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miércoles, 3 de junio de 2020

España propone León como sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad

miércoles, 3 de junio de 2020

02 de junio de 2020

mineco.gob.es

España propone León como sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad

La ciudad es ya sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y cuenta con un rico tejido empresarial y tecnológico
Con esta candidatura, España busca fortalecerse como referencia en materia de ciberseguridad

2 de junio de 2020.- El Consejo de Ministros ha aprobado la candidatura de la ciudad de León para acoger la sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Seguridad (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Center). El Gobierno de España apuesta así por una Europa digital que sea abierta, justa, diversa, democrática y, también, más segura.

El Centro Europeo de Ciberseguridad es el principal instrumento de la Unión Europea para poner en común las investigaciones en materia de ciberseguridad, un área en la que España ocupa una posición de referencia a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), cuya sede se encuentra en León.

Precisamente, el Centro Europeo de Ciberseguridad reforzaría a León, a la comunidad autónoma de Castilla y León, y a España como un ‘Cibersecurity Innovation Hub’ a nivel europeo, ya que, en la actualidad, la ciudad es ya un importante nodo en materia de tecnologías de la información y ciberseguridad.

Se espera que a lo largo del año las instituciones comunitarias adopten una decisión sobre la ciudad que acogerá este centro.

Esta candidatura supone un paso más para afianzar la posición de España como un país de referencia en el sector de ciberseguridad, un área estratégica que ha experimentado un crecimiento en volumen de ingresos del 7% durante 2019 y que se espera aumente un 15% a lo largo de 2020.

El número de empresas del sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y de los Contenidos en España continúa creciendo, hasta superar en la actualidad las 35.000.

Idoneidad del enclave

La ciudad de León y el entorno que configura la propia región de Castilla y León, tanto en términos empresariales, como de educación –con universidades históricas y de gran prestigio- o servicios sanitarios, constituyen un enclave idóneo para la ubicación de este centro.

Cuenta con un importante tejido empresarial tecnológico y una red de infraestructuras de primer nivel, como el Parque Tecnológico de León o el Clúster Nacional de Empresas de Ciberseguridad.

A ello se unen las infraestructuras, con aeropuertos, redes de alta velocidad ferroviaria con conexión con las principales ciudades españolas o la red de carreteras de alta capacidad.

Novedades introducidas por el RD-ley 19/2020 que afectan a los intereses de demora en aplazamientos COVID y a la declaración del Impuesto sobre Sociedades 2019

miércoles, 3 de junio de 2020

Novedades introducidas por el RD-ley 19/2020 que afectan a los intereses de demora en aplazamientos COVID y a la declaración del Impuesto sobre Sociedades 2019

aeat.es

De acuerdo con el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (BOE 27 de mayo), podemos destacar las siguientes medidas en el ámbito tributario:

1.Intereses de demora aplazamientos (Disposición final séptima, disposición final novena y disposición transitoria segunda RD-ley 19/2020)

Se amplía a cuatro meses el plazo de no devengo de intereses de demora para los aplazamientos de los artículos 14 del RDLey 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y 52 del RD-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Estas modificaciones se aplicarán, respectivamente, a las solicitudes de aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de dichos RD-ley 7/2020, de 12 de marzo, y 11/2020, de 31 de marzo.

2.Cuentas anuales y Declaración Impuesto sobre Sociedades 2019.

2.1. Plazos de formulación y aprobación de cuentas anuales: se modifica el artículo 40 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo. (Apartados tres y cuatro de la Disposición final octava RD-ley 19/2020)

Se establece que el plazo de tres meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios comenzará a contarse desde el 1 de junio de 2020 y no desde la finalización del estado de alarma.

Adicionalmente, se reduce de tres a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales desde la formulación, con lo que las empresas dispondrán antes de unas cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil y se armoniza dicho plazo para todas las sociedades, sean o no cotizadas, de modo que todas deberán tener las cuentas aprobadas dentro de los diez primeros meses del ejercicio.

2.2. Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los contribuyentes que se ajusten, para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio, a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo. (Artículo 12 RD-ley 19/2020)
•Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RD-ley presentarán la declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).
Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles.

A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:

•Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del artículo 41.1 del mencionado RD-ley 8/2020.

•Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

•En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas difiera de la presentada en el plazo ordinario de declaración, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

•Nueva declaración complementaria: Esta nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos previstos en el artículo 122 de la Ley General Tributaria (LGT), si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LGT desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el artículo 124.1 de la LIS, sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de la LGT.

•Nueva declaración en el resto de casos: En los casos en los que la nueva declaración no tenga la consideración de complementaria, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 120.3 de la LGT, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.

No resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 119.3 de la LGT.

•En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se aplicará el artículo 127 de la LIS. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la nueva autoliquidación.

No obstante, lo anterior, cuando de la rectificación a la que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 12 de este RD-Ley 19/2020, resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a que se refiere el apartado 1 del artículo 124 de la LIS hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

•Fiinalmente se indica que las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios a las que se refiere este artículo 12 podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda y que en particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las rectificaciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 de este artículo.

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo .

¿Qué protocolo de limpieza debe realizarse en el centro de trabajo?

miércoles, 3 de junio de 2020

¿Qué protocolo de limpieza debe realizarse en el centro de trabajo?

1 junio, 2020 uso.es

Las empresas deben adaptar el protocolo de limpieza y desinfección a su realidad. Resumimos los principios básicos del plan de limpieza en los centros de trabajo

El protocolo de limpieza y desinfección es uno de los puntos en la actuación preventiva en las empresas frente al covid-19. La Guía de Buenas Prácticas publicada por el Ministerio de Sanidad recoge protocolos para cada actividad pero no establecen medidas concretas, sino generales.

La empresa debe adaptar estas recomendaciones y requerimientos básicos a su realidad. De esta forma, cuando se reúna el Comité de Seguridad y Salud para articular el protocolo, es obligación de los delegados de prevención proponer y matizar al detalle cada medida.

Respuestas a las principales dudas en el protocolo de limpieza
•¿Qué se debe limpiar? Las superficies de contacto. Pomos, botoneras, mandos o mostradores necesitan una atención especial.

•¿Cuándo se tiene que limpiar? Establecer una periodicidad coherente con su uso. Si una persona utiliza un ordenador en su turno, es suficiente una vez. En cambio, si varias personas usan ese mismo ordenador, se necesitará limpieza después de cada uso.

•¿Quién limpia? Se ha de establecer la persona encargada del elemento a limpiar.

•¿Cómo se debe limpiar? Se debe definir el tipo de detergente o desinfectante a utilizar. No se debe utilizar lejía en datáfono, siendo la solución hidroalcohólica más adecuada para esta superficie.

•¿Puede darse la contaminación cruzada? Si se utiliza una bayeta para limpiar una superficie se debe higienizar antes de volver a utilizarla.

El Servicio de Prevención deberá aprobar este protocolo de limpieza para que las instrucciones de trabajo sean seguras y para detectar necesidades formativas de las personas encargadas de ejecutarlos. Estos procedimientos deben ser públicos para la plantilla.

Desinfección de los centros de trabajo

La desinfección es el proceso por el cual se elimina el virus, que pueden realizar las empresas autorizadas por Sanidad Ambiental y que deben estar registradas en el Registro de Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

Estas empresas deben tener al frente una persona responsable con conocimientos técnicos adecuados y técnicos aplicadores con formación específica en prevención y aplicación de los biocidas. Éstas, tienen que seguir los procedimientos establecidos en normas UNE y la legislación reglamentaria dictada para cada producto.

Se deben establecer planes de desinfección a medida de la empresa y su correspondiente programa de actuación, a los que deben de tener acceso los delegados de prevención.

La desinfección está pautada cuando se den casos confirmados de covid-19 o haya sospecha de infección, como medida preventiva en lugares donde exista o pudiera existir una carga viral importante como apoyo a la limpieza.

Calidad del ambiente interior

Otra materia a la que prestar atención es la calidad del ambiente interior a través de la ventilación. Así, en el protocolo de limpieza se deben determinar los momentos precisos y el tiempo que se pueden ventilar los espacios de trabajo. En el caso de ventilación asistida, se deben reprogramar los ciclos de renovación, así como establecer la periodicidad de la limpieza de filtros, e incluso, estudiar la compra de filtros de alta eficiencia.

¿Debe utilizarse el ozono en el protocolo de limpieza y desinfección?

El ozono es un biocida autorizado para el agua, no para el ambiente. La Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) está investigando la utilización del ozono. Aún no ha sido evaluado y se desconocen las dosis exactas para que actúe como virucida y las consecuencias para la salud de las personas. En concentraciones bajas, el ozono no es un virucida, solo sirve para eliminar los olores en espacios cerrados.

Se conoce el límite de exposición diaria para personas trabajadoras establecido por la UE: 0.1 partes por millón, para exposiciones prolongadas y 0.2 ppm, para exposiciones ocasionales. Asimismo, para garantizar el acceso seguro al lugar donde se ha utilizado ozono no basta con ventilar “adecuadamente”. Se tienen que valorar factores como la humedad, las dimensiones y cómo es el proceso de ventilación si bien el instrumento para determinar la seguridad de la instancia, es el detector de ozono en el ambiente.

Cuando actúa el ozono, se descompone en otros productos de desinfección y no están claras las consecuencias para la salud. Si para su aplicación se necesitan EPI, por ser un riesgo para la salud, por el principio de prudencia y el sentido común no deben utilizarse arcos o cabinas de desinfección sobre personas. Además, está prohibido.

Uno de cada tres profesionales y técnicos ha aumentado su jornada laboral con el teletrabajo

miércoles, 3 de junio de 2020

Uno de cada tres profesionales y técnicos ha aumentado su jornada laboral con el teletrabajo

8 Mayo 2020

ugt.es

UTC-UGT recuerda que el colectivo de los profesionales, directivos y técnicos supone el 35% de la población activa en España

La Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC-UGT), que engloba en el sindicato a los profesionales, directivos, técnicos y cuadros, ha lanzado una encuesta de 42 preguntas, entre los días 13 y 27 de mayo, dirigida a profesionales, directivos, técnicos y cuadros que muestra que el 34,3% es este colectivo ha sufrido un incremento de su jornada laboral no justificado, que tan solo el 22,5% de las personas preguntadas tenían regulada la modalidad de teletrabajo en sus puestos de trabajo con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que el 64% no ha tenido formación específica para teletrabajar. UTC-UGT reivindica y apela a la negociación colectiva y al diálogo social como vías exclusivas en la legislación de las condiciones laborales del teletrabajo para que amparen justamente a los profesionales, directivos, técnicos y cuadros.

La declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, por la crisis sanitaria mundial derivada de la COVID-19, obligó a la adopción de medidas urgentes extraordinarias, entre las que se incluía la recomendación de priorizar, en los casos en los que se pudiera, de manera preferente el teletrabajo tanto para garantizar la continuidad de la actividad empresarial, como para preservar la salud de las personas trabajadoras y de la población, en general.

A pesar de que los interlocutores sociales europeos (Confederación Europea de Sindicatos, CES; la Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa, UNICE, y la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME); así como el Centro Europeo de la Empresa Pública, CEEP) firmaron, ya en 2002, con una posterior revisión en 2009, el primer Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, antes de la declaración del estado de alarma, en España, según los datos de la encuesta de población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019, las personas teletrabajadoras apenas alcanzaban el 4,8%, y únicamente el 13% de las empresas apostaban por esta forma organizativa de trabajo. Aunque las nuevas tecnologías y la posibilidad de flexibilizar el espacio y el tiempo hacían impulsar, lentamente, su implantación en el ámbito del sector público y privado, el panorama no era nada alentador porque las empresas no creían en un modelo diferente basado en objetivos y su apuesta seguía siendo, principalmente, por el presentismo como garante de la eficiencia. El efecto inmediato de la COVID-19 sobre las condiciones laborales no se ha hecho esperar, acelerando la adaptación, implantación e imposición desregulada, en la mayoría de los casos, del teletrabajo. Dos meses y medio después del decreto del estado de alarma, podemos extraer las primeras conclusiones.

El sondeo realizado por UTC-UGT se ha hecho telemáticamente y ha sido respondido por 1348 profesionales, directivos, técnicos y cuadros de múltiples sectores, públicos y privados, con la intención de conocer todo lo relativo a las condiciones de empleo, conciliación de la vida laboral y personal, derecho a la desconexión, protección de datos, seguridad y salud en el trabajo, riesgos psicosociales, equipamiento, formación, organización, derechos colectivos y poder, así, detectar los déficits laborales del teletrabajo ante esta situación sobrevenida en la mayoría de los casos y poder ofrecer soluciones desde la negociación colectiva y el diálogo social.

El sondeo destaca:

• El 59,2% son profesionales y técnicos y el 40,8% directivos y cuadros de nivel medio, de los que el 57% son mujeres, el 40% hombres y el 3% corresponden a otras identidades de género.

• El 57% de las personas encuestadas están en convenio, el 16,8% tienen contratos individuales y el 26,2% son funcionarios.

• Tan solo el 22,3% dicen tener el teletrabajo como opción dentro de sus condiciones laborales y el 23% considera que su trabajo puede realizarse de forma no presencial en su totalidad.

• Para el 34,3% ha supuesto un aumento considerable de jornada y el 45,7% no tiene medios para registrar su jornada, como es preceptivo según el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. Además, el 31% ni tan siquiera tiene garantizado el derecho a la desconexión recogido en la Ley Orgánica de 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

• La conciliación de la vida laboral y personal ha sido otro de los temas abordados: El 55% de las personas encuestadas tiene menores a su cargo y el 61,9% considera que el teletrabajo facilita la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas del hogar.

• En relación a la seguridad y salud en el trabajo, el 51% ha sido informado sobre prevención de riesgos laborales; sin embargo, el 84% reconoce que su empresa no ha comprobado si el lugar donde la persona encuestada ha decidido teletrabajar reúne las condiciones adecuadas para hacerlo y el 56% tampoco cuenta con un programa de apoyo psicológico a través del personal responsable de riesgos laborales y el 64,1% echa en falta información sobre los posibles riesgos psicosociales del teletrabajo, orientaciones ergonómicas para trabajos a distancia con ordenador, herramientas de gestión psicosocial o formas de mantener el bienestar emocional en el teletrabajo debido a la Covid-19.

• En lo que respecta a la formación, el 68% no ha recibido ningún tipo de formación o instrucción para teletrabajar y el 61% considera que necesitaría trabajar en su centro de trabajo algún día a la semana.

• Uno de los principales problemas a los que se han visto abocados profesionales y directivos ha sido el del equipamiento: El 48% no ha recibido ningún equipo de su empresa, teniendo que disponer de sus recursos personales o adquiriéndolos ex profeso, y el 85,5% corre con los gastos derivados del acceso a internet.

• De entre los problemas que encuentran a esta forma de trabajo, el 29,7% tiene miedo de no acceder a la carrera profesional a la que tienen acceso las personas trabajadoras presenciales; el 22% dice tener miedo de desarrollar aislamiento y sensación de no pertenencia a la empresa y el 16,7% piensa que no desarrolla su trabajo con la misma eficiencia.

• Entre las ventajas, destaca un 61,9% que piensa que ayuda a la conciliación y a la corresponsabilidad; el 15% apuesta por el teletrabajo por su contribución a la mejora medioambiental y el 10,9% señala que aumenta la productividad.

La Covid-19 ha obligado a millones de personas trabajadoras a teletrabajar ante el cierre gradual o abrupto de sus centros de trabajo. La futura organización del trabajo merece una profunda reflexión sobre esta experiencia laboral remota masiva y las oportunidades y amenazas que ofrece para la futura organización de las modalidades de trabajo. No podemos permitir que los empresarios aprovechen la oportunidad para imponer el teletrabajo como medio para ahorrar en costes a cuenta de las personas trabajadoras, socavando sus condiciones de trabajo y vulnerando el derecho a la desconexión digital.

La Covid-19 va a impactar sobre cómo, cuándo y dónde trabajamos, acelerando la tendencia a trabajar desde lugares distintos a la oficina. Sin embargo, España está muy atrasada respecto de la UE y, aun así, el 32% de los trabajos se podrían hacer ya desde casa. A pesar de esto, pese a que España cuenta con una de las mayores redes de fibra óptica de Europa, es uno de los países peor preparados en el continente para teletrabajar ya que el modelo productivo conlleva actividades que requieren la presencia física del trabajador en su empresa y menos del 4% de los convenios colectivos recogen esta modalidad de trabajo.

En este sentido, en UTC-UGT llevamos años trabajando el teletrabajo por incidir muy directamente sobre el colectivo al que representamos, clave de bóveda en el ansiado cambio de modelo productivo y, por ello, tenemos especial interés en analizar el impacto que tiene y tendrá, ahora más, sobre profesionales, directivos, técnicos y cuadros. Una vez más, alentamos a regular y legislar esta forma de trabajo que, sin duda, no va a desaparecer, sino que se va a incrementar e implantar inevitablemente de manera masiva y, si no conseguimos fijar y estipular condiciones justas para el colectivo al que representamos, las empresas serán las únicas beneficiadas de un modelo de trabajo abusivo impuesto por esta pandemia.