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domingo, 2 de agosto de 2020

El Presidente del Tribunal Constitucional subraya el papel del juez como garante de los derechos y libertades del ciudadano

domingo, 2 de agosto de 2020

El Presidente del Tribunal Constitucional subraya el papel del juez como garante de los derechos y libertades del ciudadano

tribunalconstitucional.es

El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, defendió ayer los principios y valores constitucionales que afectan al poder judicial, apelando al papel tan importante del juez como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos y elemento clave en la convivencia pacífica de los ciudadanos, sin olvidar el fundamental recurso de amparo constitucional, que es la vía subsidiaria de protección.

González Rivas, que clausuró el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre “Garantías para la independencia de la justicia”, celebrado en San Lorenzo del Escorial, insistió en los postulados esenciales que se contienen en el Título VI de la Constitución, profundizando en la definición del estatuto jurídico del juez, su sometimiento al imperio de la ley y su función esencial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

El Presidente del TC hizo un exhaustivo análisis tanto de la jurisprudencia constitucional como de la del Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Así, destacó la sentencia del Pleno del TC 191/2016, de 15 de noviembre que declara constitucional el art. 564 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la interpretación conforme a la obligación de comparecer en el Parlamento del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Del TJUE citó las sentencias de 27 de febrero de 2019 que avalaba las reducciones salariares a los miembros del Tribunal de Cuentas en Portugal y no afectan a su independencia judicial y la de 5 de noviembre de 2019 que establece que la reducción de la jubilación de los jueces de Polonia a los 65 años puede afectar a su inamovilidad y a la terminación del mandato.

También se refirió al papel institucional del CGPJ como órgano de gobierno de los jueces y a las relaciones del Tribunal Constitucional con el Tribunal Supremo, siendo el primero el intérprete auténtico de la Constitución, en materia de garantías constitucionales.
González Rivas hizo hincapié en el papel que los jueces y magistrados desarrollan cada día para fortalecer el Estado Democrático, como garante de los derechos, y del Estado Social como Estado prestacional a la vez que subrayó la relevancia de los principios rectores de política social y económica que la Constitución contiene y que informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

Madrid, 29 de julio de 2020

Pasaporte de inmunidad, cartilla COVID, ¿son legales?

domingo, 2 de agosto de 2020

Pasaporte de inmunidad, cartilla COVID, ¿son legales?

31 julio, 2020 uso.es

USO analiza jurídicamente las implicaciones del pasaporte de inmunidad, DNI inmunológico o la ‘cartilla COVID’ y te explica qué acciones emprender si se nos exige

A raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, han comenzado a circular ofertas de trabajo en las que se exige, como requisito “preferible” o “indispensable” que las personas que quieran acceder a estos empleos sean inmunes al coronavirus, es decir, que cuenten con pasaporte de inmunidad.

Por otro lado, muchos demandantes de empleo, están comenzando a incluir en sus solicitudes el dato de que no son personas de riesgo ya que tienen anticuerpos del virus.

También, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que pondrá en marcha una ‘cartilla COVID’, para que los ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos o se hayan realizado la prueba PCR, tengan registrada esa información. Según el Ejecutivo madrileño, con esa cartilla se demostraría quiénes no pueden contagiar ni ser contagiados y regresar a una cierta normalidad, evitando confinamientos, pudiendo acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado. Finalmente, se ha dado marcha atrás y la ‘cartilla COVID’ quedará finalmente como un registro de pacientes con PCR y será de uso sanitario.

Al margen de la incertidumbre a nivel médico que puede ocasionar esta situación, puesto que no hay elementos que prueben con certeza durante cuánto tiempo esos anticuerpos son efectivos (en el supuesto de que se tengan), no podemos obviar que esta exigencia de seroprevalencia es discriminatoria y la solicitud de una especie de “pasaporte de inmunidad” o de un “DNI inmunológico” por parte de los empleadores es invasiva, salvo en los casos en los que sea estrictamente necesario, como sucede con los profesionales de la sanidad.

Derecho a la protección de la salud, a la intimidad y a la no discriminación

El pasaporte de inmunidad frente al covid o la `cartilla Covid´ dan lugar a la colisión de varios derechos. Nos referimos al derecho a la protección de la salud (art. 43 de la Constitución Española); el derecho a la intimidad (art. 18 C.E.), y el principio de no discriminación (art. 14 C.E.).

El principio de no discriminación tiene una manifestación específica en el ámbito de las relaciones laborales, concretamente, en los artículos 4.2 y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores reconoce a los trabajadores el derecho «a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados». Es un derecho que se desarrolla en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, en otros preceptos estatutarios (arts.24, 28, 68, etc.) y en otras muchas disposiciones del ordenamiento laboral. Estamos, en definitiva, ante un principio de igualdad de trato y no discriminación en todos los ámbitos de las relaciones laborales: salarios, acceso al empleo, búsqueda de empleo, clasificación profesional, etc.

Pasaporte de inmunidad: triple discriminación

“No se puede utilizar una crisis sanitaria como argumento para limitar derechos individuales, ya adquiridos, porque ello supondría abrir una vía muy peligrosa para despojar a los ciudadanos de los derechos y libertades conquistados a lo largo de la historia. El COVID-19 no puede ser una carta blanca que permita restringir derechos laborales plenamente consolidados y tampoco puede ser un elemento diferenciador entre trabajadores de primera y de segunda clase”, defiende Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

El requisito de inmunidad frente al covid-19 en las ofertas de empleo supondría una triple discriminación:
•Discriminación en el acceso al empleo. El ET establece expresamente el derecho de las personas trabajadoras a no ser discriminados, directa o indirectamente, para el empleo o una vez empleados.
•Discriminación basada en criterios sanitarios. Los datos sanitarios constituyen un material especialmente sensible. Cualquier actuación basada en un tratamiento desigual por cuestiones sanitarias (despidos en situación de IT o por cualquier causa de incapacidad, etc.) es considerada contraria a derecho (incluso cuando el trabajador se encuentra en situación de IT el empresario no tiene derecho a saber cuál es la causa de la misma).
3.- Discriminación entre trabajadores que ya están prestando sus servicios en la empresa y los de nuevo ingreso (que, además, generalmente suelen ser trabajadores con contratos temporales). Esta discriminación se produce al exigirles a los trabajadores de nuevo ingreso un requisito (inmunidad frente al covid-19) que no se les exige a los trabajadores que ya están trabajando para esa empresa.

Seguir las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo

Esta situación nos genera muchas cuestiones. ¿Por qué los nuevos trabajadores tienen que tener un pasaporte inmunológico y los antiguos no? ¿Se ha realizado a los trabajadores que ya prestan sus servicios para la empresa el test de inmunidad? ¿Existen garantías de una inmunidad perpetua, para siempre; o más bien un trabajador puede dar negativo en el test y al día siguiente contraer el virus? ¿Van a existir trabajadores de primera y de segunda categoría? ¿Este pasaporte de inmunidad–salvo en profesiones en las que sea estrictamente necesario- no va a ser una vía para facilitar el acceso al empleo, a la promoción interna y a los mejores puestos de trabajo? ¿No supone esto en la práctica una auténtica discriminación prohibida tajantemente por nuestra legislación laboral?

Mientras todas estas dudas no se resuelvan hemos de recurrir a las medidas de seguridad e higiene que se han aprobado en los centros de trabajo: control de temperatura, uso de mascarillas y de gel hidroalcohólico, mantenimiento de las distancias de seguridad y medidas de separación entre trabajadores.

Las empresas ya se están preparando para reiniciar su actividad bajo estos nuevos criterios de seguridad y los organismos internos en materia de seguridad e higiene en el trabajo tienen el deber de controlar que dichas medidas se apliquen de forma estricta, denunciando cualquier irregularidad en el cumplimiento de las mismas.

¿Qué acciones jurídicas podemos emprender si se nos exige el pasaporte de inmunidad frente al covid-19?

La exigencia de un pasaporte de inmunidad para acceder a un nuevo empleo no es legal puesto que no tiene cobertura en nuestro ordenamiento jurídico, más allá de los supuestos en que esta exigencia sea estrictamente necesaria para el desarrollo de su profesión (como ocurriría en el supuesto de los profesionales sanitarios).

Ante esta situación, y cuando se exija este requisito (como “preferente” o “indispensable”) el trabajador, o bien puede actuar individualmente, a través de la oportuna denuncia ante la Inspección de Trabajo o bien puede acudir a una organización sindical para que, a través de la vía colectiva procedente, interponga una demanda ante la Jurisdicción Social solicitando la nulidad de este requisito con la consiguiente condena a la empresa por vulneración del derecho fundamental a la intimidad y del principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales.

“No podemos exigir a los trabajadores que afronten ellos solos esta situación, sobre todo en un momento en el que la crisis ha dejado a muchos en el paro, dispuestos a renunciar a sus derechos si ello supone encontrar un trabajo. Por eso, los sindicatos tenemos el deber jurídico y la obligación moral de denunciar este tipo de prácticas abusivas, puesto que hoy es el covid-19, pero mañana, puede ser cualquier otra enfermedad. Si algo ha puesto de relieve esta pandemia es la fragilidad del ser humano que está expuesto a cualquier virus o agente que puede afectar directamente a su salud”, concluye García.

Comunicado Consejo de Turismo de CEOE

domingo, 2 de agosto de 2020

28 de Julio de 2020

Comunicado Consejo de Turismo de CEOE

ceoe.es

El Consejo de Turismo de CEOE se ha reunido este martes con carácter extraordinario ante la grave situación generada por la decisión del Gobierno británico de imponer una cuarentena a los viajeros procedentes de España y la posibilidad de que otros países se sumen a esa decisión.

Tras el encuentro, CEOE urge al Gobierno a crear y convocar de forma inmediata un grupo de trabajo interministerial tal y como se comprometió la ministra de Industria, Comercio y Turismo a propuesta de CEOE, para abordar medidas urgentes para paliar esta crisis.

Por parte de nuestra organización, ya se ha confeccionado el equipo de personas que formarán parte de dicho grupo a la espera de que se ponga en marcha.

Estamos ante una situación de emergencia nacional. El turismo tiene un efecto tractor sobre otras industrias que hace que podamos hablar de un macrosector que, de empeorar aún más su situación, podría ahondar en las ya dramáticas cifras de ocupación y desempleo que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.

Desde CEOE estimamos que el origen de estas restricciones al tránsito de viajeros no es una reacción a un problema sanitario, sino a una imagen negativa que se traslada a través de las informaciones que se lanzan al exterior y a la falta de unidad de mensaje a nivel de Estado.

Estamos generando una situación de alarma permanente, en lugar de contextualizar los datos y las informaciones sobre los brotes de COVID-19, para que puedan ser percibidos de forma objetiva en el resto de países europeos.

En este sentido, consideramos prioritario abordar con el Gobierno y los sindicatos la necesidad de fomentar la visión de España como un destino seguro, y así poder poner en marcha sin demora las medidas urgentes de estímulo de la demanda que desde CEOE hemos venido trasladando al Gobierno, mientras cumplíamos con todas las normas de seguridad en el ámbito de las empresas y apelábamos a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar rebrotes.

La situación es límite para el sector, lo que requiere también una ampliación de la prórroga de los ERTEs.

Para terminar, queremos dejar claro que está en juego mucho más que la campaña de verano de un sector como el turismo. Por su aportación directa e indirecta al PIB y al empleo, esta situación nos afecta como país y sociedad. El turismo somos todos.

UGT, CCOO, CEOE y CEPYME celebramos la puesta en marcha del diálogo social en materia de dependencia

domingo, 2 de agosto de 2020

28 julio 2020

Comunicado

ceoe.es

UGT, CCOO, CEOE y CEPYME celebramos la puesta en marcha del diálogo social en materia de dependencia

Los Interlocutores Sociales celebramos la puesta en marcha de la mesa de Diálogo Social en la que abordar los desafíos presentes y futuro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y acordar estrategias que permitan paliar las debilidades evidenciadas a lo largo de estos últimos años y, en particular, a consecuencia de la crisis del Covid-19. Cabe recordar que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia vio la luz en 2006, fruto del Diálogo Social, y fue aprobada en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.

Pese a que se han atenuado algunas consecuencias, aún nos encontramos bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias para evitar un nuevo rebrote de la enfermedad, y necesitamos no sólo conocer el escenario actual, sino impedir por todos los medios que la situación vivida, especialmente por las personas mayores en las residencias, se vuelvan a producir.

Para ello, CCOO, CEOE, CEPYME y UGT, presentamos en la primera reunión de la mesa del Diálogo Social un documento conjunto, con unos contenidos mínimos e imprescindibles que las cuatro organizaciones consideramos necesario abordar tanto a corto plazo como en un momento ulterior. De forma tal que la Ley de Dependencia recupere el significado y el protagonismo con los que nació, y que se fueron deteriorando como consecuencia de los recortes fruto de la crisis económica, que supusieron una ruptura del sistema y modificaron los principios básicos de la Ley. Debemos resaltar la buena acogida por parte de la Administración a nuestra propuesta, tema sobre el que ya se encuentran trabajando.

Los Interlocutores Sociales reivindicamos la necesidad de un plan de acción de forma inmediata para hacer frente al posible rebrote del Covid-19, en el que se garanticen estructuras de coordinación socio-sanitaria y se cumplan las condiciones básicas comunes en todo el Estado. Este marco debe garantizar una coordinación estable entre los Servicios Sociales y el Sistema Nacional de Salud en los diferentes niveles de la Administración.

Resulta básica la elaboración de un mapa con los recursos que contamos para afrontar un modelo de atención integral, tanto desde el punto de vista social como sanitario; al igual que disponer de un sistema de información que nos permita conocer la situación de las personas beneficiarias de dicha atención. Por otra parte, es imprescindible la implementación de protocolos específicos de identificación y comunicación, y atención y derivación, de casos Covid-19 desde los centros y servicios del SAAD, especialmente desde los centros residenciales al Sistema Nacional de Salud.