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Archivo del 26 de junio de 2020

Santander. Vista a la bahía

viernes, 26 de junio de 2020

El Gobierno alcanza un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los beneficios de los ERTE hasta el 30 de septiembre

viernes, 26 de junio de 2020

En el marco del diálogo social

El Gobierno alcanza un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los beneficios de los ERTE hasta el 30 de septiembre

Jueves 25 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

El acuerdo prevé exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social según el tamaño de la empresa y la reactivación de su actividad. Además, establece mecanismos de protección para el empleo.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han acordado, en el marco del diálogo social, con los agentes sociales las nuevas condiciones que permitirán extender los beneficios de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre.

El acuerdo, que mañana se trasladará a la reunión del Consejo de Ministros, prevé beneficios en las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, garantías para el mantenimiento del empleo y mecanismos de flexibilidad para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios según evolucione la crisis sanitaria.

Exoneraciones de cuotas

El acuerdo incluye diferentes exoneraciones para las empresas, según su situación. En el caso de las empresas que están en situación de fuerza mayor parcial, el acuerdo hasta septiembre mantiene el espíritu del vigente, bonificando más las cotizaciones de los trabajadores activados que de los suspendidos.

De esta forma, para empresas con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60% de las cotizaciones sociales de sus trabajadores activados en los meses de julio, agosto y septiembre y del 35% para los trabajadores que continúen suspendidos.

Yolanda Díaz y José Luis Escrivá junto a los representantes sindicalesPara las empresas de 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados.

Por su parte, las empresas que están actualmente en ERTE por fuerza mayor total pasarán a ERTE de transición hasta el 30 de septiembre. Dentro de ellas, las que cuentan con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración decreciente en las cotizaciones de sus empleados del 70%, 60% y 35% en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Para las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50%, 40% y 25%, en julio, agosto y septiembre, respectivamente.

Estos ERTE se tramitarán contando con el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y tras haber informado a los representantes legales de los trabajadores, tal y como regula el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Salvaguarda para el empleo

Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, deberán mantener el empleo durante un período de seis meses.

Durante un ERTE en vigor, las empresas no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos. Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales.

Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extra. No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE.

Protección por desempleo

Las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del Covid-19, tanto de fuerza mayor total o parcial como basados en causas productivas o los tramitados en caso de rebrote, gozarán de la protección reforzada prevista en el anterior acuerdo: se les reconocerá la prestación aún cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0.

La Audiencia de Valladolid aprueba un protocolo para reducir de dos años a tres meses la resolución de pleitos por gastos de hipotecas

viernes, 26 de junio de 2020

Jueves, 18 de junio de 2020

La Audiencia de Valladolid aprueba un protocolo para reducir de dos años a tres meses la resolución de pleitos por gastos de hipotecas

El documento, que ya ha sido suscrito por una entidad bancaria, regula la posibilidad de acuerdos voluntarios entre bancos y consumidores

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Audiencia de Valladolid aprueba un protocolo para reducir de dos años a tres meses la resolución de pleitos por gastos de hipotecas

La Audiencia Provincial de Valladolid ha aprobado un protocolo para agilizar la resolución de los juicios en los que los consumidores reclaman a los bancos la devolución de los gastos derivados de la suscripción de hipotecas que les fueron cobrados indebidamente.

El objetivo es rebajar a tres meses el tiempo de resolución de los pleitos que actualmente tardan en resolverse casi dos años, mediante un acuerdo entre el banco y el cliente.

Este pacto implica que el primero acepta devolver al consumidor el importe correspondiente a aquellos conceptos que, según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fueron cobrados indebidamente (el 50% de los gastos de Notaría y Gestoría, el 100% de los gastos de Registro de la Propiedad, el importe de los intereses moratorios abusivos), y el segundo renuncia a una parte de las costas del procedimiento a las que tendría derecho en el caso de que litigara hasta el final y los tribunales estimaran sus pretensiones.

El sometimiento a dicho protocolo, que además servirá para descongestionar el juzgado especializado en cláusulas bancarias y la sección de la Audiencia Provincial que ve los recursos que se interponen, es voluntario.

Las partes litigantes pueden acogerse al mismo en cualquier fase procesal en que se encuentre el procedimiento, o hacerlo incluso antes de que se presente la demanda, evitando así la judicialización.

El protocolo ha sido suscrito este jueves por el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, y representantes de CaixaBank, primera entidad bancaria en adherirse.

Casi 11.000 demandas

En la actualidad, existe un único juzgado en Valladolid, Primera Instancia 4, que desde junio de 2017 se encarga de manera exclusiva de manera exclusiva y no excluyente de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Desde que entró en funcionamiento ha recibido 10.800 demandas. Terminó el año 2019 con más de 2.700 asuntos pendientes y en lo que va de 2020 ha recibido 1.220 demandas.

El juzgado soporta una carga de trabajo muy superior a la que establece el CGPJ como recomendable, lo que ha obligado a reforzarlo. Su situación, y por ende, el tiempo de respuesta que recibe el justiciable, empeorará de manera inmediata como consecuencia de la paralización de las actuaciones judiciales por el COVID-19 y de la previsible entrada de nuevos asuntos a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que cuya abusividad deberá ser valorada por los Tribunales en función de las circunstancias que concurren en cada contrato.

“Esta grave situación de pendencia, que puede verse agravada en un futuro inmediato por las demandas sobre el IRPH, justifica que se adopten medidas extraordinarias e instrumentales para intentar paliar los retrasos en la tramitación de los asuntos. A ello responde el presente protocolo que, con las adaptaciones que se han considerado convenientes para la provincia de Valladolid, se basa en otro anterior que se ha venido aplicando en Pamplona”, ha explicado Javier Carranza, quien ha insistido en el carácter puramente instrumental y voluntario del mismo.

El documento ha sido enviado a los Colegios de Abogados y Procuradores de Valladolid para su difusión entre sus colegiados, a las distintas entidades bancarias y asociaciones de consumidores.

UGT exige promover la gestión sostenible de los recursos naturales

viernes, 26 de junio de 2020

UGT exige promover la gestión sostenible de los recursos naturales

17 Jun 2020 ugt.es

► La desertificación y la sequía son un problema grave que no afecta únicamente al medio natural, pues implica hambre, pobreza, problemas de salud y genera graves desigualdades

► UGT exige al Gobierno medidas encaminadas al consumo y la producción sostenibles e impulsar un pacto consensuado del agua

► El sindicato exige promover el Programa de Acción Nacional sontra la Desertificación

Hoy, 17 de junio, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el que la ONU tiene como objetivo el concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos graves fenómenos.

La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas por causa de la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas (que cubren un tercio de la superficie del planeta y buena parte de España), a la sobreexplotación y al uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego son ejemplos de aspectos que afectan negativamente a la productividad del suelo.

La desertificación y la sequía suponen grandes retos para la humanidad ya que afectan al medio ambiente y al medio de vida de millones de personas en su lucha contra la pobreza. Ya en la Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro en 1992, la desertificación junto con el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, se catalogaron como los mayores retos a los que se enfrenta el desarrollo sostenible. Pero desde entonces el problema ha seguido empeorando. Hoy en día, más de 2.000 millones de hectáreas de tierras anteriormente productivas se encuentran degradadas, mientras que, en 2030, la producción de alimentos requerirá otros 300 millones de hectáreas de tierra.

Este año, el lema del Día es “Alimentos. Forrajes. Fibra”, con el que se aspira a educar a las personas sobre la manera de reducir su impacto individual y cambiar las actitudes de la sociedad en relación con la producción y el consumo incesantes, las principales causas de la desertificación y la degradación de las tierras.

El suelo se está transformando y degradando a un ritmo insostenible

Los alimentos, los forrajes y las fibras deben competir por el suelo con la expansión de las ciudades y la industria de los combustibles. Por otro lado, el crecimiento demográfico y el incremento de la población urbana intensifican la demanda de tierra para producir alimentos, forrajes y fibras textiles. El resultado final es que la tierra se está transformando y degradando a un ritmo insostenible, lo que daña la producción, los ecosistemas y la biodiversidad. Un declive que se ve empeorado aún más por los efectos del cambio climático.

Con el fin de preservar tierras productivas suficientes para satisfacer la demanda de 10.000 millones de personas en 2050, es necesario modificar nuestro estilo de vida. Mediante cambios en el comportamiento de los consumidores y las empresas y la adopción de una planificación más eficiente del uso de la tierra y de prácticas más sostenibles, podríamos disponer de terreno suficiente para satisfacer la demanda. Todos tenemos una responsabilidad como beneficiarios del suelo.

Estamos decididos a proteger el planeta contra la desertificación

Desde UGT, consideramos que este Día Mundial brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la sociedad y cooperación a todos los niveles. Acciones como la reforestación y la regeneración de especies arbóreas; la mejora de la gestión del agua, incidiendo en el ahorro y la reutilización de las aguas; o el enriquecimiento y fertilización del suelo a través de la regeneración de la cubierta vegetal, son muy efectivas para frenar la degradación de los suelos, a la vez que tienen un alto potencial de creación de empleo.

Por otro lado, consideramos imprescindible reconocer la necesidad de luchar contra la desertificación como parte de nuestros esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente, el Objetivo 15 recoge la determinación de gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Desde UGT estamos decididos a proteger el planeta contra la desertificación, ya que consideramos que es un problema grave no solo para el medio ambiente sino también porque genera pobreza y hambre en el mundo.

Por ello, instamos al Gobierno a establecer medidas encaminadas al consumo y la producción sostenibles, así como a promover medidas encaminadas a la gestión sostenible de los recursos naturales. Es necesario, además, disponer de una dotación presupuestaria suficiente para poner en práctica de manera efectiva el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.

Por último, consideramos indispensable abordar desde el consenso un Pacto del Agua con un enfoque social, porque la desertificación y la sequía son un problema grave que no afecta únicamente al medio natural, pues implica hambre, pobreza, problemas de salud y genera graves desigualdades.

El secretario de Estado de Justicia destaca la “oportunidad histórica” que se abre con la creación de la Ley de Derecho de Defensa

viernes, 26 de junio de 2020

Justicia2030

mjusticia.gob.es

El secretario de Estado de Justicia destaca la “oportunidad histórica” que se abre con la creación de la Ley de Derecho de Defensa

La comisión designada por el ministro Campo para elaborar el anteproyecto inicia sus trabajos bajo la presidencia de Antonio Garrigues, que defiende una norma orientada al ciudadano para “impedir situaciones de indefensión”

22 de junio de 2020.- El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha presidido hoy la primera reunión de la comisión de expertos que participará en la elaboración del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa por encargo del ministro, Juan Carlos Campo. Zapatero ha calificado de “oportunidad histórica” la integración en una única norma de las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, actualmente dispersas en diferentes instrumentos legales.

El presidente de la comisión, el jurista Antonio Garrigues Walker, ha señalado que uno de los principios rectores de la ley deberá ser su orientación al ciudadano “porque aunque ya existe un derecho de defensa, se trata de impedir las situaciones de indefensión que todavía hoy se producen”.

En esta primera toma de contacto de los miembros de la comisión, se ha establecido la metodología de trabajo para empezar a fijar las líneas directrices del nuevo instrumento normativo desde los criterios de coherencia y eficiencia en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.

Zapatero ha señalado que el proceso de elaboración de la norma discurrirá de forma paralela a los que se están desarrollando para la redacción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley de eficiencia procesal.
El ejercicio de la defensa es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española y constituye un elemento vertebrador del proceso judicial moderno. Abarca el conjunto de garantías y facultades jurídicas que asisten a las partes en un proceso judicial, permitiéndoles defender sus intereses legítimos y asegurándoles la tutela judicial efectiva. La futura ley deberá regular las facetas procesal, profesional y asistencial de este derecho fundamental.

Bajo la presidencia de Antonio Garrigues, componen la comisión el ponente de la Constitución Española de 1978, Miquel Roca; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer; la fiscal del Tribunal Supremo, Isabel Rodríguez; la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro; la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Mª Ángeles Jaime de Pablo; el abogado Cristóbal Martell; el profesor de Derecho Procesal, Eduardo García; la profesora de Derecho Constitucional, Alicia González; el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno; la secretaria general técnica del Ministerio de Justicia, Paula Novo, que actuará también como secretaria de la comisión, y Javier Truchero, asesor del ministro de Justicia.