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Archivo del 14 de junio de 2020

Femme debout. Joan Miró

domingo, 14 de junio de 2020

La deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 98,9% del PIB en el primer trimestre de 2020

domingo, 14 de junio de 2020

Banco de España. Eurosistema

Departamento de Comunicación

Nota de prensa bde.es

Madrid, 12 de junio de 2020

Deuda trimestral de las Administraciones Públicas según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo

La deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 98,9% del PIB en el primer trimestre de 2020

  • El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas aumentó un 2,3%, en términos interanuales.
  • La deuda de la Administración Central creció un 2,7% y la de las Comunidades Autónomas un 0,3%, mientras que la de las Corporaciones Locales disminuyó un 11,9%.
    La deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)(1), alcanzó a finales de marzo de 2020 un saldo de 1.224 mm de euros. Utilizando el PIB nominal acumulado de los últimos cuatro trimestres, la ratio deuda/PIB se situó en el 98,9% en el primer trimestre de 2020, 3,5 puntos porcentuales más que a finales de 2019. La tasa de crecimiento del saldo de deuda fue del 2,3% en términos interanuales.

El saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se elevó a 1.095 mm de euros en marzo de 2020, lo que representa el 88,5% del PIB. El crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 2,7% y se concentró en emisiones de valores a medio y largo plazo del Estado. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 55 mm, con un crecimiento interanual del 27,8% (2).

Por su parte, la deuda de las Comunidades Autónomas creció hasta los 298 mm de euros en marzo de 2020, un 24,1% del PIB, con un aumento interanual del 0,3%. La deuda de las Corporaciones Locales se situó en 23 mm de euros en el primer trimestre de 2020, lo que representa un 1,9% del PIB y supone un 11,9% menos que el saldo registrado un año antes.(3)

1 La deuda según el PDE es el concepto de endeudamiento utilizado en el ámbito del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y, habitualmente, en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este concepto incluye los pasivos de las Administraciones Públicas materializados en efectivo y depósitos, valores representativos de deuda y préstamos, valorados por sus valores nominales (faciales) y excluidos los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras unidades del mismo sector (consolidación).

2 Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad con carácter mensual de marzo a noviembre de 2019, para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Dichos préstamos, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas.

3 La suma de la deuda de cada uno de los subsectores de las Administraciones Públicas es mayor que la deuda del total del sector porque los pasivos que se encuentran en poder de otras unidades del sector se restan (es decir, se consolidan) en el proceso de agregación.

España es el segundo país de la Unión Europea con mejores servicios públicos digitales y el quinto con la mejor conectividad

domingo, 14 de junio de 2020

España es el segundo país de la Unión Europea con mejores servicios públicos digitales y el quinto con la mejor conectividad

Jueves 11 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

El Índice de Economía y Sociedad Digital, publicado por la Comisión Europea, constata el avance de la evolución digital en España y sitúa a nuestro país por encima de la media de la Unión Europea y por delante de países como Alemania, Francia e Italia.

La Comisión Europea ha publicado hoy el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, por sus siglas en inglés) que constata la posición avanzada de España en el camino de su transformación digital.

España mejora en la mayoría de los indicadores en las cinco dimensiones que mide el informe: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. En el índice global, España ocupa el puesto 11 entre los 28 estados miembro de la Unión Europea, por delante de países como Alemania, Francia e Italia.

Líder en servicios públicos y conectividad

En el ámbito de servicios públicos digitales, España ha avanzado dos posiciones respecto al año pasado y se convierte en el segundo país de la Unión Europea con mejores servicios públicos digitales, un área que mide niveles de administración electrónica, datos abiertos y servicios digitales de la administración para ciudadanos y empresas.

En conectividad, España ocupa el quinto puesto en el ranking de los 28 y mejora en todos los indicadores. El informe destaca como fortaleza de nuestro país el despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) que es del 80%, muy por encima de la media europea (34%). En las zonas rurales la cobertura en España alcanza al 46% de los hogares, frente al 21% en Europa.

Respecto a uso de servicios de internet, que engloba actividades como realizar videollamadas, leer noticias ‘on line’ o usar redes sociales, España se sitúa en el puesto 11 del ranking, mejorando dos posiciones respecto al año pasado.

En el cuarto ámbito, la integración de la tecnología digital, que analiza el comportamiento digital de las empresas en áreas como comunicación y comercio electrónico o el uso de redes sociales, España ocupa el puesto 13 del ranking y está en línea con la media de los países de la Unión Europea.

La única dimensión del informe donde España se sitúa por debajo de la media europea es en capital humano. Esta área tiene en cuenta indicadores sobre competencias digitales, graduados y especialistas en Tecnologías de la Información. Sin embargo, España ha mejorado una posición respecto al ranking del año pasado y ocupa ahora el puesto 16.

Metodología

La Comisión Europea realiza un seguimiento de la evolución digital de los estados miembro desde el año 2014. El informe actual incluye datos previos a la crisis del COVID-19, y ha cambiado ligeramente la metodología del índice para incluir nuevas tecnologías, por lo que puede haber cambios respecto a puntuaciones de los países en años anteriores.

Por otra parte, el informe resalta cómo la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la conectividad y las competencias digitales para la economía y el conjunto de la sociedad.

Asimismo, repasa algunas acciones desarrolladas por los gobiernos en estos ámbitos, que en el caso de España incluyen la garantía del servicio de comunicaciones electrónicas; el acuerdo con los operadores de telecomunicaciones para garantizar la conectividad; el desarrollo de una app de autodiagnóstico de la enfermedad; el estudio de movilidad de la población y un sistema de información centralizada para coordinar las necesidades de personal y equipamiento en los hospitales.

Cómo será la nueva normalidad en España: transición y medidas

domingo, 14 de junio de 2020

Cómo será la nueva normalidad en España: transición y medidas

uso.es

10 junio, 2020

Estas son las medidas de prevención, contención y coordinación que tendremos que cumplir en las nueva normalidad para seguir haciendo frente y controlando la pandemia

El BOE ha publicado el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, que recoge las medidas que regirán la nueva normalidad en España. En esta información te resumimos las más importantes y que afectan tanto a la vida cotidiana como al ámbito laboral.

¿A quiénes afectan las medidas planteadas en este RD-Ley?

Estas medidas entran en vigor el 11 de junio, se aplicarán en los territorios que hayan superado la Fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad y en las que hayan quedado sin efecto las medidas del estado de alarma.

Finalizado el estado de alarma, estas medidas se aplicarán en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria.

¿Hasta cuando estarán en vigor las medidas de la nueva normalidad?

Las medidas recogidas estarán en vigor hasta que la pandemia se pueda dar por concluida porque esté controlada con una vacuna o exista un tratamiento muy eficaz.

¿Cuándo será obligatorio el uso de mascarillas en la nueva normalidad?

En la nueva normalidad, el uso de mascarillas será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

¿Sabes qué tipos de mascarillas existen y cómo nos protegen frente al coronavirus? USO responde a todas tus dudas.

¿Se regula alguna sanción por no utilizar mascarillas?

Sí, el incumplimiento del uso de mascarillas se considerará sanción leve según los establecido en la Ley General de Salud Pública y se puede sancionar con una multa de hasta 100€.

¿Debemos llevar mascarilla en los medios de transporte?

Sí. Deberemos llevar mascarilla en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros, en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.

¿Existe alguna excepción personal a la obligatoriedad de llevar mascarilla?

El uso de mascarillas no se exigirá a las personas que:
•presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla,
•los que por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla,
•personas con alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco se exigirá en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

¿Debemos comprar mascarillas que no estén empaquetadas?

Sólo se podrán comprar en las oficinas de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto.

¿Se sigue dando prioridad al teletrabajo en la nueva normalidad?

Al igual que las medidas planteadas en la desescalada, tras la Fase 3 se sigue potenciando el uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible. En caso de que no sea posible teletrabajar, se adoptarán medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo.

¿Qué medidas se deben implantar en los centros de trabajo en la nueva normalidad?

Es responsabilidad de la empresa:
•Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.
•Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
•Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
•Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.

¿Debo acudir al centro de trabajo si tengo síntomas?

Las personas que presenten síntomas compatibles con covid-19, en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico positivo o en periodo de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho con alguna persona con covid-19, no deberán acudir a su centro de trabajo.

¿Qué hay que hacer si un trabajador presenta síntomas en el centro de trabajo?

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente. También, en su caso, con los servicios de prevención de riesgos laborales.

De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

En los centros, servicios y establecimientos sanitarios y centros docentes, ¿qué administración garantizará que se adoptan las medidas organizativas, de prevención e higiene para asegurar el bienestar de los trabajadores y los clientes?

Serán las administraciones sanitaria y educativa de las comunidades autónomas.

En los servicios sociales, comercios, hoteles y alojamientos turísticos, locales de hostelería y restauración, equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas e instalaciones deportivas, ¿qué administración vigilará el cumplimiento de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento?

Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas para estas instalaciones.

Los titulares de los centros de Servicios Sociales, ¿deben de disponer de planes de contingencia en la nueva normalidad?

Sí, han de disponer de planes de contingencia por covid-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda.

¿Qué plantea el RD-Ley sobre las pruebas diagnósticas en la nueva normalidad?

Dentro de las medidas planteadas para la vigilancia epidemiólogica, se deja toda la responsabilidad a las comunidades autónomas de garantizar que, en todos los niveles de asistencia y, sobre todo, en atención primaria, a todo caso sospechoso de covid-19 se le realizará una prueba diagnóstica, PCR u otra técnica, “tan pronto como sea posible”.

¿Se plantea el refuerzo de las plantillas en sanidad?

Las medidas planteadas en esta norma giran alrededor de la coordinación sanitaria, el control epidemiológico y la detección precoz. Por lo que se hace más necesario que nunca reforzar las plantillas para poder llevar a cabo una gestión y atención adecuada.

Así, en el RD-Ley se mandata a las autoridades competentes a que garanticen la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización según las necesidades de cada momento. En particular, garantizarán un número suficiente de profesionales en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica. Desde USO esperamos que esta emergencia sanitaria sirva para valorar la necesidad de una sanidad pública y de calidad.

Impacto económico de las medidas adoptadas en el contexto de la presente crisis

domingo, 14 de junio de 2020

Impacto económico de las medidas adoptadas en el contexto de la presente crisis

ieemadrid.es

– El IEE señala que, gracias a los avales del ICO, se podría tener un impacto directo positivo sobre la actividad de hasta el 3,2% del VAB y de 663.000 empleos adicionales.

– Por su parte, Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), podrían estar ya generando un impacto directo sobre la actividad de hasta un 0,7% del VAB y de 151.000 empleos adicionales.

– Según el informe, la caída de la actividad podría estar situada dentro del intervalo entre el 8,4% y el 13,1%, en función del momento en el que se implementen las medidas y su materialización total o parcial. Esto equivaldría a una pérdida de empleo comprendida entre los 1,7 millones y los 2,6 millones de ocupados.

– Desde el IEE se pide alcanzar, lo antes posible, una normalización económica en la que no haya restricciones a la actividad económica, además de acometer mejoras y «reformas», medidas de oferta que impulsen el crecimiento potencial a largo plazo de la economía española y que ayuden a reconstruir la demanda agregada.

Madrid, 02 de junio de 2020. El Instituto de Estudios Económicos ha lanzado el informe ‘Impacto económico de las medidas adoptadas en el contexto de la presente crisis’ ocasionada por el COVID-19. El documento indica que, pese al súbito y cuantioso impacto de la actual crisis, nuestros fundamentales económicos continuarán siendo los mismos que posibilitaron la anterior recuperación. Por tanto, es básico mantenerlos en el tiempo sin incurrir en errores de revertirlos, como sucedería si volviéramos al marco laboral de la pasada década. Desde el comienzo de esta crisis sanitaria y económica se han tomado medidas relevantes. Entre ellas se encuentra el apoyo a la financiación privada de los sectores afectados mediante avales del ICO.

Según el impacto económico, las medidas directas de apoyo a la empresa son las que están teniendo los mayores efectos multiplicadores, en términos de sostenimiento de producción, actividad y empleo. Este factor se explica por el gran impacto de las medidas por todo el circuito económico, puesto que su efecto multiplicador depende de un elevado número interrelaciones que se producen entre los distintos sectores de actividad a través de sus eslabonamientos. Dichos eslabonamientos cuantifican la capacidad de arrastre de cada uno de los sectores económicos, tanto como oferente de sus productos al resto de sectores que como demandante de los productos de los otros sectores.

De esta forma, gracias a las líneas de financiación privada avaladas, se podría tener un impacto directo positivo sobre la actividad de hasta el 3,2% del VAB y de 663.000 empleos adicionales. Y a más largo plazo, incorporando todos los efectos económicos producidos por las distintas interrelaciones sectoriales, estas líneas de financiación del ICO podrían tener un impacto adicional indirecto e inducido sobre la actividad de hasta un 8,6% del VAB y de 1.651.000 empleos adicionales.

El documento también recoge el impacto de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que podrían estar ya generando un impacto directo sobre la actividad de hasta un 0,7% del VAB y de 151.000 empleos adicionales. Si estos se ampliaran hasta diciembre, para poder así cubrir las necesidades de los sectores más afectados, entonces tendrían un impacto adicional de hasta un 1% de VAB y de 212.000 empleos añadidos, que habría que sumarse al impacto del primer tramo. Y, a más largo plazo, a los efectos directos ya comentados habría que añadir otros efectos indirectos e inducidos derivados de las relaciones intersectoriales que supondrían, según se contemplen ERTE hasta junio o hasta diciembre, entre un 1,9% y 4,6% del VAB y una mejora (o menor caída de empleo) de entre 377.000 y 906.000 empleos a tiempo completo.

El informe prevé una caída inicial para la actividad en España, para el 2020, calculada a partir de un modelo multisectorial, que resultaría en un orden directo mínimo del 13,1% del VAB y en una pérdida de 2,6 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. El problema es que este impacto no sería el definitivo, sino que habría que incorporar al impacto directo neto conjunto estimado de la crisis del COVID-19 también los efectos de las medidas que podrían evitar una pérdida directa de hasta un 4,7% del VAB y de 965.000 empleos (el 5,2% del empleo), así como los efectos adicionales indirectos e inducidos a más largo plazo que son especialmente relevantes para poder interpretar la inflexión esperada para el 2021, con una significativa recuperación de la actividad y del empleo perdido en este ejercicio.

Según el IEE, nuestra prioridad debe ser alcanzar, lo antes posible, una normalización económica en la que no haya restricciones a la actividad económica. En este caso, la demanda podría recuperar la senda previa al virus y/o cambiar alguno de sus comportamientos. En esta fase de cambio estructural es donde sería deseable acometer mejoras y “reformas” de los fundamentales económicos, si así se pretende. Esto es, medidas de oferta que potencien el crecimiento potencial a largo plazo de la economía española y que ayudan, a su vez, a reconstruir la demanda agregada.

Por último, el informe indica que es necesario incorporar una reflexión de la orientación y priorización sectorial de las posibles medidas de política económica. Desde una perspectiva de corto plazo, las medidas de política económica deben priorizar la preservación del tejido productivo más afectado por la crisis, como, por ejemplo, el turismo y la hostelería, pero a medio y largo plazo deben incorporarse también medidas que, a su vez, favorezcan la transformación estructural y la modernización de nuestro país, teniendo en cuenta que tendrán un mejor resultado, en términos de actividad y empleo, si se materializan en apoyo a las empresas de los sectores con mayores multiplicadores, como puedan ser, por ejemplo, la digitalización, la transición ecológica o la reactivación de las industrias citadas con más valor añadido. En cualquier caso, tanto a corto como a medio o largo plazo, es imprescindible que no se introduzca ningún obstáculo regulatorio o carga administrativa que suponga un aumento adicional de los costes sobre las empresas que impidan o limiten la adaptación y reorientación de las mismas ante el nuevo escenario económico que se abre tras la crisis del COVID-19.