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domingo, 7 de junio de 2020

Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas dan luz verde al retorno pleno de la actividad ordinaria en el sistema judicial

domingo, 7 de junio de 2020

Estado de alarma / Covid-19

mjusticia.gob.es

Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas dan luz verde al retorno pleno de la actividad ordinaria en el sistema judicial

• El ministro agradece la labor desarrollada durante todo este tiempo en la Comisión de Coordinación cuya continuidad, más allá de la crisis sanitaria, han solicitado hoy todos los componentes de la misma que la califican de “foro histórico”.

• Campo anuncia una Conferencia sectorial en la segunda quincena de julio y sesiones monográficas sobre cuestiones como la digitalización, los planes de choque tras el estado de alarma y la ley de mediación y de agilización procesal.

5 de junio de 2020.- La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha dado hoy luz verde al retorno pleno de la actividad ordinaria en el sistema judicial que se abre paso con la fase 3 de la desescalada.

Activar esta nueva etapa en el camino hacia la nueva normalidad en Justicia significa que, a partir del próximo martes 9 de junio, el cien por cien de la plantilla estará incorporado ya a su centro de destino. No obstante, aquellos funcionarios de la Administración de Justicia que actualmente se encuentren de permiso por deber inexcusable debidamente acreditado y justificado, podrán mantenerse en dicha situación hasta el último día de vigencia del estado de alarma.

Esta medida, que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar, es aplicable a los empleados de la Administración de Justicia con hijos e hijas menores de 14 años o con personas mayores dependientes a su cargo, que no pudieran flexibilizar su horario de trabajo con las alternativas existentes en su ámbito territorial, o que no pudieran desarrollar su actividad en la modalidad de teletrabajo.

En su intervención, el ministro ha agradecido la labor desarrollada por la Comisión de Coordinación de Crisis, especialmente la alta participación de los representantes de las CC.AA. en todas las convocatorias realizadas semanalmente. Precisamente, tanto por parte de las CC.AA. como por parte de los miembros del CGPJ, Fiscalía General del Estado y Consejo General de la Abogacía, se ha solicitado al Ministerio el mantenimiento de este foro que han calificado de “histórico” y consideran necesaria su continuidad más allá de la crisis sanitaria.

Campo les ha trasladado que, junto a este mecanismo de coordinación reforzado entre instituciones, se potenciarán también una serie de reuniones técnicas para ir acompasando el tránsito hacia la nueva normalidad en los juzgados y realizar un seguimiento de los planes de choque que se pondrán en marcha en los distintos órdenes jurisdiccionales. Estos planes se presentarán en julio para que estén funcionando a pleno rendimiento a primeros de septiembre.

Así, les ha anunciado una Conferencia sectorial en la segunda quincena de julio, así como la celebración de sesiones monográficas en cuestiones como el proceso de digitalización, la mediación y el arbitraje, o los textos normativos en elaboración siendo el más inminente la Ley de medidas organizativas, procesales y tecnológicas que el Ministerio pretende elevar a Consejo de Ministros a finales de junio.

La Covid-19 evidencia los agujeros de la educación a distancia

domingo, 7 de junio de 2020

La Covid-19 evidencia los agujeros de la educación a distancia

01 Jun 2020

ugt.es

► La crisis del Coronavirus ha revelado el retraso digital de nuestro país en lo referente a la educación a distancia.

► Las carencias de los progenitores y de muchos docentes se han sumado a las serias dificultades de muchos alumnos. Carencias que tienen que ver con varios factores como las dificultades económicas para disponer de los medios adecuados y la falta o escasez de competencias formativas en esta materia.

► Suspendemos en varias asignaturas, si nos comparamos con otros países de la OCDE, y suspendemos también en las políticas para hacer frente al reto digital.

► UGT ha solicitado, en varias ocasiones, afrontar en el marco del diálogo social las medidas necesarias para que España esté a la vanguardia y no en la retaguardia respecto a las nuevas tecnologías, en todos los ámbitos. Dar la espalda a esta realidad, supone condenar el presente y futuro de nuestro país.

UGT considera que la pandemia de la Covid-19 ha destapado las carencias en la educación a distancia. Agujeros que tienen que ver con la falta de formación en competencias digitales de los progenitores y de los propios profesores/as. Una cuestión que no es culpa de ninguno de ellos, si no de la falta de unas políticas adecuadas para preparar a nuestro país ante el reto digital.

Datos del INE reflejan esta Falta de competencias y medios de los padres

•El 51% de los progenitores con hijos viviendo en el mismo hogar tiene unas habilidades digitales deficientes (básicas, bajas o nulas) y otro 27% no acredita ninguna competencia informática. Esta situación se agudiza más cuando hablamos de las familias monoparentales: un 54% sufre deficiencias severas en habilidades digitales y un 47% presenta unas competencias informáticas básica o nulas.

•1 de cada 5 progenitores no usa nunca el correo electrónico; un 30% no es capaz de mover ficheros en un ordenador; un 40% que conviven con hijos no sabe usar un procesador de textos; y la mitad de estos padres y madres no puede ayudar a sus hijos a hacer una presentación.

•Además, 4 de cada 5 padres nunca visitó anteriormente una web educativa y un 83% nunca ha hecho un curso en formato online.

•Respecto al número de ordenadores en casa: el 44% de los hogares con menos posibilidades económicas solo tiene uno y el 14% no tiene ninguno.

Conviene destacar que el Ministerio de Educación y Formación Profesional es uno de los ministerios que menos gasto ha hecho en TIC, en el periodo 2013-2018. No alcanzó el 4% del total presupuestario y en algunos momentos bajo al 3%.

Falta de competencias tecnológicas de los docentes:

Otros datos indican las deficiencias del sector educativo en la utilización de las nuevas tecnologías.

Sólo el 53% de los docentes tiene las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar dispositivos digitales en la enseñanza.

El 50% de los centros educativos españoles NO dispone de una plataforma online eficaz de apoyo a la enseñanza, con grandes diferencias entre CCAA: sobre un 35% en el caso de Aragón o un 37% en Asturias.

La OCDE también advierte de los déficits digitales en la enseñanza de España:
•Somos uno de los peores países a la hora de incentivar al profesorado para que integre dispositivos digitales en su método de enseñanza. Además:

•Nuestro país es uno de los más atrasados de toda la OCDE en cuanto a las cualidades técnicas y pedagógicas del profesorado, a la hora de usar dispositivos digitales cuando imparten clase, con sólo un 53% de profesores con las competencias necesarias. Este índice desciende al 45% en las escuelas con menor renta, 10 puntos por debajo de la media internacional.

•España se sitúa en el antepenúltimo puesto de la OCDE en disponibilidad tiempo suficiente para que el profesorado prepare las lecciones integrando dispositivos digitales: sólo un tercio dispone de esta posibilidad (un 25% en el caso de escuelas con colectivos vulnerables), la mitad de la media internacional (en Francia, por ejemplo, el 80% los docentes disponen de este valioso tiempo).

Respecto a las Universidades:

► El número de ordenadores portátiles en préstamo a libre disposición de los estudiantes universitarios bajó un 19,7%, en 2017, último año del que se disponen datos.

► Un 25% de las universidades españolas carecían de servicios de virtualización de escritorios/aplicaciones para prácticas docentes y solo un 7% de las titulaciones impartidas eran totalmente no presenciales.

► El déficit alcanza también a los procedimientos burocráticos básicos de las Universidades: apenas hace tres años solo uno de cada cuatro servicios de gestión se prestaban vía web a modo de Administración electrónica.

► En cuanto a la formación que se imparte en las Universidades sobre Tecnologías de la Información. Los datos reflejan que alcanza al:
•21,5% del Personal Docente e Investigador
•36,5% del Personal de Administración y Servicios
•Algo menos del 10% de estudiantes.

Ingreso Mínimo Vital: ¿en qué consiste? ¿Cómo puedo solicitarlo?

domingo, 7 de junio de 2020

Ingreso Mínimo Vital: ¿en qué consiste? ¿Cómo puedo solicitarlo?

1 junio, 2020 uso.es

Hoy 1 de junio entra en vigor el RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Te explicamos en qué consiste y cómo puedes solicitarlo.

¿En qué consiste el ingreso mínimo vital?

Es una prestación no contributiva de naturaleza económica que tiene por objeto prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

¿Quiénes pueden beneficiarse del ingreso mínimo vital?

•Las personas con plena capacidad obrar.

•Con edad mínima de 23 años, o ser mayor de edad o menor emancipado en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y deberán ser menores de 65 años.

Excepcionalmente, cuando la unidad de convivencia esté integrada solo por mayores de 65 años y menores de edad o incapacitados judicialmente, será titular el mayor de 65 años que solicite la prestación.

En caso de integrarse en una unidad de convivencia, la edad mínima de la persona titular será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad.

•En un mismo domicilio podrá haber un máximo de dos titulares.

¿Cuáles son los requisitos que hay cumplir?

•Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos 1 año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de solicitud.

Se establece como excepción a este requisito a los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción o guardia, a las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual y a las mujeres víctimas de violencia de género.

•Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica de acuerdo con la regulación establecida. (Art 8 del RD-ley 20/2020)

•Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho.

•Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

¿Cuál es la cuantía y cómo se determina el ingreso mínimo vital?

Para el ejercicio 2020, la cuantía de renta garantizada en el caso de una persona beneficiara individual es de 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía aplicable a las unidades de convivencia se aplicará la siguiente escala:

Escala de incrementos para el cálculo de la renta garantizada según el tipo de unidad de convivencia para el ejercicio 2020.

¿Cuándo surge el derecho a la prestación y cuándo se efectúa el pago?

El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria.

¿Cuál es la duración de la prestación?

El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión.

¿Se puede suspender el derecho a la prestación?

El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por las siguientes causas:

•Pérdida temporal de algunos de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

•Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones para acceder a la prestación.

•Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento. En todo caso, y de manera cautelar, si se realizan traslados al extranjero por un periodo continuado o no de 90 días naturales al año, sin haberlo comunicado a la entidad gestora con antelación ni estar debidamente justificado.

•Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con rentas al trabajo o la actividad económica por cuenta propia, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

•Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos.

¿Cuáles son las causas de extinción del ingreso mínimo vital?

•Fallecimiento de la persona titular.

•Pérdida definitiva de algunos de los requisitos exigidos.

•Resolución recaída en procedimiento sancionador.

•Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo de, continuado o no, superior a 90 días naturales al año.

•Renuncia del derecho.

•Suspensión de un año.

•Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

¿El ingreso mínimo vital es incompatible con otras prestaciones?

El ingreso mínimo vital es incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer derecho de opción por alguna de ellas.

¿Cómo se presenta la solicitud?

La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos. Se presentará preferentemente en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de otros canales de comunicación telemática que el INSS tenga habilitados.

¿Cuál es el plazo de solicitud?

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio.