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Archivo del 29 de junio de 2020

La Coruña en el horizonte desde Oleiros

lunes, 29 de junio de 2020

Campo retoma, con una reunión en la Real Academia Española, los trabajos de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico

lunes, 29 de junio de 2020

Campo retoma, con una reunión en la Real Academia Española, los trabajos de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico

Miércoles 24 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mantenido un encuentro con el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz, para iniciar una línea de colaboración con la institución dirigida a avanzar en mecanismos que permitan materializar el derecho a comprender.

Campo ya anunció a primeros de marzo su compromiso para reanudar durante su mandato los trabajos de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. Un órgano que impulsó en su etapa como secretario de Estado en 2011 y cuyas conclusiones apenas tuvieron desarrollo tras el cambio de Gobierno.

Con esta reunión, el ministro retoma ese objetivo de su departamento para la consecución de un lenguaje jurídico que sea comprensible, «que permita un diálogo fluido entre la ciudadanía y la Administración de Justicia».

La idea compartida con el director de la RAE es potenciar la colaboración y establecer equipos conjuntos que permitan ir normalizando textos y plantillas para el sector Justicia.

Las recomendaciones dirigidas tanto a instituciones como a profesionales del sector y a medios de comunicación que, en su día, realizaron los expertos de la Comisión son hoy el punto de partida para el trabajo de campo que el Ministerio pretende desarrollar de ahora en adelante.

El futuro de la modernización del lenguaje jurídico pasa, según entiende el ministro de Justicia, por ir marcando directrices claras fundamentalmente en el ámbito legislativo a la hora de elaborar las normas, pero también en vectores como la formación universitaria o las escuelas de prácticas, entre otros.

La AEPD publica un listado con los equívocos más comunes relacionados con el uso de la biometría y cómo afectan a la protección de datos

lunes, 29 de junio de 2020

23 de Junio de 2020

La AEPD publica un listado con los equívocos más comunes relacionados con el uso de la biometría y cómo afectan a la protección de datos

El documento ha sido desarrollado en colaboración con el Supervisor Europeo de Protección de Datos

Está dirigido a responsables, encargados o delegados de protección de datos, entre otros, con el objetivo de explicitar las implicaciones de este tipo de tratamientos

aepd.es

(Madrid, 23 de junio de 2020). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nota técnica que incluye catorce equívocos relacionados con el uso de la biometría y cómo afectan a la protección de datos. El documento, dirigido a responsables, encargados y Delegados de Protección de Datos, entre otros, tiene como objetivo ofrecer información acerca de las confusiones e imprecisiones más comunes que suelen asociarse al empleo de esta tecnología, de forma que estos colectivos puedan comprender las implicaciones de un tipo de tratamiento tan complejo.

La nota técnica ha sido desarrollada junto al Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS, por sus siglas en inglés) en el marco de la colaboración que mantiene la AEPD en el ámbito tecnológico con diversas instituciones nacionales e internacionales. La colaboración con el EDPS se materializó por primera vez en el desarrollo de la nota técnica Introducción al hash como técnica de seudonimización de datos personales.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) define en su artículo 4 los datos biométricos como aquellos “datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. Asimismo, cuando los datos biométricos se usan como medio de identificación, el RGPD establece en su artículo 9 que se trata de categorías especiales de datos y prohíbe expresamente su tratamiento dirigido a identificar de manera unívoca a una persona física.

Entre los equívocos más comunes relacionados con la biometría se encuentra la afirmación de que los sistemas de identificación y autenticación biométrica son más seguros para los usuarios. En este sentido, la Agencia advierte de que el acceso no autorizado a datos biométricos en un sistema permitiría o facilitaría el acceso en el resto de los sistemas que utilicen dichos datos biométricos. Esto tendría el mismo efecto que usar la misma contraseña en muchos sistemas distintos y, a diferencia de los sistemas basados en contraseñas, una vez que la información biométrica ha sido comprometida, esta no se puede cancelar. También alerta de que la información biométrica se almacena cada vez en más entidades y dispositivos, lo que aumenta exponencialmente la probabilidad de una brecha de seguridad de información biométrica.

Otro ejemplo de los catorce puntos que componen el listado es el referido a que la identificación y autenticación biométrica es un sistema fuerte. Por definición, se considera que utilizar únicamente biometría constituye un proceso débil de identificación y autenticación. Aunque en muchas ocasiones la autenticación biométrica requiere un proceso previo de identificación, la Agencia alerta de que si tras el proceso de identificación la autenticación es solo biométrica, seguiría siendo un sistema débil.

La Seguridad Social efectúa el primer pago del Ingreso Mínimo Vital

lunes, 29 de junio de 2020

Protección social

La Seguridad Social efectúa el primer pago del Ingreso Mínimo Vital

Viernes 26 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

Se abonan un total de 32 millones de euros a 74.119 hogares beneficiarios, reconocidos de oficio procedentes de la prestación por hijo a cargo. En los hogares que han cobrado hoy viven más de 250.000 personas, más de la mitad de ellas menores. Desde la entrada en vigor, el pasado 15 de junio, se han registrado 344.585 solicitudes, la mayoría por vía telemática.

La Seguridad Social abona hoy viernes el primer pago del Ingreso Mínimo Vital a 74.119 hogares de toda España. Se trata de quienes venían recibiendo la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33% y que han sido reconocidos de oficio como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En total, la Seguridad Social ha destinado 32 millones de euros a este pago en el mes de junio, lo que supone una ayuda media por hogar de más de 430 euros al mes.

Los hogares reconocidos de oficio son aquellos de los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tenía información suficiente sobre la composición del hogar para poder realizar la reconversión. La Seguridad Social les avisó, previamente, por SMS y carta para que no tuvieran que solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

El resto de los beneficiarios de la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor al 33% que puedan ser beneficiarios de la nueva prestación deberán solicitarlo, ya que no constaba información suficiente para reconvertir de oficio la prestación.

En el cuadro inferior, se detalla el número de hogares que percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital por provincias:

Número de hogares que percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital por provincias

Número de hogares que percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital por provincias

En los 74.119 hogares que recibirán este viernes el Ingreso Mínimo Vital viven más de 250.000 personas, de las que más de la mitad son menores de edad.

En el cuadro inferior, se desglosan el número de personas (adultas y menores) de los hogares que están percibiendo ya la prestación:

Número de personas (adultas y menores) de los hogares que están percibiendo ya la prestación:

Número de personas (adultas y menores) de los hogares que están percibiendo ya la prestación

Solicitudes

En los primeros diez días desde el inicio del plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, se han registrado en el INSS 344.585 solicitudes, la mayoría presentadas por vía telemática, ya que la atención presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) se ha retomado ayer.

Solicitudes del Ingreso Mínimo Vital acumulado a 23 de junio de 2020

Solicitudes del Ingreso Mínimo Vital acumulado a 23 de junio de 2020

Los ciudadanos se pueden informar sobre el Ingreso Mínimo Vital a través de la página web de la Seguridad Social y mediante el nuevo asesor virtual, ISSA. También disponen de una herramienta de simulación, donde pueden comprobar si cumplen los requisitos, y de una línea de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que funciona de 8.30 a 20.30 horas.

El Ingreso Mínimo Vital fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. Completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, distribuida en doce pagas.

Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 830.000 hogares podrían ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En ellos viven unos 2,2 millones de personas de los que la mitad son menores.

Requisitos

El primer requisito para acceder al Ingreso Mínimo Vital será el de la vulnerabilidad económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho. Habrá un titular por unidad de convivencia, que deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en los que no habrá requisito de edad.

Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos doce meses.

Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud. Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar. Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.

Por último, de manera excepcional se ha adelantado a hoy el pago de la prestación familiar por hijo a cargo semestral que correspondía abonar en el mes de julio.

El CGPJ convoca las subvenciones destinadas a financiar la organización, funcionamiento y actividades de las asociaciones judiciales

lunes, 29 de junio de 2020

Lunes, 22 de junio de 2020

El CGPJ convoca las subvenciones destinadas a financiar la organización, funcionamiento y actividades de las asociaciones judiciales

El órgano de gobierno de los jueces destina a este fin una partida que asciende a un importe máximo de 426.100 euros. En el presente mandato del Consejo, las asociaciones judiciales han recibido más de 2,6 millones de euros en subvenciones

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado abrir la convocatoria anual para la concesión de subvenciones a las asociaciones judiciales. Esta ayuda económica, cuyas bases reguladoras aprobó el CGPJ en abril de 2017, tiene como finalidad facilitar el funcionamiento general de dichas asociaciones, fomentar el asociacionismo judicial y lograr un mayor dinamismo en la realización de actividades.

Las subvenciones se financiarán con cargo al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces, que en esta convocatoria destinará un importe máximo de 426.100 euros a este fin.

Las asociaciones podrán solicitar la subvención en atención a cuatro capítulos objeto de financiación: gastos de organización y funcionamiento; realización de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa; efectiva implantación en la Carrera Judicial; y resultados de las últimas elecciones a las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia.

La decisión sobre la concesión de las ayudas corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos, que elaborará una propuesta de resolución basándose en los criterios de distribución fijados en las bases reguladoras. Una vez sea firme, la propuesta se elevará a la Comisión Permanente para su aprobación definitiva, que será recurrible en vía administrativa o directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La subvención por gastos de organización y funcionamiento se distribuirá en función del porcentaje de representación de la Carrera Judicial que tenga cada asociación; la dirigida a las actividades de interés se distribuirá de acuerdo con la puntuación atribuida a cada solicitud, según el catálogo y baremo fijados en la normativa aplicable; la subvención por grado de implantación de la asociación se distribuirá de forma proporcional al número de afiliados acreditados y, por último, la subvención en función de los resultados de las últimas elecciones a las salas de gobierno se distribuirá según los votos recibidos por los candidatos afiliados o avalados por cada asociación.

Durante este mandato, el Consejo General del Poder Judicial ha destinado un total de 2.682.831€ a subvencionar a las cuatro asociaciones judiciales que han acreditado tener un grado de implantación en la Carrera Judicial de más del 3 por ciento, que es uno de los requisitos que deben cumplir para poder optar a las ayudas.

Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que actualmente cuenta con 1.349 afiliados (lo que supone un 25,2 % del total de jueces y magistrados en activo que integran la Carrera Judicial); Francisco de Vitoria (AJFV), con 838 afiliados (15,7 %); Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), con 463 afiliados (8,7 %) y Foro Judicial Independiente (FJI), con 334 afiliados (6,2 %).

En la última convocatoria de subvenciones, resuelta en 2019, la APM recibió un total de 140.604 euros, que equivale al 33,23 % de sus ingresos totales; AJFV percibió 120.914 euros, equivalente al 30,8 % de sus ingresos; JJpD 105.498 euros, que representa el 44,25 % sus ingresos; y FJI 85.917 euros, que equivale al 51,89 % de sus ingresos.

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUDICIALES 2014-2019

201420152016201720182019TOTAL
APM148.732141.016132.123130.738132.422140.605825.639
AJFV122.002116.025109.505118.636120.533120.914707.618
JJpD122.417111.741103.995104.498100.299105.498648.451
FJI89.91986.85676.59980.60581.22385.917501.121
Total485.084457.655424.240436.496436.497454.9552.682.831