AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 2 de junio de 2020

Asturias _

martes, 2 de junio de 2020

El Ejecutivo solicitará una última prórroga de 15 días del estado de alarma

martes, 2 de junio de 2020

Coronavirus COVID-19

El Ejecutivo solicitará una última prórroga de 15 días del estado de alarma

La Moncloa, Madrid – 31/05/20

lamoncloa.gob.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada a las comunidades autónomas en la Fase 3. Además, ha anunciado que el Ejecutivo prepara un plan de recuperación e inversión «sin precedentes» que prestará una atención específica a sectores clave como el turismo y la automoción.

En su comparecencia tras la reunión que ha mantenido por videoconferencia con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, Pedro Sánchez ha destacado los avances de las últimas semanas en la lucha contra el COVID-19. Los datos de las autoridades sanitarias -ha apuntado- indican que la curva del número de contagios está bajando de manera muy intensa «y, en consecuencia, que hemos logrado ese resultado entre todos, con el esfuerzo de todos».

Pero a pesar de esa evolución de la pandemia, «el virus sigue acechando» y es una «amenaza gravísima», según ha subrayado el presidente. «Pido prudencia y también respeto a las reglas sanitarias para evitar cualquier tipo de recaída, por mínima que sea, porque es un riesgo real», ha afirmado.

Las comunidades gestionarán la desescalada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl jefe del Ejecutivo ha sostenido que el estado de alarma ha resultado «esencial» para limitar la movilidad y contener la expansión del virus y que este instrumento constitucional sigue siendo necesario para culminar el proceso de transición a la nueva normalidad.

Por ese motivo, Sánchez ha comunicado a los responsables autonómicos que el Gobierno solicitará al Congreso de los Diputados «una última y definitiva prórroga de quince días del estado de alarma». La extensión actual concluye a las 00:00 horas del 7 de junio.

El presidente ha asegurado que ese estado de alarma será «mucho más liviano» y tendrá como novedad sustancial que «la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada definitivamente a las propias comunidades autónomas que estén en la Fase 3». Las comunidades decidirán cómo gestionar los ritmos y las modalidades de la vuelta a la nueva normalidad en sus territorios, incluyendo el pase de fase y su duración, según ha explicado Sánchez.

En manos del Gobierno quedará la regulación de la movilidad y, además, el Ministerio de Sanidad mantendrá funciones de cooperación e información general y respaldará y asesorará a las comunidades. Pedro Sánchez ha elogiado la labor realizada desde el inicio de la crisis por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que «nos hacen simplemente mejores como sociedad».

Compromiso para erradicar la pobreza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaComo consecuencia del COVID-19 -ha recordado el presidente-, el Producto Interior Bruto caerá más de un nueve por ciento este año; la recuperación se iniciará desde el último trimestre de 2020 y durará los dos próximos años, de forma que «al final de la legislatura estaremos en una posición mejor que antes del impacto de la pandemia».

Mientras llega esa recuperación, es necesario ayudar en primer término a miles de familias que ya soportaban situaciones de pobreza extrema antes de la emergencia actual, según ha defendido el jefe del Ejecutivo. La crisis del COVID-19 ha llevado a acelerar los planes del Gobierno para erradicar la pobreza con la aprobación el pasado viernes del Ingreso Mínimo Vital, que empezará a aplicarse el 1 de junio y beneficiará a unos 850.000 hogares y más de dos millones de personas.

«Ni el Gobierno de España ni tampoco la sociedad española van a mirar para otro lado mientras nuestros compatriotas forman colas para comer», ha dicho Sánchez, que ha añadido que «nuestro país ha ganado en justicia social, pero sobre todo ha ganado en decencia».

Plan de recuperación e inversión sin precedentes

A juicio del jefe del Ejecutivo, en paralelo a la atención a los más vulnerables debe discurrir la reconstrucción económica, tarea en la que la Unión Europea desempeña un papel fundamental.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaSánchez ha remarcado el «liderazgo activo y propositivo» de España en el ámbito europeo durante las últimas semanas y los acuerdos «sin precedentes» que se han alcanzado, como el programa de compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y la «triple red» de 540.000 millones de euros aprobada por el Consejo Europeo del pasado 23 de abril.

Además, ha calificado de «decisiva» la posición española en otros dos procesos en marcha: el incremento del Marco Financiero Plurianual y la creación de un Fondo de Recuperación de 750.000 millones del que España sería uno de los principales beneficiarios, con unos 140.000 millones de euros.

«El Gobierno está consagrado a la preparación de un plan de recuperación e inversión de una magnitud sin precedentes», ha avanzado Sánchez. Esa iniciativa se presentará a Europa y servirá para canalizar muchas de esas ayudas y, por tanto, para recuperar el tejido productivo dañado en sectores clave como el turismo.

El presidente ha anunciado también un plan específico para la reactivación de la movilidad y la automoción, que incluirá acciones de apoyo al sector del automóvil a lo largo de toda la cadena de valor y el impulso de la transición hacia vehículos más limpios y sostenibles.

Lecciones de la emergencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaLa reconstrucción del turismo y la automoción tendrá otro rasgo común: la transformación hacia un modelo sostenible que permita la creación de empleo de calidad, según ha detallado Sánchez.

Esa prioridad implica cambios en la normativa laboral, por lo que el Ejecutivo va a trabajar desde el diálogo social para crear un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y facilitar las habilidades en áreas de especial importancia, como la digitalización, el sector sanitario o la investigación científica.

El presidente ha resaltado precisamente la labor de los científicos españoles en la lucha contra el COVID-19, tanto a escala nacional como en proyectos europeos, y ha recordado el compromiso de España de aportar 125 millones de euros para apoyar el desarrollo de vacunas y que sean accesibles a nivel mundial. «Nunca más debemos relegar a la investigación y la ciencia. La ciencia es empuje, es progreso y nuestros investigadores son un orgullo para el conjunto del país», ha manifestado.

Otra «lección» de esta emergencia sin precedentes -ha señalado Sánchez- es que la unidad es más importante que nunca. «Hemos de mantener a raya el virus de la división, el virus de la provocación. A todos ahora les pido eso: concordia, comprensión, convivencia. A todos les pido solidaridad y empatía con los que peor lo están pasando», ha dicho. El jefe del Ejecutivo ha recordado que las banderas de España ondean a media asta desde la declaración de luto oficial en todo el país por la pandemia y ha abogado por que la enseña nacional sea «una bandera de paz, de futuro, nunca de división».

Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos

martes, 2 de junio de 2020

30 de Abril de 2020

Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos

aepd.es

La AEPD expresa su preocupación por este tipo de actuaciones, que suponen una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados y que se están realizando sin el criterio previo de las autoridades sanitarias.

La paulatina retirada de las medidas de confinamiento y limitación de la actividad económica y social está determinando la implantación de medidas encaminadas a prevenir nuevos contagios de COVID – 19.

Entre estas medidas se está incluyendo, aparentemente de forma generalizada y en muy variados entornos, la toma de temperatura de las personas para determinar la posibilidad de que puedan acceder a centros de trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de establecimientos o equipamientos.

En esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos considera necesario destacar su preocupación por este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el criterio previo y necesario de las autoridades sanitarias.

Tratamiento de datos personales sensibles

Debe señalarse, en primer lugar, que este tipo de operación supone un tratamiento de datos personales que, como tal, debe ajustarse a las previsiones de la legislación correspondiente. Esta normativa contiene apartados específicos que contemplan situaciones como la actual, al tiempo que permiten seguir aplicando los principios y garantías que protegen el derecho fundamental a la protección de datos.

Este tratamiento de toma de temperatura supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados. Por una parte, porque afecta a datos relativos a la salud de las personas, no sólo porque el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus.

Por otro lado, los controles de temperatura se van a llevar a cabo con frecuencia en espacios públicos, de forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus.

En último extremo, y dependiendo del contexto en que se aplique esta medida, las consecuencias de una posible denegación de acceso pueden tener un importante impacto para la persona afectada.

Criterios de implantación

La aplicación de estas medidas y el correspondiente tratamiento de datos requeriría la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente, que en estos momentos es el Ministerio de Sanidad, de su necesidad y adecuación al objetivo de contribuir eficazmente a prevenir la diseminación de la enfermedad en los ámbitos en los que se apliquen, regulando los límites y garantías específicos para el tratamiento de los datos personales de los afectados.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta, entre otras cuestiones, que según las informaciones proporcionadas por las autoridades sanitarias, hay un porcentaje de personas contagiadas asintomáticas que no presenta fiebre, que la fiebre no siempre es uno de los síntomas presentes en pacientes sintomáticos, en particular en los primeros estadios del desarrollo de la enfermedad, y que, por otro lado, puede haber personas que presenten elevadas temperaturas por causas ajenas al coronavirus.

Es por ello que estas medidas deben aplicarse solo atendiendo a los criterios definidos por las autoridades sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen y hasta qué punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por otras menos intrusivas.

Por otro lado, esos criterios deben incluir también precisiones sobre los aspectos centrales de la aplicación de estas medidas. Así, por ejemplo, la temperatura a partir de la cual se consideraría que una persona puede estar contagiada por la COVID – 19 debería establecerse atendiendo a la evidencia científica disponible. No debería ser una decisión que asuma cada entidad que implante estas prácticas, ya que ello supondría una aplicación heterogénea que disminuiría en cualquier caso su eficacia y podría dar lugar a discriminaciones injustificadas.

Principio de legalidad

Como todo tratamiento de datos, la recogida de datos de temperatura debe regirse por los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, entre ellos, el principio de legalidad. Este tratamiento debe basarse en una causa legitimadora de las previstas en la legislación de protección de datos para las categorías especiales de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD).

En el caso de la comprobación de la temperatura corporal como medida preventiva de la expansión de la COVID – 19, esa base jurídica no podrá ser, con carácter general, el consentimiento de los interesados. Las personas afectadas no pueden negarse a someterse a la toma de temperatura sin perder, al mismo tiempo, la posibilidad de entrar en unos centros de trabajo, educativos o comerciales, o en los medios de transporte, a los que están interesados en acceder. Por tanto, ese consentimiento no sería libre, uno de los requisitos necesarios para invocar esta base legitimadora.

En el entorno laboral, y siempre que se hayan tenido en consideración las demás cuestiones que se abordan en esta comunicación, la posible base jurídica podría encontrarse en la obligación que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo. Esa obligación operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como base jurídica que legitima el tratamiento.

Sin embargo, y adicionalmente, el RGPD requiere también en estos casos que la norma que permita este tratamiento ha de establecer también garantías adecuadas. Dichas garantías habrán de ser especificadas por el responsable del tratamiento.

Esa base jurídica podría ser tenida en cuenta con un alcance amplio, atendiendo a que, aunque un centro o local estén destinados a unas finalidades específicas que impliquen que en ellos se concentren un elevado número de clientes o usuarios ajenos a la empresa que los gestiona, siempre estarán presentes en ellos personas trabajadoras sobre las que el empleador mantiene sus obligaciones.

Esta aproximación, no obstante, requiere de una adecuada ponderación entre el impacto sobre los derechos de los clientes o usuarios de estas medidas y el impacto en el nivel de protección de las personas empleadas. Esa ponderación debe basarse en diferentes factores. Ante todo, los criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Pero también los relacionados con el mayor o menor riesgo que se pueda producir en cada caso concreto o con la posibilidad de aplicar medidas alternativas de protección para el personal. Por ejemplo, el riesgo será menor en un establecimiento en el que las personas empleadas estén físicamente separadas de la clientela que en otro en que esa barrera física no exista o sea más precaria.

En otros ámbitos en que no sea relevante esta base jurídica, cabría plantear la existencia de intereses generales en el terreno de la salud pública que deben ser protegidos. No obstante, esta posibilidad requeriría igualmente, como establece el artículo 9.2.i RGPD, de un soporte normativo a través de leyes que establezcan ese interés y que aporten las garantías adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades de los interesados.

La utilización del interés legítimo de los responsables del tratamiento como base legitimadora quedaría en todo caso excluida, por un doble motivo. Por una parte, porque ninguna disposición del artículo 9.2 del RGPD permite levantar la prohibición de tratamiento de datos sensibles por razones de interés legítimo (salvo que en determinadas materias así lo contemple el derecho de la Unión o de los Estados Miembro). Por otra, porque el impacto de este tipo de tratamientos sobre los derechos, libertades e intereses de los afectados haría que ese interés legítimo no resultara prevalente con carácter general.

Limitación de finalidad y exactitud de los datos

La normativa de protección de datos contiene otras disposiciones que resultan también especialmente aplicables en el caso de las mediciones de temperatura como medida de prevención contra la expansión de la COVID – 19.

Entre los principios de protección de datos recogidos en el RGPD, debe mencionarse el de limitación de la finalidad. Este principio supone que los datos (de temperatura) solo pueden obtenerse con la finalidad específica de detectar posibles personas contagiadas y evitar su acceso a un determinado lugar y su contacto dentro de él con otras personas. Pero esos datos no deben ser utilizados para ninguna otra finalidad. Esto es especialmente aplicable en los casos en que la toma de temperatura se realice utilizando dispositivos (como, por ejemplo, cámaras térmicas) que ofrezcan la posibilidad de grabar y conservar los datos o tratar información adicional, en particular, información biométrica.

De igual modo, el principio de exactitud, aplicado en este contexto, implica que los equipos de medición que se empleen deben ser los adecuados para poder registrar con fiabilidad los intervalos de temperatura que se consideren relevantes. Esta adecuación debiera establecerse utilizando solo equipos homologados para estos fines y con criterios que tengan en cuenta esos niveles de sensibilidad y precisión. El personal que los emplee debe reunir los requisitos legalmente establecidos y estar formado en su uso. Conviene insistir, a este respecto, en el impacto que sobre los interesados tendría que la identificación de un posible indicador de la existencia de contagio resultara errónea como consecuencia de un equipo inapropiado o de un mal desarrollo de la medición.

Derechos y garantías

En todo caso, los afectados siguen manteniendo sus derechos de acuerdo con el RGPD y siguen siendo de aplicación las demás garantías que el Reglamento establece, si bien adaptadas a las condiciones y circunstancias específicas de este tipo de tratamiento.

En ese sentido, debieran considerarse, entre otras, medidas relativas a la información a los trabajadores, clientes o usuarios sobre estos tratamientos (en particular si se va a producir una grabación y conservación de la información), u otras para permitir que las personas en que se detecte una temperatura superior a la normal puedan reaccionar ante la decisión de impedirles el acceso a un recinto determinado (por ejemplo, justificando que su temperatura elevada obedece a otras razones). Para ello, el personal deberá estar cualificado para poder valorar esas razones adicionales o debe establecerse un procedimiento para que la reclamación pueda dirigirse a una persona que pueda atenderla y, en su caso, permitir el acceso.

Es igualmente importante establecer los plazos y criterios de conservación de los datos en los casos en que sean registrados. En principio, y dadas las finalidades del tratamiento, este registro y conservación no debieran producirse, salvo que pueda justificarse suficientemente ante la necesidad de hacer frente a eventuales acciones legales derivadas de la decisión de denegación de accesos.

Debe señalarse, por último, que esta comunicación se refiere con carácter general a cualquier proceso de toma de temperatura en los escenarios más probables en este periodo de mitigación del confinamiento y limitaciones a la movilidad y a la actividad social y económica.

Sin embargo, dependiendo del tipo de tecnología que se emplee, puede ser necesario tomar en consideración otros elementos que, aunque relacionados con los mencionados, tienen una especial incidencia en una u otra de esas diferentes tecnologías.

Este es el caso de las cámaras térmicas, a las que ya se ha hecho alusión, en la medida en que pueden ofrecer posibilidades adicionales a la toma de temperatura y que, por ello, deben ser utilizadas prestando especial atención a los principios de limitación de finalidad y minimización de datos establecidos por el artículo 5.1 RGPD.

Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo presencial

martes, 2 de junio de 2020

Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo presencial

  • CSIF denunciará las infracciones en materia de seguridad y salud
  • Los juicios se señalarán en breve sin criterios de aforos máximos, sin evaluar riesgos en las salas ni instrucciones para manejar los expedientes
  • CSIF urge al Ministerio a aplicar las medidas de protección antes de
    cambiar de fase: test masivos ya

26 de Mayo de 2020 csif.es

Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo de forma presencial en todo el país. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primero en la Administración de Justicia, ha exigido al Ministerio que aplique de forma efectiva todas las medidas de protección de la salud antes de cambiar de fase.

Desde CSIF advertimos de que no se puede volver presencialmente al trabajo sin aplicar las medidas que el propio Ministerio de Justicia ha establecido, ya que sigue supeditando la desescalada a criterios ajenos a la seguridad laboral.

Así, estos empleados/as públicos se incorporarán -en la fase 2 del Plan de Desescalada en Justicia- en todos los órganos judiciales en turnos rotatorios diarios, con independencia de la fase de desescalada general en la que se encuentre la provincia donde trabajen.

Se activará también la posibilidad de establecer turno de tarde, pero siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de dos metros en la jornada ordinaria.

Además, próximamente empezarán a señalarse juicios sin que se hayan establecido aforos máximos; se va a incrementar la actividad judicial sin que se hayan realizado evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial; uso de las salas de vista; establecimiento de recorridos internos y uso de ascensores; manejo de expedientes; paquetes, etc.

Desde el sindicato, insistimos en que hay que hacer test a todo el personal que se reincorpore, especialmente, a quienes vuelvan a trabajar tras pasar el Covid-19 o haber estado aislados, con síntomas o por contacto estrecho con contagiados.

Mascarillas: tarde y mal

En relación con las medidas de seguridad laboral, el Ministerio ha anunciado la compra de un millón de mascarillas, que llegarán en el mes de julio, y con las que piensa cubrir las necesidades hasta el mes de septiembre u octubre, en el ámbito de su competencia.

Asimismo, ha encargado a una empresa la medición de los espacios para determinar los aforos en las sedes judiciales y para la aplicación de otras medidas de seguridad y que reforzará los servicios de prevención con personal sanitario.

Pese a todos estos anuncios, desde el sindicato subrayamos que los trabajadores/as de Justicia que se reincorporan tienen derecho a medidas efectivas desde el primer momento y no es de recibo que tras más de dos meses se siga hablando de unos medios que no llegan.

Por esta razón, CSIF denunciará las infracciones que se detecten en materia de seguridad y salud. Hace falta reactivar la Administración de Justicia, pero la vuelta al trabajo debe hacerse de forma segura y con los medios de protección adecuados.

La CNMC revisa su Plan de Actuación de 2020

martes, 2 de junio de 2020

La CNMC revisa su Plan de Actuación de 2020

29 Mayo 2020

cnmc.es

◦En el contexto de la situación creada por el Covid-19, se revisa el Plan de Actuación para 2020 publicado a primeros de febrero.
◦Se mantienen los objetivos inicialmente planteados y se incorporan actuaciones adicionales dirigidas a analizar posibles incumplimientos de la normativa en el marco COVID.

La CNMC ha revisado su Plan de Actuación de 2020 para adaptarlo a la nueva realidad generada por la pandemia del Covid-19.

La revisión no supone una modificación de la estrategia general fijada para 2020. En el Plan revisado se mantienen gran parte de las actuaciones previstas, que se realizarán en plazo o con un ajuste en su calendario, prueba de que este organismo ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones de teletrabajo exigidas por la situación de emergencia. Con ello, la CNMC se reafirma en la necesidad de prestar atención a la supervisión de los mercados regulados (energía, telecomunicaciones, audiovisual, transportes y postal) y de reforzar la detección de las prácticas más dañinas para la competencia.

El Plan incorpora nuevas actuaciones que no estaban previstas y a las que la CNMC está dedicando sus esfuerzos como consecuencia de la situación a la que hacemos frente.

Entre otras, destaca el análisis de posibles incumplimientos de la normativa en el marco COVID y las actuaciones derivadas de la gestión del buzón de consultas y denuncias (covid.competencia@cnmc.es) en materia de competencia ante la pandemia.

Otro de los nuevos aspectos del plan se refiere a las medidas relativas a los procesos de portabilidad en materia de comunicaciones electrónicas como consecuencia de la normativa excepcional adoptada durante el estado de alarma.

AAPP, cooperación y asesoramiento

Además, se desarrollarán orientaciones a las Administraciones Públicas para la concesión de ayudas públicas, la contratación pública y la regulación encaminada a favorecer la recuperación económica.

La CNMC insiste en su plan de actuación en la importancia de reforzar la cooperación con otros organismos públicos para que las actuaciones conjuntas tengan un impacto eficaz en el mercado y en la recuperación económica ante a situación creada por el Covid-19.

Ciertas actuaciones se suprimen del Plan, en particular aquellas que tienen que ver con reuniones internacionales que la CNMC tenía previsto organizar y que han quedado suspendidas.

Plan de actuación 2020