Bahía de Santander
viernes, 31 de julio de 2020
Archivo de julio de 2020
El juez mantiene la suspensión cautelar de la fusión de Mediaset Italia y su filial española
viernes, 31 de julio de 2020Jueves, 30 de julio de 2020
El juez mantiene la suspensión cautelar de la fusión de Mediaset Italia y su filial española
El mantenimiento de las denominadas acciones de lealtad en los nuevos acuerdos sociales ha resultado el argumento clave para que no se haya procedido al alzamiento de la medida. El magistrado rechaza también la posterior demanda de Vivendi, socio del grupo italiano de medios de comunicación, para paralizar el proceso de integración transfronteriza después de que se modificarán aspectos del mismo en la nueva junta de accionistas celebrada en febrero de 2020 con la finalidad de sacar adelante la operación
Autor: Comunicación Poder Judicial
El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha desestimado la solicitud de Mediaset España para levantar las medidas cautelares acordadas por el mismo órgano judicial el pasado mes de octubre de 2019 y, por tanto, los acuerdos sociales aprobados en su día por la junta de accionistas de esta sociedad para fusionarse con su matriz italiana se mantienen suspendidos.
Además, y al margen de la confirmación de esta medida cautelar, cuya adopción fue ratificada íntegramente por la Audiencia Provincial en el posterior el recurso de apelación, el magistrado desestima también la nueva demanda formulada por Vivendi (propietaria del 28,8% de Mediaset Italia) el pasado mes de junio, que tenía por objeto paralizar el proceso de integración mercantil de las dos sociedades. Esta segunda demanda impugnaba los acuerdos sociales adoptados en la junta de Mediaset España, celebrada el pasado 5 de febrero, y que modificaban de hecho aspectos formales en el proceso de fusión. Precisamente, esos cambios, introducidos con la finalidad de desbloquear el proceso y salvar la oposición de Vivendi, motivaron la petición de Mediaset España al juez para levantar la suspensión de los acuerdos de fusión iniciales. Petición que, como se ha indicado, ha sido desestimada.
En un amplio auto de 44 páginas, el juez se ratifica en su primera resolución, mantiene la suspensión y manifiesta literalmente su “perplejidad por un giro tan radical en los planteamientos de Mediaset España, quizás solo explicables por el pragmatismo del que deben hacer gala frecuentemente los empresarios en sus negocios y por el ánimo de lograr sacar adelante la fusión”.
Ya en el auto del pasado mes de octubre en el que se adoptaron las medidas cautelares, ahora nuevamente confirmadas, el magistrado argumentaba de manera directa que la operación de fusión transfronteriza en cuestión “parece apuntar a un cuadro global en el que estas modificaciones estructurales (integración de la sociedad española y la italiana para trasladar la nueva compañía a Holanda) parecen estar dirigidas simultáneamente a blindar el poder de Fininvest (accionista italiano) y a debilitar el de Vivendi, que quedará diluida en el plano de los derechos políticos y sin posibilidad alguna de ejercer unos elementales derechos como accionista”. Este análisis del litigio, junto con otros argumentos jurídicos, llevaron al juez a suspender los citados acuerdos.
Ahora, tras las modificaciones llevadas a cabo por la Junta General Extraordinaria de Mediaset España del pasado 5 de febrero de 2020, el juez entiende que “no cabe duda que la manifestación de ‘abusividad’ relativa a las cláusulas estatutarias ‘anti-Vivendi’ ha quedado en gran medida solventada”. Y subraya: “En un hipotético escenario en que se hubiera tratado del único elemento en que Vivendi hubiera basado su alegato de ‘abusividad’, tras las profundas modificaciones estatutarias realizadas, la petición de alzamiento de las medidas hubiera resultado posiblemente estimada por este juzgador.”
Las acciones de lealtad, clave para no alzar la suspensión
En este sentido, el mantenimiento de las denominadas acciones de lealtad ha resultado clave para no alzar la suspensión. Así, el magistrado se expresa textualmente en la resolución: “Las modificaciones acordadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 5 de febrero de 2020 abordan y desactivan la posible abusividad de algunos de los términos en que está planteada la Fusión pero no de todos; nos referimos concretamente a las acciones especiales de voto, voto de lealtad o acciones de voto plural. Así lo reconoce la propia Mediaset España en el Informe Complementario al denominado Acuerdo de Regularización menciona que el mismo provoca ‘la remoción de los motivos de impugnación más relevantes’”.
No existe peligro por la demora procesal
Respecto de la demanda de Vivendi para detener el proceso tras la modificación estatutaria, el magistrado expone en el auto, entre otros argumentos jurídicos, que no puede atender a la citada reclamación porque “pese a que existen indicios suficientes para entender que se han podido cometer diferentes infracciones de ley en la adopción de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España Comunicación, S.A. celebrada el 5 de febrero de 2020, no se ha acreditado el periculum in mora (peligro por la demora procesal); razón por la cual –concluye- hemos decidido desestimar la medida cautelar de anotación preventiva de la demanda como de publicación en el BORME”.
Este auto puede ser recurrido en apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, el órgano judicial competente en la resolución de asuntos de naturaleza mercantil.
El Tribunal Supremo anula el artículo que regula la obligación de informar a Hacienda sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos
viernes, 31 de julio de 2020Lunes, 27 de julio de 2020
El Tribunal Supremo anula el artículo que regula la obligación de informar a Hacienda sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos
La Sala aplica la sentencia del caso ‘Airbnb Ireland’ del TJUE e invalida la disposición española por no haber sido notificada su tramitación a la Comisión Europea
Autor: Comunicación Poder Judicial
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado y dejado sin efecto el artículo 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, introducido en 2017, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era preceptivo.
El TS ha estimado el recurso de la Asociación española de la Economía Digital ADIGITAL contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.
El Supremo aplica al caso la sentencia del TJUE en el ‘caso Airbnb’, de 19 de diciembre de 2019, de la que se desprende que una norma como el artículo 54 ter del citado Reglamento “debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su invalidez”.
Para el alto tribunal, “los términos de la sentencia del TJUE (…) son claros, estamos ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de trasposición de la directiva de información , y en consecuencia debería haber notificado el Estado español a la Comisión Europea la intención de aprobar la norma reglamentaria que ahora se impugna, lo que no ha hecho, por lo que se producen los efectos que se derivan de dicho incumplimiento formal, y en consecuencia, procede dar lugar al recurso contencioso-administrativo y anular y dejar sin efecto el reglamento impugnado por ser contrario a Derecho”.
Dicho artículo 54 ter establecía que “las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español en los términos establecidos en el apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien”. Establecía que tendrán la consideración de intermediarios todas las personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso a que se refiere el apartado anterior, ya sea a título oneroso o gratuito, en particular las personas o entidades que, constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información.
También regulaba que los datos que debía contener la declaración informativa. Como la identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos, así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos. También la identificación del inmueble con especificación del número de referencia catastral o en los términos de la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente, y la identificación de las personas o entidades cesionarias, así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, y además el importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.
El Consejo de Administración de BME nombra presidente a Jos Dijsselhof
viernes, 31 de julio de 2020El Consejo de Administración de BME nombra presidente a Jos Dijsselhof
•David Jiménez-Blanco, hasta ahora consejero coordinador de la compañía, es el nuevo vicepresidente no ejecutivo de BME y el futuro presidente no ejecutivo de la Bolsa de Madrid
•Todos los puntos del orden del día aprobados en la Junta General Extraordinaria celebrada hoy en Madrid
•El número de consejeros se reduce a 6
•Eduardo Ansaldo será designado presidente de la Bolsa de Barcelona y Jorge Yzaguirre presidente de Sociedad de Bolsas
30 julio 2020
Hoy se ha celebrado en Madrid la Junta General Extraordinaria de BME y se han aprobado todos los puntos del orden del día. La Junta se ha celebrado de manera telemática.
Además, el Consejo de Administración de BME ha nombrado presidente no ejecutivo de la compañía a Jos Dijsselhof, consejero delegado de SIX Group, y vicepresidente no ejecutivo a David Jiménez-Blanco, hasta ahora consejero coordinador.
El Consejo de Administración designó estos cargos después de que la Junta General Extraordinaria ratificara su nueva composición, con los siguientes miembros: Jos Dijsselhof; Daniel Schmucki y Marion Leslie, CEO, director financiero y directora de Financial Information de SIX Group respectivamente; Javier Hernani, consejero delegado de BME, David Jiménez-Blanco, vicepresidente no ejecutivo y consejero independiente y Belén Romana, en condición de consejera independiente.
Los consejeros salientes son Antonio Zoido, María Helena dos Santos, Ana Isabel Fernández, Joan Hortalá, Isabel Martín y Juan Carlos Ureta. Con estos cambios, el número de consejeros pasa a 6, con una representación femenina superior al tercio.
El nuevo Consejo ha adoptado los acuerdos iniciales necesarios para que se proceda al nombramiento de David Jiménez-Blanco como presidente no ejecutivo de la Bolsa de Madrid, Eduardo Ansaldo, actual consejero-director general de la Bolsa de Barcelona, como presidente ejecutivo de la Bolsa de Barcelona, y Jorge Yzaguirre, director de Mercados y Market Data de BME, como presidente de Sociedad de Bolsas. Manuel Ardanza y Vicente Olmos continuarán en sus cargos de presidentes de las Bolsa de Bilbao y Valencia, respectivamente.
Ana Isabel Fernández, hasta ahora consejera de BME, Marta Bartolomé, directora financiera de BME, y Beatriz Alonso-Majagranzas, directora de Renta Variable de esta compañía, se incorporarán como consejeras a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid.
Los nombramientos en las sociedades rectoras de mercados integrados en BME necesitarán la obtención de las preceptivas autorizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Los desplazamientos se reducen un 11% en julio y los fallecidos en accidente de tráfico un 5%
viernes, 31 de julio de 2020Los desplazamientos se reducen un 11% en julio y los fallecidos en accidente de tráfico un 5%
Jueves 30 de julio de 2020
La segunda operación especial de trafíco del verano empieza mañana con incertidumbre por el efecto que pueda tener la situación sanitaria sobre los desplazamientos por carretera.
Desde el 1 al 29 de julio, se han producido 37 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 11,15% menos que los que se produjeron en el mismo periodo del año anterior.
Este descenso no se comporta de la misma forma los días laborales que los fines de semana. Los movimientos que tienen lugar en día laborable han descendido un 8,6% con respecto a los días laborales de julio del pasado año. Esta reducción es mayor en el caso de los fines de semana, donde la caída ha llegado al 17,5%.
En el caso de los movimientos transfronterizos, éstos también han sufrido una reducción de un 23,9%.
Esta caída de la movilidad no está teniendo el mismo reflejo en la bajada de la accidentalidad, ya que ha sido menor (-5%). En lo que llevamos del mes de julio (1 al 29 de julio) se han producido 100 accidentes mortales en los que han fallecido 109 personas, 6 menos que en el mismo periodo del año anterior.
El viaje de vuelta
La pandemia ha cambiado los hábitos y comportamientos diarios de las personas y quizás también la conducción.
La Dirección General de Tráfico ya alertó sobre el exceso de velocidad que se estaba produciendo en las carreteras y avanzó en la presentación de la campaña de concienciación del verano como las ansias de libertad, el querer llegar antes a los lugares de destino o las simples ganas de vivir, después de meses de confinamiento podrían tener un efecto perverso en la siniestralidad vial.
Medios materiales y humanos
Al igual que se está realizando durante el mes de julio, la DGT establecerá durante esta operación y durante los fines de semana de agosto una serie de medidas para facilitar la movilidad en carretera, en función de las intensidades del tráfico: carriles reversibles, señalización dinámica en paneles, paralización de obras, restricciones a la circulación de camiones que transporten mercancías peligrosas y vehículos que precisen autorización especial para circular.
Para ello, la DGT ha elaborado un dossier especial por comunidades que puede consultarse en dgt.es
Además, para vigilar que se cumple las normas de tráfico, además de la presencia de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las carreteas, la DGT utilizará 1.324 puntos de control de velocidad; 216 cámaras de control de teléfono y móvil; 11 drones y 3 de ellos con capacidad de denuncia y 15 furgonetas camufladas.
Gestos sencillos que pueden evitar muertes este verano
•Autorresponsabilidad. No estamos solos en la carretera y tampoco en las calles, en los bares, en las playas. Actuemos con responsabilidad y cumpliendo las normas establecidas y las recomendaciones de los expertos y autoridades.
•Usar el cinturón de seguridad y el casco en todos los desplazamientos, como también debemos llevar puesta la mascarilla. Todos son elementos que reducen los riesgos de accidente y la propagación del virus.
•Mantener la distancia de seguridad es requisito necesario en la carretera y también en nuestro día a día. El cumplimiento de los límites de velocidad establecidos puede ayudar a garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad.
•Estar pendiente en todo momento de la conducción evitando distracciones como el uso del móvil, es una actitud que reduce el riesgo de accidente. También lo es estar pendiente de lavarse las manos, ya que reduce la posibilidad de contagio
•No confiarse de la frase «Esto a mí no me puede pasar» porque cada año, sólo en España, mueren más de 1.700 personas en accidente de tráfico.
Tras la jornada
jueves, 30 de julio de 2020
El Tribunal Supremo se pronuncia sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de imputación de gastos y tributos en los préstamos hipotecarios
jueves, 30 de julio de 2020Miércoles, 29 de julio de 2020
El Tribunal Supremo se pronuncia sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de imputación de gastos y tributos en los préstamos hipotecarios
La Sala Primera analiza en esta sentencia a quién corresponde satisfacer cada uno de los gastos cuestionados
Autor: Comunicación Poder Judicial
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha ratificado en esta sentencia su doctrina sobre la nulidad, por abusivas, de las cláusulas que imputan al prestatario los gastos y tributos de los préstamos hipotecarios, en cuanto implican, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.
En consecuencia, el tribunal debe entrar a analizar a quién correspondía satisfacer cada uno de los gastos cuestionados, que, en este caso, se referían al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a los gastos notariales y a los gastos registrales.
Se adjunta nota de la Sala.
TRIBUNAL SUPREMO
SALA CIVIL
GABINETE TÉCNICO
Sentencia 457/2020, de 24 de julio. Recurso (CAS) 1053/2018 Consecuencias de la nulidad de las cláusulas de imputación de gastos y tributos en los préstamos hipotecarios. Doctrina del TJUE (sentencia de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19).
En esta sentencia, la Sala Primera ratifica su doctrina sobre la nulidad, por abusivas, de las cláusulas que imputan al prestatario los gastos y tributos de los préstamos hipotecarios, en cuanto implican, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.
Respecto de las consecuencias de la nulidad, la doctrina jurisprudencial establecida por la Sala a partir de las sentencias del Pleno de 23 de enero de 2019 ha sido confirmada por la reciente sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020 (asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19).
Esta sentencia, en coincidencia con lo resuelto en su día por la Sala Primera, establece que «el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes», y que «[…] si estas disposiciones hacen recaer sobre el prestatario la totalidad o una parte de estos gastos, ni el artículo 6, apartado 1, ni el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a que se niegue al consumidor la restitución de la parte de dichos gastos que él mismo deba soportar» (apartado 54).
En consecuencia, una vez declarada nula y dejada sin efecto por abusiva la cláusula que atribuía todos los gastos al prestatario consumidor, el tribunal debe entrar a analizar a quién, con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, correspondía satisfacer cada uno de los gastos cuestionados, que, en este caso, se referían al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a los gastos notariales y a los gastos registrales.
La Sala resuelve el recurso aplicando las normas de derecho nacional vigentes a la fecha de constitución del préstamo, según las cuales el principal sujeto pasivo obligado al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era el prestatario.
Por su parte, los gastos notariales generados por el otorgamiento de la escritura corresponden por mitad al prestamista y al prestatario, ya que ambos tienen la condición de “interesados” que sustenta, en el Reglamento Notarial, el pago de dichos gastos: el consumidor por la obtención del préstamo y el banco por la garantía hipotecaria.
Por último, los gastos del registro de la propiedad corresponden al banco, por ser la entidad a cuyo favor se inscribe la garantía hipotecaria, de acuerdo con lo establecido en el arancel de los registradores de la propiedad.
En definitiva, el TJUE ha refrendado plenamente lo acordado en su día por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo respecto de estos gastos (notariales y registrales).
Gabinete Técnico, Área Civil
Julio, 2020
El Gobierno aumenta la transparencia y protección de los clientes de créditos y tarjetas revolving
jueves, 30 de julio de 202027 de julio de 2020
El Gobierno aumenta la transparencia y protección de los clientes de créditos y tarjetas revolving
Imagen del artículo Se adopta una nueva norma para incrementar la transparencia, reforzando la información que las entidades deben facilitar a los clientes sobre las características del producto, el coste y el estado en todo momento de su crédito
Se aumenta la protección de los clientes al mejorar la evaluación de su solvencia por parte de las entidades para reducir el riesgo de sobreendeudamiento
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado una Orden Ministerial que modifica la Orden 2899/2011 de transparencia y protección de clientes de servicios bancarios.
La nueva norma refuerza la protección de los usuarios de los créditos revolving, habitualmente asociados a instrumentos de pago, como las tarjetas, que se caracterizan por tener una duración indefinida, renovación automática y abono de una cuota fija periódica por parte del cliente.
Con la Orden Ministerial, firmada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, se incrementa la transparencia y se mejora la información que las entidades deben proporcionar a los usuarios en todas las fases. De esta manera, los clientes podrán conocer las características del producto que van a contratar y saber con más precisión el coste del préstamo y la deuda que mantienen periódicamente con la entidad.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, destaca que, con la nueva regulación, “la contratación de este tipo de créditos será más transparente y con más información y una mayor protección del usuario”. El objetivo es “evitar un posible sobreendeudamiento y reforzar así la seguridad del mercado financiero y la protección de todos los consumidores”, añade.
La normativa publicada hoy incluye nuevas obligaciones de transparencia, como una información precontractual más detallada, en la que debe reflejarse, entre otras cosas, un ejemplo representativo de crédito revolving con dos opciones de cuota.
Asimismo, la entidad deberá remitir al cliente información trimestral en la que se especifique la evolución y situación de aspectos concretos del crédito, como el importe, fecha estimada de finalización del pago del préstamo si no se produjeran modificaciones en el contrato y diversos escenarios en función de la variación de la cuota mensual.
En todo caso, el prestatario tendrá la posibilidad de solicitar en cualquier momento información sobre su préstamo, así como el cuadro de amortización o las cantidades satisfechas y pendientes. Finalmente, se establece la obligación de la entidad de informar previamente al prestatario de cada ampliación del límite de crédito no solicitado por el cliente, incluyendo la nueva cuota y la deuda acumulada.
La nueva Orden refuerza también la protección de los clientes para evitar una prolongación excesiva del crédito y un aumento de la carga final de la deuda. Con este objetivo, la norma mejora la evaluación de solvencia que realizan las entidades y se introducen orientaciones específicas para asegurar la suficiente capacidad de pago del cliente a lo largo de vida de la operación sin incurrir en el sobreendeudamiento. Para ello, se establece como orientación que el importe anual de las cuotas permita amortizar una cuantía mínima anual del 25% del límite de crédito concedido.
Asimismo, se incrementa la información que aporta la Central de Información de Riesgos del Banco de España, lo que permitirá que las entidades dispongan de una información más completa y en menor tiempo de los clientes, lo que redundará en la mejora del análisis de solvencia.
La modificación de la norma que regula los créditos revolving mantiene las premisas de la normativa financiera aprobada en los últimos meses: incrementar la transparencia, información y protección de los clientes, especialmente de los más vulnerables.
El Defensor pide que se garanticen los derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas para los temporeros agrícolas.
jueves, 30 de julio de 2020El Defensor pide que se garanticen los derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas para los temporeros agrícolas.
21/07/2020
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, quiere realizar un llamamiento a todas las administraciones, a los empresarios agrícolas y a las organizaciones agrarias para que busquen de “forma coordinada y con urgencia” una solución para acabar con la situación de degradación en la que viven las trabajadoras y los trabajadores temporeros agrícolas en diversas zonas de la geografía española.
Fernández Marugán ha pedido que se garanticen sus derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas. En este sentido, ha asegurado que la pandemia ha puesto de manifiesto “con toda su crudeza problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo haciendo saltar las costuras del sistema”.
El Defensor ha recordado que, durante semanas, mientras todo estaba parado por efecto de las medidas de confinamiento, los temporeros han salido al campo a cosechar los frutos que en cada momento se encontraban listos para ello. En su opinión, esto ha servido para visibilizar la situación de este colectivo, compuesto en su mayoría por migrantes de distinta procedencia y que, con frecuencia, se ve sometido a condiciones laborales y de vida deplorables.
Fernández Marugán ha citado como ejemplos de estas situaciones de degradación los asentamientos chabolistas cronificados de Huelva o Almería, o las condiciones en las que viven estas personas en Lleida, con muchas de ellas durmiendo en las calles, aunque ha recordado que esta realidad se repite en muchas otras provincias.
El Defensor ha denunciado que la mayoría de estos trabajadores carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión del COVID 19; de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene”.
Fernández Marugán ha lamentado que ni las administraciones públicas ni los empresarios agrícolas ni las organizaciones agrarias hayan sido capaces hasta el momento de garantizar a este conjunto de trabajadores y trabajadoras unas condiciones de vida y laborales dignas.
El Defensor ha recordado que España es el mayor exportador de fruta y verdura de la Unión Europea y que, según datos extraídos de diferentes estudios elaborados por universidades, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, alrededor de 100.000 personas obtienen su sustento en este sector, muchas de ellas extranjeros extracomunitarios que se ven obligados a trabajar en la economía sumergida.
En este sentido, ha remarcado que “esta situación constituye un grave problema social ante el que ni las administraciones públicas ni el sector agrario han sido capaces de habilitar una respuesta adecuada”.
Fernández Marugán ha anunciado que, con independencia de las investigaciones que mantiene abiertas respecto de varios asentamientos y campañas agrícolas, algunas de las cuales llevan años tramitándose sin haber logrado hasta el momento los cambios sustanciales reclamados, la Institución ha asumido la tarea de llevar a cabo un proceso global de análisis, tanto desde el punto de vista territorial como en lo que atañe a los múltiples problemas que esta situación genera o favorece. “Este análisis está cimentado en la convicción de que una democracia avanzada como la española no puede permitir situaciones de degradación como la que afecta, con notable extensión y frecuencia, a este colectivo de trabajadoras y trabajadores. Los derechos humanos y la dignidad de estas personas y, en estrecha unión con ello, el modelo de sociedad que nuestro país quiere ser, así lo exigen”, ha concluido.
Análisis del efecto de las restricciones sobre la operativa en corto sobre acciones españolas entre marzo y mayo de 2020.
jueves, 30 de julio de 2020Análisis del efecto de las restricciones sobre la operativa en corto sobre acciones españolas entre marzo y mayo de 2020.
23 de julio de 2020
El estudio, realizado por técnicos del Departamento de Estudios y Estadísticas de la CNMV, se basa en un análisis comparado de la evolución de las acciones que forman parte del Ibex 35 y del Dax 30 alemán, considerando diversas variables (en Alemania no se ha aplicado ninguna restricción de la operativa en corto con ocasión de la crisis del Covid-19)
El estudio no ha encontrado evidencia reseñable de efectos en lo que respecta a precios, volúmenes de contratación, volatilidad, profundidad del mercado o diferenciales de crédito, aunque sí de un aumento moderado en una medida concreta de liquidez (los diferenciales bid-ask) que implica un empeoramiento de dicha variable
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado un informe, “Análisis del efecto de las restricciones sobre la operativa en corto sobre acciones españolas entre marzo y mayo de 2020”, en el que se analiza el impacto, en términos de eficiencia de mercado, de las restricciones sobre la operativa en corto introducidas en los mercados españoles durante la sesión del 13 de marzo de 2020 y, posteriormente, desde el 17 de marzo hasta el 18 de mayo.
El establecimiento de este tipo de restricciones tiene por finalidad preservar la estabilidad financiera y la confianza de los inversores en momentos excepcionales en los que hay turbulencias que se pueden traducir en movimientos de precios desordenados. Pero esta actuación puede afectar a la eficiencia de los mercados, es decir, una prohibición de este tipo puede, como ha quedado evidenciado por estudios empíricos realizados a raíz de la adopción de tales medidas durante la anterior crisis financiera, reducir la velocidad a la que se ajustan los precios a la información disponible y deteriorar algunas medidas de liquidez como la horquilla bid-ask o el propio volumen de negociación.
En el estudio, realizado por Ramiro Losada y Albert Martínez Pastor del Departamento de Estudios y Estadísticas de la CNMV, se analiza el impacto sobre algunas medidas de liquidez (como la horquilla bid-ask, el volumen de contratación o la ratio de Amihud) y también sobre la evolución y la volatilidad intradía de los precios. Adicionalmente,también se evalúa si la prohibición ha podido tener influencia sobre el riesgo de crédito de los emisores financieros y no financieros cuyos valores cotizan en los mercados de renta variable.
Para realizar el análisis, se estudian variables relacionadas con las rentabilidades, volatilidades y medidas de liquidez de las acciones cotizadas en las bolsas de valores que integran el índice bursátil Ibex 35 en España y de aquellas que forman parte del Dax 30 alemán. Se ha escogido el selectivo alemán para realizar el análisis, en primer lugar, porque su regulador de los mercados financieros no adoptó la decisión de restringir la operativa en corto y, en segundo lugar, porque la evolución de los precios, volatilidades y medidas de liquidez en el periodo previo a la implantación de la medida en España fue parecida en los mercados financieros de ambos países.
De los análisis tanto descriptivos como econométricos se puede deducir que los valores afectados por la prohibición experimentaron un aumento mayor en los diferenciales bid-ask, que después persistió en alguna medida. Sin embargo, el análisis realizado no ha encontrado evidencia reseñable de efectos imputables a la prohibición en otras variables relevantes como los volúmenes de contratación, los precios, la volatilidad, la profundidad del mercado o los diferenciales de crédito de los emisores.
Centro Botín. Santander
miércoles, 29 de julio de 2020
El Gobierno activa el primer tramo de la nueva línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones para impulsar las inversiones de autónomos y empresas
miércoles, 29 de julio de 2020Consejo de Ministros
El Gobierno activa el primer tramo de la nueva línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones para impulsar las inversiones de autónomos y empresas
La Moncloa, Madrid, martes 28 de julio de 2020
El Ejecutivo ha aprobado las características del primer tramo de la línea por importe de 8.000 millones de euros, de los que 5.000 se destinarán a garantizar préstamos de autónomos y pymes y 3.000 al resto de empresas.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que la nueva línea de avales se suma a las medidas ya adoptadas desde el inicio de la pandemia para apoyar la liquidez y solvencia de las empresas, entre las que destacan los avales públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El Consejo de Ministros extraordinario celebrado el 3 de julio aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que incluía la creación de una nueva línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de euros. Hoy aprueba el acuerdo que recoge las características del primer tramo de esa línea por importe de 8.000 millones.
Calviño ha detallado que 5.000 millones se reservarán para avalar la liquidez del capital circulante de pymes y autónomos, es decir, el pago de sus alquiles, suministros y salarios, y para fomentar la inversión productiva en áreas donde se genere valor añadido, en especial, en los ejes de la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. Los otros 3.000 millones se destinarán al resto de empresas. El aval del Estado cubre el 80% de los nuevos préstamos de autónomos y pymes, y el 70% de los préstamos solicitados por el resto de empresas.
La anterior línea del ICO, aprobada el 17 de marzo y dotada con 100.000 millones de euros, cubrió las necesidades de liquidez y circulante del tejido productivo y ahora se impulsa también la inversión de los autónomos y empresas.
Nadia Calviño ha destacado que, en conjunto, se movilizarán 140.000 millones de euros en avales. Y a través de la colaboración público-privada se podrían movilizar 200.000 millones en liquidez e inversión para paliar el daño estructural generado en tejido productivo por el coronavirus, impulsar la recuperación económica, la creación de empleo y apoyar específicamente a los sectores más golpeados.
La vicepresidenta tercera también ha indicado que, a 26 de julio, se han aprobado un total de 741.000 operaciones con cargo a la línea de avales para autónomos y empresas, que han permitido canalizar más de 92.000 millones de euros de financiación de tejido productivo.
Nadia Calviño ha argumentado que este programa de apoyo a la liquidez canalizado a través del ICO ha logrado movilizar un mayor volumen de recursos en términos de Producto Interior Bruto que otros países de nuestro entorno. «Es un esfuerzo del conjunto de los contribuyentes, pero está siendo eficaz para el sostenimiento del tejido productivo, el apoyo a las rentas de las familias y es una buena base para la recuperación económica a partir de la segunda parte del año», ha dicho.
El impacto conjunto de las medidas asciende a un 20% del PIB
Nadia Calviño durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaDurante su intervención, la titular de Asuntos Económicos ha defendido que el Gobierno ofrecido medidas económicas y sociales en paralelo a la evolución de la pandemia y a la respuesta a la emergencia sanitaria.
En este sentido, Nadia Calviño ha mantenido que en la primera fase de la pandemia o fase de resistencia, el Ejecutivo puso en marcha un plan de choque para apoyar al tejido productivo, proteger las rentas y a las familias, tratando así de minimizar el impacto negativo de la propia pandemia, de la caída de la demanda y de la reducción de la actividad económica. Entre esas iniciativas ha citado la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), las líneas de avales del ICO, la prestación extraordinaria para autónomos, y medidas de apoyo los colectivos más vulnerables. «Este plan evitó un escenario disruptivo, que podía haber supuesto una caída del PIB de nuestro país incluso superior al 25% en el conjunto de 2020 poniendo en peligro más de tres millones de empleos adicionales», ha dicho.
En relación con los ERTES, la vicepresidenta ha incidido en que se han realizado a través del diálogo social y «han permitido proteger con unas condiciones excepcionales hasta a 3,4 millones de personas y a más de 550.000 empresas». También ha señalado que más del 64% de los trabajadores -unos 2.200.000- que estaban en ERTES a finales de abril ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo.
En una segunda fase, el Gobierno impulsó un plan de reactivación de la actividad, la reapertura de los negocios y del empleo, sentando así las bases para «un crecimiento robusto en el próximo año». Con este fin, ha sostenido la vicepresidenta, se extendieron los instrumentos de la etapa anterior y se adoptaron planes específicos para los sectores más afectados por la crisis, como el turismo, el automóvil, la ciencia y la cultura.
Calviño ha afirmado que el impacto conjunto de las medidas adoptadas en estas dos fases asciende a un 20% del PIB previsto para el año 2020.
La vicepresidenta ha avanzado que, en una tercera fase, que se anunciará a partir del otoño, se implantará un plan de recuperación y resiliencia con el objetivo, no solo de impulsar el crecimiento económico a corto plazo, sino de apoyar, con los nuevos fondos comunitarios recientemente aprobados, un proceso de transformación y de modernización de la economía que favorezca un crecimiento «más inclusivo y sostenible» a largo plazo.
Encuesta de Población Activa
Nadia Calviño ha manifestado que los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre «son perfectamente coherentes con la evolución económica prevista en esta situación absolutamente extraordinaria».
Los datos muestran un retroceso de la ocupación superior a un millón de personas respeto al trimestre anterior y un incremento del desempleo en 55.00 personas. «La diferencia que hay entre la caída de la ocupación y el relativamente limitado incremento de la tasa de paro se encuentra en la pronunciada subida de la población inactiva derivada de la dificultad de la búsqueda activa de empleo en la situación extraordinaria derivada de la pandemia», ha dicho.
La ministra de Asuntos Económicos ha subrayado tres elementos recogidos en la EPA: la expansión del trabajo a distancia, el papel de los ERTES y el papel de la prestación por cese de actividad o caída significativa de los ingresos de los autónomos. «Refleja una caída muy limitada del trabajo por cuenta propia incluso un aumento de los autónomos sin asalariados con respecto al trimestre anterior».
Previsiones económicas
Calviño ha añadido que la previsión del Gobierno, recogido en el Programa de Estabilidad que envió a Bruselas en abril, se caracteriza por una caída intensa de la actividad limitada en el tiempo y una recuperación en forma de V asimétrica.
A su juicio, el perfil y la rapidez de la recuperación dependerán de una serie de factores, el más relevante la evolución de la epidemia, no solo en España, sino en el mundo, de las respuestas en el ámbito sanitario y de política económica, y del impacto que tenga la epidemia en los distintos sectores.
Situación controlada en España ante el COVID-19
La portavoz del Gobierno ha afirmado que el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en permanente coordinación, están realizando un trabajo serio en la prevención, control y contención de la pandemia del COVID-19: «Queremos lanzar un mensaje claro de confianza en nuestro país, un destino seguro que se ha preparado y reforzado para hacer frente al virus».
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su parte, ha coincidido en señalar que la pandemia en España está «controlada», como en el resto de países europeos de su entorno y a diferencia de América, donde ahora se está dando el mayor número de casos según los datos de la Organización Mundial de la Salud.
Mecanismos de control suficientes
Salvador Illa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl ministro de Sanidad ha defendido que España cuenta con los instrumentos «suficientes» para seguir manteniendo la pandemia bajo control, especialmente el Real Decreto-ley 21/2020, conocido como «de nueva normalidad», y el Plan de respuesta temprana acordado entre Gobierno de España y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
A juicio de Illa, las comunidades autónomas, que tienen «un papel preeminente y fundamental» en esta fase, están adoptando medidas «adecuadas y correctas», especialmente en lo relativo a la detección precoz de casos y brotes, su aislamiento y vigilancia y las medidas de limitación de las reuniones familiares, de amigos y las actividades de ocio nocturno, que están en el origen de muchos nuevos casos. Asimismo, ha valorado su trabajo de cribado y de búsqueda activa de nuevos casos, con hasta 45.000 pruebas PCR diarias, que está permitiendo detectar alrededor de un 60% de casos asintomáticos.
Actualmente existen en el territorio español 361 brotes activos, aunque el 70% de ellos tienen menos de 10 casos asociados. El 64% de los nuevos casos se concentran en Cataluña y Aragón, pero Illa ha valorado que incluso en estas zonas más afectadas la presión hospitalaria está siendo baja, lo que permite «mantener una asistencia regular y planificada». La cifra de fallecidos en la última semana se ha mantenido en toda España en torno a 6 y 7 personas.
Llamamiento a la responsabilidad individual
Illa ha asegurado que para que todas las medidas adoptadas sean realmente efectivas la ciudadanía debe seguir cumpliendo con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de sus comunidades autónomas y mantener el uso de la mascarilla, la higiene de manos y la distancia interpersonal: «las tres emes, mascarilla, manos y metros».
En este sentido, la portavoz del Gobierno ha apelado a la «insustituible» responsabilidad individual para cumplir con las normas y evitar lamentar la pérdida de vidas humanas y mayores perjuicios económicos y sociales.
Posible vacuna en 2021
El ministro ha recordado que hay que convivir con el virus «sin miedo, pero con respeto» hasta que haya un tratamiento efectivo o una vacuna, y ha adelantado, «con «precaución», la posibilidad de que en la primera mitad del año que viene haya una o varias vacunas disponibles. Así se desprende, ha señalado, de la información de que disponen tanto el Ministerio de Sanidad como el de Ciencia e Innovación, cuyos respectivos equipos participan a nivel europeo en el seguimiento de la evolución de las investigaciones y las negociaciones con distintos proveedores potenciales.
340,9 millones para una nueva edición del Programa REINDUS
María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Gobierno ha aprobado una nueva edición del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (REINDUS), que estará dotado, en el año 2020, con 340,9 millones de euros.
María Jesús Montero ha explicado que el objetivo sigue siendo apoyar al tejido productivo, pero más ahora en el que se ha visto muy afectado por la pandemia del COVID-19. De ahí que estas ayudas se dirijan a todas las empresas, sea cual sea su tamaño, y cuenten con condiciones de financiación mejores, a través de tipos de interés más favorables.
Las empresas beneficiarias podrán recibir un préstamo de hasta 800.000 euros para la mejora y modificación de sus líneas de producción, adquisición de equipos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, e implantación de tecnologías de la ‘Industria Conectada 4.0’.
30 millones para la actividad pesquera afectada por el COVID-19
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para destinar 30 millones de euros en ayudas a armadores y pescadores, de forma que puedan afrontar la paralización temporal de la actividad pesquera causada por la COVID-19.
La portavoz del Gobierno ha estimado que entre 6.000 y 9.000 buques y sus tripulaciones podrán optar a estas ayudas, evitando así la pérdida de empleos, tanto de autónomos como de asalariados.
Montero ha afirmado que el respaldo al sector es fundamental para que España pueda seguir siendo líder en producción pesquera en Unión Europea, con una facturación de más de 6.700 millones de euros.
Programa de ayuda humanitaria
El Gobierno ha autorizado la contratación, por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del suministro de alimentos en el marco del Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2021, por un importe total de 57 millones de euros.
María Jesús Montero ha destacado que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha incrementado la situación de vulnerabilidad de las personas desfavorecidas, por lo que este programa cobra este año especial relevancia.
Los alimentos que se adquirirán son propios de una cesta básica, como el arroz, la pasta o las conservas, y se distribuirán, a través de organizaciones sociales, a más de 1.500.000 de personas.
Otros acuerdos
Calviño, Montero e Illa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha aprobado una aportación de 42 millones de euros al Servicio de Empleo Público Estatal para desarrollar el Plan integral de empleo en Canarias. María Jesús Montero ha destacado que el Ministerio de Trabajo ha hecho un esfuerzo importante por acortar los plazos y adelantar los tiempos previstos para la ejecución del programa para que se ejecuten en el mes de julio en lugar de en la segunda fase del año.
El Gobierno también ha acordado la reanudación del programa SARA, que permite la colaboración entre el Ministerio de Igualdad e instituciones como Cruz Roja o Fundación Secretariado Gitano para impulsar proyectos que faciliten la inserción sociolaboral de las mujeres. En opinión de la portavoz, la medida es una «herramienta de empoderamiento social y personal fundamental para mejorar su posición».
Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado la creación de la medalla conmemorativa de la «Operación Balmis», para reconocer la labor del personal de las Fuerzas Armadas y del personal civil adscrito al Ministerio de Defensa que participó de forma activa e importante en la lucha contra la COVID-19.
Montero ha resaltado que la «Operación Balmis» se puso en marcha desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, y en ella han participado cerca de 190.000 hombres y mujeres, que pusieron a disposición de la sociedad su talento y competencia con el fin de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos.
Pedro Sánchez en el Congreso y convocatoria de la Conferencia de Presidentes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá mañana a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar el contenido y alcance del acuerdo del Consejo Europeo extraordinario de la pasada semana, y el viernes ha convocado una reunión con los presidentes de las comunidades autónomas en San Millán de la Cogolla (La Rioja) con el mismo fin y para evaluar la evolución de la pandemia.
María Jesús Montero ha anunciado la intención del Gobierno de convocar mensualmente la Conferencia de Presidentes. Desde la declaración, el 14 de marzo, del estado de alarma por el COVID-19, este órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Estado y las comunidades y ciudades autónomas se ha reunido por videoconferencia en catorce ocasiones. La del viernes será la primera reunión presencial desde 2017.
Unión de los mercados de capitales: el Consejo adopta nuevas normas para las plataformas de financiación participativa
miércoles, 29 de julio de 2020Unión de los mercados de capitales: el Consejo adopta nuevas normas para las plataformas de financiación participativa
El Consejo ha adoptado hoy nuevas normas para mejorar el funcionamiento de las plataformas de financiación participativa en toda la UE.
El nuevo marco forma parte del proyecto de la unión de los mercados de capitales, cuya finalidad es ofrecer un acceso más fácil a nuevas fuentes de financiación. Suprimirá los obstáculos que dificultan la prestación transfronteriza de los servicios de las plataformas de financiación participativa mediante la armonización de los requisitos mínimos para realizar esa actividad en su mercado nacional y en otros países de la UE. También aumentará la seguridad jurídica mediante normas comunes de protección de los inversores.
Las nuevas normas se aplicarán a las campañas de financiación participativa por un importe de hasta cinco millones de euros calculado a lo largo de un periodo de doce meses. Las operaciones de mayor envergadura estarán reguladas por la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (Directiva MIF) y el Reglamento sobre el folleto. La financiación participativa basada en recompensas y donaciones no entra en el ámbito de aplicación de estas normas, ya que no puede considerarse un servicio financiero.
Las normas adoptadas ofrecen un elevado nivel de protección de los inversores, al tiempo que tienen en cuenta el coste del cumplimiento para los proveedores: establecen requisitos prudenciales, de información y de transparencia comunes e incluyen requisitos específicos para los inversores no experimentados. Las normas para las empresas de financiación participativa de la UE se adaptarán en función de si proporcionan su financiación en forma de préstamo o de inversión (a través de acciones y bonos emitidos por la empresa que capta fondos).
El marco define normas comunes de autorización y supervisión para las autoridades nacionales competentes. Se refuerza el cometido de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para facilitar la coordinación y la cooperación, mediante un mecanismo vinculante de mediación en caso de litigios y la elaboración de normas técnicas.
Contexto y proceso
La financiación participativa es una nueva forma alternativa de financiación que pone en contacto, generalmente a través de internet, a aquellos que pueden dar, prestar o invertir dinero directamente con aquellos que necesitan financiación para un proyecto concreto. Para las empresas emergentes y otras pymes, los préstamos bancarios suelen ser caros o de difícil acceso debido a la falta de historial crediticio o a la ausencia de garantías tangibles. La financiación participativa puede ser una fuente alternativa de financiación útil, en particular en las primeras fases de la actividad empresarial.
El Consejo ha adoptado hoy formalmente su posición en primera lectura. El Parlamento Europeo debe aprobar ahora el Reglamento en segunda lectura para que pueda publicarse en el Diario Oficial y entrar en vigor.
La AIReF resalta el coste de oportunidad que suponen los beneficios fiscales y la importancia de garantizar su eficacia
miércoles, 29 de julio de 2020La AIReF resalta el coste de oportunidad que suponen los beneficios fiscales y la importancia de garantizar su eficacia
22 julio 2020
•La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) plantea revisar algunos de los 13 beneficios fiscales analizados
•Sugiere enmarcar cualquier modificación de los beneficios fiscales en la planificación estratégica de las políticas públicas con las que estén relacionados, evaluando sus efectos exante y su cumplimiento expost
•Se inclina por continuar con las reformas efectuadas en los beneficios fiscales del IRPF, centradas en la previsión social, la tributación conjunta o el arrendamiento de vivienda
•Plantea una revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos del IVA para mejorar su eficiencia distributiva. Esta revisión tendría que ir necesariamente acompañada de políticas de gasto dirigidas a proteger a colectivos vulnerables y sectores estratégicos
•Propone reforzar los requisitos para acogerse al tipo reducido del Impuesto sobre Sociedades en las sicavs
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy el primer estudio de la segunda fase del Spending Review comprometido con la UE. Este primer estudio se centra en el análisis de 13 beneficios fiscales, con un coste de 35.000 millones, que supone el 60% del total de los beneficios existentes. En su evaluación, la AIReF destaca el coste de oportunidad que suponen los beneficios fiscales en términos recaudatorios y la importancia de garantizar que cumplen de forma eficaz el objetivo para el que fueron creados.
Los beneficios fiscales son instrumentos de política fiscal que persiguen objetivos económicos y sociales, mediante exenciones, tipos reducidos, reducciones o deducciones en sus cuotas tributarias que generan incentivos o mejoras en la renta de la personas físicas y jurídicas que, en general, conllevan una menor recaudación tributaria. En España, una parte importante de las políticas de gasto se instrumentan a través de los beneficios fiscales, con un coste fiscal de 60.000 millones de euros.
En este estudio se analizan 13 beneficios fiscales, con un coste recaudatorio de 35.000 millones de euros, casi el 60% del total. El objetivo es evaluar si cada beneficio cumple con el objetivo para el que fue creado y si generan alguna distorsión que haga que sea recomendable su reformulación.
El estudio se lleva a cabo empleando metodologías microeconométricas de evaluación de políticas públicas, así como una extraordinaria riqueza de microdatos tanto de fuentes administrativas como de encuestas, la fusión entre ambas, y la colaboración de distintas instituciones.
En términos generales, la AIReF concluye que la creación o cualquier modificación de los beneficios fiscales debe enmarcarse en la planificación estratégica de las políticas públicas con las que esté relacionado para valorar la eficacia de los diferentes instrumentos en su conjunto.
Además, debe mejorarse la coordinación entre diferentes niveles de la administración y, en particular, sobre aquellos beneficios fiscales y otros instrumentos estatales y autonómicos que persiguen objetivos similares, con la finalidad de alcanzar la máxima eficacia y eficiencia.
Finalmente, considera que la formulación y reformas de los beneficios fiscales, al igual que el resto de las políticas públicas, debe ir acompañada de una evaluación ex-ante que permita aproximar los potenciales efectos de las medidas antes de su adopción y de evaluaciones ex-post que midan el grado de cumplimiento de los objetivos que persiguen y, siempre que sea posible, la eficiencia con la que se alcanzan.
Propuestas
Dentro del análisis de cada beneficio, la AIReF evalúa si dicho instrumento de política económica cumple el objetivo para que el que fue creado y, en los casos en que sea pertinente, realiza propuestas concretas de mejora.
Así, respecto a la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social en el IRPF, la AIReF concluye que el beneficio fiscal no consigue el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo y plantea su reformulación completa, de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo.
En la tributación conjunta en el IRPF, diseñado para adecuar el impuesto a la composición de rentas del hogar, la AIReF concluye que el beneficio fiscal sí consigue su objetivo al beneficiar a los hogares que solo tienen un perceptor de rentas, pero genera un desincentivo a la participación laboral de las mujeres. Así, propone acelerar su paulatina desaparición y establecer un régimen transitorio para no perjudicar a las familias con menor capacidad de adaptar sus decisiones de participación a la nueva situación. Además, cree que habría que compensar el efecto negativo que continuará teniendo durante la vigencia del régimen transitorio con nuevos incentivos a la participación laboral de las mujeres que disminuyan la brecha de género.
En el caso de la reducción por arrendamiento de viviendas en el IRPF, que pretende fomentar la oferta de viviendas en alquiler, la AIReF concluye que el beneficio fiscal ha generado un significativo aumento de la oferta de alquiler declarado, aunque no se puede identificar la diferencia entre la nueva oferta de vivienda y las rentas que emergen de la economía informal. Además, la evaluación identifica la creciente dificultad para el acceso a la vivienda de los hogares de rentas bajas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. En este contexto, la AIReF propone reformular el incentivo reorientando su diseño para facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables, teniendo en cuenta las especiales necesidades en áreas metropolitanas.
En relación a los tipos reducidos de IVA, diseñados para facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos, se concluye que cumplen con el objetivo, pero no lo hacen de forma eficiente desde el punto de vista distributivo. Así, la AIReF propone una revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos para mejorar la eficiencia distributiva del impuesto. La institución resalta la importancia de que esta revisión se haga teniendo en cuenta la evolución económica y protegiendo a los colectivos y sectores afectados. Así, para no perjudicar a los hogares de rentas más bajas y evitar incrementar la desigualdad en la distribución de renta, considera necesario articular en paralelo medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables que garanticen un mejor acceso a dichos bienes, así como planes focalizados para la promoción y mejora de la calidad de los sectores estratégicos que se pretenden favorecer mediante el beneficio fiscal.
En cuanto a los tipos reducidos de las sicavs, diseñados para fomentar la inversión colectiva y diversificada, la AIReF constata una alta concentración de las acciones en un número reducido de accionistas que hace dudar del cumplimiento de la naturaleza colectiva de la inversión. En este sentido, propone reforzar los requisitos para mejorar el cumplimiento efectivo de la naturaleza colectiva de la inversión en los términos previstos en nuestra normativa.
Según la AIReF, las medidas planteadas en el Spending Review deben formar parte de la necesaria estrategia fiscal nacional a medio plazo que garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
Palacio de la Magdalena. Santander
martes, 28 de julio de 2020
La CNMV publica el segundo informe sobre la intermediación financiera no bancaria (IFNB) en España
martes, 28 de julio de 2020La CNMV publica el segundo informe sobre la intermediación financiera no bancaria (IFNB) en España
27 de julio de 2020
• Correspondiente al segundo semestre de 2019, es la segunda entrega de la serie de publicaciones denominada Monitor de la intermediación financia no bancaria, cuyo primer número se publicó a finales de 2019
• Siguiendo la metodología del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), los activos que conforman la IFNB en España se mantuvieron ligeramente por debajo de 300 mil millones de euros en el primer semestre de 2019, lo que supone un 6,5% del sistema financiero español
• La evaluación de los riesgos asociados a la IFNB muestra pocos cambios en relación con los patrones observados en años anteriores, sin detectarse una amenaza relevante para la estabilidad financiera
• Dada la situación originada por la crisis del COVID-19 el informe incluye un recuadro que describe la evolución de las instituciones de inversión colectiva (IIC) en España y en la Unión Europea en dicho contexto
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publica hoy el segundo informe sobre la intermediación financiera no bancaria en España, que actualiza y complementa con datos del primer semestre de 2019 la información presentada en el primer informe (hasta el cierre del ejercicio 2018). Los activos relacionados con la IFNB en España en el primer semestre de 2019 (bajo una definición amplia que incluye activos financieros de entidades no bancarias pero que se integran en los balances consolidados de grupos bancarios) se situaron en 507 mil millones de euros, lo que supone un leve aumento del 0,6% respecto a la cifra de finales de 2018. Las entidades de la IFNB más relevantes en España en términos cuantitativos forman parte de la función económica 1 (de acuerdo con la metodología del FSB), que se corresponde con determinadas tipologías de fondos de inversión, y de la función económica 5, que se corresponde con vehículos utilizados para titulizar activos. La evolución de ambos tipos de entidades es diferente desde hace años observándose aumentos (en general) en el patrimonio de los fondos de inversión y descensos en el saldo vivo de las titulizaciones.
Si se descuentan los activos que consolidan en grupos bancarios, una particularidad que afecta sobre todo a las titulizaciones y a los establecimientos financieros de crédito, el volumen de activos asociado a la IFNB (en esta medida más estricta) sería de 298.000 millones de euros a mediados de 2019 (un 0,7 % más que en diciembre de 2018 y un 6,5 % del sistema financiero total). La relevancia de las instituciones de la función económica 1 (IIC) ascendería al 89%, por encima de la cifra de 2018, que fue del 85,5 %.
Peso relativo de la IFNB
El análisis de riesgos de las instituciones que forman parte de la IFNB durante el primer semestre de 2019 muestra pocos cambios en relación con los patrones observados en 2018, centrándose la identificación de vulnerabilidades en el ámbito de los fondos de inversión que, como se ha mencionado, conforman cerca del 90% de la IFNB total. Dentro de este análisis se presta una atención especial al riesgo de liquidez y al apalancamiento. Así, el informe presenta varias métricas que afectan a diferentes dimensiones de la liquidez de la cartera de los fondos de inversión. De ellas se deduce un cierto aumento de la relevancia de los activos menos líquidos, aunque su proporción en el patrimonio total sigue siendo reducida. En relación con el apalancamiento, la exposición al riesgo de mercado como resultado de la posición en derivados de los fondos de inversión se sitúa muy por debajo de los niveles máximos permitidos por la regulación y sugiere un riesgo bajo por esta vía.
Dada la situación originada por la crisis del COVID-19 desde mediados de marzo de 2020, en este informe se incluye un recuadro que describe la evolución de las IIC en España y en la Unión Europea en dicho contexto y en el que se evidencia que tanto el aumento de los reembolsos originados por los partícipes como las dificultades de valoración de algunos activos de la cartera en los momentos de mayor incertidumbre han sido en todo momento manejables, tanto por su magnitud como por el uso de las diferentes herramientas de gestión de la liquidez disponibles. Este recuadro también hace referencia a la adopción en España, en el contexto de la crisis, de una nueva herramienta macroprudencial relacionada con la posibilidad de establecer plazos de preaviso para los reembolsos sin sujeción a los requisitos de plazo, importe mínimo y constancia previa en el reglamento de gestión, aplicables con carácter ordinario. Estos plazos pueden ser establecidos por la gestora o por la propia CNMV.
El Gobierno se reúne con las CCAA para planificar el movimiento de los temporeros y prevenir posibles brotes de COVID-19
martes, 28 de julio de 2020El Gobierno se reúne con las CCAA para planificar el movimiento de los temporeros y prevenir posibles brotes de COVID-19
Viernes 24 de julio de 2020
Los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han coordinado el encuentro con las comunidades autónomas, en el que se ha abordado la colaboración de ayuntamientos y agentes sectoriales. En la reunión han participado once comunidades en las que la actividad agrícola y hortofrutícola supone un importante movimiento de temporeros a lo largo del año.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han presidido un encuentro con las comunidades autónomas para coordinar y anticiparse al movimiento de temporeros y prevenir posibles brotes de COVID-19 en las campañas agrícolas.
En el encuentro se ha hecho hincapié en apoyar a las comunidades autónomas para trabajar junto con los ayuntamientos en la planificación, en las próximas semanas, de los movimientos de temporeros que acudirán a las distintas campañas agrícolas que se sucederán por todo el territorio español.
En la reunión, celebrada por videoconferencia, han participado los titulares de las Consejerías de Sanidad y de Agricultura de once comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Andalucía, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Castilla y León. En todas ellas, la actividad agraria y hortofrutícola supone un importante movimiento de trabajadores temporeros en distintos períodos del año.
Las campañas en las que existe necesidad de mayor mano de obra son las de la recogida de la cosecha de fruta de hueso, que está próxima a finalizar; le seguirá la de fruta de pepita (manzana y pera). Continuará, la segunda quincena de agosto, la generalización de la vendimia y, posteriormente, la recolección de la aceituna.
Estas cosechas se repiten todos los años, por lo que las comunidades autónomas pueden anticiparse y colaborar con las entidades locales para que, en contacto con los empresarios agrícolas y las organizaciones sectoriales, puedan disponer de los alojamientos necesarios para acoger a las personas trabajadoras y de transporte con garantías sanitarias.
La semana pasada, ambos ministros ya abordaron con las comunidades autónomas la situación del personal dedicado a las tareas de recolección hortofrutícola de temporada ante la epidemia causada por la COVID-19.
CSIF espera que el acuerdo en la UE sirva para reforzar los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales en las Administraciones
martes, 28 de julio de 2020CSIF espera que el acuerdo en la UE sirva para reforzar los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales en las Administraciones
21 de Julio de 2020
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, espera que el acuerdo alcanzado entre los líderes europeos sirva para reforzar los servicios públicos, afrontar la modernización pendiente de las administraciones públicas y mejorar las condiciones laborales de las plantillas.
A la espera de conocer la letra pequeña, CSIF valora de manera positiva los fondos acordados para favorecer la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. Consideramos que las reformas que impulse España deben encaminarse a la mejora de nuestro sistema productivo, pero no a deteriorar las condiciones laborales ni las pensiones.
Así, entendemos que los fondos deben ser el punto de partida para el Pacto de Reconstrucción que necesita España. Este pacto debe contar a la fuerza con las administraciones públicas como motor de creación de empleo de calidad, como palanca de modernización y cohesión social y como garante del Estado del Bienestar.
Desde ya, CSIF tiende la mano al Gobierno y en concreto a la ministra de Política Territorial y Función Pública para afrontar las reformas que requiere nuestra administración. Los próximos presupuestos generales del Estado deben contemplar un plan de recursos humanos
De entrada, hay que reforzar obviamente el déficit estructural en la Sanidad, Servicios Sociales, Administración General del Estado (Seguridad Social, Servicios de Empleo y Agencia Tributaria, entre otros), modernizar la Justicia, Prisiones, Educación y las estructuras de las diferentes administraciones que ofrecen prestaciones y servicios a la ciudadanía y que van a ser más necesarias que nunca cuando empecemos a superar esta crisis.
Y por supuesto, debemos seguir avanzando en la recuperación del poder adquisitivo y la equiparación salarial entre administraciones. Nuestros empleados/as públicos están demostrando que son garantes de nuestro Estado de Bienestar y se merecen todo el reconocimiento. Este colectivo se merece que los próximos PGE reconozcan su papel y el sacrificio y esfuerzo que están realizando ahora, pero también antes de la crisis.
Valverde de Curueño. León
lunes, 27 de julio de 2020
El Tribunal Supremo fija que las adjudicaciones de inmuebles en pago de deudas son operaciones de las empresas SEPI exentas de impuestos
lunes, 27 de julio de 2020Lunes, 20 de julio de 2020
El Tribunal Supremo fija que las adjudicaciones de inmuebles en pago de deudas son operaciones de las empresas SEPI exentas de impuestos
La Sala de lo Contencioso estima el recurso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales contra una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de septiembre de 2017
Autor: Comunicación Poder Judicial
La Sala III del Tribunal Supremo ha fijado como criterio en una sentencia que las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas se encuentran comprendidas en las operaciones de reestructuración financiera de las empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, por tanto, resulta de aplicación a las mismas la exención de cualquier tributo contenida en el artículo 14.4 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 15/1997, de 5 de septiembre, por el que se modifica la referida Ley.
El Supremo estima el recurso de la SEPI contra una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, de septiembre de 2017, que había dado la razón a la Hacienda autonómica en la liquidación, de marzo de 2010, que su Oficina de Manises realizó a la SEPI por importe de 4,7 millones de euros en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, en relación a la dación de la fábrica de Manises de IZAR a la SEPI como pago de deuda.
En concreto, según relata la sentencia del Supremo, la mercantil IZAR Construcciones Navales, S.A., en liquidación –-en lo sucesivo IZAR-, entidad íntegramente participada por SEPI, transmitió a SEPI, mediante una dación en pago parcial de una deuda que tenía con esta, el pleno dominio de la totalidad de los bienes inmuebles correspondientes a su fábrica de Manises como parte del pago de la deuda que mantenía con ésta.
El 19 de mayo siguiente, SEPI presentó la oportuna autoliquidación, declarando la operación anterior sujeta, pero exenta del ITPAJD, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, al considerar de aplicación el artículo 14.4 de la Ley 5/1996, prosiguen los hechos probados.
El 5 de marzo de 2010, la oficina liquidadora de Manises practicó liquidación provisional por el referido tributo, negando la exención pretendida por considerarla de aplicación únicamente a las transmisiones derivadas del propio proceso de creación de SEPI, a las ampliaciones de capital y a las aportaciones de fondos realizadas en el marco de procedimientos de reestructuración financiera de las sociedades participadas por esta compañía. La deuda tributaria notificada a SEPI ascendía a 4.798.767,77 euros, de los que 4.352.530 euros correspondían a cuota y 446.237,77 euros a intereses de demora, siendo la cuota el resultado de aplicar el tipo de gravamen del 7% sobre el valor total de los bienes transmitidos a SEPI.
No estando conforme con dicha liquidación, SEPI interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, que la estimó en resolución de 9 de julio de 2012, al entender que la operación discutida constituía una operación de reestructuración financiera de IZAR.
La Generalitat Valenciana interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TEAC referida, que fue estimado por la sentencia de 20 de septiembre de 2017 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Esta última sentencia es ahora anulada por el Supremo al estimar el recurso de la SEPI. El alto tribunal explica que el artículo 14.4 de la Ley 5/1996 excluye de tributos “a todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados, directa o indirectamente de la aplicación de este Real Decreto-ley e, incluso, las aportaciones de fondos o ampliaciones de capital, que se ejecuten en el futuro para la reestructuración financiera de las empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales”.
Según los magistrados, la finalidad de la exención, que se enmarca dentro del proceso de reestructuración del sector público empresarial dependiente del Estado, es lograr la neutralidad fiscal, de forma que no supongan un mayor coste para el Estado las operaciones que se realicen en el marco de un procedimiento de reestructuración financiera de entidades participadas por SEPI.
El Supremo concluye que las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas se encuentran comprendidas en las operaciones de reestructuración financiera de las empresas participadas por SEPI y, por tanto, resulta de aplicación a las mismas la exención contenida en el artículo 14.4 de la Ley 5/1996, de 10 de enero.
El MITECO envía 2 brigadas y 7 aviones para apoyar las tareas de extinción del incendio declarado en Monterrei (Ourense)
lunes, 27 de julio de 2020Durante la jornada de ayer, sábado 25 de julio
El MITECO envía 2 brigadas y 7 aviones para apoyar las tareas de extinción del incendio declarado en Monterrei (Ourense)
Domingo 26 de julio de 2020
30/08/2016.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
La provincia de Ourense concentró, ayer sábado, 25 de julio, la mayor parte de la actividad de los efectivos de extinción de incendios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Colaboraron en el control de tres focos, en los municipios de A Mezquita, Riós y Monterrei, donde se registró el fuego de mayor envergadura y al que se desplazaron 7 aviones y 2 brigadas, entre otros medios. Además de en Ourense, el MITECO apoyó las tareas de extinción de otros tres incendios en Sevilla, Huesca y Mallorca (Illes Balears).
En concreto, al incendio de Monterrei, en la comarca de Verín (Ourense), se desplazaron dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) helitransportadas por cuatro helicópteros con capacidad para 1.200 litros provenientes de la base de Laza, también en Ourense. De igual modo, prestaron servicio en este foco tres aviones anfibios Canadair con una capacidad de 5.500 litros, trasladados desde Labacolla (A Coruña), Matacán (Salamanca) y Torrejón de Ardoz (Madrid); otros dos aviones anfibios Fire Boss, con 3.100 litros de capacidad, asignados a la base de Rosinos (Zamora); un helicóptero Kamov de la base de Ibias (Asturias), capaz de cargar 4.500 litros; un avión de carga en tierra, preparado para transportar hasta 3.100 litros de agua, de la base de Antela, en Xinzo de Limia (Ourense); un avión de coordinación y observación, que voló desde el aeropuerto de León; y una unidad móvil de análisis y planificación, adscrita a la base de Ourense. En estos momentos, el MITECO continúa colaborando en la extinción de este incendio, al que ya ha desplazado un avión de coordinación y observación desde León.
En Flariz, una aldea del municipio de Monterrei, se movilizaron otras dos BRIF de Laza, para apoyar la extinción de un incendio de entidad menor.
Hasta Riós, también en la comarca de Verín, viajaron otros dos anfibios de carga media, con capacidad para 3.100 litros, desde la base zamorana de Rosinos.
El incendio de A Mezquita, en la comarca de Viana, contó con el apoyo de una BRIF de la base de Laza, desplazada de nuevo en dos helicópteros con capacidad de carga de 1.200 litros; y de dos aviones anfibios Fire Boss de la base de Rosinos.
Colaboración en Sevilla, Huesca y Mallorca
En Sevilla, los efectivos de MITECO colaboraron en el control de un incendio en la localidad de El Ronquillo, hasta donde se trasladó un avión de carga en tierra, con capacidad para 3.100 litros, asignado a la base de Las Arenas, en Niebla (Huelva).
El incendio registrado en Loporzano (Huesca) contó con el apoyo de un helicóptero Kamov, con capacidad para 4.500 litros, trasladado desde la base de Plasencia del Monte, también en Huesca.
Por último, a la localidad mallorquina de Llubí, en Illes Balears, se trasladó un avión de carga en tierra, preparado para transportar hasta 3.100 litros de agua, de la base de Son Bonet, también en Mallorca.
El Gobierno acepta recomendaciones del Defensor del Pueblo para mejorar la protección de los menores víctimas de violencia de género.
lunes, 27 de julio de 2020El Gobierno acepta recomendaciones del Defensor del Pueblo para mejorar la protección de los menores víctimas de violencia de género.
17/07/2020
El Ministerio de Justicia ha aceptado las recomendaciones del Defensor del Pueblo y ha asegurado que el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia introducirá modificaciones del régimen de visitas y de la guarda y custodia de los menores en caso de condena del padre por violencia de género.
El Defensor considera que los menores de edad son siempre víctimas de la violencia de género que se ejerce sobre sus madres y por eso recomendó a finales del año pasado que se modificaran las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas siempre que exista una orden de protección en vigor respecto a la madre de los menores afectados, y la suspensión en todos los casos de condena por delitos de violencia de género.
Las recomendaciones realizadas se enmarcan en el seno de dos actuaciones de oficio que la Institución abrió tras los asesinatos, a manos de sus padres durante el régimen de visitas, de dos hermanas en Castellón, en septiembre de 2018, y de un niño en la localidad murciana de Beniel, en julio de 2019.
Ahora, y según ha comunicado la Secretaría de Estado de Justicia a la Institución que dirige Francisco Fernández Marugán, “entre las medidas previstas, muchas de las cuales conllevan reformas legislativas, se prevé configurar como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o por asesinato cuando la víctima y el autor de los delitos tuvieran un hijo en común, o cuando la víctima sea hijo o hija del autor, respecto de otros hijos e hijas, si existieren”.
Además, Justicia ha asegurado que la nueva normativa reforzará “el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, escuchados y tenidos en cuenta en contextos de violencia contra ellos”.
Para el Defensor del Pueblo, la aceptación de estas recomendaciones supone el reconocimiento de una de las principales reivindicaciones de las víctimas de violencia de género que han visto morir a sus hijos a manos de sus parejas o ex parejas, para que ningún otro niño o niña tenga que sufrir como víctima vicaria la violencia machista. De hecho, a juicio de la Institución, la incorporación de sus recomendaciones al proyecto de Ley contribuirá a reforzar los mecanismos con los que ya cuenta nuestro ordenamiento jurídico y redundarán en una mejor protección de los niños y niñas víctimas de la violencia machista.
No obstante, el Defensor recuerda que es imprescindible que los jueces y fiscales extremen el cuidado sobre el incremento del riesgo al que se somete a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género durante los procesos de divorcio. En este sentido, insiste en que es necesario que se apliquen las normas previstas en la legislación vigente para proteger a los niños y niñas una vez que se ha emitido la orden de protección para la madre, pronunciándose incluso de oficio, sobre la suspensión de la patria potestad, o de la tutela, curatela, guarda o acogimiento, o sobre la posibilidad de suspender o modificar el régimen de visitas, comunicaciones o estancia con los menores; adoptando cualquier disposición que sea necesaria para apartarles de un peligro o evitarles perjuicios.
Un maltratador nunca puede ser un buen padre
El Defensor lleva años reclamando un doble enfoque, de género e infancia, para luchar contra la violencia machista y ha reiterado en numerosas ocasiones que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”.
Esta afirmación es la reacción frente a los asesinatos de menores a manos de sus progenitores. Desde 2013, fecha en la que se les comenzó a incluir en la estadística de los crímenes machistas, 37 niños y niñas han sido asesinados. En muchas ocasiones, estos crímenes han ocurrido mientras el menor estaba con su padre durante el régimen de visitas.
En opinión del Defensor, los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género deben tener garantizadas todas las medidas de asistencia y protección existentes, tal y como establece la ley. A su juicio, el Pacto de Estado sobre violencia de género ha sido un gran acierto pero es necesario desarrollar todas las medidas de protección que contempla.
Por ello, en diciembre de 2019 la Institución formuló a las administraciones toda una batería de recomendaciones para reforzar el sistema de protección de las víctimas de este tipo de violencia.
Además de las recomendaciones ahora aceptadas, el Defensor pidió, entre otras cuestiones, desarrollar una herramienta específica para valorar el riesgo en el que se encuentran los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista y un protocolo común para que los puntos de encuentro familiar alerten de posibles situaciones de riesgo.
Asimismo, reclamó que se dote a los juzgados de violencia de género de las unidades de valoración forense y de recursos especializados para atender mejor las necesidades específicas de los menores y solicitó un plan común de formación en materia de violencia de género y tratamiento de las víctimas para todos los funcionarios y personal dependiente de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales que atienden a las víctimas.
Castillo de Santa Cruz desde As Galeras
domingo, 26 de julio de 2020
Ley Benot, primera ley del Derecho del Trabajo en España
domingo, 26 de julio de 2020Ley Benot, primera ley del Derecho del Trabajo en España
24 julio, 2020
La primera ley del Derecho del Trabajo en España, la Ley Benot, nació con el objetivo de proteger a los trabajadores, especialmente a los más débiles, frente a las pésimas condiciones laborales que padecían en el último cuarto del siglo XIX
El inicio del Derecho del Trabajo en España tenía un claro fin, proteger a las personas asalariadas. En pleno siglo XXI, en la era de la Industria 4.0, se debe continuar con ese propósito.
Tras los grandes cambios que la Revolución Industrial hizo patentes en el mundo del trabajo, fue necesario comenzar a regular las relaciones laborales entre la patronal y las personas asalariadas. Fue el 24 de julio de 1873 cuando se aprobó en España la primera ley creada específicamente para tal fin: la ley Benot. Su objeto fundamental era proteger a los menores de las abusivas condiciones en que se les empleaba en los establecimientos industriales.
Así, las primeras normas del Derecho del Trabajo nacen como respuesta política y legislativa frente a determinados problemas sociales, estando íntimamente ligadas con la realidad económica y social en cuyo contexto surgen. En este sentido, la finalidad de la primera legislación social consistía en proteger a todas las personas trabajadoras, y especialmente a los más débiles, frente a las pésimas condiciones laborales que padecían en el último cuarto del siglo XIX.
La protección a la infancia en la segunda mitad del siglo XIX no era una cuestión circunscrita al ámbito laboral, sino que los juristas propugnaron que la legislación interviniese en parcelas aún más delicadas, contemplando, por ejemplo, supuestos en los que los padres pudieran perder la patria potestad de sus hijos en el caso de que realizaran conductas lesivas para los menores, tales como malos tratos, la imposición de la mendicidad o el impulso a la delincuencia. Ahora, se está modificando el ordenamiento jurídico para que las parejas tengan la obligación legal de denunciar a las personas maltratadoras de su descendencia.
Los movimientos obreros
Otro de los factores que influiría en la elaboración de las primeras leyes del Derecho del Trabajo serían los movimientos obreros. En el año 1873, ya habían tomado como elemento clave de su lucha la rebaja de las horas de trabajo, concretada en dos colectivos: mujeres y niños.
Su incorporación como mano de obra en las fábricas había provocado una espiral de descenso de los salarios que afectaba a la totalidad de los obreros. Una mujer o un niño cobraba un salario muy inferior a un hombre adulto por realizar el mismo trabajo, lo cual provocaba que los obreros tuvieran, a su vez, que rebajar sus salarios para poder resultar competitivos económicamente en relación con niños y mujeres.
Las limitaciones a la jornada laboral estaban guiadas no solo por un deseo de humanizar las condiciones de trabajo, sino también por el deseo de que, al recortarse horas de trabajo, fuera factible escolarizar adecuadamente a los menores e instruir a los adultos.
El día 13 de junio, Pi y Margall había defendido la necesidad imperiosa de que se aprobara una ley que pusiera fin a los abusos en el medio laboral: “debemos velar para que los niños no sean víctimas ya de la codicia, ya de la miseria de sus padres, debemos evitar que se atrofien en talleres por entrar en ellos antes de la edad necesaria para sobrellevar tan rudas tareas. Hemos de dictar condiciones para los niños que entren en las fábricas y, sobre todo, hacer que el trabajo no impida su desarrollo intelectual”.
Quedando su ámbito de aplicación circunscrito a establecimientos industriales y mineros, la ley se ocupaba de tres grandes cuestiones a lo largo de su breve articulado, la protección a la infancia, la educación de los menores y la creación de los jurados mixtos. Estos órganos, que integraban a industriales y obreros, ya estaban presentes en el proyecto que Jovellanos presentó en 1785.
Sin embargo, como era de esperar, la patronal se negaba a su creación en la mayor parte de las ocasiones. Particularmente tenso fue el enfrentamiento por esta cuestión en Cataluña, la región donde más fuerza poseía el movimiento obrero. Allí, los industriales contaban con el apoyo incondicional del durísimo gobernador de la región, el general Zapatero. Cuando el enfrentamiento entre las empresas fabriles y sus plantillas subió de tono, Zapatero decidió poner fin al conflicto suprimiendo las Asociaciones de Obreros. La respuesta fue violenta e inesperada por el asesinato del presidente del Instituto Industrial, en el que puede ser considerado como uno de los primeros actos de violencia terrorista en la España contemporánea.
El movimiento obrero no era unánime en su apoyo a algunas de las medidas de esta primera ley del Derecho del Trabajo. Las personas más extremistas consideraban a los jurados mixtos como una institución pacticia cuyo único efecto iba a ser adormecer las reclamaciones legítimas de los obreros. La Ley Benot configuraba los jurados mixtos como un órgano con funciones inspectoras, con poco o nada que ver con el instrumento de negociación que parecía tener en mente Pí y Margall y que reclamaba el movimiento obrero.
Del mismo modo, la norma se ocupaba de cuestiones relativas a la mejora de las condiciones sanitarias en las fábricas. Este aspecto de la ley respondía a la cada vez mayor preocupación por las condiciones de trabajo de las personas asalariadas, una materia sobre la que estaba aumentando la presión de las organizaciones obreras. La Ley Benot preveía la existencia de un botiquín y la contratación de un cirujano si la fábrica alcanzaba cierto tamaño. El artículo 9 exponía que no se podría poner en funcionamiento ninguna fábrica, taller o mina que no reuniera las condiciones mínimas no solo de sanidad y salubridad, sino también de seguridad a la hora de que las personas operarias desarrollaran su trabajo.
Primera ley del Derecho del Trabajo, una de las menos cumplidas en la historia de España
El incumplimiento generalizado de la ley de 1873 fue recogido de forma oficial por textos legislativos posteriores, algo poco frecuente. Por ejemplo, la exposición de motivos del Real Decreto de 10 de diciembre de 1893, que creaba la Comisión de Reformas Sociales, afirmaba que “la ley de 24 de julio de 1873 (…) ha quedado ignorada de todo el mundo”. Pocas leyes han sido tan poco cumplidas en la historia de España como la ley de Eduardo Benot sobre trabajo infantil.
Entre las variadas causas que afectaron a este incumplimiento, debe hablarse de una, generalmente obviada, que tiene que ver con el desarrollo de la ley. En su articulado, la ley establecía que numerosas cuestiones de suma importancia debían ser objeto de reglamentación más completa por parte de cada uno de los cantones que configuraban la estructura de gobierno republicana. La coyuntura política de la I República jugó en contra de la ley.
Parte del articulado de la Ley Benot fue incluido, ampliado o completado en leyes posteriores, principalmente por la Ley de 28 de julio de 1878, sobre el trabajo peligroso de los niños, que prohibía el trabajo de los niños y jóvenes menores de dieciséis años en espectáculos públicos y profesiones de riesgo, y la Reglamentación del trabajo de mujeres y niños, Ley de 3 de marzo de 1900, que fijaba expresamente la edad mínima para acceder al trabajo en diez años, desarrollada por Eduardo Dato.
Próxima ley de teletrabajo
En USO, ante la próxima aprobación de la ley que regulará el trabajo a distancia y que puede generar una nueva revolución en la forma de prestación laboral, entendemos que puede realizarse una comparación entre esta situación y la de 1873. Las patronales no aceptan cuestiones como la imputación de los gastos o configurarlo como un derecho de las personas trabajadoras y, por la parte sindical, se percibe como una nueva forma de discriminación a la mujer.
El Ejecutivo ya ha aceptado desligar el teletrabajo y la conciliación para evitar que termine siendo utilizado como una forma de perpetuación de los roles de la crianza y los cuidados sobre las mujeres.
Desde USO hemos presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un completo listado de medidas en todos los ámbitos de incidencia de esta futura ley que regulará el teletrabajo.
En cuanto a la técnica legislativa y su desarrollo, a nuestro parecer, no exige de una extraordinaria urgencia y necesidad por lo que deberían de tomarse el tiempo necesario para no tener que desarrollarla. En este sentido, la negociación colectiva se torna de vital importancia para que, en el seno de la empresa o el sector, se fijen y detallen al máximo las condiciones de la prestación laboral de esta “nueva” modalidad de prestación de servicios. Ahora bien, los mínimos deben estar bien establecidos en la ley para que cualquier persona trabajadora pueda convenir un pacto individual, en ausencia de representación legal.
En el mismo sentido, no se deberían dejar de regular aspectos preventivos del puesto de trabajo, ya hemos comprobado que no todas las viviendas están habilitadas para ser lugar de trabajo; que las competencias profesionales de la persona respecto del tipo de trabajo a realizar hacen que no todos estemos preparados para trabajar con cierta autonomía o aislados respecto a los diferentes tipos de supervisión; o cómo se va a procurar el cumplimiento normativo preventivo de las empresas en cuanto a la obligación legal de protección de la salud de sus plantillas. Esperemos que se haya aprendido del pasado y no se tenga que desarrollar, o quizás nos sorprendan con una norma laboral y otra preventiva, vía Real Decreto.
CCOO denuncia la lista de espera en las oficinas de Seguridad Social
domingo, 26 de julio de 2020CCOO denuncia la lista de espera en las oficinas de Seguridad Social
Pese al esfuerzo que vienen realizando todos los empleados públicos, que se encuentran plenamente incorporados al trabajo presencial o telemático, la administración de Seguridad Social no ha previsto adecuadamente la gestión del incremento de solicitudes como consecuencia de la desescalada y del nuevo Ingreso Mínimo Vital, de modo que los retrasos en la atención son generalizados y en algunas provincias no se puede obtener de cita previa para la atención presencial en las oficinas. CCOO ha denunciado esta situación en la reunión del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social
24/07/2020.
CCOO ha reconocido y valora positivamente el esfuerzo realizado por parte de la Seguridad Social para el refuerzo del dispositivo de gestión on-line a través de la página web, que ha posibilitado, por ejemplo, que el porcentaje de solicitudes telemáticas de pensiones de jubilación se haya casi cuadruplicado durante el confinamiento, y que sitúa este canal de acceso tan solo en el 17% del total de solicitudes registradas en lo que va de año.
Sin embargo, CCOO recuerda que el canal de gestión on-line no puede absorber por sí mismo el grueso de la gestión que requiere la Seguridad Social en su relación con los ciudadanos, ya que son muchas las personas que tienen dificultad para acceder a esta vía de comunicación por tener competencias digitales limitadas, la complejidad de los trámites, etc. Por ello, CCOO señala que hoy es imprescindible una vía que garantice la atención presencial a todas aquellas personas que lo requieran.
El proceso de desescalada ha traído como efecto lógico que todas las solicitudes que los ciudadanos han ido posponiendo durante la pandemia se concentren ahora en su presentación, a lo que se suma la solicitud del nuevo Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, las líneas 900 y los sistemas de gestión de cita previa que sirven de “puerta de entrada” a la Seguridad Social para la mayoría de población no se han visto reforzadas, con lo que se está produciendo una especie de “cuello de botella” que tiene como consecuencia retrasos generalizados en la atención, y en algunas provincias no se puede obtener de cita previa para la atención presencial en las oficinas, con el grave problema de desatención a los ciudadanos que ello supone.
En este sentido, CCOO ha denunciado en Consejo General del INSS el hecho de que, pese a que la línea 900 opera ya con el nivel de atención habitual (unas 85.000 llamadas al mes atendidas), ha tenido casi 600.000 llamadas no atendidas.
La consecuencia de todo ello no es solo el retraso en la gestión de las prestaciones, cuyos plazos se han más que duplicado en no pocos territorios, sino la dificultad que los ciudadanos tienen para contactar con el servicio público de Seguridad Social, lo que está provocando la imagen de colas a las puertas de las oficinas de Seguridad Social, que no pueden ser atendidos sin cita previa, y a quienes se remite sistemáticamente a una línea 900 saturada y un canal on-line que muchas personas tienen dificultad para utilizar.
CCOO ha reclamado al Secretario de Estado de la Seguridad Social a que adopte las medidas oportunas que permitan resolver esta situación de manera inmediata, además de exigirle el reforzamiento de las plantillas.
Se ha de tener en cuenta que el hecho de que el aumento de solicitudes de prestaciones no es un fenómeno coyuntural, aunque se haya visto agravado ahora por la evolución de la pandemia. La puesta en marcha del nuevo Ingreso Mínimo Vital, que gestiona el INSS, y el comienzo de la jubilación de la generación del baby-boom implican que esta situación se convertirá en estructural por lo que debe reforzarse las plantillas de las entidades de la Seguridad Social. Unas plantillas que, además, ya presentan un grave déficit de personal como consecuencia de la pérdida continuada de efectivos derivada de la insuficiente reposición de los funcionarios que se jubilan y no son sustituidos por nuevos trabajadores. De los actuales 24.622 empleados públicos que garantizan la atención del sistema de Seguridad Social, el 60% tiene más de 55 años, por lo que se jubilará en la próxima década.
CCOO ha calculado que para garantizar el mantenimiento del servicio público de Seguridad Social, con la plena garantía de independencia y control de la calidad de la atención que posibilita hacerlo con empleados públicos, es imprescindible que de manera sostenida en la próxima década se proceda a la convocatoria de 10.000 plazas a través de las correspondientes Ofertas de Empleo Público.
Plan de recuperación europeo: a medias y con letra pequeña
domingo, 26 de julio de 2020Plan de recuperación europeo: a medias y con letra pequeña
21 julio, 2020
Joaquín Pérez, secretario general de USO, considera que el plan de recuperación europeo obligará a posponer reformas necesarias y reducirá partidas en temas cruciales como el clima
El acuerdo económico alcanzado por los líderes de la Unión Europea por el que España recibirá 140.000 millones de euros, no es para aplaudir tanto. En primer lugar porque este plan de recuperación europeo rebaja cuantiosamente las pretensiones iniciales planteadas, por lo que sólo se puede plantear un plan Marshall light, con una condicionalidad que obligará a posponer políticas o a dejar en la nevera reformas más que necesarias.
En segundo lugar, en el Marco Financiero Plurianual de este plan de recuperación europeo se han visto fuertemente reducidas importantes partidas en temas cruciales como el clima, la PAC o la cohesión, que se verán afectados. “Sí sirve -en parte- para mirar con mejores ojos hacia una Unión Europea que ya no receta solamente austeridad para afrontar una nueva crisis”, apunta Joaquín Pérez, secretario general de USO.
La Unión Europea se endeudará por primera vez para financiar la recuperación económica. “Pero recordemos que la deuda hay que devolverla y la UE deberá hacerlo antes de 2058, por lo que habrá también que hablar próximamente de nuevos ingresos, que nadie se frote las manos. Desde USO esperamos que no se mire al IVA ni al IRPF de los trabajadores como solución de manual”, reivindica Pérez.
USO reivindica grandes pactos en materia de empleo
Las especiales circunstancias en las que se encuentra nuestro país, especialmente azotado por la pandemia en el terreno económico y laboral, agravado por un tejido empresarial apoyado en los servicios y un mercado laboral muy dependiente del turismo, hace que partamos de una situación de desventaja frente al resto de países. Habrá que esperar a conocer el contenido de los planes que presente el Gobierno para la solicitud de los fondos, esperando que no contengan más propuestas para el empleo basadas en mejorar los números, alimentando la precariedad o grandes planes con fecha de caducidad de tres meses.
Así, “desde USO solicitamos al Gobierno y a todos los partidos que, ante esta nueva oportunidad, se lleguen a grandes pactos en materia de empleo, una mayor protección frente al desempleo, y se invierta en un sistema de formación para el empleo público de calidad y dirigido al empleo, no a otros fines. Que apuesten por la transformación de nuestro modelo productivo, por la industria, el desarrollo de la innovación tecnológica y digital, el empleo verde. Que se invierta en sanidad y dependencia”, reivindica Pérez.
De igual forma, USO exige que no se abandonen las políticas que deberían ya haberse puesto en marcha: reforma fiscal; el impuesto a las grandes digitales; nueva ley de educación consensuada, y una nueva normativa laboral que no sólo corrija los aspectos más lesivos de la reforma laboral, sino que se adecúe a la nueva realidad laboral y contemple nuevos derechos y garantías en esos nuevos escenarios.
“Solo con empleo de calidad habrá una verdadera recuperación a largo plazo y se podrá blindar y mejorar la protección social garantizando el sistema público de pensiones, la cualificación de trabajadores y trabajadoras y la competividad de nuestro país”, concluye el secretario general de USO.
La CES acoge positivamente el acuerdo
El secretario general de la CES, Luca Visentini, considera que la adopción del plan de recuperación de europeo es “una buena noticia para los 60 millones de personas en toda la UE que dependen de una inversión rápida para salvar sus empleos o evitar el desempleo a largo plazo”.
La Confederación Europea de Sindicatos ha agradecido a los presidentes Michel y Von der Leyen, y a los líderes más progresistas, su perseverancia para alcanzar un acuerdo en las negociaciones de la UE más difíciles de la historia y acoge positivamente la decisión de financiar el plan de recuperación a través de eurobonos, evitando así una deuda adicional insostenible para los estados miembros.
La CES considera también que la reducción de la cantidad de subsidios en el fondo de recuperación trae un recorte inaceptable al Fondo de Transición Justa y a las medidas de salud. Además, el presupuesto general de la UE no es lo suficientemente grande como para ofrecer una transformación verde y digital y recursos adecuados para la cohesión y las prioridades sociales.
“Nos mantendremos vigilantes para asegurarnos de que el proceso de aprobación de los planes nacionales de reforma y el llamado ‘freno de emergencia’ no se usen para imponer más austeridades y recortes, en manos de populistas antieuropeos”, ha defendido Visentini, quien reclama la urgencia de la reforma de la gobernanza y la toma de decisiones de la UE “para evitar que un puñado de gobiernos antieuropeos destruyan el proyecto de la UE, lo que hace que la Conferencia sobre el Futuro de Europa sea aún más crucial después de esta cumbre”.
Túnel de Tetuán. Santander
sábado, 25 de julio de 2020
El CGPJ y la Abogacía renuevan su compromiso para colaborar en la implantación de la mediación como vía complementaria para resolver conflictos
sábado, 25 de julio de 2020Viernes, 24 de julio de 2020
El CGPJ y la Abogacía renuevan su compromiso para colaborar en la implantación de la mediación como vía complementaria para resolver conflictos
El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, firman un nuevo convenio, adaptado a la legislación vigente
Autor: Comunicación Poder Judicial
El CGPJ y la Abogacía renuevan su compromiso para colaborar en la implantación de la mediación como vía complementaria para resolver conflictos
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha firmado hoy con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, un convenio de colaboración cuya finalidad es promover en toda España el desarrollo de la mediación intrajudicial como medio complementario para la solución de conflictos.
Con la rúbrica de este acuerdo, el órgano de gobierno de los jueces y la Abogacía cumplen las normas europeas sobre mediación y la recomendación dirigida por el Parlamento Europeo a los Estados miembros para que intensifiquen sus esfuerzos en el impulso del uso de la mediación en litigios civiles y mercantiles y en la mejora de la colaboración entre los profesionales de la justicia con este mismo fin.
Estrecha colaboración
La colaboración entre el CGPJ y el CGAE en materia de mediación se remonta a 2016, fecha en la que suscribieron un primer convenio que ha ido renovándose. El acuerdo firmado hoy en la sede del Consejo General del Poder Judicial deroga los anteriores y responde a la necesidad de adaptar el texto a la legislación vigente.
El objetivo común de ambas partes es contribuir a la implantación de la mediación. Para ello, el CGPJ se compromete a promover e impulsar la mediación entre los jueces y magistrados y a favorecer la adecuada coordinación entre los diferentes proyectos que se pongan en marcha a partir de la firma del convenio y los órganos jurisdiccionales. También se compromete a superar los obstáculos que dificulten la colaboración institucional en la puesta en marcha de las iniciativas de mediación y a velar por que la mediación que se desarrolle en los juzgados sea de calidad. Finalmente, a promover la suscripción de códigos de conducta de los mediadores.
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española se compromete a fomentar e impulsar la mediación promoviendo el uso de esta herramienta entre los abogados para que puedan informar y asesorar a las partes en litigio. También, a dar a conocer y difundir el convenio entre los 83 Colegios de Abogados, que podrán adherirse al mismo; a velar por que se garantice que la mediación desarrollada en los distintos colegios sea conforme con los protocolos que se diseñen a tal efecto en los partidos judiciales, teniendo como base la Guía Práctica para la mediación elaborada por el CGPJ; y a colaborar en la difusión de material divulgativo dirigido a los usuarios de la Administración de Justicia.
Una comisión de seguimiento, que deberá reunirse al menos una vez al año, velará por el cumplimiento del convenio, cuya vigencia es de cuatro años.
Sánchez presenta la Agenda España Digital 2025, que movilizará una inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022
sábado, 25 de julio de 202023 de julio de 2020
Sánchez presenta la Agenda España Digital 2025, que movilizará una inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022
La digitalización se posiciona como una de las palancas clave para la recuperación económica y la modernización del tejido productivo, el aumento de la productividad y el cierre de las brechas sociales y territoriales.
Se prevé una inversión pública de 20.000 millones de euros en el periodo 2020-2022, alineada con la estrategia de la Unión Europea y apoyada en los nuevos instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación Next Generation
Esta agenda impulsará la transformación digital del país mediante la garantía de conectividad digital, el despliegue del 5G, el refuerzo de capacidad en ciberseguridad, la digitalización de las Administraciones Públicas y de las empresas, en particular las pymes, el impulso de España como “hub” de producción audiovisual, el desarrollo de la economía del dato y la Inteligencia Artificial y la garantía de los derechos digitales de la ciudadanía. También se prevé el desarrollo de proyectos tractores para la digitalización del modelo productivo en sectores estratégicos.
Contribuirá a relanzar el crecimiento económico, reducir la desigualdad, aumentar la productividad y aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.
Su puesta en marcha se hará mediante la colaboración público-privada y con la participación de los agentes económicos y sociales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves la nueva Agenda Digital que llevará el nombre de España Digital 2025. Incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que, durante los próximos cinco años, se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales del país. En la elaboración de esta agenda digital han participado más de 15 ministerios y organismos públicos y más de 25 agentes económicos, empresariales y sociales.
España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un conjunto de reformas estructurales que movilizarían un importante volumen de inversión pública y privada, en el entorno de los 70.000 millones de euros.
La inversión pública en el periodo 2020-2022 se situaría en torno a los 20.000 millones de euros, de los cuales 15.000 millones de euros, aproximadamente, corresponderían a los diferentes programas y nuevos instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación Next Generation EU, que establece que la digitalización tiene que ser uno de los ejes principales para movilizar estos recursos.
A ello se sumaría la inversión prevista por el sector privado, de unos 50.000 millones de euros, en un escenario moderado de despliegue de las medidas.
España Digital 2025 centrará sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.
En palabras del presidente Sánchez, “este plan no es un plan más, es uno de los pilares estratégicos en los que debe asentarse la recuperación económica de España: la creación de empleo, el aumento de la productividad y la conquista de mercados exteriores.”
Por su parte, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, que ha intervenido por videoconferencia, ha calificado la agenda de “ambiciosa e innovadora” y ha destacado que “anticipa las reformas estructurales necesarias y las inversiones de cara al futuro, y asegura la continuidad de las políticas tradicionales para desplegar infraestructura, aumentar la conectividad y hacer que nuestras empresas, especialmente las pymes, sean más digitales.”
Al acto de presentación en el Palacio de la Moncloa han asistido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación; Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior; Doña Pilar López, directora general de Microsoft España; Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; Doña María Ferreras, vicepresidenta para Europa, Oriente Medio y África de Netflix; y Don José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, entre otras personalidades destacadas del sector, así como del ámbito empresarial y sindical.
Ejes estratégicos
Esta agenda consta de cerca de 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos:
1.Conectividad digital. Garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025
2.Seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G
3.Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Se pondrá especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación. El objetivo es que en 2025 el 80% de las personas tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellas sean mujeres.
4.Reforzar la capacidad española en ciberseguridad. Se busca disponer de 20.000 especialistas en ciberseguridad, Inteligencia Artificial y datos en 2025 gracias, entre otros aspectos, al polo de actividad empresarial que supone el entorno del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
5.Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. En 2025, el 50% de los servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones
6.Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micropymes y a las start-ups. Se fija como meta que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.
7.Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación digital en sectores económicos estratégicos como el Agroalimentario, Movilidad, Salud, Turismo, Comercio o Energía, entre otros. Estos proyectos tienen como meta una reducción del 10% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización de la economía en 2025
8.Mejorar el atractivo de España como plataforma audiovisual europea para generar negocio y puestos de trabajo, con una meta de incremento del 30% de la producción audiovisual en nuestro país para el año 2025
9.Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial con el objetivo de que, al menos, el 25% de empresas usen Inteligencia Artificial y Big Data dentro de cinco años.
10.Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. En este ámbito se fija como objetivo la elaboración de una carta de derechos digitales.
Esta agenda impulsará la transformación digital del país mediante la garantía de conectividad digital, el despliegue del 5G, el refuerzo de capacidad en ciberseguridad, la digitalización de las Administraciones Públicas y de las empresas, en particular las pymes, el impulso de España como “hub” de producción audiovisual, el desarrollo de la economía del dato y la Inteligencia Artificial y la garantía de los derechos digitales de la ciudadanía. También se prevé el desarrollo de proyectos tractores para la digitalización del modelo productivo en sectores estratégicos.
Además, España Digital 2025 quiere contribuir a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado en los últimos años, ya sea por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales, y que se han puesto de manifiesto durante la pandemia. Una misión que se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Consejo consultivo y seguimiento
El Gobierno creará el Consejo Consultivo para la Transformación Digital, que tendrá carácter público-privado y facilitará el diálogo y participación de los distintos agentes económicos y sociales para la transformación digital del país.
El Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI) contribuirá proporcionando información pública en materia de transformación digital y apoyando la elaboración de informes para la evaluación y actualización de las actuaciones desarrolladas en el marco de esta agenda.
Adicionalmente, se creará un sitio web dedicado a España Digital 2025, con información actualizada sobre medidas e indicadores, y se elaborará un Informe Anual de seguimiento, que será presentado al Consejo Consultivo para la Transformación Digital.
La estabilidad institucional ha sido clave en la modernización de España durante el periodo democrático
sábado, 25 de julio de 2020La estabilidad institucional ha sido clave en la modernización de España durante el periodo democrático
Estudio del Consejo General de Economistas y de la Cámara de España
16 de Julio 2020
El análisis de las series históricas contenidas en este Estudio pone de manifiesto el enorme avance económico, social, empresarial e institucional conseguido por España en los últimos 45 años. A la vista de los datos contenidos en este informe, queda patente que el gran cambio logrado en nuestro país no ha sido debido únicamente, como podría pensarse, al tiempo transcurrido y a la pobre situación de partida, sino sobre todo a un sólido marco institucional, a los acuerdos y políticas adoptadas en ese período y al papel desarrollado por la sociedad civil y el tejido productivo y social.
Es por ello que tanto el Consejo General de Economistas de España como la Cámara de Comercio de España consideran que resulta necesario preservar este legado, cuyo modelo ha de servir de base para encarar la recuperación de nuestro país ante la crisis provocada por el covid-19.
Un claro indicador del desarrollo económico y del bienestar social alcanzado en los últimos 45 años lo constituye el aumento del PIB per cápita. Así, nuestro país ha multiplicado por 2,3 su PIB real per cápita en estas cuatro décadas y media, claramente por encima de países como Italia, Francia, Reino Unido, EEUU, Alemania. Concretamente, el PIB per cápita ha aumentado de forma sostenida desde 1975, con poco más de 1.000 euros, hasta un valor de 26.432 euros en 2019.
Madrid, 16/07/2020.- La estabilidad económica, política y social que ha traído nuestro sistema institucional basado en la Constitución de 1978 ha sido la clave de la modernización y prosperidad de España en el periodo democrático. Un marco que consagra los principios de la democracia, la economía social de mercado, el Estado de derecho, el Estado del bienestar, la monarquía parlamentaria y el Estado autonómico. A lo que se añade la pertenencia a la Unión Europea, como ámbito natural de desarrollo político y económico de nuestro país y que tantos beneficios nos ha aportado desde 1986.
Esta es la principal conclusión del estudio “45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España”, elaborado por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas de España, y que hoy han presentado los presidentes de ambas instituciones, José Luis Bonet y Valentín Pich.
El objetivo del estudio –dirigido por los economistas Salvador Marín, presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs y director de la Cátedra EC-CGE, y Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España– es identificar, mostrar y poner en valor la evolución económica, social e institucional de España en los últimos 45 años, a través de datos, series históricas, hechos y opiniones cualificadas. Además del análisis de los principales indicadores en el ámbito económico y social, el informe repasa la evolución de los principales sectores productivos en los últimos 45 años, a través de los testimonios de empresas destacadas en cada una de las áreas estudiadas.
En la presentación del informe, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha subrayado el protagonismo clave de las empresas en el periodo analizado hasta conformarse “como la base de la actividad económica del país, la principal fuente de empleo y el sustento más importante del estado del bienestar y del sector público”.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha manifestado que “los logros conseguidos en estos últimos 45 años nos enseñan que, para remontar la crisis que estamos viendo en estos momentos, se precisa, entre otras cuestiones, una estabilidad institucional, una gestión eficiente y la coordinación de las diferentes administraciones, todo ello en pos de alcanzar unos objetivos que han de estar muy bien definidos y ser homologables con los de los de los países de nuestro entorno, dado que vivimos en un mundo globalizado”. Según Pich, “así podremos continuar siendo un país creíble de cara a los inversores y, sobre todo, a nuestros ciudadanos”.
Salvador Marín –codirector del estudio por parte del Consejo General de Economistas de España– ha resaltado en su presentación que “en este ejercicio de dirección y elaboración de este Estudio también influyó en nosotros que, principalmente en los últimos años de la serie, más veces de las que parece razonable, se alude a lo inmediato, a lo fugaz, como si no existiera un ayer, un por qué, una evolución, unos predecesores y unos hechos. Esto, en el estudio de la economía y las ciencias sociales en general es un punto de partida ineludible si se quiere ser fiel y respetuoso con los códigos de la investigación y el análisis riguroso, y que conviene respetar”.
Para Raúl Mínguez –codirector del estudio por parte de la Cámara de Comercio de España–, “en paralelo a la solución del problema sanitario, que constituye la prioridad inmediata, España necesita trabajar en el diseño y articulación de medidas para amortiguar y salir con la mayor celeridad de la crisis que ya se ha iniciado, y avanzar así en las fases de recuperación y reconstrucción económica y social del país. Las enseñanzas de los últimos 45 años nos muestran que hemos sido capaces de superar las dificultades encontradas, compromiso que la empresa española asume con ánimo, esfuerzo y responsabilidad en esta etapa crucial”.
Principales datos extraídos del Estudio
El análisis de las series históricas contenidas en este Estudio pone de manifiesto el enorme avance económico, social, empresarial e institucional conseguido por España en los últimos 45 años (ver anexo: “principales datos obtenidos de este estudio”).
Un claro indicador del desarrollo económico y del bienestar social alcanzado en estos últimos 45 años lo constituye el aumento del PIB per cápita. Así, nuestro país ha multiplicado por 2,3 su PIB real per cápita en estas cuatro décadas y media, claramente por encima de países como Italia, Francia, Reino Unido, EEUU, Alemania. Concretamente, el PIB per cápita ha aumentado de forma sostenida desde 1975, con poco más de 1.000 euros, hasta un valor de 26.432 euros en 2019.
Asimismo, el análisis de la evolución experimentada por la inversión, el stock de capital y las infraestructuras en España es otro claro reflejo de la gran transformación económica vivida en nuestro país en estos últimos 45 años, con un crecimiento exponencial de la inversión en nuestra economía.
Por otra parte el estudio de la demografía española en estos últimos 45 años revela como el enorme progreso experimentado en este país –con el consiguiente incremento del bienestar de su población–, se ha traducido en un importante aumento de la esperanza de vida y reducción de la tasa de mortalidad.
El mercado de trabajo también ha experimentado un gran cambio como consecuencia de la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo y el cambio en la estructura productiva del país, a consecuencia de la modernización del sector primario liberando mano de obra hacia el sector terciario.
El Sistema Educativo Español de hoy es el resultado de un conjunto transformaciones que han tenido lugar desde la transición a la democracia. Actualmente, España tiene un modelo descentralizado de gestión y administración del sistema educativo, repartiéndose las competencias educativas entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. En este sentido, se puede afirmar que el nivel educativo de la población española ha crecido de manera espectacular en las últimas décadas. La tasa de abandono escolar temprana rondaba en España el 70% en 1977, se redujo muy drásticamente en dos décadas, hasta el 30%. En 2019 ha alcanzado su nivel más bajo de este siglo, 17,3%.
Un resumen del recorrido del sistema sanitario en España durante los últimos 45 años, pasaría con mencionar conceptos como gasto sanitario, universalización, descentralización o esperanza de vida. Solo con el desarrollo de esos cuatro conceptos, bien se podría resumir la evolución del sistema sanitario Español a lo largo del período indicado. En cuanto al gasto sanitario, hay que destacar el progresivo aumento que se ha producido en el mismo a lo largo de estos últimos 45 años. Muy ligado a ello y quizás derivado de lo anterior, es decir, de ese aumento del gasto sanitario, deviene una población con una cada vez mayor esperanza de vida.
La perfecta integración de España en la Unión Europea ha sido reconocida internacionalmente, registrando un avance excepcional en el proceso de apertura económica (destacando el aumento de intercambios comerciales e inversión extranjera directa en España y viceversa), una modernización de la economía española, un beneficio para los ciudadanos en el campo social, cultural, de libertad, seguridad, etc. España ha pasado a desarrollar un papel activo y fundamental en la construcción del proyecto europeo, impulsando iniciativas (el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y el Proceso de Lisboa, por ejemplo), participando en misiones humanitarias y de mantenimiento de paz, apoyando a países candidatos, participando en numerosas organizaciones internacionales, proyectos empresariales emblemáticos a nivel internacional, etc.
Asimismo, con la adhesión a la Unión Europea, España se ha convertido también en un país abierto, internacional, dinámico y avanzado, referente en sectores como el energético, turismo, agricultura, infraestructura, etc., cuya implicación en la Unión Europea y en el contexto mundial parece no tener límites, apoyando el proyecto europeo dentro de la concordia y la lealtad.
No obstante, en el estudio se identifican también algunos ámbitos sobre los que cabe hacer importantes mejoras, entre ellos la innovación, la sostenibilidad y la digitalización, así como el aumento de la productividad de forma sostenida y el incremento del tamaño de las empresas para ganar competitividad.
A la vista de lo expuesto queda patente que la enorme evolución conseguida en nuestro país no ha sido debida únicamente, como podría pensarse, al tiempo transcurrido y a la pobre situación de partida, sino sobre todo a un sólido marco institucional, a los acuerdos y políticas adoptadas en ese período y al papel desarrollado por la sociedad civil y el tejido productivo y social.
Es por ello que tanto el Consejo General de Economistas de España como la Cámara de Comercio de España consideran que resulta necesario preservar este legado, cuyo modelo ha de servir de base para encarar la recuperación de nuestro país ante la crisis provocada por el covid-19. “Ello nos ha mostrado que, siendo cierto que siempre quedan cosas por hacer y mejorar, en España se han hecho muchas cosas y muy bien hechas, por diferentes generaciones de españoles que han sido los protagonistas reales de uno de los períodos más importantes de la historia contemporánea de España”, han señalado los presidentes de ambas organizaciones, Valentín Pich y José Luis Bonet, respectivamente.
