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domingo, 28 de junio de 2020

Comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económicade España tras el Covid-19 / Congreso de los Diputados

domingo, 28 de junio de 2020

Los principales retos de la economía española tras el Covid-19

Comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económicade España tras el Covid-19 / Congreso de los Diputados

Pablo Hernández de Cos

Gobernador

23.06.2020 bde.es

1 Introducción

Señorías, comparezco en esta Comisión para presentar las líneas maestras que, en opinión del Banco de España, constituyen las prioridades estratégicas de la política económica de nuestro país en este momento.
Antes de desarrollar estas prioridades, permítanme que dedique unas palabras de elogio y agradecimiento a la ciudadanía española por el comportamiento ejemplar que está demostrando en las circunstancias -especialmente duras- que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Naturalmente, quiero tener también palabras de apoyo para todas aquellas personas que han perdido a algún ser querido como consecuencia de esta pandemia.
Señorías, la crisis ha generado una disrupción de la actividad económica de una magnitud elevadísima. Hasta tal punto, que, de acuerdo con todas las previsiones disponibles, este año se producirán los retrocesos del PIB más abultados que se hayan registrado en tiempos de paz.
Como defendí en mi comparecencia del pasado mes de mayo en la Comisión de Economía del Congreso, la severidad, la temporalidad y la globalidad de esta perturbación justifican, en una primera fase, acciones de política económica contundentes, acotadas en el tiempo y coordinadas a escala internacional.
Los objetivos de esta terapia de choque deben ser reducir la incidencia de la pandemia en el corto plazo y facilitar la salida de la hibernación de estos últimos meses con el menor daño económico posible. Con carácter general, puede decirse que la respuesta de las autoridades -con medidas que ya describí y valoré en esa comparecencia- ha sido significativa.
Tras la etapa de hibernación, se inicia ahora una segunda fase, en la que la economía está empezando a reactivarse de forma gradual, a medida que avanza el proceso de desescalada.
Esta segunda fase presenta algunas características relevantes.
En primer lugar, la incertidumbre es todavía muy elevada, dado que son numerosas las incógnitas acerca de la evolución que tendrá la enfermedad. Esta incertidumbre afectará negativamente a las decisiones de consumo e inversión y al comercio internacional.
En segundo lugar, minimizar el riesgo de un rebrote de la enfermedad exigirá mantener durante algún tiempo algunas limitaciones y medidas de seguridad sanitaria. Estas circunstancias condicionarán el normal desempeño de la actividad económica y afectarán de forma heterogénea a las distintas ramas productivas.
En tercer lugar, en esta fase también podremos apreciar en qué medida, a pesar de las acciones de política económica aplicadas, la crisis está produciendo daños de carácter más permanente en los diferentes sectores, empresas y grupos de población.
Finalmente, empiezan a aparecer indicios de que la pandemia puede generar algunos cambios estructurales, aunque estos sean difíciles de delimitar en estos momentos.
En esta segunda fase, la respuesta de política económica tiene que combinar dos objetivos: apoyar la recuperación –lo que aconseja no efectuar una retirada prematura de las medidas de apoyo, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos- y facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia.
Este contexto extraordinariamente complejo hace necesaria también la definición de una agenda de reformas dirigida a afrontar los desafíos estructurales de nuestra economía, que con esta crisis se han hecho más apremiantes.
Finalmente, tampoco podemos olvidar que, tras la pandemia, nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Por ello, debemos aceptar que la necesaria expansión fiscal en el corto plazo debe venir de la mano de un plan de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo.
Permítanme que les exponga las razones que, a mi juicio, justifican la puesta en marcha, de manera urgente, de una estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal.
La estrategia deberá ser ambiciosa. La magnitud de los retos a los que se enfrenta la economía española demanda esa ambición, si verdaderamente se aspira a sentar las bases de un crecimiento sostenible y equilibrado.
El diseño y la implementación de las reformas deberían acelerarse, dado que su formulación creíble puede generar efectos positivos sobre las decisiones de gasto, inversión y contratación incluso en el muy corto plazo. Por su parte, la consolidación fiscal ha de aplicarse una vez que la economía recupere una senda de crecimiento sólido, pero su definición y comunicación tempranas tendrían importantes beneficios para la credibilidad de nuestra política económica.
La estrategia debe presentar un carácter integral, de modo que se tengan en cuenta las múltiples interacciones que existen entre los desafíos que debemos abordar; desafíos que, en muchos casos, requieren acciones a escala internacional y, en particular, europea. Debemos tener la ambición de influir de manera decisiva sobre dichas acciones.
La estrategia debería desplegarse con vocación de permanencia. Por ello, resulta fundamental que alcance un alto grado de consenso. En mi intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, a la que antes aludí, hice mención a la necesidad de un acuerdo político que abarcara varias legislaturas. Me reafirmo hoy en esa necesidad.
Finalmente, toda estrategia concebida con un horizonte de medio plazo tendría que ser cuidadosamente evaluada. Adoptar esta cultura de evaluación en el diseño de la política económica debería ser uno de sus pilares.
Permítanme que ofrezca ahora unas breves pinceladas sobre el impacto de la pandemia sobre la actividad económica. Con posterioridad, abordaré brevemente el contenido de la estrategia de política económica que acabo de esbozar. Su contenido detallado se encuentra, en todo caso, en un documento que he hecho llegar al presidente de esta Comisión para el reparto entre sus miembros.

2 La crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus

La pandemia ha tenido un impacto de extraordinaria intensidad. En China, el primer trimestre del año se saldó con el mayor retroceso de su PIB de la historia. En Estados Unidos se ha producido un aumento de la tasa de paro hasta máximos históricos. Y el PIB del área del euro se redujo un 3,6 % en el mismo período. En España, a pesar de que las medidas de confinamiento solo afectaron a las dos últimas semanas del primer trimestre, el PIB disminuyó un 5,2 %, lo que también supone la mayor caída intertrimestral de nuestra historia reciente.
El hecho de que la práctica totalidad de las restricciones vinculadas al estado de alarma hayan estado vigentes durante más de la mitad del segundo trimestre implicará, necesariamente, una caída significativamente más intensa de la actividad en este período. De acuerdo con las estimaciones del Banco de España, esta contracción del PIB podría situarse entre un 16 % y un 22 % con respecto a su nivel del primer trimestre.
La severidad de la crisis se ha hecho particularmente visible en el empleo, cuyo ajuste desde mediados de marzo y hasta finales de mayo alcanzó a más del 26 % del total. En paralelo, el número de empresas dadas de alta en los registros de la Seguridad Social ha sufrido la mayor caída de su historia.
Es cierto, no obstante, que la actividad económica habría comenzado a recobrar el pulso a medida que se ha avanzado en el plan de desescalada. De mantenerse, esto daría paso a un comportamiento más favorable en la segunda mitad del año. Sin embargo, esta evolución está sometida a una considerable incertidumbre.
Como reflejo de esta incertidumbre, las últimas proyecciones del Banco de España incorporan varios escenarios. El primero, de “recuperación temprana”, describe una situación en la que no se materializarían nuevos obstáculos relevantes en los próximos trimestres. En este escenario, el producto retrocedería un 9 % en 2020. El segundo escenario, de “recuperación gradual”, incorpora un impacto más persistente de la caída de la actividad durante la fase de confinamiento e incluye la posibilidad de nuevos brotes de la enfermedad de intensidad moderada. Todo ello llevaría la caída del PIB este año al 11,6 %.
En los dos casos, nos encontraríamos ante la mayor caída de la actividad en un solo año, y ello a pesar de que el PIB crecería a tasas intertrimestrales muy intensas en la segunda mitad del ejercicio. Estas previsiones apuntan también a efectos persistentes en el medio plazo. En 2022, el nivel del PIB se situaría, respectivamente, unos 4 y 6 puntos porcentuales por debajo del nivel que se proyectaba en diciembre de 2019; la tasa de paro permanecería por encima del 17 % y la ratio de deuda pública sobre el PIB se situaría entre el 115 % y el 120 %.
Además, no podemos descartar otros escenarios más negativos, como resultado, por ejemplo, de una evolución más adversa de la enfermedad o de un mayor daño de la crisis sobre el tejido productivo. Las proyecciones del Banco de España incluyen un tercer escenario, en el que la materialización de algunos de estos riesgos podría dar lugar a caídas del PIB para este año del 15 %.

3 La política económica en la segunda fase de la crisis

Las magnitudes principales de estas previsiones ilustran los retos a los que nos enfrentamos y la necesidad de articular una respuesta de política económica contundente. Paso ahora a detallar los principales elementos que, en mi opinión, debería incluir esta respuesta.
Como indicaba en la introducción, en esta segunda fase de la crisis, la política económica debe combinar dos objetivos: apoyar la recuperación y facilitar el ajuste estructural de la economía.
Permítanme que, en primer lugar, discuta las políticas relativas a los ámbitos monetarios y financieros, a cuyas decisiones a escala europea contribuye el Banco de España como integrante del Banco Central Europeo (BCE). En este caso, la prioridad debe seguir siendo dar apoyo a la recuperación y mantener la estabilidad financiera. Como señalé en mi comparecencia ante la Comisión de Economía, creo que todos debemos compartir el objetivo de evitar que la crisis actual venga acompañada de un endurecimiento generalizado de las condiciones de financiación o que dañe gravemente nuestro sistema financiero.
Para ello, en relación con la política monetaria, en el Consejo de Gobierno del BCE hemos reiterado nuestro compromiso de hacer lo que sea necesario para apoyar a todos los ciudadanos de la zona del euro en estos momentos extremadamente difíciles. Esto incluye asegurar que nuestra política monetaria se transmita a todos los sectores de la economía y a todos los países, y evitar que surjan problemas de fragmentación financiera como los vividos en el pasado. En definitiva, seguimos preparados para ajustar todos los instrumentos según proceda.
En materia supervisora, es evidente que el sector bancario afronta esta crisis desde una situación más saneada que en la anterior. En todo caso, deberemos seguir ejerciendo una doble vigilancia. Primero, sobre las entidades y mercados financieros, para que sigan facilitando la transmisión de la financiación. Segundo, sobre los riesgos para la estabilidad financiera.
En relación con el primer objetivo, más allá del papel de la política monetaria, los supervisores hemos permitido que las entidades puedan hacer uso de los colchones de capital disponibles y el Gobierno aprobó un programa de avales públicos a los préstamos a empresas que ha mitigado la posible reticencia de los intermediarios financieros a incurrir en mayores riesgos en un contexto como el actual. Todas estas medidas han sido efectivas. Los datos más recientes, correspondientes al mes de abril, evidencian un repunte interanual de casi el 90 % del flujo de nuevo crédito concedido por las entidades bancarias a las empresas.
En todo caso, la información analizada por el Banco de España muestra que las empresas de menor tamaño y las que se han visto más afectadas por la crisis podrían encontrar dificultades para acceder a la financiación, especialmente en ausencia de instrumentos de apoyo público. A la vez, resultaría necesario restablecer paulatinamente los incentivos para que los recursos financieros se reasignen hacia aquellas empresas y sectores que pueden contribuir en mayor medida a la recuperación de la actividad y del empleo. Todo ello aconseja estudiar la posibilidad, en función de cómo evolucione la actividad económica, deextender los mecanismos de garantía pública, en cuyo rediseño debe primar el acceso a estos recursos de las empresas con perspectivas sólidas de viabilidad.
Por otro lado, la crisis tendrá un impacto significativo sobre la calidad de la cartera crediticia de las entidades. Las caídas del PIB proyectadas para 2020 en los escenarios que anteriormente he esbozado superan a las de cualquier prueba de estrés realizada en el pasado, si bien es cierto que, si se materializara el repunte de la actividad previsto para 2021 y 2022, esta severidad se mitigaría de forma significativa. Además, la crisis afectará de forma diferenciada a las entidades en función de su modelo de negocio y de la distribución de sus exposiciones a los sectores y las geografías más afectados por la pandemia. Por todo ello, deberemos seguir ejerciendo una vigilancia estrecha para evitar los riesgos para la estabilidad financiera derivados de esta crisis, y estar dispuestos para dar una respuesta contundente, a escala europea, en caso de que estos se materialicen.
En segundo lugar, en el ámbito nacional, deberían extenderse temporalmente y recalibrarse algunas de las medidas ya aplicadas.
Así, parece apropiado mantener algunos de los instrumentos de apoyo a las rentas de los hogares más vulnerables, si bien es fundamental que se mantenga su carácter focalizado, con un diseño que no distorsione las decisiones, por ejemplo, de participación laboral.
Igualmente tendría sentido extender los ERTE en algunos sectores o empresas que seguirán muy afectados por las medidas de distanciamiento social. Y, en paralelo, debe asegurarse el correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos de flexibilidad disponibles para las empresas, cuyo papel es especialmente útil para permitir potenciales ajustes estructurales derivados de la crisis.
En tercer lugar, deben incorporarse nuevas medidas en varios ámbitos, como los relativos a las políticas activas de empleo y de formación para desempleados y trabajadores suspendidos temporalmente. Estas medidas tendrían como objetivo mantener su empleabilidad y facilitar su recolocación en aquellos sectores o empresas con mayor capacidad de crecimiento.
Asimismo, la suspensión de la educación presencial tiene el riesgo de generar un impacto negativo sobre el rendimiento académico de los estudiantes, particularmente en los hogares de menor renta. En consecuencia, debe dotarse al sistema educativo de mecanismos que permitan a los alumnos adquirir las cualificaciones necesarias aun en ausencia de educación presencial.
Del mismo modo, resulta urgente revisar los procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de la carga financiera de las empresas. Deben establecerse procedimientos administrativos ágiles y simplificados. Concretamente, las empresas deudoras con dificultades financieras deberían tener la capacidad de acceder a un marco preventivo que les permitiese continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables.
En cuarto lugar, debe añadirse un impulso fiscal en las primeras fases de la recuperación, que permita también apoyar la reestructuración de nuestro tejido productivo. Para ello, sería recomendable priorizar el uso del eventual fondo de recuperación europeo en determinadas inversiones que se contraen más en tiempos de incertidumbre y dificultades financieras. Este es el caso de la inversión en capital tecnológico y en formación. También es elmomento de agilizar los proyectos que contribuyan a la transición hacia una economía más sostenible. El tamaño de este fondo europeo debería ser proporcional a las necesidades de financiación del gasto público generadas por la pandemia, y su aprobación y ejecución deberían agilizarse.

4 El diseño de una agenda ambiciosa de reformas estructurales

Más allá de estas actuaciones de corto plazo, se hace necesaria la definición de una agenda ambiciosa de reformas estructurales, dirigida a aumentar el crecimiento potencial de la economía. Permítanme que enumere brevemente cuál debería ser, en mi opinión, el contenido de esta agenda.
4.1 Mejorar la dinámica de la productividad
En primer lugar, el principal factor explicativo del bajo crecimiento potencial de la economía española es el escaso crecimiento de la productividad. En los veinte últimos años, la productividad total de los factores ha crecido en España a una tasa anual promedio del 0,2 %, muy por debajo de la registrada en Alemania o Estados Unidos. Resulta prioritario, por tanto, mejorar la dinámica de esta variable. Permítanme que me centre en tres aspectos que, de forma transversal, determinan esas ganancias en productividad.
Fomentar la dinámica y el crecimiento empresarial, e incrementar el grado de competencia sectorial
En primer lugar, la economía española se caracteriza por el reducido tamaño de sus empresas. Y precisamente en las pymes españolas se observa un diferencial de productividad negativo elevado con respecto a las europeas. Potenciar su crecimiento permitiría no solo aumentar la productividad, sino también mejorar la solidez financiera del tejido empresarial.
Para ello, habría que asegurar que los objetivos buscados por todas las regulaciones que introducen una cierta discriminación empresarial por razón de su tamaño sean compatibles con la competencia y no planteen obstáculos al crecimiento empresarial.
Además, habría que profundizar en las mejoras del marco regulatorio para converger con las mejores prácticas de las economías de nuestro entorno. Los indicadores disponibles muestran que existe margen de mejora en relación con los trámites de creación de empresas, con la regulación de algunos sectores -como el comercio minorista y algunos segmentos del transporte o de los servicios profesionales -, y con el funcionamiento del sistema judicial.
En un país tan descentralizado como España, resultaría también conveniente que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales pusieran en común sus diferentes prácticas, para reducir las actuales trabas a la unidad de mercado.
Mejorar el capital humano
Incrementar la productividad requiere, adicionalmente, mejorar el capital humano. En esta materia seguimos teniendo retos importantes, como los derivados de la existencia deniveles educativos promedio de trabajadores y empresarios inferiores a los de la UE, del elevado abandono escolar y de la brecha negativa en los indicadores de calidad educativa.
Estas deficiencias, junto con la necesidad de afrontar los retos que plantean la globalización, el progreso tecnológico y la automatización de tareas, apuntan a la conveniencia de replantearse el diseño institucional del sistema educativo, así como el contenido del currículo y el propio sistema de aprendizaje. Los objetivos serían favorecer la orientación individualizada y temprana del alumno; en el ámbito universitario, mejorar la selección del personal docente e investigador y vincular la financiación del sistema a objetivos de excelencia; y respecto a la formación profesional, dedicar recursos a su rediseño para lograr una combinación óptima entre formación general y experiencia práctica en empresas.
Incrementar el capital tecnológico
El capital tecnológico es otro pilar fundamental sobre el que debe descansar cualquier estrategia de crecimiento. La economía española tampoco sale bien parada en esta dimensión. La proporción de empresas innovadoras en España se sitúa muy lejos de los porcentajes observados en Francia, Italia o Alemania, y el peso sobre el PIB de la inversión pública y privada en I+D es un 26 % y un 54 %, respectivamente, inferior al promedio europeo.
Las posibles actuaciones públicas en ese ámbito no pueden reducirse a dotar una mayor partida presupuestaria. También serían deseables modificaciones en el sistema de promoción y de carrera investigadora para favorecer la entrada y el desarrollo de nuevos investigadores con elevado potencial. Asimismo, podría considerarse una reestructuración del conjunto de las organizaciones públicas que desarrollan innovación para tratar de explotar sus sinergias y reforzar los mecanismos de asignación de recursos entre centros sobre criterios de excelencia académica.
4.2 Reducir el desempleo y la precariedad del empleo
El segundo objetivo de la agenda de reformas debería ser atender a los desafíos del mercado de trabajo, cuyas deficiencias son evidentes, como muestra que, desde 1980, la tasa de paro promedio en España se ha situado en casi el 17 %.
Reducir la temporalidad del empleo
Uno de los aspectos diferenciales de nuestro mercado laboral es su elevada tasa de temporalidad, que en el promedio de la última década se ha situado en el 25,2 %, frente al 13,9 % registrado en la UEM.
Son precisamente los trabajadores con contrato temporal los que han venido soportando, de manera desproporcionada, los flujos de destrucción de empleo en nuestra economía, lo que genera efectos muy negativos sobre la desigualdad, las carreras laborales y la productividad. Sin olvidar que la excesiva temporalidad condiciona decisiones tan relevantes como las relativas a la emancipación o la fecundidad.
Por todos estos motivos, reducir la dualidad es ineludible. Para ello, los mecanismos de protección al empleo deberían ser revisados bajo el prisma de compatibilizar la necesariaprotección de los trabajadores con la flexibilidad de las empresas. Por tanto, considero conveniente explorar figuras como la de contratos con costes de despido crecientes. También merecen atención aquellos modelos mixtos que combinan la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo mientras el trabajador mantiene el empleo con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente con la experiencia acumulada.
Mejorar las políticas activas de empleo
Otra de las características de nuestro mercado laboral es la elevada persistencia de las situaciones de desempleo. Por ejemplo, a finales de 2019, cerca del 43 % de los parados llevaba más de un año buscando un empleo. Esta situación se agravará ahora, dado que los trabajadores más afectados por esta crisis muestran, en promedio, una menor formación.
Por ello, deben reforzarse las políticas activas de empleo. En particular, resulta necesario habilitar mecanismos que permitan un seguimiento y orientación individualizada de los desempleados, basados en técnicas de perfilado estadístico de los parados y de las vacantes disponibles. Los posibles cambios en la estructura sectorial de la ocupación hacen aconsejable también reforzar la formación continua. Asimismo, sería deseable mantener la posibilidad de celebrar contratos de formación, con la mayor flexibilidad posible, para jóvenes y empresas. Finalmente, es importante revisar el sistema actual de bonificaciones a la contratación y priorizar las dirigidas a los colectivos de mayor edad y con menor formación, y analizar continuamente su efectividad.
4.3 Afrontar el reto del fenómeno del envejecimiento poblacional
El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la economía española, como ilustra la evolución prevista de la tasa de dependencia, que se sitúa en el 29,5 % en la actualidad y que aumentará en más de 25 puntos porcentuales en los próximos 25 años. Entre los factores que explican este fenómeno, destacan una de las esperanzas de vida más altas del planeta y una tasa de fecundidad muy baja.
Esto sugiere la conveniencia de introducir medidas que favorezcan la conciliación, incrementen el apoyo a las familias y aumenten las oportunidades en el mercado laboral, especialmente las de las mujeres jóvenes con hijos. Son precisamente ellas las que, con frecuencia, resultan afectadas económicamente en mayor medida por la decisión de ser madres. Asimismo, debería adaptarse la política migratoria para tratar de acompasarla a las necesidades del mercado de trabajo.
Los efectos del envejecimiento poblacional serán particularmente notorios en las cuentas públicas. La Comisión Europea proyecta para España que el gasto sanitario y de cuidados de larga duración será, en 2050, casi 2 puntos porcentuales del PIB superior al registrado en 2016.
Afrontar la reforma del sistema de pensiones
La presión al alza sobre el gasto será incluso superior en la partida de pensiones. En este caso, tras la suspensión de la aplicación de los mecanismos compensatorios incluidos enla reforma de 2013, serán precisas medidas adicionales para garantizar su sostenibilidad futura.
El debate en este ámbito debería iniciarse con la fijación del nivel de prestaciones que debe proveer el sistema público de pensiones y asegurar la movilización de los recursos suficientes para sufragarlas, estableciendo unos parámetros básicos de equidad intergeneracional. En este sentido, algunos países (como Alemania, Suecia o Italia) han optado por incorporar mecanismos de ajuste entre la esperanza de vida y el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación para estabilizar el sistema. Además, sería conveniente aumentar su transparencia y reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando siempre un nivel de suficiencia. También sería deseable la introducción de incentivos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la legal.
4.4 Reforzar las políticas de inclusión
En cuarto lugar, debe abordarse el reto que supone el incremento de la desigualdad. Iniciamos el actual episodio recesivo con un nivel de desigualdad superior al que se registraba a finales del anterior ciclo expansivo, y todo apunta a que esta crisis supondrá un incremento adicional, dado que está afectando en mayor proporción a colectivos que, en general, percibían rentas relativamente bajas.
Las medidas ya aprobadas de protección del empleo y de apoyo a las rentas de los hogares deberían contribuir a reducir la vulnerabilidad de los hogares más afectados. Asimismo, muchas de las medidas estructurales destinadas a mejorar la productividad o a reducir el desempleo y la precariedad del empleo son también fundamentales para disminuir las desigualdades.
Completar un diseño y aplicación adecuados del ingreso mínimo vital
Por su parte, el recientemente aprobado ingreso mínimo vital podría contribuir, en coordinación con los esquemas existentes en las Comunidades Autónomas, a reducir el nivel de pobreza extrema. Para ello será importante evaluar su aplicación práctica y, en particular, si los requisitos de elegibilidad establecidos son eficaces para apoyar a los colectivos más vulnerables, y si su diseño produce suficientes incentivos para que los beneficiarios se incorporen al mercado de trabajo y no se ocasione un desplazamiento a sectores informales.
Reforzar las políticas de acceso a la vivienda
Una cuestión adicional es la relativa a los problemas de accesibilidad a la vivienda de alquiler por parte de ciertos colectivos. Se trata de un fenómeno global que se observa, especialmente, en las áreas metropolitanas de las economías avanzadas.
La evidencia internacional muestra que las políticas dirigidas a incrementar la oferta de vivienda en alquiler son las más efectivas para abordar estos problemas. En particular, muchos países han optado por combinar la introducción de garantías públicas con incentivos fiscales sobre el sector privado promotor de vivienda en alquiler. Asimismo, resulta crucial garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.
4.5 Favorecer la transición hacia una economía más sostenible
Combatir el cambio climático y facilitar la transición hacia una economía más sostenible constituyen otros desafíos fundamentales a los que se enfrenta nuestra sociedad. La política fiscal deberá desempeñar un papel preponderante en la estrategia necesaria para alcanzar los objetivos marcados en este terreno, tanto para desincentivar las actividades más perjudiciales para el medio ambiente, a través de un sistema impositivo armonizado a escala internacional, como para impulsar las inversiones públicas y privadas necesarias para desarrollar tecnologías más limpias, y para paliar los costes sociales de la transición.
El sector financiero está llamado también a desempeñar un papel fundamental. Para ello, es crucial que incorpore los riesgos asociados al cambio climático en su toma de decisiones. El desarrollo por parte de los supervisores de pruebas de resistencia medioambientales será un instrumento útil en este sentido, como también la armonización internacional de una taxonomía que aporte transparencia acerca de las actividades que contribuyen a la transición hacia una economía baja en carbono.
4.6 Mantener un sector financiero saneado
Dediqué mi última intervención ante la Comisión de Economía del Congreso a analizar los retos que esta crisis genera para el sector financiero. En todo caso, me gustaría volver a enfatizar hoy que, desde el punto de vista del medio plazo, la actual crisis supondrá una presión adicional a la baja sobre su rentabilidad, lo que pone de manifiesto la necesidad de que las entidades aborden con urgencia algunos de los desafíos asociados a la digitalización y a la gestión de los riesgos de ciberseguridad, junto con otros de carácter reputacional. Esto requerirá esfuerzos adicionales para reducir los costes de explotación y lograr aumentos de eficiencia, invertir en tecnología y mejorar su conducta y reputación.
4.7 Afrontar los nuevos retos estructurales tras el Covid-19
Todos los desafíos que he mencionado eran previos a la irrupción de la pandemia. Pero también están surgiendo otros como consecuencia de esta crisis.
El proceso de globalización de la producción
Así, la crisis ha puesto de manifiesto algunas de las vulnerabilidades asociadas al proceso de globalización y los riesgos derivados del proteccionismo. Frente a esto, nuestro país debe desempeñar un papel de liderazgo en la defensa de un modelo comercial global, basado en las reglas multilaterales y la libre competencia. No hay que olvidar que España ha aumentado de manera muy significativa su apertura al exterior, lo que ha resultado esencial para nuestro crecimiento, pero también nos hace más sensibles a un eventual repliegue del comercio internacional.
El proceso de digitalización
La crisis también podría acelerar el proceso de digitalización de la economía. Por una parte, ha demostrado las posibilidades del teletrabajo, cuya utilización en España era reducidacon anterioridad a esta crisis. Su desarrollo exigirá potenciar sus aspectos positivos y tratar de mitigar sus inconvenientes. En particular, existe evidencia de que, si no se dan las condiciones adecuadas, la productividad del teletrabajo podría ser inferior a la del presencial. Por tanto, exigirá políticas de formación que permitan aprovechar las oportunidades de empleo que se generen como consecuencia de un uso más intenso de esta forma de trabajar.
Por otra parte, el avance del comercio electrónico durante el confinamiento, que se añade a su extraordinario desarrollo en los últimos años, podría intensificarse en el futuro. En este caso, será fundamental entender las implicaciones de este proceso en términos de las dinámicas de competencia empresarial y de precios, y, si fuera necesario, desarrollar actuaciones que minimicen eventuales efectos adversos.
4.8 Impulsar la reforma de la gobernanza europea
Esta crisis ha demostrado también que, a pesar de los avances de los últimos años, se hace necesario seguir profundizando en la mejora de la gobernanza de la UEM. En concreto, debería aprovecharse el impulso de los acuerdos recientes para crear un mecanismo fiscal de estabilización macroeconómico europeo, de carácter permanente, que permita una mayor compartición de riesgos como, por ejemplo, un seguro de desempleo europeo. Resulta también prioritario culminar la Unión Bancaria, con la aprobación de un Fondo de Garantía de Depósitos europeo plenamente mutualizado. Y debe avanzarse en la reducción de las barreras que impiden que exista una verdadera Unión de Mercados de Capitales.

5 Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas

Permítanme finalizar enfatizando la importancia de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Como señalaba con anterioridad, tras la pandemia nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Pues bien, la persistencia en el tiempo de estos niveles de deuda pública reduciría los márgenes de la política fiscal para hacer frente a perturbaciones adversas, expondría a la economía a una situación de vulnerabilidad crónica ante cambios en el sentimiento de los mercados financieros y lastraría nuestra capacidad de crecimiento.
Por tanto, es necesario que en el medio plazo se acometa un programa de reducción gradual del déficit y del endeudamiento públicos.
Si tomamos como ancla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y asumimos que, una vez que los efectos de la crisis se hayan disipado, se aplica una reducción anual del déficit estructural del 0,5 % del PIB hasta alcanzar un saldo equilibrado, puede estimarse que, bajo determinados supuestos, la deuda pública sobre el PIB tendería a reducirse progresivamente. Es decir, reducir el importante volumen de deuda pública que surgirá como consecuencia de esta crisis de forma gradual es factible, siempre y cuando se articule un programa de consolidación adecuado.
Este programa debería incluir una definición clara de los objetivos presupuestarios y de sus plazos, así como el detalle de las medidas necesarias para su consecución. Debería también estar basado en una previsión prudente de la evolución macroeconómica e incorporar una respuesta adecuada ante posibles desviaciones.
Los detalles de este programa deben decidirse en el ámbito político, de forma que incorporen las preferencias sociales sobre el nivel y la composición de los gastos y los ingresos públicos. En todo caso, debería ser compatible con una mejora de la calidad de las finanzas públicas.
En este sentido, por el lado de los gastos, resultaría prioritario someter a una revisión exhaustiva las distintas partidas, con el objetivo de identificar aquellas áreas en las que existe margen para mejorar la eficiencia. Es importante que las recomendaciones proporcionadas por las evaluaciones de la AIReF se tomen en cuenta lo antes posible.
Debe realizarse también una revisión integral del sistema impositivo, con el fin de mejorar su capacidad recaudatoria y su eficiencia. La comparación con el resto de los países europeos puede servir aquí de guía. Y, de nuevo, los resultados del proceso de revisión de los beneficios fiscales que está llevando a cabo la AIReF supondrán una contribución importante.
Finalmente, en un país tan descentralizado como España, resulta crucial contar con la colaboración de las Administraciones Territoriales en el diseño y ejecución del programa de consolidación. Además, debería abordarse la reforma de su sistema de financiación, con el propósito de adecuar sus ingresos a una estimación objetiva previa de sus necesidades de gasto, garantizar un reparto transparente e incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal.

6 Conclusiones

Termino esta comparecencia insistiendo en los cinco atributos que, en mi opinión, deberían caracterizar la estrategia de crecimiento que necesita nuestro país en este momento: urgente, ambiciosa, integral, evaluable y basada en consensos amplios.
Urgente, por la coyuntura extraordinariamente compleja en la que nos encontramos y por la envergadura de los retos que deben abordarse. La inacción juega en nuestra contra, puesto que la falta de respuesta ante estos desafíos incrementa el calibre de su amenaza.
Ambiciosa, porque la complejidad de la situación y el alcance de los desafíos exigen la implementación de un amplio paquete de reformas, en muchos casos disruptivas, y no de pequeños ajustes aislados.
Integral, porque los distintos retos que condicionan las perspectivas de crecimiento de la economía y el bienestar de nuestra sociedad están estrechamente relacionados entre sí. Tratar de resolver alguno de ellos de forma aislada no es ni factible ni deseable.
Además, la estrategia deberá ser evaluada periódicamente, con el objetivo de identificar áreas de mejora en su diseño o en su aplicación.
Finalmente, deberá estar basada en consensos amplios, para que pueda tener vocación de permanencia y resultar creíble. Los retos estructurales exigen respuestas estructurales, que perduren en el tiempo. Por ello, en una sociedad democrática como la nuestra, las líneas maestras de esta estrategia deberían gozar de un alto grado de consenso entre los distintos agentes políticos, económicos y sociales, de forma que las bases sobre las que se asiente nuestro crecimiento sean estables.

Muchas gracias.

El Rey Felipe VI ha clausurado las jornadas ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’, en presencia de Nadia Calviño y Pablo Isla

domingo, 28 de junio de 2020

24 junio 2020

El Rey Felipe VI ha clausurado las jornadas ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’, en presencia de Nadia Calviño y Pablo Isla

La geopolítica y la visión de las Comunidades Autónomas protagonizan la última jornada de la cumbre empresarial de CEOE

El presidente de Inditex, Pablo Isla, presentará junto con el presidente de CEOE las conclusiones, mañana jueves, a las 12:00h, durante la Asamblea General de la organización

Economía y Fiscalidad Economía y Fiscalidad

ceoe.es

En la última jornada de la cumbre ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’ ha sido el turno de la geopolítica y la visión de las Comunidades Autónomas a través de la participación de las organizaciones empresariales que se integran en CEOE.

S.M. el Rey Felipe VI ha clausurado las jornadas, en presencia de la ministra de Economía y vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, y el presidente de Inditex, Pablo Isla, tras nueve días dando voz a representantes del mundo empresarial español al más alto nivel para exponer su visión sobre la situación actual y sobre la estrategia de salida de la crisis por el COVID-19.

Durante su intervención, S.M. El Rey Felipe VI ha agradecido “la labor y el empuje” del sector empresarial para afrontar y superar la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19. También ha valorado la “apuesta decidida de los empresarios por defender nuestra economía, el bienestar de nuestros ciudadanos y el porvenir de España, asumiendo siempre una actitud proactiva y comprometida”. “Estas iniciativas han sido una clara expresión del compromiso de los empresarios, con responsabilidad y con solidaridad, aportando lo mejor de vosotros mismos”, ha añadido.

S.M. el Rey ha afirmado además que “juntos siempre podremos llegar más lejos y en mejores condiciones”. “Este Foro de CEOE ha sido un importante instrumento cargado de mensajes de futuro orientados a construir confianza y favorecer la competitividad, la inversión y la creación de puestos de trabajo”, ha concluido.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado: “Durante dos semanas hemos sido el altavoz de las empresas” en unas jornadas que ha calificado de “cumbre sin precedentes en la historia de CEOE y de España en el ámbito empresarial”, asumiendo “la obligación de ser la locomotora que saque a la economía de esta crisis, manteniendo la actividad y el empleo”. En este contexto, ha establecido como prioridades “la sostenibilidad y la inclusión”, porque, según Antonio Garamendi, “el empleo es la clave en la lucha contra la pobreza”.

El panel dedicado a la geopolítica ha dado comienzo con la intervención de Javier Solana, presidente del Center for Global Economy and Geopolitics de Esade, quien ha calificado de “interesantísima contribución al país” la realización de esta cumbre, y ha puesto el énfasis en la internacionalización de las empresas como “el camino que hay que seguir”, para lo cual “hay que conocer el mundo”. En su opinión, “es imprescindible tener una Europa más cohesionada”, y en ese sentido, ha añadido que “aunque van despacio, las cosas van en la buena dirección”, destacando la ayuda que suponen “los préstamos de la UE”.

A continuación, Josep Piqué, editor de política exterior, ha centrado su intervención en el papel de las empresas en este nuevo escenario político, donde “China y Estados Unidos son los grandes protagonistas”, y hay “actores de reparto muy relevantes, como “Rusia, India, Irán o Turquía”. “La gran incógnita -según él- es qué papel juega Europa”. “No hay solidaridad sin asunción de responsabilidad”, ha afirmado, al tiempo que ha identificado como las “dos grandes tendencias”: la globalización, que tiene “un grave problema de gobernanza” porque “la pugna es tecnológica”, y la revolución digital”, en la que se abre “un debate ético” a cerca de “las relaciones entre las empresas y la sociedad, la RSC”.

Ya en el panel dedicado a las organizaciones empresariales de ámbito territorial, Miguel Garrido, presidente de CEIM Madrid, ha afirmado que “el principal escudo social es el empleo”, “es la verdadera prioridad”, y para ello hay que “ayudar a las empresas”. Entre las medidas que necesitan las empresas para salir de la crisis, ha mencionado la “flexibilidad, sobre todo laboral”, “un marco fiscal incentivador de la actividad” o luchar “contra el fraude y la economía sumergida”, así como “contra la morosidad”.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, considera que “son momentos de tejer complicidades”. Ha pedido “un gobierno que escuche y actúe”, porque según él, “el único camino es la concertación y el consenso”, y ha añadido que “es fundamental la colaboración de lo público con lo privado”. Considera también necesaria una “reindustrialización de la economía española”, reiterando que se necesita “generar confianzas y complicidades”. Según Sánchez Llibre, “las conclusiones de estas jornadas tendrían que incorporarse a la hoja de ruta de reconstrucción que elabore el Gobierno”.

Por su parte, Salvador Navarro, presidente de CEV, considera que “acelerar la recuperación y mantener el máximo nivel de empleo” debe ser el objetivo de todos, y ha reclamado al Gobierno una “reforma de la financiación”, porque, ha asegurado: “Los valencianos nos sentimos ciudadanos de segunda”. Además, ha señalado que debido al importante peso que tiene el turismo en la Comunidad Valenciana, la recuperación “será más complicada” en la región. Navarro ha llamado a priorizar el diálogo social y a que el plan de salida de la crisis sea “fruto del mayor consenso posible”.

Javier González de Lara, presidente de CEA, ha señalado que “esta crisis y su origen son ajenos al mundo empresarial”, por lo que no hay que “cambiar el modelo productivo, sino hacer más productivo el modelo”, situando “a la empresa en el eje de la toma de decisiones”. Ha pedido también “altura de miras y visión de largo alcance”, “en un escenario de seguridad y confianza”.

Santiago Aparicio, presidente de CECALE, ha puesto el foco en “el desafío de la digitalización y la apuesta por la economía verde” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Repasando la situación por sectores en la región, Aparicio ha afirmado que “hay que llevar la digitalización al sector agrario”, potenciar la I+D+i en el sector del automóvil, “muy potente en Castilla y León”, al tiempo que ha destacado también la importancia del sector turístico, “con cuatro ciudades Patrimonio de la Humanidad”. Ha mencionado, asimismo, que “la financiación autonómica debe cambiar”, añadiendo que necesitan una armonización fiscal “que impida la sangría de empresas de esta región”. “Empezar a utilizar la ley de unidad de mercado”, en su opinión “ahorraría más de 45.000 millones a las CCAA españolas”.

Eduardo Zubiaurre, presidente de CONFEBASK, ha relatado que el impacto de la crisis en Euskadi está siendo muy importante, sobre todo en la industria por su peso en el PIB de este territorio. La crisis “está afectando tanto a la oferta como a la demanda” y preocupa el “frenazo de la actividad” en distintos sectores. Entre sus propuestas para remediarlo, “aumentar la inversión pública y el endeudamiento”.

Ángel Nicolás, presidente de CECAM, ha asegurado no entender “el apoyo al trabajador si previamente no hay un apoyo a la empresa”, “se están haciendo las cosas al revés”, ha añadido. En su opinión ha funcionado tan bien el teletrabajo durante la pandemia “porque no estaba regulado”. “Muchas personas se han librado de ir al ERTE porque han teletrabajado”, ha afirmado, añadiendo que “apoyando a la empresa se apoya al trabajador”, y que “a menor presión fiscal, mayor expansión de la economía”.

Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, ha pedido “extremar las medidas de prudencia” para “no desandar lo andado”. En Aragón, en este periodo se han perdido, “entre empresas y autónomos” alrededor de 4.000. “Salvar empresas es salvar empleos”, ha afirmado, por lo que “es imprescindible la prórroga de los ERTES mientras dure este escenario excepcional”. Mur ha puesto sobre la mesa “el carácter pactista aragonés”, ensalzando el papel del diálogo social, y ha avisado de que “Europa va a ayudar, pero esa ayuda no va a ser gratis”.

Antonio Fontenla, portavoz de CEG Galicia, ha resaltado que en su territorio tienen un “problema muy grave de demografía”, y ha puesto en valor el “esfuerzo extraordinario” del Gobierno gallego para ayudar a las empresas de la región en esta crisis. Según Fontenla, es un “problema enorme” que la región “solo tiene el 14% de su PIB en la industria”, y ha llamado la atención sobre la situación de Alcoa, que supone “el 40% de la industria de la provincia de Lugo”, y o el hecho de que “el AVE no llega”, por lo que están “cansados de incumplimientos”. Ha constatado que allí puesto “donde la industria es fuerte, no hay paro”.

Agustín Manrique de Lara, presidente de CCE Las Palmas, ha expresado su “agradecimiento a la Corona”, ya que los Reyes iniciaron ayer su visita a las CCAA tras la pandemia por esta región. Según Manrique “la crisis sanitaria ha sido leve en Canarias”, pero prevé que la economía “va a verse seriamente afectada”. Para 2021 esperan que la recuperación lleve a un crecimiento del PIB de “entre el 14% y el 16%”, y ha lamentado la pérdida de “tres millones de visitantes en los primeros cinco meses del año”, por lo que considera esencial la prórroga de los ERTEs hasta “la plena recuperación turística”.

José Carlos Francisco, presidente de CEOE Tenerife, ha planteado medidas a corto plazo, como los “ERTEs hasta diciembre”, líneas de liquidez “que se han mostrado importantes” y “el incremento de deuda pública para cubrir los gastos de la pandemia y que no se paren las inversiones públicas”. A futuro, le preocupa que se esté creando “un ecosistema que sea agresivo para el empresario”, en referencia sobre todo a la fiscalidad, algo que sería “contraproducente para lo que el país necesita en su salida de esta crisis”.

Pedro Castro, presidente de CREEX Extremadura, ha comentado algunas debilidades que ya tenía la región con anterioridad a la crisis, como el paro, la falta de infraestructuras, el envejecimiento o la despoblación de las zonas rurales. En esta Comunidad, según Castro, han apostado por el diálogo social y un “espíritu de concertación” que ha arrojado importantes logros para las empresas. Para salir de la crisis “necesitamos que el gobierno se implique con decisión generando seguridad jurídica”, “diálogo”, “eficacia”, ha indicado. Pide “vertebrar un territorio” que camina hacia la despoblación a medio plazo, y ha pedido también al Gobierno “una estrategia de recuperación consensuada”.

Carmen Planas, presidenta de CAEB Baleares, ha traído a su intervención “mensajes positivos”, como el “orgullo de que Baleares haya podido liderar a nivel nacional una desescalada modélica”. “Nuestro deseo -ha asegurado- no era otro que el de generar confianza” para un sector que es “vital para Baleares”, pero también para el PIB nacional, y ha valorado en “35 millones de euros” el mensaje de confianza que se ha traslado. Pero también ha advertido de que debe “mantenernos en alerta” la contracción sin precedentes del PIB de Baleares, que ha sido “de un 4,5%”, lo que, a su parecer, les sitúa “a las puertas de la recesión económica, que va ser muy grave y sin ser agorera muy difícil de superar”, ha vaticinado. “En esta crisis Baleares es muy vulnerable”, lamenta, añadiendo que en mayo “prácticamente se ha duplicado el desempleo” en las islas.

Juan Miguel Sucunza, presidente de CEN Navarra, ha asegurado que se trata de una Comunidad “muy singular”, en la que “la industria supone el 30% del PIB”, así como “muy exportadora”, pero se está notando “de forma seria la paralización de la economía”. Considera que las ayudas europeas son “totalmente necesarias” para reactivar la economía. “No podemos permitir que cierren empresas viables”, ha afirmado. Además, ha destacado la responsabilidad que supone “dejar como herencia una enorme deuda pública”, por lo que ha pedido una “correcta administración de esos fondos”. Sucunza ha hecho también un llamamiento al diálogo y a la “reconciliación”.

Enrique Conde, presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, asegura que tenemos la “oportunidad de transformar la economía a una de alto valor productivo”, y ha puesto en el foco del corto plazo a los sectores del comercio, hostelería y turismo, mientras que ha situado en el medio plazo para la salida de la crisis a la construcción. Ha hecho también una “apuesta por la industria”, poniendo de manifiesto algunas “desventajas competitivas en Cantabria”, entre las que ha mencionado el coste de la energía, las exigencias medioambientales o “la lentitud de la Administración autonómica”. Asimismo, ha pedido apostar por “las empresas más intensivas en tecnología”, “la digitalización del tejido productivo”, “más obra pública en 2020-2021” o “una transición ecológica justa”.

Jaime García Calzada, presidente de FER La Rioja, ha vaticinado que habrá que “lidiar con una crisis económica inédita”. La Rioja la ha sufrido “de forma muy virulenta”, ha afirmado, y ha adelantado que “su economía se contraerá entre un 8% y un 10%”. Ha pedido “poner encima de la mesa todas las herramientas para salvar el máximo de empresas y autónomos posibles y el máximo empleo”. Con un tejido empresarial de “11.000 empresas y 130.000 trabajadores, de las que 4.500 han estado en ERTE” y “quedan por incorporarse 12.500 trabajadores”, por lo que considera que “la adaptación ha sido rápida, menos en aquellos sectores que están en la UVI”. En cuanto al comercio exterior de la región, ha calculado que se perderán “más de 500 millones de los 1.900 millones alcanzados en 2019 por las exportaciones riojanas”, que ha calificado como “una de las fortalezas” de esa Comunidad.

José María Albarracín, presidente de CROEM Murcia, ha reclamado que no se legisle “de espaldas a los empresarios”, y ha puesto en valor su labor durante la crisis, en especial los considerados esenciales, “como el sector primario y el transporte”, pero también “la de aquellos que se vieron obligados a cerrar”. Ha pedido mirar “al empresario como ese caballo que tiene que tirar del carro”, al tiempo que ha dicho que “hay que aprender mucho de lo que ha sucedido” para “no cometer errores del pasado”. Albarracín ha reclamado “colaboración público-privada en lo sanitario, pero también en el sistema educativo”, “que hay que adaptar” a las necesidades actuales. Ha hecho también un reconocimiento “al sector bancario que ha estado al lado de los empresarios”.

Pepe Dhanwani, presidente de CECE Ceuta, ha pedidodiálogo, a nivel de la Ciudad Autónoma, sobre la desescalada, porque, ha asegurado, “entre todos debemos reactivar la actividad económica y social de la ciudad”. Según Dhanwani, las “relaciones comerciales con el vecino Marruecos se han caído”, por lo que “ha llegado el momento de que Ceuta se plantee un nuevo escenario”, ingresando en la unión aduanera “para que Ceuta esté en el mundo y el mundo cuente con nosotros”, ha demandado.

Margarita López Armendáriz, presidenta de CEME Melilla, ha recordado que esta Ciudad Autónoma “es una de las fronteras de Europa con Marruecos”, país con el que “históricamente” han mantenido “relaciones de buena vecindad”, pero de un tiempo a esta parte “se han visto debilitadas”, según la presidenta de los empresarios melillenses desde el cierre de la aduana comercial a mediados de 2018 “decretado de manera unilateral” por el Gobierno marroquí. Por ello, ha reclamado “su reapertura”, así como “una bonificación al transporte de mercancías”, la entrada de Melilla en la unión aduanera o una simplificación administrativa. Ahora “nos tratan de tercer país”, ha lamentado.

Belarmino Feito, presidente de FADE Asturias, ha apoyado el diálogo social, porque “no se debe gobernar por decreto, sino por consenso”. Feito ha comentado que con carácter previo a la pandemia, desde la organización empresarial propusieron un nuevo eslogan para la región, en lugar del conocido ‘Asturias, paraíso natural’: “Sin empresas, no hay paraíso”, “hoy más vigente que nunca”, a su parecer. Ha afirmado que “la industria es un pilar fundamental de la economía asturiana”, y sobre ella se ciernen muchas amenazas que pueden ponerla “en grave riesgo”. Ha recordado la “problemática del sector siderúrgico”, considerando un “grave error la desprotección de la UE al acero”, al tiempo que también ha puesto en valor el importante papel del turismo en la región.

Conclusiones de la cumbre en la Asamblea General de CEOE

CEOE celebra mañana jueves, 25 de junio, su Asamblea General, que contará con la presencia del presidente de Inditex, Pablo Isla, quien presentar junto a Antonio Garamendi las conclusiones de la cumbre ‘Empresas Españolas Liderando el Futuro’.

Este evento, que organiza CEOE con carácter anual, será en esta ocasión el broche final a esta Cumbre Empresarial que se ha venido celebrando desde el pasado 15 de junio.

El Gobierno publica recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19

domingo, 28 de junio de 2020

Coronavirus COVID-19

El Gobierno publica recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19

Lunes 22 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

El Gobierno de España ha publicado una guía, dirigida a profesionales del sector, con recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales comerciales.

El documento establece una serie de criterios técnicos para proteger la salud pública, con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 en espacios y locales públicos con ventilación o climatización mecánica, como pueden ser oficinas, centros comerciales, instalaciones deportivas o culturales, entre otras.

La guía ha sido coordinada por técnicos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con la participación de expertos en salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación. Se ha tenido en cuenta las recomendaciones de las agencias internacionales, organizaciones profesionales y sociedades científicas.

Enlace a la guía

Las recomendaciones son las siguientes:

1- La guía enfatiza que la renovación de aire es el parámetro más importante. Si es posible, se recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo (l/s) y ocupante, que es el valor que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad. Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación de los espacios.

2- Es aconsejable verificar que los equipos encargados de la renovación de aire trabajen, al menos, en sus condiciones nominales de diseño y que las posibles pérdidas de carga, especialmente internas al sistema sean mínimas (filtros con colmatación, etc.).

3- Si el sistema dispone de controles específicos de calidad de aire (sondas de CO2, etc.) se recomienda desconectarlos, dando prioridad al caudal del sistema (por horario). En concreto, en horario laboral, se aconseja trabajar con el caudal máximo que permita el sistema desde dos horas antes de la apertura y hasta dos horas después del cierre. En las horas restantes de la semana, incluido fines de semana, es preferible que el sistema continúe funcionando a bajo caudal, pero nunca a nivel inferior del 25% del caudal de aire nominal.

4- En aquellos dispositivos que lo posibiliten, la guía recomienda eliminar o reducir la recirculación del aire siempre que las condiciones de operación lo permitan.

5- En cuanto a los recuperadores de calor rotativos, se aconseja realizar una inspección antes de ponerlos en funcionamiento. En los recuperadores de placas, por su parte, se recomienda verificar las posibles fugas.

6- Si existe un sistema de extracción específico para la zona de aseos u otras zonas anexas a la oficina -como, por ejemplo, vestuarios-, es recomendable mantenerlos activos de forma permanente.

7- Cuando el edificio, en origen, no disponga de sistemas de ventilación mecánica, la guía recomienda la apertura de ventanas accesibles, favoreciendo la ventilación cruzada. Se aconseja realizar una ventilación regular con ventanas incluso en edificios con ventilación mecánica.

8- Se recomienda no modificar la temperatura de consigna ni de calefacción ni de refrigeración.

9- Los rangos reglamentarios sobre humedad relativa -entre el 30% y el 70%- se consideran adecuados, por lo que la guía aconseja mantener los puntos de consigna previamente establecidos en el edificio.

10- En el caso de que en el edificio haya «fancoils», «splits» inductores u otro tipo de unidades interiores de expansión directa, es aconsejable que estos dispositivos funcionen de manera acompasada y solidaria con las unidades exteriores. La guía recomienda aumentar, tanto como sea técnicamente posible, la filtración del aire recirculado si el equipo lo permite, y siempre y cuando se garantice el caudal de aire nominal del equipo.

11- Si el local presenta dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se aconseja el uso de unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA, ubicadas en los espacios a tratar. Es preciso que mantengan un índice de movimientos hora significativo. La eficacia de estos equipos depende de su correcta selección y dimensionamiento, por lo que se debe realizar por técnico competente.

Particularmente, la guía recuerda que no se pueden usar equipos basados en la generación de ozono en locales con presencia de personas y que la Organización Mundial de la Salud advierte contra la utilización de las lámparas UV-C para desinfectar las manos o cualquier otra superficie de la piel. Por tanto, no se recomienda su uso en ambientes en los que haya presencia de personas.

12- El documento considera las labores de mantenimiento tan relevantes como las de operación del sistema. Así, en el supuesto de aquellos edificios y establecimientos que hayan cerrado o cesado su actividad, es recomendable realizar una revisión general de la instalación de climatización antes de la reapertura, limpiando rejillas, difusores, filtros y baterías. Y si la instalación es de ventilación, es conveniente realizar un proceso de purga del aire interior tanto del edificio como del sistema, para lo que bastaría con el arranque del sistema de ventilación para ofrecer un número de renovaciones del aire interior adecuado.

13- La guía no considera preceptivo realizar la limpieza de los conductos si se siguen las recomendaciones anteriores sobre el aumento del aporte de aire exterior, ausencia de recirculación y parada de recuperadores rotativos. Esta recomendación no exime de la preceptiva revisión, una vez por temporada, de la red de conductos según los criterios de la norma UNE 100012.

14- Es aconsejable reemplazar los filtros de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento ya establecido en cada edificio. Si el ventilador del equipo lo permite, se recomienda mejorar la eficacia del filtro, siempre que se garantice el caudal de aire nominal del equipo.

15- El documento también estima conveniente revisar y limpiar las unidades de impulsión y retorno.

16- Las labores de mantenimiento deben realizarse de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas en los protocolos de cada empresa y según las directrices del Ministerio de Sanidad. En concreto, la guía enfatiza la necesidad de actuar de forma segura en el caso de cambios de filtro. Las medidas de protección serán las habituales, incluyendo protección respiratoria obligatoria y guantes para todas ellas.

17- Ante un posible caso positivo de COVID-19, se recomienda que el espacio donde se haya alojado la persona sea ventilado durante, al menos, cuatro horas. La ventilación debe comenzar al menos dos horas antes de iniciar las labores de desinfección. Dentro del protocolo de limpieza y desinfección del espacio, se recomienda incluir las rejillas de impulsión y retorno de aire; la extracción, la limpieza y desinfección del filtro de la unidad interior si la hubiera (fancoil, split); y la limpieza y desinfección de la unidad interior, si existe, pulverizando una solución desinfectante.