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jueves, 11 de junio de 2020

Las constituciones de sociedades en mayo descendieron el 56,4% anual 09/06/2020 |

jueves, 11 de junio de 2020

Las constituciones de sociedades en mayo descendieron el 56,4% anual
09/06/2020 |

registradores.org

• En mayo la caída recuperó 16 puntos sobre el descenso de abril

• Los concursos de acreedores inscritos descendieron el 76,1%, ligeramente menos que el 84,6% de caída en abril

El Colegio de Registradores incluye en esta nota el análisis de la evolución de la actividad del Registro Mercantil, ofreciendo algunos indicadores básicos de confianza empresarial: constituciones y ampliaciones de capital, así como indicadores de dificultades financieras, a través de los concursos de acreedores. Esta información específica se elabora como avance de los informes trimestrales completos de la Estadística Mercantil que se elaboran habitualmente, atendiendo en este momento a la situación especial que vive el país.

Constituciones de sociedades inscritas en los RR.MM.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el impacto del estado de alarma y la paralización de todas las actividades no esenciales continúa provocando fuertes caídas en las constituciones. Si bien en abril se produjo una caída a nivel nacional del 72,1% en relación al mismo mes del año anterior, en este mes de mayo, la caída se suavizó hasta el 56,4%, pasando de las 8.733 constituciones en mayo de 2019 a las 3.809 en mayo de este año.

Por CC.AA., solo Madrid consiguió superar las 1.000 operaciones en mayo, cuando el año pasado Andalucía las superaba holgadamente y Cataluña y sobre todo Madrid prácticamente duplicaban dicha cifra. La situación sanitaria ha mostrado impactos bastante desiguales, dentro de una tendencia de descenso general muy acusada, que comenzó en la segunda quincena de marzo, como lo demuestra el dato de mayo: doce CC.AA. muestran caídas superiores al 50% comparado con el mismo período del año anterior. Los mayores descensos, por encima del 60%, se producen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-75,0%), seguidas de Canarias (-74,8%), Aragón (-72,2%) y Cataluña (-67,5%). En sentido contrario, el impacto de menor intensidad lo mostraron La Rioja (-43,2%), Comunidad Valenciana (-45,3%), Cantabria (-46,2%) y Asturias (-46,7%).

Para observar la evolución durante el reciente estado de alarma, se han comparado las constituciones de mayo con el mes anterior, observándose un claro incremento de las constituciones en este último mes. Aunque lejos todavía de los valores del mismo período del año anterior, por su importancia en términos de volumen sobre el total de España, destacan las subidas de Cataluña, que triplica las constituciones de abril o Madrid, que las ha duplicado.

Ampliaciones de capital inscritas en los RR.MM.

Las operaciones de ampliaciones de capital inscritas en los RR.MM., que reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios sobre sus proyectos empresariales, ofrecen una visión clara del fuerte impacto de la situación creada sobre la actividad empresarial, mostrando importantes caídas.

Como tendencia general, si se compara con el mismo período del año anterior, destacan los descensos del número de ampliaciones de capital por encima del 50% en diez CC.AA., similar a como ya ocurrió en el apartado anterior de constituciones. En términos de volumen, tal y como se muestra en la tabla posterior, desde las más de 2.500 ampliaciones realizadas en mayo de 2019, hemos pasado a las 1.309 de mayo de este año, lo que supone una caída del 48,8% a nivel nacional, más suave que la caída anual del 61,0% del mes anterior.

Por CCAA, las que presentan mayor volumen de actividad, como son Cataluña y Madrid, ambas por encima de las 500 operaciones el año pasado, decrecen este mes de mayo, aunque lo hace con mucha más intensidad Cataluña, que no llega a las 200 operaciones, mientras que Madrid, todavía sobrepasa las 400.

Entrando al detalle, los mayores descensos de mayo sobre el mismo mes de 2019, por encima del 60%, correspondieron a Ceuta y Melilla (-100,0%), seguida de Cataluña (-70,3%), Canarias (-69,4%), Aragón (-67,7%) y Baleares (66,4%). Las menores caídas se produjeron en Cantabria (0,0%), Madrid (-22,0%), Navarra (23,1%), Extremadura (-33,3%) y Asturias (-35,5%).

Si comparamos las ampliaciones con el mes anterior, se observa un sensible incremento, aunque lejos de los números de años anteriores, destacando el incremento del 88,9% en el País Vasco y, por su importancia en términos globales sobre el total español, el crecimiento del 58,6% de Madrid.

Concursos de acreedores inscritos en los RR.MM.

Los concursos de acreedores permiten ofrecer una visión significativa de las empresas que se encuentran en dificultades financieras importantes, y por ello se ha considerado de interés incluir su información en este avance especial de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores. En este sentido, el RD 16/2020, de 28 de abril, entre otros aspectos, amplia los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de este año, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de ayudar a las empresas que puedan presentar problemas financieros temporales como consecuencia del parón de la actividad económica provocado por el estado de alarma decretado para el control de la pandemia.

En este segundo avance del mes de mayo, comparado con el mismo mes del año anterior, se observa una disminución anual de concursos totales del 76,1%. Hay que tener en cuenta que durante el mes de abril habían caído de forma generalizada (-84,6%), seguramente afectados por la ralentización de las comunicaciones internas propias del proceso concursal durante el inicio del estado de alarma.

En la comparación de mayo con relación al mes anterior, se observa un cierto grado de reactivación en la tramitación, especialmente visible en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, que contribuyen decisivamente a obtener un incremento general de los concursos presentados, el 90,9% sobre abril. Destacan muy especialmente los 33 concursos inscritos en Cataluña en mayo, cuando tan sólo se anotaron 2 en abril.

Se analiza también la inscripción de concursos mediante su desglose en voluntarios y necesarios. Los primeros sumaron este mes de mayo 57 inscripciones, con un aumento del 111,1% sobre el mes anterior y los concursos necesarios inscritos fueron 27, con un aumento del 58,8%.

El Tribunal Supremo avala el Decreto de 2017 por el que se establece la ordenación de viviendas destinadas a uso turístico en Galicia

jueves, 11 de junio de 2020

Viernes, 5 de junio de 2020

El Tribunal Supremo avala el Decreto de 2017 por el que se establece la ordenación de viviendas destinadas a uso turístico en Galicia

Los artículos inicialmente considerados no conformes a derecho se referían a la exclusión que hace el Decreto de la cesión de la vivienda por habitaciones

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la sentencia de 14 de febrero de 2018 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que avaló el Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Supremo dictó una primera sentencia sobre este asunto el 21 de octubre de 2019, que sí estimó parcialmente el recurso del Estado y de la CNMC y anulaba dos artículos (el 4.2 y el 5.1, primer párrafo, segundo inciso) del Decreto. Sin embargo, la Axencia Turismo de Galicia planteó incidente de nulidad contra esa sentencia del Supremo por entender que no había tenido en consideración la Ley 7/2011, de 27 de octubre, de Turismo de Galicia, lo que fue estimado por la Sala por Auto de 19 de diciembre de 2019, que declaró nula la citada sentencia de esta Sala de 21 de octubre de 2019. Anulada la sentencia dictada en su momento, procedía ahora dictar una nueva sentencia.

Los artículos del Decreto inicialmente considerados no conformes a derecho se referían a la exclusión que hace el Decreto de la cesión de la vivienda por habitaciones. El alto tribunal entiende ahora que esa restricción reglamentaria cuenta con un expreso respaldo legal, ya que no en la Ley de Arrendamientos Urbanos, sí en la propia ley gallega de turismo.

La sentencia recoge que la Xunta ha destacado, en relación con el artículo 65.2 de la Ley gallega, referido a las viviendas turísticas, que dicho precepto -y, en consecuencia el reglamentario impugnado en la instancia- “no prohíbe la cesión por habitaciones, sino que la excluye de la normativa sectorial de ordenación del turismo. Esto es, que el titular de una vivienda siempre podría arrendar habitaciones aisladas de una vivienda, solo que dicho contrato formalizado al amparo de la autonomía privada, no serían viviendas turísticas y no estarían sujetas a la regulación autonómica existente en la materia”.

La sentencia también señala que los fines de protección de los usuarios turísticos y la garantía y la sostenibilidad de una actividad turística de calidad, citados en la Ley de turismo gallega, pueden considerarse una justificación de interés general que ampare determinadas restricciones contenidas en la ordenación del turismo efectuada por dicha Ley, y entre ellas, la de que la oferta de viviendas turísticas y de uso turístico hayan de alquilarse en su totalidad, habida cuenta de que la posibilidad de alquilar habitaciones solas existe en la ordenación de Galicia tanto en las modalidades tradicionales de alojamiento (hoteles, pensiones y similares) como en alquileres particulares fuera de la normativa turística.

“Así pues, en un ámbito circunscrito de ese modo a una sola modalidad de alquiler y con la finalidad de que la misma pueda mantener una mayor calidad y protección de los usuarios, la exclusión del alquiler por habitaciones puede considerarse una regulación admisible y proporcionada desde la perspectiva de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y de la Directiva de servicios”, señalan los magistrados.

El Supremo indica que esta conclusión puede considerarse aparentemente opuesta a la que se alcanzó respecto a la misma materia en el caso de Canarias, pero advierte que es consecuencia de las diferentes circunstancias en que se han planteado en ambos supuestos, ya que en el caso canario se impugnaban unas sentencias que habían anulado una medida semejante impuesta mediante decreto y sin una apoyatura explícita en la ley reguladora del turismo en esa Comunidad Autónoma, sin que esta Sala considerase aceptables las razones dadas para justificar tal restricción reglamentaria.

UGT reclama que los convenios colectivos comiencen ya a regular las condiciones laborales del teletrabajo

jueves, 11 de junio de 2020

UGT reclama que los convenios colectivos comiencen ya a regular las condiciones laborales del teletrabajo

07 Jun 2020

ugt.es

¿Quién asume los gastos derivados de esta forma organizativa de trabajo? La Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC-UGT) apela a la negociación colectiva y al diálogo social como vías en la legislación de las condiciones laborales del teletrabajo para que amparen justamente a los profesionales, directivos, técnicos y cuadros, que suponen el 35% de la población activa en nuestro país.

El teletrabajo ha demostrado a las empresas que hay un aumento de la productividad y una reducción de los costes fijos. Si el empresario impone al profesional el teletrabajo tras la Covid-19, y éste trabaja principalmente mediante teletrabajo y no hay sitio físico disponible en las instalaciones de la empresa, desde la UTC-UGT reivindicamos que, mediante la negociación colectiva, se plasme en el convenio correspondiente que la empresa alquile el espacio utilizado por los trabajadores y trabajadoras y que le pague una tarifa fija mensual o prorrateada en función del espacio por uso, conexión, energía, calefacción, limpieza y otros costos de mantenimiento y, además, en el caso en el que la empresa no proporcionara el equipo de trabajo adecuado, reivindicaremos que el profesional tenga derecho al reembolso de los gastos asociados con el establecimiento del lugar de trabajo, incluyendo el coste de la compra de muebles, ordenadores o suministros de oficina, así como la posibilidad de deducción fiscal por los gastos de teletrabajo siempre y cuando éste se realice de manera permanente y con un máximo anual que se negocie en el convenio colectivo. Además, y entre otros asuntos, la negociación colectiva de los teletrabajadores tiene que recoger el derecho a la desconexión, al control horario y el pago de horas extras. Estamos hablando de organización del trabajo no de una fórmula de conciliación.

No podemos permitir que los empresarios aprovechen la oportunidad para imponer el teletrabajo como medio para ahorrar en costes a cuenta de las trabajadoras y trabajadores, socavando sus condiciones de trabajo y vulnerando el derecho a la desconexión digital. En este sentido, la UTC-UGT realizó, en mayo, un sondeo telemático respondido por 1348 profesionales, directivos, técnicos y cuadros de múltiples sectores, públicos y privados en el que 44,2% denuncia un incremento de su jornada laboral no justificado, un 45,7% no tiene medios para registrar su jornada, como es preceptivo según el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. Además y el 31% ni tan siquiera tiene garantizado el derecho a la desconexión recogido en la Ley Orgánica de 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Debemos reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de un modelo organizativo que está en punto de no retorno