AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 1 de agosto de 2020

Santander. Jardines de Piquío

sábado, 1 de agosto de 2020

Caída histórica del PIB del 18,5%

sábado, 1 de agosto de 2020

Caída histórica del PIB del 18,5%

Evolución del PIB de España segundo trimestre de 2020

31 de julio de 2020 |

foment.com

Según el avance de Contabilidad Nacional publicado el 31 de julio, el PIB de España se contrajo, un alta vagada, considerando los datos de actividad desde abril hasta junio.

En términos intertrimestrals, la tasa de variación del PIB ha pasante del -5,2%, al primer trimestre hasta el -18,5% al segundo trimestre de 2020. En tasa interanual, la caída fue del 22,1% ante la disminución del 4,1% del trimestre anterior. Esto implica una contracción de la economía de 18 puntos porcentuales.

En relación a la ocupación, en términos de horas trabajadas, se observó una reducción del 21,4% respecto al trimestre anterior, y en tasa interanual la contracción fue del 24,8% (20,6 puntos porcentuales de caída).

Desde la perspectiva de la demanda, la contribución de la demanda nacional a la variación del PB fue de -19,2 puntos y, por otro lado, la demanda externa contribuyó con -2,9 puntos.

Concretamente, se redujeron tanto las exportaciones de bienes (del -3,7 al -28,5%) como de servicios (del -11,2% al -60,2%), y dentro de estas, el gasto de no residentes en el territorio económico baja 68,3 puntos (del -25,4% al -93,7%). Hay que destacar, además, la fuerte caída del consumo privado y de la inversión, -25,7% y -26,8%, respectivamente.

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores se contrajeron, registrando caídas entre el 20% y 30% interanual.

Datos EPA. La sanidad afrontó el Covid con 3.900 empleos menos de los que había a comienzos del año

sábado, 1 de agosto de 2020

Datos EPA. La sanidad afrontó el Covid con 3.900 empleos menos de los que había a comienzos del año

  • El Covid también destruye 27.400 empleos en las administraciones públicas por la parálisis en las convocatorias

28 de Julio de 2020

csif.es

La sanidad española afrontó el covid con 3.900 empleos menos de los que había a comienzos del año, según datos de la Encuesta de Población Activa (ocupados por rama de actividad que recoge la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

Pese a las 21.600 contrataciones que se realizaron entre abril y junio de este año para hacer frente a la situación de colapso que se vivió en nuestros servicios sanitarios, la ocupación en este sector se situó todavía 3.900 contratos por debajo de los 1.163.600 con los que arrancó 2020.

CSIF considera que estos datos nos deben llevar a la reflexión porque en gran parte explican las debilidades de nuestro sistema a la hora de enfrentarnos a la pandemia del coronavirus, también estos días en los que afrontamos rebrotes en diferentes regiones de España.

Se da la circunstancia también, según la EPA, que nuestras administraciones públicas registran una tasa de temporalidad del 26,8 por ciento (5,7 puntos por encima del sector privado), lo que refleja la precariedad de un ámbito fundamental en la gestión de las prestaciones y servicios que reciben nuestros ciudadanos y por tanto su vulnerabilidad ante este tipo de situaciones.

Por otra parte, CSIF manifiesta su preocupación porque desde que comenzó el año se han registrado dos trimestres consecutivos de destrucción de empleo, con 27.400 puestos de trabajo menos respecto al último período de 2019. Esta situación está relacionada con la paralización y el retraso de las ofertas de empleo público.

CSIF, en todo caso, también lamenta las cifras de paro globales conocidas hoy y la situación de necesidad y de incertidumbre que afrontan miles de familias españolas. De aquí en adelante, debemos de priorizar la protección social, repensar nuestro sistema productivo, fortalecer nuestra industria y volver a crear empleo de calidad y cualificado.

El Defensor del Pueblo urge a las CCAA a adoptar políticas integrales de apoyo a las familias de acogida

sábado, 1 de agosto de 2020

El Defensor del Pueblo urge a las CCAA a adoptar políticas integrales de apoyo a las familias de acogida

29/07/2020

defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha formulado recomendaciones para que las comunidades autónomas adopten cuanto antes políticas integrales que garanticen la efectiva implantación del acogimiento familiar como medida prioritaria de protección de menores frente al acogimiento residencial, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

En concreto, la Institución cree necesario incentivar el acogimiento familiar y el número de familias acogedoras, aumentando las cuantías de las ayudas y prestaciones, y dando más y mejor apoyo, con programas de refuerzo psicológico y psicopedagógico, así como formación constante.

Además, el Defensor reclama una mejora en la calidad de los seguimientos y las visitas domiciliarias periódicas a las familias acogedoras.

Otra de las recomendaciones formuladas persigue que las comunidades autónomas reduzcan el tiempo de valoración de idoneidad de las familias o personas que se ofrecen para el acogimiento familiar de menores en sus distintas tipologías.

Asimismo, la Institución ha pedido medidas para aumentar el número de familias capacitadas para acogimientos especializados y avanzar en el desarrollo del acogimiento profesionalizado.

Por último, el Defensor del pueblo ha recordado a través de sus resoluciones la obligación legal (artículo 12.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) de resolver en los plazos establecidos y revisar cualquier medida de protección no permanente cada tres meses en casos de menores de tres años y cada seis meses respecto a los mayores de esa edad.

Actuación de oficio

El Defensor del Pueblo lleva tiempo advirtiendo sobre el elevado número de niños que el sistema de protección de menores todavía acoge en el modelo residencial. A pesar de que hay compromiso institucional con el acogimiento familiar y el sistema de protección avanza lentamente en esa dirección, la Institución ya advirtió en su último Informe Anual que el cambio del modelo no se ha conseguido más de treinta años después de la introducción de la figura en el Código Civil en los años ochenta.

En este contexto, y tras analizar en 2018 la situación de este asunto en la Comunidad de Madrid, el año pasado el Defensor inició una actuación de oficio con las demás comunidades autónomas para conocer qué medidas aplican para priorizar e incentivar los acogimientos familiares, aumentar la captación y selección de familias de acogida, así como para mejorar la formación y el apoyo.

Del conjunto de la información recibida, se puede extraer que el número de familias acogedoras es insuficiente para el número de menores en situación de acogida y que existen mayores dificultades para encontrar familias en los casos de mayores de 7 años, grupos de hermanos o menores con necesidades. Además, las cuantías de las prestaciones y ayudas que reciben las familias acogedoras son escasas, y eso hace que el sistema dependa casi en exclusiva del altruismo de las familias oferentes, el cual, a juicio del Defensor, es imprescindible pero no suficiente, si se quiere que el acogimiento familiar sustituya al residencial.

Reunión con ASEAF

Precisamente, Fernández Marugán mantuvo el pasado lunes una reunión con la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), para analizar los principales problemas que afectan al sistema de protección a la infancia en nuestro país.

Esta Asociación, que agrupa a más de 1.000 familias acogedoras en toda España, pudo trasladarle sus peticiones y propuestas, a raíz del último Informe Anual del Defensor del Pueblo en el que ponía de manifiesto el elevado número de niños en acogimiento residencial y la falta de familias de acogida.

Entre otros asuntos, los representantes de ASEAF lamentaron el incumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; instaron a que se considere el acogimiento familiar como medida prioritaria de protección a la infancia y que el acogimiento residencial sea una medida de último recurso y reclamaron más transparencia por parte de las Comunidades Autónomas en las cifras y en los mecanismos de gestión y control del sistema.

Asimismo, aprovecharon el encuentro para mostrar su preocupación por la situación de los menores sin documentar o por el vacío legal al que se enfrentan los jóvenes extutelados cuando alcanzan la mayoría de edad, tanto aquellos que están en familias de acogida como los que salen de las residencias.

“Es imprescindible homogeneizar los 17 modelos de operativos forestales existentes porque los incendios forestales no tienen fronteras»

sábado, 1 de agosto de 2020

“Es imprescindible homogeneizar los 17 modelos de operativos forestales existentes porque los incendios forestales no tienen fronteras»

CCOO ha reclamado esta mañana en una rueda de prensa la aprobación del Estatuto de bomberas y bomberos forestales, una herramienta que, según explicó Mariano Sanz Lubeiro, secretario de Medio Ambiente de CCOO, urge “para garantizar un servicio público eficaz y homogéneo en las tareas de prevención, detección y extinción de incendios forestales, además de asegurar unas condiciones dignas de trabajo para los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en los operativos forestales”.

29/07/2020.

ccoo.es

El riesgo de incendios forestales en esta época del año es muy alto, y más este año que las condiciones meteorológicas son propicias tras una primavera extraordinariamente lluviosa que ha contribuido al aumento de la biomasa, por lo que si se producen, serán más virulentos y difíciles de controlar. A esto debemos sumar el aumento de temperatura media global como consecuencia del cambio climático.

Para CCOO, no se pueden afrontar los incendios forestales únicamente como un problema medioambiental que se ciñe al periodo estival o a determinados territorios. Su evolución en las últimas décadas los ha convertido en verdaderas “emergencias civiles” representando una amenaza constante para bienes y personas. “El cambio climático, la falta de mantenimiento de las masas forestales, el abandono rural o la propia actividad humana asociada a diferentes usos del suelo, se están erigiendo en verdaderos factores potenciadores tanto en el medio natural como en el entorno rural”, afirmó Mariano Sanz Lubeiro.

En este contexto. “es imprescindible contar con unos servicios de vigilancia, prevención y extinción de Incendios forestales ágiles y eficaces, entendidos como un servicio público esencial prestado por empleadas y empleados públicos en el que debería primar la eficacia del operativo al coste económico”, explicó. “El presupuesto aún no se ha recuperado de los recortes, es un 30% inferior al de 2010”, denunció el secretario de medio Ambiente de CCOO.

“Tienen competencias en prevención y extinción de incendios el estado, las comunidades autónomas, los Cabildos y las Diputaciones forales, que aplican modelos de gestión distintos”, y pese a que el trabajo que tienen que realizar el mismo, a que se baten en primera línea de fuego, “existen diferentes protocolos de actuación, distintas condiciones profesionales, de contratos de trabajo, formativas, salariales y de tiempo de trabajo, dependiendo de la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan los bomberos y las bomberas – el 49% pertenecientes a la administración pública, el 38% a empresas públicas y el 17 a empresas privadas -, explicó Mariano Sanz.

Para CCOO, tiene que haber unas condiciones homogéneas para la prevención y extinción de incendios – “organizarnos teniendo en cuenta que los incendios forestales no tienen fronteras” – y también es de vital importancia la mejora de las condiciones laborales del colectivo de aproximadamente 15.300 bomberos y bomberas tanto del personal público como del que presta servicios en empresas privadas, y con ello lograr una mejora de los dispositivos de lucha contra incendios forestales. La estabilidad laboral, la reducción de la horquilla salarial interautonómica y en el sector, mejora en las condiciones de trabajo, dotación de medios, mejora en salud laboral y en prevención de riesgos laborales, promover la inclusión de la mujer en una profesión altamente masculinizada etc., son algunos de los elementos del Estatuto que reivindica CCOO, detalló.

En este sentido, Mariano Sanz recordó que el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos recogía el compromiso de aglutinar definitivamente toda la normativa existente, dentro de una Ley marco adaptada al sistema nacional de la Protección Civil, de manera que el objetivo. “Instamos a que se cumpla este acuerdo”, concluyó el responsable de medio Ambiente de CCOO.