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Archivo del 16 de junio de 2020

O Centolo. Finisterre

martes, 16 de junio de 2020

El Gobierno aprueba los nombramientos de la presidenta, vicepresidente y nuevos consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

martes, 16 de junio de 2020

16 de junio de 2020

mineco.gob.es

El Gobierno aprueba los nombramientos de la presidenta, vicepresidente y nuevos consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad Los nombramientos se han producido después de que la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso aceptara su designación

Cani Fernández será la nueva presidenta de la CNMC en sustitución de José María Marín Quemada

Ángel Torres será vicepresidente y responsable de la Sala de Regulación y Pilar Sánchez, Carlos Aguilar y Josep Maria Salas nuevos consejeros

El mandato es por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se nombra a la presidenta, vicepresidente y tres consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Cani Fernández será la nueva presidenta de la CNMC y de la Sala de Competencia, en sustitución de José María Marín Quemada. Ángel Torres será el nuevo vicepresidente del organismo y responsable de la Sala de Regulación, mientras que Pilar Sánchez, Carlos Aguilar y Josep Maria Salas se incorporan como consejeros.

Los nombramientos se han aprobado una vez que la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados aceptara el pasado día 11 de junio los candidatos propuestos por el Gobierno.

El mandato de las cinco personas cuyo nombramiento se ha aprobado hoy es por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección. La CNMC cuenta con un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros, de los cuales cuatro pertenecen a la Sala de Competencia, que preside la presidenta de la CNMC, y otros cuatro de la Sala de Regulación, que preside el vicepresidente.

El TSJA condena a nueve años de inhabilitación al alcalde de San José del Valle (Cádiz) por un delito de prevaricación en relación a una construcción ilegal

martes, 16 de junio de 2020

Martes, 16 de junio de 2020

El TSJA condena a nueve años de inhabilitación al alcalde de San José del Valle (Cádiz) por un delito de prevaricación en relación a una construcción ilegal

El alto tribunal andaluz estima el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sección de Apelación de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a nueve años de inhabilitación al alcalde de San José del Valle (Cádiz), Antonio G.C., por un delito de prevaricación administrativa en relación a la construcción ilegal promovida por un vecino de la localidad en una vía pecuaria.

En la sentencia, fechada el día 19 de mayo y contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el TSJA estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz y condena al primer edil a nueve años de inhabilitación especial para cualquier cargo electivo de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.

En su recurso, el Ministerio Público pidió condenar al investigado por un delito continuado de prevaricación al considerarlo autor de los dos hechos que integran la figura de continuidad delictiva objeto de la acción penal, como es el dictado por parte del investigado de dos decretos fechados el 19 de mayo de 2016 ordenando el archivo del expediente sancionador y la restauración de legalidad urbanística, respectivamente, en relación a la construcción ilegal promovida por un vecino del municipio. De modo subsidiario, pidió que fuera condenado por un delito de prevaricación en base al primero de dichos decretos.

En relación a la primera de las resoluciones, el TSJA entiende que, “como reconoce la sentencia” de la Audiencia Provincial de Cádiz, “es palmariamente antijurídica”, ya que las alegaciones formalizadas por el vecino frente a la incoación del expediente “exponían sólo que la construcción consistía meramente en un cuarto de aperos y que resultaba irrelevante si se comparaba con otras de su entorno”.

Frente a ello, el secretario accidental del Ayuntamiento, a la vez instructor del expediente, “preparó resolución de la Alcaldía declarando probado que la obra, lejos de limitarse a la caseta de aperos que se decía, consistía en una vivienda y una piscina desmontable, constituyendo una infracción urbanística grave”, pero el acusado “decidió archivar sin más el expediente” con el argumento de que “se están realizando los trámites por parte del interesado ante la Consejería de Medio Ambiente para el otorgamiento de la autorización pertinente para la legalización de la obra realizada”.

El Alto Tribunal Andaluz subraya que “la carencia de cobertura legal en esta resolución es clamorosa”, ya que “no se trata de una suspensión en la tramitación del expediente, como interpreta la Audiencia, sino que el alcalde está archivándolo directamente sin más, como expresa claramente su parte dispositiva”, a lo que se suma que “el conciso razonamiento ofrecido para justificar la decisión se basa además en un dato afirmado por el alcalde como de su conocimiento, pero que carece de reflejo objetivo en el expediente administrativo”.

Asimismo, el TSJA asevera que “la escueta fundamentación jurídica plasmada en el decreto carece de razón, puesto que la incursión en infracción urbanística conduce a la correspondiente sanción, no siendo admisible que el expediente se suspenda, menos aún que se archive, por una supuesta intención del promotor dirigida a pedir la legalización en las instancias correspondientes”.

De igual modo, y una vez advertido el secretario de la intención manifestada por el alcalde de archivar el expediente, “le hizo saber con claridad que esa decisión no era conforme a derecho, que el expediente debería terminarse conforme a la legalidad vigente y, en fin, le advirtió expresamente que lo contrario podría constituir delito de prevaricación, pese a lo cual el acusado se mantuvo en su decisión y la materializó mediante el dictado del anunciado decreto”, precisa el Alto Tribunal Andaluz.

Centrándose en el dolo inherente a la comisión del delito enjuiciado, el TSJA considera que “no cabe entender que el acusado albergase una creencia razonable sobre la puridad de su decisión”, pues, “en razón de su cargo, no podía ignorar que los expedientes administrativos han de seguir sus trámites reglamentarios y que no pueden ser archivados por razones ajenas a lo que en ellos conste”, mientras que el alcalde, asimismo, “contó con el asesoramiento expreso e inmediato del secretario de la corporación como técnico jurídico mediante la información y la advertencia legal antes referidas”.

Además, “tampoco puede valorarse como dato exonerador ni excluyente del dolo el hecho de que posteriormente dictase otro decreto incoando de nuevo expediente sancionador”, ya que esta actuación “se produjo nada menos que un año después, el 19 de mayo de 2017, meses después de haber sido denunciados los hechos ante la Fiscalía, cuando ya había interpuesto querella criminal el Ministerio Fiscal, estaban incoadas las correspondientes diligencias previas por el Juzgado de Instrucción y se habían cursado las oportunas citaciones tanto al querellado como a varios funcionarios municipales en calidad de testigos”.

Por ello, el acusado cometió un delito de prevaricación en relación a este primer decreto, concluye el Alto Tribunal Andaluz, que excluye de la condena, no obstante, el segundo de los decretos referidos por la Fiscalía en su recurso y dictado por el encausado en el expediente de restauración de legalidad urbanística.

MITECO y Sanidad impulsan una red de control de las aguas residuales como indicador epidemiológico de alerta temprana de propagación del COVID-19

martes, 16 de junio de 2020

Coronavirus COVID-19

MITECO y Sanidad impulsan una red de control de las aguas residuales como indicador epidemiológico de alerta temprana de propagación del COVID-19

Lunes 8 de junio de 2020 lamoncloa.gob.es

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está trabajando junto al Ministerio de Sanidad, y con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las comunidades autónomas, en la puesta en marcha de una red de alerta de rebrote de COVID-19 a través de la medida y el análisis de las aguas residuales.

Para llevar este proyecto adelante el MITECO ha destinado inicialmente 2 millones de euros, que se revisarán en función de la evolución de la pandemia, y se ha formado un grupo técnico entre el MITECO, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que será el que coordine todas las actuaciones y que irá seleccionando las zonas de muestreo y las frecuencias en función de la evolución de la pandemia.

En estos momentos se está ultimando la red de puntos de medida en una serie de ciudades seleccionadas por las autoridades autonómicas, que supone además el impulso a una red de trabajo entre técnicos de las administraciones y científicos que servirá para detectar con antelación posibles rebrotes de COVID-19.

Ante la situación generada por la pandemia y su impacto en la salud pública han surgido varios trabajos, tanto a nivel nacional como internacional, que relacionan la presencia de material genético del virus Sars-Cov-2 (causante de COVID-19) en las aguas residuales con los casos contrastados de infección por el coronavirus.

Estudios en esta materia concluyen que la detección de dicho material genético puede ser una herramienta de detección temprana de la propagación de la enfermedad, de modo que se podría utilizar como indicador epidemiológico de alerta temprana de gran utilidad para futuras incidencias de la enfermedad.

Existen ya diversas iniciativas España, fundamentalmente en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana que muestran esta relación e, incluso, la Comisión Europea está trabajando para impulsar una red europea donde compartir información y muestreos.

Plataforma para compartir información

El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General del Agua, están llevando a cabo las siguientes actividades:
•Creación de una plataforma para compartir información entre todos los agentes implicados en la gestión de las aguas residuales y rebrotes de COVID-19.
•Establecimiento de red de contactos entre los laboratorios y administradores del agua y sanitarias para canalizar y compartir la información y conocimiento generado.
•Realización de más de 3.000 análisis de muestras de control del material genético del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de depuradoras urbanas de varias estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de todo el territorio nacional.
•Realización de muestreos en una selección de zonas de aguas continentales en aguas de baño.

En la realización de estos trabajos participan técnicos de ambos Ministerios, del CSIC, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y varias universidades, que en los próximos meses darán soporte a las autoridades sanitarias, a los gestores del agua de las Comunidades Autónomas y a las empresas de abastecimiento y saneamiento.

Oleiros. A la sombra en As Galeras

martes, 16 de junio de 2020

El sector financiero, el energético y las operadoras del sistema dan el pistoletazo de salida a la cumbre empresarial de CEOE

martes, 16 de junio de 2020

15 junio 2020
‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’

El sector financiero, el energético y las operadoras del sistema dan el pistoletazo de salida a la cumbre empresarial de CEOE

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha inaugurado junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la cumbre empresarial que tendrá lugar entre el 15 y el 25 de junio, y que ha contado con una primera intervención del presidente de Mercadona, Juan Roig.

Los sectores financiero y energético y las operadoras del sistema han dado el pistoletazo de salida a la cumbre empresarial organizada por CEOE bajo el título ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’, que se desarrollará desde hoy hasta el 25 de junio y que contará con una nutrida representación al más alto nivel del mundo empresarial español, para exponer su visión sobre la situación actual y sobre la estrategia de salida de la crisis del Covid-19.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha abierto la sesión afirmando que «nuestro objetivo es la reconstrucción económica y social del país”. “Venimos con ganas constructivas y a sumar, con lealtad institucional, con independencia y sentido de estado. Queremos trasladar nuestro compromiso con España», ha añadido, para destacar a continuación que todas las compañías participantes “son Marca España y nuestros verdaderos embajadores en el mundo”.

Por su parte, Pablo Isla (Inditex) ha asegurado que «nos enfrentamos a una gran crisis para la que no hay soluciones mágicas ni fáciles, y de la que hay que salir buscando consensos lo más amplios posible, con base en el diálogo social”. “La seguridad jurídica será esencial para incentivar la inversión y la creación de empleo. Tenemos un tejido empresarial con enorme potencial y debemos saber aprovechar nuestra presencia europea y los recursos que se disponen para dinamizar la economía y para ser más competitivos en las áreas que son claves como la digitalización, la transición ecológica, la educación o la sanidad», ha añadido.

A continuación, Juan Roig (Mercadona) ha planteado la necesidad de “eliminar las trabas burocráticas para el inicio de la actividad, con declaraciones responsables y silencio administrativo positivo”, así como facilitar las inversiones, garantizar la seguridad jurídica y “que la sociedad vea que los empresarios y las empresas somos generadores de riqueza y de bienestar”. “Es el momento de trabajar todos juntos por la reactivación económica. No se trata solo de no parar, sino de acelerar”, ha concluido.

Tras la intervención del presidente de Mercadona ha arrancado la primera mesa de la jornada, protagonizada por el sector financiero, que ha contado con la participación de Ana Botín, presidenta del Banco Santander; Carlos Torres, presidente del BBVA; Jordi Gual, presidente de CaixaBank; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia; Josep Oliú, presidente del Banco Sabadell; y José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja.

Ana Botín (Banco Santander) ha señalado que el reto que tenemos por delante “es minimizar la intensidad y la duración de la recesión a la que nos ha arrastrado esta crisis sanitaria, sin generar un nuevo deterioro de la distribución de la renta, de la riqueza o de las oportunidades en nuestra sociedad y manteniendo el máximo empleo que podamos, ayudando a las empresas a sobrevivir”. Para conseguirlo, “hay que cuidar de las empresas y propiciar que crezcan, inviertan y que puedan innovar”, ha dicho. La presidenta del Banco Santander ha asegurado que hay que priorizar “un pacto de reformas de nuestros mercados, mediante el diálogo social”, al tiempo que ha abogado por “un plan de choque en el sector turístico y restauración, junto con un plan de vivienda sostenible para jóvenes”.

Carlos Torres (BBVA) ha afirmado que ahora “cobra urgencia la reactivación de la economía para evitar un daño que puede ser irreversible, sin bajar nunca la guardia”. La mejor forma de reconstruir es minimizar la destrucción e impulsar de forma urgente y decidida la reactivación”, ha añadido. “La crisis nos brinda una gran oportunidad de que avancemos ahora decididamente en nuestras prioridades de largo plazo, no solamente para reactivar y para reparar el daño causado, sino para avanzar decididamente en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y en la digitalización de la economía”, ha dicho, al tiempo que ha destacado que “uno de los focos principales de las políticas públicas ha de estar ahora en fomentar la iniciativa privada, en establecer las bases para que florezca, se desarrolle, y nos traiga crecimiento económico y prosperidad para todos”.

Jordi Gual (CaixaBank) ha comenzado su intervención afirmando que “nuestro país se enfrenta a un reto formidable: conseguir que la economía rebote tras unos meses en el congelador”, una “tarea en la que debemos participar todos con un espíritu de unidad, encontrando un equilibrio entre posibles rebrotes y que la economía vuelva a funcionar”. En su opinión, “en esta ocasión Europa ha reaccionado de manera contundente”, con un “paquete de fondos que es importante que se administre muy bien” y “dirigirlo con efectividad a los sectores más afectados por la pandemia: sanidad, turismo, ocio, cultura, transporte o restauración”.

José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) ha destacado “el enorme esfuerzo de financiación” que está realizando el sector, que en su opinión “está siendo en estos meses un soporte muy importante para las familias y las empresas”. Goirigolzarri considera “contraproducente pedirle en estos momentos al sector bancario esfuerzos en forma de impuestos que incidan negativamente en su sostenibilidad”, al tiempo que ha destacado “el papel fundamental que está desarrollando el BCE y las instituciones comunitarias”, y ha añadido la necesidad de “avanzar hacia la unión bancaria” porque es “la única forma para asegurar similares condiciones de financiación a las empresas europeas”.

Josep Oliú (Banco Sabadell) ha afirmado que “necesitamos un marco de actuación estable y previsible en todos los niveles: sanitario, de educación y para las empresas”, y ha señalado que esta pandemia ha puesto de relieve que “la colaboración público-privada da frutos absolutamente positivos y ganadores”, por lo que “debe continuar”. Oliú ha asegurado que “ayudar a las empresas es la mejor forma de ayudar al empleo y, de este modo, ayudar a la sostenibilidad futura de nuestras cuentas públicas”.

José Luis Aguirre (Ibercaja) ha puesto el foco en la necesidad de “dar confianza”, tanto a la sociedad, en cuanto a la capacidad de la sanidad para hacer frente a la situación en caso de rebrote, como a los empresarios, en tanto que se trata de “un parón temporal”; y ha apuntado a la necesaria “trasformación de sectores críticos”, para lo cual es fundamental trabajar en la formación, “muy ligada a la empresa”, el tamaño de las empresas y la exportación. Aguirre considera que “el sector financiero debe estar saneado”, porque “somos parte de la solución”.

La segunda mesa, dedicada al sector de la energía y la sostenibilidad, ha contado con las intervenciones de José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona; José Bogas, consejero delegado de Endesa; Antonio Brufau, presidente de Repsol; Francisco Reynés, presidente de Naturgy; y Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo y del Club Español de la Energía.

En primer lugar, José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) ha destacado que “vamos a dejar una deuda pública gigantesca como herencia a las generaciones futuras”. “Dejémosles también un país mejor, con reformas que lo hagan más competitivo”, ha añadido. Sánchez Galán ha pedido “acelerar el proceso” de reformar, porque, según ha añadido, “no podemos llegar tarde a esta nueva revolución industrial cuyo tren está ya en marcha”.

Por su parte, José Manuel Entrecanales (Acciona) ha afirmado que “Europa, con el Pacto Verde y el plan de recuperación Próxima Generación, se coloca a la cabeza del mundo en el esfuerzo por acometer de manera simultánea y única la crisis climática y la sanitaria. España puede ser parte de ese liderazgo con la aplicación decidida de medidas como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en trámite”, ha añadido, al tiempo que ha asegurado que “nuestra ventaja competitiva en el sector de la sostenibilidad social y medioambiental es indiscutible en el mundo. Hagamos de ello el vector de crecimiento más importante de nuestra economía”. Además, el presidente de Acciona ha asegurado: “Creo que no hay duda de que es imprescindible la participación del sector privado –nacional e internacional– para salir adelante en la gran crisis que nos acecha, tanto por el enorme esfuerzo inversor necesario, como por la gran contribución empresarial a la financiación de lo público”.

José Bogas (Endesa) ha asegurado que “podemos acelerar e incrementar un 30% las inversiones, y con ello generar 12.000 empleos”. En su opinión, “economía y medio ambiente ya no caminarán nunca más por separado. La sostenibilidad será la que nos saque de la crisis”, ha concluido Bogas.

Antonio Brufau (Repsol) ha puesto el énfasis en que en la respuesta a la crisis “ser rápidos es fundamental” y, por tanto, “tenemos que centrarnos en las medidas que tengan impacto en la recuperación económica y sobre todo en el empleo”. Brufau ha pedido “apoyar y promover la industria de España”, porque “los países que cuentan con un mayor peso de la industria son más resilientes ante las crisis”. En este sentido, ha aclarado que “debemos crear industria nueva, desde luego, pero sumando esta a la ya existente”, que es “uno de los más valiosos activos estratégicos de España en estos momentos”. Sobre la energía y el cambio climático, ha afirmado que “el reto de la descarbonización es planetario, es tan colosal que vamos a necesitar todas las tecnologías disponibles”, y ha advertido que “el determinismo tecnológico nos ha hecho cometer muchos errores en el pasado”.

Francisco Reynés (Naturgy) en su intervención ha aplaudido el plan de transición energética, que calificó de “atractivo como catalizador de la inversión”. Asimismo, ha pedido “impulsar la calidad de las infraestructuras del país, sobre todo de distribución eléctrica y transporte, y mantener la apuesta por la digitalización”. “Las empresas deben velar por el interés económico, la creación de valor, la mejora del bienestar y el compromiso con la sociedad”, ha afirmado.

Ha cerrado la mesa Miguel Antoñanzas (Viesgo), quien ha asegurado que la compañía “se compromete con la recuperación económica del país ofreciendo duplicar sus inversiones en redes de electricidad hasta los 1.000 millones de euros durante los próximos 10 años en torno a tres ejes de apoyo a la transición energética, a la resiliencia frente al cambio climático y al desarrollo económico inclusivo en el reto demográfico”. Asimismo, Antoñanzas ha pedido al Gobierno “eliminar el límite de inversión fijado en el 0,13% del PIB. Los planes de inversión deben ser desarrollados junto a las Comunidades Autónomas”, ha añadido.

La primera jornada de la cumbre empresarial ha concluido con una mesa centrada en las operadoras del sistema y compuesta por Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica; Antonio Llardén, presidente de Enagás; y José Luis López de Silanes, presidente de CLH.

Beatriz Corredor (Grupo Red Eléctrica) ha apostado por consolidar un modelo económico que se asiente definitivamente en el crecimiento y el desarrollo sostenibles: “El desafío que afrontamos es grande, pero las oportunidades que se abren ante nuestro país, también. La trascendencia del momento nos exige tomar medidas coordinadas y comprometidas para salir de esta crisis de una forma sostenible, solidaria y ecológica. Ninguna institución, corporación o empresa puede eludir su responsabilidad en esta respuesta global. Debemos reforzar nuestras alianzas con todos los agentes económicos y sociales, de todos los sectores, para, en colaboración con las administraciones públicas, transitar este camino con esperanza y fortaleza. Y debemos hacerlo juntos”, ha asegurado Corredor.

Antonio Llardén (Enagás) considera que “la innovación nos llevará a nuevas actividades industriales, deslocalizadas dentro de nuestro país, que favorecerán la diversidad de suministros y una reindustrialización basada en el proceso de descarbonización”. “La transición energética -ha añadido- es una palanca de crecimiento en la que tiene que asentarse el nuevo modelo económico y social”. Llardén ha afirmado que “los acuerdos políticos y económicos que nuestro país necesita solo será posible lograrlos con la colaboración de la sociedad civil y las empresas. Es un momento de diálogo y de colaboración por una recuperación sostenible y duradera, sin dejar a nadie atrás”.

En la última intervención de la jornada, José Luis López de Silanes (CLH) ha afirmado que esta crisis ha llevado consigo “reducciones de consumo histórico, del 85% de caída en el caso de la gasolina, 70% en el del gasoil y prácticamente del 95% en el del queroseno”. La crisis, afirma, ha dejado también algunas lecciones, como el uso del teletrabajo, “una experiencia exitosa” en su opinión, o los nuevos hábitos de consumo en el transporte. El presidente de CLH ha valorado positivamente el proyecto de Ley de Cambio Climático en el Congreso, siempre que “se garantice la neutralidad tecnológica”, para lo cual ha sugerido algunas modificaciones al texto legal.

Mañana será el turno de los foros dedicados a los sectores de seguros, turismo y transporte. Como en el día de hoy, las intervenciones podrán seguirse por streaming en el siguiente link: www.ceoe.es/nuestrofuturocomun y constarán de una intervención por cada uno de los participantes en las mesas sin preguntas.

Asimismo, todas las intervenciones estarán disponibles el mismo día de su celebración en el canal de youtube de CEOE: https://www.youtube.com/user/CEOETV/videos.

El CGPJ celebra este martes un Pleno extraordinario sobre el plan de choque para la Administración de Justicia tras el estado de alarma

martes, 16 de junio de 2020

Lunes, 15 de junio de 2020

El CGPJ celebra este martes un Pleno extraordinario sobre el plan de choque para la Administración de Justicia tras el estado de alarma

Los vocales definirán los principios generales que deberían inspirar las reformas legales que puedan acometerse y aprobarán las medidas organizativas competencia del órgano de gobierno de los jueces

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrará mañana martes, a partir de las 10:30 horas, un Pleno extraordinario sobre el plan de choque para la Administración de Justicia tras el estado de alarma cuya elaboración fue acordada por la Comisión Permanente el pasado 2 de abril.

Ultimados los trabajos técnicos de los distintos bloques que configuran el plan -medidas organizativas y procesales, medidas sobre solución extrajudicial de conflictos, medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables y medidas tecnológicas-, los vocales definirán mañana los principios y criterios generales que deberían inspirar las reformas legales que se puedan acometer y aprobarán las medidas organizativas y/o gubernativas que quedan dentro de la capacidad de actuación propia del órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ trabaja además en la elaboración de un programa de formación extraordinario para la Carrera Judicial, actuación que es de la competencia exclusiva del órgano de gobierno de los jueces y que constituirá el quinto bloque del plan de choque.

Los objetivos del plan son agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo.

CSIF reclama 40.000 docentes y un gasto mínimo de 5.800 euros anuales por alumno/a para reconstruir la Educación

martes, 16 de junio de 2020

CSIF reclama 40.000 docentes y un gasto mínimo de 5.800 euros anuales por alumno/a para reconstruir la Educación

  • Propondremos al Consejo Escolar del Estado un Plan a medio plazo
  • Hay que blindar por ley el gasto educativo básico por alumno para garantizar la igualdad de oportunidades ante posibles recortes
  • La pandemia agravará problemas endémicos del sistema: falta de inversión, abandono escolar, paro juvenil y diferencias entre CCAA

08 de Junio de 2020 csif.es

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha presentado hoy un Plan a medio plazo con las bases para reconstruir la Educación tras el Covid-19. El sindicato reclama 40.000 docentes y una inversión mínima por alumno/a de unos 5.800 euros anuales.

CSIF presentará este Plan como una alternativa al documento del Consejo Escolar del Estado para el comienzo de curso 2020-2021 -al que daremos nuestro voto negativo-, durante la Comisión Permanente y el Pleno de este órgano consultivo, que se celebran los próximos 16 y 23 de junio, respectivamente.

El parón de las clases presenciales, la educación a distancia y la vuelta a las aulas el próximo curso confirman la urgencia de una estrategia común que permita avanzar soluciones para que ningún alumno/a quede atrás por la pandemia.

No obstante, advertimos de que las administraciones están intentando culpar al coronavirus de problemas estructurales que persisten desde hace más de treinta años: falta de inversión, abandono escolar, paro juvenil y diferencias entre las comunidades autónomas.

En los últimos diez años, coincidiendo con la anterior crisis económica y los recortes en las CCAA, las plantillas se han visto mermadas con 16.922 docentes menos -rompiendo el esfuerzo en la contratación realizada desde 1990- mientras que la ratio alumno/profesor ha aumentado de 16,09 a 16,29 alumnos por cada docente.

El curso 2020-2021 será muy complejo y es urgente acordar las condiciones sanitarias y de prevención para la vuelta a las aulas. Es inadmisible que se pretenda duplicar el trabajo del profesorado reduciendo ratios de alumnos por aula para mantener la distancia de seguridad, pero sin una dotación adecuada de recursos humanos.

Para reconstruir la Educación, planteamos una batería de medidas agrupadas en 5 grandes bloques, que se deben acometer de manera gradual en los próximos cinco años: Recursos Humanos, Atención al Alumnado, Modelo Curricular, Profesorado e Inversión y Dotación tecnológica.

Desde CSIF, reclamamos:

  • Refuerzo de plantillas para la reducción de alumnos por aula como medida de protección sanitaria. Equipos de Orientación completos con nuevos profesionales que surgen de las nuevas problemáticas. Profesionales sanitarios en todos los centros docentes. Formación específica al profesorado para nuevas tecnologías. Adaptaciones de puestos de trabajo a docentes considerados personas de riesgo.
  • Inversión en Educación de hasta un 7% del PIB. Blindaje de una inversión mínima por alumno/a de unos 5.800 euros anuales. Plan de renovación de equipos e instalaciones tecnológicas por centros educativos.
  • Modelo curricular estable y más simple, que atienda a las necesidades de la pandemia manteniendo los objetivos de etapa. Pruebas finales establecidas por el Ministerio para corregir las actuales diferencias entre CCAA. Limitación de la promoción automática. Prueba única de acceso a la Universidad en todo el país. Impulso a la FP.