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Archivo del 4 de junio de 2020

Estatua equestre de Simón Bolivar, en Central Park. New York

jueves, 4 de junio de 2020

Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas acuerdan que el sistema de cláusulas suelo se mantenga hasta el 31 de diciembre

jueves, 4 de junio de 2020

Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas acuerdan que el sistema de cláusulas suelo se mantenga hasta el 31 de diciembre

Miércoles 3 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

A finales de año, se realizará un análisis sobre el funcionamiento de estos órganos judiciales especializados, para definir un nuevo modelo que dé respuesta a la litigiosidad masiva que se generará en el periodo post-COVID.

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha mantenido una videoconferencia con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y representantes de las comunidades autónomas con competencias en Justicia, en la que ha instado a revisar el sistema de especialización de órganos judiciales en materias de cláusulas abusivas para hacerlo más eficiente.

Será pues cuando transcurran los seis meses que se establecen en la última prórroga, cuando de nuevo, a finales de año, se realice un análisis sobre el funcionamiento de estos órganos especializados en materia de consumidores, para definir un nuevo modelo que dé respuesta a la litigiosidad masiva que se generará en el periodo post-COVID.

Con todo, aún seguirán atendiendo de manera exclusiva las demandas de los ciudadanos que opten por la vía judicial en sus reclamaciones por estos asuntos, tal y como se acordó en el plan de especialización de juzgados aprobado en junio de 2017.

El plan se ha ido prorrogando periódicamente desde esa fecha y se ha venido ajustando a las necesidades concretas de cada órgano, sobre todo para poder seguir tramitando y atender al elevado volumen de demandas presentadas en relación con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, entre otros asuntos.

La Audiencia Provincial de Madrid fija que la cláusula IRPH-Cajas de un préstamo hipotecario no es abusiva

jueves, 4 de junio de 2020

Miércoles, 3 de junio de 2020

La Audiencia Provincial de Madrid fija que la cláusula IRPH-Cajas de un préstamo hipotecario no es abusiva

Esta sentencia, que establece el criterio de la sala, es la primera que dictan los tribunales madrileños desde la resolución sobre esta materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE,) el 3 de marzo de 2020

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, reunida en pleno, ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por dos particulares y ha fallado que la aplicación de la cláusula hipotecaria denominada IRPH-Cajas no es abusiva, tal y como ya señaló en primera instancia el juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid.

Esta sentencia, que establece el criterio de la sala, es la primera que dictan los tribunales madrileños desde la resolución sobre esta materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE,) el 3 de marzo de 2020.

La sentencia, que cuenta con un voto particular, declara que en el caso presente (un crédito hipotecario solicitado al Banco de Sabadell) no está justificada la pretensión de los demandantes de falta de transparencia en la cláusula IRPH-Cajas, ya que a juicio de los magistrados no es aplicable la doctrina jurisprudencial según la cual la abusividad, entendida como desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, es inherente a la falta de transparencia en la medida que esa falta de transparencia le impide comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.

“En el caso de la cláusula suelo –recoge la sentencia-, la falta de transparencia material se identifica, sin más, con el desequilibrio entre precio y prestación sin necesidad de una constatación adicional de ese desequilibrio. El déficit de información hace que el usuario, persuadido de que concertó un préstamo a interés variable, vea defraudada su expectativa al respecto al comprobar que, en función del comportamiento de una variable que se encuentra plenamente imbricada en el contrato, el interés va a comportarse como interés fijo. En definitiva, el usuario no capta adecuadamente la carga económica de la cláusula al no percatarse de que el régimen de interés variable bajo el que concertó el préstamo puede dejar de operar”.

Sin embargo, y por el contrario –aclara la resolución-, “en el caso de la cláusula IRPH no sólo no existe identidad entre la falta de transparencias y el desequilibrio precio/prestación, sino que ni siquiera concurre vínculo causal entre aquélla y éste. En estos casos la frustración de expectativas que se denuncia por el prestatario no se genera por un comportamiento indeseable y no previsto del índice elegido (IRPH) sino por la correlación apreciable entre el comportamiento de dicho índice y el de otro índice que es por completo ajeno al contrato (el Euribor)”.

“En definitiva -concluyen los jueces-, en el caso de la cláusula IRPH ni el exquisito cumplimiento del deber de información evitaría la clase de desequilibrio que se denuncia ni su total incumplimiento sería capaz de provocarlo”.

Contra la presente sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La CNMC informa sobre el proyecto de normativa que regulará la certificación energética de los edificios.

jueves, 4 de junio de 2020

La CNMC informa sobre el proyecto de normativa que regulará la certificación energética de los edificios

01 Jun 2020 cnmc.es

◦Actualmente, solo arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos pueden emitir certificaciones de eficiencia energética de los inmuebles.

◦La nueva normativa plantea revisar esta reserva de actividad profesional en un máximo de dos años.

◦La CNMC señala que es necesario acortar esos plazos para delimitar la figura del técnico competente
◦Aconseja establecer una ventanilla única de listados autonómicos de técnicos competentes

La CNMC ha emitido un informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios. El texto transpone parcialmente la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifican diferentes regulaciones previas sobre eficiencia energética. (IPN/CNMC/007/20)

La certificación de la eficiencia energética de un inmueble valora el consumo de energía necesario en condiciones normales de ocupación y funcionamiento para satisfacer la demanda de energía en calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria o iluminación. Dicha calificación se obtiene a través del cálculo establecido en el procedimiento básico de certificación y se expresa mediante un distintivo (etiqueta) que acredita la eficiencia energética obtenida.

De acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, el certificado de eficiencia energética (CEE) debe entregarse al comprador o al arrendatario en caso de nueva construcción, venta o alquiler de inmuebles.

El proyecto que ha analizado ahora la CNMC actualiza el contenido del CEE y amplía el número de supuestos en los que se requiere. Por otra parte, refuerza la inspección de las auditorías energéticas (procedimientos que tienen como objetivo conocer, por ejemplo, el perfil de consumo de energía de un edificio o conjunto de edificios, de una instalación o de una operación comercial e industrial, de servicios públicos o privados, con actividad económica). Asimismo, la futura normativa refuerza la información que debe ponerse a disposición de las empresas (ahorros identificados y medidas adoptadas como resultado de las auditorías previas).

Reserva a ciertas titulaciones

A pesar de que el Real Decreto 235/2013 prevé que se concreten las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los certificados de eficiencia energética mediante una Orden ministerial, esta nunca se ha desarrollado. Por ello, actualmente solo están habilitados para emitir los CEE arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos.

La CNMC ha señalado en numerosas ocasiones que las reservas de actividad deben justificarse por una razón imperiosa de interés general. Cuando sea preciso establecer una reserva, debe atenderse a la capacitación técnica del profesional y no vincularse a titulaciones concretas.

El Proyecto de Real Decreto prevé abordar la reserva actual en un plazo máximo de dos años.

Recomendaciones de la CNMC

La CNMC valora positivamente la clarificación y la mejora del contenido de la certificación y de las obligaciones de información que plantea el proyecto. Sin embargo, recomienda algunas modificaciones de acuerdo con principios de regulación económica eficiente:

Que la regulación de la habilitación profesional de las figuras del técnico competente, el técnico ayudante, el auditor energético y el proveedor de servicios energéticos no se vinculen a titulaciones concretas, sino a la capacitación técnica del profesional.

◦Que se acorte el plazo previsto en el proyecto para la regulación de la figura del técnico competente, no excediendo de 1 año.

◦Que los listados de expertos en materia de certificación energética incluyan una mención expresa de que tales servicios podrán realizarse también por aquellos expertos incluidos en los listados de otras Comunidades Autónomas y que se regule una ventanilla única para el acceso a los listados autonómicos.

◦Que se justifique la necesidad de ampliar los nuevos supuestos para los que se exige el certificado de eficiencia energética.

◦Que se concreten los supuestos que acreditan el ahorro de energía logrado en relación con la vinculación de los incentivos financieros a resultados plausibles. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que dichos incentivos, salvo que puedan acogerse a las excepciones señaladas, encajan dentro del ámbito conceptual de las ayudas de Estado del TFUE.

◦Que la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios cuente con representación de operadores que no estén solo vinculados a las profesiones de ingeniería y arquitectura.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La línea de microcréditos avalados y al 0% de interés para el pago del alquiler de vivienda habitual ya está plenamente disponible

jueves, 4 de junio de 2020

Coronavirus COVID-19

La línea de microcréditos avalados y al 0% de interés para el pago del alquiler de vivienda habitual ya está plenamente disponible

Viernes 29 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

Ya son once las entidades financieras las que están en disposición de conceder este tipo de préstamos sin interés para que las personas y familias que hayan visto reducidas sus rentas a causa de la crisis del COVID-19 no tengan problemas para satisfacer puntualmente el pago del alquiler de su vivienda habitual.

Desde que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) impulsó esta línea de ayudas, en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, han formalizado el contrato de adhesión a la Línea Avales Arrendamiento con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) Bankia, Santander, Sabadell, Cajamar, Liberbank, Unicaja, Abanca, Bankoa, Laboral Kutxa, Caja Pollença y Caja Onteniente.

En los próximos días se espera que más entidades se adhieran a esta línea crediticia. La lista de entidades adheridas se puede consultar en la web del ICO, que actualiza diariamente la información.

Las personas que hayan visto mermados significativamente sus ingresos, o que hayan sido despedidos del trabajo, o que tengan menores o dependientes a su cargo se pueden beneficiar de estas ayudas. Estos préstamos cubren un máximo de seis mensualidades, con un tope de hasta 900 euros por mensualidad, y con retroactividad a 1 de abril.

Estos microcréditos son finalistas, de tal modo que los solicita el inquilino -que tiene hasta 6 años para devolverlos (y excepcionalmente 4 años más)- y se ingresan en la cuenta del arrendador. De este modo, se protege a arrendatarios y arrendadores en una situación de crisis económica, en la que es de crucial importancia preservar la estabilidad del mercado del alquiler y garantizar el derecho a la vivienda.

Sin intereses ni gastos para el solicitante

Estos préstamos cuentan con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Para su implementación el Mitma aumentó su techo de gasto en 1.200 millones de euros. La previsión es que hasta 450.000 familias puedan beneficiarse de estos microcréditos a interés cero para hacer frente al pago del alquiler.

El 1 de abril el Gobierno aprobó un paquete de medidas que sirviera de paraguas social en materia de vivienda para hacer frente a esta crisis del COVID-19. Entre ellas destacan la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados supuestos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento.

Asimismo, se aprobó una dotación extraordinaria de 100 millones de euros para incrementar la cuantía de 346 millones de euros prevista para el Plan Estatal de Vivienda 2018-22. Los 446 millones de euros resultantes se han adelantado ya a las Comunidades Autónomas.

Al mismo tiempo, se flexibilizaron las condiciones para adecuar los programas comprendidos a las necesidades específicas en materia de vivienda surgidas por el COVID-19.