AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 30 de junio de 2020

Santander. Mesa zodiacal

martes, 30 de junio de 2020

El número de empresas concursadas aumenta un 14% en 2019

martes, 30 de junio de 2020

El número de empresas concursadas aumenta un 14% en 2019

29/06/2020 | Notas de Prensa registradores.org

•El importe total de pasivos afectados repunta y se sitúa por encima de los 7.700 millones de euros.

•Casi el 70% de las concursadas sigue sin tener ninguna posibilidad de reducir su deuda.

En 2019 el número de concursos analizados, según la fecha del auto de declaración, repunta un 14%, superando los 4.100, claramente por encima del suelo de aproximadamente 3.500 concursos que aparentemente se había establecido durante los últimos años. Consecuentemente, los pasivos incursos en el procedimiento concursal también aumentan, un 12,7% sobre 2018, aunque tan sólo supone un 3,7% de incremento respecto a 2017. La concursada típica continúa perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con doce años de edad, tiene contratados más de 6 empleados y un pasivo que supera ligeramente los 400.000 euros (frente a los casi 600.000€ de 2015, o los 900.000€ de 2014).

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del Anuario Concursal elaborado por el Colegio de Registradores, con el asesoramiento científico de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles.

La situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 94,2% de los casos) sigue estando bastante deteriorada: dos tercios reflejan pérdidas netas (resultado del ejercicio negativo) y más de la mitad de ellas ni tan siquiera se puede plantear la devolución de la deuda por su falta de recursos generados (el resultado del ejercicio más amortizaciones y provisiones ofrecen también resultado negativo).

De nuevo, tan solo alrededor de un 15% tendría capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites habituales de la Ley concursal.

En 2019 la proporción de concursos de sociedades del ciclo de la construcción sigue disminuyendo; un 23,1%, frente al 30,1% en 2016, 27,3% en 2017 y 25,8% en 2018, muy lejos ya del 48,3% de 2008. Del total de concursadas, pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 61,7% de las sociedades.

Reasignación de recursos y recuperación del crédito

En 2019, y ya como característica estructural del procedimiento, de las 2.067 fases sucesivas iniciadas (convenio o liquidación), un 83,8% fueron liquidaciones directas, y un 9,7% liquidaciones procedentes de intentos fallidos de reestructuración. En más de 1.500 casos, se produce incluso la conclusión del concurso simultáneamente a su apertura, por insuficiencia de recursos del deudor concursado para costear el procedimiento concursal.

En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana en 2019 ha sido sensiblemente mejor que los últimos años, el 49,1% del pasivo (47,6% en 2018, 47,1% en 2017, y 46,2% en 2016), ascendiendo al 92,1% (75,8% en 2018) en el caso de propuestas anticipadas de convenio, esto es, sin necesidad de celebración de junta de acreedores.

En 2019, de los 94 casos analizados, en tan solo uno de ellos se ofreció a los acreedores la posibilidad de participar del riesgo del capital, por medio de un crédito participativo.

Duración del concurso

Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en más de dos tercios de los casos (62,3% en 2018, 61,6% en 2017 y 57,6% en 2016), mientras que en los ordinarios ese plazo solo lo cumplen el 42%. Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en aquellos concursos solicitados por el deudor, es decir, voluntarios.

En 2019 se ha estimado que el concurso típico abreviado tarda 716 días en concluir (937 en 2018 y 990,5 en 2017), mientras que los ordinarios requieren de 2.077 días (2.009 en 2018 y 1.698 en 2017). La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales.

En este anuario se observa de nuevo que existe una asociación positiva entre la dimensión de la concursada y la duración de la fase común (previa al convenio o la liquidación, por tanto tiempo atribuible enteramente al procedimiento y no a operaciones societarias como la liquidación). Y es el indicador de pasivo exigible el que refleja diferencias más claras, con más de 962.000 euros en el grupo de mayor duración (el 25% que tarda más en concluir la fase común) frente a los poco más de 680.000 euros registrados en el extremo opuesto (25% que tarda menos).

Ciclo de la construcción

Con un repunte en el número de sociedades concursadas, el ciclo de la construcción representó el 23,1% de la muestra, cifra inferior a las de los años anteriores (25,8% en 2018, 27,3% en 2017, 30,1% en 2016, 32,8% en 2015, 35% en 2014, 41,1% en 2013). Del total de pasivos afectados en 2019 (más de 7.700 millones, frente a los 6.800 de 2018 o 7.500 de 2017), la construcción mantiene el 40% de ese importe.

De forma similar a ejercicios anteriores las sociedades inmobiliarias reflejan los peores niveles de viabilidad: caso de generar recursos positivos (40% de los casos) requerirían 33 años para atender la totalidad de sus pasivos, siendo esta perspectiva incluso peor a la de 2018 (28 años). La sociedad típica del subsector de la Construcción con recursos generados positivos (48% del total) tardaría 15 años.

Acuerdos Extrajudiciales de Pagos

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un procedimiento de renegociación preconcursal, pensado para deudores insolventes con pasivo estimado inicial no superior a los cinco millones de euros.

Durante 2019 se registraron un total de 25 solicitudes de Acuerdos Extrajudiciales de Pago realizadas por personas jurídicas. Así pues, se puede decir que es un número muy reducido, especialmente si se tienen en cuenta los 4.421 nuevos expedientes que afectaron a 5.313 personas físicas a lo largo de ese mismo año.

Las personas jurídicas solicitantes del Acuerdo Extrajudicial de Pagos en 2019 ofrecieron una imagen financiera similar a las concursadas (el 70% registran pérdidas, un 27% poseen fondos propios negativos, y la mitad no podrían reducir su deuda en ningún caso).

Un año más se confirma con los datos anteriores que el Acuerdo Extrajudicial de Pago, en lo que se refiere a sociedades mercantiles, se configura más como medio para retrasar el inicio del concurso que como mecanismo alternativo al mismo.

Entrega del Premio Pyme del Año 2019

martes, 30 de junio de 2020

Entrega del Premio Pyme del Año 2019

Maroto: «El Marco Estratégico en Política Pyme 2030 debe ser la hoja de ruta a seguir en la etapa de reactivación económica y social en la que nos encontramos»

Lunes 29 de junio de 2020

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que tenems que prepararnos para la reconstrucción económicay social, donde las pequeñas y medianas empresas tendrán un papel protagonista.

lamoncloa.gob.es

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presidido el acto de entrega del Premio Nacional Pyme del Año 2019, que ha recaído en la empresa ‘Señorío de Montanera’.

Para la ministra, «una vez hemos dejado atrás los meses más duros de la pandemia, debemos prepararnos para la reconstrucción económica y social, y las pymes deben ser protagonistas de esta Nueva Economía; es un trabajo colectivo, un camino que debemos construir entre todos, en el que Europa va a ser una aliada. Esta vez Europa debe salvar a Europa».

La ministra ha recordado la aprobación en abril de 2019 del Marco Estratégico en Política Pyme 2030, cuyo objetivo es mejorar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas de cara a los retos de globalización, digitalización, además de contribuir a crear un clima adecuado para favorecer su crecimiento. El Marco estratégico se organiza en siete palancas: Emprendimiento, Gestión empresarial y Talento, Marco regulatorio, Financiación, Innovación y Digitalización, Sostenibilidad, e Internacionalización. En su opinión, «este marco debe ser la hoja de ruta a seguir en la etapa de reactivación económica y social en la que nos encontramos; ahora más que nunca, la colaboración público-privada cobra mayor relevancia con el fin de identificar las medidas más adecuadas y apoyar al máximo a nuestras empresas con el objetivo de relanzar la economía y recuperar el empleo perdido».

La ministra ha recordado el papel de ICEX, de CESCE, ENISA y de las Oficinas Económicas y Comerciales distribuidas en cien países para acompañar a las pymes en su financiación e internacionalización: «La reactivación del comercio y la inversión directa debería ser un factor dinamizador de la recuperación económica, tal como ocurrió en 2008. Es más necesario que nunca un nuevo impulso al enfoque multilateral y la retirada de las medidas proteccionistas de los últimos años. En el contexto de la UE, España tiene que defender más que nunca un marco multilateral con reglas claras y transparentes».

El resto de Premios Pyme del Año 2019 -convocados por Banco de Santander y Cámara de Comercio de España, con la colaboración de PRISA- han recaído en las empresas IDE Electric (Internacionalización), Zennio Avance y Tecnología (Digitalización e Innovación), Joselín Sobaos y Quesadas (Formación y Empleo), y División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas (Empresa Responsable).

El Ministerio de Justicia presenta sus planes de choque a las CCAA, a los sindicatos y a los colectivos de jueces, fiscales y letrados

martes, 30 de junio de 2020

Plan de actuación tras COVID-19

mjusticia.gob.es

El Ministerio de Justicia presenta sus planes de choque a las CCAA, a los sindicatos y a los colectivos de jueces, fiscales y letrados

• El departamento que dirige Juan Carlos Campo despliega a todos sus altos cargos en una ronda de consultas para explicar las medidas de refuerzo en las jurisdicciones de lo social, contencioso-administrativa y mercantil que tendrán un estricto sistema de control y seguimiento.

• Se establece una actuación en dos fases a partir del 1 de septiembre en los órganos judiciales más afectados por el incremento de asuntos derivados de la crisis.

26 de junio de 2020.- El ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo, ha iniciado hoy una ronda de consultas para presentar a las comunidades autónomas, sindicatos y operadores jurídicos el plan de actuación comprometido en la disposición adicional decimonovena del real decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Dicho plan debe ser aprobado en el Consejo de Ministros, probablemente, el próximo 7 de julio.

Justicia ha desplegado hoy a todos sus altos cargos en distintas reuniones sectoriales para explicar las medidas de refuerzo de los órganos de las jurisdicciones social y contencioso-administrativa y de los juzgados de lo mercantil que se activarán en dos fases a partir del 1 de septiembre.
El reto más significativo para la Administración de la Justicia, a día de hoy, es hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad derivado de la ralentización de la actividad durante la crisis, así como de las medidas extraordinarias que se han tenido que adoptar y las consecuencias de la coyuntura económica.

Se pretende, por lo tanto, reforzar aquellos órganos judiciales que afrontarán el mayor incremento de entrada de asuntos, con el objetivo de que recuperen, de forma paulatina, la normalidad en su actuación, reduciendo en lo posible la pendencia acumulada.

El plan de refuerzo establece una actuación en dos fases diferenciadas:

  • Primera fase: Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020 los apoyos se concentrarán en los órganos judiciales de los órdenes social y mercantil con una carga de trabajo superior al 130% del módulo establecido por el CGPJ.
  • Segunda fase: A partir del 1 de enero de 2021 se contará con datos más completos del impacto de la crisis, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar en esta fase que afectarán a las tres jurisdicciones.

Se adoptarán, por un lado, medidas de autorrefuerzo que consistirán en el establecimiento de un programa concreto de actuación por objetivos para personal destinado en el propio órgano que percibirá por ello una retribución extraordinaria. Podrán participar el titular del órgano judicial, un letrado de la Administración de Justicia, dos gestores/tramitadores y un auxilio judicial por órgano. A priori, esta medida está destinada a dar cobertura a 229 órganos de lo social (64,31% del total) y a 86 órganos mercantiles (86% del total de la jurisdicción).
Además, mediante medidas de refuerzo externo, se apoyará al órgano judicial con personal que no está destinado en la sede. Se nombrará para ello a un juez, un letrado de la Administración de Justicia (social) o uno por cada dos jueces (mercantil), dos gestores y dos tramitadores por órgano, y un auxilio judicial por cada cuatro equipos. Se reforzarán con estas actuaciones 57 órganos de lo social (16,01%) y 66 juzgados de lo mercantil (66%) pero se podrá extender su aplicación a otros órganos en función de su pendencia.

Finalmente, se establecen medidas estructurales, consistentes en la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, cuya creación estaba prevista con anterioridad al estado de alarma. Ello contribuirá de manera natural a absorber y minimizar el impacto del incremento de asuntos.

En el ámbito de la jurisdicción social, el objetivo a conseguir será la resolución de, al menos, 145 procedimientos mensuales. Si se trata de refuerzos externos, el objetivo consistirá en la realización de las actuaciones procesales debidas para el señalamiento y resolución de más de un centenar de procedimientos mensuales de carácter preferente.

En el ámbito de lo mercantil, el objetivo de la primera fase será la resolución de los procedimientos de menor complejidad pero que suponen un elevado porcentaje en la carga de trabajo del juzgado. Con las medidas de autorrefuerzo se tratará de incrementar la resolución de los asuntos por reclamaciones aéreas en un 20%. El objetivo de las medidas de refuerzo externo consistirá en la realización de las actuaciones para la resolución de, al menos, 180 procedimientos mensuales en materia de reclamaciones aéreas.

Al frente de la reunión celebrada con las CCAA, el secretario de Estado, Pablo Zapatero, ha abundado en la cogobernanza y la coordinación como una fórmula de éxito ya comprobada durante la gestión de la crisis y que el Ministerio pretende mantener más allá de la pandemia. En ese sentido, el secretario de Estado ha pedido hoy a los representantes de las CCAA un esfuerzo común como punto de partida, que pasa por “compartir datos para hablar un mismo lenguaje”. Zapatero les ha planteado la posibilidad de trabajar conjuntamente en un sistema de información abierta que permita una gestión eficiente por parte de todos.

Zapatero pretende acordar este protocolo de actuación con las CCAA para ir encaminando ya los trabajos que se desarrollarán al hilo de la Conferencia Sectorial que se celebrará a finales de julio.

La directora general para el Servicio Público de la Justicia, Concha LópezYuste, ha explicado que se trata de un plan “dinámico y sujeto al cumplimiento de objetivos”, por lo que cada quince días se realizará un control y evaluación de su funcionamiento “por responsabilidad en la rendición de cuentas ante la ciudadanía”. Ello permitirá- entiende López Yuste- adaptar las medidas a las circunstancias del momento y anticipar las actuaciones que se pondrán en marcha en la segunda fase.

La reunión con las asociaciones de jueces y fiscales ha estado presidida por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concha López-Yuste. Han asistido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar; el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, Ignacio González; el representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Riestra; la presidenta del Foro Judicial Independiente; Concepción Rodríguez; la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato y el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada.

Por su parte, el subdirector general de Acceso y Promoción del Personal al servicio de la Administración de Justicia, José Ramón Crespo, ha destacado la receptividad y clima constructivo mostrados por los representantes sindicales con los que se ha reunido, entre ellos, Javier Jordán, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF); Emilia Rubio, del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ); Javier Hernández, de Comisiones Obreras (CCOO); Victoria Carrero, de la Unión General de Trabajadores (UGT), Xosé Barreiro, de la Confederación Intersindical Galega (CIG); e Imanol Oyarzabal, de Euskal Sindikatua (ELA).

Con posterioridad a la reunión con las CCAA, el subdirector general de Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal, Francisco Cabo, mantendrá hoy también un encuentro con representantes de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia.

El Gobierno acuerda con GSMA la ampliación del Mobile World Congress hasta 2024

martes, 30 de junio de 2020

23 de junio de 2020

El Gobierno acuerda con GSMA la ampliación del Mobile World Congress hasta 2024

mineco.gob.es

El Consejo de Ministros autoriza el acuerdo con GSMA relativo a las consecuencias derivadas de la cancelación del MWC de 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19Con este acuerdo, se da el impulso necesario a la celebración de las próximas ediciones del MWC, reafirmando así la posición de Barcelona como capital mundial del móvil

El impacto económico y laboral de la última edición, celebrada en 2019, se estima en unos 470 millones de euros y 13.000 empleos

23 de junio de 2020.- El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Entidad Pública Empresarial Red.es a llegar a un acuerdo con GSMA, entidad organizadora del Mobile World Congress, para resolver las consecuencias derivadas de la cancelación del MWC 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria de la COVID-19. De esta forma se impulsa la celebración de las próximas ediciones y se amplía la celebración del evento hasta 2024.

La autorización, en forma de Real Decreto, permite resolver de forma transaccional los efectos de la suspensión del MWC. Por un lado, Groupe Special Mobile Association (GSMA) ofrece a la Administración General del Estado una tarifa muy reducida y en condiciones ventajosas para la edición del MWC de 2021 en compensación por los gastos a los que hubo que hacer frente en 2020 y se amplía el período de celebración del congreso en Barcelona un año más hasta 2024.

Por otro lado, la Fundación Barcelona Mobile World Capital, que integra a las administraciones públicas e instituciones que respaldan la celebración del congreso, hará frente a sus compromisos financieros con GSMA en 2020. Esta aportación será devuelta en caso de que finalmente no pueda celebrarse la próxima edición en Barcelona en 2021.

El MWC tiene un importante impacto económico y social, y supone la mayor referencia a nivel mundial en el sector de la telefonía móvil. La edición de 2019 reunió a más de 109.000 visitantes de 198 países y contó con más de 2.400 compañías participantes, con un impacto económico estimado de unos 470 millones de euros y 13.000 empleos