AIRE

El hundimiento de la economía en el segundo trimestre llevará a una caída del PIB del 12,6 % en el conjunto del año

Avance Contabilidad Nacional Trimestral. II Trimestre 2020

31 de Julio 2020

camara.es

Madrid, 31/07/20.- Durante el segundo trimestre de 2020, la economía española ha registrado una contracción sin precedentes en la serie histórica. El PIB ha sufrido un histórico descenso del 22,1% interanual. Respecto al trimestre previo, el PIB retrocedió un 18,5%.

Esta evolución del PIB ha estado muy condicionada por la paralización de la actividad económica y el confinamiento de la población establecido para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. El impacto de esta situación ha sido particularmente virulento en la demanda nacional, cuya contribución al crecimiento se ha hundido hasta -19,2 puntos porcentuales, mientras que la demanda externa tampoco ayudó a compensar esa caída, aportando también una tasa negativa al crecimiento (-2,9 puntos).

Si bien los datos de Contabilidad Nacional del primer trimestre no llegaron a reflejar en toda su magnitud el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo, en este segundo trimestre la contracción económica sí se ha trasladado al empleo. El número de ocupados (medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) se redujo un 18,5%, lo que representa una inédita disminución de casi 3,4 millones de empleos en un año.

Por sectores, todos menos la agricultura, experimentaron descensos importantes en su valor añadido bruto. La caída en VAB de la industria fue de casi el 24% interanual, mientras que en la construcción rozó el 30%. El VAB de los servicios retrocedió un 22%, destacando la contracción del VAB en la rama de comercio, transporte y hostelería, del -46,4% interanual.

Perspectivas

En principio, la caída del PIB podría haber tocado fondo durante el segundo trimestre del año. La finalización del estado de alarma y el levantamiento de las restricciones a la movilidad los últimos días del mes de junio, hacen prever un repunte de la actividad a partir del tercer trimestre en términos trimestrales. No obstante, esta evolución tendrá su base en un mero efecto estadístico derivado de la drástica caída de la actividad producida. En términos interanuales es previsible que el PIB continúe retrocediendo durante lo que queda de año, aunque a una tasa más moderada que la registrada durante este segundo trimestre.

En este sentido, la Cámara de Comercio de España empeora sus previsiones para el conjunto del año 2020. La caída del PIB prevista para este año se sitúa en el -12,6%, frente al -11% estimado inicialmente. Para el año 2021, la economía experimentaría una mejora gradual, con un avance interanual del PIB estimado en el 5,3%.

Todo ello, considerando que no se produzca un empeoramiento de la situación sanitaria que obligue a aplicar nuevas restricciones a la movilidad y la producción en la última parte del año. Si fuera así, las previsiones deberían volver a revisarse a la baja.

La situación descrita requiere con urgencia adoptar medidas efectivas para paliar los serios problemas que enfrenta una parte sustancial del tejido productivo español.

El acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Europea respecto a los fondos para la reconstrucción debería servir como acicate para llevar a cabo una política económica valiente, enfocada a incentivar la inversión de las empresas, sobre todo en materia de digitalización, a garantizar un contexto favorable a la actividad empresarial, y a incrementar la productividad del conjunto de la economía española.

En paralelo, sería necesario acometer una serie de reformas que aún están pendientes y que servirían para mitigar las incertidumbres y devolver la confianza al tejido productivo de nuestro país. Estas reformas deberían estar basadas en el consenso entre los agentes políticos, económicos, empresariales y sociales.

Lunes, 3 de agosto de 2020

El Tribunal Supremo fija criterio sobre la duración de los procedimientos de inspección tributaria cuando hay entrada autorizada a domicilio

Las actuaciones previas a la comunicación del inicio del procedimiento al obligado tributario no pueden considerarse actuaciones inspectoras a efectos del cómputo del plazo.

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la que fija como doctrina que en los supuestos en los que la Administración tributaria solicita autorización judicial para la entrada en domicilio y, con ocasión de los datos obtenidos en dicha entrada, inicia después un procedimiento inspector, las actuaciones realizadas con carácter previo al inicio de ese procedimiento de inspección tributaria, que se produce mediante su comunicación formal al obligado tributario, no pueden considerase actuaciones inspectoras a efectos del cómputo del plazo de duración máxima regulado en el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En un supuesto en el que la Agencia Tributaria solicitó y obtuvo autorización judicial de entrada y registro domiciliario antes de comunicar el inicio de un procedimiento inspector al contribuyente afectado, señala la Sala que aquellas actuaciones son distintas e independientes del procedimiento de comprobación e inspección, que se inicia cuando se notifica al obligado tributario.

Solo cabría incluir esas actuaciones previas en el procedimiento cuando se constate que la actuación de la Administración se ha dirigido a burlar la regla general mediante la intención fraudulenta de alargar artificiosamente el tiempo de duración del procedimiento inspector.

En el Palacio de La Moncloa

Pedro Sánchez firma el acuerdo con la FEMP para impulsar el papel de los ayuntamientos en la reconstrucción social y económica

Martes 4 de agosto de 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la firma del Gobierno de España con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

La Moncloa, Madrid – 04/08/20

El Palacio de la Moncloa ha acogido el acto de la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha contado con la presencia del presidente Pedro Sánchez, las ministras de Hacienda, María Jesús Montero y Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

El texto, aprobado en la jornada de ayer por la Junta de Gobierno de la FEMP, incluye un amplio conjunto de medidas que fortalecen la autonomía local de los ayuntamientos y les permite contar con un papel muy relevante en la estrategia de reconstrucción.

Con este acuerdo, el Gobierno moviliza un fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería, que podrán destinar a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural. La dotación total del fondo se articulará a lo largo del presente y el próximo ejercicio, atendiendo así a la petición de la FEMP de contar con un plazo suficiente de ejecución.

De forma complementaria, el acuerdo incluye otras medidas de alivio de las arcas municipales, tales como la no exigencia del cumplimiento de la regla de gasto para el ejercicio 2020, la prórroga del periodo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, la dotación de un fondo para compensar el déficit en el transporte público o medidas específicas para dotar de liquidez a los ayuntamientos con mayores dificultades financieras a través de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes.

EsPedro Sánchez firmando el acuerdo junto a Abel CaballeroFoto: Pool Moncloa/Fernando Calvote acuerdo ofrece continuidad a medidas ya adoptadas, como el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2020 para los ayuntamientos pese a la caída de recaudación y que este año han ascendido a 18.879 millones, o la aprobación, en el pasado mes de marzo, del instrumento que permite a los ayuntamientos destinar 300 millones de su superávit a financiar gastos de inversión en servicios sociales y prestaciones de atención primaria y atención a la dependencia.

El Gobierno reafirma, a través de este amplio conjunto de medidas, su decidida vocación municipalista, así como su intención de hacer de los ayuntamientos actores esenciales en la estrategia de recuperación social y económica.

El Defensor recomienda que no se descuente el periodo de prórroga a la hora de establecer la validez de las ITV

27/07/2020

defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha formulado una recomendación a la Secretaría General de Industria para que el plazo de validez de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) se contabilice a partir de la inspección realizada sin descontar el periodo de prórroga.

Durante el estado de alarma, tras el cierre de las estaciones ITV, la Administración estableció una prórroga para la validez de los certificados. Restablecido el servicio, determinó que al plazo de validez de las inspecciones se le descontaría el período de prórroga.

La Institución ha recibido quejas de asociaciones y particulares en las que ponen de manifiesto su disconformidad con estas condiciones ya que con ellas muchos vehículos tienen que realizar dos inspecciones seguidas en un corto periodo de tiempo con los costes y cargas que supone para sus propietarios.

Desde la Secretaría General de Industria aseguran que no imponen cargas adicionales a los interesados ya que se va a efectuar una inspección que debió realizarse y quedó en suspenso pero sin eliminar la obligación de su ejecución. Además, apuntan que estas medidas permiten a las estaciones de ITV poder absorber el volumen de vehículos acumulados pendientes de inspección y garantizar la viabilidad de su actividad.

Fernández Marugán recuerda que el objetivo general de la ITV es asegurar que los vehículos estén en buenas condiciones de uso desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente y no observa en la respuesta de la Administración razones imperiosas de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las ITV.

Por este motivo, no comparte la afirmación de Industria ya que, en su opinión, al descontar el periodo de prórroga, está “acortando de manera artificial la duración de las ITV” obligando a los particulares a realizar la siguiente inspección antes de lo previsto. Así, apunta que en los casos más extremos (como el de los vehículos sujetos a inspección semestral) pueden tener que realizar dos inspecciones con un intervalo de pocos días entre ellas.

Una de las entidades que se ha dirigido al Defensor por este asunto denuncia que con estas medidas la Administración quiere favorecer la recuperación económica de las estaciones de ITV. Para el Defensor, es loable intentar asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV, sector, como otros muchos, afectado por el cierre de su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria. Ahora bien, Fernández Marugán concluye que “ese objetivo puede alcanzarse por otras vías, sin imponer cargas a los particulares”.

Palacio de La Zarzuela, 03.08.2020

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha dirigido a Su Majestad el Rey la siguiente carta:

“Majestad, querido Felipe:

Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen.

Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España.

Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona.

Con mi lealtad de siempre.

Con el cariño y afecto de siempre, tu padre. ”Su Majestad el Rey le ha transmitido a S.M. el Rey Don Juan Carlos su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión.

El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Palacio de La Zarzuela, 3 de agosto de 2020

Jueves, 30 de julio de 2020

El Tribunal Supremo establece que Hacienda no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes el recurso de reposición contra la liquidación

La Sala III resuelve en una sentencia un recurso de reposición potestativo contra una liquidación tributaria sin que, correlativamente, solicitara con su interposición la suspensión de la ejecución de la deuda mientras se resolvía dicho recurso

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia que la Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa. En el supuesto analizado, el contribuyente había interpuesto un recurso de reposición potestativo contra una liquidación tributaria sin que, correlativamente, solicitara con su interposición la suspensión de la ejecución de la deuda mientras se resolvía dicho recurso.

La Administración dictó providencia de apremio una vez agotado el plazo de resolución del recurso sin resolverlo, considerando entonces que se había producido el acto desestimatorio presunto que le habilitaba para iniciar la vía de apremio.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sale al paso de esta interpretación recordando, en primer lugar, que el acto surgido por silencio solo es una ficción cuya principal virtualidad es la de permitir al afectado la posibilidad de impugnarlo, impidiendo el bloqueo que supone la creación de situaciones indefinidas u obstinadas de falta de respuesta.
Tal posibilidad impugnatoria no altera el deber de la Administración de resolver expresamente el recurso, de manera que –dice la sentencia- aceptar que pueda dictarse una providencia de apremio en un momento en que aún se mantiene intacto dicho deber “es dar carta de naturaleza a dos prácticas viciadas de la Administración y contrarias a principios constitucionales:

a) La primera práctica, no por extendida menos aberrante, es la de que el silencio administrativo sería como una opción administrativa legítima, que podría contestar o no según le plazca o le convenga.

b) La segunda práctica intolerable es la concepción de que el recurso de reposición no tiene ninguna virtualidad ni eficacia favorable para el interesado; en otras palabras, que se trata de una institución inútil, que no sirve para replantearse la licitud del acto, sino para retrasar aún más el acceso de los conflictos jurídicos, aquí los tributarios, a la tutela judicial”.

Y concluye la Sala de forma muy gráfica: “no se comprende bien que se apremie la deuda tributaria antes de resolverse de forma expresa el recurso de reposición que, teóricamente, podría dar al traste con el acto de cuya ejecución se trata; y, una vez, en su caso, desestimado explícitamente éste, cabría, entonces sí, dictar esa providencia de apremio, colocando así el carro y los bueyes -si se nos permite la expresión- en la posición funcionalmente adecuada. El mismo esfuerzo o despliegue de medios que se necesita para que la Administración dicte la providencia de apremio podría dedicarse a la tarea no tan ímproba ni irrealizable de resolver en tiempo y forma, o aun intempestivamente, el recurso de reposición, evitando así la persistente y recusable práctica del silencio negativo como alternativa u opción ilegítima al deber de resolver”.

28 de julio de 2020

El Gobierno aprueba subvenciones para los operadores públicos y privados de televisión por los costes del Segundo Dividendo Digital

mineco.gob.es

Imagen del artículo El Segundo Dividendo Digital es el proceso por el que se liberan las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700 MHz con el fin de que puedan ser utilizadas para desplegar las futuras redes 5G
El objetivo de estas subvenciones es compensar los costes en que incurren los prestadores privados para sustituir los equipos transmisores y por la emisión simultánea que realizan los prestadores públicos para facilitar a los ciudadanos su adaptación a las nuevas frecuencias y que no sufran, en ningún momento, la pérdida del servicio de televisión TDT

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos reales decretos que establecen subvenciones para los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión en las frecuencias afectadas por el Segundo Dividendo Digital entre los días 1 de julio de 2020 y 30 de septiembre de 2020.

El Segundo Dividendo Digital es el proceso por el que se liberan las frecuencias de la banda de los 700 MHz, ahora ocupadas por canales de la TDT, con el fin de ser utilizadas para el despliegue de las redes 5G.

El pasado mes de junio, España comunicó a la Unión Europea que, por causa de fuerza mayor, derivada de la situación excepcional generada por el COVID-19, era imposible completar el proceso de liberación de frecuencias en la fecha inicialmente prevista, el 30 de junio.

La nueva fecha de finalización del Segundo Dividendo Digital será el próximo 31 de octubre, si bien solo es necesario extender las emisiones simultáneas hasta el 30 de septiembre, ya que a partir de esa fecha solo se producen actuaciones consistentes en cambios directos que no requieren la simultaneidad. Esta prolongación de tres meses lleva a establecer una compensación a los prestadores del servicio público por un importe superior a cinco millones de euros.

Asimismo, y también en el marco del Segundo Dividendo Digital, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy subvenciones por un importe máximo de 10 millones de euros a los prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva, con independencia de su ámbito geográfico (estatal, autonómico o local).

Las subvenciones se otorgan para sufragar los cambios necesarios en sus equipos transmisores como consecuencia del Segundo Dividendo Digital. Estas ayudas han sido objeto de autorización por la Comisión Europea, en el marco de su compatibilidad con el régimen de Ayudas de Estado.

Con ambos programas se facilita el cambio de las frecuencias utilizadas por la TDT y que los ciudadanos puedan adaptar sus instalaciones para que no sufran, en ningún momento, la pérdida del servicio de televisión TDT.

USO defiende que no se instrumentalice la igualdad laboral

uso.es

31 julio, 2020

USO critica que el acuerdo para el desarrollo de la igualdad laboral se ha firmado sin consenso y solo con las aportaciones de una parte de la realidad sindical de este país

USO critica que la igualdad laboral, un tema de importante trascendencia, no puede salir adelante sin un amplio consenso, sólo con las aportaciones de una parte de la realidad sindical de este país. Sin contar con otras organizaciones sindicales y sociales y, sin, ni siquiera, la firma de la patronal.

Este acuerdo, además de antidemocrático, ya que anula a la representatividad elegida libremente en los centros de trabajo, lo aboca al fracaso al no contar con el respaldo social y empresarial. Y es que la lucha por la igualdad laboral tiene que ir más allá de una foto, de lo meramente institucional o de lucir siglas. Debe ser de consenso y de todos.

En la coyuntura actual de destrucción y precariedad en el empleo, USO vuelve a reclamar que sólo con un compromiso común, tanto a nivel político, sindical y empresarial se conseguirá una igualdad real, y denunciará cualquier instrumentalización, discriminación o desigualdad en la materia en función de los agentes a los que quieren “dar permiso de existencia”

Falta de consenso para impulsar la igualdad en los centros de trabajo

Tras la finalización de la consulta pública para la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los Planes de Igualdad y su registro y del proyecto de Real Decreto por el que se regula la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, ambos siguen su tramitación hacia su aprobación en Consejo de Ministros.

Lo hacen bajo el paraguas de un supuesto acuerdo parcial en el que sólo está presente el bisindicalismo, dejando fuera al resto de sindicatos, entre ellos la USO, tercera fuerza sindical en España, con 12.000 delegados sindicales en las empresas y trabajando por la igualdad en miles de centros de trabajo.

Poco ha servido este procedimiento tanto en su contenido como en las formas, con una nueva escena fotográfica, desmarque patronal y ausencia de la pluralidad que afortunadamente tiene nuestro país. Un nuevo petardo del mal llamado diálogo social.

USO lleva años reclamando que se reglamente la igualdad laboral

Desde USO, junto a otras organizaciones sociales, llevamos años reclamando una reglamentación al respecto que sirva como herramienta eficaz para la negociación de los planes de igualdad y la implantación del registro salarial que acabe con la tan acuciada desigualdad entre hombres y mujeres y la con la brecha salarial en nuestro país, que lejos de corregirse puede verse incrementada en la actual crisis del empleo.

Así mismo, hemos exigido un verdadero plan de choque contra la precarización laboral, en forma de parcialidad y temporalidad que sufren en mayor porcentaje las mujeres. Ni se nos ha solicitado estar presentes ni se han tenido en cuenta aportaciones que son cruciales en esta batalla que debe ser de todos en temas tan relevantes como la transparencia retributiva, la correcta valoración de puestos de trabajo, sobre el registro retributivo, periodos temporales que deben ser mejorados especialmente en determinados sectores, planes de actuación y corrección, ampliación de contenidos mínimos en los planes, etc.

El texto del acuerdo en lugar de apostar por la pluralidad y de ser inclusivo para avanzar en la lucha por la igualdad, plasma una reivindicación del bisindicalismo, que es aplicar la restrictiva LOLS y su extensión en la regulación de la negociación colectiva en el Estatuto de los Trabajadores, para dejar fuera de la negociación de los planes de igualdad a un altísimo porcentaje de trabajadores y trabajadoras que van a ver cómo son representados por unos sindicatos a los que no han elegido y que las propuestas y la voz de sus legítimos representantes queda fuera de la mesa.

Por parte de los firmantes del acuerdo se justifica esta medida discriminatoria como una medida para reforzar el carácter negociado de los planes de igualdad. Desde USO hemos mantenido siempre, en las mesas y en los tribunales, que sólo tendrán éxito los planes de igualdad si se negocian teniendo en cuenta la pluralidad y las aportaciones de todos los agentes afectados.

Querer convertir el trabajo por la igualdad en las empresas en una réplica de la negociación colectiva es condenar al fracaso un objetivo que es de todos y de todas ¿No se ha aprendido nada de la ineficacia del modelo de negociación colectiva actual? Desde USO anunciamos que tomaremos las medidas legales oportunas para combatir esta norma excluyente y discriminatoria y seguiremos trabajando por la lucha por la democracia sindical y la pluralidad en los planes de igualdad.

Desde USO reclamamos la paralización inmediata de ambas normativas, exigiendo que siente por parte del Gobierno a todos los actores reales sin exclusiones ni sectarismos, que se tomen en consideración las aportaciones de distintas organizaciones y que se deje de utilizar la igualdad laboral y trabajemos todos y todas por ella. Pues se trata de temas tan relevantes como el reglamento de igualdad retributiva para tratar de acabar con la brecha salarial y de cómo negociar los planes de igualdad para que se traduzcan en medidas reales, y no en normativa que finalmente no revierta en la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad retributiva y la igualdad laboral crearán una mayor independencia económica de la mujer y una mejora de sus condiciones de vida en todos los ámbitos sociales, contribuyendo a una disminución de la pobreza de la mujer a lo largo de toda su vida laboral y una vez finalizada la misma.

La lucha de USO por la igualdad laboral

La falta de inclusión de USO en este acuerdo por la igualdad laboral resulta extraño tras las importantes sentencias conseguidas por USO en su lucha por la igualdad en su acción sindical habitual. Para hacer finalmente lo que se ha hecho, no se entiende por qué hemos esperado tanto.

A estos efectos, cabe recordar la sentencia del Supremo que falla a favor de USO, y en contra de UGT, CCOO, Fetico y la patronal Grupo El Árbol, que elimina el plus variable que discrimina por género.

O la última de hace unas semanas contra Eulen y Palicrisa por la brecha salarial entre limpiadores y limpiadoras en hospitales de Badajoz.

Viernes, 31 de julio de 2020

El Tribunal Supremo fija criterios sobre el inicio del plazo para solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos

La sentencia ha sido dictada por la Sección Segunda de la Sala Tercera del alto tribunal

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que el derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos puede surgir, no cuando se efectúa dicho ingreso, sino cuando el contribuyente tiene conocimiento de que el mismo era indebido, pues en ese momento nace para él el derecho a la reclamación.

La sentencia aborda la cuestión de la prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos (fijada legalmente en cuatro años) estableciendo cuándo debe situarse la fecha inicial del plazo prescriptorio.

En el supuesto analizado, una sociedad había autoliquidado su impuesto sobre sociedades declarando como ingresos unas comisiones abonadas por otra empresa y esta segunda entidad es sometida a una inspección que concluye con una liquidación que señala que aquellas comisiones no son gastos deducibles por constituir, en realidad, una retribución por la participación en capitales propios.

Cuando esta liquidación gana firmeza, la primera empresa solicita la devolución, como ingresos indebidos, del importe de aquellas comisiones que contempló como ingresos en su autoliquidación del impuesto sobre sociedades, siendo así que esa petición se efectúa transcurridos más de los cuatro años de prescripción.

Señala la Sala que una Administración que sirve con objetividad los intereses generales y que debe ajustar su actuación a la Ley y al Derecho no podía desconocer que la regularización que efectuaba a la empresa a la que rechazó el gasto incidía de lleno en la situación tributaria de la que había declarado el ingreso, pues la calificación del gasto implicaba una calificación idéntica del ingreso realizado.

Por eso, la sentencia concluye que debe situarse el ‘dies a quo’ o día inicial del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos en la fecha en la que se constata que el ingreso en cuestión ostenta ese carácter (indebido), que no es otra que aquella en la que la Administración –al regularizar el gasto de otro contribuyente- efectúa una calificación incompatible con la condición del ingreso afectado como debido.

De esta forma, se altera la regla general (que sitúa el inicio del plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos en el momento en que se realiza el ingreso) por aplicación de la doctrina de la actio nata y del principio de buena administración.

Deterioro histórico del mercado laboral como consecuencia de la COVID-19

Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre 2020

28 de Julio 2020

camara.es

El negativo impacto de la crisis sanitaria confirma su extensión generalizada al mercado de trabajo, con una previsión de descenso de los ocupados en el conjunto del año del 8,7 %

La gravedad de la situación exige seguir apostando prioritariamente por el diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales para adoptar las medidas y reformas para la recuperación y la reconstrucción

Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre 2020

Madrid, 28/7/2020.- La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al segundo trimestre de 2020, continúa reflejando los significativos efectos negativos de la pandemia sobre el mercado laboral español.

En lo que respecta al empleo, la destrucción en el segundo trimestre alcanzó a 1.074.000 puestos de trabajo, la mayor caída registrada desde 2013. Con ello, la ocupación desciende un 5,5% con respecto al trimestre anterior y un 6,0% en relación con el mismo trimestre de 2019; mientras que la tasa de empleo se sitúa en el 47,0%, por debajo del 49,8% del trimestre anterior.

Y ello a pesar de que este descenso de la ocupación no incluye a las personas afectadas por un ERTE con suspensión de empleo que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupadas. Si se calcula la ocupación a partir de las horas efectivas de trabajo realizadas, cuya caída trimestral alcanzó la cifra record de 22,6%, el número de personas efectivamente ocupadas durante el segundo trimestre cae a 13.901.000, lo que representa el 35,1% de la población de 16 años o más.

En cuanto al número de personas en situación de desempleo, la cifra sube en 55.000 personas en este trimestre, situando la tasa de paro en el 15,3% de la población activa, por encima del 14,4% registrado durante el primer trimestre del año.

Las cifras de paro podrían ser aún más elevadas si incluyeran a todas las personas que han perdido su empleo durante este trimestre, pero que han sido consideradas como inactivas por no cumplir con la definición de paro utilizada en la EPA. Este grupo de personas clasificadas como inactivas por no haber podido buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar, asciende a 1.062.800 durante este trimestre (843.000 más que en primer trimestre).

Perspectivas

Los datos del mercado laboral confirman la profunda recesión que afronta la economía española, no conocida en la historia reciente. Según las previsiones de la Cámara de Comercio de España, el PIB español experimentará una caída abrupta cercana al 11% interanual en el conjunto de 2020, cifra nunca antes registrada y uno de los descensos más pronunciados de la zona euro. Sin duda, las medidas de contención adoptadas ante la pandemia, junto con la particular estructura productiva o el elevado nivel previo de endeudamiento, determinan la mayor vulnerabilidad de nuestra economía ante la perturbación sufrida.

Una caída en el crecimiento económico que pasará factura sobre el mercado de trabajo, con el intenso descenso de la ocupación que se está confirmando y que la Cámara de España estima en una caída del 8,7% para el conjunto de 2020. Una trayectoria que llevará a la tasa media de paro del ejercicio hasta el 19,2% de la población activa.

La intensidad de los rebrotes en las últimas semanas vaticina un escenario de recuperación aún débil e incierto. Por ello, el diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales debe ser prioritario para adoptar las medidas y reformas requeridas para la recuperación y la reconstrucción.

Se trata del pilar más eficaz para generar la confianza y el ánimo que el tejido empresarial necesita para devolver al país a la senda del crecimiento. Un entorno de seguridad en el que pueda desarrollarse la cooperación público-privada como herramienta para fomentar el crecimiento, la competitividad de nuestra economía y, en definitiva, para impulsar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.

En el ámbito específico del mercado laboral, sobre la base de la estabilidad del marco existente, deben aplicarse actuaciones específicas capaces de perfeccionar su funcionamiento. Principalmente, para avanzar en la inclusión de los colectivos con mayores problemas para acceder al mercado de trabajo, como los parados de larga duración, los mayores de 45 años o los jóvenes, así como para reducir la burocracia y los costes vinculados al proceso de contratación laboral, y para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo.

Y, por supuesto, sin olvidar la necesaria conexión creciente entre el sistema educativo y el ámbito productivo, con una mayor aproximación de los programas formativos de los futuros trabajadores o parados a los requerimientos que demandan las empresas. En todos sus niveles, desde la educación básica, hasta la universidad, la Formación Profesional y la formación continua.

El escudo social del Gobierno precisa de un refuerzo de los recursos de la Seguridad Social

27 Jul 2020

ugt.es

UGT apela al diálogo social para solucionar el colapso del sistema porque muchas familias no pueden esperar más

•UGT considera que el necesario escudo social para proteger a los colectivos de personas por la crisis provocada por la Covid 19 exige reforzar los recursos humanos y materiales del Sistema de Seguridad Social y evitar así el colapso que se está produciendo en la atención, tanto presencial como telefónica a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de hacer las gestiones oportunas.

•El sindicato ha trasladado su preocupación por este asunto en la última reunión del Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), y ha denunciado que esta situación genera incertidumbre y frustración por parte de muchas familias, sobre todo los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, que ya no pueden esperar más.

•Insta al Gobierno a que dé respuesta a la necesaria reestructuración de la Administración de la Seguridad Social, comprometida desde hace años y que aún no se ha producido.

El sindicato afirma que es imposible conseguir una cita previa en muchas Comunidades Autónomas para ninguno de los servicios que habitualmente presta la Seguridad Social, entre ellos el cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Ha puesto en valor el esfuerzo titánico que están realizando todos los empleados públicos desde el inicio de esta pandemia, a pesar de lo cual las gestiones no se realizan con la agilidad que se precisa por el incremento de solicitudes y la escasez de personal ante esta situación extraordinaria. Y es que, a pesar de las contrataciones realizadas, la dificultad en las gestiones, y el volumen de las mismas, hace imposible atender con la agilidad a los ciudadanos.

Así, la contratación de interinos o la contratación de Tragsa para la gestión del IMV, no es una solución, ya que son efectivos que carecen de la preparación y experiencia necesaria para una gestión cuya complejidad ha hecho desistir a más de la mitad de los veteranos funcionarios, que voluntariamente se habían presentado a trabajar en ello, fuera de su horario laboral.

UGT demanda que el Gobierno dé respuesta a la reestructuración de la Administración de la Seguridad Social, comprometida desde hace años y frente a la que sucesivos gobiernos se han lavado las manos. A fecha actual se han perdido en torno a 6.000 efectivos y los restantes tienen una media de edad de 56 años.

Es necesario reformar el Sistema de Seguridad Social, como ya se recomendaba en el Pacto de Toledo en 1995. Además, en el año 2018 se llegó a un acuerdo, en la Mesa Delegada de la Seguridad Social, para avanzar en esta nueva organización de la Administración de la Seguridad Social que debe englobar a las entidades Gestoras y Servicios Comunes bajo una misma estructura que permita reordenar y racionalizar los medios humanos disponibles.

Diálogo social para mejorar la implantación y mejora del Ingreso Mínimo Vital

El IMV debe ser ya una realidad para lograr la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias (el Gobierno reconoce 850.000 familias) UGT insta a negociar los desarrollos reglamentarios y poner en marcha los órganos de cooperación y coordinación desde un diálogo social fluido y permanente. Se trata de lograr la mejora continua del IMV y de las realidades que se vayan ocasionando. Sin embargo, desde la publicación del decreto y la entrada en vigor del IMV, el sindicato no ha recibido ninguna información sobre el procedimiento, plazos y beneficiarios reconocidos durante este proceso, aunque sabemos que los ayuntamientos están dando cita para octubre.

Por ello, desde UGT, y entendiendo la situación y las dificultades laborales de los trabajadores de los Servicios Públicos que deben atender las solicitudes, ha demandado una solución urgente al respecto, que puede ser bien, ampliar el período transitorio, bien considerar la fecha real de petición de cita como fecha de presentación de la solicitud.

Es imprescindible que se trabaje en coordinación estrecha con todos los agentes implicados y se establezca de inmediato una mesa de diálogo para tratar de todos los aspectos de implantación y mejora del IMV y para la negociación de los reglamentos de desarrollo previstos en el decreto, sin los cuales será imposible que se alcancen los objetivos de inclusión social y laboral que están previstos.

En definitiva, aun entendiendo la situación de desbordamiento y la falta de personal crónica y agudizada en este periodo, el sindicato considera se ha anulado durante todo el periodo el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva del INSS a la hora de fijar criterios y disposiciones. Y que no ha habido un diálogo permanente sobre aspectos que eran esenciales y que marcaban las condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras.

No obstante, UGT ha hecho aportaciones y enviado escritos y reclamaciones evidenciando como algunas disposiciones producían discriminación a trabajadoras ( por ejemplo las trabajadoras que percibían la prestación por embarazo o lactancia) y otras podían poner en peligro la salud de los trabajadores, como por ejemplo los trabajadores especialmente sensibles, que se han tenido que incorporar a sus puestos de trabajo, sin disponer de todas las garantías para preservar su salud frente al COVID-19.

También enviamos una carta al Ministerio, con la petición de que el contagio por COVID19, sea considerado como Enfermedad Profesional para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, por considerar el COVID19 como un agente biológico del grupo 3, y denunciando como los contagiados antes del periodo de alarma, no sean considerados accidentes laborales, sino enfermedad común. Esperamos que se resuelva en el trámite parlamentario.

UGT confía en que se logre un acuerdo satisfactorio en Pensiones

El Pacto de Toledo retoma sus trabajos y al parecer de una forma muy dinámica, con el objetivo de alcanzar un acuerdo rápido. La situación de déficit de la Seguridad Social así lo requiere y desde UGT deseamos que pronto pueda haber un acuerdo satisfactorio para el equilibrio financiero de la SS y la garantía actual y a futuros de pensiones suficientes, actualizadas al IPC como mínimo y sin recortes. Es por esto que consideramos imprescindible el dialogo del Ministerio con los agentes sociales en materia de pensiones y por ello les instamos a que convoquen la mesa de diálogo social cuanto antes, para que pueda trabajar en paralelo y en estrecha coordinación con los trabajos en el seno del Pacto de Toledo y los acuerdos en la mesa de Diálogo Social se produzcan de igual modo de manera rápida y eficaz.

Nuestra Seguridad Social necesita ahora más que nunca de mucho y buen trabajo en materia de diálogo y consenso, no solo las pensiones, muchas otras cuestiones de SS deberían ser tratadas en el seno del Diálogo Socail y ese diálogo hoy por hoy no existe. Solo así se pueden producir las más eficaces y duraderas soluciones para cuestiones vitales para los trabajadores y trabajadoras de este país.

El Consejo de Reguladores del MIBEL ha publicado un estudio sobre el mercado de derechos de emisión de CO2

cnmv.es

Consejo de Reguladores del MIBEL

27 de julio de 2020

• Analiza el mercado de derechos de emisión de CO2 durante las tres fases de funcionamiento del EU Emission Trading System (EU ETS) y su impacto en la formación del precio de la electricidad en el MIBEL. (Mercado Ibérico de Electricidad )

• Evalúa la repercusión del precio de los derechos de emisión de CO2 en el precio de la electricidad a lo largo de las distintas fases de implementación del EU ETS.

• Demuestra la importancia de atender la demanda de electricidad a través de tecnologías renovables, limpias de emisiones de CO2.

• El mercado de derechos de emisión de CO2 está regulado por la normativa financiera europea, cuyo objetivo es garantizar la integridad y el funcionamiento eficiente del mercado.
MADRID / LISBOA, 27 de julio de 2020 – El Consejo de Reguladores del MIBEL, constituido por la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha publicado un estudio sobre el mercado durante las tres fases de funcionamiento del EU ETS (EU de derechos de emisión de CO2Emission Trading System), en el que analiza su impacto en la formación del precio de la electricidad. El estudio se ha realizado con datos del periodo comprendido entre el 1 julio de 2007 y el 30 de septiembre de 2019.

El EU ETS es uno de los pilares de la estrategia de la Unión Europea para combatir el cambio climático, articulándose a través de mecanismos de mercado por los que se atribuye un valor económico a los derechos de emisión de CO2. El EU ETS se ha implementado a través de tres fases: Fase I (2005-2007), Fase II (2008-2012) y Fase III (2013-2020). Actualmente se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para preparar la cuarta Fase del EU ETS, que cubrirá el periodo comprendido entre 2021 y 2030.

La principal conclusión de este estudio es que la utilización de derechos de emisión de CO2 por los productores de energía eléctrica a partir de tecnologías térmicas, aunque sean asignados de forma gratuita, es un coste de oportunidad que integran en el coste marginal asociado a su producción y, por tanto, en el precio de la electricidad.

Esta premisa se ha validado a través de un análisis empírico en el que se estima cómo el precio de los derechos de emisión de CO2 se repercute en el precio de la electricidad a lo largo de las distintas fases de implementación del EU ETS.

El estudio también pone de manifiesto la importancia de atender la demanda de electricidad a través de tecnologías renovables, limpias de emisiones de CO2. El coste asociado a tales emisiones es de hecho una componente del coste en el proceso de formación del precio de laelectricidad del MIBEL. Esta conclusión refuerza la importancia de las políticas de descarbonización de Portugal y España.

Con el objetivo de asegurar la integridad y garantizar el funcionamiento eficiente del mercado de derechos de emisión de CO2, tales derechos fueron clasificados como instrumentos financieros. Esto se incluye en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), y del Reglamento (UE) Nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (MiFIR). Asimismo, es aplicable a los derivados sobre derechos de emisión de CO2 el Reglamento de la Unión Europea Nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (EMIR).

El Presidente del Tribunal Constitucional subraya el papel del juez como garante de los derechos y libertades del ciudadano

tribunalconstitucional.es

El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, defendió ayer los principios y valores constitucionales que afectan al poder judicial, apelando al papel tan importante del juez como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos y elemento clave en la convivencia pacífica de los ciudadanos, sin olvidar el fundamental recurso de amparo constitucional, que es la vía subsidiaria de protección.

González Rivas, que clausuró el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre “Garantías para la independencia de la justicia”, celebrado en San Lorenzo del Escorial, insistió en los postulados esenciales que se contienen en el Título VI de la Constitución, profundizando en la definición del estatuto jurídico del juez, su sometimiento al imperio de la ley y su función esencial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

El Presidente del TC hizo un exhaustivo análisis tanto de la jurisprudencia constitucional como de la del Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Así, destacó la sentencia del Pleno del TC 191/2016, de 15 de noviembre que declara constitucional el art. 564 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la interpretación conforme a la obligación de comparecer en el Parlamento del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Del TJUE citó las sentencias de 27 de febrero de 2019 que avalaba las reducciones salariares a los miembros del Tribunal de Cuentas en Portugal y no afectan a su independencia judicial y la de 5 de noviembre de 2019 que establece que la reducción de la jubilación de los jueces de Polonia a los 65 años puede afectar a su inamovilidad y a la terminación del mandato.

También se refirió al papel institucional del CGPJ como órgano de gobierno de los jueces y a las relaciones del Tribunal Constitucional con el Tribunal Supremo, siendo el primero el intérprete auténtico de la Constitución, en materia de garantías constitucionales.
González Rivas hizo hincapié en el papel que los jueces y magistrados desarrollan cada día para fortalecer el Estado Democrático, como garante de los derechos, y del Estado Social como Estado prestacional a la vez que subrayó la relevancia de los principios rectores de política social y económica que la Constitución contiene y que informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

Madrid, 29 de julio de 2020

Pasaporte de inmunidad, cartilla COVID, ¿son legales?

31 julio, 2020 uso.es

USO analiza jurídicamente las implicaciones del pasaporte de inmunidad, DNI inmunológico o la ‘cartilla COVID’ y te explica qué acciones emprender si se nos exige

A raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, han comenzado a circular ofertas de trabajo en las que se exige, como requisito “preferible” o “indispensable” que las personas que quieran acceder a estos empleos sean inmunes al coronavirus, es decir, que cuenten con pasaporte de inmunidad.

Por otro lado, muchos demandantes de empleo, están comenzando a incluir en sus solicitudes el dato de que no son personas de riesgo ya que tienen anticuerpos del virus.

También, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que pondrá en marcha una ‘cartilla COVID’, para que los ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos o se hayan realizado la prueba PCR, tengan registrada esa información. Según el Ejecutivo madrileño, con esa cartilla se demostraría quiénes no pueden contagiar ni ser contagiados y regresar a una cierta normalidad, evitando confinamientos, pudiendo acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado. Finalmente, se ha dado marcha atrás y la ‘cartilla COVID’ quedará finalmente como un registro de pacientes con PCR y será de uso sanitario.

Al margen de la incertidumbre a nivel médico que puede ocasionar esta situación, puesto que no hay elementos que prueben con certeza durante cuánto tiempo esos anticuerpos son efectivos (en el supuesto de que se tengan), no podemos obviar que esta exigencia de seroprevalencia es discriminatoria y la solicitud de una especie de “pasaporte de inmunidad” o de un “DNI inmunológico” por parte de los empleadores es invasiva, salvo en los casos en los que sea estrictamente necesario, como sucede con los profesionales de la sanidad.

Derecho a la protección de la salud, a la intimidad y a la no discriminación

El pasaporte de inmunidad frente al covid o la `cartilla Covid´ dan lugar a la colisión de varios derechos. Nos referimos al derecho a la protección de la salud (art. 43 de la Constitución Española); el derecho a la intimidad (art. 18 C.E.), y el principio de no discriminación (art. 14 C.E.).

El principio de no discriminación tiene una manifestación específica en el ámbito de las relaciones laborales, concretamente, en los artículos 4.2 y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores reconoce a los trabajadores el derecho «a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados». Es un derecho que se desarrolla en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, en otros preceptos estatutarios (arts.24, 28, 68, etc.) y en otras muchas disposiciones del ordenamiento laboral. Estamos, en definitiva, ante un principio de igualdad de trato y no discriminación en todos los ámbitos de las relaciones laborales: salarios, acceso al empleo, búsqueda de empleo, clasificación profesional, etc.

Pasaporte de inmunidad: triple discriminación

“No se puede utilizar una crisis sanitaria como argumento para limitar derechos individuales, ya adquiridos, porque ello supondría abrir una vía muy peligrosa para despojar a los ciudadanos de los derechos y libertades conquistados a lo largo de la historia. El COVID-19 no puede ser una carta blanca que permita restringir derechos laborales plenamente consolidados y tampoco puede ser un elemento diferenciador entre trabajadores de primera y de segunda clase”, defiende Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

El requisito de inmunidad frente al covid-19 en las ofertas de empleo supondría una triple discriminación:
•Discriminación en el acceso al empleo. El ET establece expresamente el derecho de las personas trabajadoras a no ser discriminados, directa o indirectamente, para el empleo o una vez empleados.
•Discriminación basada en criterios sanitarios. Los datos sanitarios constituyen un material especialmente sensible. Cualquier actuación basada en un tratamiento desigual por cuestiones sanitarias (despidos en situación de IT o por cualquier causa de incapacidad, etc.) es considerada contraria a derecho (incluso cuando el trabajador se encuentra en situación de IT el empresario no tiene derecho a saber cuál es la causa de la misma).
3.- Discriminación entre trabajadores que ya están prestando sus servicios en la empresa y los de nuevo ingreso (que, además, generalmente suelen ser trabajadores con contratos temporales). Esta discriminación se produce al exigirles a los trabajadores de nuevo ingreso un requisito (inmunidad frente al covid-19) que no se les exige a los trabajadores que ya están trabajando para esa empresa.

Seguir las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo

Esta situación nos genera muchas cuestiones. ¿Por qué los nuevos trabajadores tienen que tener un pasaporte inmunológico y los antiguos no? ¿Se ha realizado a los trabajadores que ya prestan sus servicios para la empresa el test de inmunidad? ¿Existen garantías de una inmunidad perpetua, para siempre; o más bien un trabajador puede dar negativo en el test y al día siguiente contraer el virus? ¿Van a existir trabajadores de primera y de segunda categoría? ¿Este pasaporte de inmunidad–salvo en profesiones en las que sea estrictamente necesario- no va a ser una vía para facilitar el acceso al empleo, a la promoción interna y a los mejores puestos de trabajo? ¿No supone esto en la práctica una auténtica discriminación prohibida tajantemente por nuestra legislación laboral?

Mientras todas estas dudas no se resuelvan hemos de recurrir a las medidas de seguridad e higiene que se han aprobado en los centros de trabajo: control de temperatura, uso de mascarillas y de gel hidroalcohólico, mantenimiento de las distancias de seguridad y medidas de separación entre trabajadores.

Las empresas ya se están preparando para reiniciar su actividad bajo estos nuevos criterios de seguridad y los organismos internos en materia de seguridad e higiene en el trabajo tienen el deber de controlar que dichas medidas se apliquen de forma estricta, denunciando cualquier irregularidad en el cumplimiento de las mismas.

¿Qué acciones jurídicas podemos emprender si se nos exige el pasaporte de inmunidad frente al covid-19?

La exigencia de un pasaporte de inmunidad para acceder a un nuevo empleo no es legal puesto que no tiene cobertura en nuestro ordenamiento jurídico, más allá de los supuestos en que esta exigencia sea estrictamente necesaria para el desarrollo de su profesión (como ocurriría en el supuesto de los profesionales sanitarios).

Ante esta situación, y cuando se exija este requisito (como “preferente” o “indispensable”) el trabajador, o bien puede actuar individualmente, a través de la oportuna denuncia ante la Inspección de Trabajo o bien puede acudir a una organización sindical para que, a través de la vía colectiva procedente, interponga una demanda ante la Jurisdicción Social solicitando la nulidad de este requisito con la consiguiente condena a la empresa por vulneración del derecho fundamental a la intimidad y del principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales.

“No podemos exigir a los trabajadores que afronten ellos solos esta situación, sobre todo en un momento en el que la crisis ha dejado a muchos en el paro, dispuestos a renunciar a sus derechos si ello supone encontrar un trabajo. Por eso, los sindicatos tenemos el deber jurídico y la obligación moral de denunciar este tipo de prácticas abusivas, puesto que hoy es el covid-19, pero mañana, puede ser cualquier otra enfermedad. Si algo ha puesto de relieve esta pandemia es la fragilidad del ser humano que está expuesto a cualquier virus o agente que puede afectar directamente a su salud”, concluye García.

28 de Julio de 2020

Comunicado Consejo de Turismo de CEOE

ceoe.es

El Consejo de Turismo de CEOE se ha reunido este martes con carácter extraordinario ante la grave situación generada por la decisión del Gobierno británico de imponer una cuarentena a los viajeros procedentes de España y la posibilidad de que otros países se sumen a esa decisión.

Tras el encuentro, CEOE urge al Gobierno a crear y convocar de forma inmediata un grupo de trabajo interministerial tal y como se comprometió la ministra de Industria, Comercio y Turismo a propuesta de CEOE, para abordar medidas urgentes para paliar esta crisis.

Por parte de nuestra organización, ya se ha confeccionado el equipo de personas que formarán parte de dicho grupo a la espera de que se ponga en marcha.

Estamos ante una situación de emergencia nacional. El turismo tiene un efecto tractor sobre otras industrias que hace que podamos hablar de un macrosector que, de empeorar aún más su situación, podría ahondar en las ya dramáticas cifras de ocupación y desempleo que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.

Desde CEOE estimamos que el origen de estas restricciones al tránsito de viajeros no es una reacción a un problema sanitario, sino a una imagen negativa que se traslada a través de las informaciones que se lanzan al exterior y a la falta de unidad de mensaje a nivel de Estado.

Estamos generando una situación de alarma permanente, en lugar de contextualizar los datos y las informaciones sobre los brotes de COVID-19, para que puedan ser percibidos de forma objetiva en el resto de países europeos.

En este sentido, consideramos prioritario abordar con el Gobierno y los sindicatos la necesidad de fomentar la visión de España como un destino seguro, y así poder poner en marcha sin demora las medidas urgentes de estímulo de la demanda que desde CEOE hemos venido trasladando al Gobierno, mientras cumplíamos con todas las normas de seguridad en el ámbito de las empresas y apelábamos a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar rebrotes.

La situación es límite para el sector, lo que requiere también una ampliación de la prórroga de los ERTEs.

Para terminar, queremos dejar claro que está en juego mucho más que la campaña de verano de un sector como el turismo. Por su aportación directa e indirecta al PIB y al empleo, esta situación nos afecta como país y sociedad. El turismo somos todos.

28 julio 2020

Comunicado

ceoe.es

UGT, CCOO, CEOE y CEPYME celebramos la puesta en marcha del diálogo social en materia de dependencia

Los Interlocutores Sociales celebramos la puesta en marcha de la mesa de Diálogo Social en la que abordar los desafíos presentes y futuro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y acordar estrategias que permitan paliar las debilidades evidenciadas a lo largo de estos últimos años y, en particular, a consecuencia de la crisis del Covid-19. Cabe recordar que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia vio la luz en 2006, fruto del Diálogo Social, y fue aprobada en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.

Pese a que se han atenuado algunas consecuencias, aún nos encontramos bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias para evitar un nuevo rebrote de la enfermedad, y necesitamos no sólo conocer el escenario actual, sino impedir por todos los medios que la situación vivida, especialmente por las personas mayores en las residencias, se vuelvan a producir.

Para ello, CCOO, CEOE, CEPYME y UGT, presentamos en la primera reunión de la mesa del Diálogo Social un documento conjunto, con unos contenidos mínimos e imprescindibles que las cuatro organizaciones consideramos necesario abordar tanto a corto plazo como en un momento ulterior. De forma tal que la Ley de Dependencia recupere el significado y el protagonismo con los que nació, y que se fueron deteriorando como consecuencia de los recortes fruto de la crisis económica, que supusieron una ruptura del sistema y modificaron los principios básicos de la Ley. Debemos resaltar la buena acogida por parte de la Administración a nuestra propuesta, tema sobre el que ya se encuentran trabajando.

Los Interlocutores Sociales reivindicamos la necesidad de un plan de acción de forma inmediata para hacer frente al posible rebrote del Covid-19, en el que se garanticen estructuras de coordinación socio-sanitaria y se cumplan las condiciones básicas comunes en todo el Estado. Este marco debe garantizar una coordinación estable entre los Servicios Sociales y el Sistema Nacional de Salud en los diferentes niveles de la Administración.

Resulta básica la elaboración de un mapa con los recursos que contamos para afrontar un modelo de atención integral, tanto desde el punto de vista social como sanitario; al igual que disponer de un sistema de información que nos permita conocer la situación de las personas beneficiarias de dicha atención. Por otra parte, es imprescindible la implementación de protocolos específicos de identificación y comunicación, y atención y derivación, de casos Covid-19 desde los centros y servicios del SAAD, especialmente desde los centros residenciales al Sistema Nacional de Salud.

Caída histórica del PIB del 18,5%

Evolución del PIB de España segundo trimestre de 2020

31 de julio de 2020 |

foment.com

Según el avance de Contabilidad Nacional publicado el 31 de julio, el PIB de España se contrajo, un alta vagada, considerando los datos de actividad desde abril hasta junio.

En términos intertrimestrals, la tasa de variación del PIB ha pasante del -5,2%, al primer trimestre hasta el -18,5% al segundo trimestre de 2020. En tasa interanual, la caída fue del 22,1% ante la disminución del 4,1% del trimestre anterior. Esto implica una contracción de la economía de 18 puntos porcentuales.

En relación a la ocupación, en términos de horas trabajadas, se observó una reducción del 21,4% respecto al trimestre anterior, y en tasa interanual la contracción fue del 24,8% (20,6 puntos porcentuales de caída).

Desde la perspectiva de la demanda, la contribución de la demanda nacional a la variación del PB fue de -19,2 puntos y, por otro lado, la demanda externa contribuyó con -2,9 puntos.

Concretamente, se redujeron tanto las exportaciones de bienes (del -3,7 al -28,5%) como de servicios (del -11,2% al -60,2%), y dentro de estas, el gasto de no residentes en el territorio económico baja 68,3 puntos (del -25,4% al -93,7%). Hay que destacar, además, la fuerte caída del consumo privado y de la inversión, -25,7% y -26,8%, respectivamente.

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores se contrajeron, registrando caídas entre el 20% y 30% interanual.

Datos EPA. La sanidad afrontó el Covid con 3.900 empleos menos de los que había a comienzos del año

• El Covid también destruye 27.400 empleos en las administraciones públicas por la parálisis en las convocatorias

28 de Julio de 2020

csif.es

La sanidad española afrontó el covid con 3.900 empleos menos de los que había a comienzos del año, según datos de la Encuesta de Población Activa (ocupados por rama de actividad que recoge la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

Pese a las 21.600 contrataciones que se realizaron entre abril y junio de este año para hacer frente a la situación de colapso que se vivió en nuestros servicios sanitarios, la ocupación en este sector se situó todavía 3.900 contratos por debajo de los 1.163.600 con los que arrancó 2020.

CSIF considera que estos datos nos deben llevar a la reflexión porque en gran parte explican las debilidades de nuestro sistema a la hora de enfrentarnos a la pandemia del coronavirus, también estos días en los que afrontamos rebrotes en diferentes regiones de España.

Se da la circunstancia también, según la EPA, que nuestras administraciones públicas registran una tasa de temporalidad del 26,8 por ciento (5,7 puntos por encima del sector privado), lo que refleja la precariedad de un ámbito fundamental en la gestión de las prestaciones y servicios que reciben nuestros ciudadanos y por tanto su vulnerabilidad ante este tipo de situaciones.

Por otra parte, CSIF manifiesta su preocupación porque desde que comenzó el año se han registrado dos trimestres consecutivos de destrucción de empleo, con 27.400 puestos de trabajo menos respecto al último período de 2019. Esta situación está relacionada con la paralización y el retraso de las ofertas de empleo público.

CSIF, en todo caso, también lamenta las cifras de paro globales conocidas hoy y la situación de necesidad y de incertidumbre que afrontan miles de familias españolas. De aquí en adelante, debemos de priorizar la protección social, repensar nuestro sistema productivo, fortalecer nuestra industria y volver a crear empleo de calidad y cualificado.

El Defensor del Pueblo urge a las CCAA a adoptar políticas integrales de apoyo a las familias de acogida

29/07/2020

defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha formulado recomendaciones para que las comunidades autónomas adopten cuanto antes políticas integrales que garanticen la efectiva implantación del acogimiento familiar como medida prioritaria de protección de menores frente al acogimiento residencial, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

En concreto, la Institución cree necesario incentivar el acogimiento familiar y el número de familias acogedoras, aumentando las cuantías de las ayudas y prestaciones, y dando más y mejor apoyo, con programas de refuerzo psicológico y psicopedagógico, así como formación constante.

Además, el Defensor reclama una mejora en la calidad de los seguimientos y las visitas domiciliarias periódicas a las familias acogedoras.

Otra de las recomendaciones formuladas persigue que las comunidades autónomas reduzcan el tiempo de valoración de idoneidad de las familias o personas que se ofrecen para el acogimiento familiar de menores en sus distintas tipologías.

Asimismo, la Institución ha pedido medidas para aumentar el número de familias capacitadas para acogimientos especializados y avanzar en el desarrollo del acogimiento profesionalizado.

Por último, el Defensor del pueblo ha recordado a través de sus resoluciones la obligación legal (artículo 12.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) de resolver en los plazos establecidos y revisar cualquier medida de protección no permanente cada tres meses en casos de menores de tres años y cada seis meses respecto a los mayores de esa edad.

Actuación de oficio

El Defensor del Pueblo lleva tiempo advirtiendo sobre el elevado número de niños que el sistema de protección de menores todavía acoge en el modelo residencial. A pesar de que hay compromiso institucional con el acogimiento familiar y el sistema de protección avanza lentamente en esa dirección, la Institución ya advirtió en su último Informe Anual que el cambio del modelo no se ha conseguido más de treinta años después de la introducción de la figura en el Código Civil en los años ochenta.

En este contexto, y tras analizar en 2018 la situación de este asunto en la Comunidad de Madrid, el año pasado el Defensor inició una actuación de oficio con las demás comunidades autónomas para conocer qué medidas aplican para priorizar e incentivar los acogimientos familiares, aumentar la captación y selección de familias de acogida, así como para mejorar la formación y el apoyo.

Del conjunto de la información recibida, se puede extraer que el número de familias acogedoras es insuficiente para el número de menores en situación de acogida y que existen mayores dificultades para encontrar familias en los casos de mayores de 7 años, grupos de hermanos o menores con necesidades. Además, las cuantías de las prestaciones y ayudas que reciben las familias acogedoras son escasas, y eso hace que el sistema dependa casi en exclusiva del altruismo de las familias oferentes, el cual, a juicio del Defensor, es imprescindible pero no suficiente, si se quiere que el acogimiento familiar sustituya al residencial.

Reunión con ASEAF

Precisamente, Fernández Marugán mantuvo el pasado lunes una reunión con la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), para analizar los principales problemas que afectan al sistema de protección a la infancia en nuestro país.

Esta Asociación, que agrupa a más de 1.000 familias acogedoras en toda España, pudo trasladarle sus peticiones y propuestas, a raíz del último Informe Anual del Defensor del Pueblo en el que ponía de manifiesto el elevado número de niños en acogimiento residencial y la falta de familias de acogida.

Entre otros asuntos, los representantes de ASEAF lamentaron el incumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; instaron a que se considere el acogimiento familiar como medida prioritaria de protección a la infancia y que el acogimiento residencial sea una medida de último recurso y reclamaron más transparencia por parte de las Comunidades Autónomas en las cifras y en los mecanismos de gestión y control del sistema.

Asimismo, aprovecharon el encuentro para mostrar su preocupación por la situación de los menores sin documentar o por el vacío legal al que se enfrentan los jóvenes extutelados cuando alcanzan la mayoría de edad, tanto aquellos que están en familias de acogida como los que salen de las residencias.

“Es imprescindible homogeneizar los 17 modelos de operativos forestales existentes porque los incendios forestales no tienen fronteras»

CCOO ha reclamado esta mañana en una rueda de prensa la aprobación del Estatuto de bomberas y bomberos forestales, una herramienta que, según explicó Mariano Sanz Lubeiro, secretario de Medio Ambiente de CCOO, urge “para garantizar un servicio público eficaz y homogéneo en las tareas de prevención, detección y extinción de incendios forestales, además de asegurar unas condiciones dignas de trabajo para los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en los operativos forestales”.

29/07/2020.

ccoo.es

El riesgo de incendios forestales en esta época del año es muy alto, y más este año que las condiciones meteorológicas son propicias tras una primavera extraordinariamente lluviosa que ha contribuido al aumento de la biomasa, por lo que si se producen, serán más virulentos y difíciles de controlar. A esto debemos sumar el aumento de temperatura media global como consecuencia del cambio climático.

Para CCOO, no se pueden afrontar los incendios forestales únicamente como un problema medioambiental que se ciñe al periodo estival o a determinados territorios. Su evolución en las últimas décadas los ha convertido en verdaderas “emergencias civiles” representando una amenaza constante para bienes y personas. “El cambio climático, la falta de mantenimiento de las masas forestales, el abandono rural o la propia actividad humana asociada a diferentes usos del suelo, se están erigiendo en verdaderos factores potenciadores tanto en el medio natural como en el entorno rural”, afirmó Mariano Sanz Lubeiro.

En este contexto. “es imprescindible contar con unos servicios de vigilancia, prevención y extinción de Incendios forestales ágiles y eficaces, entendidos como un servicio público esencial prestado por empleadas y empleados públicos en el que debería primar la eficacia del operativo al coste económico”, explicó. “El presupuesto aún no se ha recuperado de los recortes, es un 30% inferior al de 2010”, denunció el secretario de medio Ambiente de CCOO.

“Tienen competencias en prevención y extinción de incendios el estado, las comunidades autónomas, los Cabildos y las Diputaciones forales, que aplican modelos de gestión distintos”, y pese a que el trabajo que tienen que realizar el mismo, a que se baten en primera línea de fuego, “existen diferentes protocolos de actuación, distintas condiciones profesionales, de contratos de trabajo, formativas, salariales y de tiempo de trabajo, dependiendo de la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan los bomberos y las bomberas – el 49% pertenecientes a la administración pública, el 38% a empresas públicas y el 17 a empresas privadas -, explicó Mariano Sanz.

Para CCOO, tiene que haber unas condiciones homogéneas para la prevención y extinción de incendios – “organizarnos teniendo en cuenta que los incendios forestales no tienen fronteras” – y también es de vital importancia la mejora de las condiciones laborales del colectivo de aproximadamente 15.300 bomberos y bomberas tanto del personal público como del que presta servicios en empresas privadas, y con ello lograr una mejora de los dispositivos de lucha contra incendios forestales. La estabilidad laboral, la reducción de la horquilla salarial interautonómica y en el sector, mejora en las condiciones de trabajo, dotación de medios, mejora en salud laboral y en prevención de riesgos laborales, promover la inclusión de la mujer en una profesión altamente masculinizada etc., son algunos de los elementos del Estatuto que reivindica CCOO, detalló.

En este sentido, Mariano Sanz recordó que el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos recogía el compromiso de aglutinar definitivamente toda la normativa existente, dentro de una Ley marco adaptada al sistema nacional de la Protección Civil, de manera que el objetivo. “Instamos a que se cumpla este acuerdo”, concluyó el responsable de medio Ambiente de CCOO.