágenes (hasta 600 diarias) de la Tierra con una resolución de 2,5 metros en pancromático y de 10 metros en multiespectral. La misión beneficiará a la sociedad a través de numerosas disciplinas como la cartografía, la agricultura, la silvicultura, el desarrollo urbano y la gestión del agua. Con su capacidad de enfoque lateral, puede acceder a cualquier punto de la superficie de la Tierra en tres días y permitirá ayudar a mapear desastres naturales como inundaciones, incendios forestales y terremotos, así como a comprender y responder al cambio climático, uno de los mayores desafíos de la humanidad.

El satélite se situará en una órbita a 670 kilómetros de altura y completará más de catorce vueltas a la Tierra por día. Los segmentos terrenos de la misión se encuentran en Madrid y Canarias y también cuentas con un punto adicional de descarga de datos en el Ártico.

La lucha contra la COVID-19: ¿Cómo deben responder los supervisores del sector bancario?

sábado, 27 de junio de 2020

La lucha contra la COVID-19: ¿Cómo deben responder los supervisores del sector bancario?

blog-dialogoafondo.imf.org

El enorme shock macrofinanciero causado por la pandemia continúa haciendo estragos en la economía mundial y tanto los bancos como los deudores se hallan bajo una gran presión. Los supervisores se enfrentan a desafíos que requieren medidas decisivas para garantizar que los sistemas bancarios apoyen la economía real, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera. En este blog se presentan nueve recomendaciones del FMI y el Banco Mundial para ayudar a los supervisores a transitar territorios inexplorados y se exhorta a estar atentos para que no se tomen medidas que sean incongruentes con las normas internacionales. Esto es fundamental para impedir que la crisis sanitaria y económica se transforme en una crisis financiera.

El sector bancario tiene un papel crítico que cumplir para mitigar el shock macroeconómico y financiero sin precedentes causado por la pandemia dando apoyo a los prestatarios afectados y manteniendo el flujo de crédito hacia la economía real, sin dejar de preservar la estabilidad financiera. El sistema bancario mundial es hoy mucho más sólido que durante la crisis financiera de 2008 debido a la implementación de las reformas regulatorias impulsadas por el G20 en el sistema financiero. Aun así, a medida que los agudos problemas de liquidez deriven en problemas estructurales de solvencia, aumentarán los incumplimientos de deudas y se intensificarán las presiones sobre el sistema bancario. Podrían producirse otros shocks adversos en las condiciones económico-financieras. La continua incertidumbre acerca de la duración y el impacto que, en definitiva, tengan los shocks plantea profundos retos para los supervisores del sector bancario.

El FMI y el Banco Mundial mantienen una asociación estratégica fundamental de larga data para ayudar a nuestros países miembros a preservar la estabilidad del sector financiero y promover el desarrollo financiero. Nuestros esfuerzos mancomunados son hoy más importantes que nunca.

Ambas organizaciones tienen vasta experiencia en la supervisión y regulación bancaria. Con base en nuestro conocimiento de las operaciones del FMI y el Banco Mundial en todos los países miembros y nuestro Programa conjunto de evaluación del sector financiero hemos publicado una nota de síntesis de posición del personal técnico del FMI y el Banco Mundial en la que se exponen nueve recomendaciones que pueden constituir una guía para ayudar a los supervisores bancarios a transitar terrenos desconocidos.

¿Qué han hecho las autoridades encargadas de las políticas?

Para llevar alivio inmediato a los prestatarios afectados y mantener una liquidez adecuada en el sistema financiero, muchas autoridades nacionales han adoptado medidas de apoyo, tales como el aplazamiento del reembolso de deudas, paquetes de estímulo y garantías de crédito.

Los supervisores han sido parte integral de estas políticas de respuesta. Siguiendo la orientación de organismos normativos, muchas autoridades de supervisión han realizado una amplia serie de intervenciones en el sector financiero. Las medidas apuntan a la utilización de los colchones de capital y de liquidez disponibles en los bancos, aportan claridad en cuanto al tratamiento regulatorio, promueven la transparencia de los balances y mantienen la continuidad operativa y comercial de los bancos y de los sistemas de pagos.

¿Qué deben tener en cuenta los supervisores?

Las nueve recomendaciones que proponemos reconocen el continuo esfuerzo para apoyar las necesidades inmediatas de la economía real, garantizando al mismo tiempo la estabilidad financiera. Alientan a las autoridades nacionales a emplear la flexibilidad intrínseca de los marcos de regulación, supervisión y contabilidad, sin dejar de respetar las normas regulatorias y los principios supervisores mínimos acordados internacionalmente. El abandono de tales principios podría sembrar riesgos futuros que podrían socavar la solidez a mediano plazo y la salud del sistema bancario.

Se debe vigilar particularmente las medidas que no son congruentes con los marcos acordados a escala internacional. De hecho, algunos países en desarrollo disponen de un abanico más limitado de opciones debido a sus menores márgenes de maniobra para la aplicación de políticas, una capacidad más débil para implementarlas y un menor desarrollo de su marco regulatorio. Esto posiblemente explique su mayor dependencia de respuestas de política económica que no se condicen con nuestras recomendaciones. Estos riesgos ponen en peligro algunos de los avances que con tanto esfuerzo han conseguido los países en desarrollo en materia de regulación y supervisión y que apuntalan la estabilidad financiera

La función del supervisor bancario nunca ha sido tan fundamental.

¿Cómo ayudan las recomendaciones a mantener la salud del sistema financiero?

Si la presión arterial de una persona aumenta, ajustar a niveles más altos el rango de la presión arterial aceptable en términos médicos podría impedir una alerta roja en el monitor del hospital, pero eso no significa que el paciente deje de estar en riesgo. Del mismo modo, modificar la forma en que se definen y miden los «signos vitales» del sector bancario (capital, liquidez y calidad de los activos) no ayudará a que el sistema bancario se mantenga sano.

A modo de ejemplo, algunas jurisdicciones han congelado el estado de la clasificación de activos y el provisionamiento requerido para los préstamos que estaban en situación regular de pagos antes de comenzar la pandemia o modificaron la definición de préstamos dudosos extendiendo la cantidad de días de morosidad. Este enfoque corre el riesgo de perder de vista los signos vitales si parte de la cartera de préstamos sufre un impacto estructural y se debilita su desempeño. Si bien las medidas temporarias podrían ayudar a ganar tiempo hasta tener una visión más clara del impacto de la pandemia, la recomendación 4 exhorta a tomar medidas de supervisión para garantizar que los bancos sigan monitoreando la calidad de sus activos aplicando normas bien establecidas y constituyendo provisiones adecuadas a lo largo del tiempo. Este enfoque garantiza una medición correcta de los signos vitales de los bancos, lo que ayuda a sus autoridades directivas a actuar según sea necesario y permite tomar cuanto antes medidas de supervisión cuando se justifica, si es que se justifica. Para sentar las bases de una recuperación sostenible también es esencial proporcionar directrices claras sobre clasificación de activos y provisionamiento, garantizar que las medidas estén bien diseñadas y que tengan una duración limitada y estén bien focalizadas.

Al alentar que se utilice la flexibilidad del marco, respetando al mismo tiempo las normas mínimas, las recomendaciones buscan asegurar que los signos vitales del sistema bancario se mantengan en niveles saludables y se supervisen de manera transparente. Esto ayudará a reducir al mínimo los riesgos de una crisis financiera perjudicial que acrecentaría los grandes costos económicos de la pandemia.

EL FMI y el Banco Mundial han adoptado una posición unificada para asistir y apoyar a nuestros países miembros. Estas recomendaciones conjuntas contribuyen al desarrollo, el seguimiento y el fortalecimiento de las políticas para sostener la salud financiera durante esta pandemia y, lo que es igualmente importante, para transitar la recuperación.

Justicia avanza en la trasposición de la directiva europea que protege a los denunciantes de infracciones contra el interés público

sábado, 27 de junio de 2020

Estado de alarma/COVID19


mjusticia.gob.es


Justicia avanza en la trasposición de la directiva europea que protege a los denunciantes de infracciones contra el interés público


La Comisión general de Codificación trabaja en una norma que combate la delincuencia y la corrupción, en línea con los principios de Gobierno abierto que fomenta el Ejecutivo español.


16 de junio de 2020.- El subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, ha presidido esta tarde la reunión del Grupo de Trabajo constituido en el seno del Ministerio de Justicia para abordar la trasposición de la directiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Esta norma de rango europeo, conocida como la directiva whistleblowers, persigue buscar nuevos canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción. El legislativo europeo pretende proteger de manera especial a las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales y que son, a menudo, las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público.


Los denunciantes de esas infracciones del Derecho de la Unión perjudiciales para el interés público- llamados en inglés coloquial whistleblowers- desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, el temor a las represalias les lleva, a veces, a renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas.


Es en este contexto en el que surge la necesidad de prestar una protección equilibrada y efectiva a estos denunciantes, tanto a escala de la propia Unión Europea como internacionalmente.


El grupo de trabajo reunido hoy, dentro de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación, se está encargando de preparar la propuesta de texto articulado que pretenden elevar para su aprobación antes del 2 de diciembre, si bien la fecha tope para la transposición de la Directiva es el 17 de diciembre de 2021. En esta primera sesión constitutiva del grupo, se han sentado las bases y líneas directrices marcadas por el Ministerio de Justicia para que el grupo de trabajo pueda desempeñar adecuadamente su cometido.


Cabe recordar que España es uno de los estados miembros de la Alianza de Gobierno Abierto –‘Open Government Partnership’- desde el año 2011, siendo el principal objetivo de esta organización reforzar los vínculos entre la ciudadanía y los gobernantes. Así se fomentan los principios de gobierno abierto como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos.


Con este modelo, como es tradición en la Comisión General de Codificación, se aúnan en el ámbito de la actividad administrativa prelegislativa, el interés público y la experiencia técnica de impulso normativo, junto con la experiencia técnica de los expertos de los distintos sectores implicados.


Por otra parte, desde su inicio el Grupo de Trabajo contará con el apoyo transversal de todos los Departamentos con sectores de regulación afectados por la Directiva, con el objeto de establecer no solo un marco general de protección sino también atender las especialidades y singularidades sectoriales.

Santander. Vista a la bahía

viernes, 26 de junio de 2020

El Gobierno alcanza un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los beneficios de los ERTE hasta el 30 de septiembre

viernes, 26 de junio de 2020

En el marco del diálogo social

El Gobierno alcanza un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los beneficios de los ERTE hasta el 30 de septiembre

Jueves 25 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

El acuerdo prevé exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social según el tamaño de la empresa y la reactivación de su actividad. Además, establece mecanismos de protección para el empleo.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han acordado, en el marco del diálogo social, con los agentes sociales las nuevas condiciones que permitirán extender los beneficios de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre.

El acuerdo, que mañana se trasladará a la reunión del Consejo de Ministros, prevé beneficios en las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, garantías para el mantenimiento del empleo y mecanismos de flexibilidad para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios según evolucione la crisis sanitaria.

Exoneraciones de cuotas

El acuerdo incluye diferentes exoneraciones para las empresas, según su situación. En el caso de las empresas que están en situación de fuerza mayor parcial, el acuerdo hasta septiembre mantiene el espíritu del vigente, bonificando más las cotizaciones de los trabajadores activados que de los suspendidos.

De esta forma, para empresas con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60% de las cotizaciones sociales de sus trabajadores activados en los meses de julio, agosto y septiembre y del 35% para los trabajadores que continúen suspendidos.

Yolanda Díaz y José Luis Escrivá junto a los representantes sindicalesPara las empresas de 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados.

Por su parte, las empresas que están actualmente en ERTE por fuerza mayor total pasarán a ERTE de transición hasta el 30 de septiembre. Dentro de ellas, las que cuentan con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración decreciente en las cotizaciones de sus empleados del 70%, 60% y 35% en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Para las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50%, 40% y 25%, en julio, agosto y septiembre, respectivamente.

Estos ERTE se tramitarán contando con el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y tras haber informado a los representantes legales de los trabajadores, tal y como regula el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Salvaguarda para el empleo

Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, deberán mantener el empleo durante un período de seis meses.

Durante un ERTE en vigor, las empresas no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos. Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales.

Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extra. No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE.

Protección por desempleo

Las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del Covid-19, tanto de fuerza mayor total o parcial como basados en causas productivas o los tramitados en caso de rebrote, gozarán de la protección reforzada prevista en el anterior acuerdo: se les reconocerá la prestación aún cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0.

La Audiencia de Valladolid aprueba un protocolo para reducir de dos años a tres meses la resolución de pleitos por gastos de hipotecas

viernes, 26 de junio de 2020

Jueves, 18 de junio de 2020

La Audiencia de Valladolid aprueba un protocolo para reducir de dos años a tres meses la resolución de pleitos por gastos de hipotecas

El documento, que ya ha sido suscrito por una entidad bancaria, regula la posibilidad de acuerdos voluntarios entre bancos y consumidores

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Audiencia de Valladolid aprueba un protocolo para reducir de dos años a tres meses la resolución de pleitos por gastos de hipotecas

La Audiencia Provincial de Valladolid ha aprobado un protocolo para agilizar la resolución de los juicios en los que los consumidores reclaman a los bancos la devolución de los gastos derivados de la suscripción de hipotecas que les fueron cobrados indebidamente.

El objetivo es rebajar a tres meses el tiempo de resolución de los pleitos que actualmente tardan en resolverse casi dos años, mediante un acuerdo entre el banco y el cliente.

Este pacto implica que el primero acepta devolver al consumidor el importe correspondiente a aquellos conceptos que, según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fueron cobrados indebidamente (el 50% de los gastos de Notaría y Gestoría, el 100% de los gastos de Registro de la Propiedad, el importe de los intereses moratorios abusivos), y el segundo renuncia a una parte de las costas del procedimiento a las que tendría derecho en el caso de que litigara hasta el final y los tribunales estimaran sus pretensiones.

El sometimiento a dicho protocolo, que además servirá para descongestionar el juzgado especializado en cláusulas bancarias y la sección de la Audiencia Provincial que ve los recursos que se interponen, es voluntario.

Las partes litigantes pueden acogerse al mismo en cualquier fase procesal en que se encuentre el procedimiento, o hacerlo incluso antes de que se presente la demanda, evitando así la judicialización.

El protocolo ha sido suscrito este jueves por el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, y representantes de CaixaBank, primera entidad bancaria en adherirse.

Casi 11.000 demandas

En la actualidad, existe un único juzgado en Valladolid, Primera Instancia 4, que desde junio de 2017 se encarga de manera exclusiva de manera exclusiva y no excluyente de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Desde que entró en funcionamiento ha recibido 10.800 demandas. Terminó el año 2019 con más de 2.700 asuntos pendientes y en lo que va de 2020 ha recibido 1.220 demandas.

El juzgado soporta una carga de trabajo muy superior a la que establece el CGPJ como recomendable, lo que ha obligado a reforzarlo. Su situación, y por ende, el tiempo de respuesta que recibe el justiciable, empeorará de manera inmediata como consecuencia de la paralización de las actuaciones judiciales por el COVID-19 y de la previsible entrada de nuevos asuntos a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que cuya abusividad deberá ser valorada por los Tribunales en función de las circunstancias que concurren en cada contrato.

“Esta grave situación de pendencia, que puede verse agravada en un futuro inmediato por las demandas sobre el IRPH, justifica que se adopten medidas extraordinarias e instrumentales para intentar paliar los retrasos en la tramitación de los asuntos. A ello responde el presente protocolo que, con las adaptaciones que se han considerado convenientes para la provincia de Valladolid, se basa en otro anterior que se ha venido aplicando en Pamplona”, ha explicado Javier Carranza, quien ha insistido en el carácter puramente instrumental y voluntario del mismo.

El documento ha sido enviado a los Colegios de Abogados y Procuradores de Valladolid para su difusión entre sus colegiados, a las distintas entidades bancarias y asociaciones de consumidores.

UGT exige promover la gestión sostenible de los recursos naturales

viernes, 26 de junio de 2020

UGT exige promover la gestión sostenible de los recursos naturales

17 Jun 2020 ugt.es

► La desertificación y la sequía son un problema grave que no afecta únicamente al medio natural, pues implica hambre, pobreza, problemas de salud y genera graves desigualdades

► UGT exige al Gobierno medidas encaminadas al consumo y la producción sostenibles e impulsar un pacto consensuado del agua

► El sindicato exige promover el Programa de Acción Nacional sontra la Desertificación

Hoy, 17 de junio, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el que la ONU tiene como objetivo el concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos graves fenómenos.

La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas por causa de la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas (que cubren un tercio de la superficie del planeta y buena parte de España), a la sobreexplotación y al uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego son ejemplos de aspectos que afectan negativamente a la productividad del suelo.

La desertificación y la sequía suponen grandes retos para la humanidad ya que afectan al medio ambiente y al medio de vida de millones de personas en su lucha contra la pobreza. Ya en la Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro en 1992, la desertificación junto con el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, se catalogaron como los mayores retos a los que se enfrenta el desarrollo sostenible. Pero desde entonces el problema ha seguido empeorando. Hoy en día, más de 2.000 millones de hectáreas de tierras anteriormente productivas se encuentran degradadas, mientras que, en 2030, la producción de alimentos requerirá otros 300 millones de hectáreas de tierra.

Este año, el lema del Día es “Alimentos. Forrajes. Fibra”, con el que se aspira a educar a las personas sobre la manera de reducir su impacto individual y cambiar las actitudes de la sociedad en relación con la producción y el consumo incesantes, las principales causas de la desertificación y la degradación de las tierras.

El suelo se está transformando y degradando a un ritmo insostenible

Los alimentos, los forrajes y las fibras deben competir por el suelo con la expansión de las ciudades y la industria de los combustibles. Por otro lado, el crecimiento demográfico y el incremento de la población urbana intensifican la demanda de tierra para producir alimentos, forrajes y fibras textiles. El resultado final es que la tierra se está transformando y degradando a un ritmo insostenible, lo que daña la producción, los ecosistemas y la biodiversidad. Un declive que se ve empeorado aún más por los efectos del cambio climático.

Con el fin de preservar tierras productivas suficientes para satisfacer la demanda de 10.000 millones de personas en 2050, es necesario modificar nuestro estilo de vida. Mediante cambios en el comportamiento de los consumidores y las empresas y la adopción de una planificación más eficiente del uso de la tierra y de prácticas más sostenibles, podríamos disponer de terreno suficiente para satisfacer la demanda. Todos tenemos una responsabilidad como beneficiarios del suelo.

Estamos decididos a proteger el planeta contra la desertificación

Desde UGT, consideramos que este Día Mundial brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la sociedad y cooperación a todos los niveles. Acciones como la reforestación y la regeneración de especies arbóreas; la mejora de la gestión del agua, incidiendo en el ahorro y la reutilización de las aguas; o el enriquecimiento y fertilización del suelo a través de la regeneración de la cubierta vegetal, son muy efectivas para frenar la degradación de los suelos, a la vez que tienen un alto potencial de creación de empleo.

Por otro lado, consideramos imprescindible reconocer la necesidad de luchar contra la desertificación como parte de nuestros esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente, el Objetivo 15 recoge la determinación de gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Desde UGT estamos decididos a proteger el planeta contra la desertificación, ya que consideramos que es un problema grave no solo para el medio ambiente sino también porque genera pobreza y hambre en el mundo.

Por ello, instamos al Gobierno a establecer medidas encaminadas al consumo y la producción sostenibles, así como a promover medidas encaminadas a la gestión sostenible de los recursos naturales. Es necesario, además, disponer de una dotación presupuestaria suficiente para poner en práctica de manera efectiva el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.

Por último, consideramos indispensable abordar desde el consenso un Pacto del Agua con un enfoque social, porque la desertificación y la sequía son un problema grave que no afecta únicamente al medio natural, pues implica hambre, pobreza, problemas de salud y genera graves desigualdades.

El secretario de Estado de Justicia destaca la “oportunidad histórica” que se abre con la creación de la Ley de Derecho de Defensa

viernes, 26 de junio de 2020

Justicia2030

mjusticia.gob.es

El secretario de Estado de Justicia destaca la “oportunidad histórica” que se abre con la creación de la Ley de Derecho de Defensa

La comisión designada por el ministro Campo para elaborar el anteproyecto inicia sus trabajos bajo la presidencia de Antonio Garrigues, que defiende una norma orientada al ciudadano para “impedir situaciones de indefensión”

22 de junio de 2020.- El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha presidido hoy la primera reunión de la comisión de expertos que participará en la elaboración del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa por encargo del ministro, Juan Carlos Campo. Zapatero ha calificado de “oportunidad histórica” la integración en una única norma de las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, actualmente dispersas en diferentes instrumentos legales.

El presidente de la comisión, el jurista Antonio Garrigues Walker, ha señalado que uno de los principios rectores de la ley deberá ser su orientación al ciudadano “porque aunque ya existe un derecho de defensa, se trata de impedir las situaciones de indefensión que todavía hoy se producen”.

En esta primera toma de contacto de los miembros de la comisión, se ha establecido la metodología de trabajo para empezar a fijar las líneas directrices del nuevo instrumento normativo desde los criterios de coherencia y eficiencia en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.

Zapatero ha señalado que el proceso de elaboración de la norma discurrirá de forma paralela a los que se están desarrollando para la redacción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley de eficiencia procesal.
El ejercicio de la defensa es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española y constituye un elemento vertebrador del proceso judicial moderno. Abarca el conjunto de garantías y facultades jurídicas que asisten a las partes en un proceso judicial, permitiéndoles defender sus intereses legítimos y asegurándoles la tutela judicial efectiva. La futura ley deberá regular las facetas procesal, profesional y asistencial de este derecho fundamental.

Bajo la presidencia de Antonio Garrigues, componen la comisión el ponente de la Constitución Española de 1978, Miquel Roca; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer; la fiscal del Tribunal Supremo, Isabel Rodríguez; la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro; la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Mª Ángeles Jaime de Pablo; el abogado Cristóbal Martell; el profesor de Derecho Procesal, Eduardo García; la profesora de Derecho Constitucional, Alicia González; el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno; la secretaria general técnica del Ministerio de Justicia, Paula Novo, que actuará también como secretaria de la comisión, y Javier Truchero, asesor del ministro de Justicia.

Monumento a San Roque. Sardinero. Santander

miércoles, 24 de junio de 2020

Los sectores de innovación y digitalización, educación y formación y pymes exponen sus propuestas en la séptima jornada de la cumbre empresarial de CEOE

miércoles, 24 de junio de 2020

23 junio 2020

‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’

Los sectores de innovación y digitalización, educación y formación y pymes exponen sus propuestas en la séptima jornada de la cumbre empresarial de CEOE

El Rey Felipe VI clausurará mañana, a las 12:15h, las jornadas, cuyas conclusiones presentará el presidente de Inditex, Pablo Isla, el jueves, a las 12:00h, durante la Asamblea General de CEOE

Economía y Fiscalidad Economía y Fiscalidad

ceoe.es

Los sectores de innovación y digitalización, educación y formación y pymes han expuesto sus propuestas para salir de la crisis tras el Covid-19 en la séptima jornada de la cumbre empresarial organizada por CEOE bajo el título ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’, que concluye mañana, 24 de junio.

La clausura correrá a cargo de S.M. el Rey Felipe VI, tras nueve jornadas dando voz a representantes del mundo empresarial español al más alto nivel para exponer su visión sobre la situación actual y sobre la estrategia de salida de la crisis.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha abierto el panel dedicado al sector de la innovación y la digitalización dando paso al presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quien ha afirmado que Telefónica destina 75 millones para ayudar a pymes y autónomos en su transición al mundo digital durante y después de la pandemia. «Hay que pasar de las teorías a los hechos, aterrizar las propuestas y poner a las personas por delante», ha afirmado su presidente.

A continuación, Pedro Mier, presidente de AMETIC, ha asegurado que “la industria digital está comprometida con la reconstrucción digital y sostenible”, que sitúe el “bienestar humano” en el centro. Ha destacado también la “capacidad de aprendizaje que ha demostrado nuestra sociedad” en estas semanas y la “importancia de la industria y de los ecosistemas industriales” para hacer frente a la pandemia. En este sentido, Mier ha propuesto “aprovechar esta ocasión que tenemos para reindustrializar España con tecnologías del siglo XXI”, con un “gran pacto de Estado para la innovación, con una combinación de esfuerzo público y privado”.

Por su parte, Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec, ha afirmado que “ninguna economía, ninguna sociedad, ningún gobierno estaba preparado” para esta pandemia. “Hay que prestar especial atención a la ciencia en general y a la investigación”, porque a su parecer “hemos recuperado nuestra economía de espaldas al conocimiento”.

Después, Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra, ha asegurado que el impulso a la digitalización y una estrategia de reindustrialización mejorarían el posicionamiento y las perspectivas de futuro para España en el actual escenario global. “La disrupción tecnológica, que permite un ‘resert’ industrial, nos da una oportunidad para reindustrializar nuestro país y así mantener y recuperar centros de decisión para España”, ha explicado, al tiempo que ha manifestado que los poderes públicos pueden ejercer un efecto tractor determinante de impulso a través de grandes proyectos de Transformación Digital o tecnológicos.

El CEO de Orange, Laurent Paillassot, ha destacado que “si esta crisis ha puesto algo de manifiesto es la necesidad y la importancia de la conectividad”, que ha sido posible “tanto por la calidad como por la cobertura de nuestras redes”. Al hablar de los retos que tiene por delante España, ha marcado dos prioridades para relanzar la economía, como son “el soporte a las empresas” y “la lucha contra la precariedad” y la “vulnerabilidad de una parte de la sociedad”. Según Paillassot, el sector TIC supone un “4% del PIB y un 3% del empleo total” en nuestro país, lo que “representa alrededor de 500.000 empleos”. “El digital es un motor muy potente de crecimiento y nuevos empleos, pero hace falta inversión”, ha terminado.

La CEO de Facebook, Irene Cano, ha asegurado que “hemos avanzado en ocho semanas lo que nos habría costado avanzar cinco años”, ya que “la sociedad se ha visto propulsada a un mundo digital”, y ha expuesto algunas tendencias sociales y empresariales que han surgido con esta crisis. Entre las primeras, ha señalado “la digitalización de las relaciones, el teletrabajo y la educación en remoto o a distancia”. Entre las tendencias empresariales, “el florecer del comercio electrónico o e-commerce y una transformación acorde de los modelos de negocio”. Cano ha subrayado que este proceso permite, entre otras cosas, “deslocalizar el talento” y supone “una enorme oportunidad para devolver el progreso” a la España despoblada.

Helena Herrero, presidenta de HP, ha puesto el foco en la “necesidad de una transformación clara, urgente”. “Necesitamos soluciones a corto, urgentes, para sectores que claramente lo están pasando mal, pero también soluciones a medio y largo plazo fundamentales para esa transformación”, “necesitamos una hoja de ruta” ha afirmado, añadiendo que “digitalización e innovación son las verdaderas palancas de esa recuperación sostenible” y que “las empresas que estaban más digitalizadas han sido más resilientes”. Herrero ha señalado además la necesaria “apuesta por la reindustrialización a través de la digitalización”.

Eduardo Serra, presidente de Digitales, ha señalado que “esta crisis es diferente a todas”, tendrá peores consecuencias que las anteriores y salir de ella “es un objetivo común”. En su opinión, nuestra recuperación “estará entre la ‘U’ y la ‘L’, será un camino largo el que nos devuelva a la normalidad”. Serra considera que “hay todavía incertidumbres enormes”, y sin embargo “son vitales para la labor de los empresarios algunas certidumbres, algunas confianzas”. Además, ha advertido de que “cuanto mayor sea la fiscalidad, menor será la inversión”.

El presidente y CEO de Vodafone, António Coimbra, ha afirmado: “La magnitud de esta crisis exige respuestas rápidas y contundentes para minimizar sus consecuencias”. “Los servicios de telecomunicaciones han sido esenciales durante la crisis sanitaria y como sector, tenemos el deber y la capacidad de impulsar la transformación social y económica de España, acelerando una salida digital para ciudadanos, empresas y administraciones públicas”, ha añadido.

Por su parte, la presidenta de IBM, Marta Martínez Alonso, ha explicado que «la pandemia ha puesto de relieve el valor de la tecnología, pero también ha evidenciado la necesidad de acelerar el proceso de digitalización”. “No hay un solo reto clave de nuestro país -continúa Martínez Alonso-, desde la educación a la sostenibilidad, desde la competitividad empresarial a la eficiencia de los servicios públicos, que no pase por una integración mucho más profunda de capacidades digitales esenciales, como las arquitecturas cloud o la inteligencia artificial, en los procesos de empresas e instituciones».

El presidente de HPE, José María de la Torre, ha expresado que “con el máximo respeto a la privacidad, más tecnología es más salud, mayor bienestar, mayor cohesión social, más sostenibilidad, más productividad, mayor competitividad y, en definitiva, mejor crecimiento económico.” De la Torre ha concluido: “Estas eran las dos ideas que quería compartir hoy con todos vosotros, la firme apuesta por España como un destino preferente para localizar inversiones tecnológicas que, por su naturaleza, son de alto valor añadido, de las que generan empleo de calidad; y una mayor inversión en tecnología para aprovechar al máximo todo el potencial de la tecnología y de la innovación para consolidar la transición hacia un modelo económico más competitivo, inclusivo, y sostenible.”

Tobías Martínez, CEO de Cellnex, ha destacado que “la conectividad y la digitalización” nos han ayudado en esta crisis y que “es un hecho su aceleración”. También ha puesto sobre la mesa lo que considera el principal “lastre” de nuestra economía y es “la menor productividad en relación a nuestros competidores más directos”. “De la mano de la digitalización aflorará una mayor productividad”, ha asegurado, añadiendo que “también aflorarán nuevos modelos de negocio que demandarán nuevos perfiles profesionales”.

María Ferreras, vicepresidenta de Netflix, ha puesto en valor que este servicio “ha acompañado ha muchas personas” durante el confinamiento, proporcionándoles ocio y entretenimiento, y ha apostado por “convertir a España en el ‘hub’ audiovisual de Europa”. Para ello, ha identificado algunos retos a los que se enfrenta el sector, entre los que está “velar por la empleabilidad y sostenibilidad del sector”, “apostar por la innovación”, “apostar por políticas públicas que tengan en cuenta la realidad audiovisual de nuestros días” o “fomentar la colaboración público-privada en beneficio de la Marca País”.

“En Cisco creemos en lo posible”, ha destacado Andreu Vilamitjana, director general de Cisco España. “Es posible transformar la crisis en oportunidad, acelerar la digitalización y lograr un futuro inclusivo. Tenemos la tecnología, que es la vacuna digital de esta crisis. Pero necesitamos la colaboración de todos, especialmente de las Administraciones, mediante una mayor inversión en tele-enseñanza y tele-medicina y en sectores estratégicos como la digitalización del turismo y de la industria que será rentable a corto plazo”.

Jaime Hortelano, CEO y presidente de Grupo CMC, ha explicado que ante esta “crisis profunda, inédita, inesperada y probablemente sin precedentes”, “hay que reaccionar rápidamente desde el punto de vista financiero, laboral y fiscal para frenar el deterioro y comenzar la recuperación”. Hortelano ha asegurado que tenemos “una oportunidad histórica” para hacer de la digitalización el “principal motor de la recuperación del país” y para “montar en España un centro de servicios TIC orientado a Europa que conseguiría una gran cantidad de puestos de trabajo de alta calidad y larga duración”.

La presidenta de Adigital, Carina Szpilka, ha lanzado una mirada optimista hacia el futuro y ha hablado del actual contexto de crisis como una oportunidad para propiciar un “Renacimiento de la mano de la digitalización”. “Se ha acelerado mucho más en digitalización que en los últimos cinco años, le hemos perdido el miedo y eso debe continuar”, ha dicho.

En este empeño, ha recordado que España ya ocupa una posición de liderazgo en lo que se refiere a las infraestructuras y la conectividad, y ha instado a “seguir trabajando para consolidarlo”. Sin embargo, ha considerado que se debe “promover una administración digital e inteligente”, incrementar las capacidades digitales de la población, adaptar la legislación a los modelos económicos y contar con una fiscalidad adaptada al siglo XXI.

Ya en la mesa sobre educación y formación, Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades, ha lamentado que “la falta de reformas estructurales, imprescindibles para poder hacer frente a los retos del mundo global, competitivo y tecnológicamente disruptivo del siglo XXI, -especialmente en los ámbitos de su gobierno, gestión y rendición de cuentas-, y su déficit crónico de financiación, están lastrando la excelencia de nuestras universidades públicas”. “En España la sociedad y su sector productivo han pecado de omisión y falta de compromiso con la gobernanza, la modernización y la excelencia de sus universidades públicas”, ha añadido, al tiempo que considera que “el actual desajuste entre la oferta de titulaciones universitarias y la demanda de perfiles profesionales por un sector productivo que, además, crea pocos puestos de trabajo de alta cualificación, genera un paro y un infraempleo de egresados universitarios inaceptable”.

El presidente de la Fundación Princesa de Girona y de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil, ha reclamado un acuerdo político y social en Educación basado en criterios internacionales bajo un marco moderno y efectivo en todo el Estado sin enfoque ideológico ni diferencias territoriales. También ha pedido “que la docencia sea una profesión deseada y con prestigio donde vayan los mejores a trabajar”. Ha solicitado además acercar el entorno educativo al empresarial pidiendo a los empresarios que se conviertan en orientadores y formadores. Ha pedido finalmente una especial atención a la orientación profesional y a la Formación Profesional dual como herramientas para ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado laboral. Todo ello porque, según Belil, “el sector más importante de todos para nuestro país es sin duda la Educación y tenemos que cuidar de su calidad”.

Este panel se ha cerrado con la intervención de José Antonio Sarría, presidente de la Comisión de Educación y Formación de CEOE, quien ha abogado por un mayor protagonismo de las empresas en este ámbito para mejorar la empleabilidad. Sarría ha afirmado que “educación y formación están llamadas a ser un catalizador crítico en la salida de la crisis”, y ha recordado que en estos momentos se está debatiendo una nueva “Ley de Educación en el Parlamento”, lo que ve como “una oportunidad para alcanzar el consenso”. Educación y formación deben ser, en su opinión, “una apuesta estratégica de nuestro país porque es el medio mejor para lograr más empleo, mejor empleo, crecimiento económico y cohesión social”.

Por último, la mesa dedicada a las pymes se ha abierto con la ponencia del presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, que ha hecho un repaso por cuestiones clave que se han tratado a lo largo de la Cumbre Empresarial, como las medidas de política económica necesarias para salir de la crisis o los retos de futuro, como la transformación digital o la internacionalización.

Sin embargo, ha recalcado especialmente que para salir de esta situación hace falta un marco de certidumbre y estabilidad. “El miedo y la incertidumbre hacen que no se acometan proyectos necesarios para el progreso”, ha dicho.

Después, la presidenta del Grupo Juste, Inés Juste, ha planteado “abordar los problemas de liquidez de las empresas para que no deriven en situaciones de insolvencia” y, en el largo plazo, “redefinir cuáles son nuestros problemas estructurales y corregirlos”, entre los que ha señalado el “desafío digital, clave para la competitividad

futura” y “un nuevo modelo educativo” que “cuente con la colaboración de los empresarios”. Según Inés Juste, las empresas familiares son “la columna vertebral de la economía y de la sociedad civil”.

Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares, está seguro de que las pymes son “parte de la solución” a esta crisis, por lo que pide “apoyar” a las pequeñas y medianas empresas. Jiménez se ha mostrado partidario de que “continúen los ERTEs mientras continúe el problema”, porque han sido una “herramienta maravillosa” que “ha funcionado muy bien” y porque “pasar de ERTEs a EREs sería catastrófico”. Además, ha apostado por la innovación y la I+D para que las pymes puedan adaptarse al “día después”, porque “habrá un escenario distinto” con “una economía diferente”, y ha pedido al Gobierno que, en caso de rebrote de la pandemia, “no pare la economía”.

Por su parte, Rosa Ferrando, directora de Brócoli Services, empresa dedicada a la prestación de servicios que han sido esenciales durante la crisis como es la higiene y la desinfección de espacios, ha puesto de manifiesto la importancia económica de su sector. Si bien, ha hecho una llamada en favor del conjunto de las pymes, para que el Gobierno, en esta fase de reconstrucción, despliegue “políticas duraderas y sostenibles” y “aporte financiación y liquidez suficientes”. “No podemos asumir reformas fiscales que suban impuestos, necesitamos reformas que nos hagan más competitivos”, ha dicho, para concluir: “El rol de las empresas es fundamental; solo con empresas solventes podremos construir el camino de la recuperación”.

Para cerrar esta séptima jornada, ha intervenido Verónica Pascual, CEO de ASTI Mobile Robotics, quien ha llamado a que “tanto sufrimiento no sea en balde”. “Los empresarios debemos seguir contribuyendo, dando respuesta a nuestros clientes”, ha dicho, con soluciones innovadoras y creando empleo de calidad. Asimismo, ha instado a incrementar la colaboración entre el mundo académico y de la empresa y a reforzar la estrategia industrial, entre otras cosas, para tener un PIB “más balanceado”.

Mañana, última jornada de esta cumbre empresarial, será el turno de la geopolítica y la visión de las Comunidades Autónomas a través de la participación de las organizaciones empresariales que se integran en CEOE. Las intervenciones podrán seguirse por streaming en el siguiente link: www.ceoe.es/nuestrofuturocomun y constarán de una intervención por cada uno de los participantes en las mesas sin preguntas.

Asimismo, todas las intervenciones estarán disponibles el mismo día de su celebración en el canal de youtube de CEOE: https://www.youtube.com/user/CEOETV/videos.

USO pide a Hacienda que los ERTE del coronavirus no sean segundo pagador en la renta

miércoles, 24 de junio de 2020

USO pide a Hacienda que los ERTE del coronavirus no sean segundo pagador en la renta

uso.es

16 junio, 2020

Los trabajadores en ERTE deberán hacer la próxima declaración de la renta de Hacienda si superan los 14.000 euros anuales de rendimientos de trabajo, no los 22.000 de un pagador

El sindicato USO ha registrado en el Ministerio de Hacienda la solicitud de que se pongan en marcha medidas fiscales excepcionales para la renta relativas a los ingresos derivados de los ERTE del coronavirus. Mediante escrito dirigido a la ministra María Jesús Montero, la Unión Sindical Obrera solicita que los ERTE “no penalicen fiscalmente a los trabajadores afectados. Proponemos que se establezca una medida excepcional de aplicación solo para el ejercicio de la Renta 2020, consistente en que no se considere al SEPE como pagador a efectos de IRPF”, reza el escrito.

De esta forma, se exonera “a los contribuyentes con ingresos inferiores a 22.000 euros de la obligación de presentar declaración”. Y se evita “el problema de ajuste de retenciones para todos los afectados por un ERTE”.

Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, explica que “un trabajador afectado por un ERTE es muy difícil que supere los 22.000 euros anuales de rendimientos de trabajo, ya que la gran mayoría han percibido durante ese paro obligado un 70% de su base reguladora. Sin embargo, si el SEPE es un segundo pagador, es muy probable que deje de estar exento, pues el límite baja a 14.000 euros. Recibirán un nuevo golpe a su economía familiar el próximo año”.

García recuerda que las medidas excepcionales para los ERTE derivados del coronavirus “estaban pensadas para evitar una emergencia social y el desplome insostenible del empleo. Como medidas de emergencia, requieren ser tratadas así hasta el final. Porque, además de cambiar los umbrales para presentar o no la declaración, los trabajadores tendrán un baile de retenciones que también les perjudicarán: retención previa a pasar a ERTE; retención mínima del SEPE; nueva retención al volver al empleo seguramente sin ajustar…”

USO pide, tras las medidas excepcionales, se abra la posibilidad a cambiar la ley para que el SEPE nunca se considere pagador

La petición urgente de USO queda circunscrita a los ERTE derivados directamente de la crisis sanitaria por el covid-19. No obstante, “es necesario abrir un debate pausado para una modificación general de la tributación de los ingresos del SEPE. El trabajador ha cotizado de su nómina para las prestaciones, tributa un mínimo por la prestación y tiene además una penalización fiscal justo en su peor momento de ingresos por pérdida total o temporal de un empleo. En nuestra opinión, el SEPE nunca debería ser segundo pagador a efectos de rendimientos del trabajo y esperamos que esta situación de emergencia permita avanzar también en un cambio permanente”, pide Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Exteriores, junto con la CEOE, la Cámara de Comercio de España y el Foro de Marcas Renombradas Españolas, lanzan la campaña ‘Spain For Sure’ para proyectar la imagen de España en el extranjero

miércoles, 24 de junio de 2020

Exteriores, junto con la CEOE, la Cámara de Comercio de España y el Foro de Marcas Renombradas Españolas, lanzan la campaña ‘Spain For Sure’ para proyectar la imagen de España en el extranjero

camara.es

Madrid, 18 de junio de 2020. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, bajo el impulso de la Secretaría de Estado de España Global junto con el Foro de Marcas Renombradas Españolas, la Cámara de Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), acaban de lanzar la campaña ‘Spain For Sure’ para proyectar una imagen positiva de España en el exterior tras los efectos más duros de la pandemia.

El objetivo de la campaña presentada hoy es recordar al mundo que valores como el esfuerzo, la resiliencia y, sobre todo, la fiabilidad y la seguridad, han permanecido y permanecerán imperturbables pese al impacto de la pandemia en nuestro país. Que España es un país en el que puedes confiar, un país en el que puedes creer, un país seguro.

Para expresarlo, la campaña cuenta con los rostros de españoles que simbolizan esos valores, con los que España se identifica, y sobre todo, que llevan nuestra imagen por todo el mundo como “Embajadores Honorarios de la Marca España” y entre los que se encuentran Rafa Nadal, Pau Gasol, José Andrés, Isabel Coixet, Fernando Alonso, Ana Botín, María Blasco, Sara Baras, Ferrán Adriá, Andrés Iniesta, Edurne Pasabán, Valentín Fuster, los hermanos Roca, Carolina Marín y Teresa Perales.

La presentación del vídeo presentado hoy en el Museo del Prado estuvo presidida por sus Majestades los Reyes que estuvieron acompañados por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, la Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, el Ministro de Cultura y Deporte, José María Rodríguez Uribes, el Secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñíz, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Ignacio Osborne, entre otros.

Para la presentación de este vídeo se ha elegido el Museo del Prado por ser uno de los emblemas de la cultura española internacionalmente reconocidos y, a partir de ahí, se pretende que tenga una difusión internacional que se verá apoyada por los diferentes canales de los que disponen los impulsores del spot, más los de otras instituciones públicas (ICEX, Turespaña y otras) y privadas, así como por parte de algunas de las principales empresas españolas, todas ellas con una gran proyección internacional.

Transición Ecológica y el Reto Demográfico publica una guía de medidas y recomendaciones para visitar de manera responsable espacios naturales y áreas protegidas

miércoles, 24 de junio de 2020

Transición Ecológica y el Reto Demográfico publica una guía de medidas y recomendaciones para visitar de manera responsable espacios naturales y áreas protegidas

Miércoles 17 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado un decálogo con recomendaciones para visitar de manera responsable los espacios naturales y áreas protegidas de España, el país con más biodiversidad de toda Europa, en la nueva normalidad.

Con esta guía, el MITECO anima a reencontrarse con la naturaleza en la nueva normalidad, una práctica beneficiosa tanto para la salud de los ciudadanos como para la economía local.

Los entornos naturales juegan un papel fundamental en el turismo español, pues no solo tienen un alto valor paisajístico, sino que ayudan a promover la salud y prevenir las enfermedades. Para ello, el MITECO establece una serie de pautas que garantizan la seguridad del ciudadano y del medio ambiente, recomendando que se respeten las medidas de distanciamiento físico, se organicen con antelación las visitas, se eviten las aglomeraciones y se mantengan las debidas precauciones.

La guía interactiva está disponible para descargar en este enlace de la página web del MITECO y se podrá compartir en redes sociales.

Decálogo para disfrutar de la naturaleza en tiempos de COVID-19

1 Naturaleza es salud y bienestar

Está demostrado científicamente que estar en la naturaleza nos reporta múltiples beneficios y refuerza nuestro sistema inmunológico. Acercándonos a ella podremos sentir y comprender que seguimos dependiendo de sus habitantes y procesos. La naturaleza es nuestra primera medicina.

2 Prepara tu visita

Las autoridades competentes establecerán si las áreas protegidas y otros espacios naturales están abiertos al público. Comprueba la situación de tu destino con antelación para asegurarte de qué zonas y servicios estarán disponibles. Lleva contigo todo lo que puedas necesitar. Reserva y respeta los aforos permitidos.

3 Cuida siempre de tu salud y de las de los demás

Mantén la distancia social de seguridad y toma todas las precauciones posibles para prevenir la COVID-19. Si visitas un espacio protegido atiende a las indicaciones del personal responsable y sigue las instrucciones de seguridad que se establezcan. Lleva desinfectante de manos por si no hay agua disponible y mascarilla.

4 Evita zonas con aglomeraciones o muy concurridas

Evita las áreas naturales en las que no puedas mantener la distancia de seguridad con otras personas. Si vas en grupos pequeños o haces excursiones en solitario contribuirás a prevenir contagios.

5 Sigue las recomendaciones específicas para playas y zonas de baño

Playas y ríos son zonas sensibles en las que prestar especial atención.

6 Conoce tus límites

Disfruta de la naturaleza pero pospón actividades nuevas o de dificultad para el futuro. Esto ayudará a los servicios de emergencia, agentes medioambientales y servicios sanitarios a centrarse en la respuesta a la pandemia. Si visitas áreas naturales o practicas deportes al aire libre asegúrate de llevar siempre todo lo que necesites y que la actividad que realizas está dentro de tus capacidades.

7 Ten presente tu estado de salud

Si te encuentras mal o has estado enfermo o expuesto al COVID-19 en los últimos 14 días no salgas de casa, no hagas excursiones ni visites espacios naturales. Siempre podrás disfrutar de las herramientas de visitas virtuales de las que disponen muchos espacios. Si te encuentras mal o enfermas durante tu visita, regresa cuanto antes a tu domicilio y/o dirígete a un centro de salud.

8 No dejes rastro

Cuando recorras una senda o un camino en el bosque, atravieses un paraje natural, acudas a un observatorio de aves o hagas cualquier otra actividad en la naturaleza, recuerda: no dejes ningún rastro de tu paso, que no quede ningún desperdicio ni haya ninguna alteración.

9 Respeta la naturaleza

En estos últimos meses de pandemia la naturaleza ha tenido un respiro de la actividad humana. Procuremos que las visitas sean respetuosas para no perturbar a la flora y fauna. Si transitas o conduces por caminos rurales extrema la precaución ya que los animales se han desacostumbrado a la presencia humana.

10 Ayuda a los negocios de proximidad

Visita áreas naturales cercanas a tu residencia y ayuda a mejorar su entorno económico. Procura elegir empresas locales en el entorno cercano para descansar, degustar la gastronomía local; realiza visitas guiadas y compra productos locales. Con tu gasto ayudas a la economía local.

Santander. Paseo en los jardines de Piquío

martes, 23 de junio de 2020