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sábado, 13 de junio de 2020

Justicia abordará el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo

sábado, 13 de junio de 2020

Ministerio de Justicia

Nota de prensa mjusticia.gob.es

Estado de alarma / Covid-19

Justicia abordará el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo

Campo traslada en un Foro organizado por la Cámara de Comercio de Valladolid el compromiso por avanzar hacia una Justicia Sostenible y reclama la cooperación de CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos para implantar estos mecanismos de conciliación que evitan costes innecesarios y transforman la relación Administración-ciudadanía.

12 de junio de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha trasladado hoy durante el transcurso de un Foro de mediación organizado por la Cámara de Comercio de Valladolid junto a la Diputación provincial, el firme compromiso del Gobierno por avanzar en la implantación de mecanismos de solución amistosa de controversias para mejorar la capacidad de respuesta desde la justicia ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y el previsible aumento de la litigiosidad.

Para ello, el departamento que dirige Campo trabaja ya en el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo, un planteamiento que se sumará a lo que ya viene contemplándose en el anteproyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas sobre medios adecuados de solución de litigios para los órdenes jurisdiccionales civil y social.

“La preparación del anteproyecto está siendo un proceso presidido por la colaboración, la participación y el diálogo con los distintos sectores de la justicia, pero también con la sociedad civil. Nuestro objetivo es lograr un instrumento legislativo que sea útil a nuestra sociedad”, ha asegurado el ministro que recuerda que este instrumento normativo es uno de los tres ejes del plan Justicia 2030 para lograr una Justicia Sostenible, junto al Real Decreto-ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 y a los planes de reactivación en las distintas jurisdicciones.

Campo reconoce a la mediación como un indicador de calidad en la prestación del servicio público y comparte el compromiso manifestado también por el CGPJ en su Plan de choque hacia esta nueva forma de tutela a través del diálogo y el acuerdo.

“De forma paralela o previa a acudir a los tribunales, vamos a promover una nueva forma de resolver las diferencias de forma amistosa, desde el diálogo y el convencimiento mutuo en la solución alcanzada, trasladando el máximo protagonismo a las partes y evitando costes innecesarios tanto para los intervinientes como para el conjunto de los contribuyentes”, ha señalado.

Para dar una idea del volumen de actividad, el ministro ha recordado las estimaciones sobre el incremento en la entrada de asuntos próximos al 140% en la jurisdicción social, del 145% en la jurisdicción civil y del 125% en contencioso administrativo. Y en retrospectiva, ha apuntado los datos que recoge la memoria 2019 del Consejo General del Poder Judicial el año 2018, según la cual, ingresaron 208.374 asuntos en esta jurisdicción, con una duración media de los procesos que alcanza un periodo de entre 10 y 14 meses y un total de 126.849 sentencias dictadas en los diferentes órganos de esta jurisdicción.

Campo ha reivindicado por tanto la importancia de estos mecanismos de solución de controversias que son reclamados no sólo por el sector Justicia sino también por las empresas, y en ese sentido, ha apuntado que “desde hace muchos años, el mundo empresarial a través de las Cámaras de Comercio, ha promovido la mediación o el arbitraje para resolver de forma consensuada las diferencias en relación con las PYMES, los autónomos o las grandes empresas”.

Para acometer esta tarea, Campo ha resaltado, asimismo, el papel imprescindible de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, como actores fundamentales en el proceso de implantación de mecanismos como la conciliación o la mediación administrativa.

El ministro comparte con el Consejo de Estado la complejidad que entraña la mediación administrativa ya que el principio de libre disposición es mucho más reducido en el ámbito público, siendo consciente de que la Administración tiene limitada la capacidad negociadora, lo que aconseja a futuro una iniciativa normativa diferenciada.

Del mismo modo, las políticas públicas que emprenda Justicia en esta materia van a ser cohonestadas con el Ministerio de Administración Territorial y Función Pública, en lo concerniente a la modificación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el Ministerio de Hacienda en lo que se refiere a la Ley General Tributaria, Ley General Presupuestaria y Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, entre otras normas.

“La implantación de las soluciones amistosas de diferencias en el ámbito administrativo implica transformar la relación Administración-ciudadano de unidireccional a bidireccional a través del diálogo y desde la flexibilidad”, ha abundado el ministro, mostrando su voluntad para “ponderar y equilibrar el interés general y el reconocimiento del interés particular y legítimo de los ciudadanos en una Administración integradora y democrática, como reflejo de una buena gobernanza”.

El Gobierno ultima el fondo COVID-19 de 16.000 millones para las CCAA que financiará los gastos de la pandemia y compensará la caída de ingresos

sábado, 13 de junio de 2020

Medidas COVID-19

El Gobierno ultima el Fondo

hacienda.gob.es

El gobierno ultima el fondo COVID-19 de 16.000 millones para las CCAA que financiará los gastos de la pandemia y compensará la caída de ingresos

 Es la mayor transferencia de recursos aprobada por el Gobierno central para las CCAA al margen del sistema de financiación

 La CCAA no deben devolver esos recursos, ni les supondrá más endeudamiento ni coste de intereses

 Más de la mitad del fondo, 9.000 millones, se destina a gasto sanitario, que tendrá en cuenta el impacto de la pandemia en cada territorio y también la población

 También se destinan 2.000 millones a gasto educativo y otros 5.000 millones a compensar la pérdida de ingreso por la menor actividad económica

 Con el Fondo COVID-19, los mayores recursos del sistema de financiación y otras medidas, como el Fondo Social Extraordinario, las comunidades cuentan este año con 24.500 millones más que el año anterior

7 de junio de 2020.- El Gobierno ultima el Real Decreto-ley del nuevo Fondo COVID-19 de 16.000 millones para las Comunidades Autónomas con el que financiará los principales gastos provocados por la pandemia y también compensará la caída de los ingresos autonómicos por la menor actividad. Se trata de una medida sin precedentes que garantiza a las comunidades los recursos necesarios para seguir afrontando las consecuencias generadas por la emergencia del COVID-19.

Este fondo no reembolsable supone la mayor transferencia de recursos que ha aprobado jamás un Gobierno central al margen del sistema de financiación. Se trata de un fondo que las Comunidades Autónomas no tendrán que devolver, ni les incrementará la deuda ni les generará intereses. Todo el coste de dicho fondo será asumido por el Estado.

El objetivo del fondo es evitar un deterioro de las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas y así garantizar que puedan ofrecer servicios públicos esenciales de calidad en materias tan sensibles para los ciudadanos como la sanidad o la educación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado hoy en la decimotercera conferencia de presidentes autonómicos de los detalles y avances que se han producido en la configuración de dicho fondo. De hecho, durante las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda ha escuchado las propuestas que le han transmitido las CCAA y los partidos políticos para incluir sus aportaciones a la hora de establecer la distribución y criterios de reparto del fondo.

Por ese motivo, la mayor parte del fondo –más de la mitad- se destinará a gasto sanitario. Se trata de 9.000 millones que se dividirán en dos tramos. El primero, de 6.000 millones, se abonará en julio y un segundo tramo de 3.000 millones se transferirá en noviembre. En ambos casos se tendrá en cuenta el impacto de la pandemia en cada región y para ello los criterios de reparto se basarán en hospitalizaciones, ingresos UCI o PCR totales realizadas. Otra variable que se tendrá en cuenta es la población protegida equivalente.

También se habilitarán 2.000 millones de euros para gastos de educación, que se abonarán en septiembre. Esta partida es fruto de las conversaciones mantenidas con las Comunidades Autónomas y también responde a las peticiones de las familias en un contexto en el que será necesario reforzar los recursos de los centros educativos cuando España entre en la nueva normalidad.

Por último, el fondo contempla un tramo de 5.000 millones que se repartirán entre las CCAA de régimen común en base a criterios relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica. En esta partida se incluye una cantidad específica, de 800 millones de euros, para el gasto del transporte, una reclamación que también trasladaron varias Comunidades Autónomas al detectar la caída de la facturación de los servicios de transporte de viajeros.

La propuesta final de reparto de este importe deberá decidirse en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria. Se trata de un órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, que tiene como principal misión coordinar la gestión de los tributos cedidos.

Más financiación

El Fondo COVID-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el Gobierno para financiar a las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más.

Estos mayores recursos se producen gracias a que el Gobierno calculó la actualización de las entregas a cuenta con una estimación de crecimiento del 1,6% del PIB. Es decir, sin tener en cuenta el impacto de la pandemia. Asimismo, el Gobierno transfirió a las comunidades 300 millones para el Fondo Social Extraordinario y otros 25 millones de euros adicionales para las becas comedor.

En total, incluyendo el Fondo COVID-19, el incremento de los recursos del sistema de financiación y otros conceptos como el Fondo Social Extraordinario, las comunidades recibirán este año 24.532 millones de euros adicionales. De esta forma, el Gobierno ha protegido como nunca antes la financiación de las CCAA en un momento en el que era necesario garantizar el funcionamiento del Estado de bienestar.

La juez archiva la causa del 8-M contra el delegado del Gobierno en Madrid

sábado, 13 de junio de 2020

Viernes, 12 de junio de 2020

La juez archiva la causa del 8-M contra el delegado del Gobierno en Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid señala que no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos por el presunto delito de prevaricación administrativa

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, por el presunto delito de prevaricación administrativa.

De todas las diligencias de investigación practicadas, añade el auto, se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo del presente año, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones. La resolución señala también que el investigado ‘no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario’.

Finalmente, la resolución establece también que ‘ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19’.

La magistrada, no obstante, deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado.

Este auto puede ser recurrido en reforma, ante el propio órgano judicial, y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.